La Misión Electoral Especial conformada por siete miembros expertos en el tema electoral y participación ciudadana, con la idea que el Gobierno Nacional tramite ajustes normativos e institucionales necesarios, con ocasión de la implementación de los Acuerdos de Paz, presenta a consideración de la opinión pública, sus recomendaciones en esta materia. La propuesta será estudiada por el Gobierno Nacional en cabeza del ministerio del Interior con los partidos políticos, con el ánimo de estructurar un texto de Reforma Política que sería discutido a través del mecanismo de Fast Track por el Congreso de la República. Los planteamientos de la Misión Electoral Especial se resumen en los siguientes tres puntos: Modificación a la estructura electoral colombiana: Se propone la creación del Concejo Electoral Colombiano y de una Corte Electoral, con funciones administrativas y jurisdiccionales separadas, respectivamente, pero que trabajarán de manera coordinada. Su composición estará dada por una junta directiva de cinco miembros de origen no partidista, lo que le diferenciaría del Consejo Nacional Electoral, órgano compuesto por representantes de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso de la República. Tendrá funciones técnicas, logísticas y administrativas; de planificación, organización y ejecución de un proceso electoral; administrará el Registro Civil, el padrón electoral y el padrón de militantes; realizará educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados y controlará el financiamiento de la política. Se propone también la creación de una Corte Electoral que estaría integrada a la Rama del Poder Judicial, pero actuaría con autonomía. Sus funciones serían, resolver procesos contenciosos electorales y fijar sanciones como separación del cargo y pérdidas de investidura. Su composición estaría dada por seis tribunales regionales con tres magistrados de carrera y cinco magistrados a nivel nacional. Cambios en el sistema de elección a cargos de elección popular: La propuesta radica en la posibilidad de utilizar listas cerradas. Con esto, se busca reducir los costos de las campañas, que sería estatal y de las elecciones. El Senado mantendría el número actual de curules y en la Cámara de Representantes aumentaría a 200. También plantea la creación de un sistema mixto para la elección de candidatos, que esté conformado por circunscripciones departamentales y distritos uninominales, “diseñados por la autoridad electoral, con parámetros establecidos por la ley”. Cada departamento tendría dos representantes y uno más por cada 365 mil habitantes o fracción superior a 182.500 en exceso de los primeros 365 mil. Con esto se lograría que cada departamento tenga por lo menos cuatro legisladores en la Cámara. Se propone además, que las curules se repartan de la siguiente manera: “La mitad de los representantes elegidos por listas plurinominales cerradas y bloqueadas y la otra mitad de los representantes elegidos en distritos uninominales. Financiación de la política: En cuanto a la financiación de las campañas políticas, la misión propone: Un incremento del aporte estatal a los partidos, “distribuido a partir de nuevos criterios que incluyen la equidad (25%), una mejor consideración de la presencia en los distintos niveles (Congreso; poder local), de la presencia de actores tradicionalmente relegados (jóvenes, mujeres) y de la democracia interna”. Este será distribuido en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo (40 por ciento con base en los resultados precedentes, 10 por ciento de manera equitativa) y 50 por ciento después de la elección (sobre los resultados). También fija mecanismos indirectos de financiamiento público, a través de pauta en medios de comunicación y transporte público en la jornada electoral. En lo que tiene que ver con la financiación privada, se propone como requisitos que las donaciones en especie se tasen y se contabilicen con su valor comercial, y que los donantes justifiquen su capacidad económica, lo mismo que el origen de sus recursos; El documento presentado por la Misión propone límites a las donaciones privadas a campañas presidenciales, lo mismo que a los topes en valor absoluto a aportes personales y a donaciones; y fija como prohibiciones los créditos que no sean bancarios, la contratación de publicidad por terceros y las donaciones de organizaciones sin fines de lucro. Conserva los topes de financiación y promueve un “control más efectivo por parte de la autoridad electoral de las rendiciones de cuenta, de la pauta en medios de comunicación y delos principales rubros de gasto” La Misión Electoral Especial está integrada por Alejandra Barrios directora de la Misión de Observación Electoral (MOE); Elizabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia y Congreso Visible; Alberto Yepes, exconsejero de Estado; Jorge Enrique Guzmán, consultor del PNUD; Juan Carlos Rodríguez, Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y Co-director del Observatorio de la Democracia de esta universidad y Salvador Romero, consultor de Instituciones públicas y privadas en asuntos de reforma constitucional y electoral.

Hace poco, León Valencia y Daniel Coronell describieron minuciosamente las múltiples aspiraciones presidenciales que tenía Colombia. León enumeró poco más de 20 y Daniel Coronell llegó a 31. Incluso, este último bromeó escribiendo que Colombia no estaba tan mal, Haití llegó a contar con 52 candidatos presidenciales en sus últimas elecciones. Y aunque el recuento deja ver la etapa de transición que vive el país, lo cierto es que en la vida real hay cuatro candidaturas con posibilidades reales de ganar. Para las elecciones del 2018, si se mantiene la tendencia normal del país, de una participación del 50 %, es probable que voten alrededor de 18 millones de personas; de esos votos, apenas poco más de cuatro millones son de opinión, es decir, cerca de 12 millones de votos tienen muy claro el partido, su militancia ideológica o dependen de clientelas electorales, en algunas regiones esa dependencia es más intensa que en otras. Hay otros dos datos interesantes a tener en cuenta para las elecciones del 2018. El primer dato es que si se hace una correlación estadística entre los municipios donde ganó Zuluaga en segunda vuelta y donde ganó el No en el plebiscito del 2 de octubre, la cifra es del 0,78 %, es decir que este voto, a diferencia de los que dicen muchos analistas, es muy homogéneo. Lo cual significa que la derecha, al menos para primera vuelta, puede contar con seis millones de votos, los cuales están divididos entre el uribismo, que tiene la mayoría, y algunos se irían con Germán Vargas Lleras, el primero fijo en la contienda. El siguiente mapa muestra la correlación. Aquí viene la primera conclusión; tal vez, los más grandes perdedores de los resultados del 2 de octubre fueron Marta Lucía Ramírez y Ordóñez, quienes aspiraban a jugar en una consulta con los sectores uribistas. Pero luego de los resultados, claramente no habrá consulta y Uribe definirá el candidato. El Centro Democrático es un partido monárquico y allí sólo se hace lo que dice su “rey”, es decir, el senador Uribe. Por ello, cuando el Partido Conservador amenaza con salirse de la coalición de gobierno da risa, ya que no tiene candidato viable. Su base social prefiere votar por el elegido de Uribe, que por un candidato que pongan en una convención o aclamación política. Así que ya tenemos dos de las cuatros candidaturas viables. El uribista, sea quien sea, y Germán Vargas Lleras. El otro dato interesante es que el voto del Sí también muestra una correlación importante entre los municipios donde ganó Santos en segunda vuelta en el 2014 y donde ganó el Sí, pero es un voto mucho más diverso. Esto significa que entre seis y siete millones de votos se repartirán entre la candidatura de Humberto de La Calle, que seguramente tendrá de vice a un miembro del partido de La U, y la candidatura de los Verdes, que se disputará entre Sergio Fajardo y Claudia López. Claro, en estos votos también pesca algo Vargas Lleras. Claudia López es un verdadero fenómeno electoral, su consulta anticorrupción ha revolucionado el mundo político en los últimos días y por ende ya se le ve como una firme precandidata que podría disputarle el poder a la vieja élite política. Sin embargo, aunque ella podría ganarle una consulta a cualquier candidato, lo cierto es que es muy difícil que gane la Presidencia. Es mujer y viene del estrato 3, o mejor, de sectores populares. Muy difícil en un país machista y arribista como el colombiano. Sergio Fajardo, por su lado, ha demostrado que sabe gobernar, fue un buen alcalde y un buen gobernador. Tiene una mentalidad progresista y da tranquilidad a todos los sectores sociales; empresarios, a la izquierda, a la derecha y al centro. Es tal vez una de las figuras que mejor podrían representar una estabilidad dentro de la transición que vivirá el país los próximos años. En fin, la mejor opción dentro de los sectores políticos alternativos. Tanto Claudia como Fajardo tendrán que resolver, de alguna forma, la mejor fórmula para escoger quién liderará la campaña presidencial. Una consulta popular, una encuesta, una convención o un acuerdo. Si quieren triunfar, debería haber unidad. En total esto suma entre 12 y 14 millones de votos. Así las cosas, hay entre 4 y 6 millones de votos que se irán para estas candidaturas y para el resto del espectro político, es decir, Petro, Robledo o Marta Lucía. Incluso, a medida que las elecciones se acerquen y las encuestas comiencen a apretar, las cuatro candidaturas más opcionadas se llevarán la mayoría de estos seis millones de votos. Columna de opinión publicada en Semana.com

Los datos territoriales del postconflicto son los siguientes: las FARC y el ELN operaron hasta el 2016 en 281 municipios de un total de 1.122 que tiene el país, es decir, cerca del 25 % de las municipalidades. La presencia de las guerrillas en los municipios no tiene ni tenía la misma intensidad, existen municipios donde su presencia urbana era muy baja, como Buenaventura, pero a nivel rural lo controlaban casi todo. En 242 municipios operaban las FARC y el 99 el ELN. Había municipios donde ambos grupos operaban, por ello, al final la cifra es de 281. En 190 de los 281 municipios hay presencia de economías de guerra, ya sean cultivos de coca, laboratorios de clorhidrato de cocaína, minería criminal o contrabando. La mayoría de estos municipios son categoría 6, manejan un bajo presupuesto, no tienen un comercio local desarrollado y la deficiencia institucional es alta. Durante los más de 50 años de confrontación armada, las guerrillas crearon una estructura paralela de administración de seguridad y justicia. Además regulaban la vida social y económica donde se desarrolla la economía ilegal e informal. Ejercían control sobre el precio de la pasta base de coca, las deudas, la venta de licor, en fin, casi toda la vida social. Lo que sucedió hace algunas semanas con el proceso de concentración es que las FARC pasaron de operar en estos 242 municipios a 26 veredas, o mejor zonas rurales, cuyo tamaño es de alrededor de 11 kilómetros cuadrados. Es decir, las FARC desocuparon más del 98 % del territorio donde operaban. Lo ideal habría sido que el Estado colombiano copara esas zonas, para que reemplazara a las FARC e instaurara la institucionalidad necesaria para consolidar del Estado Social de Derecho. Se había advertido desde hace más de un año que no había una estrategia clara para copar estas zonas y que el riesgo de que estas fueron retomadas por otros actores criminales era inmenso, sobre todo en municipios con alta presencia de economías ilegales. A pesar de las advertencias, pasó y está pasando lo indeseable. Muchas de las zonas Posfarc han sido retomadas por grupos criminales. Esta gran categoría de zonas posfarc se puede dividir en cinco tipos de territorios, como se ve a continuación: Las zonas copadas por el ELN, hasta el momento, se identifican en el departamento de Chocó, la zona pacífica del Valle del Cauca, Arauca y Norte de Santander. Por ejemplo, la zona donde fue entregado Odín Sánchez hasta el año pasado era de control de las FARC con el Bloque Móvil Arturo Ruiz. De hecho, ya todo el sur del departamento de Chocó cuenta con presencia del ELN y estarían entrando a Buenaventura. Las zonas copadas por bandas criminales es tal vez la situación más preocupante. En el bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el norte de Chocó ha sido el Clan del Golfo o antiguos Urabeños los que han copado el territorio que era de las FARC. Tumaco es otro ejemplo, allí el Clan del Golfo controla los límites entre Tumaco y el municipio de Francisco Pizarro. También en este municipio surgió el denominado grupo Nuevo Orden, y la banda criminal de La Empresa está llegando desde el municipio de Olaya Herrera. Las zonas donde el Estado se ha fortalecido cubren el menor porcentaje de territorio de las zonas posfarc. Sólo en el departamento de Huila y el sur de Tolima se ha logrado detectar una acción coordinada de las instituciones nacionales y locales. El cuarto tipo de territorio es el que tiene las disidencias de las FARC. En total se cuentan poco más de 180 guerrilleros que han desertado, aunque las FARC hablan de 120. Estas, se ubican en cinco zonas. Por un lado, entre Vaupés y Guaviare, donde está el grupo más grande al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, con cerca de 60 hombres. En Tumaco se cuenta otra disidencia, la otra en el norte de Caquetá, al mando de alías Mojoso. Una más en los límites del sur de Meta y Guaviare, la cual es pequeña, y otra, la más débil, en Antioquia. Este tipo de zonas es el territorio más pequeño de las zonas posfarc. El último tipo de territorio se denomina Anarquía Criminal. Son zonas donde el abigeato o hurto de ganado, el atraco en carretera y en general la inseguridad se han disparado, pero no hay una organización criminal con la capacidad de copar el territorio. Es una situación de delincuencia común que ha disparado todos los índices de delitos y criminalidad. Como dijo una campesina del El Retorno, Guaviare: “Aquí la situación está invivible desde cuando se fueron las FARC”. Aun no hay claridad sobre la estrategia del Estado para mitigar esta situación de seguridad, más allá de anunciar el envío de tropas pareciera que no hay nada coordinado ni planeado, y sobre todo que garantice la sostenibilidad en el tiempo. Columna de opinión publicada en Semana.com

El 24 de noviembre de 2016 se llegó a un acuerdo entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para poner fin al conflicto armado de más de 50 años. Varias semanas de renegociación se necesitaron después de los resultados del plebiscito del 2 de octubre. El 27 y 28 de noviembre el acuerdo fue refrendado por el Congreso de la Republica, y el día D o el arranque del cronograma fue el 1 de diciembre de 2016. El acuerdo de paz tiene cuatro grandes pilares: la amnistía, los mecanismos de seguridad, la implementación de los acuerdos y el proceso de reincorporación. En cuanto a la Ley de Amnistía solo hasta el 17 de febrero el Gobierno expidió el decreto que fija las reglas de juego para la aplicación de la misma. La ley fue aprobada varias semanas antes y el atraso en la entrada en vigencia ha causado una inconformidad en la tropa de las FARC. Varias de las deserciones de mandos medios de la guerrill, fueron producto del limbo jurídico antes de la aprobación de la ley y sobre todo producto de que a la fecha ni un solo miembro de las FARC ha salido de la cárcel, como tampoco ningún militar. Un sector importante de las FARC percibe la falta de claridad en las reglas de juego como un incumplimiento. En el asunto de los mecanismos de seguridad en el postconflicto la situación es dramática. En el año 2016 fueron asesinados 93 líderes sociales, uno cada cuatro días. En lo que va del año han sido asesinados 15 líderes sociales, es decir, uno cada tres días. En Colombia se está exterminando silenciosamente las organizaciones sociales de base. Mientras escribía esta columna llegaba la noticia del asesinato de Faiver Cerón Gómez presidente de una Junta de Acción Comunal en el municipio de Mercaderes Cauca. Como el resto de casos quedara, seguramente, en la impunidad. Igualmente, dentro de los mecanismos de seguridad, se tenía previsto que 60 guerrilleros de las FARC podrían moverse libremente en el país con el objetivo de hacer pedagogía para la paz. Esta es la hora que los dispositivos de seguridad no están listos. El tercer pilar de los acuerdos de paz es la “implementación”. Significa poner en marcha todo lo acordado en La Habana. Para ello el Congreso de la República está facultado con la figura de fast track, o vía rápida, por la cual con un mecanismo abreviado se pueden aprobar las leyes necesarias que pongan en marcha los acuerdos de paz. El Gobierno había anunciado una “avalancha” de proyectos de ley y solo han llegado cinco de una treintena que se habían previsto. Hasta el momento la agenda de la dejación de armas es la que ha avanzado parcialmente; pero toda la agenda del postconflicto que se refiere a la democratización del país no ha avanzado. Es tan dramático este punto que las leyes de Tierras, referidas a la democratización de las mismas, al catastro rural y la formalización, ni siquiera tienen ponentes en el Congreso. En el punto de participación política sucede algo parecido. Mientras que en los dos primeros pilares hay voluntad por parte del Gobierno de avanzar y todo se trata de trabas burocráticas e ineficiencia en funcionarios públicos de segundo nivel. En el tercer pilar lo que queda claro es que el “establecimiento” o élite colombiana quiere que el proceso de paz salga gratis, es decir, solo mover la agenda de la dejación de armas, pero la agenda de las reformas, que son el 90% de los acuerdos de paz y que van a beneficiar a la sociedad no las quieren ni tocar. El proceso de reincorporación ha sido un fiasco. Se tenían que adaptar 26 zonas rurales, cada una de 11 kilómetros cuadrados, para que las FARC se concentraran allí. Después de tres meses de la firma de los acuerdos, 10 de estas zonas tiene problemas graves en su infraestructura, hay zonas, como la de Caño Indio. en el departamento de Norte de Santander que en el mejor de los casos estaría lista para el 20 de marzo. Pero donde la situación preocupa más es en el día 181. Estas zonas rurales solo duraran seis meses y nadie sabe que va a pasar el día después. ¿Dónde van a vivir los guerrilleros? ¿Se compraron las fincas para los proyectos productivos? ¿Dónde están los recursos económicos? Hasta el momento lo que queda claro es que la guerrilla de las FARC ha cumplido con la mayoría de los temas y por el lado del Gobierno solo se ven incumplimientos. A este ritmo, el postconflicto, puede significar una gran frustración política y social. Columna de opinión publicada en El País.com

Hace algunos días fue capturado en Cali Diego Fernando Pizarro Portilla, conocido con el alias del Alcalde o don Gaula. La operación, conocida como “Mar Azul”, también se desarrolló en Cali, Buenaventura y Tumaco. Fue desvertebrada casi la mitad de una organización criminal dedicada al tráfico de droga que enviaba cargamentos hacia Centroamérica vía el mar Pacífico, casi semanalmente. Hasta aquí no hay nada raro, bandidos y en el Pacífico se cuentan por decenas. Lo que llama la atención es que Diego Pizarro participó como candidato a la Alcaldía de Tumaco en las elecciones del 2015 y se inscribió por el Partido Centro Democrático, colectividad en la cual militaba abiertamente. Las autoridades lo referenciaban como mano derecha de José Feliciano Góngora Solís, también conocido con el alias del Viejo, o el Papá. Pizarro era el contador de la Organización Criminal y desde el 2016 era su jefe. Diego Pizarro es casado con Maru Góngora Solís, hermana de José Feliciano Góngora Solís. José Góngora fue capturado por narcotráfico hace aproximadamente dos años, fue extraditado y se encuentra en Texas, Estados Unidos. Góngora tuvo audiencia el pasado 7 de febrero y la próxima es el 22 de febrero. La investigación que terminó con el apresamiento de alias el Alcalde duró aproximadamente dos años, lo cual resultó en su captura en la madrugada del 2 de febrero en la ciudad de Cali. Esto significa que cuando era candidato por el Centro Democrático ya pertenecía a la Organización Criminal, es decir, el partido del Senador Uribe avaló un narcotraficante (ver foto 1). La candidatura de Pizarro se hizo por todo lo alto, llegó a instalar en un sector de la ciudad (barrio La Florida) una valla en la que aparece él junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, decía conocerlo bien, aunque esto último no se pudo comprobar. Durante la campaña, el entonces candidato del Centro Democrático denunció que las FARC habían puesto restricciones para el proselitismo electoral, aunque en general todos los candidatos pudieron moverse en todas las zonas urbanas y rurales. No se debe olvidar que durante esas fechas las FARC habían declarado un cese del fuego unilateral, pero Pizarro hacía eco del discurso que desde Bogotá había montado el CD, o al menos eso era lo que se podía ver desde afuera de la contienda electoral (Ver foto 2). Al final todo parece indicar que los problemas de seguridad de Pizarro no se derivaban de su militancia en el CD o de una disputa política por la oposición de este partido al proceso de paz. Más bien se refería a una disputa criminal en la cual Pizarro estaba intentado apoderarse de los esteros para la salida de droga. La organización criminal de alias el Alcalde, al final se quedó con el control del 80 % de la cocaína enviada por la costa pacífica nariñense (ver foto 3). La droga salía mayoritariamente por medio de semisumergibles y lanchas rápidas. Lo complicado de la historia con Diego Pizarro es que se suma a una larga lista de personas cercanas a la estructura política del CD que han estado vinculadas al narcotraficante. No sólo hago referencia al general Santoyo, quien fue edecán del presidente Uribe, su hombre de confianza durante la gobernación Antioquia, y quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. También hago referencia a la cuñada del expresidente Uribe, Dolly De Jesús Cifuentes Villa, quien fue extraditada y reconoció su relación con el Chapo Guzmán. El Chapo lideró, hasta su captura hace algunos meses, el cartel de Sinaloa, estructura criminal que controlaba casi de forma monopólica el tráfico de drogas por el mar Pacífico. Sólo coincidencias, al fin y al cabo. Esta es la segunda columna sobre el Pacífico nariñense, la primera se denominó “La tragedia de Tumaco” y aún quedan dos más. Pizarro no fue el único político capturado. Columna publicada en Semana.com

Han pasado solo 3 meses de las elecciones atípicas en la Guajira en las que  escogió a Wilmer González para reemplazar en el cargo a la exgobernadora Oneida Pinto, tras su destitución. Hoy  el departamento vuelve a caer en el limbo, con la orden de captura que acaba de dictar la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al considerar que tras su elección hubo una danza de millones que habrían ido a parar a los bolsillos de concejales que impulsaron su campaña política,  movilizando electores utilizando dádivas. Wilmer González  nació el 24 de marzo de 1962 en Uribia,  municipio en el que ocupó cargos públicos en las secretarías de Planeación, Obras y Educación, entre 1990 y 1994. Es elegido alcalde para el período de 1995 – 1997. Llega  al Congreso de la República en fórmula con el Liberal Eloy Hernández Díaz, en  la lista del movimiento Alianza Peninsular con el Proyecto Político Abriendo Espacios, a quien reemplaza en   la curul en la Cámara de Representantes,  luego de su  fallecimiento  el 15 de mayo de 2003. González fue elegido  Gobernador de la Guajira para el período 2016 -2019 por el Partido de la U, en coalición con el Partido Conservador. Las autoridades judiciales y de investigación, le señalan de hacer correr grandes cantidades de dinero que habrían servido para movilizar electores a su favor. Con la orden de captura el departamento de la Guajira vuelve a quedar en crisis política y administrativa.

Consulte aquí : Observatorio violencia política 2013 – 2017

Para que este proceso de paz tenga éxito y sea sostenible en el largo plazo, se requiere de la voluntad política de cada candidato que aspire a reemplazar a Juan Manuel Santos, que ejecute planes y proyectos de intervención estatal en cada uno de los municipios del posconflicto, que evite que quienes han desistido de la lucha armada, retornen a ella. La preocupación porque el Gobierno Nacional no ha cumplido con la adecuación de la mayoría de zonas de concentración para que los guerrilleros que lleguen a ellas, tengan las condiciones de vida digna, mientras permanezcan en estos lugares, es el primer campanazo de alerta que da la Fundación Paz & Reconciliación, para que en adelante no se descuiden los planes que tienen que ver con la implementación de una infraestructura para que el proceso de paz tenga éxito. La paz es un plan de Nación que inicia su puesta en marcha en el momento en que se firman los acuerdos. Es por esto que resulta difícil de entender que el Gobierno Nacional no haya trabajado en este sentido. A veces da la impresión de que Colombia no ha terminado de entender lo que significa el período de  posconflicto que ha comenzado a instalarse. Este período de transición de la guerra a la paz no se limita a la simple entrega de las armas, que durante décadas han portado los guerrilleros, sino que va más allá, porque el Estado debe asumir la responsabilidad de  invertir  y adecuar los  territorios que han sido abandonados a su suerte. Esto para que en adelante tengan las condiciones de vida digna que evite que por motivaciones políticas, se desate una nueva confrontación armada interna. El día que las Farc hagan la entrega de las armas, será el día en que inicie el proceso de paz y es cuando empieza la tarea del Estado de conservarlo y sostenerlo en el largo plazo. Es por esto que quienes aspiran a dirigir los destinos del país no pueden colocar este tema, como secundario en sus agendas de campaña. Más de cien municipios en el país están pidiendo a gritos planes de consolidación estatal, inversión en vías secundarias y terciarias, construcción de vivienda y colegios, mejoras en los planes de atención en salud y un sistema de justicia local efectiva. Son estos los planes que permitirán la implementación de un período de posconflicto exitoso y no se pueden aplazar. Nadie discute que  la corrupción sea un problema de grueso tamaño que se debe combatir, pero evitar que quienes se vienen a la paz regresen a las armas, es una tarea que debe estar en el primer lugar de los planes a  continuar en el próximo período presidencial. Editorial de Paz y Reconciliación publicada en Colombia2020