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Por: Katerin Erazo, Periodista A propósito de la audiencia única de verdad de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó una entrevista con Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, que representante de víctimas, incluyendo algunas afectadas por la violencia perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ustedes como representantes de las víctimas del conflicto y especialmente de víctimas de la AUC, ¿cómo ven el panorama de las declaraciones que ha hecho Salvatore Mancuso? El señor Salvatore Mancuso ha hecho dos declaraciones ante la JEP. En la primera habló principalmente sobre la creación de la Convivir de la AUC, mientras que en la segunda, abordó el relacionamiento de la organización con la fuerza pública. Consideramos que las declaraciones de Mancuso reafirman lo que las víctimas demandan del Estado: el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad por los hechos que han sufrido durante el conflicto en Colombia. Esto implica entender que el Estado no es un tercero aislado del conflicto, sino uno de los desencadenantes de las violencias más fuertes e infames que han sufrido las víctimas. Las declaraciones de Mancuso confirman lo que ya ha sido exigido por otras organizaciones civiles de víctimas y que ha sido objeto de discusión en el marco de Justicia y Paz. Es importante destacar que el Estado no sería, como lo establece la ley 1448, en términos de indemnización, un responsable subsidiario en segundo plano, sino que es un responsable principal de estos hechos y de la degradación del conflicto. En general, creemos que estas declaraciones de Mancuso ofrecen un panorama claro sobre lo que las víctimas esperan del Estado en términos de justicia y reparación. ¿Cuál ha sido el papel de ustedes con las víctimas de la AUC? La delimitación de la línea que establece quiénes son las víctimas de las AUC resulta difícil, ya que según las declaraciones del señor Mancuso, no queda claro que dichas víctimas fueron determinadas por el Estado, el empresariado e incluso las mismas comunidades. Por esta razón, es importante mencionar que nuestro papel con las víctimas de las AUC siempre ha sido abordando nuestro rol en el despojo de tierras. De hecho, Mancuso también mencionó ayer que esto implicaba una triada entre empresarios, Estado y AUC, inicialmente con la excusa de hacerle frente a la avanzada subversiva y, posteriormente, con el control social y político de grandes zonas del país. Por lo tanto, el papel que siempre hemos desempeñado como representantes de las víctimas, en este caso de las AUC, ha sido en el tema del despojo masivo de tierras. También es importante decir que los grupos subversivos pueden haber participado en desplazamientos de comunidades, pero no tanto en el despojo de tierras, que es una figura distinta. Es fundamental que reconozcamos que hubo un entramado criminal para el apoderamiento masivo de tierras con fines de control social y para el desarrollo de grandes proyectos empresariales, incluyendo bananeros, agricultores, vías, puertos y aeropuertos, entre otros. Es decir, hay una gran cantidad de información que también reposa en la jurisdicción de Justicia y Paz. En resumen, el papel que nosotros siempre hemos desempeñado y seguimos desarrollando con las víctimas de las AUC es reclamar la verdad que tanto necesita el país en cuanto a reconocer este entramado criminal. ¿Cómo ha sido el acompañamiento y la atención psicosocial para las víctimas de las AUC? Nuestro acompañamiento se ha llevado a cabo en distintos procesos de la jurisdicción transicional, incluyendo Justicia y Paz en su momento, y ahora la jurisdicción de tierras o especialidad de tierras, ya que no es específicamente una jurisdicción. En la Justicia Especial para la Paz, nuestro papel más activo es un componente psicosocial muy fuerte, que ha sido acogido directamente para introducir los procesos judiciales, algo que se ha visto poco en la jurisdicción de tierras y Justicia y Paz. Nuestro papel ha sido principalmente la defensa de la tierra, y hemos trabajado en un proceso que se llama “Identificación de Daños y Conductas”, liderado por nuestro equipo psicosocial. Este proceso se realiza colectiva o individualmente, dependiendo de las necesidades, y se busca identificar el daño transversal de vida que deja el conflicto, en este caso, específicamente por las AUC. Como ya mencioné, nuestro papel ha sido la defensa de la tierra, y en este proceso nos enfocamos en cómo se desarraiga al campesino, cómo se desestructura su familia, y cómo sus hijos e hijas pierden la relación directa con el campo. Este es un daño transversal y generacional que no solo quita la tierra al campesino, sino que también le quita parte de su vida y relación directa con su pasado y su formación ancestral. Es importante destacar que aunque la Corte Constitucional no ha determinado al campesino como un sujeto étnico, el campesino tiene una relación muy fuerte con la tierra. Por eso, nuestro acompañamiento se enfoca en la reconstrucción de ese tejido y la recuperación de esa memoria de lo que es la tierra, cómo relacionarse con ella, y cómo sus hijos pueden volver a querer sembrar. La identificación de estos daños y conductas ha sido entregada a las magistradas y magistrados de Justicia y Paz y de la JEP, donde se reconoce que las víctimas no solo han sufrido daños físicos por la pérdida de algo de su cuerpo o un miembro de su familia, sino también todo este tema relacionado con la tierra y la relación hacia ella. ¿Cuáles son las principales demandas de las víctimas de la AUC en términos de reparación y justicia? Con las víctimas de la AUC debemos entender que una víctima tiene varios componentes. Al hablar de reparación, debemos considerar que su concepto es más amplio y se relaciona con la restauración en sí misma. Las principales demandas de las víctimas son la recuperación de su tierra en caso de haberla perdido. Es muy importante que los procesos de restitución de tierras avancen. Queda absolutamente claro que la injerencia del Estado en la victimización de los territorios en Colombia, en particular de los campesinos y campesinas, requiere una respuesta urgente en relación a los procesos de restitución de tierras. No es posible que en un plazo de 10 o 15 años, en los casos en que está claro que el Estado tuvo una participación directa, se siga esperando la devolución de las tierras. Esta es una de las principales demandas de las víctimas, junto con la entrega de indemnizaciones a través de la Unidad para las Víctimas. Tampoco es posible que hoy estemos hablando de personas que esperan una reparación administrativa durante más de 20 años, cuando está claro que fueron desplazadas y despojadas. En cuanto a la JEP, debo mencionar que la víctima es un concepto más holístico que requiere considerar tres especialidades distintas en cuanto a la justicia de reparación: Unidad para las Víctimas, Tierras y JEP. En el caso de JEP, estamos hablando de la verdad, la cual es un componente restaurador más que reparador. Lo restaurador hace referencia a la prevención de futuras violaciones y la no repetición del conflicto. En este sentido, la JEP enfrenta un gran reto tras las declaraciones de Salvatore Mancuso en cuanto a la verdad del actor estatal, incluyendo fuerzas armadas y fuerza pública en general. Salvatore ha señalado cómo la fuerza pública, de manera conspirada con el grupo criminal, ha causado un gran daño a las víctimas. En este sentido, reitero que el componente restaurador y el reto de la JEP en cuanto a la demanda de verdad es muy fuerte. Nunca debemos olvidar que las víctimas necesitan conocer la verdad. Es muy importante que se sepa por qué ocurrieron estos hechos, independientemente de si hay o no una revelación a través de organizaciones civiles o prensa alternativa. Lo importante es dejar constancia judicial de la responsabilidad del Estado en cuanto a la verdad. ¿Cómo ha sido el proceso de reparación para las víctimas de la AUC y qué desafíos han enfrentado? Ha sido un proceso muy duro y, de alguna manera, frustrante en ciertos aspectos. El proceso de reparación para las víctimas de las AUC comenzó con la Ley 975 del año 2005, conocida como Justicia y Paz. Ahí fue donde empezamos a hablar de la reparación de las víctimas de las AUC. Estos procesos de reparación en Justicia y Paz han enfrentado grandes desafíos. El Estado lideró inicialmente el objetivo de devolver las cosas a su estado original, basándose en el concepto de justicia ordinaria. Cuando una persona es víctima de un delito, lo inicial es que se le devuelva lo que le fue arrebatado. Por lo tanto, el proceso de reparación ha enfrentado un paradigma muy fuerte: cómo devolver a las víctimas su estado inicial. Esto se planteó dentro del marco de la Justicia y Paz, y comenzamos con el tema del desplazamiento y la entrega de indemnizaciones. Quiero aclarar que estoy hablando en términos conceptuales de Justicia y Paz. Este proceso ha sido un gran reto y desafío para las víctimas, ya que de alguna manera ha sido truncado. A las víctimas no se les ha reparado, no se les han devuelto sus territorios y no se les ha podido explicar por qué estos procesos de reparación no han cumplido con lo que exige la Ley 1448, que es resarcir el daño. En cambio, ha quedado un sabor amargo de que el proceso de Justicia y Paz ha servido más para justificar los hechos victimizantes. Si pudiéramos poner esto en una balanza, el proceso de reparación ha sido muy duro, con mucha frustración. Cuando llegamos ya a la JEP, que nació en 2018 con los Acuerdos de La Habana, nos enfrentamos al proceso de verdad y a algo que la JEP está construyendo actualmente: los trabajos de contenido, reparación y restauración. Existe un concepto llamado “TOAR” que recoge las frustraciones de la Jurisdicción de Justicia y Paz. Agradezco a la JEP por sus esfuerzos, a pesar de las dificultades, ya que la JEP puede construir sobre la base de la Justicia y Paz. Este proceso de reparación deja de verse únicamente desde una perspectiva económica y se abarca un espectro mucho más amplio. El desafío radica en cómo se logra la restauración, que va de la mano con la agencia victimizante. El proceso de reparación en Justicia y Paz ha tenido limitaciones significativas que no hemos logrado superar. Creemos que la Justicia Especial para la Paz es un enfoque más completo, aunque todavía no hemos abordado el desafío de la restitución de tierras, que es otro aspecto que las víctimas han enfrentado y que actualmente es complicado debido a las dificultades judiciales en términos de entrega. Es un desafío judicial. La JEP representa un componente más integral en este proceso. Pienso que aún quedan retos por enfrentar y hoy tenemos un poco más de esperanza con las palabras de Salvatore Mancuso. En particular, considero muy importante el caso 08, recientemente abierto en la JEP, donde podemos involucrar a muchos agentes del Estado, así como personas ajenas al Estado, para que podamos recuperar la memoria de la verdad y avanzar de manera definitiva en la restitución de tierras y en los pagos de indemnización. ¿Qué esperan las víctimas de la AUC de estas audiencias públicas en la que está testificando Salvatore Mancuso? La JEP está permitiendo que las víctimas participen, incluso de manera directa, en las audiencias no solo de reconocimiento y verdad, sino también en la construcción de aportes de verdad. Las víctimas lo que están esperando de todo el aparataje de justicia transicional, en clave a lo que está testificando el señor Salvatore Mancuso, es responsabilizar de manera individual a las personas que intervinieron de manera directa en el conflicto. Y no solo se refiere a los integrantes de la AUC, ni a los integrantes de las FARC, ni a los integrantes de la fuerza pública, porque la base del conflicto termina siendo la misma. Un campesino que tenía un fusil para ponerse un brazalete de FARC, de fuerza pública o de AUC, es lo mismo. Lo que las víctimas reclaman es la identificación de empresarios, empresarias, políticos y políticas que terminaron siendo claves determinantes en el conflicto. No solo se trata de la entrega, como lo decía Mancuso, de los famosos tres centavos por cada banano que se exportara. También se trata de personas que patrocinaron de manera directa, como se decía antes, por extorsión, pero después por convicción, a cualquier grupo armado. Aquí no tendríamos que hablar solamente de AUC, pero las víctimas sí reclaman que estas personas que hoy todavía están tras bambalinas, que han sido mencionadas en reiteradas ocasiones en la justicia ordinaria, en justicia de paz y en la JEP, y que el señor Mancuso dijo algunos nombres, como Francisco Santos y otros tantos, respondan al país. Simplemente, digan sí o no, y si no, por qué. Si es así, que acudan a los estados judiciales. Tienen todo el derecho de defensa, claro que sí, es un principio constitucional. Pero las víctimas sí reclaman, porque vivieron el conflicto, lo saben. Me voy a robar una frase de una víctima en un momento en que le estábamos haciendo algo que se llama traslado de jurisdicción especial para la paz. Me dijo: “a mí no me vengan a contar la verdad, porque yo la verdad ya la sé”, textual. Nunca se me va a olvidar, y es una alta sabiduría en lo que esperan de estos procesos. Las personas determinantes y no las determinadas, las que determinaron el conflicto y lo siguen determinando, deben responder al país y le responda a las víctimas.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 08 al 14 de mayo 2023 El presidente Gustavo Petro desarrolló el pasado viernes 12 de mayo una presentación de caracterización de los conflictos armados hoy ante el cuerpo de generales y almirantes. En esa presentación caracterizó el conflicto en tres momentos: un primer momento de choques violentos entre liberales y conservadores, que se cierra con el acuerdo del Frente Nacional; un segundo momento de la insurgencia armada y la lucha por el poder, que se cierra con el proceso Constituyente del 91 y la paz liderada por el M-19; y un tercer momento que el presidente Petro ubica desde el año 1993, en el que la violencia se ejerce para el control de economías ilegales. Estas fueron las expresiones del presidente Petro en relación con el ELN en las que se pregunta por la unidad de mando al interior del grupo y el peso de la economía ilegal en su configuración de actuación hoy: "Lo estamos viendo en la práctica con el ELN, que por su acercamiento permite ver su realidad, el ELN tiene unas personas de edad que vienen de atrás, de la segunda fase, metimos a Gabino ahora en Cuba, Gabino era niño, pero viene casi de la primera fase, campesino él, de Santander, recorre toda la segunda, se vuelve jefe, comandante del ELN, se enferma, y ahora lo metimos un tanto, ellos mismos quisieron, porque todavía es como recoger lo que queda de la segunda fase, que todos son viejos, cada persona es diferente y esos se sientan en la mesa y hablan, algunos de ustedes habrán visto eso, ¿pero mandan?, ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes, ¿realmente mandan?, o el ELN de hoy, Antonio García le llama “la nueva generación”, eso tiene otra lógica, que es la de ellos, ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente, los frentes son autónomos, son federales, giran todos alrededor de la economía ilícita, poco tienen que ver con el padre Camilo Torres, eso es segunda fase, tienen la misma bandera, eso sí, pero su razón de ser es la economía ilícita, algunos de esos frentes, por su autonomía, se podrían acercar a nuestra posición, es decir: hablemos de paz, pero hay que resolver el tema de la economía ilícita, porque si no, ¿para qué?, si la economía ilícita da unas jerarquías de poder, da unas magnitudes militares y por tanto de control territorial y por tanto de poder, la economía ilícita da poder, pues entonces ¿para qué se negocia con nosotros?". Aquí se puede escuchar toda la presentación del presidente Gustavo Petro: La delegación de diálogos del ELN reaccionó a las palabras de Petro: El senador Iván Cepeda reaccionó a este intercambio de valoraciones sobre la naturaleza del ELN y reafirmó que hay una resolución que reconoce el carácter político del ELN. Aquí se puede leer la entrevista al respecto realizada por El Espectador este domingo 14 de mayo a Cepeda: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-senador-ivan-cepeda-habla-sobre-crisis-en-la-mesa-por-declaracion-de-petro/ El senador también dio una entrevista a W Radio en la que ratifica el carácter político del ELN: El Comando Central (Coce) del ELN sacó un pronunciamiento en relación con las palabras del presidente Gustavo Petro. En ese pronunciamiento dice: "la mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad por parte del gobierno para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo". Aquí se puede leer el pronunciamiento del Coce del ELN: El presidente Petro le propuso al ELN que se podían acordar ceses bilaterales iniciando por un territorio, hay voces que consideran que se debe acordar un cese bilateral nacional, lo cual no excluye que se pueda ir implantando progresivamente según las circunstancias territoriales. La vicepresidenta Francia Márquez le pidió al Gobierno Sudafricano ser garante del proceso de paz con el ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, fundador del ELN, se pronunció sobre una Colombia en paz: “la primera vez que yo pensé en la paz fue cuando me alcé en armas en el Ejército de Liberación Nacional”: Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN, habló sobre una Colombia en Paz: "la tarea de paz nos corresponde a todos, la agenda habla de que hay que construir una visión de paz y el ELN, pese a las dificultades que se presenten, no se va a levantar de la mesa": Aureliano Carbonell, de la delegación de diálogo del ELN, se pronunció sobre la paz: “le sigo apostando a la paz por que el pueblo, las mayorías en Colombia, la necesitan”: Consuelo Tapias, de la delegación del ELN, dijo: "la paz es posible si todas las colombianas y colombianos nos comprometemos en ese esfuerzo, que no solo es de la insurgencia o de la mesa": Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un comunicado publicado en la mañana de este 15 de mayo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) expresó su preocupación por el hecho de que su organización como entidad político-militar insurgente es mal comprendida. El grupo armado afirmó que las declaraciones públicas del presidente del pasado 12 de mayo desestiman su carácter de organización política, obviando las consideraciones de la delegación del Gobierno, los países garantes, los acompañantes permanentes y los países acompañantes; así como los señalan de estar envueltos en conomías ilícitas cuando la organización “ha manifestado y practicado el deslinde categórico con todos los eslabones de la cadena del narcotráfico”. Lo que, según el ELN, puede influir en los diálogos de paz. Este comunicado se publica dos días después de la reunión del presidente Gustavo Petro con la cúpula militar del país para abordar temas de seguridad. Durante dicha reunión, Petro expresó la necesidad de buscar una solución política al conflicto armado y manifestó su apoyo a la posible negociación con este grupo insurgente. Sin embargo, durante su intervención ante la cúpula militar, el presidente puso en duda la capacidad del ELN para tener una representación legítima en la mesa de diálogos de paz e insinuó que las estructuras de la guerrilla podrían estar infiltradas por negocios ilegales, lo que socavaría su legitimidad como interlocutor válido. Petro enfatizó que la mesa de diálogos no puede estar sujeta a las fluctuaciones de las declaraciones públicas y que se debe garantizar un ambiente propicio para la construcción de la paz. En respuesta a las declaraciones el ELN ha afirmado que la mesa de diálogos ha entrado en “crisis” y que se necesita claridad por parte del Gobierno para despejar el camino hacia la paz y hablar con un lenguaje coherente que se entienda tanto dentro del país como en el resto del mundo. Según la investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Camila Fernández, el comunicado del ELN sugiere que se desconoce su carácter político y esto podría poner en riesgo la línea de negociación actual. Sin embargo, Fernández argumenta que es necesario analizar el grado de crisis en la mesa de negociación y la relevancia de una declaración del presidente Petro que desconozca estos puntos. En respuesta al comunicado, la investigadora aclara que no se estaría negando el carácter político del ELN, ya que este fue reconocido en los primeros pasos hacia la Paz Total. Mientras que otros grupos, como el Estado Mayor Central, tienen que demostrar su carácter político, en cambio, el ELN lo tiene por “sentado”. Camila Fernández destacó que las declaraciones del primer mandatario son necesarias en el marco de un proceso de justicia transicional que busca lograr verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, mencionó que es necesario abordar temas delicados durante las negociaciones, como la relación de ciertos grupos armados con economías ilícitas como la minería, la trata de personas y el narcotráfico. Fernández subrayó que es fundamental aclarar la verdad sobre estos temas para avanzar en el proceso de justicia, ya que existen evidencias de incautaciones de toneladas de cocaína que, según las autoridades, pertenecen al ELN, especialmente en el Catatumbo. Por esta razón, tanto Petro como distintos sectores de la sociedad civil tienen la validez de traer estos temas para poder avanzar en justicia, puesto que “si no se esclarece la verdad no se puede avanzar en justicia”. Además, la investigadora nacional destacó que las declaraciones de Petro son válidas porque existen pruebas de que el ELN tiene disputas con otros grupos armados por el control de ciertas economías de frontera, como la coca y la minería (Ver: Paz Total: primera etapa de reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN) . También resaltó la importancia de no poner en duda el proceso de negociación debido a las declaraciones o acciones del presidente, ya que esto podría obstaculizar el proceso mismo. En su opinión, es crucial aceptar que se está en un marco de proceso de esclarecimiento de verdad y justicia, en el que se busca incluir a las víctimas y a los sectores que también están exigiendo verdad. Fernández subrayó que es necesario alcanzar la verdad para lograr lo que ambas partes desean, que es un proceso de paz. Por lo tanto, destacó la importancia de mantener el enfoque en el proceso de negociación y trabajar juntos hacia los objetivos compartidos. El Gobierno Nacional hizo hoy 15 de mayo un anuncio sobre las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una declaración hecha pública a través de su portavoz oficial. La resolución No. 036, emitida el 06 de marzo del presente año, reconoce la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con esta guerrilla. En el comunicado emitido dice que el proceso de negociación ha sido considerado como serio y coherente con la demanda constante de las comunidades de poner fin a la violencia en los territorios. De acuerdo con la declaración, las últimas declaraciones por parte de ambas partes son un llamado a la responsabilidad, para que se tomen en cuenta las dinámicas del conflicto armado y su impacto en la vida cotidiana de los territorios. El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la paz y reconoció la legitimidad de la delegación del ELN, su agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo. Además, menciona la importancia de establecer un cese de hostilidades entre todas las partes del conflicto, medidas de protección a la población y la participación de la sociedad civil como ejes centrales para lograr una solución duradera al conflicto armado. “Nuestro compromiso con la paz es inaplazable y cada acción que encamine a la misma será una prioridad para nosotros como Gobierno Nacional”, afirma el comunicado. La negociación de un conflicto armado es un proceso múltiple con numerosas dificultades, según Luis Eduardo Celis, Coordinador de la Línea Región, Migración y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Celis destaca que para lograr salir de este conflicto, la mesa de diálogo debe operar bajo los parámetros de bilateralidad, consiguiendo un cese bilateral y un ambiente de tranquilidad para las comunidades, además de un cumplimiento a corto, mediano y largo plazo de lo acordado en la mesa de México. Para Celis, cualquier consideración que tenga el Gobierno sobre el ELN o viceversa, forma parte del debate político (Ver: Los diez logros más importantes del ciclo de México entre el Gobierno Colombiano y el ELN) . Luis Eduardo Celis opina que el Gobierno ha sido explícito en reconocer el carácter político del ELN mediante una resolución y un proceso en curso. Para Celis, este intercambio de valoraciones es importante. Sin embargo, para él, esto no constituye una “crisis”, pero habría que esperar cómo evoluciona la situación en los próximos días. Se espera que ambas partes sigan trabajando juntas y logren acuerdos en los tres puntos que están en el centro del debate: la participación de la sociedad civil, el cese bilateral del fuego y las dinámicas humanitarias (Ver: Inicia tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN en La Habana) .

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 15 al 22 de mayo de 2023 Resolver un conflicto armado de casi seis décadas es un desafío de marca mayor y esta semana reportada hemos tenido nueva evidencia de las enormes distancias que hay entre el gobierno del presidente Petro y el ELN. Sobre las preguntas formuladas por el presidente Petro acerca de la cohesión del ELN, su unidad de mando y su relacionamiento con economías ilegales, hubo reacciones desde la dirección del ELN y se vivieron tres días de tensiones y reacciones de lado y lado, mostrando que hay temas que a ambas partes le preocupan de su contraparte. No es de extrañar las diferencias y las valoraciones que el Gobierno tiene sobre el ELN y el ELN sobre el Gobierno. Sobre estos temas es que se viene construyendo una relación de trabajo compartido y una perspectiva de acción conjunta y las diferencias seguirán presentes hasta que se logre resolver en la realidad si las mutuas preocupaciones tienen asidero o eran valoraciones políticas sin fundamento. El ELN ha formulado cuestionamientos públicos al gobierno del presidente Petro: ha señalado que sigue siendo parte del poder tradicional, que su capacidad de llevar adelante sus propuestas de transformaciones es limitada, que hay verdaderos poderes de lo que valora como un régimen tradicional que se van a oponer a los cambios y que el presidente Petro no tendrá capacidad para los cambios. No son cuestionamientos menores, son de una enorme profundidad política y evidencian la desconfianza de un ELN por fuera de este sistema de competencia política y del ordenamiento democrático colombiano, contra el cual el ELN ha luchado desde 1964. Lograr una visión compartida de paz es el propósito de este proceso de diálogos y negociaciones en curso para construir un acuerdo sustentado en transformaciones pertinentes y necesarias con el objetivo de lograr superar problemas que son reales en la sociedad colombiana de hoy. 1. Pronunciamiento del Comando Central del ELN en el cual afirma que hay una crisis en la mesa, por las declaraciones del presidente Gustavo Petro: 2. El miércoles 17 de mayo la delegación del Gobierno Colombiano y la Delegación del ELN hicieron público un pronunciamiento en el cual reafirman que seguirán trabajando para construir una visión compartida de paz y lograr acuerdos en los puntos de cese bilateral de fuego, participación de la sociedad y acciones y dinámicas humanitarias. 3. La oficina del Alto Comisionado de Paz sacó un comunicado en el que reafirmó el carácter político del ELN: 4. En estas declaraciones Pablo Beltrán explica las razones que tiene el ELN para plantear una "pausa" en la mesa de diálogos y negociaciones: 5. El senador Iván Cepeda, integrante de la Delegación de Gobierno para el proceso de paz con el ELN, analizó la situación creada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro: 6. Nicolas Rodríguez Bautista, fundador del ELN y hasta hace un par de años su primer comandante, hace un recuento de la crisis vivida en los últimos días. 7. Isabel Torres, integrante de la Delegación de Diálogos del ELN, hace una reflexión sobre lo que entiende por la paz: 8. En esta entrevista, Socorro Ramírez, quien fue integrante de la última delegación negociadora del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el ELN, hace un análisis del actual proceso y sus perspectivas: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Guardianes de la Transparencia Veeduría Soy Joven de Buenaventura Oficina Pares Pacífico El pasado 09 de mayo un grupo de Guardianes de la Transparencia y la Veeduría Soy Joven de Buenaventura visitaron la construcción del Centro de Atención Integral a la Juventud (CAIJU) del distrito de Buenaventura, con el propósito de verificar de primera mano los avances de esta obra en el marco de sus labores de seguimiento y control. La visita también estuvo acompañada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico la cual, en el marco del programa Juntos por la Transparencia (JxT), viene adelantando procesos de formación y acompañamiento a diferentes veedurías y dando forma al Movimiento Ciudadano Anticorrupción de la ciudad. Avances en la obra del CAIJU El CAIJU es un escenario de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, en cabeza de alrededor de cien organizaciones juveniles que se encuentran adscritas a la Plataforma Distrital de Juventud, la cual es un escenario de participación ciudadana juvenil establecida por la ley estatutaria 1622 de 2013, modificada por la ley estatutaria 1885 de 2018 (Ver: Las juventudes de Buenaventura inician veeduría al CAIJU ). Este importante espacio para las juventudes bonaverenses se encontraba en deterioro, al punto que no podía ser utilizado para su propósito, por esta razón, se destinaron 1.575 millones de pesos colombianos para su dotación y remodelación, obra que inició en febrero de este año y deberá culminar en agosto. El recorrido estuvo guiado por Jackson Ángulo, el encargado de la obra; una profesional administrativa; una profesional social y un delegado de la Alcaldía. De acuerdo con el encargado, la obra tiene un avance de entre el 70 y 75 por ciento entre construcción y compras (dotación). Solo construcción va en un 60%, en lo que se destaca: · Avance de la cubierta: mortero nuevo, cerámica nueva. · Los salones están intervenidos, solo faltan las ventanas. Ya hay electricidad y tienen aires instalados. · Las baterías sanitarias: ya levantaron cerámicas, ya cuentan con el material y se espera que a más tardar en un mes estén terminadas (09 de junio). · La instalación eléctrica va en un 90%. · Los cimientos de las tres plazoletas para uso cultural están realizados. · Se hizo conexión de las cajas sanitarias para evitar su estancamiento · Se realizó en encerramiento de las partes laterales y traseras de la instalación. · Se recuperó la caseta para los vigilantes Además, se informó que de la etapa posterior que es de dotación de las instalaciones, las compras están en un 80%, que incluyen: · Los aires acondicionados ya instalados en los salones, televisores en los salones, sonido, equipos para conectividad a internet, sillas y mesas. · 12 cámaras de circuito cerrado de televisión y mobiliario para la oficina administrativa. · Cinco computadores portátiles tipo empresarial · Extintores. · Camillas. · Señalización de seguridad. ¿Qué falta para terminar las obras y dotaciones faltantes? A tres meses de la entrega de la obra está pendiente el cambio total de baterías sanitarias cumpliendo la norma para personas con movilidad reducida, reparación total y ampliación de los pisos (sin contar los salones que ya están), terminar la cocina y comedor tipo cafería, recuperación de piso y dotación de cancha múltiple, la construcción de canal para agua lluvia en perímetro de la cancha múltiple, recuperación de la cubierta de la cancha, construcción de las plazoletas para prácticas culturales, recuperación de las zonas verdes y la instalación de los dos tanques de mil litros y la bomba presurizadora para proveer agua potable. Además de esto, la alcaldía ya destinó 60 millones de pesos colombianos anuales, a través de la Secretaría de Convivencia, para el sostenimiento y mantenimiento del CAIJU posterior a su entrega, según afirmó el delegado de la administración durante la visita. El propósito es que este recurso se pueda ampliar y se mantenga en el tiempo indistintamente de cuál sea la administración y sea un compromiso de regalías nacional. Por su parte, los veedores esperan realizar una segunda visita de verificación a mediados del mes de junio, ahí esperan que: 1. El sistema de acueducto esté terminado y completamente renovado. 2. La cancha deportiva esté totalmente reconstruida, teniendo en cuenta que sólo se cambiará y mejorará la misma. 3. La construcción o avance significativo de las tres que se usarán en diversas expresiones artísticas y culturales. A esta importante obra le hacen seguimiento diversas organizaciones y plataformas juveniles de la ciudad por la importancia que tiene para ellos. Será un escenario propio para encontrarse, pero también para llevar a cabo sus agendas. Un lugar para sus actividades, en medio de una ciudad que carece de espacios para las juventudes. Por ello, desde Guardianes por la Transparencia y la Veeduría Soy Joven de Buenaventura, se espera que la obra culmine y sea entregada en los plazos establecidos y cumplan con lo proyectado, para ello, seguirán ejerciendo su labor de veedores y control social.

Por: Katerin Erazo, Periodista Las voces de las víctimas de desaparición forzada claman por justicia y verdad en todo el mundo, incluyendo a Colombia. En nuestro país, el año 2022 fue considerado el año con mayor número de víctimas de desaparición forzada, con 4.799 víctimas directas y 14.130 víctimas indirectas; seguido del 2003, con 3.849 víctimas directas y 11.403 indirectas; y 2001, con 3.729 víctimas directas y 11.239 víctimas indirectas de este fenómeno, lo que refleja la magnitud de la tragedia. Lamentablemente, en la mayoría de los casos en los que se denunció la ausencia de un ser querido, las familias no pudieron reunirse nuevamente con ellos, o bien solo lograron encontrar sus cuerpos sin vida. Estas cifras revelan una tendencia alarmante. La Unidad para las Víctimas le compartió a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sido incluidas, contando desde 1985, 51.173 víctimas directas de desaparición forzada y 140.734 víctimas indirectas, que se refiere a los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, parejas del mismo sexo o familiar en primer grado de consanguinidad de la persona desaparecida. Por otro lado, por hechos ocurridos en 2023 se han incluido en el RUV cuatro víctimas directas de desaparición forzada y 11 indirectas. Según la Unidad, es importante tener en cuenta que la declaración de las víctimas ante el Ministerio Público es voluntaria, por lo que es posible que algunos hechos que han ocurrido durante 2023 no hayan sido declarados todavía o se encuentren en proceso de valoración para su inclusión en el RUV. Para honrar la memoria de las víctimas y recordar el legado de lucha por los derechos humanos, se conmemora anualmente la Semana del Detenido y Desaparecido. Durante esta semana, se busca generar conciencia, exigir justicia y promover la prevención de violaciones de derechos humanos en el país. Esta conmemoración fue fundada el 30 de agosto de 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y otras organizaciones de derechos humanos. Se eligió esta fecha para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, en memoria de las víctimas de desaparición forzada en América Latina y en reconocimiento a la lucha incansable de los familiares en busca de justicia y verdad. Desde entonces, esta semana se ha convertido en un importante espacio de reflexión, denuncia y solidaridad en la lucha contra la impunidad y la violación de los derechos humanos. La desaparición forzada representa una serie de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, que deja un impacto devastador en las víctimas y sus familias. Este hecho victimizante, que varía según el contexto y los actores involucrados, conlleva diversas formas de violencia y negación de derechos fundamentales. Una de las violaciones más evidentes es la privación arbitraria de la libertad. Las víctimas son detenidas o capturadas ilegalmente, sin orden de arresto legal y sin recibir notificación del motivo de su detención. Son arrancadas de su entorno sin seguir el debido proceso, negándoles su derecho fundamental a la libertad. La tortura y el maltrato son prácticas recurrentes durante el proceso de desaparición forzada. Las víctimas son sometidas a actos crueles, inhumanos o degradantes, tanto física como psicológicamente. Estas formas extremas de violencia tienen como objetivo causar sufrimiento y obtener información o confesiones. En muchos casos, las personas desaparecidas son asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente, violando su derecho a la vida. La desaparición forzada se convierte así en una forma de violencia extrema que pone en peligro la vida de las víctimas, llevando a consecuencias irreparables y dolorosas. La violación del derecho a la integridad personal es otra consecuencia trágica de la desaparición forzada. La incertidumbre sobre el paradero y estado de salud de la persona desaparecida genera un impacto emocional y psicológico devastador tanto para ellos como para sus seres queridos. La ausencia de respuestas y la falta de cierre dificultan el proceso de duelo y perpetúan el sufrimiento. La desaparición forzada también impide el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad y buscar justicia. La impunidad y la falta de investigaciones adecuadas alimentan la injusticia y prolongan el sufrimiento, negando el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido afectados. Además de todas estas violaciones, la desaparición forzada atenta contra la dignidad humana de las víctimas. Al ser tratadas como meros objetos de control, se elimina su existencia y reconocimiento como seres humanos, vulnerando su dignidad inherente. Estas violaciones son consideradas crímenes de lesa humanidad y constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La lucha contra la desaparición forzada implica una responsabilidad colectiva en la defensa de los valores fundamentales de justicia, dignidad y respeto por la vida y la integridad de cada ser humano. Es por esto que la Semana del Detenido y Desaparecido adquiere una significancia especial debido a la magnitud de las violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en todo el mundo. En países como Argentina, Colombia, Chile, México, El Salvador y muchos otros, se han documentado casos de desapariciones forzadas durante dictaduras militares, conflictos armados internos y regímenes represivos. Estos actos inhumanos no solo han dejado cicatrices profundas en las sociedades afectadas, sino que también han causado un dolor inmenso a nivel individual y familiar. Las familias de los detenidos y desaparecidos han vivido décadas de incertidumbre, angustia y búsqueda incesante de verdad y justicia. La Semana del Detenido y Desaparecido, busca acompañarlos en su lucha y mostrar solidaridad con su causa.  Un marco legal fundamental para la protección de los derechos de los detenidos y desaparecidos en Colombia es la Ley 1408 . Esta ley, promulgada en 2010 y lograda gracias a las organizaciones de familiares, lideradas por la asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES), establece mecanismos específicos para la búsqueda, localización, identificación y restitución de personas desaparecidas. Además, busca garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familias.  La Ley 1408/2010 también establece la creación de comisiones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la obligación de los Estados de brindar recursos y apoyo a las familias afectadas. Cabe añadir que según el artículo 14 de dicha Ley, “la memoria histórica de las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo, en el marco de la Semana de los Detenidos - Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. Los establecimientos educativos públicos y privados y las autoridades nacionales, departamentales y municipales rendirán homenaje a estas víctimas esta semana con la realización de foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión referentes al derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos”.  Esta legislación representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Esta semana es un llamado a los Gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional para que trabajen juntos en la promoción de la justicia, la verdad y la no repetición. Además, es importante que recordemos que detrás de las cifras y las estadísticas hay historias de personas reales, de seres humanos que merecen dignidad y justicia. Adriana Rudling, investigadora posdoctoral en el Instituto Chr Michelsen de Bergen (Noruega), le dijo a Pares que uno de los problemas más significativos que enfrenta actualmente la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país es el andamiaje burocrático, ya que hay muchas cifras que son contradictorias sobre la desaparición forzada y, además, no es claro para las víctimas dónde buscar ni cómo hacerlo. Según la Unidad para las Víctimas, desde 2007 hasta la actualidad, se ha brindado indemnización por hechos de desaparición forzada a un total de 63.755 personas. En lo que va de este año (2023), se han indemnizado a 51 personas. La entidad ofrece diversos mecanismos para que las víctimas puedan acceder a la ayuda y reparación que se les ofrece. Uno de estos mecanismos es la Garantía de Participación, que proporciona apoyo económico a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio. Esto incluye asistencia en términos de hospedaje, alimentación, transporte y elementos fúnebres y simbólicos durante los procesos de búsqueda. Además, se ofrece el auxilio funerario, que forma parte de la asistencia funeraria y se brinda tanto en casos de entrega real como simbólica de los cuerpos, e incluye los elementos mencionados anteriormente. Otro aspecto fundamental es la atención a las víctimas. Esta se define, según el parágrafo 2, artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, como “la acción de brindar información, orientación y apoyo jurídico y psicosocial a la víctima, con el fin de facilitar el acceso y mejorar el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación”. La Unidad para las Víctimas lleva a cabo acciones de atención para orientar a las víctimas en los trámites necesarios para acceder a la reparación administrativa y para proporcionarles información sobre sus derechos. La reparación es otro componente fundamental dentro de los procesos de búsqueda y entrega de los cuerpos, y la Unidad tiene la facultad de llevar a cabo acciones para restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad de lo sucedido, en concordancia con las competencias establecidas en la Ley y en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  La Semana del Detenido y Desaparecido representa una oportunidad para fortalecer el compromiso de los Estados en la implementación de políticas públicas y leyes que protejan los derechos humanos y prevengan las desapariciones forzadas. Asimismo, se busca instar a los Gobiernos a ratificar y cumplir los tratados y convenciones internacionales que abordan esta problemática. Es crucial destacar que la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para los detenidos y desaparecidos es un desafío constante. En muchos casos, las investigaciones enfrentan obstáculos como la falta de voluntad política, la corrupción y la falta de recursos. Sin embargo, la Semana del Detenido y Desaparecido nos recuerda que no podemos renunciar a la búsqueda de la verdad y la justicia.

Por: Nataly Páez y Violeta López Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado 17 de mayo, en el departamento de Putumayo, cuatro menores de la comunidad Samaritana del resguardo Alto Predio, del pueblo indígena Muruí, fueron víctimas de un intento de reclutamiento forzado por parte del Frente Carolina Ramírez del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Los menores lograron escapar, sin embargo, en horas de la tarde fueron encontrados y asesinados por el grupo armado. Tres días después, miembros de la Fuerza Pública y el ICBF se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender la denuncia realizada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Una vez verificados los hechos, el presidente de la República Gustavo Petro convocó una reunión extraordinaria en la que suspendió parcialmente el cese al fuego bilateral con esta organización en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, y ordenó una ofensiva militar. En consecuencia, el grupo armado emitió un comunicado en el cual afirma que el Estado Mayor Central (EMC) ha demostrado desde el 22 de septiembre de 2022 su voluntad de paz, fecha en la que se anunció el cese de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública con el objetivo de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo. Sin embargo, en un informe de inteligencia militar divulgado por W Radio, se evidenció que este grupo habría violado el cese al fuego con 226 acciones violentas, acciones que han afectado principalmente a los departamentos del Cauca, Meta, Nariño, Valle, Caquetá y Norte de Santander. Este comunicado responsabiliza a la Fuerza Pública de una presunta violación del cese al fuego y realiza fuertes críticas hacia el mandato de Gustavo Petro, aludiendo que “el supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad [...]”. Asimismo, señala que los mecanismos de monitoreo y verificación necesarios para llevar a cabo las negociaciones son deficientes y hasta el momento no se han instalado. Además, reacciona de forma ofensiva ante las declaraciones de Gustavo Petro, allí el EMC advierte que “se desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”. Lo anterior deja en evidencia un posible incremento de la violencia en el territorio nacional, en donde frente a la débil presencia estatal en zonas de conflicto, así como una frágil estrategia de seguridad, la población civil continuará expuesta ante nuevos escenarios de violencia en los cuales el EMC permanecerá ejerciendo control social. Según investigaciones adelantadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) se encuentra conformado por 24 frentes, los cuales son liderados por 32 cabecillas y cuentan con más de 3.500 (inteligencia) integrantes que se distribuyen principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Casanare, Nariño, Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca. Dentro de su accionar violento destacan combates o enfrentamientos armados con la Segunda Marquetalia y el ELN, al igual que ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. Uno de los frentes que conforma esta disidencia es el Carolina Ramírez, antes conocido como Frente Armando Ríos, comandado por alias “Danilo Alvizú”, el cual cuenta con presencia en el Putumayo, en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguizamó, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Cauca, principalmente en el municipio de Piamonte. En el último año, el Frente Carolina Ramírez se ha enfrentado con algunas subestructuras de la Segunda Marquetalia, particularmente con el Frente 48 y los Comandos de Frontera. Estos enfrentamientos se derivan de la disputa por el control de rutas de tráfico de estupefacientes en la frontera con Ecuador, en donde como parte del control territorial el frente Carolina Ramírez lleva a cabo acciones en contra de la población civil como homicidios selectivos y reclutamiento forzado, en especial en comunidades indígenas. En definitiva, el hecho violento perpetrado por el Frente Carolina Ramírez pone en tela de juicio la voluntad del Estado Mayor Central por cesar sus hostilidades y generar un escenario propicio para una eventual mesa de diálogo y posterior proceso de negociación con el Gobierno Nacional, y se suma a una larga lista de acciones violentas que representan una amenaza para la Paz Total. Por esta razón, es necesario que el Gobierno refuerce su política de seguridad mediante el fortalecimiento de l a acción de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de establecer un mayor control territorial, ya que de lo contrario las acciones violentas hacia la población civil continuarán incrementando y la promesa de la Paz Total se verá cada vez más lejana. Asimismo, es indispensable aunar esfuerzos para no desistir de una negociación como principal medio para la construcción de una paz posible y duradera, en el cual se logren (l) definir mecanismos de monitoreo del cese al fuego que garanticen su efectivo cumplimiento y (II) una selección clara de las delegaciones de negociación. Es importante que este proceso se funde sobre la base de los derechos de las víctimas y con un enfoque que permita aliviar la violencia que padecen las comunidades.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 22 al 28 de mayo de 2023 Nuevamente hemos constatado esta semana la complejidad de resolver un largo conflicto armado como el que se trata de resolver vía diálogos, negociaciones y construcción de un acuerdo de paz con una visión compartida de país y soportada en transformaciones que la hagan viable. Una noticia positiva fue la declaración conjunta entre la delegación negociadora del Gobierno Colombiano y la delegación del ELN, en la que anunciaron que el tercer ciclo va hasta el jueves 08 de junio y que en la clausura informarán de los avances en los tres puntos en los que han trabajado desde el 02 de mayo en La Habana. Una noticia negativa fue el ataque del ELN a una patrulla de la policía en Tibú, mostrando nuevamente que hay un conflicto armado por superar. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, expresó ante los hechos de Tibú solidaridad con las víctimas, el rechazo a la continuidad de estos hechos de violencia y la importancia de que el ELN haya reconocido su responsabilidad, por la cual deberá responder. Este será uno de los miles de casos a tramitar en el punto de víctimas. El ELN denuncia que hay operaciones de hostigamiento por parte de "paramilitares" y la Fuerza Pública colombiana contra la población del Catatumbo y que su acción es una respuesta a esta situación. Es la continuidad de acciones en los territorios que deben ser atendidas tanto en el punto de cese bilateral en construcción, así como en el de dinámicas humanitarias, puntos clave para que sea posible una participación de la sociedad. El tercer ciclo está en su recta final, esperemos los mejores resultados. 1. Gobierno y ELN informaron que van a trabajar en este tercer ciclo hasta el jueves 09 de junio y que ese día informarán sobre los resultados en los tres puntos en los que en este momento trabajan: participación de la sociedad, cese bilateral y acciones humanitarias. 2. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, se pronunció sobre el ataque del ELN a la Policía Nacional en Tibú en el que murieron dos policiales y una mujer civil. La dura realidad a transformar. 3. El ELN se responsabiliza de atentado en Tibú que dejó tres personas muertas. 4. Mensaje de la Guardia Campesina de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo: “no podemos seguir poniendo más muertos en este país, azotado por décadas por muchos años de violencia”. #ElCeseSalvaVidas 5. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se pronunció sobre el ataque del ELN. 6. Comunicado de la Cumbre Nacional por la Vida, la Paz y los Territorios: "queremos convocar a toda la sociedad colombiana, a los actores en armas y al Estado colombiano a no disminuir los esfuerzos en la búsqueda de una salida política y participativa al conflicto social y armado". #CesePorLaVidaYPorLaPaz 7. Carta de Sara Tufano, columnista de El Tiempo, a Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN y jefe de su delegación de diálogo. https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sara-tufano/carta-a-pablo-beltran-foro-del-lector-772152 8. María Jimena Duzán escribió sobre las reflexione del presidente Gustavo Petro sobre el ELN. https://elpais.com/america-colombia/2023-05-28/petro-y-la-cantada-de-tabla-que-le-pego-al-eln.html 9. Gustavo Bolívar se pronunció sobre la voluntad de paz del ELN. https://www.infobae.com/colombia/2023/05/27/gustavo-bolivar-aseguro-que-ni-las-disidencias-ni-el-eln-tienen-voluntad-de-paz-por-sus-acciones-recientes/ 10. El comandante de las FF.MM., General Helder Giraldo, se refirió a la violencia en el país. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/eln-comandante-de-las-ff-mm-critica-el-accionar-de-la-guerrilla-772367 11. El Senador Iván Cepeda habló de la la importancia de la participación de José Felix Lafaurie en la delegación de diálogos con el ELN y sobre la complejidad de estos procesos. https://www.contextoganadero.com/politica/participacion-de-lafaurie-en-la-mesa-de-dialogos-con-el-eln-ha-hecho-mas-diversa-la-posicion-del-gobierno-ivan-cepeda 12. En este análisis, Andrés Caro se pregunta si es viable una negociación de paz con el ELN ante su resistencia de reconocer el ordenamiento constitucional colombiano. https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/lo-innegociable/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, periodista En medio del complejo panorama humanitario que atraviesa el territorio del Norte del Cauca, surge la necesidad de arrojar luz sobre las condiciones que afectan a las comunidades y poblaciones que viven el conflicto armado. Esta región, ubicada en el noreste de Colombia ha sido testigo de diversos desafíos que ponen en riesgo el bienestar y los derechos fundamentales de su población. Conscientes de la importancia de considerar la situación humanitaria de este territorio, nos adentramos en una entrevista con María Elsa Zapata Díaz, cocinera tradicional, lideresa social defensora de los derechos humanos y de las mujeres, representante legal de la Red de Mujeres del Norte del Cauca. María Elsa vive en Puerto Tejada, Cauca, y a través de su voz buscamos comprender la realidad que enfrenta el Norte del Cauca. Esta entrevista pretende ser un espacio de reflexión y análisis sobre la situación humanitaria en el Norte del Cauca, con el objetivo de generar conciencia, fomentar el diálogo y promover acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de quienes allí residen. ¿Cuál es la situación humanitaria actual en tu territorio? La situación en los territorios cada día es más complicada, ya que considero que se ha permitido que ciertos actores ganen fuerza y nos hostiguen, causándonos la pérdida de tranquilidad e incluso el deseo de seguir luchando contra la corriente. Por lo tanto, creo que este factor es sumamente relevante y debe ser tenido en cuenta de manera prioritaria. ¿Cómo han sido afectadas las comunidades locales por la situación humanitaria? Las afectaciones, en mi opinión, son incalculables, ya que han impactado todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra visión se ha visto afectada, al igual que nuestra salud mental y nuestra autonomía alimentaria. Además, hemos perdido la confianza en nuestros propios entornos, ya que cada vez percibimos menos seguridad en nuestros espacios. Nos enfrentamos a amenazas crecientes y constantemente debemos estar vigilantes, incluso mirando hacia atrás, ya que nuestras vidas siempre están en peligro. ¿Cuál es el impacto de la situación humanitaria en grupos vulnerables, como mujeres, niños, personas mayores o personas con discapacidades? El impacto que todos y todas hemos experimentado en la naturaleza y los territorios está marcado por conductas amenazantes que vivimos día a día. Estas conductas hacen que el desplazamiento, las torturas, los crímenes de violencia en todas sus formas, los confinamientos y los reclutamientos forzados sean más efectivos. Incluso nuestros niños y niñas corren peligro, hasta en sus propias escuelas. Este impacto ha dejado una marca tan profunda en nosotras, como madres y como personas, que estamos constantemente preocupadas y en alerta. No nos sentimos seguras y tampoco sentimos que nuestras familias estén a salvo, ya que incluso ir a la escuela implica el riesgo de reclutamiento. Este impacto nos ha afectado enormemente y continúa haciéndolo. Todos y todas estamos marcados porque cada vez nos sentimos más amenazados. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas allí? Uno de los principales desafíos que enfrentamos como comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos es, en primer lugar, mantener viva la lucha y la resistencia en la defensa de nuestros territorios. En segundo lugar, otro desafío importante es continuar fortaleciendo nuestra resiliencia, lo que nos permite ser cada vez más fuertes y enfrentar las múltiples situaciones que se presentan diariamente en nuestros entornos y territorios. ¿Qué piensas de la Paz Total? Creo firmemente que la Paz Total es un ejercicio que requiere la voluntad de todos los seres humanos, especialmente de aquellas organizaciones y líderes y lideresas que persisten en la lucha y la defensa de los derechos humanos. Es cierto que existen actores que se oponen a la vida, pero también debemos aprovechar la voluntad de aquellas personas y organizaciones que siguen apostando por la vida y la paz. De una forma u otra, continuamos en la batalla, entregando nuestros mejores esfuerzos y voluntades. Creo que es posible alcanzar esa Paz Total que tanto anhelamos si todos nos comprometemos con ese objetivo común. ¿Consideras que se está logrando la implementación de la Paz Total? En mi opinión, la implementación de la paz está todavía muy lejos de ser alcanzada. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, seguimos sintiéndonos hostigados y amenazados en nuestros territorios. La inseguridad en nuestras carreteras aumenta cada vez más, y somos testigos de masacres, violencia y el asesinato de líderes y lideresas sociales. Si los líderes y lideresas sociales son silenciados y se apaga su voz, creo que será aún más difícil lograr esa anhelada Paz Total que suena tan prometedora y emocionante. En realidad, se trata de un sueño muy complejo de alcanzar, y todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en este momento? Creo que una de las necesidades más urgentes que tenemos como habitantes del Norte del Cauca es que el Gobierno preste atención a las cada vez más alarmantes situaciones que ocurren en nuestros territorios. Es crucial que se enfoque en la creación de oportunidades, especialmente a través del trabajo con la niñez, para que nuestros hijos e hijas puedan tener otros horizontes y modelos de vida donde puedan asegurar y contar con territorios de vida, armonía y paz. Es necesario que se realice un análisis profundo de las situaciones que enfrentamos a diario, especialmente de cómo los niños, niñas y jóvenes son víctimas de la violencia, incluso perdiendo la vida sin siquiera poder sentirse seguros en los patios de sus casas. Creo que es fundamental que las instancias más altas del gobierno brinden su apoyo y tomen conciencia de lo que realmente estamos viviendo en nuestros territorios. ¿Qué cree que se necesita para mejorar la coordinación entre las diferentes organizaciones y actores involucrados en la respuesta humanitaria en el territorio? Es realmente necesario un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, que demuestre nuestra fortaleza y haga que piensen dos veces antes de ofrecernos algo o de decidir qué creen que necesitan nuestros territorios. Como organizaciones, somos responsables de cuidar nuestra casa común, como bien menciona nuestra vicepresidenta, Francia Márquez, debemos ser ese cerco protector que salvaguarda nuestros territorios, donde el dolor de uno sea compartido por todos y no subestimemos que uno está en mayor peligro que otro. En condiciones de seguridad, todos estamos expuestos a los mismos riesgos. Desde esta perspectiva, como organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y del territorio, creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Debemos tejer una red tan fuerte que sea indestructible, donde piensen dos veces antes de responder a nuestras demandas, porque cuando nos unimos, somos más fuertes. Esa es la idea que debemos transmitir a todas las organizaciones sociales, para que nos convirtamos en uno solo en la defensa y lucha por nuestros territorios.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada por: Colprensa Aida Quilcué, quien actualmente tiene cincuenta (50) años, es vicepresidenta de la Comisión Primera del Senado, encargada de temas como reglamentos de los organismos de control, contratación administrativa, notariado y registro, así como la estructura y organización de la administración nacional central. Su trayectoria incluye haber sido consejera de derechos humanos y paz de la UNESCO y participar activamente en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), elegida como parte de la Circunscripción Especial Indígena hasta el año 2026. La senadora Aida Quilcué, quien hace parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha sido objeto de diversas amenazas en los últimos meses, generando preocupación en torno a su integridad y seguridad. El más reciente incidente ocurrió el sábado 20 de mayo, cuando Quilcué alertó a través de sus redes sociales sobre la presencia de hombres armados cerca de la vivienda en la que se encontraba con su familia, en la vereda Clarete, zona rural de Popayán, Cauca. Estos individuos sospechosos merodeaban el inmueble y dejaron un cartel intimidante dirigido a la congresista, evidenciando con esto un claro intento de atentar contra su vida. Estos sujetos abandonaron el lugar rápidamente, dejando atrás dos armas de fuego automáticas y prendas de uso exclusivo militar. El descubrimiento fue realizado durante un recorrido realizado por Quilcué y miembros de la guardia indígena, quienes actuaron de inmediato para protegerla. El cartel encontrado pertenece a un frente de la Segunda Marquetalia, una organización delictiva liderada por Iván Márquez, antiguo miembro del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz. Este incidente se suma a otros eventos preocupantes que han puesto en riesgo la vida de la senadora, siendo blanco activo de grupos armados ilegales que operan en la región del suroccidente colombiano. En octubre de 2022, la camioneta en la que se movilizaba, bajo un esquema especial de protección, fue objeto de disparos mientras la senadora transitaba en el sector Guadualejo-Puerto Valencia. De acuerdo con la senadora Quilcué, la camioneta de su esquema de seguridad recibió alrededor de seis impactos de balas. Ahora bien, en febrero del presente año el Grupo Gaula del departamento del Huila logró la captura del presunto responsable de dicho atentado. Según información suministrada por las autoridades, la detención de Campo Elías Ramos Alonso, conocido como alias “Chinga”, se llevó a cabo en una operación conjunta de investigación judicial e inteligencia en una zona rural de La Plata. El trabajo exhaustivo y coordinado entre la Policía Nacional y el Gaula-Huila permitió recopilar las pruebas necesarias para identificar a “Chinga” como el presunto responsable del atentado contra la senadora Aida Quilcué. Es importante resaltar que la senadora Aida Quilcué ha enfrentado momentos de dolor y violencia a lo largo de sus últimos años. En 2008, su esposo Edwin Legarda perdió trágicamente la vida en una acción llevada a cabo por el Ejército, suceso que ha sido objeto de investigación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien ha examinado el caso de cerca y ha involucrado a 33 uniformados en el proceso. La decisión de investigar surge a raíz de las pruebas presentadas por la Procuraduría, donde se evidencia que los militares dispararon indiscriminadamente contra Legarda Vásquez y su acompañante mientras se dirigían en su vehículo hacia el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca. Este caso, fue conocido como uno de los primeros “falsos positivos” en contra de un indígena en el municipio de Totoró, que ha generado gran conmoción. Edwin Legarda Vásquez, quien se transportaba en una camioneta con el logotipo del Consejo Regional Indígena (CRIC) al regresar a Popayán, recibió tres de los diecisiete disparos que el perito de criminalística pudo determinar en la escena. La investigación continúa por esclarecer completamente hasta la fecha, esperando que se haga justicia para la senadora. Ante las continuas amenazas y los múltiples atentados que ha sufrido senadora Quilcué, el pasado 29 de mayo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, se pronunció al respecto y afirmó que el Gobierno “asume con seriedad y preocupación” las situaciones de riesgo que enfrenta Aida Quilcué. El ministro aseguró que se han tomado medidas inmediatas para garantizar su seguridad, incluyendo la asignación de un esquema de protección de emergencia y la mejora de los vehículos asignados para su desplazamiento tanto en la capital como en la región donde lleva a cabo su labor política como vocera y representante de las comunidades indígenas del Cauca. Varios senadores de distintas bancadas, incluyendo la oposición, expresaron su solidaridad y solicitaron al Gobierno que se tomen las medidas necesarias para proteger su vida e integridad. Legisladores como David Luna Sánchez de Cambio Radical, Alejandro Vega Pérez del Partido Liberal y Alfredo Deluque del Partido de La U, señalaron el deterioro persistente de las condiciones de seguridad en el país, e incluso advirtieron sobre el riesgo que esto representa para el proceso electoral. El ministro Velasco hizo énfasis en la importancia de alcanzar la Paz Total y ejercer control territorial en todas las zonas donde los grupos violentos intentan imponerse y amedrentar a la población. En medio de estas amenazas persistentes, Aida Quilcué continúa desempeñando su papel como senadora y lideresa indígena, luchando por los derechos de las comunidades y representando sus intereses en el ámbito legislativo. Su valentía y dedicación en medio de las adversidades son un ejemplo para muchos, y su labor se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia en Colombia. La sociedad colombiana espera que el Gobierno cumpla con su compromiso de garantizar la seguridad de Aida Quilcué y de todos los líderes y lideresas que enfrentan amenazas similares. La protección de los defensores de derechos humanos, lideresas y líderes políticos es fundamental para mantener la democracia y construir un país en paz, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente a las entidades nacionales y departamentales para que tomen acciones inmediatas frente a la situación de confinamiento que enfrentan alrededor de 5,000 residentes del área urbana de Nóvita, Chocó. Esta medida se debe a los enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo, que han obligado a aproximadamente 600 personas a abandonar sus hogares en las zonas rurales. El confinamiento en Nóvita es el resultado del paro armado declarado por el ELN el pasado 27 de mayo, lo cual ha impedido el transporte de caravanas con asistencia humanitaria hacia las personas desplazadas y refugiadas en la zona urbana. Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades a proteger y garantizar los derechos fundamentales de estas personas, como el acceso a la alimentación, el agua potable, la libre movilidad, la salud y la vida. La Defensoría del Pueblo está trabajando en colaboración con otras entidades para establecer un corredor humanitario que permita llevar la ayuda necesaria a Nóvita. Es imprescindible contar con este paso para asegurar que la población civil no siga sufriendo las consecuencias indiscriminadas de los grupos armados ilegales. Sin embargo, la situación se agrava debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró desde hace más de 20 días. La estructura sigue en estado de colapso y las reparaciones no han comenzado, sin que hasta ahora haya una respuesta por parte de las entidades competentes. Este hecho dificulta aún más el acceso a la asistencia humanitaria y agrava la precariedad en la que se encuentran las personas afectadas. La Defensoría del Pueblo también solicitó la protección de las viviendas y pertenencias de aquellos que tuvieron que abandonar todo en busca de seguridad. Asimismo, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó. Es importante destacar que los eventos masivos de desplazamiento y confinamiento van en contra del Derecho Internacional Humanitario y no contribuyen a la construcción de la paz en el país. La entidad ha instado al ELN a poner fin al paro armado y a buscar soluciones pacíficas que no pongan en riesgo a la población civil. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, durante los primeros cinco meses del año se registraron 43 eventos de desplazamiento forzado en el país, afectando a aproximadamente 15,437 personas pertenecientes a 6,081 familias. Los departamentos del Pacífico, como Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca, son los más afectados por estos desplazamientos. Francisco Palacios, periodista de Radio Nacional en Chocó, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), las diversas situaciones que afectan la seguridad en el Chocó. En primer lugar, mencionó que el tema de seguridad continúa siendo complejo y se ha agravado debido a la imposibilidad de transitar libremente entre Istmina y Nóvita, lo cual impide llevar elementos al municipio de Nóvita. Esta problemática se ha intensificado aún más debido al colapso de un puente que conecta varios municipios, situación que ya lleva aproximadamente 50 días sin respuesta oportuna por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Según el periodista, esta falta de acción por parte de las autoridades ha generado mayores dificultades para el traslado de ayuda humanitaria a las familias desplazadas. Palacios también mencionó que han recibido información de diversas fuentes, como el representante a la cámara James Mosquera, quien ha manifestado que el número de desplazados que han llegado a Istmina ha aumentado. Sin embargo, las autoridades en terreno no han podido verificar esta situación debido a la falta de un albergue en el municipio. Las personas que llegaron a Istmina se han alojado en el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del San Juan, en casas de familiares, amigos o incluso han tenido que alquilar lugares, lo que dificulta establecer el número exacto de desplazados de los municipios del Chocó. Palacios también destacó que esta situación se ha presentado durante varios años, donde los grupos armados, especialmente el ELN, amenazan y se enfrentan al Clan del Golfo, generando graves afectaciones a la población civil. Es importante recordar que, a finales del año pasado, el alcalde de Nóvita se vio obligado a pasar dos noches en un corregimiento debido a la presencia de ambos grupos armados, quienes les impedían moverse. Incluso tuvieron que suplicar a los grupos para que les permitieran salir de allí. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó en la necesidad de que los grupos armados ilegales cesen sus acciones bélicas contra la población civil. Destacó la importancia de avanzar hacia la Paz Total que busca el Gobierno y de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas. En este contexto, el ataque con explosivos perpetrado contra el alcalde del municipio de Río Iró, Edson Perea, ha generado mayor preocupación en la región. Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en su residencia, aunque afortunadamente no se encontraba nadie en el lugar en ese momento. Las autoridades regionales han confirmado que el incidente solo causó daños materiales y no se reportaron personas heridas. Sin embargo, esta acción ha encendido las alarmas entre las fuerzas de seguridad debido al accionar de los criminales en la zona. Francisco Palacios señaló que los habitantes del área viven con mucha zozobra y preocupación, ya que consideran que aunque es necesario que el ejército esté presente, también son conscientes de que estas autoridades llegan a la zona, dispersan a los grupos armados, pero luego se retiran y se despliegan aparentemente hacia zonas cercanas al casco urbano. Esto ha provocado que en la zona del río Taparal y el río Cajón y otros ríos cercanos haya tenido una presencia constante de grupos armados durante dos años. Debido a esta situación, los habitantes han expresado su frustración al no ver respuestas por parte de los gobiernos local, regional y nacional. Aunque las autoridades llegan a intervenir, no se percibe un compromiso continuo para brindar seguridad y estabilidad en la zona. Esta falta de presencia constante ha generado un sentimiento de abandono por parte de las autoridades y ha alimentado la sensación de impotencia en la comunidad. Es necesario que se redoblen los esfuerzos para enfrentar esta problemática, proteger a las comunidades afectadas y buscar soluciones a largo plazo que promuevan la paz y el respeto por los derechos humanos en la región. La Defensoría del Pueblo enfatizó en segur vigilando y colaborando con otras entidades para garantizar la protección de los derechos de la población afectada en Nóvita y en todo el país La construcción de la paz requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, incluyendo a los grupos armados ilegales, quienes deben cesar sus acciones violentas y buscar vías pacíficas para resolver los conflictos.

Por: Luis Eduardo Celis Semana del 29 de mayo al 04 de junio En la semana que entra sabremos los resultados del tercer ciclo. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, estuvo en Cuba y expresó públicamente su valoración positiva de la dinámica de la mesa y la perspectiva de acuerdos importantes en los tres temas que se han trabajado en este tercer ciclo desde el 02 de mayo. Vamos a ver este jueves 08 de junio lo avanzado en: cese bilateral de fuego, participación de la sociedad en la construcción de paz y dinámicas humanitarias. Desafortunadamente el conflicto continúa y se siguen reportando asesinatos de civiles, confinamientos, amenazas, personas secuestradas, entre otras; todas situaciones a superar. La delegación de diálogos del ELN divulgó varios videos sobre participación de la sociedad, mostrando lo que fueron las audiencias de Tocancipá y Bogotá en octubre y noviembre del 2017, sin duda es un material valioso para lo que se viene en cuanto a participación. Verciclos No. 2. del comandante Nicolás Rodríguez B: Movilización por la paz en el Catatumbo: Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.