Bernardo Miguel Elías Vidal, Senador del partido de la U,  quien integra la Comisión tercera del Senado de la República, célula legislativa donde se tratan asuntos de materia económica, presupuestos y contratos, ha desarrollado una labor política llena de escándalos por supuestos manejos clientelistas  a favor de sus familiares, amigos y de su red electoral en el departamento de Córdoba. Dichos manejos clientelistas del parlamentario, han motivado titulares de prensa y forman parte de los comentarios del día a día  en los pasillos del Congreso de la República y de las entidades públicas donde se maneja el grueso de la contratación a nivel nacional. Estas tienen que ver con obras viales, contratación de personal de alto nivel en entidades descentralizadas, algunos ministerios, lo mismo que los manejos en el departamento de Córdoba de donde es oriundo y tiene su mayor caudal electoral. Cupos indicativos Según investigación de  Las2Orillas en el artículo  “La mermelada parlamentaria de puestos y contratos”  en el que se asignaron cupos indicativos a congresistas de la línea del Gobierno para ejecutar obras, al “Ñoño Elías” le fueron entregados varios  contratos y entidades públicas (Ver PDF). Cargos entregados: 5 Monto entregado vías: 14.000.000.000 Monto entregado obras: 52.000.000.000 Distribución por entidad: 24.000.000.000 Monto total recibido: 90.000.000.000 Votos: Bernardo Elías: 74.247 (2010) Peso porcentual: 2,91% Puestos en senado: Participación Bernardo Elías: 5 Peso porcentual Partido: 3,1% Peso porcentual Senado: 1.33% Puestos: Gabriel Calle, exalcalde de Montelibano Córdoba.  Convenio firmado por $ 16.821.610.422. Carlos Arturo Cogollo, exalcalde de Tierralta, Córdoba. Convenio firmado por $ 9.345.008.578. Edwin Mussi, exalcalde de Ovejas, Sucre. Convenio firmado por $ 934.579.439. Alejandro Sierra Marzan, exalcalde de Sampues, Sucre. Convenio firmado por $ 1.869.153.879. Abel Giacometto, exalcalde de Uribia, Guajira. Convenio firmado por $ 2.803.738.318.Arnulfo Ortega, exalcalde de San Marcos, Sucre. Convenio firmado por $ 2.790.000.000. Eduardo Elías Zarur, exalcalde de Ciénaga de Oro, Córdoba. Convenio firmado por $ 6.542.056.075.José Jaime Pareja, exalcalde de San Pelayo, Córdoba. Convenio firmado por $ 6.577.930.906. Hugo Barrios, exalcalde de Moñitos, Córdoba. Convenio firmado por $ 3.056.426.341.Alberto Hernández, ex concejal del municipio La Apartada, por el partido de la U. Convenio firmado por $ 1.216.558.570. Trayectoria Política Representante a la Cámara en 2010: Votos obtenidos, 72.247 Senador de la República en 2014: Votos obtenidos, 140.143 (El tercer senador más votado del país). Red Política que lo apoya Eduardo Tous De La Ossa: Formula a la Cámara de Representantes. Ex director del ICBF-regional Córdoba. Carlos Elías Hoyos: Exalcalde de  Sahagún, primo del senador de La U Bernardo Elías Vidal y sobrino del expresidente del Senado Jorge Ramón Elías Náder. Elías Náder patriarca del clan y carismático político que terminó preso por el proceso 8.000. Gabriel Calle de Moya: Exalcalde de Montelíbano, Córdoba.  Empresario en el sector de los combustibles, agricultor, ganadero y líder político con amplia experiencia en el sector público. Carlos Arturo Cogollo Lara: Exalcalde de Tierralta, es arquitecto y tiene una larga trayectoria dentro del Municipio. José Jaime Pareja Alemán: exalcalde de San Pelayo. Cuenta con investigaciones judiciales por figurar como uno de los principales testaferros de Salvatore Mancuso. El abogado, que ha sido apoderado de congresistas e impulsor de campañas políticas, supuestamente coordinaba los movimientos de bienes de los bloques San Jorge y Sinú de las AUC. Eduardo Elías Zarur Flórez: Exalcalde de Ciénaga de Oro. Tuvo un intento de revocatoria al mandato por enriquecimiento ilícito en su municipio. Erik Morris: Suegro del “Ñoño” Elías, ex congresista condenado por parapolítica. Emilio Tapias: Vinculado con el cartel de la contratación en Bogotá. Víctor Raul Oyola: Ex candidato a la Gobernación de Córdoba por el partido liberal. Jose Ramon Elias Nader: Ex congresista, condenado por el proceso 8000. Contralor de bolsillo Dentro de la investigación al senador Elías, la Fundación Paz & Reconciliación encontró que Emilio Otero, quien fue elegido en 2015, por unanimidad (con 13 votos), en la Asamblea departamental de Córdoba como Contralor departamental, es reconocido hombre de confianza de la red política de Bernardo el “Ñoño” Elías. Otero llega al cargo mediante un concurso de méritos,  llevado a cabo por la corporación con la Corporación Unificada de Educación Nacional –CUN- entidad que suscribió contratos por valor de 56.000 millones de pesos a manos de la Gobernación de Alejandro Lyons -2012-2015-, quien en su momento era aliado del senador Musa Besaile y de Bernardo Elias, de quien es cuñado. Lyons, funcionario que actualmente enfrenta  un proceso de investigación en Estados Unidos y Colombia por casos de corrupción es, además. La elección de Emilio Otero fue otra muestra del poder departamental del senador Bernardo Elías, quienes se blindaron de cualquier investigación que pudiera existir en su contra y así favorecer a la red de contratistas que les ha permitido crecer en los últimos años. La elección de Otero, impulsada por Bernardo Elías, coincide con el periodo de Gobernación de Córdoba en cabeza del hermano del senador Musa Besaile, Edwin Besaile. Departamento de Prosperidad Social Otra prueba que muestra la relación de políticos y funcionarios relacionados con entidades tiene que ver con Jonathan David Villarreal Vellojín, quien aspiró al Concejo de Montería por el Partido de la U y al no resultar elegido, fue nombrado en 2012 como director de la regional del Departamento de Prosperidad Social. El Gobierno Nacional le  designó en el cargo de director de la regional Córdoba. De acuerdo con el DPS, Córdoba es uno de los departamentos más atrasados en los programas de superación del hambre y la pobreza. Mientras en el resto del país el 27,5 por ciento de los niños padece de anemia y muere el 9,8% por cada 100.000 niños, en Córdoba el 37 por ciento padece de anemia y el 16,5% de cada 100.000,  muere por desnutrición. Contratistas varios El primo del congresista Ñoño Elías, Julio Feris Elías, dirige un campeonato de fútbol semestral llamado la Liga Ñ (de Ñoñomanía, el nombre del movimiento del Ñoño Elías) con lo cual puede meter varios goles políticos. Feris Elías contó con dos contratos por prestación de servicios con la Gobernación de Córdoba, casualmente ambos por el mismo valor (40 millones de pesos cada uno) y, firmados e iniciados el mismo día (21 de septiembre de 2015), aunque con diferente objeto (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do; https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do). La Liga Ñ convoca 20 equipos, cada uno conformado por 25 jóvenes, en cuatro municipios además de Sahagún (Chinú, Pueblo Nuevo y Ciénaga de Oro, de Córdoba; y La Unión, de Sucre). A cada uno de ellos, la organización los dotó con un maletín en el que hay tres tipos de uniforme, unos guayos y unas canilleras. El campeonato cuenta con un escenario digno de la gestión del Ñoño Elías en Córdoba, nada más y nada menos que el complejo deportivo y parque estadio municipal de Sahagún que fue inaugurado el 3 de junio con participación del congresista Ñoño Elías y el presidente Juan Manuel Santos. Lo que llama la atención es que el contrato para la construcción del Estadio fue celebrado por un monto de $11,455,315,382 pesos con la Unión temporal BERAKAH, la cual tiene como representante legal Alfredo Ramón Bula Dumar. Bula Dumar, además, fue representante legal de Discons B&B Ingenieros, empresa de Cartagena dedicada a la construcción de obras civiles y eléctricas, y fue gerente de la Unión Temporal Vial Cesar, encargada de la construcción de las vías para el Sistema Integrado de Transporte en Valledupar. Después de entregar el parque estadio en Sahagún, Bula Dumar fue designado como gerente general del FONADE, gracias a la gestión del Ñoño Elías y Musa Besaile para ubicarlo en ese puesto. Posteriormente, Bula Dumar fue reemplazado por Ariel Aduén, también ficha política de Elías y su aliado político Musa Besaile. Sin embargo, Aduén no se salva de estar implicado en duros cuestionamientos. Se le señaló por tener nexos con grupos al margen de la ley, según el portal Semana.com “dos confesos paramilitares implicaron desde la cárcel a Ariel Alfonso Aduén  de haber colaborado con la estructura delictiva de Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’ en Córdoba”. Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile – el cartel de la salud. Durante el periodo de Alejandro Lyons en la Gobernación de Córdoba, quien fue apoyado por los “ñoños”, hubo un desfalco de más de 44 mil millones de pesos, en donde la Gobernación permitió el pago a pacientes hemofílicos fantasmas y exámenes que nunca se realizaron, a dos IPS sin que intermediara EPS alguna. Adicionalmente, existen otros supuestos vínculos entre el senador Bernardo “Ñoño” Elías el cartel del “Síndrome de Dawn”. En este desfalco, que habría superado los 10.000 millones de pesos, se realizó a través de la IPS Unidad Integral de Terapias de la Costa, cuya cabeza era Ana Karina Elías, prima del senador el “Ñoño” Elías y esposa del exsecretario de Salud, Alfredo Aruachan, hoy privado de la libertad por el “cartel de la hemofilia”. Contratos y Convenios Uno de los convenios gestionados por el senador cordobés Bernardo Elías, que ya se ejecutó (2015) y es el más grande de todos, se firmó entre el municipio de  Sahagún y Fonade por 51.767 millones de pesos para andenes, adecuar parques, mantener vías, hacer una ciclorruta de 8 kilómetros y una plaza de mercado y una terminal de transportes. Uno de los contratistas de esas obras (la Unión Temporal Andenes Centenario) tiene como uno de sus integrantes una firma llamada Construccapital S.A.S., que en 2011 tuvo de socio a Bernardo Elías Náder (papá del senador Elías) en un proyecto en el que pretendían construir una cárcel en Medellín. Aunque cabe destacar que el alcalde entre 2012-2015 era Carlos Elías Hoyos, primo de Bernardo Elías Además, el representante de esa misma Unión Temporal era Luis Ramón Aldana Alba, tío del jefe del cartel de la contratación en Bogotá Emilio Tapia.  Como ejemplo más reciente, el control de los contratos de alimentación en Córdoba recaían principalmente en dos grandes contratistas: las señoras Mirta Algarín y Leda Guerrero. Como representante legal de la Cooperativa de Servicios de Madres Comunitarias de Cereté, Cootrademacoc, Mirta Algarín había recibido más de veinte contratos entre 2010 y 2015, que superaban los 20 mil millones de pesos. En su inmensa mayoría, se trataba de contratos directos y de aporte, es decir, entregados “a dedo” por las fichas del “Ñoño” en el ICBF cordobés. Según fuentes de la región, Algarín era políticamente cercana al senador Bernardo Elías y a su estructura política. Prueba de lo anterior son los contratos que recibió, por más de 6 mil millones de pesos, durante la dirección del ICBF de Córdoba de “Joche” Tous -actual representante a la Cámara- a pesar de que la cooperativa que dirigía contaba con muy poca experiencia. Una clara evidencia de esto es otro convenio gestionado por el senador Bernardo Elías, ya ejecutado, por 15.369 millones de pesos entre el DPS (Departamento de Prosperidad Social) y el municipio de Chinú en Córdoba. Los recursos de este convenio se dividieron en dos: 2.690 millones de pesos se contrataron para obras y 12.042 millones de pesos para vías. En ambos negocios ganó un contratista llamado Orlando Castillo Bermejo, quien aparece como la persona natural a quien le adjudicaron el contrato de los 2.690 millones para hacer una tarima, la recuperación de dos estadios y cuatro canchas sintéticas. Sin embargo, Castillo Bermejo también aparece como uno de los integrantes del consorcio (Consorcio Vial La Esperanza) que se ganó el contrato por 12.042 millones de pesos para hacer vías en Chinú en dos etapas. Orlando Castillo Bermejo (ganador en ambos negocios) es además de eso el representante legal del Consorcio COG se ganó en enero del 2014 otro contrato por 10 mil millones de pesos con la Alcaldía de Sahagún –administración manejada por el primo del “Ñoño”- para hacer allí vías urbanas. Análisis relacionados: El Ñoño Elias Los dueños de Córdoba Observatorio de la Democracia

Foto: Semana.com A sus 38 años de edad, este joven senador cordobés, oriundo del emblemático municipio de Sahagún, ha logrado avanzar en su carrera política de manera vertiginosa, consolidando actualmente en esta región del país, un poderío político de inconmensurable dimensión. Bernardo Elías Vidal junto con Musa BesaileFayad, tienen historias políticas contemporáneas y se han convertido en los nuevos caciques políticos de la costa Atlántica del país. Es por ello, que estos dos dirigentes han entablado una permanente disputa por el control político de esta región, que los ha convertido en uno de los más grandes escándalos de intermediación política entre el gobierno central y entidades del nivel local y regional. Si bien, estos dos dirigentes políticos tienen bastantes aspectos en común como el de ser oriundos del municipio de Sahagún, Córdoba, y el de pertenecer a familias de reconocido poder económico local, sus orígenes y tradición en el ámbito de la política le resultan mucho más favorables a Bernardo Elías Vidal. “Ñoño” Elías como es conocido este senador, desde muy joven acompañó en las jornadas políticas departamentales y nacionales a su tío Jorge Ramón Elías Nader –exsenador de la República condenado por el Proceso 8.000–, del cual heredó un enorme caudal político. Bernardo “Ñoño” Elías Vidal, es también familiar de los exsenadores Salomón Nader Nader y el condenado por parapolítica Mario Salomón Nader Muskus, (padre e hijo), al igual que de Dumith Antonio Nader Cura, exrepresentante a la Cámara por Córdoba, quien es hijo del exalcalde de Montelíbano Moisés Nader Restrepo, donde ha sido alcalde en 5 oportunidades. El clan de los Elías Nader posee una amplia trayectoria política en esta región, especialmente dentro del Partido Liberal, pero hoy está concentrada en cabeza de Bernardo Elías Vidal en el Partido de La U. Bernardo “Ñoño” Elías pasó de ser ingeniero civil –especialista en gerencia de las construcciones– a la política, cuando es elegido en el año 2006 como representante a la Cámara por Córdoba, siendo fórmula de la exsenadora Zulema Jattin, condenada por parapolítica. Este periodo en la Cámara le bastó para dar el salto en el año 2010 al Senado de la República, obteniendo un total de 74.247 votos; una votación que duplicó en el 2014 con 140.143 votos registrados, convirtiéndose en la segunda mayor votación en el Partido de la U, y la tercera a nivel nacional. Además de provenir de un clan político familiar de gran influencia en este departamento, Bernardo Elías Vidal ha consolidado un movimiento político en torno a su imagen, el cual ha sido llamado como la “Ñoñomanía”; y le ha servido para construir un andamiaje político que abarca todos los niveles institucionales (concejo, alcaldes, diputados, gobernador y representante a la Cámara). Para su reelección en 2014, Bernardo “Ñoño” Elías, decidió romper su relación política con su fórmula a la Cámara por el departamento de Córdoba, el actual representante Nicolás Jiménez Paternina, y en su lugar, impulsó la candidatura de Eduardo José Tous de la Ossa, hermano de la esposa del actual alcalde de Sahagún, con el que a su vez son primos. Eduardo Tous, se había desempeñado como director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Córdoba, posición en la cual sirvió a los intereses de la red política de “Ñoño” Elías. Además del vínculo de familiaridad que existe entre Eduardo José Tous y el actual alcalde de Sahagún, Carlos Elías Nader, desde esta institución Tous logró direccionar entre el año 2010 y 2011 importantes recursos (alrededor de 1.800 millones) a la Fundación FEDESCO, dentro de la cual ejercía como miembro de su junta directiva Jorge Montes, reconocido hombre de confianza del senador “Ñoño” Elías. Eduardo JoseTous de la Ossa y su hermana Lucía Tous de la Ossa, fueron representantes legales de la Fundación Planeta y Taller de los Sueños, respectivamente, organizaciones a través de las cuales la DIAN ha donado desde el 2004 un importante número de mercancías incautadas a través de acción social. Este hecho no tendría mucha relevancia si no fuera porque Marcos Díaz, hijo del entonces director de la DIAN Néstor Díaz, hubiera contraído matrimonio con Carolina Elías Nader, prima de “Ñoño” e hija del exsenador Jorge Ramón Elías Nader. La red política de “Ñoño” Elías se amplía y consolida con el control que ejerce sobre importantes municipios de Córdoba: Sahagún, Tierralta, Montelíbano, Ciénaga de Oro y San Pelayo. Para dimensionar el poderío político y electoral que significa Bernardo “Ñoño” Elías para Sahagún, basta con hacer un análisis en el departamento de la Guajira, en el cual la votación más alta obtenida por un candidato al Senado fue la registrada por Bernardo Elías Vidal con 16.950 votos, una cifra similar a la obtenida por él, únicamente en Sahagún, en donde su votación fue de 16.369 votos. Bernardo Elías tiene un vínculo de familiaridad directo con el actual gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien está casado con Johanna Elías Vidal, hermana de “Ñoño” Elías. Con motivo de las elecciones, los vínculos políticos entre Bernardo Elías Vidal y Alejandro Lyons Muskus sufrieron un distanciamiento, lo que provocó la renuncia de los secretarios departamentales de Salud, Alfredo Aruachán; el director de Planeación, Fabio Pineda; y la de la secretaria de la Mujer, Everlides Morales, pertenecientes al movimiento de “Ñoño” Elías. Cuatro de los cinco diputados de la U: Carlos Burgos, Luis Salum, Jaime Bello y Baldomero Villadiego, anunciaron que también harían oposición al gobernador. Actualmente, Bernardo Elías es acompañado en su proyecto político base, por cuatro diputados de la Asamblea de Córdoba, al igual que un número aproximado de 30 concejales de distintos municipios del departamento; así como de varios exalcaldes, dirigentes sociales, funcionarios públicos y exdiputados, sobre quienes ejerce una influencia directa y distribuye su caudal burocrático. Bernardo “Ñoño” Elías también le propinó un golpe al liberalismo en las pasadas elecciones, pues a sus filas se adhirió el excandidato liberal a la Gobernación del departamento, Víctor Raúl Oyola; que sumado al dado por Musa Besaile, quien conquistó el apoyo de la casa Madrid Hodge, afectaron profundamente a la casa liberal liderada por los López Cabrales. La siguiente gráfica presenta los resultados comparativos que obtuvo el candidato en las elecciones de 2010 y 2014, en el departamento de Córdoba. Se observa el incremento de su votación en varios municipios, y la caída vertiginosa en otros: Tuchín, San Andrés de Sotavento, Cotorra, y Momíl; municipios sabaneros en donde su anterior fórmula electoral, Nicolás Jiménez Paternina, tenía su mayor caudal electoral, producto del apoyo y respaldo que le brindaba la casa de la familia Pestana. Pero las redes políticas de Bernardo Elías van más allá de Córdoba. “Ñoño”, obtuvo importantes votaciones en otros departamentos, siendo sorpresivamente la mayor votación en La Guajira; tal como se indicó anteriormente y la segunda en Sucre, siguiendo de cerca la votación obtenida por Musa Besaile. Estos resultados fuera del departamento tienen dos justificaciones: para el caso del departamento de Sucre, debe indicarse que “Ñoño” Elías tuvo el apoyo de su suegro, el excongresista Eric Morris –condenado por parapolítica–, quien dispuso a favor de Elías Vidal toda su maquinaria electoral. Esto se tradujo en pequeños triunfos en San Benito Abad, Corozal, San Pedro, Colosó, Palmitos, Ovejas, San Juan de Betulia y Toluviejo, municipios en los que Elías Vidal obtiene las votaciones más altas dentro de su colectividad y que han sido de tradicional influencia por parte de Álvaro “El Gordo” García y Eric Morris, excongresistas condenados por parapolítica y que hoy apoyan a “Ñoño” Elías. En relación con la alta votación en el departamento de La Guajira, debe señalarse que esto obedece en gran medida a la alianza entre Elías Vidal y la ex alcaldesa de Uribia, Cielo Redondo, sindicada de ser la líder política del grupo paramilitar que manejaba alias “Pablo” en la Alta Guajira. Fue así como en el municipio de Uribia este logró la más alta votación de todos los aspirantes al Senado, con un total de 26% de los sufragios depositados en esa localidad durante la jornada electoral. Con triunfos obtenidos en Villanueva, Uribia, Dibulla, y El Molino, el senador Elías Vidal selló un enorme compromiso con estos municipios, los que le respondieron oportunamente a su llamado, con lo cual se puede esperar el senador mantenga una presencia visible en el departamento y amplíe su dominio electoral en él. Cabe mencionar que, buena parte de los cupos indicativos en los que intermedió el senador Bernardo Elías, fueron orientados hacia inversiones en El Molino y Dibulla, en el sur de La Guajira. Los mapas 8 y 9 (ver apéndice), muestran el dominio electoral de Bernardo Elías Vidal en los departamentos de Magdalena, Sucre, Córdoba y La Guajira, para los años 2010 y 2014. Se puede apreciar el incremento substancial en varios municipios para las elecciones de 2014. Es necesario insistir en la burocracia regional y local que domina Elías Vidal; entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras instituciones, tienen el control remoto de Vidal. El senador Bernardo “Ñoño” Elías Vidal aseguró su curul en el Senado de la República para el próximo cuatrenio. Su poder electoral se ha multiplicado elección tras elección, y con menos de una década en el escenario público, perfila a una figura importante a nivel nacional. No sólo por su suspicacia en materia de gestión de cupos indicativos, sino por la particular red política que lo rodea de Córdoba a esta corporación. Ya para el año 2010, el escenario político empezaba a cambiar, y es entonces cuando Musa Besaile, se aleja del Partido Liberal y se lanza al Senado de la República bajo las toldas del Partido de La U. Nota: este es solo el abre bocas de más de 26 páginas de una profunda investigación publicada en el libro»Los herederos del mal, clanes mafias y mermeladas«,  sobre este cacique de Córdoba Le puede interesar: Los dueños de Córdoba Observatorio de la democracia

El balance del proceso de reincorporación de las Farc no puede ser más desolador y alarmante. Algo que parecía sencillo y mínimo para garantizar la No repetición, es hoy uno de los principales problemas de la implementación de los acuerdos de paz. No hay nada planeado, los guerrilleros en las zonas veredales están exasperados y nadie da razón de nada. Por ejemplo, de la zona veredal de Mesetas en el departamento del Meta, se han salido desesperados ante los incumplimientos cerca de 80 guerrilleros, muchos se van a buscar la vida de forma legal, otros se van para donde sus familias y desde allí rehacer su vida, y otros a la disidencia de las Farc. El 15 de agosto, la figura de zonas veredales transitorias de normalización desaparecerá. Esos espacios serán zonas para la reincorporación y la capacitación. La idea era que desde el mes de abril cada guerrillero supiera qué pasaría con él después del 15 de agosto y la verdad es que hoy nadie sabe qué va a pasar. Ni siquiera el Gobierno ha sido capaz de terminar las zonas veredales, aun varias de ellas no cuentan con baños o al menos con espacios habitacionales dignos para una persona. Los guerrilleros vivían mejor en el monte que lo que están en estas zonas de ubicación. Se pueden analizar cuatro grandes problemas. Por un lado, existe un absoluto desorden e inoperancia en el Gobierno. Han pasado meses desde la salida de Clara López del Gobierno y aún el presidente Santos no nombra un responsable directo del tema. No hay nadie en el Gobierno que sea el encargado de la reincorporación de las Farc. Joshua Mitrotti, quien es el director de la ACR, ahora llamada Agencia para la Reincorporación y la Normalización, se dedicó más a rendir cuentas de lo que hizo la ACR en el pasado, que a construir una política seria de reincorporación para el futuro. El modelo de reincorporación viejo, que era individual, urbano y dirigido bajo el modelo de ventanilla, no aplica para el de las Farc, que será rural, colectivo y codirigido. Por su parte, el saliente Sergio Jaramillo, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no ha podido siquiera terminar las zonas veredales y el famoso proceso de bancarización no ha sido del todo exitoso, aún muchos guerrilleros no cuentan con la documentación requerida. Rafael Pardo ha intentado liderar un modelo de proyectos productivos, pero no hay una coordinación clara con todas las instituciones que deberían intervenir en la reincorporación. Al final entre todos se tiran la pelota, ya que dicen que ninguno es el responsable del tema y del desastre. Por los lados de las Farc la cosa no es nada alentadora, después de más de siete meses de instaladas las zonas veredales no han logrado aterrizar una idea clara del modelo de reincorporación, por ejemplo dicen querer tierra para los proyectos productivos, pero no saben cuánta, dónde y para qué proyectos. Todos los días se les ocurre un proyecto nuevo dependiendo de con qué empresario hablan. Además, las Farc nombraron unos expertos en el tema que no saben mucho y trastabillan a la hora de armar estrategias. Columna de opinión publicada en Semana.com

Un sistema de representación es vital para un eficiente ejercicio democrático en cualquier país. En este sentido fenómenos como las elecciones atípicas representan un gran reto para un país con una democracia participativa como Colombia. De tal forma que se incluye a los ciudadanos en la toma decisiones trascendentales para los intereses de la nación, mediante el acceso a mecanismos como las consultas populares o revocatorias, además de las mismas elecciones atípicas, de las cuales nos ocuparemos. Su análisis, en gran medida es reflejo de la misma realidad política colombiana. Por elecciones atípicas se entiende la convocatoria  de eventos electorales por fuera del candelario electoral ordinario, con el propósito de suplir la vacancia absoluta de un mandatario local, por el tiempo institucional que resta. Se realiza una examinación de estas elecciones atípicas en el periodo comprendido entre 2014 – 2017, para comprender como se configura este fenómeno en todo el territorio nacional, la comprensión de sus causas, y la identificación de los aspectos que definen cada uno de los casos en particular. Ver documento completo Descargar informes Descargar

Gladys María Baloyes Martínez es una chocoana que llega a la ciudad de Bogotá, desplazada en dos ocasiones, por razones que hasta el día de hoy desconoce. De un momento a otro, junto a su esposo que era policía, se vio obligada a dejar su lugar de trabajo en Casacará en el departamento de Sucre. Se trasladó a Medellín en donde recibió una segunda amenaza, por lo que tomó la decisión de radicarse en la ciudad de Bogotá, en donde vuelve a ejercer su labor como maestra en el colegio Villa Rica en el barrio el Socorro en la localidad de Kennedy, territorio en la capital de la República que durante los años 80 y 90 llegó a presentar altos índices de violencia urbana, por la presencia de pandillas juveniles dedicadas a la delincuencia. Gladys encontró que en esta zona de la capital del país, los jóvenes eran presa fácil de los cordones de la criminalidad urbana, por pertenecer a familias de escasos recursos, por lo que toma la decisión en compañía de otros docentes, de invitarlos a dejar las actividades delictivas, a través de actividades culturales, en este caso la danza. En la década de los 90, la ciudad de Bogotá comenzó a superar las acciones del terrorismo, tras la baja de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, dos grandes narcotraficantes que sembraron el pánico en las principales ciudades del país. Sin embargo, la violencia urbana no cesaba. Para el año de 1993 según datos de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá murieron 20 personas por culpa de la violencia, es decir un ser humano asesinado cada hora y 12 minutos. Tres más que el promedio de 17 de un año antes, y cinco más que en el 91 cuando se contaban en 15 las víctimas diarias. También se alcanzaron a registrar cada día 45 hurtos agravados y 30 atracos callejeros, y cada mes 40 robos en bancos, 64 a residencias y 529 carros jalados. Mientras en 1990 los delitos denunciados contra el patrimonio económico en Bogotá, no pasaban de 30 mil, el mismo dato en 1993 ya era de casi de 45 mil según datos oficiales. O si se considera un período más amplio, en 10 años (de 1983 a 1992), los delitos pasaron de 34.888 a 69.187, es decir, se duplicaron. La atención de los medios de comunicación se concentró en la localidad de Ciudad Bolívar por ser la zona en Bogotá, donde la mayor parte de la población es de escasos recursos, mientras lo que ocurría en algunos barrios como el Socorro en Kennedy por ejemplo, donde los ciudadanos de ese entonces, compartían la misma situación de pobreza y abandono, pasaba de agache. Gladys Baloyes encontró que al barrio el Socorro llegaban cientos de familias desplazadas por la violencia, algunas de ellas, de la comunidad afrodescendientes en Colombia, que se sentían impotentes al ver a sus hijos jóvenes caer en las redes de la criminalidad urbana de aquellos tiempos. Es ahí cuando Gladys inicia una labor social, ubicándose los fines de semana en el parque del barrio a tocar los instrumentos propios de las danzas afrocolombianas (Marimba, tambora, conuno y Guasa), llamando la atención de aquellos jóvenes pandilleros, quienes atraídos por la música, poco a poco van a abandonando las actividades delictivas. De esta manera Gladys Baloyes conforma el grupo cultural “Hijos de Obatalá”, sorteando las dificultades propias de un proceso que como este, es poco reconocido por la sociedad, en una ciudad como Bogotá, donde a pesar de que existen la presencia de circuitos de criminalidad urbana, no son visibles a la ojos de todos y en ocasiones logra pasar desapercibida. Le puede interesar: ¿Cómo resolver conflictividad local en el posconflicto? – Bogotá

La Fundación Paz y Reconciliación hace algunos días presentó el informe ‘Cómo va la paz’. Allí se describen, sobre cerca de veinte ítems, los avances de la implementación de los acuerdos de paz. Uno de ellos se refiere al tema de líderes sociales. Se analizan los niveles y el tipo de victimización, además, los presuntos responsables y la georreferenciación de las diferentes agresiones. El informe llega en un momento de debate intenso, ya que, al menos se encuentra dos focos importantes de controversias. El primero se refiere a la existencia o no de sistematicidad en estos homicidios, el Gobierno insiste en que no es así, mientras que organizaciones sociales y personalidades encuentran grados altos de sistematicidad. El otro foco del debate se centra en los asuntos de impunidad. Para la Fiscalía la impunidad llega al 50 por ciento, es decir, en cerca de la mitad de los hechos ya se han identificado los responsables. Para organizaciones sociales la impunidad está por encima del 70 por ciento, pues no se sabe nada de autores intelectuales, solo de algunos materiales, tampoco se conocen capturas y la Fiscalía si bien dice que ya todo está claro en la mitad de los casos, no entrega información, pues es reservada. Es decir, no se sabe con claridad de dónde se concluye que se han resuelto el 50 por ciento de los casos. El informe de la fundación da pistas sobre estos debates. Al menos se encuentran tres conclusiones importantes. La primera es que desde la firma de los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta mediados de julio de 2017, se cuentan 181 acciones victimizantes a líderes sociales, entre ellas, 55 asesinatos. Lo que significa que cada cuatro días es asesinado un líder social en Colombia. Sin embargo, hasta finales de marzo la cifra era de un líder social asesinado cada tres días, es decir, desde abril ha disminuido la intensidad de estos homicidios. Todo parece indicar que el apersonamiento de este tema por parte del vicepresidente de la república, y diferentes acciones como la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o el cuerpo élite de la Policía han logrado detener ostensiblemente la intensidad. La siguiente gráfica muestra dicha evolución. La segunda conclusión es que la mayoría de estas victimizaciones no tienen un responsable específico. Es decir, no solo los autores intelectuales, sino los autores materiales no tienen una clara procedencia. De hecho, en la zona del Urabá el Clan del Golfo es responsable del homicidio de líderes sociales, pero en otros departamentos donde tienen una importante presencia no asesinan líderes sociales. Lo que todo parece indicar es que hay gente en la “legalidad” que estaría pagando para matar estos líderes. La siguiente gráfica muestra los presuntos autores de esta victimización. En todo caso se encuentran varias causas locales de esta violencia. La tercera conclusión es que si bien por los autores materiales de estos crímenes no hay una sistematicidad, si la hay por el perfil de la víctima y la territorialización de estos hechos. Por ejemplo, la mayoría de las víctimas pertenecían: a) Organizaciones de víctimas o de restitución de tierras. b) Miembros activos de JAC o Juntas de Acción Comunal. c) Líderes de organizaciones políticas que aspiraban a las circunscripciones especiales de paz en 2018 o a las elecciones locales de 2019. De hecho, como lo muestra el siguiente mapa, la mayoría de estos homicidios se han presentado en las zonas de circunscripciones especiales de paz. Es decir, se está matando para evitar que participen en política. Columna de opinión publicada en Semana.com Le puede interesar: Observatorio: Violencia Política en Colombia 2013 – 2017 Informe No 2: Cómo va la paz Video: Marcha por la vida – 8 de marzo de 2015 Video: Conmemoración a las víctimas del conflicto armado – 9 de abril 2015

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La Fundación Paz y Reconciliación y la Iniciativa Unión por la Paz están haciendo un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón para producir un informe cada tres meses. El propósito es entregarle al país una información recogida en terreno, con las comunidades, los líderes locales, el gobierno y los guerrilleros en proceso de reincorporación. El segundo reporte acaba de salir. Tiene un semáforo que muestra las cosas que van bien, las que tienen problemas y las que van mal. Voy a hacer una apretada síntesis de las 190 páginas que contiene la evaluación. Verde. Con la entrega de las 7.132 armas de dotación y de las 949 caletas donde reposan los recursos bélicos de reserva se cerró con éxito el ciclo del cese al fuego y a las hostilidades y se inició el proceso de reíncorporación de los guerrilleros de las FARC a la vida civil. Se trata de más de una arma por cada guerrillero lo cual supera procesos anteriores en el país y también las experiencias internacionales. Los paramilitares entregaron media arma por cada desmovilizado y en Afganistán, considerado hasta ahora el mejor promedio en el mundo, el registro fue de 0.74 armas por guerrillero. Durante las negociaciones de paz se redujeron de manera signficativa los homicidios, los secuestros y el desplazamiento forzado en toda la nación y especialmente en los 281 municipios donde se desarrolló el conflicto armado. En 2012, cuando se iniciaron las conversaciones en la Habana, se produjeron 15.957 homicidios en el país, en 2016 la cifra se redujo a 12.263. En las zonas de guerra se pasó de 4.114 a 3.157 homicidios. Con el secuestro ocurrió igual. El año pasado, en las regiones de presencia guerrillera, sólo se perpetraron 61 plagios atribuidos la mayoría al ELN en contraste con los 266 que se realizaron en 2013. Son los victorias tempranas de la paz. También han arrancado con pie derecho el desminado humanitario, el cual está salvando de la muerte y las mutilaciones a cientos de civiles y soldados; los acuerdos con 85.000 familias para la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito; y la creación del Cuerpo Élite de la Policía y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para combatir las estructuras criminales que atentan contra la vida de los lideres sociales. Amarillo. Hay un enorme temor a que no salgan adelante la totalidad o la gran mayoría de las leyes que cobijarán los acuerdos de paz. Mediante el procedimiento rápido establecido han salido 6 leyes en el primer semestre y en sólo tres meses que restan para agotar este mecanismo se tendrían que aprobar quince más. Esto en un ambiente de controversias y dificultades en los partidos de la coalición de gobierno. La gran preocupación es que se queden en el tintero o se aplacen la reforma política y la reforma rural integral, transformaciones que se orientan a superar las causas profundas del conflicto. Lo aprobado hasta ahora –incluyendo 64 decretos- es importante porque facilitó el paso al desarme y a la reincorporación, pero falta lo sustancial, lo que va dirigido al conjunto de la sociedad. Están empezando apenas los cambios en las Fuerzas Armadas; la disolución de viejas estructuras y la creación de nuevos dispositivos; la ocupación de los territorios donde operaban las FARC y la contención de otras fuerzas ilegales en proceso de expansión. Hay estrategias y planes bien intencionados y bien pensados, pero las cosas van lentas. En la misma situación están la formulación y puesta en practica de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, la movilización del sector privado con inversiones y aportes a las zonas más afectadas por el conflicto y el plan piloto del Catastro Multiproposito. No hay que hacer mucho esfuerzo para percibir las dificultades que tiene el Estado para actuar con rapidez y eficiencia en la colombia profunda, en la periferia, en los territorios del conflicto. La esperanza es que la llegada del general Naranjo a la Vicepresidencia con el encargo de encabezar el postconflicto remedie esta situación, pero eso supondría que le confirieran un poder igual al que le dieron a Germán Vargas Lleras para producir un salto en la infraestructura del país. Rojo. Con tristeza hay que decir que continua la expansión de otros actores ilegales hacia zonas dejadas por las FARC y también que en varias de ellas se está produciendo una anarquía criminal. El ELN ha llegado a 12 municipios, las bandas criminales a 18 y en 40 se ha producido una explosión de la violencia común. Al tiempo se ha ido configurando una disidencia en el sur del país que agrupa cerca de 300 miembros de las FARC que desertaron en el camino hacia la entrega de armas y que han persistido en el tráfico de drogas y en la violencia especialmente en Guaviare y Caquetá. El asesinato de líderes sociales y la impunidad de sus agresores ha disminuido, pero la cifra de 55 muertos del acuerdo del Colón a hoy es muy grave. También preocupa mucho el drama de los presos de las FARC que en su mayoría no han recibido la amnistía y el indulto prometidos y el poco avance en la construcción de un modelo de reincorporación colectiva, con asiento en el campo y orientada por un nuevo mecanismo institucional. Columna de opinión publicada en Revista Semana Le puede interesar: Informe No 2: Cómo va la paz

La Fundación Paz y Reconciliación hace un par de días dio a conocer su segundo informe sobre la implementación de los acuerdos de paz. Uno de los temas analizados se refiere a las zonas posfarc, es decir aquellos territorios en los que operaron las Farc durante décadas y de los que salieron desde el mes de noviembre de 2016. Esta guerrilla llegó a operar en 242 municipios. En noviembre de 2016 se preconcentraron en 35 puntos rurales y en el mes de enero de 2017 se concentraron en 26 veredas. Hace apenas unos días dejaron las armas correspondientes a la dotación individual. El informe hace un análisis pormenorizado de la situación de seguridad de estas zonas. Básicamente encuentra que en 12 de estos municipios hay presencia nueva del ELN, en 18 del Clan del Golfo, en 16 de las disidencias de las Farc y en 40 hay una situación de anarquía criminal, de estos 40, en 16 municipios la situación es bastante compleja. Este último concepto es interesante de analizar. Las Farc, además de su actividad criminal, mantenían un sistema de regulación social, eso significa que administraban justicia en sus zonas, allí resolvían desde riñas entre vecinos hasta temas de linderos. Con la salida de esta guerrilla, los asuntos de convivencia y seguridad se deterioraron. Aumentó el atraco en carretera, el abigeato y las riñas. Una campesina del sur del país expresó la siguiente frase “desde que las Farc se fueron esto aquí está invivible”. Leyendo el informe, se llega a la conclusión de que las instituciones estatales no diseñaron una estrategia para contener este fenómeno. Sin embargo, a medida que estos se han hecho visibles en las diferentes zonas posfarc, el informe resalta que es la Policía Nacional, en cabeza de la Dicar o Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, la que ha tomado cierto liderazgo en la contención de este fenómeno, es decir, pareciera que la Policía entendió la raíz del problema. Por un lado, ha creado la figura de las Ubicar, o unidades básicas de carabineros, que buscan establecer puestos fijos con capacidad de despliegue en diferentes zonas rurales. Estas unidades deberían estar en al menos 300 puntos rurales y hasta el momento la Policía las ha ubicado en 44 zonas rurales. Con esto se quieren cortar diferentes corredores de movilidad de mercados ilegales, pero sobre todo llevar el servicio de seguridad a la población rural. Lo segundo que se ha hecho, en cabeza del general González, es que se ha comenzado a capacitar a los policías rurales en temas de resolución de conflictos. Esto posibilitará una eficiencia en la respuesta del Estado en la demanda de seguridad y justicia de los ciudadanos. Por último, se han comenzado a crear los famosos Fuertes de Carabineros, como instrumento de control nodal y despliegue territorial a gran escala. El siguiente es el mapa de las Ubicar. En todo caso, estos esfuerzos son insuficientes, se debe profundizar en la estrategia, pero aún, a muchas autoridades del orden nacional les cuesta entender la necesidad de una seguridad basada en justicia. Se cree que el único reto en materia de seguridad es combatir al Clan del Golfo o al ELN. Pero en el terreno si bien esto es una necesidad, también el mundo rural pide un servicio de justicia que resuelva la conflictividad entre vecinos. Es un avance que la Policía comience a entender las necesidades de la población rural. Pero para que la estrategia sea un éxito se deben fortalecer las figuras de los inspectores de Policía, se deben crear brigadas móviles de justicia y poner en marcha la jurisdicción rural, así mismo fortalecer personerías y secretarías de gobierno. Solo una estrategia integral entre Policía, Ministerio de Justicia y entes territoriales permitirá construir Estado de derecho en la ruralidad colombiana. Claro, también se debe recoger la buena experiencia de las JAC en zonas rurales con sus comités de convivencia. Columna de opinión publicada en Semana.com

Por: La FM Así lo revela el informe “Como va la Paz”. El segundo informe de la fundación Paz y Reconciliación del 2017 resalta aspectos positivos del proceso con las Farc, pero también advierte que ha habido fallas en temas como la implementación del acuerdo de La Habana. León Valencia, presidente de esta ONG, aseguró que en el primer semestre del año se aprobaron tan solo 6 leyes de paz en el Congreso, y para el segundo semestre aún hay 15 retos legislativos importantes como la reforma política y también la rural. “Va muy lenta la legislación de las reformas estructurales que atacan las causas estructurales del conflicto armado, se está solamente desarmando el actor, se están abriendo condiciones hasta ahora para definir el desarme completo y acabar las Farc como instrumento armado, pero aún no hay cambios en las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado”, indicó. El investigador Ariel Ávila por su parte dijo que el proceso de entrega de amnistías a las Farc está bastante quedado y eso puede poner en peligro la confianza y el bienestar del proceso de paz. “Esto es culpa de la Rama Judicial, en diciembre salió una ley, en febrero salió un decreto explicando la ley y acaban de sacar otro decreto que explica el decreto que explicaba la ley, eso es injustificable, creo que eso, desde el punto de vista nuestro, va bastante mal”, manifestó. La Fundación Paz y Reconciliación también aseguró que el Gobierno Nacional está quedado en la ocupación de los territorios dejados por las Farc y en el combate y desarticulación de las organizaciones criminales herederas del paramilitarismo. Sin embargo, el informe también destaca temas positivos como la dejación de las armas por parte de los guerrilleros y la disminución de los cultivos ilícitos en los territorios de presencia subversiva. Resalta la reducción del 100% en el número de secuestros por parte de las Farc en las zonas donde ellos más se movilizaban.

El director de la Fundación Paz & Reconciliación, León Valencia manifestó que las Farc entregaron por cada combatiente 1.2 armas,superior al proceso con los paramilitares que fue del 0.5 por cada combatiente y superior a procesos internacionales. Manifestó que las Naciones Unidas certificó que la entrega de armasfue transparente de acuerdo con lo establecido en los acuerdos de LaHabana en Cuba. Dijo que la anarquía criminal es producto de la expansión del Eln y grupos ilegales en algunas zonas del territorio colombianos y no ocultó su preocupación por el aumento de los fenómenos de violencia local. Valencia advirtió que los grupos al margende la ley comienzan a pescar en río revuelto en cerca de 40 municipios en donde el Estado no ha llegado. Comentó que en 300 sitios se requiere la presencia de la fuerza pública y de las autoridades para resolver los pequeños conflictos entre la población, lo que está generando un gran problema de índole social. Valencia afirmó que hasta ahora el Gobierno nacional intenta ingresar a las zonas dejadas por las Farc. Comentó que el Gobierno nacional debe lograr un acuerdo político para sacar adelante las normas de implementación del acuerdo de paz y se requiere trabajar en un modelo de reincorporación de los integrantes de las Farc. Por su parte, Ariel Ávila manifestó que se presentó una reducción considerable en materia de homicidios y secuestros lo que se califica como un hecho positivo para la tranquilidad de los colombianos. Comentó que el gran problema es la administración de justicia por parte de las autoridades nacionales. Afirmó que las zonas más complejas y que son un polvorín son: el pacífico, el bajo cauca antioqueño, el Catatumbo, el departamento de Arauca y el Guaviare y el sur del Meta en donde operan el Clan del Golfo, el Eln, una disidencia de las Farc y delincuencia común.