La mayoría de los sectores políticos colombianos, incluido el que gobierna Colombia, toma las decisiones basado en lo que podría pensar la oposición del expresidente Álvaro Uribe. Esto no solo ha llevado a un bloqueo en materia legislativa y de política pública, sino sobre todo a la toma de decisiones contradictorias que han puesto en jaque asuntos claves de la vida nacional, entre ellos, la implementación del proceso de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos había tomado la decisión de liquidar políticamente al Centro Democrático, partido que agrupa a los seguidores del expresidente Uribe. Para ello creó un escenario en el cual la derrota se daba al tercer round. El primero, se produjo en las elecciones de 2014, en ese momento el candidato de Uribe fue derrotado en la segunda vuelta presidencial. El segundo, se desarrolló en 2015, en las elecciones locales y regionales. Allí el uribismo logró solo 56 alcaldías de las 1.122 que tiene el país, es decir, una derrota estruendosa. El tercer round fue el 2 de octubre de 2016, es decir, el plebiscito por la paz. El presidente Santos quería asestarle el golpe definitivo al uribismo y mandarlo al baúl de los recuerdos. Sin embargo, una mala estrategia comunicativa, una desinformación inmensa, acompañada de la ausencia de pedagogía para la paz, llevaron a la derrota del Sí y con ello revivieron al uribismo. A un año de elecciones presidenciales la actual coalición de gobierno no sabe cómo tomar decisiones y su único cálculo es no molestar al uribismo para evitar confrontaciones públicas. El expresidente Álvaro Uribe logró aglutinar alrededor de su proyecto político, a sectores radicales religiosos, que veían en los avances de minorías sexuales y derechos de la mujer una amenaza a sus principios de vida. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, la posibilidad de la adopción para estas parejas, la equidad de género y hechos, como el nombramiento de dos ministras lesbianas durante la administración Santos provocó una reacción conservadora. Con la falacia de la ‘ideología de género’ que traería el proceso de paz, miles de miembros de iglesias protestantes y católicos votaron contra algo que no existía. Igualmente aglutinó elites locales, principalmente rurales, muchas de ellas ligadas a la ilegalidad, que se habían beneficiado del despojo de más de 7 millones de hectáreas cometido contra campesinos y que terminaron en manos de terceros, muchos de ellos políticos y ganaderos. Y también aglutinó sectores urbanos que detestaban a las FARC y no gustaban del proceso de paz. Este acumulado político suma cerca de 6 millones de votantes, de los 18 que seguramente sufragarán en 2018. Una parte importante del pastel. El uribismo le apuesta al fracaso del proceso de paz, ya que será su bandera política. Mientras tanto el gobierno colombiano ha caído en el círculo vicioso, o la trampa que le han tendido. Muchas decisiones importantes y urgentes para la implementación del proceso de paz, no se toman por miedo a la reacción del uribismo, condenando, así al fracaso del proceso de paz y con ello contribuyendo a la victoria del Centro Democrático. Tres ejemplos son importantes. El primero, es que el proceso de reincorporación de las FARC quedó mal negociado. A mandos medios de las FARC, que manejaron centenares de hombre y miles de millones de pesos, se les están ofreciendo cerca de 280 dólares mensuales por dos años y un proyecto productivo por 3.000 dólares por una sola vez. Algo absurdo para mandos que tuvieron mucho poder en épocas de conflicto. Las posibilidades de reincidencia son inmensas, y aunque los expertos lo han advertido y funcionarios del gobierno lo aceptan en privado, nadie toma una medida para corregir este error. Igualmente el modelo de Justicia Transicional que se aprobó en el marco del proceso de paz, fue modificado. El uribismo y algunos partidos de la coalición de gobierno se aliaron para evitar que empresarios y políticos que patrocinaron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado entraran al modelo de justicia y por ende quedaran en la impunidad. Los denominados terceros lograron la impunidad gracias a una jugada política realizada casi a medianoche en el Congreso de la República. Pero tal vez el ejemplo más visible del miedo que gobierna a Colombia tiene que ver con la reforma agraria. De la propuesta inicial no queda ni el recuerdo. Nuevamente el empresariado rural, con algunos beneficiados por el despojo de tierras a pequeños campesinos, arrinconó al gobierno y lo obligó a modificar el proyecto de decreto. Además lo poco que se salvó, será enviado al Congreso, donde seguramente no se aprobará nada. La elite rural, de mayoría uribista, obligó al gobierno a convertir la reforma agraria en una gran frustración política. Columna de opinión publicada en Semana.com

Descargue: Primer informe Como va la paz

Por: María Isabel Rueda 14 de mayo 2017 , 10:49 p.m. Usted acaba de lanzar su libro ‘Seguridad y justicia en tiempos de paz’, que toca lo que tiene preocupadísimo a todo el mundo: ¿qué está pasando con los territorios que abandonaron las Farc? Las Farc operaban en 242 municipios. Si sumamos los del Eln, que son 99, algunos de los cuales se cruzan, llegamos a la cifra de 281 municipios que tenían presencia guerrillera. Lo que pasó en enero desde los puntos de preagrupamiento es que las Farc pasaron de operar en esos 242 municipios y se concentraron en 26 veredas, de tal forma que desocuparon un poco más del 98 por ciento del territorio donde operaban. Hagamos un diagnóstico de qué hacían ellos en esas zonas que ocupaban… Las Farc tenían dos grandes caras: la cara depredadora, que es el tema de reclutamiento, de la extorsión, del secuestro, de combates con la Fuerza Pública, pero tenían una cara que es lo que este país urbano nunca ha conocido: montaron un sistema paralelo de administración de justicia y seguridad. Un ‘paraorden’… Un sistema de regulación déspota, autoritario, pero eficiente. ¿Y definían incluso temas de conflicto social? Le doy este ejemplo: en El Doncello, Caquetá, existe una señora llamada Marta en una vereda que no voy a nombrar. El esposo se fue con otra mujer, y se llevó las cabezas de ganado. La señora acudió a donde un hombre de la ‘Teófilo Forero’, llamado ‘Camilo el Argentino’, a quejarse de que su esposo se había ido y no tenía cómo alimentar a sus hijos. Camilo el Argentino mandó a buscar al señor, lo encontraron en San Vicente del Caguán, a dos horas, y le dijeron: “Señor, usted se llevó ocho cabezas de ganado, me hace el favor y vende cuatro y mañana venimos por la plata. O no respondemos”. Dos días después fue el miliciano y el señor le tenía la plata, se la llevó a Camilo el Argentino, quien se la entregó a la señora. Todo en una semana. Eso se llama un proceso de inasistencia alimentaria ‘fast track’… Que en el Estado colombiano puede durar hasta dos años, mínimo ocho meses. Le doy otro ejemplo: el caso de una violación de un señor de 27 años a una niña de 11 años. Se hace un ‘consejo de seguridad’ de las Farc, y reunidos con la comunidad, en algo muy arbitrario, en cosa de horas deciden fusilar al señor. No hubo presunción de inocencia, no hubo debido proceso, pero es una justicia a la cual la gente se acostumbró. ¡Qué barbaridad! En su ilegalidad, era eficiente… Le doy otro ejemplo: en el sur del Tolima, al frente 21 de las Farc lo llamaban el ‘juzgado 21’. Una campesina, la semana pasada que estuve por allá, me decía: “Doctor, lástima que se acabó el ‘juzgado 21’ ”. Claro, era un sistema de regulación social. Regulaba desde las infidelidades hasta la toma de trago después de las 10 p. m. Por ejemplo, en Antioquia, en el nordeste, colocaban multas hasta de 200.000 pesos al que se peleara con otro en una cantina. Entonces, la gente no se peleaba. Montaron un sistema de regulación paralelo, vuelvo y repito, déspota, autoritario, pero eficiente. Esas son las dos caras que tenía la guerrilla. O sea, esto no es solo un problema de criminalidad del Eln y ‘clan del Golfo’, sino que aquí hay un tema de conflictividad social que las Farc habían resuelto a su manera. ¿Pero cuando usted dice conflictividad social se refiere a estos casos de convivencia? A estos casos, que se llama conflictividad horizontal o conflictos de convivencia, que no requieren una fuerza pesada, sino un sistema de regulación o mediación de conflictos. De esos 281 municipios, 190 tienen presencia de economías ilegales, como cultivos de coca, minería criminal o contrabando. El asunto de la extorsión lo sacamos porque eso es aleatorio, pero digamos que están esos tres. El problema de las economías ilegales no es solo que las estructuras criminales extraigan rentas, sino que regulan la economía ilegal. Explíqueme un poco cómo funciona eso… Si yo soy un campesino coquero y le vendo a otro una arroba de hoja de coca, y si el señor no me la paga, pues yo no voy a un juzgado, me toca ir a donde un ilegal a que haga algo. O sea, el gran problema no es que las economías ilegales solo extraen renta. No. Es que además las regulan. Estaba cantado lo que iba a pasar. ¿Si estaba cantado, por qué no se previó en las negociaciones de paz? Lo digo con mucho respeto: creo que en este proceso de paz salió muy mal ese famoso conclave que hubo entre junio y julio del año pasado. Todas las negociaciones se hicieron bien y ese último conclave abordó los temas de reincorporación para lograr terminar, para que el plebiscito se hiciera antes de la reforma tributaria. Cuando fueron los ministros Cristo, Pardo, y la Canciller, se abordó todo, pero no se alcanzó a preparar nada. A lo último se aceleró tanto que esos temas, que además estaba previsto abordar al final, nadie los trató. Y lo segundo que pasó, y esto lo digo también con mucho respeto, es que los funcionarios medios del Gobierno creen que posconflicto solo es desmovilizar a las Farc sin dimensionar el territorio. En una cosa acelerada faltó pedagogía, y funcionarios medios sin pedagogía, pues llevan a lo que tenemos. Un vacío de poder. ¿Cuándo comienza a darse ese vacío de poder? Desde finales de enero hacia acá pasaron cinco cosas: Uno, hubo unas zonas que copó el Eln, lo que está pasando hoy en Chocó es parte de eso; Arauca y Catatumbo, igual. El Eln copó casi que de inmediato todo eso. Segundo dato, el ‘clan del Golfo’ y las famosas ‘bacrim’, ahora llamadas ‘grupos armados organizados’, y el mejor ejemplo de lo que le voy a explicar ocurre en el norte del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y, en general, en todo el Pacífico, que son zonas que no se coparon de forma tradicional. No se las tomó un contingente que dijo ‘camine pues vámonos a conquistar todo’. Lo que hicieron fue vender franquicias. A un combo de Medellín llamado ‘los Pachelly’ (de la ‘oficina de Envigado’) le dieron Ituango y San Andrés de Cuerquia. Luego, por ejemplo en el Bajo Cauca, en Caucasia y esa zona del sur Caucasia-Taraza, hay un tipo alias Montero, que coge ese pedazo. Solo en el departamento del Chocó, el ‘clan del Golfo’ hizo una expansión de forma tradicional, es decir, con sus propias estructuras, por eso están los combates con el Eln. ¿Y dónde está el Estado? Distinto del Huila, yo realmente no he observado un copamiento del Estado en ninguna otra parte. Hay municipios totalmente copados, como Tibú. Otros como San Andrés de Cuerquia, donde está empezando. Y en los demás hay mucha anarquía criminal, en sur del Tolima, por ejemplo, mucha inseguridad. ¿Y los disidentes de las Farc? Había cinco grupos disidentes, ya se han entregado uno y medio, casi dos, y quedan tres. El frente Primero es el más grande; queda una parte en Tumaco que no se entregó, una parte en el norte del Meta y el pedacito que queda en Antioquia, que es el más pequeño y violento. Pero el gran fenómeno que tenemos ahora es uno que llamamos anarquía criminal. Es decir, se disparó la delincuencia común. Una campesina del sur del Meta me dijo la siguiente frase: “Doctor, ¿por qué no nos devuelven las Farc mientras tanto? Porque esto aquí está invivible”. Es decir, se dispararon las peleas por tomatas, el atraco en carretera, el abigeato y, en general, el hurto. El alcalde de Uribe, Meta, me dice lo siguiente: “Doctor, antes aquí las Farc dejaban tumbar una hectárea de monte, en la mitad se sembraba coca, o en toda, y en la otra mitad, pancoger, por familia. De octubre a hoy, doctor, una sola familia me tumbó 100 hectáreas”. O sea, no hay quien regule eso. ¿Hay sistematicidad en el asesinato de líderes sociales? Oí al padre Gabriel Giraldo decir que sí… Yo no veo eso. Usted describe un copamiento de la criminalidad, que llega y se ajusta en el sitio donde esté y mata a todo el que le estorba, sea quien sea… Fenómeno paramilitar como el de las Auc, no, no hay. Eso es imposible sostenerlo. No veo a la élite de este país ni a los militares, como en su momento fue Rito Alejo del Río, financiando, apoyando o auspiciando grupos paramilitares. Eso no es cierto. Pero aún tenemos muchos alcaldes y Fuerzas Militares que en lo local son muy corruptos y tienen una complacencia con varios de estos grupos, y como muchos de los que pertenecen a esos grupos fueron paramilitares, como en Chocó, como en el Urabá, la gente no percibe un cambio, pero no es que haya una política pública. El mejor ejemplo de esto es que el ‘clan del Golfo’ mata a líderes sociales en el Urabá, en Antioquia, pero no mata a líderes sociales en Nariño, por ejemplo. ¿Por qué? Castaño se acostaba y decía ‘yo mañana mató cinco comunistas’, y se levantaba a matar comunistas. Ese no es ‘Otoniel’. Lo que hemos averiguado es que hay gente en la legalidad que estaría financiando para que maten gente por cualquier cosa, por un tema de restitución de tierras o de competencia política, o sea, es muy anárquico. Entonces, aquí hay un poco de todo, pero que haya una estructura paramilitar auspiciada por el Estado en un tema sistemático, no. No. Aunque sí hay gente en la legalidad que tiene que ver con esto. Ese es el panorama que tenemos. ¿Qué propone entonces para que al Estado no lo arrase, irónicamente, el vacío territorial que han dejado las Farc? Una, hacer una reforma a la Policía Nacional, dentro de la Policía; crear dos grandes jefaturas, una urbana y una rural, y que todas las demás especialidades, Antinarcóticos, Tránsito, Dipol, todo eso, quede por debajo. Esta Policía rural tiene que incrementarse en un corto periodo, de 10.000 policías que tenemos ahora a 50.000. Y copar 300 puntos rurales. Necesitamos una Policía que no solo combata al ‘clan del Golfo’ o al Eln, sino que resuelva esta conflictividad social. ¿Pero cómo resolver rápidamente los conflictos de convivencia? La segunda propuesta es que las juntas de acción comunal resuelvan casos en los comités de convivencia, pero supervisadas por un inspector de Policía para que eso no se vuelva un tema déspota, y a su vez, supervisados por unas personerías. Para ello, también hay que fortalecer a las secretarías de Gobierno. ¿Y qué pasa con la estrategia de choque? Hoy parece casi eliminada… Hay que mantener en algunas zonas unas estrategias de choque, como en Chocó, donde se está presentando una problemática de crimen organizado del ‘clan del Golfo’, del Eln. La Policía tiene una cosa que llaman Emcar –Escuadrones Móviles de Carabineros–, y las brigadas que tiene la Fuerza Pública las ubicamos en más o menos 160 municipios donde debe haber fuerzas de choque. También hay que crear unas brigadas móviles de seguridad y justicia. Por ejemplo, en la ribera del río equis en Buenaventura, los primeros domingos y lunes de cada mes, vamos a estar resolviendo casos de conflictividad. Entonces deben estar los jueces, el inspector de policía, pero como no podemos tener juzgados en todo lado, esas brigadas móviles podrían servirnos, digamos, parcialmente para ello. ¿Y qué hacer para cambiar la mentalidad de las comunidades, acostumbradas a la presencia de las Farc? Es la parte más complicada. Nos toca hacer un esfuerzo muy grande por enseñarles a las comunidades cómo funciona el Estado de derecho. El problema es que hoy, si encuentran a alguien robando un celular y no se pone el denuncio, pues lo sueltan. Y la gente dice: “Mire, eso es corrupción”. No, no es corrupción, es porque el Estado de derecho funciona así. El problema es que la población rural no sabe cómo funciona el Estado. No sabe dónde está su inspector de policía. Si casi nadie sabe dónde está el inspector de policía en su localidad, en Bogotá, imagínese eso trasladado a una zona rural. Lo que sí es increíble es que haya comunidades donde echen de menos la presencia de las Farc. Eso no le puede pasar a un Estado de derecho… En pleno siglo XXI, la frase que a mí me dijo esta campesina, “Devuélvanos a las Farc mientras tanto”, es muy dolorosa. Y termino con esto: tengo la esperanza sembrada en el general Naranjo. Él tiene que ser al posconflicto lo que Vargas Lleras fue a la infraestructura, si queremos que esto funcione. Que Naranjo pueda coordinar con la oficina de Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, con la Alta Consejería para el Posconflicto de Pardo, con el Ministerio de Defensa, con las Naciones Unidas, con la Dirección de Comunales del Ministerio del Interior, o sea, hay un montón de instituciones con las que necesitamos coordinar. Y también propongo una discusión seria sobre la reforma al sector seguridad y al sector justicia, sin apasionamiento. Aquí no se trata de desmantelar a las Fuerzas Militares y darle todo a la Policía. Pero tiene que cambiar el servicio de seguridad y de justicia en Colombia, porque no es lo mismo el conflicto que el posconflicto. La pregunta es ¿cómo y cuándo? Eso es lo que nos toca resolver. MARÍA ISABEL RUEDA Especial para EL TIEMPO

Existen situaciones o factores que bajo condiciones normales de la vida política de un país son imposibles modificar, se debe aprovechar una anormalidad en el mejor sentido de la palabra, para modificar dichos factores. Por ejemplo, el proceso de paz de La Habana, en un 90% trae modificaciones que beneficiarán a la sociedad, como la reforma agraria y una reforma política que profundizará la democracia. En realidad los beneficios para los actores de la guerra son del 10% de los acuerdos de paz. Hasta el momento el Congreso de la República había aprobado leyes de ese 10%, que se dirigían a garantizar el fin del conflicto, entendido de forma restrictiva, como silencio de los fusiles. Se sabía que cuando se comenzará con la agenda del 90%, es decir, de los cambios estructurales que permitirán que Colombia deje atrás la historia republicana de la violencia política, iba a existir resistencia por parte de las élites políticas y económicas que se han beneficiado de la guerra, la corrupción y diferentes vacíos institucionales que han convertido a Colombia en una democracia donde gobiernan 54 familias a un país de casi 50 millones de habitantes. Uno de estos temas es la reforma política para profundizar la democracia y mejorar la trasparencia de las instituciones electorales. Los acuerdos de La Habana habían creado una misión especial electoral (MEE), con el objetivo de generar recomendaciones para el sistema electoral Colombiano. Hace algunos días se presentaron las conclusiones. Se proponen cambios “normales”, para una democracia del siglo XXI. Nuestro actual sistema electoral está diseñado para que funcione de forma mafiosa. Se compone del CNE, que es la entidad encargada de velar y controlar las campañas políticas, sin embargo, los 9 Consejeros son elegidos por el Congreso de la República, es decir, los políticos eligen a quienes los van a supervisar, en síntesis, no se supervisa a nadie. La registraduría colombiana, expide cédulas, inscribe cédulas, organiza elecciones y lidera el conteo de votos. Muchas funciones para una sola institución, además casi todo lo terceriza con contratos multimillonarios, lo cual aún es más complicado para la trasparencia electoral. La última institución es el Consejo de Estado con la sección quinta, que en sentido estricto significa que Colombia es de los pocos países del mundo que no cuenta con una Corte Electoral, a pesar de todos los escándalos sobre corrupción política y entrada de dineros ilegales. La reforma política propone modificar a todo ello y crea un sistema electoral basado en el control a la financiación ilegal de campañas, la despolitización del órgano electoral y la creación de un sistema de justicia electoral. Es decir, pasar del siglo XVIII al siglo XXI. Ante la propuesta de reforma política las élites tradicionales, principalmente regionales y locales, han reaccionado y manifestaron que no permitirán que la reforma avance. Quieren mantener sus nichos de corrupción, tráfico de influencias e impunidad. El primero en reaccionar fue Mauricio Lizcano, presidente del Senado, quien tiene investigación por temas de despojo de tierras, ha sido socio de parapolíticos y se le acusa de negociar puestos de trabajo. Aquí el video donde se va lanza en ristre contra la reforma política, como se ve de forma descarada dice que no le gusta que exista justicia para los políticos y las campañas electorales, le gusta la impunidad. El siguiente en reaccionar fue Alexander Vega, quien es presidente del CNE, tal vez una de las instituciones más corruptas del sistema político Colombiano. Como se escucha en el siguiente audio, reunió a los funcionarios del CNE, en una especie de mitin político para renegar del proyecto de reforma. Allí deja ver abiertamente su postura. No se debe olvidar que Vega es ficha del Ñoño Elías y Musa Besaile, tal vez de los políticos más cuestionados en la actualidad en el país. Hasta el momento el Congreso de la República ha aprobado todo lo referente a la agenda de la desmovilización, pero de la agenda de los grandes cambios parece que no aprobarán nada y quieren que todo siga igual. Así las cosas este postconflicto corre el riesgo de convertirse en una gran frustración política. Siempre me he preguntado por qué algunos dicen que Colombia es la democracia más saludable del continente, con 61 congresistas en la cárcel parapolítica, campañas de millones de dólares, clientelismo desbordado e impunidad rampante. Columna de opinión publicada en Semana.com

Descargar informes Descargar

La Misión Especial Electoral (MEE) presentó al gobierno nacional las recomendaciones finales para el ajuste institucional y reforma política del sistema electoral colombiano. La propuesta está dividida en tres ejes centrales: diseño institucional, sistema electoral y financiación de la política. Estas propuestas finales cuentan con varios cambios con respecto a la propuesta socializada en la ciudad de Cartagena el pasado 24 de marzo, entre ellas se cuentan la reducción del número de Representantes a la Cámara de 200, como se había sugerido inicialmente, a 173; y la inclusión de delegados departamentales del Consejo Electoral Colombiano como refuerzo a las capacidades operativas, judiciales y de control a nivel territorial para las campañas electorales. El primer eje, diseño y arquitectura institucional, propone la creación de una Corte Electoral, un Consejo Electoral Colombiano y la Registraduría Nacional. La Corte Electoral será la jurisdicción electoral perteneciente al poder judicial, no hay creación de un cuarto poder en el país, y estará conformada por siete magistrados de dos ternas enviadas por las altas cortes y la Presidencia para un periodo de ocho años sin posibilidad de reelegirse. Descargar informes Descargar

En el libro se llega a una conclusión diferente. Se propone el fortalecimiento del cuerpo de Policía para zonas rurales. Actualmente la DICAR o Dirección de Carabineros y seguridad Rural, cuenta con cerca de 10 mil efectivos, y se hace necesario aumentar el pie de fuerza a por lo menos 50 mil, en un periodo de 5 años. Colombia está a punto de abordar uno de los temas más espinosos en tiempos de paz, se refiere a la reforma al sector seguridad. Si bien, el gobierno nacional se ha esforzado en manifestar que las Fuerzas Militares no serán tocadas en el postconflicto, lo cierto es que todos los expertos nacionales e internacionales coinciden en que la reforma al sector seguridad es necesaria y urgente. Una reforma que busca dar cuenta de los retos nuevos que traerá la etapa de postconflicto. La necesidad se basa en tres premisas. Por un lado, Colombia está adelantando un proceso para ingresar a la OCDE, y entre las exigencias y recomendaciones está claro que es imposible ingresar a este grupo de países con una Policía anclada al Ministerio de Defensa. O bien se crea un nuevo Ministerio de la Convivencia, o bien se lleva la Policía al Ministerio del Interior o se crea cualquier otra figura, pero lo cierto es que una Policía en las Fuerzas Militares es insostenible. La segunda premisa, es que en muchas zonas del país las FARC crearon una estructura paralela de administración de justicia: Los bares no podían estar abiertos después de las 10 de la noche, las peleas entre borrachos eran multadas con 200.000 pesos, se sancionaba la infidelidad, mediaban en deudas entre habitantes de una comunidad. En fin, regulaban la vida social. En muchas zonas postfarc, las comunidades han denunciado que los atracos en carretera se han disparado, los conflictos entre vecinos y la violencia sexual han tendido a aumentar. Una campesina del Meta me dijo “porque no nos devuelven las FARC mientras tanto, porque esto esta invivible”. Se debe llevar Estado de derecho a estas zonas, con una seguridad no de choque sino que resuelva conflictos sociales. La tercera premisa es que existe una descoordinación institucional para la seguridad y la convivencia ciudadana. Igualmente, existe una creciente demanda de la ciudadanía por mejoras en la seguridad tanto en zonas urbanas como en rurales. Por ejemplo, en materia de institucionalidad la pregunta es quien lidera, el Ministerio del Interior, la alta consejería para la seguridad y convivencia ciudadana, el Ministerio de Defensa o cada alcalde por su lado. Una discusión sobre la institucionalidad es fundamental. El próximo 4 de mayo en el marco de la feria internacional del libro de Bogotá, se presentará el libro “Seguridad y Justicia en tiempos de paz”, texto liderado por el ex ministro de Justicia Jorge Londoño y el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila. Allí se trabajan todos los temas de reforma al sector seguridad y al sector justicia. Por ejemplo, en los temas seguridad se abordan los cuatro grande retos en materia de seguridad rural y se propone una gran de reforma a la Policía Nacional, que pasa por su fortalecimiento inmediato. Sobre el tema de la Policía Nacional existen tres grandes opciones. La primera que es liderada por el Ministerio de Defensa es que en general todo sigue igual, solo se dio un cambio en las prioridades en materia de seguridad y la idea de unas Fuerzas Militares multifuncionales. Pero en general todo seguiría igual. Al otro extremo se propone la creación de una Gendarmería Rural e incluso la creación de una Fuerza Transitoria para la Normalización. En el libro se llega a una conclusión diferente. Se propone el fortalecimiento del cuerpo de Policía para zonas rurales. Actualmente la DICAR o Dirección de Carabineros y seguridad Rural, cuenta con cerca de 10 mil efectivos, y se hace necesario aumentar el pie de fuerza a por lo menos 50 mil, en un periodo de 5 años. Actualmente el 1% del territorio nacional, es decir, las principales ciudades se consumen el 49% del servicio de policía, y para el 99% del territorio solo queda el 51% el servicio del servicio de policía. Para ello se propone una reforma al andamiaje institucional, creando dos grandes jefaturas, la rural y la urbana, y que las demás especialidades queden subsidiarias de las anteriores. El organigrama es el siguiente: Además bajo un principio del DNP, la jefatura urbana tendría bajo su supervisión poco más de 500 municipios, que son las ciudades y grandes aglomeraciones. Por su lado, la jefatura urbana se encargaría de algo más de 600 municipios, que son los municipios rurales y rurales dispersos. Además el libro identifica cerca de 300 puntos rurales que deben cubiertos por la policía Rural en sus diferentes modalidades. De lo que se trata es fortalecer la seguridad en el país, dando cuenta de los nuevos fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia. El sector seguridad en Colombia se ha ido construyendo a partir la existencias de un conflicto armado, si este se acabó, es obvio que hay que cambiar, las preguntas son; cómo y cuándo. Columna de opinión publicada en Semana.com

Institucionalidad, política y normatividad del sector: los detonantes del conflicto Por: Alexander Riaño Un país con bajos niveles de capital y altos niveles de pobreza como Colombia puede encontrar en la extracción de sus recursos un buen sector para apalancar sus procesos de crecimiento y desarrollo a través de la generación de ingresos y empleo, así como la dinamización económica a través de encadenamientos productivos. Un buen modelo de gobernanza, al rededor de los RNNR, es clave para que la actividad extractiva cumpla con dichos ideales y que las comunidades reciban de manera benéfica estas actividades en su territorio. De acuerdo con la CEPAL, el concepto de gobernanza recoge “las acciones conjuntas y el ejercicio de autoridad pública que los distintos agentes del Estado (de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los organismos regulatorios sectoriales, entre otros) llevan adelante a través del marco de políticas e instituciones vigentes”. La gobernanza de los RNNR se ejerce a través de un conjunto de instituciones formales (leyes, códigos, regulaciones, etc.); instituciones informales (acuerdos informales acerca del cuidado de recursos de uso común) y decisiones de política pública que rigen el desarrollo de las actividades extractivas en un país. La gobernanza de los recursos naturales se ejerce por medio del conjunto de instituciones formales (marcos constitucionales, leyes, contexto social y regulación sectorial, entre otras) instituciones informales (reglas implícitas en la práctica de uso común) y decisiones políticas soberanas, cuya acción conjunta rige el funcionamiento de los sectores extractivos. (Altomonte y Sánchez 2016). La idea de gobernanza también se debe entender en un sentido normativo: la idea del buen Gobierno y su relación con la capacidad que tienen las sociedades de ejercer control, vigilancia y tener capacidad de influir en las decisiones que los afectan. Un buen modelo de gobernanza debe entonces permitir un funcionamiento transparente del sector. El Estado busca legítimamente aprovechar los RNNR con el fin de obtener recursos que aumenten el erario público y así la capacidad de invertir; las comunidades quieren mejorar sus condiciones de vida pero no quieren ver sus territorios transformados; los privados buscan generar ganancias respetando la ley y en algunos casos procurando tener un excelente relacionamiento con las comunidades en sus zonas de influencia. El reto del Estado es la armonización de esos intereses, en ocasiones encontrados, a partir de un buen modelo de gobernanza en el cual la participación ciudadana sea fundamental. Gran parte de la conflictividad que se está generando en el sector extractivo del país tiene que ver precisamente con que el conjunto institucionalidad-normatividad-políticas públicas que han orientado el avance de la industria extractiva, cuenta con múltiples falencias. El capítulo se concentrará en los elementos problemáticos del marco normativo, institucional y de política pública existente y que pueden entenderse como una de las causas detonantes de los conflictos identificados en los territorios. Por supuesto, cada uno de los conflictos tienen sus particularidades en términos de contextos, actores, historia y por tanto cada uno es un sistema complejo en sí mismo; sin embargo, es claro que algunos de los elementos que configuran el marco de gobernanza de sector causan problemáticas de manera estructural. Normatividades incompatibles con las tradiciones de los territorios; falta de concurrencia en la toma de decisiones naciónterritorio; falta de coordinación entre la institucionalidad nacional y entre la nacional y la local; deficiencias normativas como el no requerimiento de licencia ambiental para los procesos de exploración o el modelo de adjudicación de derechos de exploración bajo el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, que aplica en minería; entre otras. En el sector minero-energético del país existen grandes falencias en términos institucionales, normativos y de política pública. Institucionales porque en su esquema centrado en la inversión privada de aprovechamiento de los RNNR, el Estado colombiano no ha podido cumplir con sus tareas de regulación y fiscalización para que la normatividad vigente sea efectiva. No quiere decir esto que no haya controles sobre la actividad extractiva legal –de hecho es una actividad muy regulada –, sino que aún persisten brechas de capacidad institucional para garantizar un control a las empresas pequeñas y grandes del sector. En términos normativos las falencias se evidencian, por ejemplo en minería, en el hecho de que el Código Minero responde a las realidades de la actividad minera formal de gran escala, pero no necesariamente responde a las necesidades de las comunidades que tradicionalmente han desarrollado la actividad de manera informal. Esto se traduce en que la normatividad actual no permite diferenciar a la informalidad de la ilegalidad y la criminalidad, razón por la cual muchos mineros informales del país se sienten perseguidos. Para el caso de la minería esto es claro. En el aspecto administrativo es de conocimiento general la complejidad de los trámites en el país; se deben realizar casi 30 procesos ante siete entidades involucradas, que se soportan en 14 diferentes normas que regulan los procesos de licenciamiento y de diversas autorizaciones: once de carácter social; catorce de carácter ambiental; cuatro de carácter geológico; 1 de carácter arqueológico. El tiempo estimado oscila entre 35 y 78 meses. Tomado del primer capítulo del libro: La Minería en el posconflicto, un asunto de quilates. Ediciones B.

La historia republicana de Colombia ha sido la de abrir espacios de participación política a punta de guerras. Pareciera que la democracia colombiana siempre va a necesitar sangre. Hace muchos años, no podían votar; ni negros e indígenas, tampoco las mujeres, mucho menos los pobres, pues solo votaban los que sabían leer, escribir, eran blancos y tenían propiedades. El voto de la mujer llegó solo hasta la segunda mitad del siglo XX, después del famoso periodo de la violencia. Y desde los años 50 pareciera que ser de izquierda en este país es como tener un punto de tiro al blanco en la frente. Cada guerra y conflicto armado ha dejado una constitución nueva o al menos una reforma. Y siempre cada reforma ha sido la puerta abierta a una nueva guerra o confrontación militar. El proceso de paz con las FARC tenía como objetivo mitigar o acabar con las causas estructurales del conflicto. Entre ellas el tema de exclusión de la participación política de minorías y fuerzas alternativa. Más de 4 mil militantes de la UP asesinados, centenares de sindicalistas masacrados, poco más de mil concejales, diputados ,alcaldes y gobernadores, secuestrados, asesinados o con un atentado encima en las últimas 3 décadas. Todo esto muestra lo cerrado, excluyente y violento de nuestro sistema político. El acuerdo de paz de La Habana contempla, como uno de sus puntos en materia de participación política, no solo un estatuto de la oposición, sino sobre todo, una reforma al sistema de partidos y de representación que garantice la inclusión de sectores históricamente excluidos del sistema político colombiano y garantice la ampliación de los espacios para la participación en política, una vez más, como en la constitución política de 1991 la promesa está fundada en la ¡apertura democrática! Hace algunos días se presentó ante el Congreso de la Republica el acto legislativo. “Por medio del cual se reforma el Artículo 108 de la Constitución Política”. La propuesta parece bastante buena al mirarla de forma general: crea un sistema progresivo de derechos para partidos y movimientos políticos, permite la creación de un partido o movimiento político con el 0.3% del censo electoral nacional y solo se adquieren la totalidad de derechos cuando se supera el umbral. Sin embargo, en uno de sus párrafos dice lo siguiente: “Los movimientos políticos tendrán derecho a postulación de candidatos en las circunscripciones en las que haya demostrado un número mínimo de afiliados del 1,5% del respectivo censo electoral y gozarán de los demás derechos que señale la ley”. Es decir, que si un colectivo político o persona quiere aspirar a la presidencia, deberá tener más de 500 mil afiliados para poderse postular, algo imposible. El PSOE español, un partido de más de 100 años, a duras penas tiene cerca de 200.00 afiliados. Claro, la posibilidad de recoger firmas o crear movimientos de número significativo de ciudadanos o lo que popularmente se llaman partidos por firmas, sigue existiendo. Sin embargo, en la vida real esta opción es complicada, ya que las pólizas para que los bancos presten plata e incluso o incluso para que abran una cuenta bancaria son casi imposibles. Por ello la reforma al artículo 108 era clave. Pero el requisito del 1,5% deja la reforma prácticamente muerta. Después de varias consultas hay dos versiones sobre la entrada del párrafo antes mencionado. La primera es que falta aclarar que para el tema nacional de Presidencia y listas al Congreso el 1.5% del censo electoral no es requisito, solo aplica a circunscripciones pequeñas como municipios e incluso gobernaciones. La otra versión se llama miedo y pánico de las élites tradicionales de este país, que no solo han utilizado la violencia como método de competencia política sino que además utilizan todo tipo de argucias para oponerse a la llegada de nuevos competidores, es decir, de apertura muy poco. La aprobación de este párrafo no significa otra cosa que enterrar candidaturas como las de Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Incluso la de Clara López que ahora está por fuera del polo, también la de Ordoñez por ejemplo. Es decir, en lugar de avanzar lo que quieren algunos sectores políticos es retroceder. Señores de las élites tradicionales y viejo políticos que siempre han gobernado, les digo que la democracia y los cargos de elección popular se ganan en las urnas y no matando gente o inventándose leguleyadas y estrategias de exclusión política. Ese miedo a la democracia que los lleva a inflar candidatos en encuestas para causar pánico en la sociedad o esos cambios en las leyes a última hora no son la estrategia adecuada para mejorar la democracia en este país. Columna de opinión publicada en Semana.com

Otra vez se ha dividido el Polo y ahora está en grave peligro la continuidad de su representación parlamentaria. Es una lástima. Que una organización política haya tenido en su nómina a congresistas como Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Antonio Navarro y Jorge Enrique Robledo, reconocidos en diversos momentos como los mejores parlamentarios en sondeos de opinión y en la calificación de sus colegas, es un verdadero lujo, un lujo que no se debía perder. Esta corriente ha sido, sin duda alguna, a lo largo de 15 años, la principal gestora de debates políticos en el Congreso de la República. El referente en los juicios a la corrupción, la voz más alta en la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991, la bancada más decidida en la lucha contra la discriminación por motivos económicos, raciales y sexuales. El mérito es mayor si se tiene en cuenta que su representación no alcanzó nunca el 10 por ciento de los congresistas. Desde una condición minoritaria han dado batallas memorables. Fue ese brillo parlamentario y esa vocación social lo que les permitió cosechar triunfos en la Alcaldía de Bogotá y votaciones importantes en cuatro disputas presidenciales. Pero su habilidad parlamentaria ha contrastado con su torpeza en el trámite de las diferencias al interior del partido; con su incapacidad para permanecer unidos; con su inflexibilidad a la hora de las alianzas y de la participación en la Rama Ejecutiva del poder; con sus limitaciones para orientar, vigilar y controlar sus miembros en el ejercicio del gobierno, como ocurrió en el caso de la familia Moreno Rojas en la capital del país. Jorge Enrique Robledo ha reunido la mayor virtud y el mayor defecto. Ha sido un parlamentario excepcional por su inteligencia, su preparación, su espíritu crítico y su valentía al momento de las controversias y las denuncias. Pero a la vez ha sido el más rígido, el más sectario, cuando se trata de buscar acuerdos para la disputa presidencial o para la participación en el gobierno nacional en función de un interés mayor o del impulso a algunas políticas claves para el país. Robledo ha confundido a lo largo de estos años izquierda con oposición. No quiso aceptar que la izquierda, sin dejar de serlo, podía acompañar a Santos en la búsqueda de la paz y participar en su gobierno para alentar este objetivo. No comprendió que eso no significaba perder su filo crítico. No fue capaz de ver la gran fractura que se produjo en las elites colombianas y las inocultables diferencias entre Uribe y Santos. No quiso dirigir su innegable capacidad oratoria contra las fuerzas más retardatarias en cabeza de Uribe y de sectores del Partido Conservador. Al más viejo y elemental estilo del marxismo criollo sentenció que allí no había diferencias, que todos eran iguales. Apoyado en un disciplinado grupo de militantes que lo han acompañado a lo largo de su carrera política, ha ido forzando paso a paso la salida del Polo de sus pares en la conducción política: Garzón, Navarro, Petro y ahora Clara López, todos candidatos presidenciales, todos por la misma razón, porque en algún momento buscaron o aceptaron coaliciones políticas para encarar la disputa con la derecha pura y dura. Hoy está amenazada la presencia del Polo en el Congreso. Si Robledo persiste en su candidatura presidencial hasta el final es difícil, si no imposible, que este partido obtenga el umbral para mantener su representación. Solo lo salva que se apruebe la reforma que permite la integración de listas entre diversas fuerzas políticas, y en ese caso Robledo tendría que acceder a una coalición con los verdes, con Fajardo, con Petro o con la misma Clara López, lo cual tendría muy poca lógica porque se estaría uniendo con alguna gente que ha sacado del Polo y que ahora tiene muchos vasos comunicantes con Santos. Clara López en cambio ha perdido el carnet de un partido que la llevó a conseguir 2 millones de votos en la primera vuelta presidencial de 2014 y 500.000 en la disputa por la Alcaldía de Bogotá en 2015, pero tiene un panorama muy abierto en la campaña de 2018. Su larga trayectoria en la izquierda y su reconocido compromiso con la paz le dan méritos suficientes para ser candidata presidencial y competir en primera vuelta en cabeza de una coalición de izquierdas que incluya al partido que surja de la desmovilización de las Farc. Pero puede ocurrir también que alguno de los candidatos de la actual coalición de gobierno, un Germán Vargas Lleras o un Humberto de la Calle, decidan invitarla como fórmula vicepresidencial. Lo cierto es que la actual coyuntura política es tan incierta como rica en posibilidades. El plebiscito por la paz de octubre dejó a la coalición entre Uribe, algunas Iglesias y sectores conservadores con una probabilidad enorme de pasar a segunda vuelta si consiguen un candidato presentable, sin una gran cola de cuestionamientos y corrupción. En ese ambiente Clara López cuenta mucho para una coalición que le compita con opción de triunfo al uribismo. Columna de opinión publicada en Revista Semana