Musa Besaile Fayad,  cordobés de origen sirio,  incursionó en el mundo de la política 12 años atrás, convirtiéndose en un fenómeno en el Caribe. Las pasadas elecciones de marzo al Congreso de la República, lo han puesto en el centro del debate por el poderío electoral que ha demostrado. Este ingeniero civil de la Corporación Universitaria de la Costa –CUC- en Barranquilla, de 44 años, se hizo representante a la Cámara en el año 2002, cuando aspiró por primera vez a esta Corporación por el Partido Liberal. En esa ocasión Besaile obtuvo el respaldo de Juan Manuel López Cabrales (líder liberal en Córdoba), excongresista entre 1994 hasta 2007, quien fue condenado por parapolítica en el año 2008. En 2006 Besaile es reelegido a la Cámara, obteniendo un total de 74 mil votos, la más alta votación de los candidatos del departamento de Córdoba a esta corporación. Para el año 2010, el escenario político cambia, y Musa Besaile se aleja del Partido Liberal, y toma la decisión de aspirar al Senado de la República bajo las toldas del Partido de La U. Al ser elegido senador, Musa Besaile, apoya a su hermano Johnny Besaile a la candidatura por la Alcaldía de Sahagún (Córdoba) en 2011.  Johnny había sido destituido como alcalde del mismo municipio en 1998, por inconsistencias en unos contratos de letrinas en la zona rural. Para ese momento los hermanos Besaile controlaban la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS). Musa Besaile, tan exitoso en su carrera electoral, ha tenido como aliados a dirigentes que han sido los protagonistas de tristes capítulos en la historia política de nuestro país. Uno de ellos,  Mario Uribe,  senador condenado por parapolítica,  primo y mentor  del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Apoyó también al exsenador Miguel Alfonso de la Espriella, quien fue el primer congresista implicado de manera directa en el escándalo de  la “Parapolítica”. De manera puntual, el senador Besaile fue objeto de acusaciones por parte del reconocido narcoparamilitar, alias “Visaje”, quien declaró ante la Corte Suprema de Justicia que junto con otros jefes paramilitares financiaron su campaña electoral en el 2006. En las elecciones de 2014 al Congreso de la República, Besaile, alcanzó una votación de 145.402 votos; un resultado electoral que lo ubica como la segunda votación más alta del país, estando solamente por debajo del senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Un resultado que duplica el total de votos obtenidos en las elecciones del año 2010, en donde Musa Besaile, alcanzó algo más de los 62 mil votos. El poder de Musa El poder político de Besaile se concentra  en el departamento de  Córdoba, su tierra natal. Fue aquí  donde obtuvo 84.867 de los 145.502 votos. Sin embargo, su resultado nacional nos indica su expansión hacia otros departamentos del país, como en Sucre donde sacó 19 mil votos;  en Atlántico 10 mil votos, y en Magdalena 8 mil votos. El poder regional de Musa Besaile se ha materializado por la injerencia directa en diferentes instituciones y entidades estatales, que tienen gran incidencia regional, como la Corporación Autónoma Regional (CVS), la cual, al poseer un enorme presupuesto, se convierte en la joya de la corona para cualquier dirigente político de la región, porque el poder que ejerce se equipara con la misma Gobernación del departamento. Asimismo, las administraciones locales como las Alcaldías de Cereté y Pueblo Nuevo, contribuyeron a su victoria. Desde la Gobernación de Córdoba, su hermano Johnny Besaile Fayad,  le permite movilizar redes de apoyo clientelista y de esa manera consolidar un caudal financiero y político significativo. En 2014 Musa Besaile, logró el apoyo de tres candidatos a la Cámara de Representantes, dos de los cuales buscaban reelegirse en dicha corporación; sus candidatos aliados fueron Nicolás Jiménez Paternina, Raymundo Méndez Bechara y Ana Lucía Madrid Hodeg. Sobre Jiménez Paternina y Méndez Bechara, deben mencionarse algunos aspectos. Lo primero, era su claro interés en conservar las credenciales como representantes a la Cámara; lo segundo, sus nuevas alianzas en cuanto a sus fórmulas al Senado, pues en las elecciones del 2010, tuvieron como aliados a otros candidatos al Senado de la República; mientras Jiménez Paternina se consolidaba de la mano de Bernardo “Ñoño” Elías Vidal, Méndez Bechara hacía lo propio con Iván Moreno Rojas, a quien  le brindó su apoyo incondicional en esta región del país. Méndez Bechara hace parte de una de las familias más tradicionales de Córdoba, y dentro de sus mayores activos está la Universidad del Sinú, institución universitaria con gran incidencia en la región. La actividad política de su familia ha sido permanente, y se destaca Mara Bechara, excandidata a la Gobernación de Córdoba, vinculada a una investigación que adelanta la fiscalía seccional de Cartagena por el homicidio del candidato a la rectoría de la universidad de Córdoba, Hugo Iguarán Cotes, ocurrido en septiembre del 2000. Asimismo, Mara Bechara, en reiteradas oportunidades, ha sido señalada de haber recibido el apoyo de grupos paramilitares que operaban en esa zona del país, según versiones entregadas a las autoridades por integrantes de esa organización como alias “El Alemán”. El segundo aliado de Musa Besaile es Nicolás Jiménez Paternina, quien fue electo representante a la Cámara para el periodo 2010 a 2014, siendo fórmula del senador Bernardo “Ñoño” Elías Vidal, para esta oportunidad se alió con Musa Besaile, buscando conservar su curul en la Cámara de Representantes. Jiménez Paternina es primo del actual alcalde del municipio de San Andrés de Sotavento, región en donde tiene su mayor caudal electoral. En su anterior campaña recibió el respaldo político de la familia Pestana, un poderoso clan político que encabeza Pedro Pestana, un dirigente condenado por parapolítica. En estas elecciones le quitaron el respaldo político a Jiménez Paternina, y decidieron lanzar su candidato propio al Senado (Yamina Pestana). En contra de Jiménez Paternina, se han cursado demandas, como un proceso de pérdida de investidura por posibles delitos electorales: constreñimiento al elector y compra de votos, proceso que finalmente fue fallado a su favor. Asimismo se adelantó una demanda por el delito de inasistencia alimentaria, proceso en el que resultó condenado. Besaile logró en su favor uno de los más sonados casos de transfugismo en ese departamento, pues a su campaña se adhirió la candidata a la Cámara Ana Lucía Madrid Hodeg, hermana del actual representante a la Cámara por Córdoba, Rafael Madrid Hodeg, conocido como el “Gordo” Madrid y quien actualmente ostenta la curul por el Partido Liberal. Este ha sido catalogado como uno de los más grandes golpes políticos que el Partido de la U, en cabeza de Musa Besaile, le haya propinado al Partido Liberal en esta región, pero en especial a la casa de Juan Manuel López Cabrales, máximo dirigente del liberalismo en Córdoba. Si bien es cierto que la familia Madrid Hodeg, históricamente ha militado en el liberalismo, también es cierto que los orígenes políticos de Musa Besaile provienen igualmente de esa colectividad y la cercanía entre los Besaile y Madrid no es nueva, pues cuando ambos militaban en las toldas de ese partido, el padre de estos,  fue el segundo renglón de la lista a la Cámara de Representantes que en su momento encabezó Musa Besaile. “Dentro de su red política se destaca el apoyo de 10 alcaldes, es decir, cerca del 33% por ciento de las Alcaldías del departamento; un diputado y 91 concejales”. “Igualmente, contó con el apoyo de los excongresistas Freddy Sánchez Arteaga y Dumit Nader”. En el cálculo político las alianzas con las administraciones locales resultaron contundentes, ya que obtuvo triunfos en los municipios de Ayapel, Buenavista, Chima, Chinú, La Apartada, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Carlos, San José de Uré y Valencia. Alcanzando algo más de 32 mil votos, suficientes para asegurar una curul en el Senado. Fuente: Boletín No. 45, Registraduría Nacional Estos resultados coinciden ampliamente con los cupos indicativos que se le atribuyen a la gestión de Musa Besaile Fayad como congresista para los municipios de este departamento, principalmente con Pueblo Nuevo, Sahagún, Chimá, Puerto Libertador y Los Córdobas, así: MUNICIPIOPROYECTOCOSTOCanaletePopayán- El Limón2.000.000.000ChimáChimá- Tuchín Chimá-Corozalito- Límite con Ciénaga de oro4.000.000.000MomilMomil- San Miguel- Bocon- Hueso Cierro de piedra3.500.000.000Pueblo NuevoPueblo Nuevo-Arenas del Sur El Poblado- El Tesoro- Piñalito4.000.000.000SahagúnGuaimaro- El Roble- Huertas Las Llanadas- Sabaneta3.500.000.000ValenciaValencia- San Pedro de Urabá Callejas Valencia4.000.000.000LoricaCotocá Abajo- El Lazo- Las Flores1.500.000.000Pueblo NuevoCentro América- Cruce Vía Betania1.400.000.000Puerto LibertadorPuerto Libertador- La Rica- Juan José4.200.000.000Los CórdobasLos Córdobas- Macondal- Cordobita- San Rafael506.404.792Los CórdobasApartada Montería Arboletes- La Ponderancia799.354.883Los CórdobasApartada Montería Arboletes- Quebradaseca844.240.325 Fuente. Noticia publicada por Caracol.com.co. Por su parte, se evidencia a nivel departamental que la representatividad porcentual se mantiene en Sahagún como centro del poderío de Besaile en Córdoba, seguido por Montería, Pueblo Nuevo y Chinú. Además tiene los apoyos políticos institucionales y líderes municipales: Fuente:Boletín No. 45, Registraduría Nacional Las líneas de la gráfica sólo disminuyen en Chimá y Cotorra para 2014. Esta reducción se puede explicar por la injerencia de otros candidatos con su maquinaria política. Aun así, Besaile demuestra que su poder electoral se consolidó en Córdoba entre el 2010 y el 2014. El senador Besaile obtuvo importantes resultados electorales fuera de su departamento de origen, una cifra cercana a los 60 mil votos; se destacan los resultados en Sucre y Antioquia,  departamentos en los que logróalrededorde 29 mil sufragios. Y nuevamente, al contrastar información relacionada con los cupos indicativos, se encuentran coincidencias llamativas en estas regiones, como se puede evidenciar en los municipios antioqueños de El Bagre, Zaragoza, Turbo  y Nechí, en donde alcanza las más altas votaciones de su colectividad, al parecer como resultado de su mediación en los más de 9 mil millones de pesos orientados por el gobierno para intervenir en vías de esta zona. Esta situación se repite en Ovejas, Sampués, Palmito, Sincé, municipios de Sucre en los que su alta votación coincide con cupos indicativos, que en materia vial fueron gestionados por un valor de aproximadamente 21 mil millones. Municipios como Zapayán en Magdalena, El Guamo y Mompós en Bolívar, reflejan una particular coincidencia entre cupos indicativos y resultados electorales altos, lo que sumado a una enorme carga burocrática, se convierten en la fórmula por excelencia para disputar con tranquilidad una curul en el Senado de la República. Debe señalarse igualmente que Musa Besaile Fayad controla la Corporación Autónoma Regional CVS, e instituciones como CAPRECOM, Fondo Nacional del Ahorro, Incoder y el Instituto de los Seguros Sociales, cuyos directores y gerentes regionales son cuotas políticas de este senador. Para el caso del Magdalena, Musa Besaile Fayad obtuvo un total de 8.605 votos (5.92% de su votación nacional). La incidencia electoral de Besaile Fayad en este departamento no es significativa en comparación con Atlántico y Sucre que le siguen en votaciones a Córdoba, pero permite evidenciar el aumento entre los periodos entre 2010 y 2014 casi en seis veces; en el 2010 marcó una alta preferencia en municipios como Guamal, Pijiño del Carmen y San Zenón. Mientras que en el 2014,  se distribuyó entre Chivolo, El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Sebastián, San Zenón y Zapayán. Fuente: Boletín No. 45, Registraduría Nacional Le puede interesar: El Ñoño Elías, mezcla de política, contratos y fútbol Los dueños de Córdoba Observatorio de la Democracia

Por un lado, cada cual ve lo que quiere ver. El fiscal vio escobas y traperos y otros vieron las más de 240.000 hectáreas de tierra, más de 20.000 cabezas de ganado y cerca de 44.000 millones en oro. Por ejemplo, los paramilitares en su desmovilización entregaron 143.000 millones, es decir, el 15 por ciento de lo que entregaron las Farc. Entre las cosas que entregaron los paras había 70 pares de zapatos y cerca de 100 instrumentos quirúrgicos. Los bienes listados por las Farc se acercan al billón de pesos. En segundo lugar, es normal que existan dudas sobre el listado de bienes, lo que debe tener en cuenta la ciudadanía es que las instituciones como la Fiscalía, la Policía o la UIAF no han perdido sus funciones de investigación o seguimiento a bienes adquiridos por grupos armados ilegales. Es decir, todas estas instituciones van a seguir haciendo su trabajo y si encuentran algún bien no enlistado va a entrar a extinción de dominio y la persona que lo hubiera ocultado perderá los beneficios de la justicia transicional. Por tanto, puede haber desconfianza, pero no se debe pensar que no habrá persecución a los bienes adquiridos ilícitamente. En tercer lugar, se debe tener en cuenta que el objetivo del listado era declarar todos los bienes, no se debe olvidar que el enriquecimiento ilícito puede ser de 7 o 50 millones y no solo de miles de millones. Esto significa que los bultos de sal, los utensilios quirúrgicos, de no ser informados podían ser considerados como enriquecimiento ilícito y por tanto bienes no declarados. Es decir, había la necesidad de enlistar todo. En cuarto lugar, el gran debate surgió con aquella carta del fiscal enviada al Gobierno. En donde la redacción de la misma fue hecha para causar un malentendido. Por ejemplo, sobre el tema de las cabezas de ganado. En la carta de la Fiscalía aduce que solo 134 tienen registro de hierro. En la vida real las Farc habían entregado más de 20.000 cabezas de ganado, pero con la redacción del documento varios medios titularon “Las Farc entregan 134 vacas”. En el transcurso del documento se puede ver la mala leche con la que se escribió. El problema adicional es que para cuando fue publicada la carta el listado de bienes no se conocía públicamente y por ello toda la confusión. Por último, el Estado lo que debe hacer es corroborar el listado de bienes y escudriñar todo lo que pueda para estar seguros de que las Farc entregaron todo. Por ello la iniciativa del ministro del Interior es importante y fue la correcta: crear una comisión para la verificación y el estado de los bienes. Pero la desconfianza con el listado de bienes de las Farc no puede significar acabar con el proceso de paz solo por suposiciones. La alternativa no puede ser devolverle las armas a las Farc y comenzar una guerra de nuevo, mientras investigamos el listado. Algunos críticos del listado francamente daban tristeza, era como si anhelaran que las Farc se rearmaran. La pregunta en medio de este debate es por qué el fiscal armó esta cortina de humo. La respuesta es sencilla. Todo parece indicar que la idea del fiscal, en conjunto con Cambio Radical y el Centro Democrático, era darle un golpe a los trámites legislativos en el Congreso. Estos dos partidos han construido su capital político a punta de infundir miedo al empresariado colombiano y quedar como los salvadores de los mismos. Por ejemplo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, ha demorado por tres semanas la discusión de la ley estatutaria de la JEP, hasta hace algunas horas no había asignado ponente. La idea de estos dos partidos es excluir a los terceros, es decir, políticos y empresarios que cometieron crímenes, del modelo de justicia transicional para lograr impunidad. Para evitar un escándalo público ante esta intención se arman cortinas de humo, coincidencialmente, por parte de uno de los funcionarios públicos más cercanos a ambos partidos. Columna de opinión publicada en Semana.com

Ser víctima de la violencia es un drama que ha causado mucho dolor y sufrimiento a miles de personas en distintos territorios de Colombia, que no solo les marca su vida a quienes lo han padecido, sino que además ha acabado con sus sueños y esperanzas, marcándoles un futuro incierto, en muchas ocasiones lejos de las zonas en donde se ha tenido origen. Se puede decir que Irma Tulia Escobar es uno de los pocos casos en que este sufrimiento de ser víctima de la violencia armada en nuestro país, se ha convertido en una oportunidad para desarrollar un liderazgo que le ha permitido darle la mano a muchas personas en su mayoría afrodescendientes, en el municipio de Tuluá – Valle, en donde reside. Irma Tulia Escobar es madre cabeza de familia. Tiene tres hijos. Vivía de la producción de mora en la Mansión, un corregimiento de Monteloro (Valle del Cauca), pero en el año 2005 asesinaron a su hermano. Ella tuvo que desplazarse a Tuluá. Al llegar a Tuluá, Irma Tulia decide liderar el acompañamiento a las demás personas en situación de desplazamiento en el municipio y las zonas veredales, en su mayoría mujeres afrodescendientes víctimas del conflicto, que además tenían la condición de ser madres cabezas de familias. Una de las primeras metas que se propone esta líder vallecaucana es la de ayudarles a gestionar una vivienda digna a estas mujeres, teniendo que enfrentar a la institución en la localidad, quien según ella, no quería aceptar que en el municipio habían personas afectadas por el conflicto armado, y que se requerían medidas de urgencia. Sus compañeras de lucha la motivan a crear y a asumir el liderazgo de la Fundación Luz de Esperanza, a través de la cual gestionan proyectos de vivienda. Sin embargo, cuando obtienen este fin, las personas víctimas del conflicto que son beneficiadas con esta medida, se dan cuenta de que no es suficiente y junto con Irma Tulia, inician el proceso de organización y empoderamiento de su comunidad a través del reciclaje, con reuniones de sensibilización, charlas, recreación, creación de microempresas, capacitación permanente, etc. Irma Tulia gestionó la educación gratis para mujeres afros, desplazadas y madres cabezas de familia. Para esto fue necesario la sensibilización a los profesores del municipio para que les dieran un mejor trato a la población afro que ella ayudaba. Las amenazas contra su vida no tardaron en llegar. En una ocasión le marcaron la puerta de su casa con sangre e intentaron entrar. Intentó denunciar. Pero en la Fiscalía le dijeron que si no tenía la identidad de quien lo había hecho, no podían recibirla. Acto seguido, la sede de la fundación que lidera fue víctima de un atraco. La cámara en donde estaba el registro de los líderes que conforman la organización desapareció. En marzo de 2010 le llegó un mensaje a su celular que decía que debía irse y meses después recibió un planfleto firmado por las Farc, que anunciaba «muerte a los sapos». Irma Tulia se llenó de valor y no desistió de su labor social, la misma con la cual ha logrado la reivindicación de los derechos de cientos de víctimas del conflicto en el municipio de Tuluá y sus zonas cercanas. Irma Tulia Escobar hizo parte del panel de líderes sociales invitados a participar en el Conversatorio: ¿Cómo resolver conflictividad local en el posconflicto? – Bogotá, convocado en mayo de 2017 por la Fundación Paz & Reconciliación, la Redprodepaz, Colombia 2020 y la Universidad Central.

Me cuesta creerlo. Leí a María Isabel Rueda citando a Pedro Medellín, quien revive la discusión sobre la vinculación del Estado y los paramilitares, y los dos dicen que es absurdo establecer este vínculo. Leí luego a opinadores y a varios activistas en redes sociales que apoyan la tesis. Leí después a Rodrigo Uprimny, quien pacientemente trata de explicarle a María Isabel la pertinencia del proyecto de acto legislativo que prohíbe el paramilitarismo como parte de los acuerdos entre las Farc y el gobierno nacional. Estaba convencido de que esa discusión ya no existía. El Estado, en cabeza del presidente Santos, aceptó en La Habana la justicia especial para la paz que admite sin ambages que agentes del Estado y actores civiles deben concurrir a los tribunales de la JEP y a la Comisión de la Verdad, para confesar los delitos que cometieron en la lucha contrainsurgente. Eso, precisamente eso, fue lo que permitió que las Farc aceptaran los secuestros, los graves ataques a la población civil, el narcotráfico, los crímenes de guerra, en fin, las múltiples violaciones al derecho internacional humanitario. Antes también mentían abiertamente o utilizaban otras denominaciones para referirse a estos delitos en una actitud que sonaba igualmente estúpida. Es muy probable que Santos exministro de Defensa, Santos que conoce como nadie el poder por dentro, Santos que tiene especiales habilidades estratégicas sepa mil veces más que María Isabel Rueda, más que todos los opinadores ahora espontáneos defensores del Estado, y tenga en su cabeza que en 1965 y en 1968 mediante el Decreto 3398 y la Ley 48 se autorizó la defensa civil; que luego en 1994 en el Decreto Ley 356 se permitieron las Convivir que se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia; que posteriormente, en 2003, el presidente Uribe llamó a la acción a miles de campesinos bajo la denominación de “soldados de mi pueblo” para labores de inteligencia y de apoyo a las Fuerzas Militares. Digo esto solo para indicar algunas medidas legales que propiciaron la vinculación de civiles a la defensa del Estado y a la lucha contrainsurgente. Sin hablar de la aceptación tácita o de la legitimación pública que tuvieron esas fuerzas aún en el apogeo del horror, a finales de los años noventa y de los primeros años del siglo XXI, cuando Castaño y Mancuso se pavoneaban en las reuniones y en la prensa como salvadores del país. Era tal su legitimación que cuando se produjo su desmovilización, el 90 por ciento de los jefes paramilitares no tenían procesos judiciales y la Fiscalía utilizó sus propias versiones libres en los tribunales de Justicia y Paz para incubarles las acusaciones y poderlos retener en las cárceles. Rueda y Medellín tienen como argumento para escamotear la responsabilidad del Estado en la emergencia y proliferación de estas fuerzas ilegales, que sembraron el terror en el país y afectaron gravemente las instituciones democráticas, el que en algún momento los organismos de Justicia reaccionaron y llevaron a la cárcel a cerca de 600 líderes políticos –entre ellos 61 parlamentarios– y a miles de miembros de la fuerza pública por estas alianzas. Que además eran hechos individuales y aislados, la famosa teoría de las manzanas podridas. Pero la politología norteamericana ha acuñado el nombre de “Estados híbridos” para estas situaciones; realidades donde una parte de las instituciones y de sus agentes respetan a cabalidad el Estado de derecho y otra parte de las instituciones y de sus agentes lo vulneran, otra parte ataca desde adentro a la democracia. Fuimos y somos un Estado híbrido donde instituciones enteras han caído en manos de los criminales. Tenemos que darnos la pela como sociedad, aceptar esta triste realidad y proceder a tomar todas las medidas legales y prácticas para que este termine y no vuelva a ocurrrir. También en las negociaciones entre el gobierno y el ELN en Quito está candente el tema. La guerrilla insiste en volver transparente esa realidad y dar a conocer los manuales de operaciones y todas las directivas que prohijaron el involucramiento de civiles en el conflicto como víctimas o como aliados en la lucha contrainsurgente. Insiste en medidas prácticas para deshacer ahora mismo los silencios o la inacción o las complicidades de actores estatales con quienes están matando a los líderes sociales. Esto no les hará daño a las Fuerzas Militares colombianas que han mostrado la mayor sensatez y compromiso en el proceso de paz con las Farc. Al contrario, los pondrá de cara a la justicia transicional que permitirá la salida de la cárcel de los militares hoy acusados o condenados, siempre y cuando confiesen sus desviaciones y delitos, y preparará a la fuerza pública para doblar esta página oscura de la historia de Colombia donde la guerra sucia se convirtió en un pan de cada día. Implicaría, desde luego, una decisión inapelable en el ELN para comprometerse –en el marco de un cese bilateral al fuego y a las hostilidades– con el abandono del secuestro y la voladura de oleoductos; y para empezar, igualmente, a transitar el doloroso camino de reconocer crímenes como el de monseñor Jaramillo en Arauca y las diversas afectaciones a la población civil en los largos años de su alzamiento armado. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El 27 de junio, la guerrilla de las FARC entregó al componente de monitoreo internacional la dotación individual de armas; es decir, la dotación mínima con la que cada guerrillero andaba. La semana pasada, los contenedores que almacenaron las armas salieron de las zonas de ubicación donde se concentraron los guerrilleros durante varios meses para su dejación. Con esto, se podría decir que las FARC, entendida como guerrilla, desaparecieron. El mismo día en que se cerraba el contenedor con el armamento, se conoció el balance de la recuperación de las caletas. Las armas de la dotación individual no eran las únicas que tenía la guerrilla, también había centenares y toneladas de explosivos y municiones. Dicho material era escondido en zonas apartadas y se sacaba cuando la necesidad de la guerra lo pidiera. Las FARC entregaron las coordenadas de 949 caletas. El mecanismo de monitoreo es el encargado de la extracción de estas y ya ha recuperado cerca de 600. El balance hasta el 15 de agosto fue de poco más de ocho mil armas entre caletas y dotación individual. 22.000 kilogramos de diferentes explosivos, 293.803 municiones de diferente calibre y cuatro mil granadas de mano, entre otros materiales. Con todo ello, el miércoles de la semana pasada, fue el primer día, después de 53 años, en que Colombia se levantó sin la amenaza más grande a la seguridad que ha tenido. Las FARC desaparecieron como guerrilla y ahora están en proceso de convertirse en un partido político. El próximo 26 de agosto se realizará el Congreso constitutivo de dicho movimiento y el 1 de septiembre se conocerá su nombre, su estructura, el cuerpo directivo y los guerrilleros que saldrán a hacer política y a buscar votos para las elecciones nacionales de marzo de 2018. El tránsito de las armas a la política de las FARC tiene dos grandes sombras. Por un lado, los retos en materia de seguridad para los exguerrilleros y el liderazgo social emergente del proceso de paz. En total, nueve exguerrilleros y 61 líderes han sido asesinados desde la firma de los acuerdos. Es decir, que en Colombia cada cuatro días se asesina un líder social. La segunda sombra, es lo ocurrido en la década de los ochenta, cuando las FARC también intentaron participar en política y crearon un gran partido junto a sectores alternativos. Más de cuatro mil miembros de ese movimiento fueron asesinados. Cayeron a manos de paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales, una alianza que siempre se ha hecho a la hora de exterminar la oposición a la dirigencia local y regional del país. Ahora el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas en cabeza del vicepresidente Óscar Naranjo, que han comenzado a dar resultados, pues la intensidad de la violencia contra líderes sociales ha descendido, aunque los retos son importantes. En materia política, los debates entre los exguerrilleros son profundos. Desde el nombre del nuevo partido, pasando por el orden de las listas a Congreso, hasta el ideario programático e ideológico. Para la mayoría de la base política la sigla FARC debería mantenerse, quedando Frente Amplio para la Reconciliación de Colombia (antes era Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero una parte de la dirigencia sabe que esa sigla tiene un gran peso negativo en zonas urbanas, que es donde hay más votos. Sin embargo, parece inevitable que el nombre FARC se mantenga. El debate más acalorado está en el ideario ideológico y programático. La parte más dura de la comandancia guerrillera piensa en formar un partido marxista leninista, o lo que es lo mismo, una estructura política típica de la guerra fría. Esto significaría alejar sectores con lo que pueden aliarse electoralmente, asumir un lenguaje que no le dice nada a la juventud de hoy y cargar con el lastre de la crisis de Venezuela. Todo se sabrá entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre. ¡Adiós a las armas y bienvenidos a la política! Columna de opinión publicada en Elpaís.com

Foto: Revista Dinero Toda la costa pacífica colombiana, sobre todo la costa nariñense y principalmente Tumaco es una zona de disputa criminal. Allí operan 11 grupos criminales y se pelean metro a metro el poder del puerto. El botín es inmenso y la ausencia institucional también. La radiografía es la siguiente: Hay tres grandes estructuras criminales, dos medianas y siete pequeñas -tipo local-. Por un lado está el grupo que se hace llamar Guerrillas Unidas del Pacífico, al mando de alias David, cuentan con cerca de 300 hombres, de ellos, unos 40 fueron guerrilleros de las Farc, el resto es gente nueva. Este grupo controla más del 40 por ciento del territorio rural de Tumaco, se ha expandido a Barbacoas, Pizarro y se sabe de la cercanía con los municipios de la Sierra, principalmente Policarpa. En la zona urbana de Tumaco opera el grupo Nuevo Orden o también llamado Gente del Orden. Se compone de al menos 200 personas, de las cuales, unas 100, trabajaron para las Farc cuando esta guerrilla dominaba la región, no se les puede llamar milicianos, ya que no hacían parte de las Farc, cumplían algunos trabajos como contratistas, lo cierto es que las Farc no los reconocieron como milicianos y rápidamente se reagruparon en esta estructura criminal. Luego, en los límites con el municipio de Francisco Pizarro opera el Clan del Golfo, al mando de alias Cusumbo, quien cuenta con una estructura pequeña pero bastante fuerte en términos militares. De hecho se sabe que estos ya pactaron con alias David. Las dos estructuras medianas son La Empresa, que según información de la Fundación Paz y Reconciliación es la misma Empresa que opera en Buenaventura, está llegando por la zona de Magüí Payán y controla parte del corregimiento de Junín. También en este grupo de estructuras medianas está el ELN, que cuenta con una muy pequeña comisión, pero que en cualquier momento pasará a extenderse por toda la zona. Todo parece indicar que han creado nuevamente la Compañía Héroes del Sindagua. Luego vienen una serie de estructuras pequeñas, como Los Negritos, Gaula, entre otros, que controlan pequeñas zonas o corregimientos y que se componen de entre 15 y 25 personas. Las Farc cumplieron y se replegaron con el proceso de paz, esto causó un vacío de poder que trajo consigo una disputa que va incrementándose. Con ello, el homicidio, contrario a la tendencia nacional aumentó. La siguiente gráfica muestra el comparativo de homicidios del primer semestre de 2016 con el mismo periodo de 2017. Además para mantener el ritmo de la guerra, las organizaciones criminales han incrementado de forma sostenida y progresiva la extorsión. En corregimientos como Llorente por lo menos el 80 por ciento de la población paga a los criminales. También en Tumaco hay fronteras invisibles como por ejemplo entre las zonas de Familias en Acción vs. Nuevo Milenio y en la zona de Panamá vs. Viento Libre. A nivel rural la disputa se centra por las zonas de cultivos de hoja de coca que ya superan las 20.000 hectáreas. Ya hasta se presentan toques de queda, en el Barrio Brisas del Aeropuerto nadie sale luego de las nueve de la noche y por si fuera poco el grupo de alias el Pollo, que se sometió a la justicia hace algunas semanas, mantiene una confrontación con Gente del Orden, inclusive con armas largas, todo a pesar de haberse sometido a la justicia. La Alcaldía se encuentra desbordada ante la problemática y le ha tocado al propio vicepresidente de la republica ponerse al frente de la situación. Ha creado una serie de centros de atención al ciudadano que comienzan a dar buenos resultados. La población se acerca al Estado, la articulación institucional ha mejorado. Sin embargo lo que está fallando es el Ministerio de Defensa. No sé si sea una percepción errónea, pero en lo que coinciden muchos analistas es en que el ministro Villegas solo sabe hacer buenos Power Point, pero en el terreno nada de nada. Columna de opinión publicada en Semana.com

El boom de las firmas para inscribir candidatos en el 2018 permite entrever que estamos ad portas de dos cosas: una crisis de representatividad y una clara falta de regulación sobre la participación política. Desde el 2005 se abrió la oportunidad de inscribir a cualquier ciudadano para participar en elecciones locales, parlamentarias y presidenciales, una opción que se presentaba como contrapeso al monopolio de los partidos políticos. Sin embargo, desde las pasadas elecciones locales -2015-, la tendencia a inscribirse como candidato a cualquier corporación por este mecanismo se ha incrementado exponencialmente. Me voy a centrar en las próximas presidenciales. Mientras que para las elecciones presidenciales de 2014 se presentaron 7 candidatos por firmas, para 2018 van inscritos 6 comités promotores que esperan recolectar 400 mil firmas cada uno. Los 6 comités buscan firmas para candidatos de todas las orillas, que esperan llegar a la Casa de Nariño: Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón, Clara López, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, y ahora Humberto De la Calle. Es decir, un aproximado de 2 millones 400 mil firmas. Se podría preguntar un ciudadano ¿Hay firmas para tantos candidatos? La respuesta es sí, de hecho, según el concepto del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, las firmas no son excluyentes. Cualquier persona apta para votar puede dar su firma para apoyar la candidatura de uno o todos los 6 candidatos que han decidido subirse al bus del apoyo significativo de ciudadanos, sin contar las posibles decenas de candidatos al Congreso. En efecto, serían menos de 2 millones de firmas. Pero aunque las firmas no sean excluyentes, los votos sí lo son. Este fenómeno se puede explicar con mayor precisión si se toma como ejemplo la recolección de firmas para llevar a cabo la Consulta Anticorrupción promovida por el Partido Verde, de la senadora Claudia López. El mecanismo de firmas utilizado para impulsar la Consulta, como un mandato obligatorio, logró radicar ante la Registraduría Nacional un total de 4 millones 313 mil 963 rúbricas, de las cuales deben ser válidas solo 1’762.060. Aunque se busque determinar, equivocadamente, una relación directa entre la Consulta y la campaña presidencial de Claudia López, las firmas no significan votos; en otras palabras, las más de 4 millones de firmas no serán el capital político de López para las presidenciales, entre otras cosas, porque las firmas se recogen en la calle mediante promotores y en otras condiciones. Entonces, una persona puede encontrarse un recolector de firmas en la calle y apoyar la Consulta, pero para las elecciones a las personas no las llevan al puesto de votación ni mucho menos se movilizan por los mismos motivos de apoyo. En ese sentido, los comités promotores de firmas para 2018 pueden salir a buscar rubricas pero, aunque las consigan, esto no significa que la gente vaya a votar por sus candidatos. Y si se trata de ser más riguroso, el mecanismo de recolección de firmas para la Consulta del Partido Verde, por ejemplo, se sustenta en la inconformidad generalizada con el sistema corrupto y en la supuesta pequeña oportunidad para cambiarlo. Al menos ese es el mensaje que quieren dar. No obstante, una reforma anticorrupción debe ser mucho más profunda, y lo que ofrece la Consulta del partido Verde es una aspirina para curar un cáncer. En el caso de las Presidenciales del 2018, la sobreoferta de candidatos que no buscaron el aval de los partidos tradicionales y ahora se inscriben mediante firmas, se traduce en una crisis de representatividad. Estas figuras sobre las cuales se quiere llegar a la Presidencia fomentan el caudillismo y no se define tampoco si existe doble militancia. Una estrategia perfecta para desdoblar el establecimiento y desmarcarse, supuestamente, del nido de corrupción de los partidos. Mediante el mecanismo de las firmas se crea la ilusión a los ciudadanos de que el candidato es independiente, pero esto no significa que sean alternativos Lo que llama la atención es que no es una estrategia para desmarcarse solo de los partidos tradicionales, sino de todos aquellos nuevos, como Cambio Radical, El Polo, Alianza Verde y hasta el Centro Democrático. Con lo que se puede concluir que ningún partido, ni tradicional ni nuevo, ha logrado reunir las características para impulsar un candidato que nos represente. Por esta razón, la nueva reforma electoral que transita para su modificación y aprobación en el Congreso de la República plantea que “Los grupos significativos de ciudadanos podrán postular candidatos a cargos de elección popular conforme a lo señalado por la ley hasta el 31 de octubre de 2019. Con posterioridad a esta fecha únicamente podrán postular candidatos en las elecciones municipales y distritales”. Esto significa que no se podrán volver a presentar candidatos a Congreso y Presidenciales por firmas a partir de 2019, solo se podrá hacer para elecciones locales. Si bien se limitan las inscripciones de candidatos solo a elecciones municipales y distritales, esto significa que la búsqueda de eliminar el monopolio de los partidos funcionó en extremo, tanto que la mayoría de candidatos a las presidenciales no van por el aval de algún partido. Pero se ha tenido que volver al fetichismo legislativo para volver a fortalecer los partidos políticos que no han logrado representarnos. Sin lugar a dudas, todo un fracaso del sistema representativo y políticos del país. Columna de opinión publicada en ConlaOrejaroja.com

Luego de un conflicto armado de baja intensidad que se prolongó por más de cincuenta años, quizás el mayor reto que tiene la sociedad colombiana es la reconstrucción de una nación fragmentada política, social y económicamente. En lo político, la agenda de construcción local del Estado y la reconciliación son los ejes del debate. En lo económico y social, el desarrollo con enfoque territorial y la apertura democrática marcan el avance de la discusión. Sobre esto último, es importante traer a colación tres ideas fuerza con las cuales la Misión para la Transformación del Campo (liderada por José Antonio Ocampo), adelantó uno de los estudios más completos sobre la ruralidad colombiana: i) se debe fomentar un enfoque territorial participativo en el cual se reconozca a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo; ii) la concepción del desarrollo como un proceso integral que implica inclusión tanto social, como productiva; iii) se debe promover un desarrollo rural competitivo y sostenible. La coyuntura de implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc-EP y los diálogos con el ELN, han puesto en el centro del debate los alcances de la denominada Paz Territorial. Hoy, cuando las zonas más afectadas por el conflicto se preparan para asumir la elaboración e implementación de los PDET, así como la agenda de participación que atraviesa el proceso con el ELN, la discusión sobre el llamado «modelo de desarrollo» cobra inusitada vigencia y relevancia. Uno de los asuntos en dónde se ha centrado este debate, entre la nación y el territorio, es justamente en las actividades minero energéticas. Evidencia de esto es la alta conflictividad social del sector y la utilización de la consulta popular como mecanismo para cuestionar la manera de decidir y desarrollar los proyectos y operaciones de estas industrias a lo largo de la geografía nacional. Ahora bien, la discusión alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales –en particular de los recursos minerales, hídricos y fósiles– se encuentra en un punto de inflexión marcado por una fuerte polarización, un incipiente debate técnico, y posturas maximalistas de todos los actores del sector. Las miradas críticas se hacen desde el conocimiento fragmentario y no desde la interdisciplinariedad, necesaria para entender realidades complejas como la de la industria minero energética. Estas deficiencias en la discusión han llevado a que el diálogo y la concertación se dejen en un segundo plano, y se adopte una estrategia de veto desde los territorios, a través de las consultas populares En la Minería en el Posconflicto. Un asunto de quilates (2017), Fundación Paz & Reconciliación documenta y analiza 176 conflictos relacionados con las industrias minero energéticas. Albert O. Hirschman –el gran economista del desarrollo y un académico interdisciplinar– señalaba que un verdadero debate democrático implica “mantener cierto grado de apertura o provisionalidad en sus opiniones y estar dispuestos a modificar sus convicciones como resultado de los argumentos de sus contrapartes o de la nueva información que pueda surgir de los debates públicos”, pues en caso contrario lo que hay es una superposición de dogmatismos que se excluyen mutuamente, como lo plantea Alejandro Gaviria. Es eso justamente es lo que ha venido sucediendo en el debate sobre la industria minero energética en Colombia. Desde el gobierno, las comunidades y las empresas se han generado narrativas excluyentes que no permiten generar consensos. En cierta medida, una discusión que pasa por lo técnico y lo ideológico, se ha centrado únicamente en lo segundo. En esta coyuntura, la industria afronta una crisis de legitimidad que limita las posibilidades de operar con licencia social y que solo se resolverá en la medida en que empresas, comunidades y Estado entiendan el valor de dialogar para concertar intereses y construir visiones compartidas del territorio. A continuación, se enlistan algunas de las razones por las cuales creemos que es fundamental avanzar en el diálogo territorial sobre el sector. Existe una brecha de participación en lo relacionado con el ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo. Desde el punto de vista de las comunidades e incluso de los gobiernos locales, la decisión de asignar un título minero, un bloque petrolero o la construcción de una represa, se toma desde el gobierno nacional. El marco de participación de las comunidades (además de tardío) se circunscribe –en lo legal– a las audiencias públicas ambientales, espacios que tienen como objetivo la socialización de información, pero no el debate o la concertación. Si algo muestra el boom de consultas populares es que hay una gran demanda de participación efectiva que no ha sido satisfecha. El sector minero energético es fundamental desde una perspectiva macroeconómica y de política social. De acuerdo con la información oficial, el sector de minería e hidrocarburos aporta ingresos a la nación por cerca de 13 billones de pesos al año, financiando cerca de la tercera parte de los recursos de inversión del presupuesto general de la nación y generando ingresos para cerca de 1.5 millones de familias colombianas, un ingreso promedio de cuatro salarios mínimos. Con los impuestos y regalías que genera la industria se han financiado programas como Familias en Acción, las viviendas gratuitas a familias vulnerables, e incluso proyectos de infraestructura vitales para el país como las 4G. Este es un argumento fundamental para entender por qué la decisión alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales no es una decisión exclusiva de los territorios o del gobierno nacional, es una decisión que compete a los dos y por ello la corte ha indicado que es necesario partir de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Gran parte de la conflictividad en el sector está relacionada con el actual modelo de gobernanza de los recursos naturales, es decir, el conjunto institucionalidad-normatividad-políticas públicas que orientan el aprovechamiento de la riqueza geológica del país y que cuenta con múltiples falencias. Este no es un tema menor, pues los arreglos institucionales y los acuerdos sociales basados en el diálogo y la concertación son dos elementos habilitantes para que el sector minero energético pueda contribuir efectivamente al desarrollo territorial, en especial en la ruralidad del país. Esto para decir que el diálogo territorial debe servir para poner en evidencia dichas falencias y encontrar propuestas viables que permitan repensar y ajustar la institucionalidad y la normativa que regulan las actividades de la industria. Las reformas del sector deben contar con un marco participativo amplio de modo que puedan realizarse de manera legitimada, solventando las preocupaciones territoriales. Le recomendamos: Debate: Necesidad de un diálogo territorial minero energético

Uno de los pilares de un posconflicto es profundizar la democracia y garantizar la participación política de minorías que surjan de ese proceso. No solo se trata de que las Farc participen en política, aunque sea muy importante. Las minorías políticas de la paz pueden ser más de 500.000 personas. Desde la época de la Violencia en los años cincuenta del siglo XX y hasta la última oleada paramilitar de 1997, miles de campesinos fueron expulsados de las zonas centrales del país y la costa Atlántica. Se vieron obligados a ir selva adentro, colonizando el sur y sur oriente del país. Por ejemplo, de Boyacá en los años de la Violencia fueron expulsados miles de campesinos que colonizaron los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo. A medida que se metían a la selva, iban formando pequeños caseríos, algunos recibieron el nombre de La Libertad, Nueva Esperanza o Nuevo Porvenir, añorando los días en que vivían en paz. Estos campesinos sin tierra, nunca formalizaron su propiedad, muchas veces sus hijos no tenían ni registro civil, eran algo así como hijos de la selva. Ante la ausencia de vías terciarías, de propiedad formal y ausencia institucional, nunca se pudo construir un mercado interno y muchas de estas personas, para sobrevivir, comenzaron a sembrar coca y con ello a ser perseguidos por el Estado. Es decir, son generaciones que lo único que conocen del Estado es la persecución: se les acusaba de ser liberales o conservadores, luego de ser comunistas y luego de ser raspachines. También los persiguieron las Farc, los paramilitares y hasta grupos de narcotraficantes, y cada vez que llegaba una nueva ola de violencia la población se movía, durante años, fue una población flotante, que despectivamente fueron llamados colonos raspachines. Pues bien, esta es la gente que debe convertirse en ciudadanos. Necesitan cédula, vías, mercado local y que les formalicen la tierra. Dentro del tema de los derechos políticos el más importante es el voto. La gente nunca ha votado, no solo porque muchos no tienen cédulas, sino porque o no creen en el sistema o por que los puestos de votación están muy lejos. Al ritmo que vamos para esta población el reconocimiento del derecho al voto no se dará. Tres son los problemas. Primero, los puestos de votación están muy lejos de donde viven los habitantes, a veces a tres o cuatro horas de camino. El siguiente mapa elaborado por la Misión de Observación Electoral muestra las dificultades de acceso a los puestos de votación. Nótese como cada dos mil kilómetros hay un puesto de votación en las zonas de riesgo extremo. El segundo problema es que el 41 por ciento de los puestos de votación están sin georreferenciar. Estos se ubican en zonas rurales, y en cada elección las autoridades electorales los cambian de ubicación: los mueven de una escuela a otra, o sencillamente los trasladan a zonas urbanas bajo cualquier disculpa. No hay una regularidad como en zonas urbanas. Generalmente algunos políticos influyen en el traslado de los puestos para poder ganar. Aunque en las actas siempre se pone la disculpa de la seguridad y problemas de orden público. El tercer problema, es que no se conoce una estrategia de cedulación y de inscripción de cédulas en zonas rurales. La registraduría no tiene ninguna estrategia más allá de las que siempre ha hecho. Por otro lado, en 2015 se anularon miles de cédulas por supuesta trashumancia o trasteo de votos. Si bien muchas sí eran trasteo de votos, en muchas zonas rurales producto de las treguas unilaterales de las Farc y del repliegue de la guerrilla, se creó un ambiente de paz y muchos salieron a inscribir cédulas, miles las anularon y la gente no pudo votar. Ojalá esta vez no pase lo mismo.

El deporte nacional en Colombia nuevamente lo encabeza el ciclismo -no solo de futbol vive el hombre-, ya son cinco años de cosechar triunfos en las tres vueltas grandes europeas. También en los últimos años el país ha entrado en una polarización increíble, un país dividido entre la guerra y la paz o mejor un país dividido, por primera vez, en dos grandes fracciones de élites: las urbanas modernas que quieren dejar atrás años de violencia y otras élites regionales y rurales que se resisten al cambio. O también una división entre Santos y Uribe. La polarización llevó a que la carrera presidencial hubiese arrancado mucho antes de lo normal, estamos a siete meses de las elecciones a congreso y a 10 meses de la primera vuelta presidencial. Es decir, es una carrera larga, como de esas del ciclismo que duran tres semanas: el Tour de Francia o la vuelta a España, de hecho, esta última está por comenzar. Hace algunos días salió la última encuesta presidencial. Cuatro datos son interesantes. Por un lado, es un país polarizado, donde los extremos llevan la delantera y el centro queda mal parado. Puntean el exvicepresidente German Vargas Lleras quien se encuentra en el espectro de la derecha, y lo sigue apenas con un punto de desventaja el candidato más de izquierda en la contienda electoral; Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. El otro dato increíble es que el país comienza a cansarse de la pelea entre el senador Uribe y el presidente Santos. Por primera vez en la historia la imagen negativa de Uribe supera a la positiva, la diferencia es de más de 15 puntos según la encuesta de Polimétrica. Esto significa que hay espacios para nuevos liderazgos y aún está abierta la carrera, estamos en la primera semana de la competencia. El tercer dato es que candidatos que se creían iban a tener mayor fuerza, no terminan de despegar. El exnegociador de paz Humberto de La Calle no despega. Otro dato es que la opción “el que ponga Uribe” llega a 11%. Como se dice en ciclismo; estamos en la primera semana de la competencia, son muchos los que aparecen con opción en las encuestas. Entre septiembre y octubre se desarrolla la segunda semana de la competencia, allí el partido liberal, los verdes y el centro democrático realizarán los congresos partidarios y seleccionarán candidatos o al menos el mecanismo para escoger el candidato, ya sea una consulta o una encuesta. La etapa reina de la vuelta será en marzo de 2018, dos meses antes de la primera vuelta presidencial. Generalmente la etapa reina en ciclismo son tres puertos de primera categoría y al menos dos fuera de categoría. Para la carrera presidencia la etapa reina es el día de las elecciones a congreso de la república. Esta etapa hace un proceso de selección, solo quedan los tres o cuatro ciclistas que en la vida real tendrán opciones de ganar. Aún quedarán otras etapas de alta montaña, que serán la primera y segunda vuelta presidencial. En la etapa reina candidatos como Petro u Ordóñez no lograrán sacar un solo senador y se hundirán en la siguiente encuesta, es decir, son candidatos fuertes en la primera y segunda semana de la competencia, pero se hunden en la tercera. Los seguramente seleccionados en la etapa reina, serán “el que ponga Uribe”; Vargas Lleras; y entre los de centro y de nueva generación podría estar Sergio Fajardo, siempre y cuando logre una coalición para una lista con los verdes a senado y cámara, o también Claudia López esta en este espectro. Y seguramente habrá un cuarto candidato, pero aun es difícil saberlo; podría ser Humberto de La Calle o incluso el propio Petro o Clara López, todo dependerá de las elecciones legislativas. Lo cierto es que el país está y estará polarizado, parece inevitable que se reduzcan los niveles de agresividad y las posiciones extremas. Habrá que ver si en medio de los extremos el centro tendrá alguna opción. Columna de opinión publicada en el país.com

Los datos de la violencia homicida son realmente increíbles. Cada 15 minutos en América Latina y el Caribe ocurren cuatro homicidios y cada día 400, al menos, esos son los datos que aporta la campaña ‘Instinto de Vida’, cuyos miembros han desarrollado toda una estrategia para bajar los homicidios en América Latina en un 50 por ciento en 10 años. Otras cifras son importantes a la hora de hacer los análisis. Por un lado, desde el año 2000 han muerto 2,6 millones de personas en la región producto de la violencia homicida. Obviamente y como era de esperarse, Colombia, Brasil, México, Centroamérica y más recientemente Venezuela aportan los número más importantes. Haciendo una revisión de datos adicionales, se llega a varias conclusiones. Por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tal vez la región más violenta por años. Si se agrega la información desde 1995 hasta 2015, se podría decir que las cifras son similares a las que se darían en una guerra civil. De hecho, los datos podrían ser más altos ya que las cifras venezolanas no las hace públicas la institucionalidad. También resulta curioso cómo muchos países que han mejorado sustancialmente la equidad y han invertido en las zonas más violentas, no ven una mejora en la violencia homicida. Por ejemplo, Brasil en los últimos años sacó más de 20 millones de personas de la pobreza, pero la tasa de homicidios está en 27 por 100.000 habitantes, es decir, casi 5 puntos por encima de la colombiana. También llama la atención el deterioro acelerado de Venezuela y los niveles de sevicia de la violencia en México. Si se hace un análisis más detallado, se llega a la conclusión de que hay zonas urbanas que concentran gran parte de esta violencia dentro de un país. Es decir, la violencia no se distribuye homogéneamente, sino que se concentra en pequeñas partes de un país. Por ejemplo, para Colombia en 2016, 21 ciudades aportaron el 45 por ciento del total de homicidios del país, mientras que los 281 municipios del posconflicto, es decir, donde operaron las guerrillas, aportaron el 26 por ciento. Varias zonas donde se vivió el conflicto han mejorado sus indicadores de seguridad. En el siguiente pastel se ve la distribución del homicidio para Colombia en 2016. Al discriminar los datos por grupo etario se llega a la conclusión de que la mayoría de los homicidios se concentran en jóvenes, en edades que van de los 16 a los 28 años. En todos los países de la región es exactamente lo mismo. Además la gran mayoría son asesinatos de varones. Y muchos ocurren con armas de fuego, tanto legales como ilegales. Pero revisando estos datos más a profundidad, se concluye que en Brasil casi todos los homicidios son en jóvenes negros pobres. Para la región, entre 2003 y 2014 el 90 por ciento de las víctimas fueron hombres jóvenes. Por si fuera poco, América Latina es la región que tiene mayor cantidad de países en el top 10, de los países con mayor número de feminicidios. Producto de todo esto en la región existe la campaña ‘Instinto de Vida’, que reúne más de una treintena de organizaciones de América Latina. Se busca hacer una veeduría y acompañamiento a las autoridades en sus acciones por reducir los homicidios, así como compartir las buenas prácticas que se den en América Latina. Además, se busca acabar con eso que se denomina la normalización de la violencia homicida, es decir que la región se ha acostumbrado y tolera esta violencia. Esto es algo que la campaña intenta revertir. La sociedad no puede ser tolerante a la muerte de sus hijos y nietos. Entre tanto: Me pregunto si algunos órganos de control y judiciales del nivel nacional, están haciendo su trabajo por mejorar la democracia del país, o es que están haciendo eso que llaman populismo judicial. Han capturado y destituido varias personas por delitos en los que antes no había ninguna acción institucional, lo cual es bueno. Pero si la ley se aplicara con criterios de igualdad entonces deberíamos esperar centenares de capturas y destituciones en los próximos días. O sería lo de siempre: acciones para potenciar campañas políticas y distraernos de otras cosas importantes. Columna de opinión publicada en Semana.com