La entrega de armas individuales de las Farc y el inicio de la búsqueda de las 949 caletas de esta guerrilla, son los hechos que más resalta la Fundación Paz y Reconciliación en su segundo informe ‘Cómo va la paz’, que evalúa la implementación de los acuerdos de paz, firmados el 24 de noviembre pasado, durante el último trimestre. Aunque el balance de este período de tiempo es positivo, son varias las advertencias expuestas en el informe de Paz y Reconciliación, sobre todo, en lo que compete a la seguridad de los miembros de las Farc, así como la de los líderes sociales y defensores de derechos humanos; la presencia del Gobierno en las llamadas zonas postfarc, y el aumento de grupos armados ilegales y de delincuencia común en estos territorios. El informe ‘Cómo va la paz’ resalta que, en el proceso de dejación de armas individuales, la relación de arma por combatiente fue de uno por uno, calificándolo como “un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo”. para sustentar tal afirmación, toma como ejemplo dos procesos: el de los paramilitares en Colombia y el de Afganistán. Sobre el primero, señala que, además de tomar tres años (entre 2003 y 2006), la cantidad de armas entregadas por 31671 combatientes fueron 18051, es decir, casi dos paramilitares por cada arma. En cuanto al de Afganistán, que era el proceso de dejación de armas que tenía una relación más alta de armas (0.76 por cada combatiente), 63000 desmovilizados entregaron 47575 armas. Además, el informe señaló que en el proceso de las Farc esta cifra aumentará cuando se ubiquen todas las caletas. Además, también resaltó que el cese al fuego bilateral ha sido efectivo, pues “en los 281 municipios priorizados para el posconflicto se pasó de 3.507 homicidios a 3157. Igualmente, en muchos de estos municipios los secuestros descendieron hasta llegar a cero”. Pero, a pesar de estos indicadores que muestran que la implementación va por buen camino, el informe también hizo varios llamados de atención al Gobierno para que atienda las necesidades más urgentes en algunas comunidades. La primera de ella es que, aunque el cese al fuego sí se ha cumplido (con algunas excepciones independientes, como ha resaltado la Misión de la ONU en Colombia en repetidas ocasiones), las zonas que dejaron las Farc están siendo copadas por otros grupos armados ilegales -incluyendo a las disidencias de esta guerrilla-, lo que pone en riesgo la seguridad en estos territorios. Así, la Fundación Paz y Reconciliación explica que en los 242 municipios en los que hacía presencia las Farc, “se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad, sin embargo, hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales”. Doce municipios han sido ocupados por el Eln, 74 por grupos armados organizados (GAO, antes llamadas por el Gobierno como bacrim y que varios han señalado como grupos paramilitares), zonas donde ha aumentado la delincuencia común (lo que el informe define como “anarquía criminal”) y otras donde se está “consolidando el Estado”. Sobre los municipios donde ha aumentado la presencia de bandas criminales, el informe explica que esto se debe a que son territorios donde hay actividad económica ilegal, como “minería criminal y cultivos de uso ilícito”. Además, explica que la forma en la que se expanden grupos como el Clan del Golfo es mediante “la subordinación de grupos más pequeños, que tienen operatividad en el plano local, pero carecen de la capacidad armada y económica para mantener el control de una región de manera independiente (…) Esto permite que la expansión de las estructuras criminales en las regiones no se produzca con altos niveles de violencia, no hay confrontaciones y se hace uso de la violencia de manera selectiva”. La disidencia de las Farc, explica Paz y Reconciliación, tiene alrededor de 310 hombres y hace presencia en Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta y Caquetá. El Eln, por su parte, ha copado territorios en Arauca, Norte de Santander y Chocó, aunque “se espera que en la medida en que avance el proceso de paz con esta guerrilla y se materialice un cese bilateral al fuego y de hostilidades, los índices de violencia puedan disminuir”. En cuanto al avance de la implementación en el Congreso, mediante el mecanismo del fast-track, «la mayoría de leyes y decretos promulgados hasta el momento favorecen a los actores directos del conflicto». Además, señala la importancia de la próxima legislatura, pero alerta que la cercanía del año electoral puede tener un impacto negativo en la implementación de los acuerdos por «las posiciones aparentemente ambiguas de partidos como Cambio Radical y el Conservador sobre lo que queda por aprobar». Otra alerta que hace el informe es el de la seguridad de los líderes sociales (algo apenas lógico pues, en lo que va de 2017, van 54 asesinados), y asegura que son ataques sistémicos, y no aislados. “Cada cuatro días se comete un homicidio contra un líder social en Colombia y cada dos, hay uno amenazado”, concluye. De todas maneras, también asegura que “se comienzan a ver avances institucionales en seguridad”. Por un lado, el Ejército tiene “una presencia estable en todo el territorio nacional con cerca de 300000 efectivos” y la Policía “cuenta con un despliegue de 172000 policías distribuidos en 8 Regiones en todo el país”. La conclusión final del informe es que el 10 % del acuerdo de La Habana se refiere a los actores del conflicto, y el 90 % restante, a la sociedad en general, y que es en ese punto donde “aún hace falta trabajar de manera más rigurosa para que las expectativas de transformación de los territorios más olvidados puedan materializarse en acciones de política pública concretas”.

Segundo informe trimestral En síntesis, del informe se destacan siete conclusiones: 1. El hecho más destacado en el trimestre es la finalización del proceso de dejación de armas de la dotación individual de los miembros de las Farc. El pasado 27 de junio, Naciones Unidas certificó la dejación de 7.132 armas entregadas por poco más de 6.800 guerrilleros, es decir, más armas que guerrilleros, un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo. Dos ejemplos: En la desmovilización paramilitar en Colombia la dejación de armas duró tres años; el proceso inició el 31 de diciembre de 2003 con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara y culminó el 15 de agosto de 2006 con la desmovilización del frente Norte Medio Salaquí del bloque Élmer Cárdenas. En total, se realizaron 38 actos de desmovilización, en los que se entregaron 18.051 armas y se desmovilizaron un total de 31.671 combatientes, es decir, un arma por cada dos paramilitares, o lo que significa lo mismo, casi la mitad de los desmovilizados paramilitares no entregaron armas. Y miremos un ejemplo internacional: Afganistán, que según comparaciones fue el proceso de paz donde más armas por insurgente se habían entregado, en total fueron 63.000 desmovilizados y se entregaron 47.575 armas, es decir, 0.76 armas por desmovilizado. De ahí que la dejación de armas de las FARC sea un hito porque la relación entre guerrillero y arma es de uno a uno, cifra que seguramente va a aumentar una vez termine el proceso de recuperación de las armas ubicadas en las caletas. 2. La evaluación del cese bilateral al fuego es sumamente positiva. Desde mediados de 2016, cuando se firmó, Colombia ha salvado más de tres mil personas de morir o quedar heridas en acciones relacionadas con el conflicto armado. Igualmente, los indicadores de violencia se fueron a la baja en 2016. En los 281 municipios priorizados para el posconflicto se pasó de 3.507 homicidios a 3157. Igualmente, en muchos de estos municipios los secuestros descendieron hasta llegar a cero y los niveles de extorsión bajaron. 3. Ahora bien, aunque hasta 2016 se presentó el descenso en varios indicadores de violencia, lo cierto es que las zonas donde antes operaban las FARC han comenzado a ser copadas por organizaciones criminales, la guerrilla del ELN o sencillamente se presenta una situación de anarquía criminal. Esto, cómo se mencionó antes, ha elevado la violencia homicida en algunos municipios, por ejemplo, Tumaco en el departamento de Nariño. Las estructuras de las FARC operaron en 242 municipios, se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad estatal, sin embargo, hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales. Estas regiones han sido llamadas zonas postfarc, y se clasifican en cinco tipos de territorios; i) Zonas con ocupación o expansión del ELN, en doce municipios ii) Zonas con ocupación o expansión de Grupos Armados Organizados (en adelante GAO), 74 municipios, 18 de ellos han sido producto de expansión debido al repliegue de las Farc; iii) zonas de presencia de expresiones de “disidencias” de las FARC, 16 municipios; iv) Zonas de anarquía criminal; v) Zonas en proceso de consolidación estatal. Sobre estos territorios queremos señalar varios elementos. La expansión de GAO ha sucedido en zonas en las que hay actividades de economías ilegales, como minería criminal y cultivos de uso ilícito. La estrategia de expansión del Clan del Golfo tiene como aspecto clave la subordinación de grupos más pequeños, que tienen operatividad en el plano local, pero carecen de la capacidad armada y económica para mantener el control de una región de manera independiente. El Clan Úsuga controla estas pequeñas estructuras bajo la modalidad de franquicias. Esto permite que la expansión de las estructuras criminales en las regiones no se produzca con altos niveles de violencia, no hay confrontaciones y se hace uso de la violencia de manera selectiva, de allí los altos niveles de victimización contra líderes sociales. En la información recolectada por la Fundación Paz & Reconciliación se constata que sólo hay una disidencia de las FARC propiamente dicha. Esta se viene unificando en el Sur del país, específicamente en los departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta y Caquetá, se presume que cuenta con alrededor de 310 hombres. Sus relaciones con la comunidad no son hostiles, al parecer, han venido movilizándose política y militarmente. Las otras expresiones de miembros de disidencias operando en territorios son realmente grupos de desertores cuyo único propósito es apoderarse de las rentas ilegales aprovechando el vacío de poder dejado por las Farc. En todo caso estos grupos de desertores causan una gran victimización en las zonas donde operan. En otros territorios parece que la salida de la guerrilla generó una especie de auge de la anarquía criminal, es decir, la inseguridad ha aumentado con la salida de las FARC: el abigeato, el atraco en carretera, y los conflictos vecinales que terminan en violencia. Esto significa que no se trata de crimen organizado, sino de delincuencia común que ha comenzado a aumentar. El ELN, por su parte, está copando algunos espacios dejados por las FARC en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y chocó. Se espera que en la medida en que avance el proceso de paz con esta guerrilla y se materialice un cese bilateral al fuego y de hostilidades, los índices de violencia puedan disminuir de manera sustantiva. Para hacer frente a los procesos de reconfiguración de la criminalidad, es necesario que la institucionalidad y las promesas del acuerdo de paz puedan ser territorializadas y su implementación sirva como escudo a los esfuerzos de expansión de las organizaciones criminales. Se debe recordar que la agenda del proceso de paz no tiene como único eje el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de los excombatientes. El acuerdo es mucho más que eso, es la oportunidad para transformar las condiciones de exclusión y olvido del campo colombiano, abrir espacios de apertura democrática y construir relatos que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Los avances en estos tres elementos permitirán mitigar la expansión de las organizaciones criminales y resignificará la construcción del Estado desde el nivel local. 4. La situación de vulnerabilidad de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica. Los hechos de violencia contra esta población presentan un comportamiento con grados altos de sistematicidad. Las motivaciones de estas acciones estarían encaminadas en limitar la participación de líderes sociales en política, entorpecer procesos de construcción de verdad, restitución de tierras y defensa del medio ambiente. De acuerdo al monitoreo realizado por la Fundación Paz y Reconciliación, a través de su observatorio de violencia política, se han registrado un total de 181 hechos victimizantes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 11 de julio de 2017. Entre estos hechos 55 homicidios, es decir, que cada cuatro días se comete un homicidio contra un líder social en Colombia y cada dos, hay uno amenazado. 5. La mayoría de leyes y decretos promulgados hasta el momento favorecen a los actores directos del conflicto. El proceso de concentración y dejación de armas influyó en la rapidez con que se dio la implementación normativa para que diera seguridad y estabilidad jurídica a los ex combatientes. Las leyes de amnistía, Jurisdicción Especial de Paz, reincorporación política y voceros de paz están encaminadas a favorecer directamente a los actores centrales del conflicto. Los decretos de planes de electrificación rural, vivienda y educación junto a la ley de estatuto de oposición son medidas tendientes a solventar las llamadas causas estructurales del conflicto. La propuesta de la Misión Electoral Especial tenía grandes cambios al sistema político y electoral colombiano como la división tripartita de los órganos electorales, las circunscripciones mixtas y el financiamiento preponderantemente estatal. Sin embargo, pocas de estas propuestas fueron incluidas en el proyecto de reforma política presentado por el gobierno, la financiación estatal y las listas cerradas y bloqueadas están entre lo incluido por el gobierno. El fallo de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo 01 de 2016 da a los congresistas la posibilidad de incluirle modificaciones al articulado y en el más reciente debate sobre Circunscripciones Especiales de Paz se vio que los partidos pueden retrasar o incluso hundir las leyes para presionar al gobierno y preparar sus campañas electorales del 2018. La próxima legislatura será determinante para que se aprueben leyes que están en trámite como las de innovación agropecuaria, adecuación de tierras y CTEP. Sin embargo, la cercanía de las elecciones y las posiciones aparentemente ambiguas de partidos como Cambio Radical y el Conservador sobre lo que queda por aprobar suponen un riesgo para la implementación normativa. 6. Se comienzan a ver avances institucionales en seguridad. Tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional, han venido implementando una estrategia de despliegue en las zonas postfarc. Este despliegue se realiza por parte del Ejército Nacional a través de 1.080 puestos de mando y bases militares donde mantiene una presencia estable en todo el territorio nacional con cerca de 300.000 efectivos de las tres fuerzas; Militares, Armada, Aérea. De estos, 68.000 están desplegados en los 160 municipios priorizados de las zonas postfarc. El Ejército también ha tomado decisiones de transformar internamente su despliegue operacional con la creación de los Comandos Operativos de Estabilización y Consolidación, con lo cual suprimen a las antiguas Fuerzas de Tarea. La misión de estos Comandos es de mantener el Control Territorial del Estado en las zonas donde se han tenido logros en seguridad. Por su parte la Policía Nacional cuenta con un despliegue de 172.000 policías distribuidos en 8 Regiones en todo el país, con 1.752 estaciones de policía y 4.789 cuadrantes. Igualmente despliegan 12.000 uniformados a las zonas y puntos veredales, como parte de la estrategia UBICAR, y como parte de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz – UNIPEP. La Policía Nacional también ha creado un Cuerpo Élite para combatir los fenómenos de violencia y desmantelar a las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que vienen atentando contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales y políticos . Este cuerpo está compuesto por 1.000 de los uniformados más competentes de la fuerza. Igualmente sobresale la persistencia de parte del gobierno tras la crisis generada por la decisión de la Corte Constitucional para integrar a excombatientes de las FARC en el programa de protección de la Unidad Nacional de Protección – UNP, como parte de los esquemas de protección. En todo caso, este despliegue hasta ahora comienza y por tanto no ha significado una reducción en los homicidios y otros fenómenos de criminalidad en el entorno rural como lo demuestran cifras. En este sentido, el Plan Institucional de Consolidación Territorial, que integra y articula el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación “Victoria”, de las Fuerzas Militares, y el Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz, de la Policía Nacional, deben acelerar sus esfuerzos para llevar el Estado de derecho y la gobernanza a todos los rincones del país, pero en especial, a los territorios postfarc. Adicionalmente, es urgente hacer frente a la situación de los territorios a través de la presencia de las diferentes instituciones estatales con el fin de garantizar el monopolio de la fuerza, pero, además, la administración de justicia. No es suficiente reforzar la fuerza pública, es la oportunidad para construir una institucionalidad local más robusta, que genere confianza y pueda reconocerse como autoridad para el trámite de los conflictos. 7. Los acuerdos de La Habana se pueden dividir en dos grupos de acciones. Un 10% se refiere directamente a los actores de la guerra, el otro 90% beneficia a la sociedad en general. Hasta ahora ha comenzado la agenda de ese 10%. Sobre el 90% del acuerdo, el cual establece los programas, planes y acciones para superar las condiciones estructurales de la violencia, aún hace falta trabajar de manera más rigurosa para que las expectativas de transformación de los territorios más olvidados puedan materializarse en acciones de política pública concretas. Existen tres componentes fundamentales para que lo acordado no sea letra muerta: (i) Presupuesto, (ii) capacidad institucional administrativa, jurídica y técnica en los territorios, y (iii) voluntad política. Si la producción normativa no se acompaña de estos tres elementos que materializan las estrategias de política pública para cumplir este 90% del acuerdo, es posible que no se puedan concretar las transformaciones necesarias para consolidar los procesos para el fortalecimiento de la democracia. Sobre estas conclusiones generales del informe, el equipo de investigación ha construido un semáforo de la implementación en el cual se categorizan por temáticas los elementos según los tiempos y el ritmo de la implementación. El color verde se refiere a los asuntos que están avanzando; el color amarillo, a los que tienen retrasos y; el color rojo, a aquellos procesos en los que no se avizora ninguna iniciativa. El semáforo de Como va la Paz: Ver documento completo Descargar

En entrevista para el programa La Noche, José Manuel Acevedo, se empeñó a fondo en explorar la faceta de crítico del proceso de paz y de Santos que había mostrado Juan Carlos Pinzón en el arranque de su campaña presidencial y se encontró a un Pinzón recogiendo velas, asustado ante sus propias declaraciones. En el momento de la conmoción que vivía el país por el atentado en el Centro Andino Pinzón aseguró que “Los incentivos que tienen hoy criminales y terroristas son perversos” y luego en el momento solemne del desarme completo de la guerrilla señaló que “Es un error celebrar la entrega de armas. Es claro que FARC y disidencias tienen armas. Más transparencia”. Se sentía en los tiempos en que arrancaba aplausos diarios con encendidos discursos contra las FARC desde las instalaciones del Ministerio de Defensa en Bogotá. De inmediato voces del uribismo celebraron la llegada a filas de un nuevo integrante y el presidente Santos se le fue encima con un sonoro latigazo: “La política saca lo peor de la condición Humana“. No era para menos. Aún estaba caliente la silla que había dejado Pinzón en la embajada en Washington, no se habían disipado aún las palabras con las que el ahora candidato en ciernes le agradecía a Santos todos los puestos que le había dado: para empezar la Secretaria Privada del Ministerio de Hacienda cuando apenas tenía 29 años y luego el Viceministerio y el Ministerio de Defensa y para terminar la principal embajada del país. Con esa larga cola Pinzón se atrevía a calificar el proceso de paz, la bandera de su mentor, de “incentivo perverso” para la violencia y sin que se le moviera un sólo músculo se apuraba a demandar “transparencia” en el momento clave de la negociación, en el día en que el Estado recuperaba el monopolio de las armas. Era, sin duda, un descaro mayor. Para enmendar la plana Pinzón se dedicó en la entrevista en La Noche a presentarse como un candidato tan distante de Uribe como de Santos, un fustigador nato de la polarización, un hombre dedicado a mirar hacia adelante, enfilado hacia el futuro, una persona alejada de la política, por fuera de las maquinarias, un hombre nuevo. El subdirector de Noticias RCN intentó una y otra vez que ratificará sus ácidas palabras sobre la paz, su velada diatriba contra Santos, sus coqueteos innegables con el Uribismo. No pudo. Evadió uno por uno los interrogantes acudiendo a frases de cajón, saltando por encima de su verdadera trayectoria política. No creo que ese ardid le vaya a resultar. Es dificil que los medios de comunicación y la opinión se traguen el infundio; que le acepten, de la noche a la mañana, que no viene del corazón del Partido de la Unidad Nacional, el agrupamiento político que acaparó puestos y negocios a lo largo de tres periodos de gobierno; es dificil que la gente informada olvide que, sin mayores luces, ha sido un mimado del poder por cerca de veinte años. Tendrá además una fila enorme de competidores por ese lugar en la política. Distantes de Santos y Uribe se declaran ahora mismo, con más méritos, Fajardo, Claudia Lopez, Petro, Robledo y a medida que transcurra la campaña y agonice el gobierno la mayoría de los candidatos estarán ahí, invocando la independencia, empezando por Germán Vargas Lleras que se retiro antes que Pinzón y durante el ejercicio de la vicepresidencia ventiló, ese sí, algunas diferencias. Quizás pensaba que Santos bebería el agua amarga de sus trinos sin decir palabra y ahora piensa que el Partido de la U, que lo necesitaba en sus filas como una carta de negociación en la aguda crisis que vive, se comerá el desplante que le ha hecho y en algún momento acudirá en su respaldo. Le auguro una enorme desilusión. No digo que Pinzón haya quemado todas las cartas en un abrir y cerrar de ojos. En Colombia eso nunca se puede asegurar, acá todo se transa, todo se mueve, todo viene y va, todo tiene precio, verbigracia, la alianza entre Uribe y Pastrana. Pero por lo pronto, en medio de sus malabares, ha quedado herida la pretensión de acercarse al Centro Democrático para competir en ese lado por una candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia y también ha quedado maltrecha su relación con Santos y el Partido de la U. Esto sería menos grave si tuviera un gran arrastre en los sondeos de opinión, el bálsamo de la popularidad sirve para aliviar las heridas más profundas, pero allí tampoco arranca bien. En la encuesta de Gallup marca un 2.4% y está en los últimos lugares de favorabilidad. Ahora bien, en este país de lagartos, no faltará quien le diga Pinzón que su trayectoria en los bancos y en el gobierno lo emparenta claramente con Emmanuel Macron y su destino será seguramente muy parecido al de la nueva estrella de la política francesa. Pero la realidad es que Pinzón tiene más cara de Le Pen que de Macron. Columna de opinión publicada en Revista Semana Le recomendamos: Observatorio de la democracia

En Córdoba el poder está repartido entre unos pocos clanes familiares. En Pares realizamos una investigación sobre las personas que ostentan todo el poder en el departamento y se las presentamos en estas infografías. Le recomendamos: Observatorio de la democracia

“Al principio es duro, la sangre escandaliza, pero después una se acostumbra”, eso me decía una amiga que había manifestado tenerle miedo a la sangre, pero que estudió medicina. Esto mismo parece aplicarse a todo tipo de práctica repetitiva humana. En profesiones como la medicina, no hay lío, se aumenta la tolerancia a la sangre gracias al oficio. Pero cuando nos referimos a temas de violencia, corrupción y guerra, es señal de una sociedad enferma. Tres ejemplos vale la pena recordar. El primer hecho que recuerdo fue el caso del subteniente del Ejército Raúl Muñoz, quien violó una niña, la asesinó y luego asesinó a los dos hermanitos de la niña. Días después del hecho viajé al departamento de Arauca y nunca olvidaré una frase que me dijo una señora que atendía un restaurante: “Algo debió haber hecho el señor”, se refería al papá de los tres niños; es decir, la señora justificaba la violación y los asesinatos. El otro hecho, que aún me asombra, es el de la exsenadora Liliana Rendón, quien justificó la violencia contra la mujer. Cuando se le indagó sobre los hechos, en el que el entonces técnico de la Selección Colombia, Hernán Darío Gómez, agredió a una mujer dijo: “Algo pasó, algo lo provocó y como le dije: nosotras para provocar estamos solas, somos muy necias y, cuando decimos a fregar, no nos para nadie y provocamos reacciones como la desafortunada que tuvo el Bolillo”. No olvidemos que la exsenadora es militante conservadora. En sociedades machistas la violencia de género se justifica y es aceptada por la mayoría de la población. El tercer ejemplo me ocurrió hace una semana. Mi anterior columna fue sobre la exministra Marta Lucía Ramírez y la JEP; allí, al inicio de la misma, comparaba cómo en la dictadura de Pinochet, que duró 17 años, fueron asesinados 3.200 civiles; mientras que, en ocho años de gobierno Uribe, en una supuesta democracia, más de 4.000 civiles fueron asesinados por agentes estatales y luego fueron reportados como guerrilleros, los famosos falsos positivos. Apenas unos minutos después de haber salido la columna, recibí varios mensajes, ninguno de ellos debatía las cifras –ya que son las oficiales–, más bien justificaban lo ocurrido. “Había que hacerlo, teníamos que utilizar lo que fuera para acabar con esa gente, porque no podíamos ni viajar”. “Entonces qué quería… que la guerrilla se tomara el país”, entre otros mensajes. Y aunque parezca increíble, a pesar de todos los datos, de todos los estudios que muestran cómo gracias al proceso de paz se han salvado miles de vidas y se salvarán decenas de miles, hay quienes prefieren la guerra y quisieran que este país siguiera por la vía de la sangre. También en los asuntos de corrupción se ven cosas increíbles: “Yo voto por él… también roba, pero menos que los otros, deja cositas para la gente”. “El ‘man’ es un ladrón pero deja que uno trabaje tranquilo”. También en esta materia hay hechos para recordar. Por ejemplo, el fiscal general Néstor Humberto Martínez sigue diciendo que la lucha contra la corrupción es su bandera y que gracias a la Fiscalía Nacional todos los escándalos han salido a la luz. Lo cual es abiertamente falso. Tanto el escándalo de Odebrecht como el del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, se destaparon gracias a la justicia norteamérica, de no ser así, nada habría pasado. La justicia colombiana tomó algunas acciones casi porque le tocaba. De hecho, Luis Gustavo Moreno no era un personaje desconocido para partidos y congresistas, muchos se vieron beneficiados de sus servicios como abogado años atrás. En el caso de la Personería de Bogotá en 2016, para su elección recibió el apoyo de Centro Democrático, Cambio Radical y del Partido Liberal, pero ninguno ha salido a declarar acerca de sus relaciones con Moreno. Esto lo que demuestra es que no solo los ciudadanos sino sus representantes son tolerantes con la corrupción, además de promoverla. Estos niveles de tolerancia a la ilegalidad solo muestran una sociedad enferma. Pareciera que los años de conflicto lograron un cambio cognitivo en nuestra sociedad. La historia nos ha enseñado que estos cambios cognitivos solo se detienen con choques fuertes. En Alemania hoy nadie justifica lo que sucedió con el nazismo, han surgido en los últimos años corrientes revisionistas, pero nadie lo justifica. Solo cuando los alemanes se dieron cuenta de los campos de concentración, como el de Treblinka y Auschwitz, entendieron la dimensión del horror nazi. Tengo la esperanza de que en Colombia la Comisión de la Verdad y la JEP logren este cambio en la mentalidad colombiana. Una Colombia en la que nadie justifique las atrocidades de la guerra. Columna de opinión publicada en Semana.com

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Foto: El Heraldo.co La situación en las cárceles con los presos de las FARC es complicada y alarmante. Las demoras y saboteos para aplicar la amnistía tienen a más de 1.500 guerrilleros en desobediencia civil y a decenas de ellos en huelga de hambre. Se podría decir que las FARC hasta el momento han cumplido en prácticamente todo y el Estado colombiano en prácticamente nada, ni siquiera en las excarcelaciones. Los datos son los siguientes: las FARC le aportaron al gobierno nacional un listado con 3.406 hombres y mujeres militantes que estaban en las cárceles. En el mes de diciembre de 2016 se aprobó una ley de Amnistía que debía permitir la excarcelación de estos guerrilleros. Y como refuerzo, ante las demoras y supuestas confusiones por parte de algunos jueces de aplicar la amnistía, se emitió el decreto 277 de febrero de 2017. A pesar de ello, los resultados son decepcionantes. De los 3.406 presos, solo han recibido beneficios 985. De estos 985, 714 han obtenido la libertad condicional o la amnistía de iure y los otros 271 han sido trasladados a las zonas veredales donde se concentran las FARC. Así las cosas, más de 2.400 presos, seis meses después de la aprobación de la ley, no han recibido ningún tipo de beneficio. Se suponía que para el mes de febrero ya todo estaría resuelto, sin embargo, los días pasan y cada vez hay mayor descontento en la base guerrillera. En las zonas veredales y en las cárceles se habla de traición por parte del Gobierno, de incumplimiento, y algunos guerrilleros han comenzado a salirse de las zonas y a reincidir debido a la inseguridad jurídica. Esta situación, incluso, ha llevado a que uno de los jefes de las FARC iniciara hace algunas semanas una huelga de hambre. En las cáceles también se ven todo tipo de protestas: 1.784 de estos presos están en desobediencia civil, de los cuales 1.565 están en huelga de hambre (1.515 hombres y 50 mujeres), y 45 de ellos con las bocas cocidas. Las condiciones para lograr los beneficios son relativamente sencillas y claras: primero, aparecer en el listado que entregó las FARC; segundo, la certificación de que se es guerrillero por parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, exigencia del Gobierno para evitar los famosos “colados”, criminales que se pueden hacer pasar como miembros de la guerrilla; y tercero, la suscripción de un acta por parte del guerrillero beneficiado en la que se compromete a presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP), que es el modelo de justicia transicional. La rama judicial que es la directa responsable de esta situación ha tenido tres comportamientos. Por un lado, un grupo de jueces manifiestan que la ley no es clara y que el decreto tampoco, por tanto tiene miedo de aplicarla ya que podrían caer en alguna ilegalidad, y acá vale la pena decir que la ley y decreto son muy claros. Por otro lado, y como era de esperarse, la rama judicial se está aprovechando cínicamente de la situación del Gobierno. Es decir, se aprovecha de esta crisis, en la que el Gobierno está maniatado, para exigirle mayor presupuesto, mayores salarios y mayores prebendas laborales. Dejándolo más claro, los jueces, en lugar de estar a la altura de las necesidades del país, parece que están aplicándole una suerte de “extorsión” al Gobierno. Y, finalmente, el tercer comportamiento se deriva de prejuicios y sabotajes: algunas versiones indican que varios jueces, entre ellos uno del departamento de Boyacá, afirman que no van a “liberar terroristas, ni a hacerle favores a guerrilleros”. Días atrás, el Gobierno nacional afirmó que emitirá un nuevo decreto explicativo para evitar las dudas de los jueces. En otras palabras, se emitirá un decreto que explica el decreto que se hizo en febrero para explicar la ley. Solo en un país como Colombia ocurre algo así. Las FARC se desarmaron el pasado 27 de junio y le cumplieron al país prácticamente a cambio de nada, y eso que el Estado colombiano ni siquiera ha terminado las zonas veredales donde los guerrilleros están concentrados. Algo que parece increíble: cumplieron primero los ilegales que el Estado, pero esto en Colombia no es nada nuevo. Columna publicada en el El país de España

Santa Marta se prepara para el sondeo barrial por la seguridad Con gran satisfacción se dio inicio al Sondeo Barrial por la Seguridad en Santa Marta, una iniciativa liderada por la Alcaldía distrital y la Fundación Paz & Reconciliación, con el fin de conocer cuál es la percepción que tienen los habitantes de la capital del Magdalena sobre la seguridad y convivencia de la ciudad. El mercado Publico de Santa Marta fue el primer sector donde miembros del Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia –ODSC- realizaron el recorrido por las principales zonas que frecuentan las personas, que participaron en esta importante encuesta de percepción. Comerciantes, y habitantes del sector recibieron con agrado el Sondeo, ya que través de esta herramienta pueden manifestar sus opiniones acerca de la seguridad; como lo expreso Carlos Urdaneta comerciante en el mercado público, ”Me parece excelente que se haga esta encuesta porque, la ciudad necesita que la seguridad mejore, y no ocurran más delitos y que la policía y las demás instituciones estén más comprometidas en mejorar la seguridad, para uno sentirse más tranquilo”. Durante todo el mes de julio 2017 la ciudad de Santa Marta tendrá la oportunidad de participar en esta excelente jornada de participación, por lo cual se dispuso de un cronograma para recorrer 13 barrios entre los cuales se destacan Timayui, Centro Histórico, Bavaria, Cristo Rey, El Pando, El Jardín, Gaira, Bonda, La Lucha, Taganga, La Paz y Pescaito. Estos sectores fueron escogidos estratégicamente para lograr tener una amplia cobertura en el Distrito de Santa Marta. “El sondeo Barrial es de gran importancia para las autoridades ya que permitirá tener elementos de juicio recientes que nos ayuden a conocer cuáles son los fenómenos más recurrentes que afectan la tranquilidad de los habitantes de Santa Marta” Así lo manifestó La Secretaria de Seguridad y Convivencia Priscila Zuñiga, quien invita a todos los barrios que reciban al equipo del Observatorio de Seguridad y Convivencia con total confianza y transparencia, La seguridad es un asunto de todos así que no se queden sin aportar su grano de arena para seguir construyendo espacios seguros para todos. El sondeo ayudara a las autoridades a tener más claridad a la hora de tomar medidas preventivas e intensificar esfuerzos para reducir los fenómenos que afectan la seguridad y sana convivencia en los barrios de Santa Marta. Los resultados serán analizados por un equipo de profesionales con el fin de conocer cuál es la realidad que viven los samarios. De esta forma se abre este canal entre la ciudadanía y las autoridades para seguir trabajando de la mano para el mejoramiento de la seguridad en Santa Marta ciudad del buen vivir.

La captura de Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, acusado de colaborar con bandas criminales, muestra con entera claridad el mal camino que ha tomado el alcalde Federico Gutiérrez. Hace un poco más de un mes, el primero de junio, Gutiérrez se había negado a asistir a un evento presidido por el vicepresidente Óscar Naranjo para impulsar la implementación de los acuerdos de paz en la región antioqueña con el argumento de que no se sentaba con bandidos aludiendo a la presencia en el acto de Pastor Alape. Después, en las declaraciones a los medios de comunicación, se explayó en las críticas al pacto suscrito con las Farc. La actitud de tomar distancia de la paz con la guerrilla y buscar a la vez negociaciones con las bandas criminales al margen de la Fiscalía General de la Nación y del gobierno central no es buena para la ciudad de Medellín y no corresponde a la voluntad de buena parte de los ciudadanos que sufragaron por él en las elecciones de 2015. Quiero recordarles a los lectores y al propio Gutiérrez las circunstancias de las pasadas elecciones en la capital antioqueña. Alonso Salazar lideró las encuestas durante un tramo largo de la campaña. Federico Gutiérrez estuvo hasta muy avanzada la contienda en los últimos lugares de los sondeos. En la recta final Salazar se estancó y Juan Carlos Vélez, candidato de Álvaro Uribe, empezó a crecer en la opinión hasta al punto en el cual la mayoría de las encuestadoras lo daban como seguro ganador. Fue cuando los electores que acompañaban a Salazar empezaron a migrar hacia Federico Gutiérrez con la esperanza de atajar la victoria de Vélez. Lo lograron. Fue el miedo al ungido de Uribe, fue el temor a que Medellín se convirtiera en un bastión contra la paz y retrocediera hacia las alianzas con los herederos de los paramilitares, lo que empujó a muchos ciudadanos a votar por Gutiérrez. También algunos formadores de opinión, advertidos del riesgo que corría la ciudad, impulsamos en el último momento su candidatura. Luego no entendimos que fuera una buena decisión nombrar a Gustavo Villegas como secretario de Seguridad. Villegas, lo sabía Gutiérrez, venía de atrás, de jugar un papel estelar en las negociaciones con el bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, del proceso de reinserción con ese grupo, de todas las maniobras y vueltas que se hicieron para lograr que una parte de las fuerzas paramilitares se desarmara y la ciudad entrara en una etapa de apaciguamiento. Tenía lazos con quienes habían entrado en el aro de la legalidad y también con quienes, a última hora, decidieron quedarse en el bandidaje para reorganizar las bandas y combos que en los últimos años han controlado los negocios y el territorio en lugares claves de la ciudad. Ahora Gutiérrez ha salido a decir sin rubor alguno que no tenía idea de las actividades en que andaba Villegas. Ninguna persona con algún conocimiento de la hoja de vida del alcalde puede creer esta afirmación. También Gutiérrez ha hecho de la seguridad y del estudio del crimen organizado su obsesión. Tanto que después de la campaña a la Alcaldía de 2011 se vincula a la empresa de consultoría Angel Solutions en compañía de la hoy senadora del Centro Democrático Paola Holguín y del representante a la Cámara Federico Hoyos, y desde allí realiza asesorías en seguridad en Buenos Aires y en México. No es ni novato, ni despistado. Hasta en Bogotá se sabía del asunto. La misma Fiscalía General de la Nación, avisada de iniciativas de negociación con bandas criminales en Medellín y otros lugares del país, emite la circular 0002 de abril 19 de 2016, con la firma de Jorge Perdomo, en ese entonces fiscal encargado, diciendo enfáticamente que solo pueden atender solicitudes de sometimiento a la justicia el director de la Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado y el director nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana. Era en realidad un secreto a voces que por muchos lados se estaban realizando conversaciones con grupos armados ilegales. En estas andaban tanto fiscales como operadores políticos. Se tenía noticia de que en Medellín los acercamientos eran liderados por la fiscal segunda seccional Alexandra Vélez Rincón, quien fungía como coordinadora de la Unidad de Vida. Ahora, tras la captura de Gustavo Villegas, se conoce por las grabaciones y los seguimientos que los interlocutores de la fiscal eran los mismos de Villegas. Edinson Rojas, alias Pichi, el primero de ellos. La fiscal Vélez fue trasladada a otras actividades, pero, por lo visto, los contactos del secretario de Seguridad continuaron. Ahora bien, lo malo de todo esto no es la búsqueda de sometimientos a la justicia, figura controversial pero absolutamente necesaria en el desmonte del crimen organizado; lo malo es que se trabaje al margen de la Fiscalía General y del gobierno nacional; y más malo aún que los acercamientos se conviertan en transacciones privadas para favorecer a delincuentes que es algo de lo cual acusan a Villegas. En todo caso no hay que perder de vista otro asunto. Puede ser que Villegas haya quedado en medio de la disputa que adelantan sectores de la llamada Oficina de Envigado con el Clan del Golfo por los jugosos negocios del centro de Medellín. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Luego de la firma de la Acuerdos de Paz con las Farc y la posterior entrega de armas de parte de sus integrantes, es claro que una de las cosas que debe cambiar en Colombia, es la manera en cómo el periodismo ha narrado los hechos y situaciones que tiene que ver con la confrontación armada. El periodismo en Colombia durante el tiempo en que las Farc enfrentaron al Estado con las armas, informó sobre el número de muertos de cada acto de guerra o de algún hecho violento que se presentaba, y pocas veces evidenció la realidad social de los territorios en nuestro país, y más bien se dedicó a servir de vehículo de discursos políticos de distintos matices, que se agredían y se acusaban verbalmente, creando un panorama más confuso. Esto hizo que crecieran muchas generaciones que tuvieron conocimiento de una guerra al interior de nuestro país, sin entender sus razones. Que supieron de la existencia de un grupo armado que hacía reconocer como Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia – Farc, sin saber que les motivó a empuñar las armas y a mantenerse en la clandestinidad durante tanto tiempo. Hoy cuando la paz con las Farc es un hecho irreversible, a los medios de comunicación en Colombia se les presenta un reto enorme: ejercer un periodismo sin incentivar la polarización política que se ha dado en el panorama en nuestro país. Contar como son los diferentes territorios que durante décadas fueron abandonados por el Estado y que fueron dominados por la ilegalidad, donde el Gobierno Nacional debe hacer grandes inversiones, tanto en infraestructura, como en lo social, para evitar que una vez más sean ocupados por otras estructuras al margen de la ley. Sin las Farc en armas, el periodismo nacional no tiene la excusa de los riesgos en seguridad para quienes lo ejercen, y no visitar esa Colombia profunda. Hoy no deben existir razones para confiarse de las voces que desde Bogotá suelen hablar de lo divino y lo humano, y no tener mucho más en cuenta a los liderazgos sociales en las distintas regiones, que conocen la problemática que los aqueja en el día a día. Hasta hace unos años los periodistas se circunscribían a lo que decía un jefe de prensa del Ejército, ministerio de Defensa o de algún comunicado de la presidencia de la República. Hoy poco a poco se le ha dado espacio a voces de la sociedad civil, y aunque la idea de darle oportunidad a una tercera voz en la opinión pública, ha calado, aún falta mucho por hacer en este sentido. Le recomendamos: ¿Cómo resolver conflictividad local en el posconflicto? Demasiados sucesos por cubrir, más un conflicto armado con varios actores Durante mucho tiempo Colombia ha vivido una situación de orden público bastante complicada, no solo por la presencia de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional – Eln y Reductos del Ejército de Liberación Popular –EPL, sino además por la presencia de la fuerzas de extrema de derecha, hoy agrupadas en las llamadas bandas criminales – bacrim, y organizaciones dedicadas al narcotráfico, actor que de una u otra forma ha estado relacionado con las anteriores. Lo anterior sumado a los problemas de inseguridad por la delincuencia común, corrupción política y administrativa y el escandaloso número de violaciones a los Derechos Humanos en los que se ha visto inmersa la población civil, bien sea a manos de los grupos armados ilegales o de parte de agentes del Estado, hacen de Colombia un país sui generis, en donde el periodismo nacional, muchas veces se ve saturado de hechos que ocurren al tiempo en menos de doce horas, lo que le obliga a cambiar las prioridades noticiosas constantemente. En este orden de idea, el periodismo debería ser un elemento vital a favor del colombiano del común, sin embargo esto no muchas veces se cumple, en parte porque muchos periodistas informan desde Bogotá, cuando los hechos que tienen que ver con la guerra, se libra en municipios y veredas, y quienes ejercen el oficio en lo local, muchas veces no se atreven a hacerlo con el rigor necesario, en primer lugar porque conviven con el actor ilegal de vecino, y temen por sus vidas y en el peor de los casos, porque de una u otra forma han decidido hacer parte del conflicto, de manera pasiva, pero cohonestando con alguno de los grupos armados. Otro factor que ha impedido que en los últimos años, el periodismo en Colombia aborde los temas del conflicto armado a profundidad, es el ingreso de las redes sociales en la vida cotidiana del ser humano. Es innegable que el periodismo se ha dedicado a reproducir el debate que se da en las redes sociales. La agenda política ha influido al periodismo en Colombia: Desde comienzos del Siglo XXI dejó de existir la tesis general de que los medios de comunicación reflejan la realidad de algún hecho o acontecimiento importante en cualquier lugar del mundo, mucho menos si se trata de un conflicto armado. A partir de un tiempo para acá se acepta que los medios de comunicación asuman una posición que ayuda a alimentar el conflicto o por el contrario a bajar la tensión, cuando se brinda una cobertura que va más allá del campo de batalla. Esto ocurre desde el momento en que se hace más difícil acceder al lugar de los hechos, porque al hacerlo se tiene la tendencia a ser estigmatizado, bien sea por la desconfianza de una de las partes o porque a ambas les interesa que se muestren las cosas de acuerdo a sus intereses y no tanto a la verdad. Esto hace que la veracidad, la distancia crítica y la honestidad sean las primeras sacrificadas de la guerra. Mientras tanto aquellos periodistas que asumen una distancia crítica para informar acerca cómo se lleva la guerra son acusados de traidores o apátridas. Tratando de evitar este tipo de acusaciones, muchos prefieren acomodarse al bando dominante, en este caso, a quien está del lado de la legalidad. En Colombia la agenda periodística es prisionera de la política de nuestro país, quien ha impedido que se trabajen los temas a profundidad como debe ser. Un claro ejemplo de lo anterior es la manera como desde el periodismo se abordó los temas que se discutieron a lo largo del proceso de paz en la Habana – Cuba. Según el director de la Fundación Paz & Reconciliación León Valencia, “la agenda del debate público del proceso de paz, fue manejada desde el uribismo, no porque los medios de comunicación sean uribistas, sino porque fue este sector quien puso la agenda, dominando la temática de cubrimiento que se limitó a cárcel o no cárcel para las farc y participación política, cuando La paz de Colombia pasa por los temas de narcotráfico, reforma al agro, verdad, justicia, reparación, asuntos bastante complejos que los medios de comunicación no supieron abordar”. La consecuencia de este hecho, es que el 2 de octubre triunfó la narrativa de que el Acuerdo de Paz era beneficioso para las Farc, por encima de lo que beneficiaba al país. Frente a los grandes temas del país los medios de comunicación pueden tomar posición, sin que necesariamente deban hacerse al lado, del Gobierno o de la oposición, sino asumir una posición crítica, apostándole a una sofistificación de la información cuando de abordar el conflicto armado en Colombia se trate. Desde el periodismo no se puede continuar abordando un tema del conflicto armado, siguiendo el discurso de algún actor político llámese Gobierno u oposición. Video recomendado:

Análisis publicado en el Espectador.com

La oposición de la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez a la justicia transicional, denominada Jurisdicción especial para la paz, o JEP, no tiene nada que ver con un asunto ético o de principio político, tampoco con nada de lo que ella denomina castrochavismo. Por el contrario, lo que hay detrás es el miedo a la justicia. Al igual que el expresidente Uribe y gran parte del uribismo, Marta Lucía Ramírez sabe que de consolidarse el proceso de paz, habrá mucha justicia. Por ejemplo, en la dictadura de Pinochet se asesinaron 3.200 civiles. En los 8 años de gobierno Uribe, la Fiscalía investiga cerca de 4.000 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Es decir, en 8 años de democracia se asesinaron más civiles por parte de agentes estatales que en 17 años de dictadura en Chile. Así que la oposición a la justicia transicional es miedo a la verdad y la justicia. Marta Lucía Ramírez fue designada ministra de Defensa el 7 de agosto de 2002 y estuvo en el cargo hasta el 10 de noviembre de 2003. Durante su gestión hubo varios hechos, que en una justicia transicional, deberán ser juzgados y el país deberá conocer la verdad. Recordemos tres de ellos. En primer lugar, las atrocidades y masacres que cometieron grupos paramilitares mientras había un supuesto cese al fuego unilateral y mientras se desarrollaban las conversaciones para lograr la desmovilización paramilitar. En el mes de noviembre de 2002, apenas dos meses después de la posesión de Álvaro Uribe como presidente, las AUC anunciaron un cese del fuego unilateral, que era la única condición que el Gobierno les ponía para sentarse a negociar. Y desde 2003 y hasta 2006 transcurrieron las desmovilizaciones paramilitares. Léase bien, las desmovilizaciones de paramilitares duraron 3 años y no 6 meses, como la de las Farc. Desde ese momento las AUC violaron el cese unilateral, en lo que duró el mismo, se calculan poco más de 2.500 asesinatos, casi todos en la impunidad. Además, se cometieron decenas de masacres por parte de estos grupos paramilitares. Cerca de un centenar de masacres. Y como era de esperarse, Marta Lucía Ramírez nunca dijo nada. No dijo ni siquiera el 1 por ciento de lo que ha dicho del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, aun sabiendo que el proceso de desmovilización paramilitar fue terriblemente nefasto. No dijo nada de los homicidios selectivos, no dijo nada de las masacres, no dijo nada de nada. Segundo ejemplo. En 2003, en pleno cese unilateral al fuego y en plena seguridad democrática, los paramilitares hicieron alianzas con políticos para las elecciones locales por todo el país: hicieron renunciar candidatos que no comulgaban con el paramilitarismo, asesinaron otros, hicieron proselitismo armado y la entonces ministra de Defensa que hoy habla y habla de democracia no dijo nada. En el departamento de Sucre los entonces alcaldes de San Onofre, Toluviejo, Palmito y otros fueron condenados por alianzas con paramilitares. En Casanare, 6 de los alcaldes elegidos en 2003 fueron condenados por vínculos con paramilitares. Trino Luna en Magdalena fue elegido gobernador con el apoyo paramilitar, en el Cesar fue elegido Hernandito Molina, el mismo al que muchos cantautores vallenatos le dedican canciones. ¿Y saben qué? a pesar de todo esto, Marta Lucía Ramírez no dijo nada. Los militares eran los encargados de custodiar las urnas y puestos de votación en esas regiones, no denunciaron nada, su jefa directa era Marta Lucía ¿cómplice o ingenua? Tercero. Apenas se posesionó Uribe y en colaboración con la ministra de Defensa, se declaró el estado de conmoción interior mediante el decreto 1837 del 11 de agosto de 2002. Luego, el 10 de septiembre de 2002, el Gobierno expidió el famoso decreto 2002 en el cual se consagraron las «Zonas de Rehabilitación y Consolidación». Aunque serían reglamentadas en el decreto 2929 del 3 de diciembre de 2002. Esto dio vía libre a todo tipo de desmanes en estas zonas. Por ejemplo, al mejor estilo de las dictaduras, en Arauca estadios completos fueron llenados de civiles capturados bajo la acusación de ser guerrilleros, meses después casi todos quedarían libres. En Algeciras, Huila, ocurrió lo mismo, casi la mitad de la población de la cabecera urbana fue capturada. Estos decretos permitían todo tipo de desmanes: capturas injustificadas, allanamientos, interceptaciones, entre otras. Ven la razón por la que Marta Lucía se opone a la justicia transicional. Un ministro o ministra de Defensa no solo es responsable por lo que hace, sino también, por lo que deja de hacer. Bueno y claro, también la Operación Orión fue dirigida por Marta Lucía… Toda una honorable política. Columna de opinión publicada en Revista Semana