Municipios Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz Circunscripción 1 (CAUCA): Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, la zona rural de Santander de Quilichao, Suárez y Toribío. (NARIÑO): Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa. (VALLE DEL CAUCA): Florida y Pradera. Circunscripción 2 (ARAUCA): Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Circunscripción 3 (ANTIOQUIA): Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, la zona rural de Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza Circunscripción 4 (NORTE DE SANTANDER): Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Circunscripción 5 (CAQUETA): la zona rural de Florencia, Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaiso. (HUILA): Algeciras. Circunscripción 6 (CHOCO): Bojayá, Medio Atrato, Itsmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Novita, Sipi, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto y dos municipios de Antioquia Vigia del Fuerte y Murindo. Circunscripción 7 (META): Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa. (GUAVIARE) San Jose del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores. Circunscripción 8 (BOLIVAR): Córdoba, la zona rural de El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. (SUCRE): Colosó, Chalan, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Tolú viejo. Circunscripción 9 (CAUCA): Guapi, López de Micay y Timbiquí (VALLE DEL CAUCA): Zona rural de Buenaventura Circunscripción 10 (NARIÑO): Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Barbara y la zona rural de Tumaco. Circunscripción 11 (PUTUMAYO): Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamón, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón. Circunscripción 12 (CESAR): Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y la zona rural de Valledupar. (GUAJIRA): Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. (MAGDALENA): Aracataca y las zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Fundación. Circunscripción 13 (BOLIVAR): Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa Del Sur y Simití. (ANTIOQUIA): Yondo. Circunscripción 14 (CORDOBA): Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y las zonas rurales de Tierralta, y Montelibano. Circunscripción 15 (TOLIMA): Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Circunscripción 16 (ANTIOQUIA): Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y las zonas rurales de Apartadó y Turbo. Análisis relacionados: Circunscripciones especiales de paz

DESCARGUE AQUÍ TODO EL INFORME El informe toma como punto de partida el día de la firma del acuerdo del Teatro Colon de noviembre 24 de 2016. El objetivo es constituirse como un insumo analítico que permita evaluar los avances, problemas y retos que se han identificado en la implementación de los acuerdos de La Habana. El primer informe, presentado ante la opinión pública el 31 de enero de 2017, giró alrededor de tres temáticas: i) El estado de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ii) La presencia de nuevos actores armados en los territorios dejados por las FARC (Zonas Postfarc) y, iii) Situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El plazo inicial para la dejación de armas de las FARC ha finalizado. Según los acuerdos de La Habana, en seis meses, las FARC dejarían las armas y comenzarían la formación de su partido político, además arrancaría la reincorporación de los miembros de esta guerrilla. El día D fue el 1 de diciembre y desde ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero las fechas no se cumplieron y hoy existen al menos tres puntos claves. Lo primero es que más allá de la fecha, la guerra terminó. Efectivamente, las FARC desocuparon más del 98% del territorio donde operaban para concentrarse en 26 puntos rurales. Los resultados se ven: los afectados por minas antipersonal han descendido de forma dramática, al igual que los reclutamientos, entre otros. La guerra con las FARC terminó, pero los retos en seguridad siguen siendo altos, derivados de la expansión de grupos criminales en las antiguas zonas que controlaban esta guerrilla. Lo segundo, la dejación de armas resultó ser más complicada de lo que se pensaba. Por ejemplo, las zonas veredales deberían estar listas desde el 31 de diciembre de 2016. Hoy, después de los seis meses de plazo, ni una sola está terminada. Hay zonas como la de Caño Indio en Tibú que ni siquiera estaría lista para el mes de junio. Igualmente, en los temas de amnistía los retrasos son impresionantes, aunque en las últimas dos semanas se ha acelerado el proceso. En cuanto a reincorporación no hay prácticamente nada; ningún guerrillero sabe qué pasará con él después de que dejen de funcionar estas zonas veredales. Los decretos del presidente de la república dejan claro la arquitectura institucional, pero nada más que eso. Y por si fuera poco, el “bombazo” de la Corte Constitucional a la implementación de los acuerdos vía modificación del fast track sólo dejó un ambiente de inseguridad jurídica. Sobre la Corte Constitucional ya están claros los argumentos jurídicos y políticos que muestran sus contradicciones y lo débil de sus argumentos. Pero hay un tema que quisiera resaltar: los acuerdos de La Habana crean más de 100 programas, proyectos, instituciones, mecanismos y acciones. El 10% de estos se direccionan para el beneficio directo de los actores de la guerra como la Jurisdicción Especial para la Paz, ley de amnistía y garantías para la reincorporación, entre otras. Pero el restante 90% son acciones para beneficiar a la sociedad, para solucionar eso que se denominan causas estructurales del conflicto armado; una intervención al territorio que se haría a través del plan nacional de vías terciarías, el plan nacional de electrificación rural, el Fondo de Tierras, la Reforma Rural, la auditoría al censo electoral y la reforma política, entre otras. Hasta el momento, en el Congreso han sido aprobadas las reformas que cubren el 10% y sólo desde la próxima semana entrarían los proyectos y disposiciones del otro 90%. Estas reformas son las que la clase política regional y local no quiere aprobar. Por ejemplo, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, manifestó que crear un Tribunal Electoral es “Venezualizarnos”, y que sería antidemocrático. Colombia es de los pocos países que no tienen un tribunal de estos y por dicha ausencia es que los dineros de criminales se infiltran en las campañas, o se roban billones de pesos al año y no pasa nada. Por otro lado, los empresarios rurales tampoco quieren nada de reforma de tierras. El pronunciamiento de la Corte Constitucional no hace otra cosa que favorecer a estos politiqueros y corruptos para que torpedeen las reformas y modifiquen artículo por artículo las leyes. Es decir, la Corte favoreció a corruptos y despojadores. Lo tercero, el cese bilateral al fuego. Ha sido un éxito, sólo se presentaron cinco violaciones al cese en casi un año desde que arrancó. Algo increíble cuando la experiencia internacional muestra que los cese bilaterales son muy inestables y se cometen todo tipo de violaciones. Tanto las FFMM como las FARC cumplieron a la perfección. De todo lo anterior se concluye que las FARC han cumplido en prácticamente todo, solo tienen un lunar: aún no entregan el listado de bienes para reparar a las víctimas; pero gran parte de este retraso fue producto de la demora en el levantamiento de las órdenes de captura para que algunos guerrilleros hicieran el censo de estos bienes. Por el lado del gobierno, los retrasos son el panorama común. El gobierno no ha podido despegar; solo el vicepresidente Naranjo y el exministro Cristo lograron encausar gran parte de las acciones de implementación, También bajo el liderazgo de Pardo se lograron crear algunas instancias de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, usando la lógica común se pensaría que construir las zonas verdales en 26 puntos rurales sería más fácil que lograr un consenso en el Congreso para aprobar leyes como la JEP. Sin embargo, la lógica falló, y primero estuvo listo lo del Congreso y los decretos del presidente y no las zonas veredales. Es decir, le fue mucho mejor al exministro Cristo que al señor Jaramillo. Lo poco que ha avanzado el gobierno en la implementación es lo del Congreso y fue gracias al exministro, por ello es tan lamentable su salida. Columna publica en Semana.com

Los cambuches en que duermen los guerrilleros en Icononzo, mientras se construyen los albergues. / Mauricio Alvarado Hace cerca de un mes, la Iniciativa Unión por la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación entregaron al vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, un informe reservado que daba cuenta de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz. Es un documento de 117 páginas que versa sobre la situación de seguridad tanto de miembros de las Farc como de líderes sociales; el avance y los desafíos de la adecuación de las zonas veredales y un balance sobre la marcha normativa de los acordado en La Habana. El informe se titula “Cómo va la paz” y ha pretendido “medirle el pulso al cumplimiento de lo acordado”. La principal conclusión es que existe una crisis de violencia sistemática contra líderes sociales asociados al proceso de paz. La afirmación la soporta en que desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo final en el teatro Colón, hasta el 30 de abril se habían registrado 31 homicidios y 128 agresiones. Lo que indica que cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos. En segunda instancia, el documento destaca que la Fuerza Pública y las Farc han cumplido “a cabalidad el cese bilateral del fuego y hostilidades definitivo”. Sin embargo, advierte de la existencia de tres hechos violatorios. Frente a las zonas veredales y el cronograma de dejación de armas también resalta el cumplimiento por parte de la guerrilla en su proceso de concentración y el cumplimiento de los protocolos de dejación pactados con la Misión Especial de la ONU. Aun así, advierte de las demoras por parte del Gobierno en la adecuación de las zonas y “las inconsistencias de las Farc” frente a la entrega de los menores de edad que hacen parte de sus filas. Ahora bien, los datos en este apartado hoy están un poco desactualizados, ya que día a día se trabaja en las zonas veredales. La tercera conclusión es que la situación en las zonas dejadas por las Farc es “altamente preocupante, ya que en algunas regiones se registra la aparición de nuevos actores armados y bandas criminales que se han volcado a copar las zonas dejadas por la guerrilla y luchan por el control de las rentas provenientes de la ilegalidad, como el negocio de la coca, la minería o la extorsión. Pero lo que más les preocupa es la explosión de una oleada de criminalidad en los 242 municipios dejados por la insurgencia. En este mismo sentido, el informe es tajante en que se evidencian las limitaciones del Estado para construir gobernabilidad en los territorios dejados por las Farc, pues ha tenido una deficiente respuesta de las instituciones en temas de seguridad, justicia, infraestructura y oferta económica a las comunidades. “La situación de anarquía criminal y conflictividad social en las zonas ‘posfarc’ permite afirmar que el tema no es únicamente de presencia de fuerzas militares” y que se debe crear mecanismos de justicia y un modelo de seguridad rural. Paz y Reconciliación y la Iniciativa hacen énfasis en que la lenta respuesta del Estado en el cumplimiento de lo pactado genera incertidumbre en la base guerrillera y en la sociedad en general, que empieza a dudar de la capacidad del Gobierno para cumplir su palabra. Incertidumbre que se ha acrecentado significativamente en la última semana por cuenta las decisiones de la Corte Constitucional que dejaron cojo el fast track y por tumbar el cuerpo de escoltas que la guerrilla había conformado para la seguridad de sus líderes. Valga advertir que hoy es incierto el futuro normativo de lo pactado y de alguna manera no está claro si se necesitará replantear el cronograma de dejación de armas, cuando estamos a menos de diez días de la dejación definitiva y total de estas por parte de la insurgencia. Precisamente, sobre los avances legislativos, el documento precisa que el trámite de iniciativas en el Congreso ha sido especialmente lento y que del paquete de 27 iniciativas contempladas por el Ejecutivo tan sólo se han presentado diez y apenas cuatro han sido aprobadas. ”Ninguno de estos proyectos representa transformaciones significativas en el diseño institucional del país”, afirma. Finalmente la principal conclusión es que es urgente un reajuste al proceso de implementación de los acuerdos y un relanzamiento de la paz para garantizar el futuro del posconflicto. Así como también le hace un llamado al vicepresidente Óscar Naranjo para que asuma el liderazgo del Ejecutivo en la materialización de lo pactado. La otra recomendación que cobra relevancia en el momento de crisis que vive el proceso es la necesidad de convocar a todas las fuerzas políticas que respaldan la implementación de los acuerdos para renovar el pacto político para que los partidos impulsen la tramitación de las normas que exige el posconflicto. Nota publicada en Colombia2020.co

La Fundación Paz & Reconciliación presenta esta herramienta virtual como método de consulta para quienes deseen conocer la dinámica política de Colombia

“Las democracias no son perfectas”. Esta es tal vez la frase más repetida en las clases de Ciencia Política. Dentro de una línea continua, las sociedades se dividen entre las muy democráticas y las autoritarias. Dahl, uno de los padres de la Ciencia Política, acuñó el concepto de poliarquía, que mostraba como este “gobierno de muchos” es el estado ideal de la democracia. Sin embargo, actualmente las democracias se asemejan más a Gobiernos de élites, en los que se disputan el poder unas con otras. Algunas minorías administran el poder “eficientemente” para mantenerse en el Gobierno. Me podría dedicar a hablar de Venezuela o de Nicaragua, y sobre los vicios autoritarios de estos Gobiernos. Pero las ilustraciones pululan por todo los medios de comunicación. Más bien, me quiero dedicar a escribir de los problemas profundos en la forma cómo se ejerce y se administra el poder en los regímenes supuestamente democráticos de la región. Un ejemplo es lo sucedido en el Estado de Veracruz en México. Allí, el exgobernador Javier Duarte habría desfalcado en al menos 2.000 millones de dólares a uno de los Estados más poblados de México. Durante varios años, este fue el Estado más violento para ejercer el periodismo, la libertad de prensa no existía, cualquier asomo de crítica o de investigación periodística era duramente castigado. Por otra parte, en Colombia, se conoció hace algunas semanas del famoso caso de corrupción de Odebrecht. Esta empresa brasileña habría financiado las campañas presidenciales del año 2014, tanto la del presidente Juan Manuel Santos como la de Oscar Iván Zuluaga, el candidato uribista; a este último la empresa le habría entregado 1,5 millones de dólares para financiar la estrategia de comunicación. Y ni que decir de los casos de Humala y Toledo en Perú. A los dos expresidentes se les investiga por el mismo escándalo. En los últimos años en México han sido asesinados 35 periodistas, pero solo cuando asesinaron a Javier Valdez en Sinaloa el presidente mexicano le dedicó un comentario en Twitter. La Feadle, entidad encargada de investigar los delitos contra la libertad de prensa, ha logrado tres sentencias tras investigar más de 700 casos. Una entidad a la que su presupuesto le fue reducido fuertemente y que no goza de autonomía. En Colombia, en el año 2016 fueron asesinados 93 líderes sociales de base, la mayoría de izquierda y que representaban fuerzas políticas emergentes que surgían luego del proceso de paz con las FARC. En lo que va de 2017 han sido asesinados cerca de treinta de estos líderes; los últimos dos en el municipio de Tumaco, hace apenas unas horas. Hacer oposición política en Colombia es como tener una patología psiquiátrica, que bien podría llamarse tener “tendencia suicida”. O tal vez es mejor decir que las élites políticas tradicionales utilizan la violencia como mecanismo de competencia política. También en Brasil, hace algunos días, 10 manifestantes sin tierra fueron masacrados en un enfrentamiento con la Policía de la Amazonía. Todo lo anterior sucede en medio de supuestas democracias fuertes, donde se celebran elecciones regularmente y donde, según la ley, todo ciudadano puede elegir y ser elegido. Pero, en medio de esas democracias nacionales, lo que se da a nivel regional y local son, como lo dijo el profesor Gibson, autoritarismos subregionales. Es decir, estructuras políticas familiares o unipersonales que controlan todos los factores de distribución del poder. Utilizan la violencia o los recursos económicos como estrategia ganadora. Una campaña al Senado en Colombia puede valer dos o tres millones de dólares y el sueldo en los cuatro años que ocupa la curul cualquier senador llegaría a 500.000 dólares de remuneración. Es decir, ¿de dónde sale el resto de la plata? O mejor, ¿cómo la repone? En México la gobernación de cualquier Estado vale millones de dólares. En fin, para ser elegido o te pones a robar y a empeñar tu administración o utilizas un ejército ilegal privado, pero al final el resultado es el mismo que en cualquier autoritarismo. Lo que viven Venezuela o Nicaragua son los vicios autoritarios tradicionales, los visibles, pero en otras partes del continente, la amenaza es la democracia corporativa, aquella que es igual de letal que cualquier autoritarismo, pero mucho más disimulada. La democracia no son solo elecciones periódicas, es una forma de vida comunitaria que se encuentra asediada. Columna de opinión publicada en El País

La Fundación Paz & Reconciliación con el apoyo de la embajada británica diseñó la Guía Empresarial para construir la paz. A continuación, la ruta para diseñar iniciativas empresariales que construyan paz. Puede interesarle: Guía para construir paz desde el sector empresarial

El paro nacional del magisterio cumple más de una semana, miles de maestros están en paro, cientos de miles de estudiantes sin clase y no se ve una solución a la vista. La protesta de los maestros no podría ser más justa; lo que se pide es una nivelación salarial dentro de un sistema inequitativo. Además se propende por la mejora general del sistema de educación. Vamos a poner tres ejemplos. El tema de la nivelación salarial se resume en lo siguiente. Un maestro, en la medida que es un funcionario público, debería devengar el mismo salario que cualquier otro funcionario público con el mismo nivel de formación. Es decir, dentro de un sistema equitativo las personas con una misma base de formación académica y con unas capacidades profesionales similares deberían ganar un salario igual. Pero eso no ocurre en el sistema público colombiano. El salario de enganche o de entrada para un educador en Colombia está alrededor de 1.400.000 pesos. Dentro del grado más alto y después de 25 años de trabajo y de una formación constante, un maestro podría llegar a ganar 3.2 millones de pesos. En cualquier otra entidad del orden nacional, esa misma persona que gana 1.4 millones como salario inicial de maestro podría ganar entre 2.3 y 2.8 millones de pesos. De hecho, el sistema es tan inequitativo que los maestros indígenas o etno-educadores ni siquiera llegan al salario de enganche y nunca llegan a tener derecho a ser nombrados en propiedad, siempre están condenados a ser provisionales. La nivelación salarial más justa no puede ser. Otro de los ejemplos en que en la mayoría de zonas rurales del país, o las más alejadas, la cobertura en educación se hace por medio de la tercerización. Lo ideal sería que en esas zonas se contratarán maestros por 10 meses. Pero en la vida real el nombramiento provisional se hace fuera del calendario escolar y en lugar de contratarlos por 10 meses y lo hacen por 7 u 8 meses. Así el operador se gana esos meses o esa plata. Nuestros niños y niñas de zonas rurales, no solo reciben la peor educación, sino que reciben menos horas y días de educación. Igual sucede con la alimentación escolar, nunca arranca en calendario escolar. Fecode pide que estos maestros rurales sean contratados por el Estado y con contrato a término indefinido. El último ejemplo se refiere a temas de hacinamiento escolar: en muchas de nuestras escuelas nuestros maestros tiene hasta 45 estudiantes y el promedio ideal sería de 26 estudiantes. Así es muy difícil garantizar una buena educación. Lo indiferencia de la élite política nacional y de los funcionario públicos de alto nivel es inmensa. Les aseguro que ningún ministro, o viceministro o directivo de cualquier ministerio tiene a su hijo o hija matriculado en un colegio público. La mayoría paga colegio privado pues tiene los recursos. La educación pública queda para los pobres y por eso no le meten plata, ni les interesa mejorarla, pues en Colombia los pobres no importan. Además es bueno mantener a la sociedad en la ignorancia para que no marchen, ni pidan democracia. Por eso a pesar de los centenares de miles de estudiantes que están sin clase a nadie de le importa. Hace un tiempo en la Secretaría de Educación de Bogotá lideré junto al ex alcalde Paul Bromberg y Bernardo Pérez, la encuesta de Clima Escolar. Allí se intentaba medir los factores que afectan el clima escolar y la convivencia de los estudiantes. Hubo una pregunta que llamó mucho la atención. Se preguntaba a los estudiantes si el colegio en el que estudiaban les gustaba o no. Para asombro de muchos, a los niños de colegios públicos les gusta más su colegio que a los niños de colegios privados. Es decir, muchos colegios públicos con problemas de infraestructura, de hacinamiento y en general ubicados en sectores complejos de la ciudad eran del gusto de los estudiantes, mientras que colegios privados con piscina y cancha atlética no eran del gusto de los estudiantes. La siguiente gráfica muestra los resultados. Parece inexplicable. Pero la respuesta en sencilla. Obvio, que a los estudiantes de colegios públicos les fascina su colegio, pues en su casa los agreden, no tienen que comer y viven en la total pobreza. Por ello la educación, la comida caliente, los maestros bien pagos y preparados son la única esperanza de progreso para miles de niños y niñas. Por eso el paro de maestros es más que justo. Viva Fecode Columna de opinión publicada en Semana.com

El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC está a punto culminar, en medio de retrasos logísticos, su primera fase de aplicación. Alrededor de 7.000 combatientes se encuentran en plena transición hacia la vida civil, lo que incluye la entrega de sus armas, mientras las autoridades esperan que los beneficios del fin del conflicto se noten antes de entrar en la recta final de la campaña de las presidenciales de 2018. Desde la firma del segundo acuerdo el pasado 24 de noviembre, el avance es sustancial: tras más de 50 años, en Colombia terminó la guerra. Pero, ¿cómo va el desarrollo de la paz? La Fundación Paz y Reconciliación, uno de los principales observatorios del país, y la iniciativa Unión por la paz, encabezada por el analista León Valencia y el expresidente Ernesto Samper, han ahondado en los problemas y en los retos de la implementación de lo pactado con la guerrilla, que en su opinión necesita en estos momentos un “relanzamiento” del proceso. Una de las conclusiones de un informe al que ha tenido acceso a EL PAÍS alerta sobre la “preocupante” situación en los territorios abandonados por las FARC,que han ido dejando sus áreas de influencia en 242 municipios para agruparse en 26 zonas rurales de tránsito. “En algunos municipios, se advierte sobre la presencia de nuevos grupos armados ilegales y estructura criminales, los cuales tendían interés en controlar las economías criminales como los cultivos de coca, la minería ilegal y la extorsión”, señala el estudio, que va más allá al observar en algunas regiones el crecimiento de la delincuencia común hasta calificarlo de “anarquía criminal”. El repliegue de los guerrilleros ha abierto la puerta a la ocupación del segundo grupo insurgente activo en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, a la expansión de bandas criminales y mafias dedicadas al narcotráfico como el Clan del Golfo y a la disidencia de las FARC. Violencia contra líderes sociales La fundación advierte también sobre “una crisis de violencia sistemática contra líderes sociales asociados al proceso de paz, la defensa de los derechos humanos y las víctimas”. Entre noviembre y el 15 de mayo se registraron 41 homicidios contra este tipo de activistas, aproximadamente, uno cada cuatro días, y “108 hechos victimizantes”, entre los que figuran amenazas, atentados, secuestros y detenciones arbitrarias. Con todo, el informe señala que “en las últimas semanas la intensidad de la violencia se ha reducido”. Las razones: “En gran parte, obedecería a las medidas que ha venido tomando el Gobierno, particularmente desde que asumió Oscar Naranjo como vicepresidente y comenzó a liderar los asuntos de seguridad. Igualmente obedecería a la veeduría social y política que han realizado diferentes organizaciones sociales”. Según el estudio, tanto las fuerzas de seguridad como las FARC “han cumplido a cabalidad el cese bilateral al fuego y hostilidades definitivo”. “Si comparamos con Siria, donde un cese bilateral al fuego no dura más de seis horas, o la República Democrática del Congo, donde se presentaron decenas de incidentes, en Colombia a casi un año de haber comenzado el cese bilateral la situación se puede considerar un éxito”, concluye. Debilidad del Estado No obstante, el Estado se enfrenta en la implementación de los acuerdos a un obstáculo crucial, que consiste en su propia debilidad en algunas zonas del campo colombiano. “Se evidencian las limitaciones del Estado para construir gobernabilidad en los territorios dejados por las FARC”, mantiene la fundación, que observa una “deficiente respuesta de las instituciones tras el repliegue de las FARC de los territorios donde ejercían control militar, social y económico”. Es decir, según este análisis, y a pesar del trabajo del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las autoridades no estaban preparadas “para responder a las necesidades mínimas de seguridad, justicia, infraestructuras, o posibilidades ecos para la población”. Los expertos consideran que la presencia del Estado no se traduce únicamente en el incremento de fuerzas militares. “Los conflictos sociales entre campesinos, los asuntos linderos y la pequeña delincuencia no se combaten con pie de fuerza. La necesidad de crear mecanismos de justicia, un modelo de seguridad rural y en general la llegada del Estado no se pude resumir en 62.000 militares nuevos”. Esta circunstancia, unida a los retrasos en la habilitación de las llamadas zonas veredales, contribuyen a “generar incertidumbre en la base guerrillera y en la sociedad en general sobre la capacidad del Gobierno de cumplir”. Relanzar el proceso A eso hay que añadir el duro golpe que ha sufrido en los últimos días la figura jurídica adoptada para la aplicación de los acuerdos de paz, conocida como fast track. La Corte Constitucional decidió tumbar dos de los artículos de ese procedimiento. El mismo tribunal lo había aprobado el pasado diciembre, aunque ahora ha resuelto rechazar los apartados que limitaban la intervención del Congreso, y por tanto de la oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos, en la implementación de los acuerdos. La fundación muestra, además, su preocupación por “la indiferencia de una parte importante de la sociedad frente al histórico echo de la terminación de una guerra de 52 años”, por lo que el país “corre el riesgo de que se cumpla el triste pronóstico de que la paz es importante hasta que se firma”. El informe deja también una reflexión de fondo fundamental al alentar “un reajuste al proceso de implementación de los acuerdos y un relanzamiento de la paz para garantizar el futuro del postconflicto”. “La primera decisión que debe tomar el presidente Santos es ponerle una cabeza única al postconflicto con todo el poder y los recursos para sacar adelante el proceso”, recomienda el observatorio. “La segunda medida es convocar a las fuerzas políticas favorables a la paz para renovar el pacto político orientado a acelerar la presentación y trámite de los proyectos de ley en función de la implementación de los acuerdos”, prosigue el estudio, que pone el acento en el papel de la sociedad civil para “generar un nuevo ambiente en favorable a la paz con las FARC y con el ELN y apoyar al Gobierno al relanzamiento de los acuerdos”. Análisis publicado en el diario El País de España

Lo ocurrido en la plenaria de Cámara y Senado citada el pasado 9 de abril para escuchar a las víctimas del conflicto armado, evidenció la necesidad de ajustar la Ley 1448 que ordena la cita cada año. El artículo 142 de la Ley 1448 de 2011 establece que cada año se conmemora el ‘Día de la memoria y solidaridad con las víctimas’, por esta razón la Unidad para las Víctimas y las entidades gubernamentales realizarán eventos en memoria y reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto armado. Uno de esos eventos tiene lugar en el Congreso de la República donde la plenaria de Senado y Cámara debe hacerse presente para escuchar a los colombianos que fueron afectados por el conflicto armado en nuestro país. El día en que tuvo lugar la plenaria del 9 de abril (domingo de ramos), hizo que el presidente del Senado Mauricio Lizcano pensara en proponer una reforma a la Ley 1448, para cuando esta caiga en días de fiesta, se corra hacía uno comprendido en los hábiles (lunes a viernes), según él, por la dificultad de que los congresistas se hagan presentes en estas circunstancias. Como si ahí radicara el problema. Quienes hacemos seguimientos a las actividades legislativas, nos hemos dado cuenta, que son pocos los parlamentarios que asisten con la idea de escuchar a las víctimas. Su presencia se da, solo con el ánimo de registrarse y en un tiempo máximo de una hora, se van para no regresar en toda la jornada. La verdadera razón de proponer una reforma a la plenaria del Congreso que ordena la Ley de Víctimas, se debe hacer para que esta se cumpla con un ejercicio funcional, porque hasta el momento para lo único que ha servido, es para que esta población asista al legislativo para hablarle a las sillas vacías del Salón Elíptico del Capitolio Nacional. La mejor reforma a esta actividad que ordena la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, es una que se realice una semana por las víctimas del conflicto armado, en donde no solo se convoquen espacios para que hablen las personas que han liderado procesos de reparación a lo largo y ancho del territorio, uno de estos en el nivel central, en donde se hagan presentes el presidente de la República, su gabinete ministerial y la plenaria de Congreso. Además de este espacio, ideal sería que cree uno en donde los funcionarios públicos que tienen que ver con este asunto (ministerio del Interior, Unidad de Reparación de Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y la Alta Consejería para los Derechos Humanos, se hagan presentes ante el legislativo y antes las víctimas, para hacer una rendición de cuentas de su oficio y muestren al país los resultados obtenidos en esta materia. Ideal sería que se propusiera que este ejercicio de rendición de cuentas en materia de reparación a víctimas y restitución de tierras, se haga extensible a los entes territorios, donde las alcaldías deben rendir cuentas en este asunto ante el concejo municipal o distrital, según sea el caso y las gobernaciones ante las asambleas. Bajo este escenario, que el tercer día sea el escenario para realizar la debida plenaria de control político, en donde se confronte lo dicho por los funcionarios públicos, con las investigaciones que realicen los equipos de trabajos de las unidades de trabajo legislativo de los senadores y representantes, con el ánimo de que se propongan ajustes normativos si llegase a ser necesario y se exija mayor eficiencia a la gestión que en esta materia se lleva a cabo. Dijo el presidente Juan Manuel Santos al radicar el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “Si esta ley se aprueba, habrá valido la pena ser presidente». El tema es que con haberla aprobado no fue suficiente, porque el éxito de esta norma está en saberla aplicar con eficiencia, cosa que al momento, no se ha logrado. Para esto es necesario aplicar los rigores de control político y administrativos, necesarios para dar cumplimiento a una norma que va a paso de tortuga y que por los resultados que hasta el momento arroja, va a ser necesario ampliarle el plazo de cumplimiento estimado en 10 años, desde el inicio de su aplicación.