Los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Nacional y las Farc, le han dado a Colombia la más grande oportunidad para transformar social y políticamente a nuestro país, consolidando una nueva etapa que requiere, no solo de nuevas y fuertes inversiones públicas a nivel territorial, sino además de una gran participación de la sociedad civil, en conjunto con otro tipo de fuerzas y organizaciones que de una u otra manera han apoyado la salida del conflicto armado a través del diálogo, que sirvan de veedoras de la implementación de lo ya pactado. Es así como hoy por hoy, un grupo de colombianos de distintos sectores (político, de la sociedad civil y empresarios), han decidido unir esfuerzos para acompañar la implementación de los Acuerdos de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional y rodear la mesa de diálogo que se lleva a cabo en la ciudad de Quito con el Ejército de Liberación Nacional. El objetivo principal de esta nueva asociación que ha sido bautizada como “La Iniciativa Unión por la Paz”, es la invitar al conjunto de la sociedad civil, para que continúe la búsqueda de un país en paz. El proceso de paz no termina cuando se firma el acuerdo entre un grupo insurgente y el gobierno de turno. Es en este momento cuando este inicia, porque en adelante, es cuando hay que crear las condiciones para que este fin tan anhelado por muchos, se logre consolidar. Para esto es necesario que el Estado en su conjunto ejecute planes de inversión en infraestructura en los municipios y veredas que durante mucho tiempo fueron territorios con presencia de las Farc, en donde el grupo armado ilegal era quien decidía lo que debía hacerse. También debe pensarse en modelos de justicia local, eficaz y apropiada para el período de posconflicto que se inició en nuestro país, luego de que el legislativo diera la respectiva refrendación a los Acuerdos. Lo anterior, más las alertas que se han dado en Colombia, tras los asesinatos de 120 líderes sociales en distintos territorios, han motivado a personajes como el expresidente Ernesto Samper, el analista y columnista León Valencia, el periodista Ramón Jimeno, el subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación Ariel Ávila, el senador Iván Cepeda, la representante a la Cámara Ángela María Robledo y varios empresarios, a asociarse y conformar un grupo que motive el llamado a la unión de los colombianos, sin importar su origen, condición social, género, partido político, etc., a continuar apoyando la paz en nuestro país, que inició un proceso de consolidación y que requiere del acompañamiento total de quienes le apostaron al Sí. La Iniciativa Unión por la Paz, hará un constante llamado a los colombianos a no desfallecer en el intento porque nuestro país, erradique totalmente la violencia de sus territorios, acompañando y sirviendo de veedores del proceso de implementación de los diálogos de paz, ayudando a dar las alertas necesarias para que se corrijan los posibles errores que se puedan cometer y así lograr un éxito del cien por ciento, en el no retorno a la violencia armada.

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Este domingo 23 de Abril se celebran elecciones atípicas en el municipio de Tumaco, luego de la destitución de Emilsen Angulo, luego de que el Consejo de Estado confirmara nulidad de la elección en febrero de 2017. La situación de Tumaco es dramática, desde principio de año, cuándo se inició con el proceso de concentración de la guerrilla de las FARC hacía las zonas verdales, la situación de orden público en el municipio ha sido crítica, en primer lugar por la aparición de nuevos grupos armados ilegales como Los Negritos y “Los Urabeños” o el denominado ‘Gente de Orden o Nuevo Orden’, quienes atemorizan a la población y en segundo lugar por que desde el 28 de marzo, los enfrentamientos entre cultivadores de coca y la Fuerza Pública, han desnudado la compleja conflictividad que se vive en el municipio. Aun así, el próximo domingo habrá elecciones. En medio del bloqueo de la vía que comunica a Tumaco con el resto del departamento de Nariño las campañas siguieron con el derroche de dinero, y la disputa entre las casas políticas tradicionales para mantener el poder en la región. Como si ya fuera una práctica recurrente en el país, los políticos que por sus maniobras ilegales quedan por fuera del juego electoral, eligen nuevos representantes para que en cuerpo ajeno personifiquen sus intereses. Tenemos el caso de Neftali Correa, quien regresó a Tumaco luego de ser destituida e inhabilitada por 14 años, según la Procuraduría General de la Nación, Correa incurrió en irregularidades en la contratación de servicios de educación cuándo se desempeñó como Alcalde de Tumaco entre el 2008 y 2011. La inhabilidad se conoció apenas hace un año, y sin embargo, su capital político en el municipio sigue intacto. Correa eligió a Sandra Estacio para que con el aval del Partido Liberal, el Partido Conservador y la Alianza Verde compitiera por la Alcaldía. Sin experiencia en política, es la candidata con mayor probabilidad para ganar las elecciones. Además de Correa, Estacio juega con el apoyo de Emilsen Angulo, la alcaldesa destituida y el senador Tato Álvarez. Por otro lado, se encuentra el candidato Julio Rivera avalado por AICO (Autoridades Indígenas de Colombia), quien cuenta con el apoyo de una coalición política de ASI, la Unión Patriótica, un sector del Polo Democrático y Cambio Radical. Rivera participó en la elección de 2015 y ocupó el tercer lugar. Es el candidato con mayor experiencia en el juego electoral. Finalmente, la tercera candidata, y sin posibilidades es Francis Estupiñan avalada por el Centro Democrático, de su trayectoria solo se conoce que ha trabajado en la Cámara de Comercio y ocupo el segundo renglón de la lista del Centro Democrático para el concejo municipal en 2015, elección en la que acompañó a Diego Pizarro, conocido como alias el “alcalde” y quien hoy se encuentra preso por narcotráfico. Una vez más, las atípicas son el reflejo de la bajísima rigurosidad de los partidos políticos, los cuales permiten coaliciones de todo tipo, las máquinas de avales juegan en función únicamente de asegurar participación burocrática una vez concluidas las elecciones. A continuación puede ver en detallo los perfiles de los candidatos a la Alcaldía de Tumaco. Análisis relacionados: Los otros candidatos a la alcaldía de Tumaco Tumaco: Una historia de recomposición de actores en el territorio

El Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, por el cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue recibido por un fuego intenso desde las trincheras de la derecha. Uribe, siempre Uribe, la llamó juridiscción especial de las Farc, JEF; María Isabel Rueda tituló: ‘La pérfida JEP’; Fernando Londoño: es la justicia del traidor Santos. No cito a Marta Lucía Ramirez, al exprocurador Ordóñez, a Sofía Gaviria, a José Félix Lafaurie, a Mauricio Vargas, al general en retiro Jaime Ruiz Barrera, para no aburrirlos. No es nueva la descalificación, no son nuevos los argumentos, es lo que han dicho desde el inicio del proceso de paz. No había un conflicto armado, no había una guerra, las Farc no tienen un carácter político, los únicos responsables de la tragedia son los guerrilleros, la cárcel es la única forma de justicia posible para ellos, no se les puede dar un tratamiento igual a los delitos de la insurgencia y a los cometidos por los agentes del Estado, no se pueden meter en la justicia transicional a los terceros: empresarios o políticos que participaron de forma directa o indirecta en la confrontación. En la frase de Fernando Londoño está el secreto de todo. El presidente Juan Manuel Santos ha firmado un acuerdo de paz que compromete a una parte de las fuerzas políticas y económicas del país. Santos, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Mora Rangel, el ahora vicepresidente Óscar Naranjo, el otrora presidente de la Andi Luis Carlos Villegas terminaron representando a las elites liberales del país, a los grupos empresariales modernos, a los sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas y a una izquierda en proceso de autocrítica y renovación. Le puede interesar: La reivindicación de Popeye Una parte de las elites políticas regionales, las que auspiciaron el paramilitarismo; la mayoría de ganaderos, bananeros, azucareros y palmeros; los que se han enriquecido y se enriquecen en los mercados ilegales; muchos militares y policías en ejercicio o en retiro que lideraron la época más dura del conflicto y se involucraron con las fuerzas mafiosas; las corrientes más ortodoxas y conservadoras del país; todos estos sectores no se sienten representados en el acuerdo de paz; sienten que Santos los traicionó. Han puesto su confianza en un líder, en un único líder, Álvaro Uribe Vélez. Querían llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, hasta derrotar y desarticular las guerrillas, hasta liquidar buena parte de sus huestes, hasta rendirlas y someterlas a la justicia ordinaria, como hicieron con los tamiles en Sri Lanka en 2009, como hicieron con ETA, en España, en estos días. Así pensaban obviar la rendición de cuentas al final de la confrontación, así pensaban eludir el juicio por las conductas violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Santos tomó el camino de la negociación política, quiso parar la guerra, quiso evitar un desangre mayor, una tragedia aún más dolorosa, una prolongación indefinida del horror. Para lograrlo estaba obligado a ofrecer una justicia donde no hubiese vencedores ni vencidos, una justicia de reparación, una justicia equitativa para los involucrados en el conflicto. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El director de la Unidad de Reparación a Víctimas, Alan Jara, en diálogo con la Fundación Paz & Reconciliación aseguró que la entidad está haciendo un gran esfuerzo por articular sus planes y proyectos con los de las entidades territoriales y considera que cualquier idea o proyecto que se elabore con el ánimo de ayudar a mejorar el trabajo que se hace desde el Gobierno Nacional, será bienvenida. ¿Porque no ha sido posible que la Unidad de Reparación a Víctimas se articule con las entidades territoriales? Alan Jara: No es una falla de la Unidad de Víctimas sino del Estado como tal, que no es buen articulador, pero la Ley de Víctimas provee un mecanismo, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas que permite que los esfuerzos de los municipios, departamentos y Nación se unan en un mismo camino. ¿Este sistema tiene en cuenta o va articulado con los Acuerdos de Paz con las Farc? Alan Jara: Por supuesto. Hemos hecho un gran esfuerzo por articularlo con el mecanismo de Verdad, Justicia y Reparación, porque allí también hay un componente de víctimas. Es decir en lo que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos, etc. No es tarea sencilla pero debemos hacerlo y para esto estamos escuchando las sugerencias de las personas que han sido perjudicadas por el conflicto. ¿A cuantos años está proyecto este proceso de articulación? Alan Jara: Está pensado de manera atemporal. Las víctimas del conflicto reconocen que se les ha dado participación en la elaboración de planes y proyectos, pero, ¿cómo evitar que no se caiga en la participadera? Alan Jara: Todos los planes y acciones que estamos trabajando tiene unos tiempos establecidos para ejecutarse. Es un factor que hemos venido tomando en cuenta para no caer en esa participadera y tratar de que estos no se queden en charlas y reuniones que a nada llegan. Algunas víctimas del conflicto y algunos congresistas proponen cambios en la Ley de Víctimas, uno de esos, que la audiencia que se celebra el 9 de abril tenga un componente de control político de parte del legislativo y una rendición de cuentas de parte de las entidades que tienen que ver con la reparación. ¿Está de acuerdo con esta idea? Alan Jara: Toda idea que se trabaja con el ánimo de ayudar a mejorar el trabajo que se hace para que las víctimas del conflicto armado sean reparadas, es bienvenida. Esperemos a que se consolide y sobre la marcha podemos hablar. ¿Es lógico que una víctima del conflicto que ostenta un lugar político como es el caso del senador y expresidente Álvaro Uribe, intente sabotear la audiencia del 9 de abril dedicada a las víctimas del conflicto? Alan Jara: prefiero no entrar en ese tipo de controversias. El expresidente Álvaro Uribe tendrá que explicar sus actuaciones y es el pueblo quien tendrá que decidir si las acepta o no.

A María Fernanda Cabal la ha caracterizado su increíble ignorancia frente a las causalidades de diferentes fenómenos sociales y políticos del país. Además, ha exhibido concepciones del mundo basadas en creencias casi que irracionales y similares al fascismo autoritario que se expresó hace décadas en el mundo. Tres de sus declaraciones me gustaría recordar. Tal vez uno de los hechos más recordados es cuando dijo que García Márquez se iría al infierno por su amistad con Fidel Castro. Ante las críticas, en trinos seguidos, Cabal manifestó que sus comentarios se referían a la ideología de García Márquez y no a su grandeza literaria. Con esto, la presentante Cabal, no solo hacía eco de las justificaciones políticas que el paramilitarismo hacia luego de cometer masacres. No hay que olvidar que cientos de asesinatos los justificaba la Casa Castaño como un mal necesario para acabar comunistas, había que mandarlos al infierno para salvaguardar un modelo político excluyente. También Cabal, en este comentario, exhibe su personalidad anti-democrática y totalitaria. Esta personalidad antidemocrática y totalitaria es común de los déspotas e ignorantes, no hay que olvidar que para regímenes de este tipo, todo lo que sea diferente, o lo que no se conozca, no se puede aceptar y se debe destruir. En la época del imperio romano, lo diferente era considerado “bárbaro”. En la edad media quemaban mujeres o se descuartizaban personas que levantaran alguna voz de protesta, y ni que decir en la colonia española en nuestras tierras y la Europa del siglo XX. El mundo ha aprendido de toda esta tragedia, pero Cabal ni se enteró. Otra de las posturas de Cabal, la cual, además comparte con sus amigos del gremio ganadero, es que las víctimas del conflicto son unos flojos, vividores y que en realidad más que víctimas son perezosos. El conflicto colombiano duró más de 50 años, pero la intensidad más fuerte se produjo entre 1995 y el año 2005. En ese periodo de tiempo se asesinaron casi 200.000 personas y se desplazaron 6 millones de personas. Durante esta gran tragedia, se violaron mujeres, los paramilitares descuartizaron personas, hubo tiempos, por ejemplo, en el Magdalena Medio que los negocios más lucrativos era vender ataudes y motosierras. Se empalaron personas y hasta se construyeron hornos crematorios para desaparecer cualquier rastro de las víctimas. En todo este baño de sangre se despojaron 7 millones de hectáreas de tierra que quedaron en manos de agentes legales, políticos y empresarios rurales muchos de ellos ganaderos, que son los que defiende Cabal. Es decir, personas como Cabal son cómplices, pues esconden la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado. Eso se llama complicidad criminal. El tercer comentario de la gran leída e intelectual Cabal fue cuando se burló de una masacre que extremistas cometieron en Francia. Relacionó el ataque terrorista con el proceso de paz colombiano. Una salida en falso, detestable, terriblemente manipulada, falsa y sobre todo agresiva con las víctimas de lo ocurrido en Francia. Estos tres comentarios o salidas en falso, muestra la terrible ignorancia de una congresista colombiana, su personalidad antidemocrática, pero sobre todo el terrible desprecio hacia la vida humana y los mínimos éticos que ha logrado la sociedad moderna. El valor ético de una persona no viene dado por el amor a sí mismo o a su grupo cercano. Viene por el respeto a la vida, y ese respeto a la vida pasa por respetar al otro, tanto al cercano como al lejano. Por ejemplo, apoyar la paz es respetar la vida y esto es un principio ético, es algo que no se puede negociar, viene del humanismo profundo de cualquier persona. Ser demócrata es aceptar la diferencia, considerar al otro como un par. No respetar al otro, ni su dignidad como ser humano, es producto de la ignorancia o de intereses y valores no democráticos, ni humanistas, es decir, de una ética cuestionable para el mundo moderno. Por eso les digo. Muchachos y muchachas lean, estudien no se han vagos, pues si lo son, podrían terminar como María Fernanda Cabal…. ¡imagínense eso¡ Opinión publicada en Semana.com

Cuando oí que Popeye había decidido participar en la marcha del primero de abril convocada por el Centro Democrático, inmediatamente pensé que personas de esa agrupación que respeto mucho como Francisco Santos, Carlos Holmes, Iván Duque, Paloma Valencia o Alicia Arango rechazarían su presencia en la jornada. No fue así. Incluso Santos y Paloma justificaron públicamente la participación de la persona que acompañó a Pablo Escobar en su época más escabrosa. “Popeye ya pagó su deuda con la sociedad y está en su derecho a marchar”, dijo Santos y una frase similar se le ocurrió a Paloma en un debate con Roy Barreras. Sentí una enorme tristeza. Este hecho, aparentemente banal, me devolvió a un pasado doloroso. La gran tragedia colombiana se gestó cuando agentes del Estado y elites políticas y económicas del país decidieron darles protagonismo político y social a los narcotraficantes y asesinos que florecieron en los años ochenta; y cuando, a su vez, las guerrillas, que habían nacido como alzamiento político de la mano de Camilo Torres Restrepo, Manuel Marulanda Vélez y Jaime Bateman Cayón, se metieron de lleno en el negocio de las drogas, se comprometieron a fondo con el secuestro y acudieron al atentado personal como arma de lucha. Los narcotraficantes sanguinarios se encontraron con los políticos tradicionales y los insurgentes con el delito común puro y duro. Comprender esto, aceptar esto, es condición sine qua non para darle la vuelta a la historia colombiana, para salir de la oscura noche que hemos vivido, pero argumentos como los esbozados por gente ilustrada para validar la participación de Popoye en una ruidosa marcha política y la retórica del ELN en defensa del secuestro aún en medio de negociaciones de paz muestran que estamos lejos de esta comprensión vital. Le puede interesar: La encrucijada que deja la consulta de Cajamarca Voy a señalar una vez más la línea de tiempo de la tragedia con la esperanza de que algún día se escudriñe con atención esta versión de la historia. Antes de los años ochenta estaban las guerrillas, había narcotráfico, se presentaban secuestros, pero todo esto era marginal, se daba en los bordes de la sociedad, se desarrollaba en los linderos de la política. Pero a mediados de esa década trágica líderes encumbrados de las elites decidieron darles un papel político central a reconocidos narcotraficantes, se apoyaron en sus finanzas, acudieron a sus oficios para eliminar a rivales políticos, auparon sus huestes para exterminar a la izquierda legal. Entre tanto, la guerrilla se fue deslizando poco a poco por el despeñadero de los delitos que degradaban su causa y fue ascendiendo en su protagonismo hasta ahogar la acción de una izquierda civil que terminó por aceptar el trámite violento de la controversia con el establecimiento. La primera racha de terror ocurrió al finalizar esa década triste con la muerte de cuatro candidatos presidenciales y la destrucción de la Unión Patriótica. Se frenó el baño de sangre con los acuerdos de paz del M-19 y otras guerrillas, la expedición de la Constitución de 1991 y la muerte de Pablo Escobar. Pero se reanudó con fuerza mayor en 1995 y de ahí hasta 2005 tuvimos el 70 por ciento de los 8 millones de víctimas de todo el conflicto. Fue ese el momento verdadero de la guerra innombrable y desastrosa. Cuando se consolidó la alianza entre las elites políticas y las filas mafiosas y cuando también las guerrillas se hundieron en la barbarie. Le recomendamos leer: Uribe: seis campañas, seis escándalos En la reivindicación de Popeye sonaron las mismas palabras que propiciaron esa catástrofe. “Popeye es igual a las Farc” o “Popeye es mejor que las Farc porque ya pagó su deuda”. Así fue que legitimaron la alianza con los mafiosos en los años ochenta, así transformaron a Carlos Castaño de vulgar mandadero de Pablo Escobar en uno de los actores políticos más relevantes en los años del dolor. Porque las Farc y el ELN eran la peor amenaza, la amenaza comunista, todo valía, todo se justificaba, las autodefensas, las masacres sobre su base social, las desapariciones, el desplazamiento de poblaciones. No era diferente el sentido ético en el lado de las guerrillas. El secuestro era la otra cara de las desapariciones forzadas y la forma más justa de arrancarles a los ricos la financiación de la guerra, decían, el atentado a los líderes políticos, el pago obligado por el genocido de la Unión Patriotica. Ahí estaba el otro lado de la misma moneda. Un terrible juego de espejos, una nivelación por lo bajo, un descenso compartido al infierno de la criminalidad amparados en discursos políticos. El horizonte ético se nubló. Las partes perdieron por igual la autoridad moral para reclamar humanidad, para exigir humanidad. También le puede interesar: 100 días del acuerdo de paz El episodio de Popeye muestra la enorme dificultad que tienen las elites políticas para separarse del trasunto violento de las mafias y para no utilizar a las Farc como mampara de su degradación moral, es la misma dificultad que afrontarán las guerrillas para reconocer ante la justicia especial para la paz el grave daño que les hicieron a la sociedad y a su causa política con el secuestro, con el narcotráfico y con el ataque aleve a la población civil. Conozco esa dificultad. Conozco esa angustia. La viví hace 28 años, en 1989, en una soledad aterradora en las montañas. Me desgarré por dentro para decir no, para tomar distancia de mis compañeros en el comando central del ELN y empezar la búsqueda de la paz y la reconciliación. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Este ciclo registra avances positivos que incluyen algunos entendimientos, así como el logro de acuerdos. Estos son: • Se estableció el reglamento para el funcionamiento de la mesa en la fase pública. • Se crearon dos mesas paralelas de negociación, lo cual debe permitir un mayor dinamismo hacia unos entendimientos de paz: la sub-mesa de dinámicas y acciones humanitarias y la sub-mesa de participación de la sociedad. • En la sub-mesa de participación de la sociedad se avanzó en un entendimiento –que aún no se ha formalizado como acuerdo- para la realización de una serie de audiencias preparatorias presenciales y virtuales, en las que la mesa recogerá insumos para el diseño del punto 1 de la agenda sobre la participación ciudadana. • También se avanzó, aunque no se ha concluido, en los temas atinentes a la preparación de lo que habrá de ser la conformación de un fondo de apoyo por parte de los países amigos de este proceso, tal como está contemplado en la agenda del 30 de marzo de 2016. • Se avanzó en un entendimiento para desarrollar un proyecto piloto de desminado humanitario en los próximos meses. • En la sub-mesa de dinámicas y acciones humanitarias se suscribió un acuerdo sobre el marco de referencia común para la discusión del subpunto, cuyo texto es el siguiente: Marco de referencia común para tratar el subpunto 5f del Acuerdo de Diálogos del 30 de marzo de 2016 El propósito del subpunto 5f es proteger a las personas no combatientes y a la población civil, de los efectos que el conflicto armado les causa, mediante acciones o acuerdos de carácter humanitario, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, y en consecuencia disminuir la intensidad del conflicto. • Lo anterior significa que nos hemos puesto de acuerdo en que la guía de las acciones unilaterales que deben adoptar las partes, y los acuerdos a que se llegue, deben tener como objetivo ineludible el cumplimiento de los postulados del Derecho Internacional Humanitario. • Esto debe tener consecuencias prácticas como la necesidad de que el ELN acepte el imperativo del Derecho Internacional Humanitario que prohíbe el secuestro. • Los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas, al igual que las minas antipersonales que como verdaderas trampas humanas se instalan por el ELN para entorpecer las tareas de reparación del oleoducto ante los frecuentes ataques, también son proscritas por el Derecho Internacional Humanitario. • Subrayamos también, y celebramos, que el ELN haya suscrito en el marco referencial de la mesa de dinámicas y acciones humanitarias, al que ya nos hemos referido, que el objetivo preeminente y prioritario de la mesa humanitaria cuyos trabajos van a empezar próximamente es “proteger a las personas no combatientes y a la población civil, de los efectos que el conflicto armado les causa”. • Se cierra así el primer ciclo de negociaciones públicas con el ELN. Las delegaciones nos volveremos a encontrar el 3 de mayo del presente año, en Quito, Ecuador, para el inicio del segundo ciclo de estas conversaciones. • Agradecemos a los países garantes Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela. Y hacemos un reconocimiento especial a la República del Ecuador, también garante de estos diálogos, por su hospitalidad y su apoyo a Colombia en la búsqueda de la paz y por acoger la petición hecha por las delegaciones para que este país siga siendo la sede donde se desarrollen estos diálogos.

Ya han pasado cien días desde la firma del acuerdo de paz y casi un año desde el inicio del cese bilateral al fuego entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano. El proceso de implementación ha estado marcado por dificultades; el Estado colombiano ha incumplido en casi todo hasta el momento, no ha podido si quiera terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se han concentrado para la dejación de armas. Por otro lado, existe una oposición política liderada por el expresidente Uribe, que pareciera que prefiere que las FARC sigan en armas y que nada de la implementación funcione sobre todo la justicia transicional. Pero lo que sí ha funcionado y han cumplido son los componentes militares de ambas partes. Los homicidios se han reducido drásticamente, los secuestros están muy cerca de desaparecer y el horroroso pabellón del hospital militar para afectados por minas antipersonales que recibía centenares de heridos, está a punto de cerrar, pues hace meses no ingresa nadie. Tanto las Fuerzas Armadas colombianas como las FARC han cumplido de forma increíble el cese bilateral al fuego. Desde que arrancó en julio de 2016, solo se han presentado 4 hechos de gravedad. Durante el traslado de guerrilleros a las zonas de ubicación no se presentó ningún altercado. En Siria un cese al fuego ha durado máximo 6 horas. Descargar documento Descargar Documento publicado en el país.com

El sentimiento es encontrado, no sé si reírme o indignarme, tal vez los dos sentimientos no se contraponen ante una misma situación. Pero escuchar al uribismo convocar una manifestación contra la corrupción es realmente increíble. Durante las dos administraciones de Uribe los miembros de su círculo cercano y familiares estuvieron metidos en escándalos de narcotráfico y corrupción. Dos de sus edecanes, el general Santoyo y Buitrago, están presos por narcotráfico, de hecho, el más cercano, Mauricio Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos por vínculos con carteles de la droga. Santoyo fue cercano a Uribe desde cuando este fue gobernador de Antioquia, en la década de los 90 del siglo pasado, fue su protegido. Todo tipo de desmanes se cometieron contra defensores de derechos humanos y población civil, esa era la época de la famosa neutralidad activa y las Convivir. Además, su cuñada Dolly Cifuentes Villa ya aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos por relaciones con el cartel de Sinaloa. También, recibieron a Pedro López o alias Job, miembro de la Oficina de Envigado, en múltiples ocasiones por la puerta de atrás del palacio de Nariño. Miembros del gobierno Uribe y la Oficina de Envigado en representación de Job planearon y ejecutaron conspiraciones contra la Corte Suprema de Justicia. Pero tal vez el hecho que demostró la cercanía del gobierno Uribe con la mafia y el crimen colombiano se evidenció con el nombramiento de Jorge Noguera director del entonces DAS. Si se analiza la votación de Uribe para el año 2002 y las zonas que dominaba Jorge 40, jefe paramilitar del Bloque Norte, así como las votaciones a Congreso, queda claro que el paramilitarismo votó masivamente por Uribe. Todo parece indicar que a cambio del apoyo del Bloque Norte de las AUC, Uribe le habría nombrado a Jorge 40 una cuota en el gobierno nacional. Ni más ni menos que a Jorge Noguera, quien además había sido el jefe de campaña de la primera elección de Uribe en el departamento de Magdalena. Noguera fue condenado por el asesinato del profesor y académico Alfredo Correa de Andreis, quien junto a otras 2.500 personas fue asesinado durante el tiempo en que el gobierno de Uribe se reunía con los paramilitares en Ralito. Tiempo en el que, vale la pena recordar, regía un cese unilateral y lo que era casi un cese bilateral del fuego. Se masacraron 2.500 personas y Uribe nunca dijo nada, nunca convocó a marchar. No dijo nada cuando los paramilitares para las elecciones locales del 2003 y luego en el 2006 se aliaron con candidatos al Congreso, a alcaldías y gobernaciones. No hubo marchas, no hubo críticas. Nada de nada. La agenda de negociación con los paramilitares nunca fue pública, tampoco los acuerdos. No hubo ni el 5 % de la trasparencia que sí tuvieron las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. Pero las administraciones de Uribe no sólo se aliaron con la mafia, sino que además utilizaron el Estado para todo tipo de corrupción institucional. Por ejemplo, hay investigaciones por más de 4.000 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Se habrían asesinado más 4.000 civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y así inflar cifras de eficiencia militar y con ello mejorar la imagen del presidente. Esto fue una verdadera masacre. La reelección de Uribe fue comprada, es decir, fue ilegal. Las condenas a Yidis Medina y a los exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt así lo demuestran. Agro Ingreso Seguro y el enriquecimiento de los hijos de Uribe son otros ejemplos. Pero incluso en la actualidad, el partido de Uribe, el Centro Democrático, no ha hecho más que proteger bandidos y criminales. Por ejemplo, pelearon y se rasgaron las vestiduras para que de la JEP se excluyeran los financiadores de Grupos Armados Ilegales, todos esos empresarios rurales que despojaron tierra a campesinos y colonos. Además la senadora Nohora Tovar presentó un proyecto de ley para beneficiar a despojadores y criminales que se apoderaron de los siete millones de hectáreas arrebatadas a campesinos. El proyecto de ley 157 de 2016 en su artículo 2 decía: “Artículo 2: Los ocupantes, explotadores ancestrales, poseedores de buena fe de predios rurales, que los hayan poseído por un período de tiempo igual o mayor al de la prescripción extraordinaria, y los que derivan legítimamente sus derechos de los anteriores, tendrán derecho a obtener el reconocimiento de la propiedad sobre dichas tierras”. Y en el artículo 6 del mismo proyecto de ley se señala que se dejarían “sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados ‘recuperación de baldíos’ y restituye los derechos a los afectados”. Es decir, hasta los baldíos se los iban a entregar a los despojadores. En fin, corrupción, crimen, persecución a la oposición y sangre marcaron las dos administraciones de Uribe. Aun así se atreven a convocar una marcha contra la paz y la corrupción, cínicos y sinvergüenzas, deberían estar presos. Pero bueno, esto es Colombia. Columna de opinión publicada en Semana.com