El 22 de septiembre se conoció la incautación de 7 toneladas de cocaína en el departamento de Antioquia, cuyo valor estaría alrededor de los 250 millones de dólares, el operativo se realizó con el apoyo de la DEA y según el Ministerio de Defensa es la más grande incautación de droga en 2017. La misma información oficial manifestó que la propiedad de la droga era del Clan del Golfo, bajo la modalidad de las famosas Vacas –confluencia de droga de diferentes narcos-. Aunque en diferentes medios se dijo que la incautación se dio en la zona bananera de Urabá, no se especificó nada más. Efectivamente la droga estaba en una finca platanera, escondida en cajas y supuestos costales de banano. El cargamento iba para Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, pasando por México. La finca bananera de la que se habla es La Florida, ubicada en el sector de Arcua, que se encuentra a su vez a poco más de un kilómetro de la vía que conecta los municipios de Apartadó y Turbo. Y es aquí donde viene lo interesante. En una revisión catastral de la zona mencionada, la única finca que se denomina La Florida es la de la sociedad bananera La Florida S.A. S., cuyo representante legal es Javier Restrepo Girona, y que es reconocido en la zona como el dueño de la finca. Varias personas de la comunidad así lo confirmaron. El nombre de Javier Restrepo Girona no es nuevo para los que hacen seguimiento a las dinámicas criminales. Como lo registra Verdad Abierta, el nombre salió a la luz pública en la lista que entregó Raúl Hasbún a la Fiscalía el 25 de enero de 2011. Según Hasbún, un montón de dueños de fincas bananeras financiaron grupos paramilitares entre ellas Tropical S.A. Además Girona es directivo de la sociedad Recife S.A.S., una empresa privada que se dedica a la agroindustria. La misma fue declarada, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en 2009, como ocupante ilegal del territorio colectivo de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó. Así lo registra la Comisión Intereclesial de Justicia y paz. Una zona que fue castigada por el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Restrepo Girona, además de lo anterior, fue uno de los mayores aliados del actual gobernador de Antioquia Luis Pérez. También apoyó las campañas de Santos en 2010 y la de Zuluaga en 2014. De hecho, varios de los viajes de campaña de Luis Pérez se hicieron en la avioneta personal de Restrepo Girona. Algo que además en su momento se conoció públicamente. Obviamente nada es gratis en la vida. Luis Pérez le prometió a este gremio bananero, con documento firmado, un Acuerdo Programático que establecía “una Vicegobernación para Urabá y crear una flota de ferrys entre Panamá y dicha región”. También se incluye el famoso puerto que lleva prometiendo hace años, la elaboración de un Plan de Ordenamiento Rural, proyectos de Vivienda de Interés Social Rural, tarifas de servicios públicos más baratas. Entre otras muchas cosas, así lo registra la prensa de la región. Pero Girona no es el más bandido de los aliados de Luis Pérez, las donaciones a la campaña por parte de Luis Javier Castaño Ochoa (un exrepresentante que perdió su investidura por una condena por narcotráfico); la amistad con Óscar Suárez Mira empañan al buen gobernador de Antioquia. Despojo, financiación a grupos paramilitares y ahora narcotráfico son los hechos que rodean a Restrepo Girona, el amigo de Luis Pérez. Es posible que esta vez la investigación en su contra vaya más lejos, pues es la DEA la que ha liderado las operaciones y ha proporcionado la inteligencia; está claro que en manos de la justicia ordinaria colombiana nada pasará, este señor es un intocable del Urabá. Javier Restrepo Girona es, además, dueño de otras fincas, en Apartadó (Rancho Alegre, raíces, y Costa Rica); en Carepa es dueño de la finca Santa Cruz de Carepa; y en Turbo es dueño de 5 fincas: Pie de Cuesta, Petra, Revancha, Represa, Santa Ana, Alcalá y Florida; todas estas asociadas a alguna de las empresas de las que hace parte como representante legal u otro rol (Cultivos Rancho Alegre, Agrícola la Ilusión S.A, Agrícola Santorini, agropecuaria Santa Ana, Bananera La Florida, Otraparte E.U.; Hacienda Velaba S.A.). Ojalá estas propiedades no estén relacionadas con despojo, narcotráfico o financiación a grupos criminales. Como era de esperarse Luis Pérez está con Vargas Lleras, y coinciden en defender a los terceros y excluir a los de la JEP. Todo ello con los buenos oficios del razonero de Rodrigo Lara. Ven por qué no apoyan la justicia transicional, no es para evitar la impunidad sino para promoverla. Columna de opinión publicada en semana.com

Foto: Colprensa El reto en Tumaco era aprovechar el acuerdo de paz con las FARC y la caída vertical  de los homicidios, los secuestros y el desplazamiento forzado para tejer una alianza entre las comunidades, las autoridades locales, los desmovilizados, los campesinos cocaleros y la fuerza pública para aislar a las bandas criminales, a los narcotraficantes y a los disidentes y empezar un verdadero proceso de transición. La intensificación de la erradicación forzada y el ataque de la fuerza pública a los campesinos cocaleros le asestan un golpe mortal a este propósito. Lo más grave es que esto puede ocurrir en otros 10 sitios claves del país. La Fundación Paz & Reconciliación y la Iniciativa Unión por la Paz han adelantado un trabajo de seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz, y con ello a las nuevas dinámicas de conflictividad social y de violencia que emergen en los territorios más afectados por el conflicto armado. Uno de los avances más importantes en la investigación tiene que ver con la caracterización de los 242 municipios en los que tuvo presencia las Farc. Para lograr este objetivo se ha diseñado una categorización, al estilo de tipos ideales, como clave interpretativa de los fenómenos que se vienen manifestando en los territorios de los cuales las Farc han salido y que han sido denominados Zonas Postfarc. Los cinco tipos de zonas son: i) Zonas con ocupación o expansión del ELN ii) Zonas con ocupación o expansión de Grupos Armados Organizados iii)  Zonas de presencia de expresiones de “disidencias” de las FARC iv) Zonas de anarquía criminal y v) Zonas en proceso de consolidación estatal. La caracterización de estos territorios ha permitido entender la complejidad de la realidad en la que viven, se advierte que estas categorías no son excluyentes y que muchas veces cada uno de los fenómenos se sobrepone, tal como sucede en el municipio de Tumaco, en dónde se han podido identificar hasta 11 organizaciones criminales, expresiones de “disidencias” o “desertores” y ocupación o expansión del ELN.  Por supuesto, la presencia de actores armados ilegales no es la única causa que podría explicar lo que ocurre en Tumaco, variables asociadas a la permanencia de economías ilegales y la debilidad en la respuesta institucional para mitigar estos fenómenos permiten entender las causas de la tragedia que vive hoy el municipio. Ver documento completo Descargar informes Descargar Le puede interesar: Tumaco: Una historia de recomposición de actores en el territorio La tragedia de Tumaco

Conozca aquí la información de cada uno de los candidatos. Partido Verde Candidatos por Firmas Partido Liberal Candidatos Polo Democrático Alternativo Partido Centro Democrático Partido FARC Le puede interesar también: Observatorio de la democracia

German Vargas Lleras tenía dos posibilidades; moverse al centro o moverse a la derecha. Estaba y está en una posición incómoda. Básicamente convertirse en un defensor a ultranza del proceso de paz no iba a hacer que los del sí lo apoyaran y a la vez convertirse en el más crítico del proceso de paz, tampoco le iba a dar confianza a los del No. Su capital político actual podría estar entre los 3 y 4 millones de votos. Un capital importante, pero insuficiente al final, ya que se prevé que votarán cerca de 18 millones de personas de las 36 millones habilitadas para hacerlo en 2018. Para estar en segunda vuelta se necesitan al menos 6 millones. Si bien hay más de una veintena de candidatos y precandidatos presidenciales, al final esto se disputará entre cuatro. El candidato del uribismo, Vargas Lleras, el que salga de la coalición de Fajardo-Claudia y el que salga de la consulta liberal, que hasta el momento sería Humberto de la Calle. Colombia tenía dos alternativas para el debate: o la campaña se polarizaba, una vez más como en los últimos 30 años, entre guerra y paz, o el país avanzaba hacia una discusión sobre temas de corrupción, de modelo educativo y de equidad social. Al parecer, y como signo trágico de este país, la primera opción es la que tomará la sociedad colombiana. Al menos así lo perciben todos los candidatos, aunque Fajardo y Claudia luchan por imponer una agenda más moderna. Por tanto, el cálculo de Vargas Lleras no es apresurado, es bastante estudiado, pero todo parece indicar que será errado al final, los presupuestos son los siguientes. En primer lugar, Cambio Radical parte del principio de que la segunda vuelta será entre el uribismo y ellos, por tanto lo que necesitan es pasar a segunda vuelta, y una vez allí, los ciudadanos de centro y centro izquierda preferirán a Vargas Lleras que al uribismo. Eso que se llama popularmente votar por el menos peor. Si sucediera lo contrario el efecto sería el mismo, la derecha preferirá a Vargas Llegas que a cualquier otro. En segundo lugar, Vargas Lleras tiene un voto de maquinaria importante, cerca de 10 alcaldías y al menos 6 gobernaciones le trabajan a su candidatura. Cuenta además con una estructura partidista en varias zonas del país, concejales, diputados y líderes locales. Todo eso le da alrededor de 3 millones de votos. Si no existieran coaliciones, por ejemplo la de los verdes y Fajardo o la de los liberales y La U con otros sectores, con esos votos le bastaría a Vargas Lleras para pasar a segunda vuelta. Pero en la medida en que se acerca la posibilidad de las coaliciones a Vargas Lleras no le quedó otra alternativa que salir a disputarse los votos de opinión, campo en el que está bastante debilitado. Cambio Radical percibe que los votos de opinión más fáciles para ellos están a la derecha y por ellos van. En tercer lugar, Vargas Lleras está intentando construir un discurso para atraer el mundo empresarial. En el mundo surrealista de los empresarios hay la convicción de que el castrochavismo es posible en Colombia, de que las Farc han orquestado un gran plan internacional para la toma del poder y de que ellos están en la mira. Aunque esto parece ridículo y hasta chistoso para cualquier ciudadano informado hay gente que lo cree, y Vargas Lleras ha querido imponerse como el defensor de este mundo empresarial. Por ello se radicaliza en su discurso. Al final la estrategia es ‘amarrar‘ políticos por todo el país para fortalecer el aparato de Cambio Radical, como por ejemplo los Cotes del Magdalena, herederos de la parapolítica, o los cuestionados Aguilar de Santander. A la vez, moverse hacia la derecha a disputar los votos de opinión y claro garantizar empresarios para la financiación, aun a costa de la justicia. Por ello su empeño en excluir a los terceros de la JEP. Esto significa que la idea aquella de que el uribismo y Vargas Lleras iban a segunda vuelta se desdibuja, ya que de derecha solo pasará uno. Por los lados de centro derecha, centro y centro izquierda cobra cada vez más fuerza una alternativa para ir a segunda vuelta. La alianza Fajardo-Claudia parece, al menos por las encuestas, la alternativa más seria. Por otro lado: Se nos fue Luz Gabriela Arango, una de las mejores sociólogas del país. Fue mi profesora, con ella vi sociología contemporánea I –Bourdieu-. Entendí hasta dónde llega la agencia del ser humano, y hasta dónde la estructura social lo condiciona. Entendí el concepto de clase social como categoría de análisis, pero sobre todo, entendí eso que se llama sociología de la dominación. Sus últimos años los dedicó al estudio de las teorías feministas y de género. Durante mucho tiempo hizo parte del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, uno de los mejores del continente. Columna de opinión publicada en Semana.com

El concepto de disidencia resulta insuficiente para entender la complejidad en el territorio. Tal vez, la única disidencia ideológica de las Farc es la que opera entre Guaviare y el sur del Meta. Fue famosa en el año 2016, luego de que una parte del Frente 1, al mando de alias Iván Mordisco, anunciara que se separaba de las Farc. Luego llegaron Gentil Duarte y John 40. Los demás grupos, alrededor de 14, son grupos de desertores, muchos de ellos se presentan como Clan del Golfo o trabajan para organizaciones criminales. Los datos son los siguientes: las Farc llegaron a operar en 242 municipios del país. Actualmente hay presencia de la disidencia y de las estructuras desertoras en 35 municipios y en otros seis ha habido algunas incursiones sin presencia permanente, para un total de 41 municipalidades. La disidencia opera en el departamento de Guaviare, algunos municipios del sur del departamento del Meta y recientemente ha incursionado en Caquetá. Cuenta con cerca de 400 combatientes, de los cuales alrededor de 310 eran guerrilleros de las Farc, los otros son nuevos reclutas. Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, Iván Mordisco se desplaza por la orilla del río Vaupés, en el municipio de Miraflores, y dirige las acciones en los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, en Guaviare y en el sur del Meta, por medio de alias 25, quien ha sido visto recientemente en el sector conocido como el Guayabero, entre Puerto Concordia, Meta, y San José del Guaviare. Por su parte, Gentil Duarte opera en la zona noroccidental del departamento del Guaviare, en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, con alias Giovanny Chupeta, John 40 y El Mocho. Por otra parte, existen grupos de desertores que se encuentran en proceso de criminalización o bandolerización. En los municipios de San Andrés de Cuerquía, Ituango y Briceño, en el Bajo Cauca antioqueño, operan alias Jeringa, Serpa y Carnitas, desertores que se presentan como Gaitanistas o Urabeños. En los municipios de Toribío, El Tambo, Suárez, Morales y Buenos Aires, en el Cauca, se encuentra un grupo de desertores del Frente 8, al mando de alias Pija. Este grupo es muy agresivo y tal vez el que muestra procesos de bandolerización más fuerte. En los municipios caqueteños de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Montañita, Paujil y El Doncello, tienen presencia desertores pertenecientes a los extintos frentes 14 y 17, al mando de Calarcá Córdoba, Vladimir González y Benjamín. Este último comanda también un pequeño grupo de desertores en el corregimiento de Vegalarga, en Neiva. Son grupos de no más de ocho personas, pero que podrían crecer rápidamente. De esos 35 municipios, en 14 existen estructuras criminales integradas por algunos desertores de las Farc. Es decir, son grupos de diferente origen y que han incorporado dentro de su estructura a exintegrantes de este grupo. Muchos de ellos son franquicias del Clan del Golfo y prestan servicios a este. El caso más preocupante es Tumaco, allí el grupo de desertores se ha venido fragmentando, disputándose el control de los barrios en el casco urbano y el control de la cadena de producción de la cocaína en la zona rural. Gente de Orden y Guerrillas Unidas del Pacífico son los grupos más grandes que operan en el puerto. Sumada a esta presencia, el Eln y el Clan del Golfo también disputan el control de este importante corredor para el narcotráfico. El mapa muestra los municipios afectados por estas estructuras. La pregunta es por qué existe la reincidencia y qué tan grave es. La respuesta es sencilla: las deserciones son producto de lo mal que va el proceso de reincorporación. Este tiene cuatro grandes componentes: la seguridad física, la seguridad jurídica, la reincorporación material y la reincorporación política. En materia de seguridad física la situación es complicada, pero ha tendido a mejorar en las últimas semanas. Ha habido 13 exguerrilleros asesinados y 12 acciones contra familiares de estos. Además, más de 60 líderes sociales asesinados desde el 24 de noviembre de 2016, es decir, asesinan uno cada cuatro días. Si bien la intensidad de los homicidios ha descendido en las últimas semanas, muchos integrantes de las Farc ven en estos asesinatos la repetición de la película de lo que fue la masacre contra  la Unión Patriótica (UP). Pero tal vez el mayor problema lo tenemos en los asuntos de reincorporación económica, donde básicamente no hay nada: ni tierras, ni plata, ni políticas, solo algunas iniciativas aisladas y el sustento o renta básica. Lo único que va bien es la reincorporación política, pero en los demás frentes hay serios retrasos e incumplimientos. La campana de alerta la dio Cadete, uno de los miembros más importantes que han desertado del proceso desde Gentil Duarte. Las deserciones comenzaron a aumentar desde hace dos meses. De hecho, las Farc habían logrado controlar las deserciones de mandos medios, pero desde el mes de junio la situación comenzó a flaquear y la desesperación se tomó muchas zonas veredales. Los guerrilleros hablan de traición. Análisis de la Fundación Paz & Reconciliación publicado en Colombia2020.co

Por: Redacción Pares La presencia y disputa entre los grupos delincuenciales y las milicias urbanas han caracterizado a Tumaco, y en sus territorios, los actores armados han operado en busca del ejercicio del control territorial; un conflicto armado que ha dejado en este municipio un estimado de 86 mil víctimas hasta la fecha. Específicamente en la cabecera municipal, por ejemplo las comunas 4 y 5, así como la zona periférica de la comuna 2, han sido consideradas como lugares de alto valor estratégico para los grupos criminales y armados en materia económica y bélica. Esto, gracias a su ubicación sobre el océano Pacífico y características que las que se derivan beneficios para el tráfico de estupefacientes, así como para acciones irregulares tales como la extorsión y la vinculación de menores de edad a actividades ilegales. La época más violenta en el casco urbano de Tumaco comenzó hace aproximadamente 15 años con la llegada de los paramilitares y la guerrilla de las FARC. Descargar informes aquí:

Desde 1948 no se vivía en Colombia una época como la que se desarrolla desde el pasado 1 de octubre. Por primera vez en más de 60 años, Colombia no tiene la amenaza de la violencia política organizada, o lo que es lo mismo, por primera vez, los grupos armados que justifican la violencia políticamente han callado sus fusiles. El pasado agosto las FARC desaparecieron como grupo armado ilegal, y ahora están en un camino tortuoso de tránsito para convertirse en un partido político. Igualmente, este primero de octubre entró en vigencia el cese bilateral al fuego firmado entre el gobierno Colombia y la última guerrilla que existe en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esté cese tendrá una vigencia de poco más de tres meses con posibilidades de prolongarse. Se anunció poco antes de la llegada del papa Francisco la primera semana de septiembre. Sin embargo, solo hasta el pasado sábado se conocieron los protocolos que regirán la veeduría y observación al mismo. El modelo de cese es sustancialmente diferente al que se desarrolló con las FARC. Por ejemplo, no habrá ni concentraciones, ni preconcentraciones como era de esperarse. En la medida que la mesa de negociación recién ha comenzado, es imposible pedirle al ELN que se concentre e identifique, por ello el actual modelo ha recibido el nombre del cese tipo estatua. Le veeduría será realizada por la misión de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Si bien el Gobierno inicialmente promovió a la MAPP-OEA, Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, creada para hacer el monitoreo al proceso de desmovilización de los paramilitares, las críticas llovieron de todas partes. La Mapp-OEA hizo un lamentable papel en dicho proceso de desmovilización, sin ninguna capacidad técnica, ni política, al final todo fue un gran fracaso. Por tanto, se acordó que el cese con el ELN sería verificado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual creó una misión para el proceso de paz con las FARC, proceso de verificación que fue un éxito. El reto de la verificación no solo viene dado por el modelo de cese al fuego , sino también por las condiciones de seguridad en el terreno. Por ejemplo, en el departamento del Chocó esta guerrilla del ELN mantiene una fuerte confrontación con el grupo criminal del Clan del Golfo; en la región del Catatumbo, en frontera con Venezuela, además de las estructuras del ELN, opera el Ejército Popular de Liberación (EPL) y también el Clan del Golfo. Allí las condiciones de seguridad hacen prever un cese con riesgos altos de ocurrencia de incidentes. En todo caso, serán 109 municipios de los 1122 que tiene el país que se beneficiarán con el acuerdo. Alrededor de 30.000 mejorarán sus condiciones de seguridad, y se espera que esta medida se prolongue para el primer semestre de 2018, para que durante esos meses se desarrollen las primeras elecciones en paz en el país. Pero los retos del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN no solo vienen dados por las condiciones en las que se desarrollará el cese. Será importante que la mesa en Quito logre destrabar la discusión sobre el modelo de participación social. Aun sí el cese es exitoso, sí la mesa no avanza el proceso estará condenado al fracaso, y a la inversa, si la mesa avanza pero el cese no se cumple, la presión política para levantar la negociación será inmensa, más aún en meses preelectorales. Por último, es una oportunidad de oro para que el ELN demuestre que está cohesionado y que no hay divisiones en su estructura. Sí la organización cumple el cese, esta guerrilla logrará demostrar unidad y terminar de una vez por todas con los rumores de división. De no ser así, quedará en evidencia lo que muchos han denunciado, sobre fracturas internas en esta guerrilla.

Por primera vez en la historia del Ejército de Liberación Nacional se firma un cese bilateral al fuego con el Gobierno Nacional, que dependiendo de cómo funcione, permitirá avanzar significativamente en el diálogo con esta guerrilla, logrando además una mayor confianza de parte de la opinión pública nacional a las conversaciones. Estos las principales reglas de juego del cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno Nacional: La tregua pactada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno Nacional se llevará a cabo a partir del 1 de octubre y el 9 de enero de 2018. Se ordena al Ministro de Defensa, a las Fuerzas Militares y a la Policía un cese al fuego con el ELN a partir de las cero horas del domingo 1° de octubre”. Durante este tiempo el ELN tiene que dejar de secuestrar, de reclutar menores, de sembrar minas, de atacar la infraestructura y, por supuesto, debe cesar toda acción ofensiva contra la Fuerzas Armadas y de Policía. Se conformó un Mecanismo de Veeduría y Verificación con la participación del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, el ELN, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, mecanismo que tendrá como función prevenir e informar sobre los incidentes que pongan en riesgo el acuerdo. Los integrantes del Ejército de Liberación Nacional no deberán portar armas y gozarán de garantías de seguridad de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Seguridad y protección. Se establecerán canales de comunicación permanentes. El mecanismo recibirá la información y analizará de manera imparcial los hechos que se presuman como incumplimientos, amenazas o violaciones a los compromisos”. Habrá una misión conformada por un frente encargado del componente internacional que ayudará a facilitar el entendimiento entre las partes y servirá de portavoz respecto al cumplimiento. Las instancias regionales, por su parte, estarán conformadas por la ONU con el acompañamiento de la iglesia católica que emitirán recomendaciones. las instancias locales, que también contarán con el acompañamiento de la ONU y la iglesia, se encargarán de observar, recolectar, registrar y analizar la información en varios sectores que ellos acordaron. El ELN mantendrá comunicación con sus estructuras, a través de sus propios canales, para informar con los delegados de la ONU todas las actividades relacionadas con la tregua. Gobierno – Fuerza Pública, mantendrán comunicación permanente con las unidades ubicadas en cada jurisdicción. La organización se comprometió a detener durante estos meses sus ataques petroleros, la toma de rehenes, el reclutamiento de menores de 15 años y la siembra de artefactos explosivos. Las Naciones Unidas desplegarán observadores en 33 municipios del país, que son los más afectados por la presencia del ELN. En tanto que la Iglesia Católica adelantará su rol de acompañamiento al mecanismo desde 20 diócesis.

Dos cosas son claras hasta el momento en la campaña presidencial colombiana. Por un lado, Sergio Fajardo ha comenzado a subir en todas las encuestas, en cada una aumenta uno o dos puntos. Por otro lado, el uribismo está en segunda vuelta, la pregunta es con quién competirá, hasta el momento el rival más cercano es Vargas Lleras, quien tiene un buen capital político, pero con dificultades para crecer y sabe que la única forma de pasar a segunda vuelta es garantizando que no existan coaliciones y demoliendo a los enemigos con todo tipo de estrategias. Sobre esto último hubo varias coincidencias. La semana pasada en un programa radial Claudia López y Jorge Enrique Vélez, este último presidente de Cambio Radical, tuvieron una fuerte discusión. López acusaba a Cambio Radical de entregar avales a criminales. Vélez increpó a López y mencionó los procesos disciplinarios de Sergio Fajardo, producto de su gestión como gobernador de Antioquia. No debe olvidarse que los procesos son algo relativamente normal cuando alguien fue un servidor público, de hecho, Fajardo cuenta con un portal donde ha publicado históricamente todos los procesos de los cuales ha tenido que responder ante los órganos de control y justicia. Fajardo tiene 130 procesos de los cuales según sus abogados puede dar constancia y pruebas respecto de sus acciones. No debe olvidarse que Cambio Radical que ha estado en el ojo del huracán durante el último cuatrienio por casos de corrupción, los avales a criminales y la participación política mafiosa. Un día después del debate, comenzó a circular la noticia de que la Contraloría de Antioquia había embargado propiedades a Sergio Fajardo y su exsecretario de Gobierno Santiago Londoño, por un presunto detrimento patrimonial por la construcción de subestaciones de Policía ubicadas en los corregimientos El Tigre, en Vegachí; Labores, en Belmira; Minas, en Amagá; La Cruzada, en Remedios; Fraguas, en Segovia; y la Estación de Policía en Tarazá. Ahora bien, tanto Fajardo como Londoño han presentado las pruebas para defenderse, pues existen los certificados de la Policía que demostrarían que las estaciones lograron construirse a un precio por metro cuadrado mucho más económico al que la Policía Nacional comúnmente construye, lo que iría en contravía del detrimento patrimonial que se alega desde la Contraloría. El documento de embargo aparece radicado en Medellín el 18 de julio de 2017. El auto no fue notificado luego de haber sido expedido por la Contraloría en julio, ni en el mes siguiente. Si bien el documento salió de la Contraloría, no estaba en los radicados de seguimiento del proceso. Se trató de un documento guardado estratégicamente para ser utilizado de forma política. Sergio Zuluaga es una ficha clara y un contralor de bolsillo de Cambio Radical. En la asamblea se dice que el gobernador Pérez reunió en el piso doce a los diputados de la coalición y les dijo por quién votar, habría sugerido que no vendrían buenos tiempos para Fajardo y sus funcionarios. Posteriormente, Zuluaga quedó electo, lo cual sorprendió porque ocupaba el puesto 19 entre los 20 candidatos finalistas y su puntaje era de 61, cuando otros aspirantes tenían registros superiores a 90 puntos totales en la calificación de sus hojas de vida y su experiencia. Zuluaga ganó con 20 de los 26 votos posibles. Sergio Zuluaga, ha sido cercano al partido Cambio Radical, gracias al padrinazgo político del Concejal de Medellín por Cambio Radical, Robert Bohórquez. Zuluaga se desempeñaba en el cargo de contralor en responsabilidad fiscal y cobro coactivo en la Contraloría General de Medellín, a donde ingresó en el período 2012- 2015 (administración Aníbal Gaviria) como cuota política del concejal de Medellín por Cambio Radical, Robert Bohórquez. Los requisitos de postulación solo los podía cumplir Zuluaga. Por ejemplo, era indispensable que el postulante tuviera un doctorado. Sin embargo, recientemente se han hecho públicas dos inconsistencias en hoja de vida: 1) Una auditoría forense realizada a la hoja de vida del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, advierte que el funcionario en ningún momento obtuvo el título de doctorado como lo afirmó para en el proceso de elección al cargo público. Según la documentación entregada por el funcionario a la Asamblea de Antioquia antes de ser elegido, obtuvo el título de doctor en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEA de Madrid, título que no existe. 2) En su experiencia menciona que ha trabajado en la Secretaría de despacho de la Alcaldía de Medellín, pero no hay constancia de eso mismo. Pero su hoja de vida no es el único lunar. El concejal Bernardo lo denunció por hacerse una liposucción con los recursos públicos y Zuluaga fue capturado en junio de este año; no obstante, fue dejado en libertad. Un caso relacionado con el carrusel de las cirugías plásticas. La elección de Zuluaga estuvo permeada por el apoyo político de Cambio Radical, prueba de lo anterior es que Rubén Darío Naranjo, subcontralor departamental, se lanzó como diputado de Cambio Radical para el período de 2012-2015, se quemó, y como recompensa lo dejaron como subcontralor. Cambio Radical parece aplicar la tesis de la combinación de las formas de lucha. Avales a bandidos, acusaciones de utilizar gobernaciones y alcaldías para recoger firmas y ahora persecución política. Además, como lo he denunciado antes, oposición a cualquier reforma que mejore la democracia y la transparencia, para esto último tienen al mandadero de Rodrigo Lara. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto: Colombia 2020. De izq. a der. y de arriba hacia abajo: Rodolfo Arango, Jesús Ángel Bobadilla, Eduardo Cifuentes, Zoraida Anyul Chalela, Sandra Rocío Gamboa, Mirtha Patricia Linares, Reinere De Los Ángeles Jaramillo, Claudia López Díaz, Adolfo Murillo, Ana Manuela Ochoa, Yesid Reyes, Gloria Amparo Rodríguez, Danilo Rojas, Gustavo Adolfo Salazar, Camilo Andrés Suárez, Ana Caterina Heyck, Raúl Eduardo Sánchez, María del Pilar Valencia, Alejandro Ramelli y Roberto Carlos Vidal. El Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dio a conocer los nombres de las personas seleccionadas para ser magistrados del Tribunal Especial de Paz y de las Salas que hacen parte del sistema también: la de Reconocimiento, la de Amnistías y la de Definición de Situaciones Jurídicas. Este órgano de justicia transicional tendrá la labor de darle vida al Acuerdo de Paz con las Farc en relación con el punto de justicia. El Tribunal Especial de Paz (TEP) estará compuesto por dos instancias: una sección primera y una sección de revisión, cuya labor será ejercer la segunda instancia sobre los fallos producidos. La composición del tribunal quedó compuesto de la siguiente manera: 10,53% Afrocolombianos, 10,53% indígenas. 61% de lugares distintos a Bogotá. 16% tienen trayectoria en defensa de Derechos Humanos, 10% han sido jueces, 5% han sido Juez Penal Militar. Además, 10% han trabajado en la Fiscalía 16% en la política pública y 10% han sido jueces. Los miembros elegidos por el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición son los siguientes: Tribunal de Paz *** Rodolfo Arango Rivadeneira Bogotá Abogado Master en filosofía Investigador, catedrático, magistrado auxiliar C. Constitucional y C. de Estado *** Jesús Ángel Bobadilla Moreno Neiva, Huila Abogado penalista, especialista procesal y acusatorio Abogado, Juez promiscuo, Magistrado tribunal superior, magistrado auxiliar sala de casación penal *** Eduardo Cifuentes Muñoz Popayán Cauca Abogado Magistrado C. Constitucional, asesoro UNESCO, Defensor del Pueblo, Catedrático *** Zoraida Anyul Chalela Romano Ocaña, Norte de Santander Abogada Penalista Juez, magistrada tribunal superior *** Sandra Rocío Hernandez Cruz Bogotá, D.C. Abogada, Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, Analista Internacional sobre infancia afectada por la guerra y la Pobreza Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Defensora Técnica en el Ministerio de Defensa, Docente Universidad Militar Nueva Granada y de la escuela de DDHH y DIH del Ejercito Nacional, Defensoría Militar, Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá. *** Ana Caterina Heyck Puyana Bogotá Abogada financiera, DIH, Justicia Transicional Magistrada Aux C. de Estado, Asuntos Constitucionales Fiscalía, Negociadora ELN, Catedrática, Inv. Unión Europea *** Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra Medellín, Antioquia Abogada, socióloga Docente, litigante, alcaldesa local de Sumapaz *** Mirtha Patricia Linares Prieto Bogotá Abogada, Master Admon Pública y filosofía ICBF, ICCFES, Magistrada auxiliar C. Constitucional, Procuradora delegada Etnias y víctimas *** Claudia López Díaz Bogotá Abogada penalista Catedrática, Investigadora, Justicia y paz, Víctimas *** Adolfo Murillo Granados Palmira Valle del Cauca Afrocolombiano Abogado Penalista Constitucionalista Catedrático, Litigante, Conjuez Tribunal Superior de Cali *** Ana Manuel Ochoa Arias Valledupar, Cesár. Comunidad Indígena Kankuama Abogada, Justicia Indígena Justicia Indígena, Naciones Unidas, CIDH, asesoría ONIC *** Alejandro Ramelli Artega Bogotá Abogado Penalista, Magister en DIH Catedrático, Fiscal delegado, Derechos Humanos, Análisis y contexto Magistrado auxiliar C. Constitucional C. de Estado, Justicia y paz *** Yesid Reyes Alvarado Abogado Penalista Litigante, Ministro de justicia, diseño de la Jep, Docente *** Gloria Amparo Rodríguez Pensilvania, Caldas Abogada, derecho ambiental y médico Catedrática *** Danilo Alfonso Rojas Betancur San Antonio Tolima Abogado especialista en derecho público y administrativo Presidente Consejo de Estado, Investigador DEJUSTICIA, Consejo Noruego para los refugiados *** Gustavo Adolfo Salazar Maldonado Abogado, Gestión Pública, Master en historia, sociología y ciencia política Docente Investigador Justicia transicional *** Raúl Eduardo Sánchez Sánchez Neiva, Huila Abogado penalista, Derecho penal internacional Docente, Defensor de postulados ante la CPI, asesor min justicia *** Camilo Andrés Suaréz Aldana Abogado penalista, constitucionalista, resolución de conflictos, DIH Magistrado Justicia Penal Militar *** María del Pilar Valencia García Manizales, Caldas Abogada, derecho administrativo, filosofía, gestión ambiental OIM, indígenas, Unidad de Victimas, CINEP *** Roberto Carlos Vidal López Bogotá Abogado, historiador Docente, investigador Titulares de la Salas de Justicia *** Xiomara Cecilia Balanta Moreno Cali, Valle del Cauca Abogada, Magister en Derechos humanos y Democracia en América Latina, LLM Magister en Derecho, Doctorado en Derecho Internacional, Diplomado Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Abogada Conciliadora Docente Universidad de San Buenaventura Cali, Investigación Observatorio de Discriminación Racial (ODR), Visitante profesional Corte Interamericana de Derechos Humanos, Directora Jurídica Santamaría Fundación, Abogada Centro de Justicia y Acción contra el Racismo Asociación Movimiento Nacional CIMARRON. *** Heydi Patricia Baldosea Perea Bogotá, D.C. Abogada, Especialista en Instituciones Jurídico Procesales, Derechos Humanos, en Investigación Criminal y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio Defensora Pública – Justicia Transicional, Abogada en la Secretaría Distrital de la Mujer, Investigadora Centro Nacional de Memoria Histórica, Consultora en la OIM y Procuraduría General de la Nación. *** Juan José Cantillo Pushaina Manaure, La Guajira Abogado, Especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Derecho Procesal Penal, Derecho Administrativo. Promoción y/o Defensa y/o Litigio Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Docente hora cátedra Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Promoción y/o Defensa y/o Litigio Defensoría del Pueblo, Defensor Público Defensoría del Pueblo, Asesor de gestión Defensoría del Pueblo, Jefe de la Unidad de Investigación y Fenecimiento Contraloría Municipal de Manaure. *** Sandra Jeannette Castro Ospina Abogado, especialización en Ciencias Penales y Criminológicas Directora General del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Asesora y Procuradora Judicial, Docente de la Universidad Externado de Colombia, Defensoría del Pueblo, conciliadora en la Cámara de Comercio de Bogotá, Fiscal Delegada ante Tribunal de Distrito *** Catalina Díaz Gómez Bogotá, D.C. Abogada, Especialista en Derecho en Interés Público Directora de Justicia Transicional en el Ministerio de Justicia y del Derecho, Consultora Experta para la Evaluación de las políticas del Estado frente a la desaparición forzada y el secuestro, Centro Internacional de Toledo para la Paz (víctimas), Consultora en el PNUD, asesora en el ICTJ, Investigadora para el Informe sobre reparaciones a las mujeres víctimas de violencia. *** Pedro Elías Díaz Romero Abogado, Especialización en Derechos Humanos Y Procesos De Democratización Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito Dirección Análisis y Contexto. Asesor Fiscalía Delitos Violencia de Genero Estado De México, Abogado Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *** Mauricio García Cadena Bogotá, D.C. Abogado, Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, en Derecho Procesal Penal Oficina De Abogados De Antonio José Cancino Moreno Y Asociados. Instituto Interamericano De Cooperación Para La Agricultura, Fiscal Especializado Unidad Nacional De Derechos Humanos en la Fiscalía General De La Nación, Magistrado Auxiliar en la Corte Suprema De Justicia. Docente de la Universidad Del Rosario *** Marcela Giraldo Muñoz Medellín, Antioquia Abogada, Maestría en Derecho Internacional Humanitario Abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja, Tribunal Penal Internacional para Ruanda. *** Iván González Amado Socorro, Santander Abogado, Especialización en Criminología, Especialización en Ciencias Penales Colombia Profesor Universidad Externado de Colombia, Magistrado Auxiliar Corte Suprema de Justicia, Procurador Delegado Procuraduría General de la Nación. *** Nadiezhda Henríquez Chacín Santa Marta, Magdalena, Afrocolombiano(a) Abogada, Magister en defensa de los derechos humanos y del derecho Internacional Humanitario ante Organismos Cortes y Tribunales Internacionales Coordinadora Litigio Tierras en la Comisión Colombiana de Juristas, Unidad de Restitución de Tierras Territorial Magdalena. Abogada Fundación Misión Aurora. Unión Temporal APROFIF -Fundación Infancia Feliz Y Aprodefa. Abogada Proyecto de Acompañamiento y seguimiento a la exigibilidad de las víctimas de la violencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz en cinco ciudades de Colombia. Defensoría del Pueblo. *** José Miller Hormiga Sánchez Torotó, Cauca, Pueblo indígena Abogado, Licenciado en Literatura y Lengua Española, Asesor Jurídico Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Trabajo con Víctimas Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Territorial Cauca, Personero Municipal de Piendamó Personería Municipal de Piendamó, Personero Municipal Personería Municipal de Timbío, Asesor Jurídico SINTRAEMSDES. *** Belkis Florentina Izquierdo Torres Pueblo Bello, Cesar, Pueblo Indígena Abogada Especialista en Administración Pública y Diplomado Superior sobre políticas de seguridad alimentaria Magistrada en el Consejo Superior de la Judicatura, Asesora Jurídica en la Empresa Dusakawi. Asesora Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ASOANEI. Ministerio del Interior con Comunidades indígenas, Naciones Unidas Para El Desarrollo, FONADE.

El viernes pasado el Partido Verde oficializó a su candidata presidencial para los comicios del próximo año en Colombia. Después de una especie de encuesta-consulta realizada en más de 40 municipios del país, Claudia López se impuso a Antonio Navarro. El Partido Verde es una estructura minoritaria en el Congreso de la república, pero paradójicamente las fuerzas alternativas son las que mejor marcan en las encuestas presidenciales, y los partidos mayoritarios tienen muchos problemas para encontrar candidatos. Pareciera que existe una crisis en la representación política, y personas como López o Sergio Fajardo registran muy bien en las encuestas. Mientras que entre los liberales y el Partido de la U existe una gran crisis y sus candidatos no superan el margen de error. Si bien el objetivo de Claudia López es ganar la Presidencia, ella sabe que sola no podrá hacerlo, se requiere una coalición. Por ello desde hace algunos meses, se estableció una alianza entre Sergio Fajardo, Jorge Robledo y el Partido Verde. López y Fajardo siempre están entre los cuatro primeros en las diferentes encuestas y una alianza entre ellos causaría un verdadero remesón en la carrera presidencial. No se debe olvidar que el uribismo apuesta a ganar en primera vuelta, pues sabe que en segunda la tendrá perdida. Y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras apuesta a que no exista ninguna coalición y así llegar a segunda vuelta, en la que recibirá el apoyo de todo el centro y la izquierda de forma gratuita y obviamente con eso le bastaría para ganar. Es decir, con tal de que no gané el uribismo todos los perdedores en primera vuelta presidencial le darían el respaldo a Vargas Lleras. En todo caso la coalición aún no está armada, no será fácil llegar a un acuerdo, pero claro, ya existen conversaciones avanzadas, por lo menos se sabe que está muy cerca la posibilidad de tener listas conjuntas a Cámara y Senado, lo cual les daría mucha fuerza en las elecciones de marzo y también se sabe que existe avance en lo programático. Todo parece indicar que la idea de Claudia López es la siguiente. En primer lugar, lograr unas listas fuertes a Congreso de la República, que permitan pasar de 5 senadores, o 10 si se cuentan Verdes y Polo, a no menos de 14 senadores y al menos a 10 Cámaras regionales. Igualmente, el mismo día de las elecciones a congreso se realizaría una gran consulta interpartidista. Mínimo entre López, Fajardo y Robledo, pero de ser posible, incluir al Partido Liberal, o al menos a Humberto de La Calle. Con ello, según este cálculo la coalición sacaría a Vargas Lleras en primera vuelta y la segunda sería contra el uribismo. Sin embargo, existen dos grandes peligros: por un lado, no lograr la coalición, y por otro lado, aun lográndola, con una consulta en marzo y siendo la primera vuelta presidencial en mayo, es muy complicado armar una buena campaña en dos meses. Es decir, la consulta podría significar una gran ola electoral, donde se logre aglutinar al menos cuatro millones de votantes y con ello arrastrar ese optimismo hasta mayo y ahí lograr cinco millones de votos. Sin embargo, también una consulta a dos meses de elecciones presidenciales puede traer una gran frustración política. En lo que algunos analistas coinciden es que hay que buscar alguna fórmula para noviembre de 2017. Es decir, López, Fajardo y Robledo, deberían hacer la consulta o una encuesta grande y resolver quien sería el candidato. A la vez que liberales y el partido de la U hagan lo mismo, para que la consulta en marzo sea entre dos candidatos. Con este tipo de coalición la cifra de votos podría llegar a 6.5 millones. Lo cierto hasta el momento es que lograr armar esta coalición no será tarea fácil, aunque sí no hay coalición no se puede ganar. Lo más complicado es que el tiempo se agota y tanto el uribismo como Vargas Lleras ya arrancaron con toda la maquinaria electoral. Como se dice popularmente todo está para “alquilar balcón”. Columna de opinión publicada en El País.com