En el proceso de desmovilización paramilitar, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, hubo 0.6 armas por desmovilizado, es decir, casi la mitad de los paramilitares desmovilizados no entregaron armas. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2003 se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara al mando de alias Don Berna. En total fueron 868 desmovilizados y solo entregaron 497 armas. De hecho, muchas de las armas que este Bloque escondió, son hoy utilizadas en la guerra que desangra a Medellín y su área metropolitana entre los diferentes combos. Otro ejemplo es Afganistán, allí fue tal vez el proceso de paz donde más se entregaron armas por insurgente. En total fueron 63.000 desmovilizados y se entregaron 47.575 armas, es decir, 0.75 armas por desmovilizado. El otro extremo fue Nepal, allí de un total de 31.152 desmovilizados se entregaron 3.475 armas. En general, en los procesos de paz siempre hay más gente que armas, pero lo ocurrido con las Farc es la excepción, es increíble. Para el caso de las Farc, en total se concentraron 6.800 guerrilleros y se entregaron, en la dejación de armas de la dotación individual, 7.132 armas, es decir, más armas que guerrilleros, algo atípico en cualquier proceso de paz. Incluso con la extracción que se encuentra haciendo las Naciones Unidas de las 949 caletas, se podría llegar a una cifra histórica de 1.5 armas, en promedio, por guerrillero. Todos los datos anteriores, al menos, significan cuatro cosas. Por un lado, las Farc están cumpliendo y a pesar de los retazos del gobierno, cumplieron con la dejación de armas. Esos cuentos de que escondieron armas o de que no entregaron el material bélico son una mentira. Si se cuentan los cerca de 20.000 guerrilleros desmovilizados individualmente desde 2002 y las diferentes incautaciones de la fuerza pública en los últimos 20 años, se podría llegar fácilmente a una cifra de 25.000 armas durante el conflicto armado por parte de esta guerrilla. En segundo lugar, el presidente Santos le cumplió al país su promesa principal de gobierno; en 2014 se hizo elegir con la promesa de hacer la paz y lograr que las Farc se desarmaran, pues bien, eso se logró el día 27 de junio. 53 años de guerra se terminaron hace dos días. Tercero, las Farc entregaron material de guerra de punta, como por ejemplo las ametralladoras Browning .50, los AK 47 y morteros de tipo industrial. Las diferencias con la desmovilización paramilitar son inmensas, por ejemplo, los paras no solo desmovilizaron más gente que armas entregadas, sino que entregaron armas viejas y hechizas. Fue muy poco el material de guerra moderno. Vale la pena recordar que el prófugo Luis Carlos Restrepo, aun sabiendo de este engaño, certificó las desmovilizaciones. Por último, ya no hay disculpa para no apoyar el proceso de paz y para no creer que las partes están cumpliendo. Lo cierto es que las Farc, entendidas como guerrilla, son parte de la historia del país, en algunos días serán un partido político y eso será otra historia. La oposición política debe estar a la altura y reconocer que desde el martes Colombia ya no es la misma. Lo ocurrido en el proceso de dejación de armas de las Farc es realmente excepcional, no hay a nivel nacional o internacional algo que medianamente se acerque, la proporción de armas por reincorporado es muy alta. Cualquier persona con un mínimo de información o con algún sentido de indagar y no “comer entero”, tendría que apoyar el proceso de paz y entender que esto ya no tiene reversa. Obviamente al país le quedan inmensos retos en materia de seguridad, como el Clan del Golfo, el ELN y las inmensas economías ilegales. Nadie desconoce estos retos, yo mismo los he denunciado, pero le pido a los colombianos que disfruten este momento, así sea por una semana, pero disfrútenlo, esto es un sueño cumplido. Entre tanto; la representante María Fernanda Cabal manifestó ayer que no creía en la ONU porque la Unión soviética hace parte de ella. Obviamente esto parecería un mal chiste, pero fue cierto. Perdónenme: o es muy bruta, o le regalaron el título universitario, o sencillamente es una manipuladora que hace esto adrede, para seguir convirtiendo mentiras en verdades, al mejor estilo nazi. Una vergüenza. Columna de opinión publicada en Semana.com

La pregunta de cómo llevar a cabo una actividad minera responsable en época de posconflicto, comienza a rondar no solo en la mente de los representantes de esta actividad económica, sino además de las poblaciones que tienen asentamiento en los territorios donde se desarrolla. En Colombia existen problemas de legislación, de gobierno y de institucionalidad que rige la actividad minera, ligado a unos temas de conflictos sociales, que impiden que este sector económico pueda desarrollar su labor, sin que los territorios donde se lleva a cabo, padezcan una serie de problemas que han desembocado en un rechazo popular que hoy por hoy, se manifiesta en el triunfo de un No en las consultas que han tenido lugar en diferentes municipios. A estas dificultades que existen en la actividad minera, se suma un factor de violencia ligada al sector y otro que torpedea la labor, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien constantemente sabotea la extracción de petróleo a través de voladuras a las redes. La empresa privada y el gobierno deben pensar en cómo solucionar los impases que se han presentado y que dificultan la actividad minera en diferentes territorios de nuestro país. Las soluciones que se pueden aplicar son dos: la primera, pasa por la implementación de esta actividad económica, sin tener en cuenta las sugerencias y opiniones que al respecto puedan tener las poblaciones que ocupan los territorios donde esta tiene lugar. Esto significa un costo enorme en la sociedad colombiana, porque se dejaría la sensación de estar bajo la mano de un Gobierno autoritario que no tiene en cuenta lo que piensan sus ciudadanos y que con tal de motivar la explotación de recursos mineros que incentiven el crecimiento económico, no le importa si se destruye el medio ambiente y ni se esfuerza por ayudar a solucionar conflictos sociales que se derivan de esta actividad económica. El segundo escenario puede estar dado por motivar un diálogo territorial donde participen los diferentes sectores que se encuentran relacionados con este tema (empresarios, gobierno local y nacional, ambientalistas, sindicatos y de acción comunal), que permita encontrar a través de un consenso nacional, la solución más expedita para explotar los recursos minero energéticos en nuestro país, sin causar daños a nuestro medio ambiente, ni generar conflictos sociales que se deriven de esta actividad y por supuesto entre todos combatir la ilegalidad en la minería. En este sentido es necesario tener claro las reglas de juego, para proponer soluciones a los problemas que existen y que generan una serie de conflictos sociales en los municipios y veredas donde se desarrolla la actividad minera. Esta industria genera ingresos que se ven reflejadas en las regalías y en el impuesto de Renta. El diálogo territorial minero energético puede servir de escenario para que los diferentes actores que intercambien opiniones expresen sus diferentes puntos de vista sobre estos primeros aspectos. De esta manera podremos conocer lo que piensan estos sectores sobre el cambio en el modelo de las regalías del oro, carbón, etc., si efectivamente las zonas a donde llegan satisfacen sus necesidades básicas o si por el contrario los beneficios que hasta el momento se han recibido, no son los que se esperaba. Análisis relacionado:

Foto: presidencia.gov.co Ha tenido que correr mucha agua debajo de este puente para que Colombia lograra poner fin al conflicto armado más largo del continente y el último del hemisferio occidental. Más de siete millones de desplazados forzados, alrededor de 215.000 homicidios y cerca de 80.000 desapariciones forzadas, esa fue la cuota que pagó el país por 53 años de guerra. Hoy, 27 de junio de 2017, será una de las fechas más recordadas en Colombia. La guerrilla de las FARC ha dejado el último 40% de las armas. Este grupo armado, entendido como guerrilla, es historia; las FARC ha desaparecido como organización armada y se convertirá en los próximos días en un partido político. Para muchos colombianos esto parece un sueño. Es como una utopía en la que siempre se corre por alcanzarla y cada vez que está cerca, nuevamente se aleja. Pero hay excepciones como la que vive hoy Colombia. A mediados de 2016, después de cuatro años de negociación, se pactó en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el mecanismo para finalizar el conflicto. Allí se estableció un modelo progresivo de dejación de armas. Inicialmente los guerrilleros dejaban de utilizar un 30% de las armas, que eran entregadas a la ONU, días después otro 30%, para finalizar con el 40% de la dotación individual. A pesar de los visibles y grandes retrasos del gobierno en lo pactado, las FARC decidieron cumplirle al país, solo hubo algunos días de retraso. Las negociaciones de La Habana se dieron entre dos partes, ninguna de ellas fue vencida en la guerra; ni el Estado pudo acabar a las FARC, ni la guerrilla logró tomar el poder. Por ello, en este proceso de dejación de armas, no hay entrega de armas. Estás no se entregan al Estado, más bien se dejan de utilizar y son traspasadas a un tercero, en este caso la ONU, mediante un mecanismo que creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No habrá fotos de guerrilleros entregando sus armas porque las FARC se negaron a que sus miembros aparecieran en fotos entregando fusiles, como si fuera una capitulación. Lo que ha sucedido, en cambio, es que se adaptaron carpas o salones construidos en madera –cerrados y sin ventanas para que nadie tome fotos– en los que entran los guerrilleros para que un equipo de la ONU les reciba el arma y le certifique al guerrillero la dejación. Luego, en algunos casos, aparece una foto del guerrillero, los tres funcionarios de la ONU y el documento que certifica. La oposición, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, armó todo su discurso en contra del proceso de paz bajo el supuesto de que todo era una farsa y que las FARC no cumplirían. Primero dijeron que las FARC no firmarían en acuerdo de paz, y se firmó; luego dijeron que las FARC nunca se concentrarían en los 26 puntos rurales, y se concentraron; luego manifestaron que las FARC nunca dejarían sus armas y lo cierto es que hoy terminó ese proceso. Por ello, algunos analistas bromean, dicen que hoy no solo desparecen las FARC sino también el Centro Democrático, el partido político de Uribe. En los últimos días el Uribismo, en sus discursos, parecía añorar las FARC, y parecía decir entre líneas su deseo, que las FARC siguieran armadas, al menos hasta las elecciones presidenciales de mediados del próximo año ya que con ello su discurso del miedo les permitiría llegar nuevamente al poder En todo caso, debido a la polarización del país, ya se han mostrado fotos de los 44 contenedores que dispuso la ONU para el almacenamiento de armas. En las fotos se pueden ver contenedores repletos de armas con Morteros, ametrallados M60, los famosos fusiles Ak 47, y las poderosas antiaéreas ametrallados Browning .50, todo un arsenal que igualaría a cualquier ejército moderno del continente. Ahora, no hay que olvidar que el hecho de que no aparezcan fotos de guerrilleros entregando las armas, no es algo nuevo en los procesos de paz; en Irlanda del Norte ocurrió lo mismo, allí no hubo fotos, ni siquiera registros como los que realizó la ONU en Colombia, y el proceso de dejación de armas fue un éxito. Columna de opinión publicada en El país.com

Le he dado muchas vueltas al atentado en el Centro Andino y todos los datos que han aparecido en la prensa, todas las descripciones del brutal acontecimiento, me dicen que fue un hecho municiosamente preparado, con una consideración precisa sobre la coyuntura del país y con un objetivo tan claro como perverso. Colombia está en un momento extraordinario. Una guerrilla de 53 años de existencia está dejando las armas y el Estado está a las puertas de recuperar el monopolio de la fuerza. Cuando nadie creía se llegó a este punto mediante un acuerdo. Las partes reconocieron que no había vencedores ni vencidos. Las partes decidieron que había llegado la hora de las concesiones, la hora de cambiar el rumbo del país mediante el diálogo y la concertación. La carga simbólica es enorme. Los que hicieron el atentado han querido envenenar este momento. Ya porque tienen una profunda diferencia con lo pactado o porque les favorece la continuación de la violencia, de la ilegalidad y del caos. Han querido darles argumentos o pretextos a quienes de manera pública han manifestado su inconformidad con el acuerdo de paz. Han buscado arañar la conciencia de la gente de buena voluntad que tiene dudas sobre lo convenido. Lo lograron. Opacaron la entrega de armas de las Farc, el acto cumbre de la paz, el momento en el que la guerrilla cambia de naturaleza y se convierte en una fuerza política. Le tendieron una alfombra a los opositores para que se pararan a gritar a voz en cuello que el terrorismo seguía vivo, que el atentado era una consecuencia directa de los acuerdos de La Habana, que las concesiones a la guerrilla eran incentivos para nuevas violencias. Alguien del coro se atrevió a decir que había llegado la hora de tumbar a Santos. Si fueron astutos para escoger el momento, lo fueron aún más para escoger el lugar y el blanco del ataque. En el Andino y su entorno se congregan formadores de opinión, empresarios, tomadores de decisiones, en buena medida desconfiados de la paz, acérrrimos críticos de las guerrillas, apasionados detractores del actual gobierno. El impacto social y político estaba garantizado, con mayor razón si las víctimas fueran mujeres o niños. He oído que algunos analistas atribuyen el hecho a un grupo marginal, a gente quizás sin mayor preparación. Era una pequeña carga de amonal, dicen; escogieron el baño de mujeres para dejar tirado el explosivo, dicen. Pero la realidad es que estaban en uno de los lugares públicos más vigilados del país. Ningún espontáneo, ningún novato, ninguna persona sin contactos, sin apoyos, sin conocimiento de los aparatos y los esquemas de vigilancia se mete a realizar un crimen tan grave y sale sin dejar mayores huellas, tan campante, tan a cubierto. Si fuera cierta la hipótesis de que se trata de un grupo de extrema izquierda o quizás una disidencia de las guerrillas en el proceso de paz, estaríamos ante gente experimentada que viene del corazón de esas fuerzas, una promesa de continuidad de violencias que las guerrillas mismas, en tránsito a la vida civil, tendrían que ayudar a conjurar. La acción tendría que ser rápida, envolvente, antes de que cojan vuelo, antes de que se consoliden y se extiendan. Ahora bien, si se trata de un grupo de derecha con algún nexo con agentes del Estado, afrontamos el peligro de que escalen las acciones y vayan hacia atentados similares a los que ocurrieron en otros procesos de paz, atentados contra la vida de personas directamente vinculadas a los acuerdos, como ocurrió en los años ochenta con la Unión Patriótica o después con el M-19 o luego con la CRS, muertes tan impactantes como la de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo o Carlos Pizarro Leongómez. En este caso el reto de la institucionalidad es mayor porque resulta siempre más difícil mirar hacia las propias filas, desentrañar lo que ocurre detrás de los bastidores de encumbrados enemigos de la paz, se corre el riesgo de que estos acontecimientos se cubran con el manto aleve de la impunidad. Dirán que exagero. Pero si tuvieron la audacia, la sangre fría y la perfidia para atacar a mujeres sin protagonismo político en pleno corazón de Bogotá, no veo por qué se van a privar de ir tras las huellas de líderes con ascendencia en el proceso de paz, no veo por qué van a desistir de impactos mayores en la contienda electoral que se avecina. Los anuncios que se han hecho hasta ahora, las medidas que se han tomado hasta ahora, tienen la traza de la rutina, no se salen del canon con el que se afrontaron acciones recientes en la ciudad. Nada extraordinario. Ninguna comisión especial de investigación con lentes para ver en la oscuridad de estas conspiraciones. Tengo el temor de que llegaremos a resultados parecidos. Palos de ciego. Señalamientos sin verdadero sustento. Detenciones que no resisten el paso del tiempo. O el simple olvido, dejar que pasen los días y que la gente deje de mencionar el tema. Ojalá me equivoque. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El final del desarme de las Farc tendrá lugar el próximo martes 27 de junio en el municipio de Mesetas, territorio donde según Pablo Catatumbo se han librado los combates más duros entre el Estado y esta guerrilla, luego del ataque a Casa Verde ordenado por el Gobierno de Cesar Gaviria. Esta fecha debería ser la más importante para Colombia, tras la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón, por ser el día en que se cumple lo que el país tanto ha deseado durante mucho tiempo: que miles de guerrilleros entregaran sus armas, poniéndole punto final a un enfrentamiento que dejó una ola de sangre y a lo largo y ancho del país. La entrega de armas de las Farc no significa que la violencia en Colombia vaya a desaparecer del todo, pero si hay que resaltar que la desaparición del grupo, como organización insurgente, ayuda a reducir las cifras de muertes violentas, desapariciones, secuestros y demás hechos relacionados con el conflicto. Lo anterior lo confirman las estadísticas divulgadas por la Revista Semana en su última edición donde dice que, “la tasa de homicidios es la más baja de las últimas cuatro décadas. En 2016 hubo 12.357 cuando en los años anteriores el promedio era de 16.000. El secuestro pasó de 3.400 casos a principios de este siglo, a 207 el año pasado. La extorsión va en caída libre desde que comenzó el cese al fuego y de hostilidades, pues el año anterior cayó un 22 por ciento y en lo que va corrido de 2017 ha disminuido un 42 por ciento. Las cifras relacionadas con el terrorismo van en picada. El país pasó de un promedio de 60 masacres hace dos décadas a 9 casos en 2016. Hace un lustro todavía se presentaron 894 actos de terrorismo, mientras el año pasado se registraron 212. Las tomas de pueblo, por ejemplo, desaparecieron. De los 500 soldados muertos por año en combate en promedio durante la última década, se pasó a 113 en 2016; y los heridos de 2.600 a 1.263. Las víctimas de minas pasaron de 859 hace una década a 84 en el año anterior.” El paso que dan las Farc sella el inicio de la búsqueda de la paz que Colombia ha buscado durante décadas enteras. Ahora le corresponde al país y al Estado, demostrar su compromiso con una nación sin violencia, no solo cumpliendo lo pactado en el Acuerdo, sino además respetando la vida de quienes se vienen a una vida sin armas. El camino que sigue no será fácil. Los discursos que van y vienen cargados de odios y mentiras, dejan ver que mientras las Farc han venido preparándose para vivir en una Colombia sin armas, el resto del país no está listo para asumir la idea de tener a un grupo de personas que vienen de la guerra, sin necesidad de enfrentarlas, como ha sido la constante. Nuestro país se quedó enfrascado en medio de una discusión del Sí y el No, sin permitirle ver las circunstancias del momento que vive, lo que ha hecho que el desarme lo tome por sorpresa y sin estar preparado para cuando este llegara. La consolidación de la paz con las Farc, está hoy en la cancha de los colombianos que no hicieron parte de la confrontación armada y del mismo Estado. El tiempo dirá que tan listo estábamos para cuando llegara este momento. Análisis relacionados: Cronología de la implementación de los Acuerdos de Paz M-19, memorias de un proceso de paz exitoso El Quintín Lame, proceso de paz exitoso para los indígenas Procesos de Paz en gobiernos anteriores Se divide el ELN y surge la Corriente de Renovación Socialista

Foto tomada de Portafolio En los últimos 36 meses en Bogotá se han presentado 23 ataques con explosivos. Han sido comunes los atentados con granadas a locales comerciales y viviendas, así como la detonación de artefactos dirigidos contra miembros de la Fuerza Pública. En la lista se recuerdan los atentados contra la sede del partido Opción Ciudadana, en Teusaquillo y de varios locales comerciales, y las detonaciones en sedes de entidades de salud y de la Fuerza Pública. El caso más reciente sucedió este sábado 17 de junio, cuando un artefacto explotó en uno de los baños del centro comercial Andino, en el norte de la ciudad. El saldo: tres víctimas fatales y una decena de heridos. Aunque la lista de casos es larga, este último tiene marcadas diferencias con la seguidilla de ataques que se registraron en la ciudad. Antes del sábado, la gran mayoría de explosiones, por ejemplo, sucedían bajo la modalidad de “petardos de miedo”, es decir, cargas activadas en la madrugada o bien entrada la noche, para causar miedo y zozobra en la población, pero sin el objetivo de causar daños físicos a personas. Los lugares donde sucedieron las explosiones fueron, entre otros, oficinas de EPS y de instituciones estatales, lo que sugiere que los ataques contendrían un mensaje con carga simbólica o política; otros sucesos claramente tenían una población objetivo, como los que estaban dirigidos contra la Fuerza Pública, y los horarios en los que sucedieron las explosiones no eran de aglomeración pública. El del centro comercial Andino poco se parece a los anteriores. Para empezar, sucedió en un lugar y hora en los que había aglomeración pública y tránsito casi exclusivo de civiles. Además, la carga explosiva fue colocada y detonada en una zona de la ciudad y en un sitio que pueden considerarse como de los más vigilados de la ciudad. De otra parte, el lugar donde el explosivo fue dispuesto, el baño de mujeres, podría indicar temas relacionados con el género de quienes lo instalaron o, incluso, una posible intención de violencia de género, lo cual guarda cierta similitud con las explosiones de agosto de 2016, registradas en varias sedes de EPS, pues en esa oportunidad los artefactos detonaron en baños de mujeres, aunque en horas de la madrugada, cuando las instalaciones estaban vacías. Dos cosas valen la pena resaltar. En primer lugar, se atacó una zona segura de Bogotá, donde funcionan cámaras con capacidad de reconocimiento facial y que permiten hacer el seguimiento a las personas. Lo que podría significar que, o bien los atacantes fueron bastante estúpidos, pues detectarlos es relativamente fácil, o eran tan expertos que conocían el sistema de seguridad del centro comercial y algunas tácticas para burlar el sistema de videovigilancia. Y se atacó un sitio donde acuden mayoritariamente las clases media alta y alta de Bogotá que, en el espectro político, son voto de opinión, manejan las redes sociales y son los que tienen mayor resistencia al proceso de paz. A lo que se suma un detalle: el atentado ocurrió pocas horas antes de iniciar el último tramo, el último 40 %, del proceso de dejación de armas de las Farc. De los ataques anteriores al del centro comercial Andino, 11 fueron responsabilidad del Eln o de milicias urbanas cercanas a esta estructura; cuatro obedecieron a razones de disputa entre familiares o por temas de microtráfico, y sobre los demás aún no hay claridad. En medio de este panorama, la explosión en el Andino fue cometida con un modus operandi que aún no permite generar conclusiones certeras acerca de los perpetradores o las causas. Sin embargo, lo cierto es que por primera vez, y en muchos años, se quiere afectar a la población civil de forma directa y masiva. * Subdirector Fundación Paz y Reconcilación. Nota publicada en El Espectador.com

Presidente Santos, en tan solo algunas horas, las Farc terminarán de dejar las armas. 52 años de guerra habrán terminado. Con esto, usted cumple gran parte de su promesa a la sociedad, aunque falta aún el reto de lograr transformar a Colombia mediante la implementación de los acuerdos de paz. Lo que ha hecho usted presidente, es de admirar. Estoy seguro que si su discurso hubiera sido el de la guerra, el país lo estaría aplaudiendo. Si su discurso durante estos siete años de gobierno se hubiera basado en matar gente, bombardear, eliminar y destruir a lo que es diferente en este país, buena parte de una sociedad como la colombiana, lo estaría alabando y su popularidad sobrepasaría el 80 por ciento. Colombia es una sociedad enferma, aquí hay quienes aún justifican el paramilitarismo, creen que lo que este hizo le sirvió al país. Es decir, que las miles de mujeres violadas, los descuartizamientos de civiles con motosierras, los empalamientos, las mutilaciones, las más de 400 masacres sucedidas, no sirvieron para que este país rechazara a este tipo de grupos armados ilegales; también hay quienes continúan con la idea de que la lucha armada para llegar al poder es legítima y con esta disculpa justifican cualquier tipo de atrocidades. Imagínese, aún hay quienes justifican el secuestro. Haber construido un proceso de paz, humanizado al enemigo y haber hecho entender que este país nunca deberá justificar lo que pasó ni volverlo a vivir, ha sido una gran hazaña. Usted acabó con su capital político por hacer un proceso de paz. Esto es una acción de grandes figuras, porque hacer la paz no es popular, la gente se acostumbra a la guerra, vuelve lo excepcional normal, y permite que otros actúen de modo tal que es imposible justificar en una democracia estable y fuerte. La paz por el contrario exige un nuevo humanismo en la sociedad. En esta, los seres humanos somos pares, nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre otro por ideas o por desacuerdos. Por eso la violencia une más que la guerra, porque en épocas violentas se abusa de la fuerza y se ejerce sobre el otro, mientras que en épocas de paz, se podría decir, que la fuerza que se ejerce es sobre uno mismo, ya que es preciso controlarse y aceptar a los otros y otras como iguales. La excepcionalidad de la violencia no se puede normalizar. Sin embargo, son pocos los que ven que la paz además de beneficiar a la generación actual, será tal vez el baluarte más importante, después de nuestra independencia, que entregaremos a nuestros hijos y nietos. La paz no es solo para nosotros, es también para las generaciones futuras. La paz le incomoda a aquellos que se beneficiaron de la guerra pues los obliga a devolver lo que se robaron, a contar la verdad y a pedir perdón, y por ello se oponen tanto al proceso, prefiriendo, por algunos pesos, sacrificar a nuestras generaciones futuras. Obviamente, una política de avanzada ha traído la reacción conservadora de la sociedad colombiana; por ejemplo, la de aquellos que creen que las mujeres solo sirven para la cocina y que es legítimo maltratarlas o abusar de ellas, porque la mujer agente de derechos, trabajadora, emprendedora y autónoma, les disgusta. Presidente, así como le hago este reconocimiento, también le quiero decir que debe cumplir la palabra empeñada. No puede continuar con el patrón característico del Estado colombiano de hacerle conejo a todo el mundo y de incumplir lo pactado. ¿Sabía usted que de 73 pactos agrarios que ha firmado el Estado colombiano desde mediados de la década de los noventa en el siglo XX, prácticamente todos se han incumplido? Los acuerdos de paz de La Habana que usted lideró no son para las Farc o para los militares, son para la sociedad colombiana. La reforma política, el plan nacional de vías terciarias, la reforma agraria y el fin de la guerra nos beneficiarán a todos y todas, aunque a una parte de los colombianos aún les cueste creerlo o entenderlo. Como escribió Gustavo Wilches Chaux “si a Juan Manuel Santos solo le quedará el 0,00001 % de popularidad, en ese unito estaría yo, reconociéndole su esfuerzo y compromiso por la paz”. Columna de opinión publicada en Semana.com

Hace dos años en Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, ocurrió una confrontación entre un grupo neoparamilitar llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y un grupo criminal local conocido como La Empresa. Los grupos se disputaron el territorio, pero la confrontación fue diferente, ninguno de los dos movilizó grandes contingentes de tropa y tampoco hubo una violencia masiva. Sólo se presentaron dos hechos que hoy se replican en varias zonas de Colombia y de los que también se ven episodios en Centroamérica. El primer hecho es la subcontratación criminal. Las AGC no se tomaron la ciudad a sangre y fuego, lo que hicieron fue asesinar a cuatro jefes de pequeños grupos juveniles violentos que vivían del expendido de droga, luego pusieron un jefe nuevo en cada grupo y los contrataron para que desde ese día empezaran a llamarse Urabeños, el otro nombre por el que también era conocido este grupo criminal. Es decir, había una fuerza de élite llamada AGC y luego, en varias zonas del país, subcontrataron delincuentes locales para que fueran la segunda línea de operación. En Buenaventura fue donde comenzaron a formarse estos tipos de grupos, estaban conformados por no menos de diez jóvenes y no más de 30. La Empresa también hizo lo mismo y creó grupos de jóvenes para afrontar la guerra. Cada estructura dividió la ciudad en zonas y designó a un interlocutor que era el encargado de mantener cierto control sobre estos grupos juveniles. Como resultado Colombia ahora es así, la delincuencia se subcontrata a nivel local y regional, y las franquicias criminales hoy son el común denominador. Estos grupos juveniles violentos, llamados pandillas en Colombia (un fenómeno diferente del centroamericano), tenían altos grados de autonomía criminal: trabajaban para las AGC y se relacionaban en temas de narcotráfico pero podían tener actividades criminales independientes, como el manejo de rentas de extorsión y la trata de personas. Sin embargo, cuando terminó la guerra y las AGC ganaron, estas pandillas aumentaron las cuotas de extorsión porque el pago que recibían de las AGC empezó a disminuir. La situación llegó a ser tan complicada que las pandillas extorsionaban locales comerciales pidiendo cuotas en especie, llegaron a exigir arroz, cereales y carnes, entre otras cosas. En Medellín, hace algunos meses salió un informe sobre mercados criminales en el cual se narraba como estos grupos, allá llamados Combos, obligaron a los locales comerciales a vender productos elaborados por las madres o los familiares de los jefes de estos grupos; alimentos como empanadas y arepas hacían parte de la lista. En Cali, en el sector de Terrón Colorado, el fenómeno es el mismo, pandillas que quedaron armadas luego de la guerra se están empobreciendo por la ausencia de recursos, y ahora han desatado una guerra con otros grupos delincuentes por el control de los mercados. La cosa tomó tal descontrol que, de hecho, en Buenaventura, cuando estas pandillas incrementaron las extorsiones, varios comerciantes hablaron con los jefes regionales de las AGC y estos enviaron a su fuerza élite, “los gaitanistas”, para que asesinaran a estas pandillas que hacían parte de su propia organización. Hoy las organizaciones criminales ya no emprenden grandes proyectos para tomarse un territorio, lo que hacen es subcontratar grupos criminales locales y así evitan exponer ante las autoridades a sus estructuras; así mismo, el gasto económico y social disminuye. Y por otra parte, este tipo de contratación criminal lleva a una violencia entre grupos pequeños, creando la visión para las autoridades de que todo es un problema de delincuencia juvenil y anárquica. El segundo hecho que ocurrió en Buenaventura fue el uso de las famosas “casas de pique”. Célebres por ser lugares en los que se descuartizaron personas cuyas partes del cuerpo luego se tiraron por las calles del puerto o se regresaron a los familiares de la víctima. Hoy los descuartizamientos se siguen repitiendo en Cali y en Medellín. A estos hechos se les comenzó a llamar “homicidios ejemplarizantes”: la táctica, no asesinar 30 o 40 personas sino asesinar solamente a una, con una sevicia desmesurada, para causar miedo y pánico generalizado; la estrategia: controlar a través del miedo causando el mayor pánico posible con el menor desgaste en los niveles de violencia utilizados. La violencia simbólica de estos homicidios ejemplarizantes logró y sigue logrando su cometido: se somete a una población sin usar violencia masiva, se utiliza la selectiva, y estos bajos niveles en las cifras de violencia mantienen tranquilas a las autoridades. Columna de opinión publicada en El país de España

Primeros cien días: 12 de noviembre de 2016 Luego de tener que renegociar los Acuerdos de Paz, Juan Manuel Santos confirmó al país que se contaba con nuevos acuerdos con las Farc, tras la derrota en el plebiscito. 12 de noviembre de 2016 Luego de la reunión que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos y poco antes de que desde La Habana se anunciara el nuevo acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Álvaro Uribe pidió al primer mandatario que el Nuevo Acuerdo no tenga alcance definitivo. 14 de noviembre de 2016 El presidente Santos nombra a Rafael Pardo como ministro del posconflicto. 15 de noviembre de 2016 Luego de una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos con los partidos políticos afines al proceso de paz con las Farc, quedó claro que si la refrendación se cumple por el Congreso, habría un respaldo mayoritario. 16 de noviembre de 2016 En zona rural del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, se produjo un enfrentamiento armado entre hombres de la Fuerza de Tarea Marte del Ejército y guerrilleros que, según habitantes de la zona, se presentaban como del Eln. De acuerdo con el Ejército, la advertencia por parte de la comunidad de la presencia de «individuos armados», llevó a las tropas de esa región a desarrollar una operación en el sector. 22 de noviembre de 2016 Los principales dirigentes políticos que promovieron el ‘No’ al proceso de paz con las Farc el pasado 2 de octubre dijeron en la noche del lunes que el Gobierno negó “la posibilidad del acuerdo nacional” para la paz. El Ejecutivo, por su parte, expresó que propuso “buscar un acuerdo nacional recogiendo la idea del expresidente Álvaro Uribe” (principal opositor a lo pactado en La Habana), lo cual no fue posible. 24 de noviembre de 2016 El presidente Juan Manuel Santos y Timochenko máximo comandante de las Farc, firman un nuevo acuerdo de paz en el teatro Colón de Bogotá. 28 de noviembre de 2016 El consejero de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Alberto Yepes Barreiro, terminó y archivó anticipadamente el proceso de nulidad electoral que se inició contra los resultados del plebiscito para la paz. 28 de noviembre de 2016 La magistrada María Victoria Calle, quien revisa una de las cinco demandas contra el Acto Legislativo para la Paz les entregó a sus colegas una ponencia en la que declara exequible la vía rápida legislativa. 29 de noviembre de 2016 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado aseguró que el Congreso sí puede refrendar el nuevo acuerdo firmado con las Farc, en respuesta a una consulta elevada por el Ministerio del Interior, señalando que «desde el punto de vista de la naturaleza, fines y alcance del control político que el Congreso de la República ejerce sobre el Gobierno Nacional, resulta conforme a la Constitución y con la ley orgánica del reglamento del Congreso, que ese cuerpo legislativo pueda hacer una manifestación política, a título de refrendación de los acuerdos de paz suscritos por el Presidente de la República». 30 de noviembre de 2016 La investigación de los hechos del 13 de noviembre de 2016, en la que dos guerrilleros de las Farc murieron y otro más se entregó a las autoridades, arrojó que esa guerrilla y el Gobierno violaron los protocolos sobre cese del fuego y de hostilidades en el marco del proceso de paz de La Habana. 30 de noviembre de 2016 Un total de 130 representantes a la Cámara votaron sí a la ratificación del nuevo texto, mientras que 0 se declararon en contra. 1 de diciembre de 2016 En un comunicado expedido desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió la firma y aprobación del acuerdo de paz con las Farc que fue ratificado por la Cámara y el Senado colombiano. 2 de diciembre de 2016 En la sede de la misión política de Naciones Unidas en Bogotá, con presencia de embajadores, representantes de países garantes del proceso de paz, miembros del Gobierno y de la delegación de paz de las Farc, se instaló formalmente la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación (CSIVI) del acuerdo de paz y el Consejo Nacional de Reintegración. 4 de diciembre de 2016 Las Farc pidieron perdón en Cali a los familiares de los 12 diputados del Valle, secuestrados por esta guerrilla el 11 de abril del 2002 y a la familia del policía Carlos Alberto Cendales, asesinado ese día en el recinto de la Asamblea cuando intentó alertar sobre ese hecho. 6 de diciembre de 2016 Ante la falta de infraestructura en 10 de los 27 sitios, a los cuales se están desplazando las tropas de las Farc para dejar las armas, esa guerrilla puso a disposición sus hombres para apoyar la adecuación de las zonas y propuso que ese trabajo se tenga en cuenta como parte del cumplimiento de las eventuales penas que les imponga la Jurisdicción Especial para la Paz. 8 de diciembre de 2016 El Congreso sí puede refrendar los acuerdos de La Habana, consideró la Procuraduría en un concepto entregado a la Corte Constitucional, en la demanda que contra lo acordado interpuso el senador Iván Duque. 9 de diciembre de 2016 El expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, viajó a Washington para exponer su oposición a la aprobación legislativa del acuerdo de paz con las Farc y al ‘fast track’ con el cual el Gobierno avanza en la implementación de los acuerdos de paz a través de este proceso abreviado. 10 de diciembre de 2016 Las Farc advierten sobre la presencia de «paramilitares» en una de las 27 zonas de Colombia donde está previsto que se concentre la guerrilla para dejar progresivamente las armas, en el marco del acuerdo de paz con el gobierno. 10 de diciembre de 2016 El presidente de Colombia Juan Manuel Santos es galardonado con el Nobel de Paz. 12 de diciembre de 2016 Luego de estar cuatro días retenido por las Farc en Guaviare, fue liberada la persona que se encontraba en poder de esa guerrilla en una zona de preagrupamiento. 13 de diciembre de 2016 Minutos después de conocerse que la Corte Constitucional habilitó la herramienta del ‘fast track’ (vía rápida) para tramitar la implementación del acuerdo con las Farc, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, manifestó la disposición del Legislativo para trabajar en este camino. 13 de diciembre de 2016 Cinco jefes de los frentes de las Farc más involucrados con el narcotráfico en el oriente del país, fueron expulsados de sus filas. Entre los disidentes están ‘Gentil Duarte’, integrante del Estado Mayor de esa guerrilla, y ‘John 40’, quien por años fue uno de los mayores capos de las Farc en la zona de frontera con Venezuela y Brasil. 15 de diciembre de 2016 Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se inscribió el movimiento ‘Voces de Paz y Reconciliación’, la nueva agrupación política, de origen ciudadano, que hará la antesala para el ingreso de las Farc a la vida política. 15 de diciembre de 2016 Por el movimiento Voces de Paz en el Senado estarán Jairo Estrada Álvarez, Pablo Cruz y Judith Maldonado, mientras que a la Cámara irán Francisco Tolosa, Jairo Rivera e Imelda Daza, quienes tendrán voz pero no voto en las sesiones. 19 de diciembre de 2016 En la Comisión Primera de Senado, la votación del proyecto de ley de Amnistía fue de 15 a 0 y en Cámara, 30 a 0. 20 de diciembre de 2016 La Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una queja ante el Consejo Nacional Electoral para que se investigue sobre las posibles irregularidades que se pudieron haber presentado en la campaña del plebiscito por la paz, luego de conocerse las declaraciones del gerente de la campaña por el ‘No’, Juan Carlos Vélez. 28 de diciembre de 2016 Senado y Cámara le dieron aprobación final al primer proyecto de ley para implementar los acuerdos de La Habana: la amnistía, que será pieza clave para que avance el desarme y la reinserción a la vida civil de los integrantes de las Farc. 28 de diciembre de 2016 El retraso en la adecuación de las zonas veredales y los campamentos, circunstancia, provocó que la llegada de la totalidad de la tropa guerrillera a los sitios donde dejarán las armas, prevista para antes del fin de año, se tarde un poco más. 1 de enero de 2017 En un campamento situado en cercanías de Conejo, un caserío del municipio de Fonseca, en el departamento caribeño de La Guajira, los guerrilleros celebraron la Nochevieja en compañía de funcionarios de la ONU, lo que causó una gran polémica alrededor del acompañamiento que hace la misión a las zonas de concentración. 11 de enero de 2017 El Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio reconocimiento a la agrupación Voces de Paz, la cual tiene la vocería de las Farc en la implementación de los acuerdos de La Habana en el Congreso. 13 de enero de 2017 Fueron recibidos los primeros 13 guerrilleros del Frente 29 de las Farc que llegaron a la zona transitoria dispuesta en la vereda La Paloma, en el municipio de Policarpa, al norte de Nariño. 25 de enero de 2017 El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que las zonas de concentración en el departamento no estarían listas para el 31 de enero, fecha en la que se acordó se celebraría la llegada de las Farc a estas zonas. 26 de enero de 2017 El abogado Jhon Freddy Concha, quien llevaba casos de guerrilleros de las Farc, fue atacado a bala cuando se encontraba en la calle 5B con carrera 37, del barrio San Fernando, en el sur de Cali. 31 de enero de 2017 La mayor parte de la tropa guerrillera de las Farc llega a las zonas de concentración en donde tendrá lugar su desarme y paso a la vida civil. 1 de febrero de 2017 Las Farc denunciaron es que una de sus columnas de guerrilleros que se desplazaba a las zonas veredales en las que dejarán las armas, fue espiada con un micrófono y un microchip instalados en los autobuses en que viajaron. 1 de febrero de 2017 El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, pidió que el Ministerio Público sea incluido en los procesos que se llevarán a cabo en la justicia especial para la paz. 1 de febrero de 2017 Las Farc podrán, como un partido político, igual a los demás, tener candidato presidencial y lista a Congreso en las elecciones del próximo año y financiación estatal para su funcionamiento y para sus campañas. Así lo contempla el proyecto de acto legislativo radicado en la Cámara por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 01 de febrero de 2017 La Fiscalía sostiene que la ponencia del Acto Legislativo de la Justicia Especial para la Paz “no precisa si en caso de revisión de la pena por parte de la JEP, en el evento de una reincidencia, habría lugar a tratamiento penitenciario ordinario y cómo se llevaría a cabo el juzgamiento por la justicia ordinaria respecto de personas que surten sus condenas previas”. 01 de febrero de 2017 Gobierno radicó iniciativa en Congreso el Proyecto de Estatuto para la Oposición. Derecho a réplica, entre los temas que generan más inquietud. 10 de febrero de 2017 Uribismo propone cambiar acuerdo con Farc si gana Presidencia en 2018. 15 de febrero de 2017 Efectivos de la Fuerza de Tarea Omega, con base en información brindada por la ciudadanía, lograron ubicar dos caletas, en las que se escondía gran cantidad de munición y armas pertenecientes a la disidencia de las Farc. 19 de febrero de 2017 El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, propuso replantear el calendario para que las Farc entreguen las armas debido al retraso en las construcciones de las zonas de reunión en las que los guerrilleros deben desmovilizarse. 21 de febrero de 2017 El expresidente y senador Álvaro Uribe dijo que el partido Centro Democrático no propondrá revocar los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, pero luchará por introducir ajustes. 21 de febrero de 2017 El ejecutivo trazó el camino que tendrán que seguir jueces y Fiscales para aplicar el beneficio de Amnistía para los guerrilleros de las Farc que entreguen las armas. 2 de marzo de 2017 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presentó informe donde asegura que los cultivos ilícitos en Colombia aumentaron. 4 de marzo de 2017 Defensoría del Pueblo advierte que entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017 se han registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos. 4 de marzo de 2017 Las Farc hacen entrega del primer grupo de menores guerrilleros al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la vereda Carrizal, del municipio de Remedios, nordeste del departamento. Esta entrega fue la primera de 10 que están previstas en las próximas semanas en varias zonas del país. 7 de marzo de 2017 La guerrilla de las Farc acusa el Gobierno Nacional por demoras en la adecuación de las zonas de concentración, mientras el Alto Comisionado les tilda de exigentes y pretensiosas. 7 de marzo de 2017 Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley estatutaria que crea las reglas y los derechos para el ejercicio de la oposición en Colombia. 7 de marzo de 2017 El subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos de los Estados Unidos, William Brownfield, y el embajador en Bogotá, Kevin Whitaker, reiteraron el compromiso con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero advirtieron que es casi un hecho que la nueva realidad política de su país llevará a recortes en la ayuda antinarcóticos. 10 de marzo de 2017 Cruce de versiones entre el Gobierno y el gobernador de Antioquia Luis Pérez por restricción de las Farc para ingresar al campamento del grupo guerrillero en la zona veredal de Dabeiba. 14 de marzo de 2017 Congreso aprueba la creación de la Justicia Especial para la Paz. 14 de marzo de 2017 El general Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición, confirma que las Farc, de acuerdo a los protocolos pactados en La Habana, ya entregó al componente internacional las coordenadas donde se ubican las caletas con armas y explosivos. 15 de marzo de 2017 Un grupo de militares y policías presos, piden ser incluidos en la Justicia Especial para la Paz. 16 de marzo de 2017 El procurador, Fernando Carrillo, se opone al uso de regalías para la financiación de proyectos de inversión para la implementación del acuerdo de paz con las Farc., argumentando que “los recursos del Fondo Nacional de Regalías, en liquidación, y en general los dineros provenientes de las regalías constituyen una fuente presupuestal con destinación constitucional específica”, lo que restringe la potestad del legislador para darles un uso diferente. 18 de marzo de 2017 Carlos Carvajal, alias mojoso líder de un grupo de disidentes de las Farc, que no se había sumado al acuerdo de paz sellado entre esa guerrilla y el gobierno de Colombia, se sometió a un proceso de desmovilización y en manos de las autoridades. 24 de marzo de 2017 La organización estadounidense Human Rights Watch presentó este jueves un memorial ante la Corte Constitucional en el que subraya que algunos aparte de la Ley de Amnistía son inconsistentes con el derecho internacional o con normas del derecho colombiano y por tanto deben ser corregidas o declaradas inconstitucionales. 26 de marzo de 2017 El presidente Juan Manuel Santos, en compañía de miembros de su Gobierno, se reunió en Cartagena con miembros del secretariado de las Farc para evaluar los primeros cien días de la implementación de los Acuerdos de paz. 27 de marzo de 2017 Las Farc se comprometen a finalizar los listados de integrantes para su posterior reincoporación y reinserción a la vida sin armas. 29 de marzo de 2017 General Oscar Naranjo inicia su labor como vicepresidente de la República con visita a Tumaco. 31 de marzo de 2017 El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica, instala en la ciuda de Cali la Comisión de Notables, que acompañara la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, encabezada por Ernesto Samper, León Valencia, Ramón Jimeno, entre otros personajes de la vida nacional y de la sociedad civil. 31 de marzo de 2017 La ex secretaria de Estado y ex candidata demócrata a la presidencia de EE. UU., Hillary Clinton, hace un reconocimiento a la labor de Humberto de la Calle; la vicefiscal Maria Paulina Riveros; la periodista de EL TIEMPO, Jineth Bedoya; y la directora temática en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Elena Ambrosí, en lo que tiene que ver con paz y reconciliación en Colombia.

Lo que hemos visto con el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es, sencillamente, una vergüenza, un asalto a la Constitución, una burla a la ciudadanía y el reflejo de comportamientos autoritarios dignos de dictadores de la segunda mitad del siglo XX. En Colombia, los políticos se rasgan las vestiduras porque Maduro en Venezuela, se opone y obstruye una revocatoria, mientras que, por la puerta de atrás, tienen exactamente los mismos comportamientos que el Gobierno vecino. Los partidos de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U y un sector de los conservadores, se mueven en el Consejo Nacional Electoral [CNE] para tumbar la revocatoria y garantizar que el ineficiente, terco y mal alcalde Peñalosa, continúe en el poder. La conclusión es que a las élites políticas de este país la Constitución les sirve hasta que los toca. Cuando les concierne, se burlan de esta y de la ciudadanía; pero no lo hacen de frente, lo hacen de forma vergonzante y por la puerta de atrás. La triquiñuela que utilizaron Cambio Radical, el Centro democrático y el partido de la U fue la siguiente: Le trasladan al CNE la función de calificar si un mandatario cumple o no el programa de gobierno. Es decir, que los magistrados del CNE que son elegidos por los partidos políticos en el Congreso, son los encargados de supervisar a aquellos que hacen parte de la maquinaria de senadores que los eligen. Por ejemplo, la magistrada Yolima Carrillo, quien es ficha de Cambio Radical y, además política cercana al juzgado y preso exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, es la encargada de torpedear el asunto de la revocatoria de Peñalosa junto con el presidente del CNE Alexander Vega. Un número importante de los procesos de revocatoria que existen en el país, son contra alcaldes del partido Cambio Radical. Y estos alcaldes, son la ficha principal con su capacidad de contratación, para financiar las campañas de los honorables congresistas en las elecciones de 2018. En tanto la contratación pública es la que permite financiar campañas para congresistas y candidatos presidenciales, quieren evitar las revocatorias. Así las cosas, en la vida real el CNE no es el guardián de la democracia, es más bien, un instrumento clientelista para impedir que exista control ciudadano al ejercicio del poder. La confabulación es de tal magnitud, que seis magistrados del CNE que son de los partidos anteriormente nombrados, tienen en jaque a Armando Novoa, Héctor Helí Rojas y Ángela Hernández, y no los dejan ni hablar. Ya es conocida la guerra sucia que tenía el CNE contra Novoa, pues este no se presta para las confabulaciones politiqueras; pero con el tema de Peñalosa, incluso a sus amigos de clientela como Rojas y Hernández los tiene en jaque. Existen alcaldes que no merecerían ser revocados. Sin embargo, lo que se discute no es lo bueno o malo que nos parezca un alcalde, es la legitimidad democrática de la figura del control ciudadano. Si las élites políticas quieren acabar la democracia en este país, pues háganlo de frente, no se inventen triquiñuelas administrativas o jurídicas, ni dilaten los procesos democráticos. En este caso, la frase de la justicia es para los de ruana, sí que aplica. Lo que puede pasar en el CNE es un verdadero atentado, una bomba atómica a la Constitución política de Colombia, al modelo democrático que le ha costado mucho a la humanidad construir. Entre tanto: La reunión del contralor de Bogotá Juan Carlos Granados con los concejales de Bogotá no debe extrañar. Granados tiene una cola larga de investigaciones por sus comportamientos cuando fue gobernador de Boyacá. Además Granados dice que es intocable pues es muy amigo de Vargas Lleras y dice que será su próximo ministro de Defensa…. Dios los cría y ellos se juntan. Columna publicada en Semana.com