Foto: El Tiempo.com La afirmación sorprendió a la opinión pública en general, pues si algo ha hecho Colombia es ser la punta de lanza, en todo el mundo, del modelo norteamericano de lucha contra las drogas. Desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, se han fumigado más de un millón de hectáreas de coca, con el famoso glifosato, que contiene el roundup, una sustancia cancerígena y considerada en muchos países como altamente peligrosa. Es decir, por casi 20 años envenenamos nuestros campesinos y zonas rurales. Además, se han erradicado durante los últimos años centenares de miles de hectáreas de coca y se han mandado a la cárcel miles de campesinos. Invito a cualquier parroquiano a que visite las cárceles en Putumayo, Caquetá, Guaviare, llenas de campesinos que dicen: “Me cogieron por Ley 30”. Las siguientes gráficas muestran los niveles de aspersión aérea y erradicación manual en los últimos años: El aumento de los cultivos de coca no se puede adjudicar a que el Gobierno nacional hubiese bajado la guardia en la lucha contra las drogas, de hecho, la realidad es más compleja. Se podrían dar cuatro explicaciones, sin embargo, una de ellas es la más importante y es la explicación económica. Con la revaluación del dólar, el precio de la hoja de coca se incrementó casi un 40 por ciento, igual sucedió con la base de la pasta. Un gramo de pasta base pasó de valer 1.200 pesos o 1.400, dependiendo de la región, a valer 1.900 pesos. Obviamente como en cualquier mercado el incentivo para cultivar aumentó. Pero el precio no solo aumentó por el dólar, también por la demanda cada vez más grande de nuevos actores en el mercado, particularmente Brasil. Por ejemplo, en la actualidad el precio de la pasta base de coca en Tumaco está a 1.900 pesos y en Guaviare está a 2.400. Un precio bastante alto. En segundo lugar, hay un tema de ausencia de capacidad local para generar mercados internos y en gran parte esto se debe a incumplimientos de pactos agrarios en los últimos 25 años. Por ejemplo, hay zonas en Putumayo, como Puerto Ospina, a la que le prometieron luz, vías terciarias y crédito desde las marchas cocaleras de 1996 y casi todo se ha incumplido. En la medida en que no hay condiciones para un mercado local, no le queda otra alternativa a los campesinos que sembrar coca para lograr sobrevivir. La otra explicación es que muchos campesinos entre el año 2008 y 2011 habían migrado de los cultivos de coca a la minería ilegal, pues los precios del oro estaban bastante altos y los costos de transacción eran bajos. Con la crisis económica los commodities bajaron de precio y la población volvió a migrar a la coca. Claro, como cuarta explicación se podría decir que efectivamente algunos campesinos pudieron haber incrementado los cultivos de coca ante las expectativas de recibir beneficios producto del acuerdo de paz. Sin embargo, resulta un poco curiosos que campesinos que no saben leer, ni escribir, que no tienen acceso a internet y que no tienen una red de comunicación entre ellos, puedan manipular la dinámica de un mercado. Mientras que empresarios colombianos que hablan tres o cuatro idiomas, que saben utilizar internet y que están agrupados en gremios nunca han logrado tal nivel de coordinación. Es decir, pensar que la coordinación en el mundo rural es mejor que en el mundo urbano integrado parece es un chiste. Por último, hace poco el experto en cortinas de humo Néstor Humberto Martínez dijo: “Tenemos que triplicar la capacidad operativa contra los narcocultivos”. Solo le puedo decir: después de 20 años de fracaso de esta política todo indica que ese no es el camino. Más bien, en lugar de estar haciendo shows mediáticos, le recomiendo al fiscal combatir las partes no visibles del crimen, donde realmente se hace la riqueza del narcotráfico, al campesino le quedan migajas, pues la gran riqueza está en el blanqueo de dinero. Le doy un dato señor fiscal, donde la institución que usted coordina tiene un papel importante: de cada 200 investigaciones sobre lavado de activos, solo una termina en condena, la mayoría ‘extrañamente‘ se quedan en el camino. Imagínese, qué tal caigan en manos de funcionarios como Gustavo Moreno, el cual usted nombró. Así que Colombia tiene derecho a iniciar otras estrategias de lucha contra las drogas, la hasta ahora utilizada es una opción, pero no es la única. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto: El Tiempo.com 7 de febrero de 2017 El Ejército de Liberación Nacional liberó al que sería el último secuestrado en su poder del que se tenga conocimiento en los registros oficiales. Se trata del soldado profesional Fredy Moreno Mahecha, quien fue entregado este lunes a una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo en un paraje rural del departamento de Arauca. 10 de febrero de 2017 Pablo Beltrán anunció que además de los seis países garantes (Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, Noruega y Brasil), «, se constituyó un segundo grupo de cinco países que es esencialmente europeo (Alemania, Suiza, Suecia, Holanda e Italia). 6 de marzo de 20 Se instala la mesa de negociación de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), luego de tres años de conversaciones exploratorias. 6 de abril de 2017 El Gobierno Nacional y el Eln anunciaron, el desarrollo de un programa piloto de desminado humanitario, en un comunicado conjunto de las dos delegaciones de paz. Afirmaron además que en el próximo ciclo de diálogo se seguirá discutiendo el punto de ‘Participación de la Sociedad para la Construcción de la Paz’ y el subpunto ‘Dinámicas y Acciones Humanitarias’. 14 de abril de 2017 Delegación de paz del Gobierno pide al ELN cesar prácticas de secuestro. 17 de abril de 2017 El Eln reiteró que continuará con actividades para financiarse y rechazó la exigencia del gobierno de terminar con los secuestros. 11 de mayo de 2017 Luego de su reunión en La Habana (Cuba) de tres días, los jefes de las Farc y del Eln, en un comunicado, afirmaron que ambas guerrillas, pese a la disparidad en los avances de sendos procesos de paz con el Gobierno, mantienen “objetivos comunes”, como “el de buscar que la sociedad tenga una función protagónica en el logro de la paz”. 29 de junio de 2017 El 66 por ciento de los encuestados en medición realizada por Gallup, estima que proceso de paz con ELN no va por buen camino. Septiembre 4 de 2017 La delegación de paz del Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln hicieron oficial desde Quito, Ecuador, que habrá un cese bilateral del fuego desde el primero de octubre hasta el nueve de enero del próximo año. ​

Dijo Francisco: “En este enorme campo que es Colombia, todavía hay espacio para la cizaña. Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el trigo y no pierdan la paz por la cizaña”. Debo decir que la alegoría me pareció fabulosa, tal como me pareció fascinante, por astuta y sugerente, la utilización que hizo la oposición uribista de la palabra mermelada. El entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, para explicar el cambio en el régimen de las regalías petroleras, dijo que se trataba de que el dinero no se quedara solo en los municipios productores y lo disfrutaran en todo el país: “Repartir la mermelada en toda la tostada”. Era un signo positivo de equidad. Pero los uribistas echaron mano de la frase y con una increíble habilidad convirtieron la palabra mermelada en el símbolo del clientelismo, la compra de conciencias y la corrupción del gobierno de Santos. Los puestos, los contratos, las inversiones, los cupos indicativos, las transferencias, a todo lo llamaban mermelada y quienes ejecutaban los proyectos o recibían beneficios llevaban la marca de “enmermelados”. Eran, desde luego, los miembros de la coalición de gobierno. Pero también recibían ese remoquete quienes apoyaban las negociaciones de paz, así no tuvieran ningún acceso a canonjías o empleos en la administración. En todo debate público, artículo o mensaje en redes sociales, aparecía la palabra mermelada como denuesto y como recurso para deslegitimar a quienes defendieran una iniciativa del gobierno o le plantaran una discusión al uribismo. Era un elemento clave de cohesión de la oposición de derechas y un instrumento eficaz para llegar a los ciudadanos. Me quito el sombrero. Lo lograron. No fue su única invención propagandística. Les funcionó muy bien el coco del castrochavismo; la difusión del miedo a que el acuerdo de paz le abriera la puerta a un régimen como el de Nicolás Maduro o el de los hermanos Castro hizo su agosto en la memoria de un gran sector de la población colombiana. Mucha gente creyó y cree en esta falacia, lo cual dice mucho de la habilidad de Uribe en el dominio de la opinión. No todo ha sido habilidad comunicativa. La verdad pura y dura es que la distribución perversa de los recursos fue en este gobierno, como en todos los gobiernos desde que tengo memoria, el elemento unificador, el factor que le dio sentido y pertenencia a la coalición de gobierno. Una parte importante de los parlamentarios y de los funcionarios que participaron en los dos mandatos de Santos no estaban convencidos de la paz y de las transformaciones que implicaría la apuesta por la reconciliación, solo estaban allí para disfrutar del banquete. La prueba palpable de esta afirmación la tenemos ahora con la negligencia y las trampas en la aprobación de las reformas acordadas en La Habana y en el desarrollo de un verdadero programa de reincorporación económica y social de la guerrilla. Lo de Francisco es más sutil, pero no menos contundente. Tomó una frase bíblica y la puso en el corazón de la política colombiana. Convirtió la paz que estamos sacando adelante contra viento y marea en “trigo”, y la grave oposición a estos esfuerzos en “cizaña”. Conminó a los jóvenes a que cuidaran el trigo y no lo dejaran perder por la cizaña. Semejante alegoría no será aprovechada por Santos, ni por los partidos de la coalición, ni por los de izquierda, no es su terreno, el simbolismo no es su fuerte. A lo más que llegaron en las duras polémicas con el uribismo fue a endilgarles la calificación de “enemigos de la paz”, una elaboración conceptual, un discurso, que lo desvirtuaban fácilmente diciendo que eran partidarios de la paz, por supuesto, que la diferencia era en el tipo de paz, en las concesiones que se le debían hacer a las guerrillas, y por ahí derecho se iban a la denuncia de la impunidad que vendría y a la alcahuetería de la participación política para fuerzas terroristas que nada merecían. Cizaña es, desde luego, una palabra fuerte, con una enorme carga negativa. Una planta que tiene la expresa característica de arruinar la cosecha, pero crece con el árbol que produce el fruto, a su lado, como si fueran hermanos. Esa es la enorme fuerza del símbolo que se le ocurrió a Francisco en la ciudad de Villavicencio, capital de los Llanos Orientales, una tierra que ha sufrido como ninguna los embates de la guerra. Sería muy injusto decir que todos los críticos de los acuerdos de paz, todos los ciudadanos que tuvieron y tienen interrogantes sobre el proceso de desarme y reincoporación de las Farc a la vida civil tienen en su naturaleza el traicionero veneno de la cizaña, pero en el centro de la oposición a los acuerdos de paz sí ha estado esa planta venenosa, ese interés político puramente egoísta, ese aliento de confrontación y vindicta que amenazó y amenaza aún con dar al traste con los esfuerzos de reconciliación. Desnudar esas pretensiones utilizando la palabra de Francisco sería un verdadero hit ahora cuando tenemos por delante la paz con el ELN y el reto del sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Dejen la cizaña y apoyen la paz tendría que ser la consigna. Nota: Esta es mi última columna. Mi gratitud enorme a Felipe López y a Alejandro Santos por su acogida durante siete años en una revista tan importante en la formación de la opinión colombiana. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Por: Ariel Ávila, subdirector. Fundación Paz & Reconciliación. Una de las preguntas que se hacen los colombianos es qué es el clan del Golfo. Se podría decir que es la organización criminal más especializada que existe en el continente. Controla por lo menos el 45 % de la salida de droga del país hacia el resto del mundo, decenas de minas de oro ilegal y extorsiones en ciudades y zonas urbanas. Opera en más de 200 municipios, pero influye fuertemente en unos 142. El clan del Golfo aprendió de los más de 40 años de historia del narcotráfico que no hay que pelear con nadie a menos que sea necesario, pero de entrada hay que matar para mostrar fortaleza, en sus palabras: “hay que entrar pelando los dientes”. Ya no se asesina masivamente, como cuando los paras entraban a un territorio y masacraban 30 o 40 personas. Ahora se hace una violencia selectiva —bastante selectiva—, sin incrementar la tasa de homicidios. Se mata a las cabezas de las bandas locales, si no aceptan rendición, y luego se llama a los mandos que estaban por debajo de esa cabeza a una reunión. El que acepte las condiciones, trabaja; el que no, no sale de la reunión. También aprendieron, sobre todo de lo ocurrido a Pablo Escobar, que al Estado no se le gana una guerra, que es mejor corromperlo. Si bien se puede ejercer la violencia contra él, debe ser esporádica e ir acompañada de grandes sumas de dinero. No debe olvidarse que varios de los mandos del clan del Golfo fueron guerrilleros del Epl, como alias Otoniel, quien entre los 80 y los 90 militó en esta guerrilla maoísta, luego se pasó a los paramilitares y trabajó directamente con la casa Castaño, militó en el bloque Centauros de los Llanos Orientales y, tan sólo unos días después de la desmovilización de las autodefensas, reincidió junto a Don Mario, fundador del clan del Golfo y hoy preso. Es un aprendizaje criminal de muchos años. Este aprendizaje ha hecho del clan de Golfo una organización criminal de nueva generación, que opera de la siguiente forma. 1. Se compone de 51 mandos regionales, que son como la asamblea general del grupo. Cada uno de ellos tiene una especie de coordinador o de mentor, que conforman una especie de junta directiva, en total de cinco personas, entre ellos Otoniel y el recientemente abatido Gavilán. Estos mandos contribuyen a una fuerza de élite que denominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esa fuerza de élite es utilizada para la seguridad de los comandantes, para enviar a zonas de colonización armada o para someter a los enemigos que incursionan en sus territorios de influencia. Y, claro, para proteger las partes neurálgicas del negocio, como los puertos. 2. Cada mando tiene un padrino en la junta directiva. Por ejemplo, Gavilán era el responsable directo de alias Montero, quien maneja un grupo denominado los Caparrapos, que opera en el Bajo Cauca antioqueño. 3. Cada uno de estos mandos regionales tiene una estructura criminal y puede contratar grupos locales delincuenciales o pandillas. Es decir, un mando regional, además de tener una estructura criminal propia, contrata o subcontrata otras. 4. La subcontratación criminal significa que una organización criminal contrata una pandilla o un grupo violento juvenil para hacer el trabajo sucio y para afrontar la guerra con otras organizaciones ilegales. Eso significa que los deben armar y darles recursos para sostener una guerra. A cambio, el clan del Golfo evita exponer su tropa. Las autoridades locales sólo persiguen a estos jóvenes que son fácilmente reemplazables. A los gaitanistas no les interesa la vacuna a la tienda de la esquina, ni la olla que está en la otra esquina. Eso lo dejan para que los gobiernen las estructuras locales, es decir, de la parte media de la organización hacia abajo. Lo que les interesa es mantener el poder a través de estas estructuras locales, y en eso son exitosos. 5. Esta autonomía criminal lleva a que las disputas sean entre pandillas y grupos de delincuencia común, es decir, en la base o la parte baja del crimen. Por ello, las autoridades tienden a pensar que todo es un problema de jóvenes desadaptados y no ven más allá. Por ejemplo, esta subcontratación criminal llevó a que hace unos tres años los gaitanistas perdieran la guerra con los Pachenta en la Sierra Nevada de Santa Marta. 6. Para el clan del Golfo, lo importante es controlar los nodos fundamentales del negocio. Por ejemplo, los puertos de salida de droga. En Buenaventura, inicialmente se asociaron con el Negro Orlando, Orlando Gutiérrez Rendón, un poderoso sicario que se cruzó en una pugna inicial con el clan y luego le tocó pedir la protección de alias Valenciano, de los Paisas. Finalmente, los hermanos Úsuga le perdonaron la vida a cambio de que les devolviera el puerto. Luego, ellos lo entregaron a la Policía y subcontrataron a Fabio Bustamante Riascos, alias La F, jefe de una banda local de Zaragoza (Antioquia) conocida como el clan de los Bustamante, que manejaba parte de las minas de extracción ilegal de oro, y lo pusieron a manejar parte del litoral pacífico. Los gaitanistas subcontratan, pero tienen una persona de su confianza con autonomía sobre los jefes de las organizaciones locales. El otro nodo neurálgico, además de los puertos, es la protección de sus hombres. Varios ejemplos: a alias J1, Julio César Paz Varela, masacrado por los Rastrojos junto a ocho integrantes más de los gaitanistas en el sector de La María, durante una reunión que buscaba solucionar el control del puerto de Buenaventura, y luego la masacre de La Barra 44, donde alias Palustre, líder de la banda de la 40, se alió con los gaitanistas y los Rastrojos, bajo el mando de alias el Búho, junto a la banda de los Totos y la 39, masacran ocho personas, entre ellas a Jorge Martínez, alias TK, ficha de los gaitanistas. El clan del Golfo entendió que la cuestión es de alianzas. El narcotráfico lo manejan las Autodefensas Gaitanistas de la siguiente manera: el cartel de Sinaloa es su principal aliado comercial. Los puertos y las rutas del narcotráfico son propias. Por eso las administran y las protegen. Todo narcotraficante (pequeño o grande) que saque droga hacia Europa debe pagar US$150 por kilo de clorhidrato de cocaína. Si no los paga se enfrenta a tres cosas: la muerte, la expropiación de la droga o entregarla a la Policía. En otras rutas que son propias pagan US$200 por kilo de cocaína y US$500 millones por abastecimiento de la lacha tipo go fast. El abastecimiento implica combustible hasta la zona de retanqueo, marinos que conocen la ruta, alimentos, armas y logística, que incluye protección hasta salir a mar abierto. Una lancha puede llevar 1.200 kilos de clorhidrato. En el Caribe, entre Cartagena y La Guajira, se han identificado al menos cinco rutas: una entre Cartagena y Barranquilla, otra a la altura de la isla de Salamanca, una más entre Santa Marta y La Punta (Dibulla, La Guajira), y dos en la Alta Guajira, hacia el faro de Punta Gallinas y Punta Agujas, cerca de la localidad de Chimare. La organización ha tenido bajas importantes: las capturas de Yony Alberto Grajales Álvarez, alias Guajiro o el Ahijado, fue un duro golpe. Es sobrino de alias el Negro Sarley y se decía que podía sucederlo en el mando. También la de Eduard Fernando Cardoza Giraldo, alias Boliqueso, detenido en Brasil en 2016 y quien lideraba la red desde ese país. La de Víctor Javier Córdoba Mosquera, alias Aguirre, quien sucedió a el Ahijado. De Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias Don Leo, en 2013, quien lideraba la red desde Perú. De Camilo Torres, alias Fritanga, en 2012. De Melquisedec Henao Ciro, alias Belisario, en 2012, en Santa Marta, y de José Meléndez Suárez, alias el Emperador, quien era el enlace entre México y el cartel de los Soles en Venezuela. Todas ellas muestran una caída significativa de los gaitanistas.

Una semana excepcional, quizás milagrosa, se anuncia un cese bilateral al fuego y a las hostilidades con el ELN; alias Otoniel, jefe del llamado Clan del Golfo, hace pública la decisión de iniciar un proceso de sometimiento a la justicia; y el papa Francisco congrega multitudes con un mensaje inequívoco de apoyo a los esfuerzos de paz que están realizando el gobierno y las organizaciones armadas del país. En un ambiente así se puede soñar con un gran salto en la superación de las violencias, con una reducción sustancial de la ilegalidad y el crimen en el país. Sería un nuevo comienzo para la democracia, un volver a empezar, un punto de inflexión en el cual podríamos controlar fenómenos como el narcotráfico y limitar su poder de contaminación sobre toda la sociedad. La mesa de Quito se había atascado. Pasaban los días y los meses y no se avanzaba un milímetro en la negociación. Entre tanto se acercaba paso a paso la campaña electoral y el gobierno se estaba quedando sin oxígeno para seguir intentando un acuerdo de paz en medio de los disparos y los atentados de los elenos. El cese al fuego le da un giro de 180 grados a las negociaciones. Un cumplimiento riguroso de la tregua con todos sus aspectos humanitarios podría acelerar la negociación del resto de la agenda; a la vez, una aceleración de los acuerdos políticos y sociales podría transformar el cese temporal en definitivo y entregarle al próximo gobierno un proceso de paz irreversible. No será fácil para el ELN comprometer a todos sus frentes guerrilleros en la suspensión del secuestro y los ataques a la infraestructura del país. Pero el gobierno tendrá que hacer también enormes esfuerzos para honrar los compromisos adquiridos; ya hemos visto los grandes obstáculos, las limitaciones y controversias que ha tenido a la hora de cumplir los acuerdos con las Farc. De ahí que la verificación de este acuerdo será muy compleja y riesgosa. La Iglesia católica, que tiene presencia permanente en los lugares del conflicto, tendrá que ser el eje de este monitoreo y deberá dedicar una legión de sacerdotes y laicos a esta labor. Para los centros de estudios que le hacemos seguimiento al crimen organizado es de una trascendencia enorme la disposición del Clan del Golfo a someterse a la justicia. Esta fuerza criminal había logrado juntar habilidades empresariales del cartel de Cali, capacidades militares del cartel de Medellín y experiencia de control social de la guerrilla y las autodefensas de Castaño. Un know how impresionante con el que habrá que lidiar en el proceso de sometimiento. No se han limitado al negocio del narcotráfico, su portafolio abarca la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la extorsión y un entramado de negocios legales; tienen una estructura propia, debidamente jerarquizada, con arraigo en Urabá y algunos lugares de la costa Atlántica, pero su influencia se siente en todo el país a través de las alianzas con más de 97 bandas locales; sus nexos con empresarios, miembros de la fuerza pública y líderes políticos son tan oscuros como potentes; su penetración social se deja ver con claridad en las imágenes de la manifestación que acompañó el féretro del Gavilán en el municipio de Turbo hace apenas unos días. Para que el sometimiento a la justicia no se convierta en un gran engaño, en la entrega de algunos jefes conocidos que van a la cárcel y desde allí continúan controlando los negocios y ejerciendo el poder sobre las estructuras sumergidas y los aliados que protegieron en su trámite judicial, es preciso diseñar un plan integral controlado desde arriba, desde la Presidencia y la Vicepresidencia, en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Santos tendría que jugarse los restos y arriesgarse a que el sometimiento destape la podredumbre de algunas instancias del Estado y sectores empresariales. No se pueden tolerar las trampas del pasado. Todos los negocios deben estar sobre la mesa y también los nombres, todos los nombres de los aliados legales. Desde el principio se tiene que estipular con entera claridad el tratamiento que se le va a dar a la cúpula de la organización, a los mandos medios y a la base social. No hay que olvidar que el 80 por ciento de los mandos medios de los paramilitares quedaron por fuera, entre ellos los hermanos Úsuga que luego conformaron la poderosa organización que ahora pretende someterse a la justicia. Tampoco se puede olvidar que debajo de la estructura armada ilegal hay miles de adolescentes y jóvenes que simplemente trabajan en los negocios y para ellos es obligatorio tener alternativas de empleo legal. Aún no podemos evaluar el impacto que sobre la paz y la reconciliación tendrá la visita de Francisco a Colombia. Al momento de escribir esta columna se sentía apenas el peso de su presencia en Bogotá. De la misa con más de un millón de personas, de su trasegar por la ciudad en medio de los vítores de las multitudes que salían a su paso. Solo se conocía el discurso de jefe de Estado en la Casa de Nariño y la homilía en el parque Simón Bolívar. Pero creo que será muy difícil que los católicos del país eludan el llamado de Francisco a construir la paz y a conjurar el odio y la venganza. Columna de opinión publicada en Revista Semana

En materia de reincorporación de las Farc no hay nada. Absolutamente nada. Más de mil guerrilleros han salido de lo que eran las zonas veredales, ahora llamadas espacios transitorios de capacitación y reincorporación. La mayoría han salido para donde sus familias y sus zonas de nacimiento, pero también varios se han ido para las mal llamadas disidencias. No hay proyectos productivos, no hay tierra para que estos exguerrilleros trabajen y no hay una articulación institucional. Si bien existe el dinero de emergencia, es decir, los 690.000, en lo práctico los exguerrilleros no saben qué va a pasar con ellos en el futuro. La idea era que para esta fecha ya existieran los proyectos productivos o al menos el material básico para comenzar. Pero no hay nada. El desastre de la reincorporación desató un debate público con lo sucedido con Rodrigo Cadete, uno de los mandos medios más importantes de las Farc, quien al parecer habría reincidido y volvió al monte. La oposición a la paz dijo que se trataba de una estrategia de las Farc de crear una retaguardia armada y que todo estaba planeado. Las Farc insinuaron que se trataría de un secuestro. Pero todo parece indicar que la situación es más compleja. Cadete se habría ido al monte porque no veía futuro o prospectiva en la vida civil. El día del concierto en la plaza de Bolívar con motivo de la clausura del congreso constitutivo del partido político de las Farc, Cadete manifestó “yo que hago en este peladero”. Además dijo… “aquí no van a cumplir nada… solo tenemos unas mudas de ropa y no hay plata ni para comprarse algo”. Otro guerrillero en las zonas de capacitación manifestó: “No hay nada que hacer, ni enseñan, nada que signifique plan de choque para vivir en la vida civil… eso sí, la mayoría de la gente que se ha ido es para donde su familia a hacer una vida en medio de la nada”. Durante los diálogos de La Habana el tema de reincorporación se negoció en solo algunas horas, se hizo en ese famoso cónclave en el que se abordaron cerca de ocho temas en apenas tres días. De esa negociación quedaron varios vacíos, por ejemplo, no hubo ningún plan especial para mandos medios, tampoco nada claro sobre el modelo de reincorporación y menos del paso a paso para lograr esa reincorporación efectiva. Desde mucho antes de firmar los acuerdos de paz se sabía que el modelo de reincorporación con las Farc debía ser rural, colectivo y codirigido, mientras que el modelo que venía utilizando el Estado desde la desmovilización paramilitar, era como para rehabilitar alcohólicos, donde el reincorporado debía ir a reclamar plata de acuerdo a la cantidad de cursos y preparación que hubiese tomado, pero no había construcción de un proyecto de vida. Era un modelo urbano, individual y dirigido dispersamente por el Estado. Es decir, dos modelos totalmente opuestos. Uno de los objetivos básicos de cualquier proceso de paz es realizar el derecho a la garantía de No repetición y una de la partes fundamentales para lograr este derecho, además de verdad, perdón y reparación, es conseguir una buena reincorporación de la gente que deja las armas. Evitar que se devuelvan al monte, y garantizarles un proyecto de vida digno que provea un mínimo de sustentabilidad. Cadete llegó a manejar más de 500 personas, y a administrar miles de millones en presupuesto para la guerra, era un mando al que la comunidad le obedecía. Y ahora lo único que la sociedad colombiana le ofrece es vivir en un cambuche y dos mudas de ropa, es obvio para cualquiera determinar qué oferta es mejor. Gran parte del fracaso del proceso de reincorporación de los paramilitares fue producto de que cerca del 80 por ciento de los mandos medios reincidieron en el crimen y gracias a que nunca hubo un programa especial para ellos. El Estado colombiano ya sabía qué errores no podía volver a cometer. A la falta de un programa de reincorporación se suma el fracaso de la amnistía, aún centenares de guerrilleros siguen en las cárceles. En esta materia lo ocurrido parece un chiste, se saca una ley en diciembre de 2016, luego un decreto en febrero de 2017 para explicar la ley, y luego otro decreto que explica el decreto que explicaba la ley. Para cerrar, la rama judicial saboteó el proceso y han tenido que nombrar a muchos de estos exguerrilleros como gestores de paz. Y si a esto se le suman problemas de seguridad. Pues entonces la conclusión es que todo va mal. Aun se puede corregir, pero falta voluntad. Columna de opinión publicada en Semana.com

Tres de las leyes más importantes para que Colombia avance en su proceso democratizador y en la mejora de su sistema político, están a punto de hundirse o de ser inviables gracias al papel de este organismo, pero particularmente, gracias a Rodrigo Lara, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien parece que le está haciendo el mandado a corruptos y criminales. Es muy triste que el hijo de una de las personas que marcó la lucha contra el crimen y los corruptos, ahora juegue como uno de ellos. Rodrigo Lara avaló bandidos como Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, también avaló a la esposa y actual gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, quien es esposa del parapolítico Chico Zúñiga y tía del exgobernador Mello Cotes, cuestionado por manejos presupuestarios durante su periodo de gobierno. Es decir, de avalar bandidos con su partido Cambio Radical pasó a protegerlos y a impedir procesos reformistas para acabar con la corrupción. Rodrigo Lara engavetó durante tres semanas la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo parece indicar que su objetivo es lograr que la ley se apruebe lo más tarde posible. La explicación es que el vargasllerismo ha anclado su campaña electoral a partir de ‘proteger’ a los terceros, es decir, empresarios y políticos que se beneficiaron de los más de 50 años de conflicto, y evitar que pasen por la justicia transicional. El tema aquí es sencillo. Por ejemplo, Jorge Pretelt fue sacado de la Corte Constitucional por dos fincas adquiridas de forma irregular y que pertenecían a familias víctimas del conflicto armado. Segundo ejemplo, el expresidente del Senado Mauricio Lizcano estuvo en medio de un escándalo reciente por una denuncia de un programa de televisión en la cual se dejaba ver que la familia del senador había adquirido una finca de una familia desaparecida por grupos armados ilegales. Otro ejemplo es el Fondo Ganadero de Córdoba, quienes tienen múltiples procesos por adquirir tierras despojadas a campesinos por grupos paramilitares. Todo esto lo que significa es que los grandes beneficiados con el despojo de más de 6 millones de hectáreas de tierra a campesinos, no fueron grupos armados ilegales como paramilitares y guerrillas, sino empresarios y políticos, los famosos terceros. Aquellos que quieren que la justicia no los toque y que el proceso de paz no progrese. Por otro lado, su oposición a la reforma política es simple de explicar. Básicamente se opone a las listas cerradas. Los actuales congresistas de Cambio Radical y de varios partidos en general, no ven con malos ojos las listas cerradas, ellos creen que de acuerdo a las votaciones de 2014, ese debería ser el orden de la lista en las elecciones de 2018. Sin embargo, Vargas Lleras aspira a tener una lista con grandes personalidades y por ende quiere votación preferente. De ahí que Lara esté haciendo el favorcito de bloquear la reforma política. También Lara tuvo durante tres semanas engavetado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales de paz. Que son espacios transitorios, nuevos, en la Cámara de Representantes para las zonas más afectadas por la violencia y que deberían servir para mejorar la gestión política de estos territorios. Además se crean para garantizar la representación de organizaciones sociales de base y de víctimas del conflicto y no para los partidos que tendrán representación en el Congreso de la República en 2018. Las artimañas de Lara se fundamentan en las facultades que tiene como presidente de la Cámara. Lara ha frenado en varias ocasiones el debate de las reformas engavetando los proyectos de ley durante más tiempo de lo regular, no asignando ponentes individuales, y haciendo el registro a la 1 o 2 de la tarde para las plenarias de Cámara con órdenes del día sinsentido, cuando los debates se programan a las 4 p.m. Pero la última perla es la siguiente, el martes 4 de septiembre, para enfrentar la corrupción dentro de la Rama Judicial, se revivió el tribunal de aforados y esta vez en la reforma política. Lara pide que esta figura no vaya en la reforma política, es decir, en el fast track, sino que vaya en trámite aparte, o en un acto legislativo ordinario, lo que significa dos vueltas al Congreso, es decir, nunca se va a aprobar. Todo un razonero o mandadero, en eso terminó Rodrigo Lara. Lo que está haciendo es amparando corruptos y criminales y robando de frente a los colombianos que queremos un país mejor. Columna de opinión publicada en Semana.com

Colombia está prácticamente a seis meses de la elección del Congreso de la República, y a nueve meses de la primera vuelta presidencial. Como era de esperarse, de más de 30 candidatos a la presidencia hace algunos meses se ha pasado a una baraja de ocho candidatos con opciones reales. Seguramente luego de las elecciones legislativas se pasará a tres o cuatro candidatos con opciones de ganar. Cada vez está más claro que el país se polarizará, nuevamente y tal vez por última vez, entre guerra y paz. A pesar de los múltiples escándalos de corrupción y del esfuerzo de algunos candidatos de las nuevas generaciones por instaurar este discurso en la agenda política; son la paz y la guerra lo que polarizan a Colombia. En el de centro, centroizquierda e izquierda, un total de cuatro candidatos se disputan al menos seis millones de votos. En la derecha, dos candidatos se disputan otros seis millones de votos. Quedando cuatro millones de votos en disputa. Si bien el censo electoral está en 36 millones de personas, la tendencia histórica siempre ha dado una horquilla de entre el 53% y el 47% de participación electoral, es decir, alrededor de 18 millones de votos. La derecha actualmente tiene dos candidatos fuertes. Por un lado, hacia el centro derecha esta Germán Vargas Lleras y más hacia la derecha radical, está el Centro Democrática, el partido del expresidente Álvaro Uribe. También muy a la extrema derecha se encuentra el exprocurador Alejandro Ordoñez, pero seguramente terminará plegado al uribismo. Vargas Lleras ha optado por cuatro estrategias. Por un lado asumir una posición crítica públicamente hacia algunos aspectos del proceso de paz, pero al final su partido, Cambio Radical, vota a favor las leyes para la implementación de los acuerdos, con ello sigue manteniendo el poder burocrático que le da el Gobierno del presidente Santos. No se debe olvidar que Vargas Lleras fue su vicepresidente. La segunda estrategia ha sido la de pactar acuerdos con la clase política local y regional: se cuentan por decenas los alcaldes y gobernadores que han manifestado su apoyo. De hecho, algunos de estos políticos se quejan en privado de la presión tan fuerte que reciben de Cambio Radical. La tercera estrategia ha sido la de crear un discurso fuerte y duro contra la situación en Venezuela, el odio de la sociedad colombiana hacia Maduro es un poco más grande que hacia las FARC. Aunque suene ridículo, la estrategia de Vargas Lleras es crear la idea de que Colombia puede terminar como Venezuela, lo increíble es que hay gente que le cree. La última estrategia se dirige al empresariado. Básicamente se trata de crear miedo y pánico dentro de este conglomerado, con la idea de que la Justicia Transicional irá detrás de los empresarios. Cientos de empresarios se quedaron con la tierra que los paramilitares les despojaron a campesinos, además muchos de ellos pagaban extorsión a grupos armados ilegales. Estos empresarios no quieren ni decir la verdad ni pagar ninguna sanción por estos crímenes. Por los lados del uribismo la situación es la siguiente: el Centro Democrático actualmente tiene cuatro precandidatos y ha entablado una alianza con un sector pequeño del partido Conservador, liderado por el ex presidente Pastrana, quien tiene como figura clave a la ex ministra Marta Lucía Ramírez. Al final no importará mucho el candidato o candidata. En las encuestas uno de los porcentajes más altos lo saca “el que ponga Uribe”. La estrategia del centro democrático es muy fácil, pero poderosa. Por un lado, se trata de manifestar que el Gobierno Santos le entregó el país a las FARC (una cosa estúpida, pero repetida por millones de personas). Por otro lado, al empresariado rural le han dicho que las FARC le quitarán su tierra y que se viene una revolución agraria donde la propiedad privada es puesta en cuestión, algo igualmente burlesco, pero que lo repiten ganaderos y palmicultores. Por último, de lo que se trata es potenciar los valores morales de una sociedad conservadora como la colombiana. Hablan de lo terrible del matrimonio entre parejas del mismo sexo, del libertinaje de la sociedad y de lo malo que es reconocer minorías sociales. Al final se trata de causar pánico. Columna de opinión publicada en El país.com

Cuando se empezó a discutir la posibilidad de darle trámite a un proyecto que abriera la posibilidad de reelegir a un presidente en ejercicio del cargo, en este caso a Álvaro Uribe Vélez, se pensó también en la creación de un partido político que agrupara a quienes de una u otra manera le apoyaban. Álvaro Uribe Vélez se presentó a las elecciones presidenciales de 2002 como disidente del liberalismo a través del movimiento Primero Colombia, que avaló su candidatura a través de la recolección de firmas. Durante la campaña y ante su ascenso en las encuestas, muchos políticos, entre ellos congresistas del Partido Conservador que presionaron el retiro de la candidatura de Juan Camilo Restrepo a la presidencia de la república por el oficialismo azul, y casi la mitad de senadores y representantes del Partido Liberal, junto con algunos independientes, se le fueron uniendo, y una vez salió elegido en la primera vuelta en junio de 2002, Uribe recibió el apoyo del 50% del Congreso, lo que le facilitó la consolidación de su bancada. Ante la aceptación de la política de mano firme contra la insurgencia de Álvaro Uribe, algunos congresistas y miembros de su gabinete, opinaban que para el país no era conveniente el cambio de enfoque en la manera de gobernar, y que era mejor pensar en modificar la Constitución para permitirle al entonces primer mandatario, la búsqueda de su reelección. Al tiempo en que se discutía el proyecto de Reforma Política que buscaba acabar con la proliferación de partidos y movimientos políticos, muchos de estos considerados “de garaje”, se debatía también la creación de una nueva fuerza política que agrupara a los congresistas y demás personas que apoyaban a Uribe. Las nuevas reglas electorales obligaban a una nueva reagrupación de políticos y congresistas que en el 2006 pensaban buscar su reelección en el cargo. Estos ya no lo podrían hacer mediante pequeños movimientos, porque al no obtener la suficiente votación, desaparecerían de la escena. De esta manera se inicia un primer intento por reagrupar a los uribistas, que fracasa ante la falta de acuerdo entre sus promotores (Gina Parody, Armando Benedetti, Rafael Pardo, Oscar Iván Zuluaga y Luis Fernando Velasco). Para sorpresa de muchos, cuando la Corte Constitucional da luz verde a la reelección presidencial, Uribe busca a Juan Manuel Santos para que unifique a quienes le apoyaban. La designación no cae bien en la coalición de la seguridad democrática, porque consideraban que el entonces exministro de Hacienda no contaba con la experiencia requerida en manejo político. Para ese entonces Juan Manuel Santos ejercía oposición al Gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el exministro y hoy primer mandatario, aceptara la tarea. Es así como Santos presentó oficialmente la iniciativa de fundar el Partido de Unidad Nacional o Partido de la U y agregar a través de él, las diferentes vertientes uribistas. Al principio Uribe Vélez pareció interesarse por la unión. Incluso sugirió que para que estuviera más acorde a su proyecto se destacara más el componente social. Santos le hizo caso y cambió el nombre de la organización por Partido Social de Unidad Nacional. Al partido uribistas llegan caciques electorales que formaron su clientela en los partidos liberal y conservador. Dentro de ellos se contaba la presencia en las listas a senado y cámara de Zulema Jattin, José David Name, Roy Barreras, Juan Lozano, Luis Guillermo Vélez, Piedad Zuccardi, Armando Benedetti, Dilian Francisca Toro, Carlos García Orjuela, Mussa Besaile, Odín Sánchez y William Vélez, todos estos del Partido Liberal. Del conservatismo llega Marta Lucía Ramírez. También convergen personajes de movimientos pequeños como Adriana Gutiérrez y Manuel Enriquez Rosero de Convergencia Popular Cívica, junto con Jairo Clopatosfky del movimiento Cívico Independiente; Mauricio Pimiento de Sí Colombia; Gina Parody de Cambio Radical y Carlos Ferro de Somos Colombia. Con personajes de esta naturaleza el recién creado Partido de la U asegura el umbral y en las elecciones para senado y cámara de 2006, obtiene las mayorías. Sin embargo, como dice el dicho: “de la risa al llanto”, se inician las denuncias por los vínculos de algunos políticos con los paramilitares y el Partido de la U es de los primeros salpicados. Esta fuerza política finaliza el periodo legislativo de 2006 y 2010 con 12 senadores y 6 representantes a la Cámara con investigación por vínculos con el paramilitarismo, algunos de estos condenados. Así mismo tuvo personajes de su filiación política mezclados en los escándalos de la Yidispolítica, Notarías y Estupefacientes. Actualmente con la presencia de los senadores Bernardo Elías Vidal y Musa Besaile, ambos del Partido de la U, se inicia formalmente la investigación por la filtración de la multinacional brasileña Odebreth en las campañas de 2010 y 2014, al que esta organización política no escapa. El pecado del Partido de la U, consistió en no apostarle a la creación de una fuerza política con nuevas caras, lejos del cacicazgo y el clientelismo con el que tradicionalmente se ha ejercido la política en Colombia, y más bien quiso asegurar su cupo en el legislativo agrupando personajes de distinto color que aseguraran los votos, sin importarle si sus costumbres eran poco sanas, lo que hace que este movimiento no escape a escándalos de corrupción política en Colombia. El no escapar a ningún escándalo que se ha presentado en Colombia en los últimos años, y el perder a dos de sus más grandes electores por cuenta de Odebreth, hace que el Partido de la U corra el riesgo de desaparecer del escenario político, bien sea porque podría darse el caso de perder mayorías y quedar reducido a un tercer lugar en número de congresistas, o de que los miembros de su bancada decidan migrar a otros partidos, obligando a disolverle.

La encuesta bimestral de Gallup no deja títere con cabeza: los partidos tienen el 87 por ciento de imagen negativa, la justicia el 83, el Congreso el 80, el presidente Santos el 72 y el líder de la oposición de derechas el 50. Nadie se salva. Todas estas cosas vienen de atrás, pero en los últimos meses los escándalos de corrupción en las cumbres políticas y judiciales han empeorado el ambiente. Es una pavorosa ausencia de liderazgo y legitimidad. Situaciones de este tipo en sociedades con mayores sensibilidades éticas, con electores más libres, desatarían una enorme crisis nacional y llevarían a un cambio en las élites políticas y a una profunda reforma institucional. Aquí no. Varios analistas alertan sobre la posibilidad de que algún outsider, algún caudillo, aproveche la situación y montado en los hombros de una opinión asqueada por la podredumbre del régimen, se haga al poder y barra con los espacios democráticos que aún persisten. Dicen, cuidado, ahí está Petro o algún lider de la derecha extrema. Otros más optimistas piensan que esta crisis de liderazgo es la gran oportunidad para generar un caudaloso movimiento ciudadano y una generosa coalición política que conduzcan el país hacia una democracia vigorosa y hacia una modernización económica y social. No creo en estos escenarios. No habrá caudillo, ni salto democrático. Por una razón: aquí no hay, por el momento, indignación moral auténtica ni censura social y política. Aquí no hay ciudadanía para darle un vuelco a la competencia democrática y generar los cambios que para bien o para mal se han dado en toda la región suramericana en los últimos veinte años. Mi escepticismo viene de experiencias que me han marcado con hierro. A principios de 2008 estuve en reuniones con grupos de parlamentarios en Londres, Bruselas y Estocolmo. He contado esto varias veces. Fuí a explicarles el fenómeno de la parapolítica. Les decía que, según las investigaciones académicas que habíamos hecho, 83 parlamentarios, 251 alcaldes y 9 gobernadores, en 2002 y en 2003, habían llegado al poder con ayuda de los paramilitares. Me preguntaron en Londres: Señor Valencia, a qué partidos pertenecen esos parlamentarios y líderes políticos? Les conteste: el 95 por ciento participan de la coalición de gobierno y respaldan al presidente Uribe. Replicaron: ¿Entonces hay un gran crisis política y el gobierno se puede caer? Les dije que no, que al contrario, Uribe estaba en su segundo mandato con un enorme respaldo y los congresistas cuestionados, muchos de ellos procesados por la justicia, mantenían su caudal electoral a través de familiares o aliados políticos. Similares preguntas me hicieron en Bruselas y Estocolmo. Los miraba y veía en ellos una inocultable cara de desconcierto, no podían entender que acá no hubiese censura ciudadana para estos actos, que los electores no castigaran semejantes transgresiones a la democracia. El trago fue muy amargo. De la comprobada alianza entre las fuerzas políticas que gobernaban el país y las organizaciones mafiosas no salimos con una reforma institucional y un cambio en las casas y clanes políticos que ostentaban el poder. Los herederos de la parapolítica continuaron ganando las elecciones. Tanto que en 2014 repetimos el monitoreo electoral y concluimnos que setenta de los elegidos al congreso tenían serios cuestionamientos de financiación indebida o ilegal. Entre ellos estaban los ahora tristemente famosos Musa Besaile y Ñoño Elias que alcanzaron la segunda y la tercera votación al senado. Los pactos entre clanes políticos y organizaciones mafiosas fueron poco a poco contaminando otras instancias fundamentales de la vida pública. De un momento a otro apareció el escándalo de Jorge Pretelt en la Corte Constitucional y el de Gustavo Moreno en la Fiscalía y ahora, como en un ajedrez perverso, saltan los nombres de Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte en la Corte Suprema de Justicia. Pero si los lectores dedican unas horas a estudiar la trama de esta novela negra verán que las raíces de todo están allá a principios de siglo. Bajo la influjo de estos escándalos y de los acuerdos de paz se ha hablado en estos dos años con insistencia de profundas reformas a la justicia y a los organismos electorales. Se propuso en su momento, con gran bombo, el Tribunal de Aforados para sustituir a la a Comisión de Acusaciones de la Cámara, el mismo que se vuelve a proponer ahora. Se juró que se cumpliría a cabalidad el pacto de acoger las recomendaciones de la comisión de expertos conformada por los compromisarios del gobierno y de las FARC en la Habana para transformar el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la Comsión Quinta del Consejo de Estado. Todo quedó en agua de borrajas. Ahora se tiene la mira puesta en las elecciones de 2018. La proliferación de candidatos presidenciales independientes, comprometidos en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de reformas está generando la ilusión del cambio. Esa esperanza durará hasta las elecciones parlamentarias. Allí se verá como los herederos de Musa y del Ñoño y todos los clanes regionales aliados de las mafias bajo el amparo del Partido de la U, del Liberal, del Centro Democrático, de Cambio Radical y del Partido Conservador se alzaran con la victoria y determinarán la disputa presidencial. Entre tanto los candidatos independientes estarán dispersos y sin mayor fuerza parlamentaria. El cambio está muy lejos.

El presidente Juan Manuel Santos confirmó este lunes un acuerdo del cese del fuego bilateral con el Eln, el cual comenzará desde el próximo 1.° de octubre e irá hasta el 12 de enero del 2018. Acuerdo de Quito Septiembre 4 de 2017 Con el propósito de concretar acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, han acordado desarrollar un Cese al fuego, bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conflicto armado. Su objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población. Este cese iniciará a partir del 1 de octubre de 2017 y finalizará el 9 de enero de 2018. Para el cumplimiento de este Acuerdo se establecerá un mecanismo integrado por el Gobierno Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, la ONU, y la Iglesia Católica; que funcionará con el doble propósito de prevenir e informar cualquier incidente. Las partes establecerán los correspondientes protocolos para desarrollar este Acuerdo. En virtud de lo anterior, las partes han decidido extender el trabajo de este ciclo de conversaciones, para precisar los demás aspectos logísticos propios del Cese. El cuarto ciclo de conversaciones se desarrollará, como los anteriores, en la ciudad de Quito e iniciará el día lunes 23 de octubre. Las delegaciones agradecen a los países garantes Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela, y agradecen de manera especial al Ecuador, también garante de estos diálogos, por su hospitalidad y su acompañamiento a Colombia en la búsqueda de la paz. Por el Jefe de la Delegación del Gobierno Juan Camilo Restrepo Por el Jefe de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional Pablo Beltrán