Las alarmas están en-cendidas. A los lugares de los que salieron las Farc están llegando, antes que la fuerza pública, otros grupos armados ilegales. La semana pasada el obispo de Apartadó, en Antioquia, lanzó un SOS sobre la presencia de paramilitares en las regiones de Urabá y Chocó. Las comunidades hablan de la llegada de por lo menos 300 hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a la cuenca del río Cacarica. Al otro lado del país, en el Catatumbo, organizaciones campesinas bloquearon la movilización de los guerrilleros de las Farc hacia la zona veredal de Caño Indio, con el argumento de que paramilitares rodeaban ya sus territorios e iban a quedar desprotegidos. Disidencias de las Farc ya actúan en Tumaco, en el Litoral Pacífico y en Guaviare, aliadas algunas veces con el Clan del Golfo. Y mientras se instalaba la mesa de conversaciones en Ecuador, el ELN advertía que podría copar los territorios abandonados por las Farc, por pedido, según ellos, de las propias comunidades. Ya culminada la concentración de los guerrilleros de las Farc en 26 zonas veredales, los lugares de 240 municipios donde estuvieron por medio siglo quedan bajo un signo de interrogación. La primera pregunta es quién llegará más pronto a ellos, si el Estado o los otros grupos armados que se expanden como una mancha de aceite. La segunda es quién se quedará. Porque las comunidades temen sobre todo que la fuerza pública solo vaya de paso por sus veredas, y que en cambio los ilegales permanezcan. La fuerza pública enfrenta uno de los mayores desafíos del último medio siglo: pasar de combatir a un enemigo a controlar realmente el territorio. Ese ha sido uno de los puntos más débiles del Estado, una de las razones por las cuales la guerra se prolongó por cinco décadas. Según la Fundación Paz y Reconciliación el Estado ha copado con relativo éxito, y con un esfuerzo integral, algunas zonas donde estaban las Farc ya en Tolima y Huila. El problema afecta las regiones donde predominan las economías ilegales como la coca y la minería, y donde otros grupos ejercen el control. Básicamente el ELN, las bacrim y las disidencias de las Farc. Aunque el Ejército asegura que el ELN no ha crecido en número de integrantes, y se mantiene por debajo de los 2.000 hombres en armas, otra cosa perciben las comunidades de esos lugares. Sin las Farc, las Fuerzas Militares están concentradas en controlar esta otra guerrilla, pero tienen claras dos limitaciones. La primera es que es una organización difusa, que se mezcla fácilmente con la población civil. La segunda es que hay débil inteligencia sobre sus estructuras. La otra amenaza son las bandas criminales (bacrim), cuya contención y combate le corresponde a la Policía. La que predomina es el Clan del Golfo y la batalla no está ganada de ningún modo. Para empezar, este clan funciona como una red de franquicias, sobre todo de delincuencia urbana, flexible y mutante. No se comporta ni como los antiguos carteles, ni como las guerrillas, que son organizaciones sólidas y verticales. El segundo problema es su capacidad corruptora. Ha logrado infiltrar con éxito a divisiones de la fuerza pública, la Justicia, y ahora va por los guerrilleros que dejan las armas. Según Paz y Reconciliación están ofreciendo 1.800.000 pesos mensuales a los combatientes de base, a quienes el plan de reincorporación del gobierno les ofrece una tercera parte de ese monto. También se sabe que ofrecen 10 millones mensuales a los mandos medios en regiones de alta producción de cocaína. El clan es fuerte en Antioquia, en los llanos y en el Pacífico. Respecto a las disidencias de las Farc, aunque propiamente organizadas hay dos, una en Guaviare, y otra en Tumaco, se calcula que por lo menos 350 personas han desertado de sus filas, sea uno por uno o en grupo. Y en un futuro puede haber más si no se diseña bien la reincorporación a la vida civil. La disidencia del Guaviare es peligrosa porque domina todo un corredor fluvial que desemboca en Venezuela y funciona como una vigorosa ruta para transportar cocaína. Que estos grupos están envalentonados lo demuestran tanto la disparada de los cultivos de coca, en la cifra más alta de la historia; como el asesinato continuado de líderes sociales. Ambas situaciones demuestran que durante los años de la negociación de La Habana, el control del territorio estuvo flojo. ¿Qué se está haciendo? Todas las transiciones de la guerra a la paz son difíciles, y la mayoría de ellas se hace mientras emergen nuevas violencias. Tanto el Ejército como la Policía se han preparado para asumir por primera vez en medio siglo sus funciones con una doctrina diferente a la de combatir a un enemigo. El Plan Victoria, del Ejército, busca que las tropas lleguen al territorio junto a otras instituciones del Estado, con una visión diferente. Y el plan Comunidades Seguras de la Policía quiere volver a garantizar la convivencia desde un esquema sin militarismo. Ambas parecen estar en la línea correcta para el posconflicto y para entender la naturaleza de las nuevas amenazas. Sin embargo, cambiar el chip de instituciones tan grandes y complejas lleva tiempo. Fuentes del Ejército dicen que solo cuando las Farc se hayan concentrado totalmente en las zonas veredales, las tropas pueden copar realmente sus antiguos territorios, y para ello han destinado 68.000 soldados en unidades pequeñas. También hay 12.000 militares ocupados en garantizar y proteger los alrededores de los corredores que transitan las Farc para ubicarse en las zonas. Y por lo menos 20.000 están empezando tareas de erradicación manual de coca. Los militares tienen dividido el país en 17 áreas de atención prioritaria que incluyen 160 municipios. Sin embargo consideran de altísima urgencia a Tumaco, Tibú, y San José del Guaviare y Puerto Asís en Putumayo. Con la Policía el asunto es más complejo. Si bien el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas dice que están llegando a 65 inspecciones donde nunca antes lo hicieron, la realidad es que los problemas a nivel veredal no tienen atención, pues tampoco hay servicios de justicia. El problema finalmente es de tiempo y de quién tiene una mayor iniciativa. Mientras la fuerza pública se adapta, los grupos armados están en un ambiente propicio para crecer por los boyantes negocios ilegales. Más realismo Los meses que vienen son cruciales. Si la fuerza pública y el Estado en toda su dimensión de seguridad, justicia y desarrollo social, no logran estabilizar en corto plazo los territorios que dejan las Farc, tendrán que vérselas muy pronto con un nuevo enemigo. Con la desmovilización de las AUC, hace diez años, se vivió algo parecido. Las fallas cometidas alimentaron a las bacrim, que de unas cuantas regiones pasaron a consolidarse como un fenómeno nacional. Cada vez más voces acusan al gobierno de negar la gravedad del problema. El ministro de Defensa dice que su percepción es diferente a la que tienen los medios, y que después de recorrer el país, puede asegurar que el asunto no es tan dramático. “No estamos en el paraíso terrenal, pero ni las bandas están creciendo ni están ocupando los terrenos de las Farc”, dice. Respecto al ELN asegura que ahora es más visible pero no más fuerte. Es posible que en muchos casos haya exageraciones en los territorios, pero organismos de alta credibilidad como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de la OEA y la Defensoría del Pueblo dan fe de que hay problemas reales muy delicados. La pregunta que muchos se hacen es cómo es posible que unas Fuerzas Armadas de 300.000 hombres y una Policía de 180.000 con tantos recursos no puedan llegar a todo el territorio. Pero la respuesta no es sencilla. En Colombia, como herencia de la guerra, se tiende a pensar que ante un panorama de amenazas criminales y armadas, la solución es más bala. Ese paradigma está cambiando y empieza a haber conciencia de que así la fuerza pública haga presencia en las regiones, solo un desarrollo integral puede blindar a la zonas rurales de nuevas violencias. Solo si se gana la batalla contra las economías ilegales que son el factor de reproducción de la violencia habrá paz en el futuro. Y eso se logra con el monopolio de la fuerza, pero también con más oportunidades para la gente. Así se entendió en La Habana y por eso urge implementar el acuerdo de paz de manera integral. Marco León Calarcá, del Estado Mayor de las Farc, también insta a que se ponga en marcha todo lo relativo a garantías de seguridad, tema que según lo pactado debe ir en simultánea con la dejación de armas por parte de la guerrilla. El tiempo es la variable crítica. O todo lo que suena tan bien en el papel se pone en práctica, o puede ser demasiado tarde para muchas regiones, donde un nuevo enemigo está al acecho.

El observatorio de violencia permite establecer el número de casos de violencia selectiva que se vienen presentando en los distintos territorios de Colombia, a partir del año 2013 hasta la fecha. Mediante esta herramienta se puede observar la manera en como se presentan los asesinatos, amenazas o cualquier otro tipo de violencia sobre lideres sociales, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos, profesores, sindicalistas, periodistas y demás personas que por su actividad, se puedan presentar riesgos sobre su seguridad y el entorno que le rodea. Haga click en la imagen

El departamento del Chocó presenta amenazas en su reserva ambiental por cuenta de la tala indiscriminada de árboles madereros de manera ilegal. Tras la salida de las Farc de esta región se produjo, un “boom” maderero, luego de que muchas familias campesinas de la zona hicieran tránsito del mercado de la hoja de coca y la pasta base transitar hacia el tráfico de madera. La situación fue tan dramática que en el mes de noviembre de 2016, las propias comunidades negras le pidieron al ELN que tomara el territorio dejado por las FARC, y que le “pusieran orden a esto –tráfico de madera-”, según los testimonios de líderes de este territorio. Este actividad causó un desastre ambiental de enormes proporciones, a tal punto que el ELN reunió a más de 400 personas de diferentes comunidades en el Chocó en el mes de noviembre de 2016, para darles a conocer lo que ellos consideraban debería ser las reglas mínimas para la explotación maderera. Fue así como el grupo armado ilegal constituyó el reglamento bajo el cual se debe desarrollar la explotación maderera en este territorio. Descargar Reglamento de explotación maderera en el Chocó Ver galería fotográfica

En los últimos días se conocieron dos noticias importantes en el mundo político que definirán sustancialmente el mapa político para el 2018. La primera fue la filtración de la información según la cual habría conversaciones bastante adelantadas entre Vargas Lleras y Simón Gaviria para establecer una fórmula lo suficientemente fuerte como para logar meterse en segunda vuelta para competir con el uribismo por la Presidencia en el 2018. El cálculo de Vargas Lleras es a tres bandas. Por un lado, logra fragmentar o dividir el Partido Liberal. Desde la élite bogotana, Humberto de La Calle sería su rival más importante. De La Calle contaba con el apoyo principal de César Gaviria, el hombre con más poder dentro del liberalismo. De tal forma que Vargas Lleras se lleva la mitad del Partido Liberal a sus toldas. Lo segundo que logra Vargas Lleras es arrastrar al sector del liberalismo que dirigió los diálogos de La Habana y sobre todo atraer ese voto del Sí de los estratos 4 y 5. No significa que Simón Gaviria represente este voto, pero obviamente daría al menos tranquilidad a estos sectores que quieren que la agenda de los acuerdos de paz prospere. Por último, Vargas Lleras cree que podría lograr una buena cantidad de votos. Al menos en la Cámara de Representantes Simón Gaviria ha sabido consentir a varios líderes regionales. El segundo hecho político de la semana ha sido la firmatón contra la corrupción que arrancó la senadora Claudia López. Para muchos sectores políticos esto no iba a tener mucha trascendencia, era algo así como flor de un día. Sin embargo, la acogida popular ha sido impresionante. Hay voluntarios en muchos municipios, salen por todo el país. Lo que esto indica es que la población colombiana, al menos aquella de las grandes ciudades, está cansada de tanta corrupción. Si algo ha tenido Claudia López es olfato político y, como se dice popularmente: “le pegó al perro”. Su campaña presidencial se ha disparado y ha logrado recoger un voto joven, urbano e inconforme que la ha otorgado una ventaja importante frente a sus otros competidores del espectro político que denominaríamos los candidatos alternativos. Algo que llama la atención es que para los políticos del vargasllerismo y del gavirismo las iniciativas como la firmatón contra la corrupción son bobadas, ellos argumentan que en departamentos como Sucre, Córdoba y en general en las provincias del país, los puestos de trabajo dignos están en alcaldías y gobernaciones y por ende este descontento social no tendrá efecto alguno. Al final la población nuevamente aceptará que el clientelismo es la mejor forma de lograr estabilidad laboral. Se equivocan, creo yo. Si bien esa es la realidad de las regiones, en las grandes ciudades sí hay un malestar y muchos jóvenes ya no creen en esa vieja política. Pero además, esos pactos de élites para gobernar un país son cosa del pasado. Esa situación en la que los hijos y nietos o delfines políticos tienen prácticamente escriturados los puestos de elección popular ha comenzado a cambiar. Sé que la historia de Colombia es que 45 familias gobiernan un país de 50 millones de habitantes –A eso llaman democracia algunos, ¡imagínense!–, pero estos políticos que creen que esto seguirá igual no han oído la gente en la calle, y lo cansados que estamos de esa élite política que ha gobernado siempre y que es responsable de que la corrupción y el crimen que se hayan tomado la política colombiana. Ellos son los verdaderos responsables de la tragedia de este país, de los niños muertos de hambre en La Guajira, del atraco que se comete al sistema de salud de este país. Y no han entendido que la población colombiana comenzó a fastidiarse con esos gobernantes de siempre. Colombia no aguanta más pactos de élites, esos “frentes nacionales” disfrazados ya nos cansaron. O se busca una verdadera coalición que aprovechando los acuerdos de paz profundice la democracia, limpie la política y construya un país mejor, o es mejor no hablar de coaliciones por la paz. Fórmulas que incluyan a Humberto de La Calle, Sergio Fajardo o Claudia López serán mucho más atractivas que pactos ocultos entre élites. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto: La Patria Las zonas veredales y puntos transitorios de normalización a donde deben llegar los guerrilleros de las Farc en próximos días apenas están en un 35% de avance. Así lo reveló un informe de la Fundación Paz y Reconciliación presentado ayer por los investigadores León Valencia y Ariel Ávila denominado En qué están los territorios que dejan las Farc; estado de las zonas de concentración y las agresiones a líderes sociales. De 26 zonas, apenas tres tienen avances significativos. Estas se ubican en La Guajira y en Anorí (Antioquia), mientras que en otros lugares apenas se iniciaron más construcciones. De acuerdo con León Valencia, esta situación es grave porque el Gobierno ha tenido siete meses, cuando se aprobó en junio la concentración con las Farc, y porque se han presentado demoras excesivas a la hora de la contratación. «No hay disculpa para que no estén listas las vías ni los predios», dijo Valencia al señalar que apenas se nombró en diciembre al gerente de las zonas, Carlos Córdoba, de quien alabó en sus capacidades, pero a quien cuestionó: «Ha estado toda la vida en Bogotá». «Hay cierta incertidumbre que incide en deserciones y en desconfianzas de las tropas guerrilleras», agregó Valencia. Pero, de fondo, la alerta y la advertencia que presentó la Fundación ayer está en la incidencia de las demoras para el Día D+180, que será el primero de agosto, cuando los guerrilleros ya no tengan armas. El investigador señaló que la tarea es enorme pues los guerrilleros, sin armas, deben ser protegidos porque incluso él, 26 años después de salirse del Eln, recibe estigmatizaciones e insultos. «Se trata de brindar garantías y condiciones en la vida diaria de los guerrilleros». Eso incluye temas tan básicos como tener comida en buenas condiciones y la posibilidad real de hacer política. Además, dijo Valencia. Y las zonas ‘posfarc’ El informe señala que las Farc dejan 242 municipios para agruparse en 26 veredas, quedando libre el 90% del territorio que antes ocupaban. En ese sentido, la Fundación identificó cinco tipos de zonas ‘posfarc’. La primera es donde el Eln busca expandir su presencia como en el sur de Chocó, específicamente en la subregión del San Juan, así como en municipios del Norte de Santander y Arauca. El segundo sería en donde las bandas criminales han hecho homicidios selectivos, amenazas y panfletos como en Tumaco (Nariño), donde según Ávila, se “está al borde de una guerra civil”. “Allí una disidencia de las Farc, una estructura criminal que se autodenomina Nuevo Orden y la llegada del Clan del Golfo han causado el desplazamiento de varias familias”, señaló. Aquí también estarían los municipios de Ituango y Briceño, en Antioquia, donde organizaciones como Los Pachelly, aliada de la Oficina de Envigado, tienen presencia y estarían trabajando en alianza con el Clan del Golfo. La tercera zona ‘posfarc’, dice la Fundación, tiene que ver con aquellas zonas en donde hay cuatro disidencias identificadas que tienen entre 20 y 40 personas. Una de ellas la lidera alias Don Y, junto con su hermano –que no era de las Farc-, y que representa un riesgo para Tumaco. También hay una disidencia del frente 14 en Caquetá, al mando de alias Mojoso, compuesta por cerca de 30 personas. La cuarta zona que deja la guerrilla y que reseña el informe de Paz y Reconciliación es donde la delincuencia común ha disparado delitos como el abigeato y el hurto en municipios de Caquetá y el sur del Meta, donde las Farc actuaban como actores hegemónicos. El quinto tipo de territorio identificado es aquel en el que el Estado ha concentrado todo su esfuerzo, que serían el sur del Tolima y en el departamento del Huila. El investigador Ariel Ávila señaló que las disidencias actuales de las Farc no tienen la fuerza para hacer alianzas criminales, aunque están interesados en involucrarse en negocios y economías ilegales de narcotráfico y minería ilegal. Igualmente, señaló que no han evidenciado o comprobado que integrantes de las Farc se hayan pasado a las filas del Eln, sin embargo señaló que sí es posible que algunos milicianos lo hagan. Destacado «Si nos demoramos uno o dos o tres días más, pero cuántos son después de 52 años de guerra. Veamos la parte positiva, esto que está pasando en Colombia es extraordinario. Nunca nos imaginamos que eso fuera posible». Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Destacado Hasta ayer entraron 4 mil 329 hombres de las Farc a las 26 zonas veredales, informó el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Se espera que hoy se complete el traslado de aproximadamente 2 mil hombres restantes. Es decir, hay una cifra de 6 mil 329 hombres que integran esa guerrilla.

Foto: AFP Por: El Espectador El día en el que se supone que las Farc deben llegar, en su totalidad, a las zonas donde estarán ubicadas para completar el proceso de dejación de armas –con veeduría internacional- la única conclusión clara que se tiene es que esas zonas todavía no están listas. No se trata, ni mucho menos, de no comprender la complejidad que tiene todo proceso de paz y, especialmente su implementación. Una cosa es acordar un cronograma y contar con la voluntad política de las partes en negociación para cumplirlo, pero otra muy distinta es tener las condiciones precisas para que ello se cumpla. Y lo cierto es que múltiples factores han impedido que el traslado de la guerrilla a las zonas de ubicación se surta de la manera como se había planeado. Eso lo ha reconocido el propio Gobierno y, ahora, con el informe que reveló la organización Paz y Reconciliación, titulado ¿En qué están los territorios que dejan las Farc, estado de las zonas de concentración y las agresiones a líderes sociales? se confirma que, en efecto, hay un mes de retraso en el cumplimiento de lo pactado con la guerrilla de las Farc. “El gobierno nacional es el mayor responsable de estas demoras. Las zonas veredales como la de Tumaco o la de Charras en San José del Guaviare, los guerrilleros no tendrían a donde llegar”, señala el informe de paz y reconciliación. La buena noticia –y sin desconocer el caos que se avecina con el tránsito de las Farc hacia la vida civil- es que ahora la guerrilla pasará de operar en 242 municipios a agruparse en 26 veredas, “quedando libre más del 90% del territorio que antes ocupaban”, añade el documento entregado por Paz y Reconciliación. Sin embargo, el riesgo de que los territorios que sean desalojados por las Farc sean ocupados por grupos armados ilegales y otras fuerzas guerrilleras como el Eln es bastante alto. De hecho, fueron identificados unos tipos de zonas ‘postfarc’, como fueron denominadas en el informe: en las que hará presencia el Eln, las bandas criminales, la delincuencia común, la disidencia de las Farc y las zonas que serán recuperadas por el Estado. La disputa por estos territorios, sin duda, podrá generar nuevas disputas. “En la región del sur de Córdoba, el bajo Cauca antioqueño y el pacífico colombiano, esta ocupación ya se ha presentado y se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil”, advirtió el informe. No se trata de una preocupación menor porque los asesinatos de líderes sociales ha sido calificado por Paz y Reconciliación como hechos sistemáticos. Situación de líderes sociales amenazados en las regiones Los departamentos donde mayor amenaza se registra para los líderes sociales y defensores de derechos humanos son Caquetá y Meta, donde las Farc hacían mayor presencia. “Eran los responsables de interponer penas contra estas conductas, pero se ha reportado un incremento de la delincuencia en razón a que se ha dejado un vacío de poder”, señala el informe Esto significa, ni más ni menos, el registro de la escalofriante cifra que revela que este año se han identificado los asesinatos de 8 líderes sociales y cerca de 40 amenazas, lo que se suma al homicidio de 93 líderes el año pasado. Es decir, según Paz y Reconciliación, el país está ante un verdadero exterminio muy similar al que vivió la Unión Patriótica. “En términos generales se evidencia que los civiles victimizados hacen parte de organizaciones sociales y políticas que apoyan y el proceso de paz”, dice el informe sobre este episodio Y ¿el Eln? Pese a que el Gobierno y la delegación de paz del Eln está a punto de abrir una mesa formal de conversaciones en Quito (Ecuador), sujetada a la liberación del excongresista Odín Sánchez, el informe de Paz y Reconciliación revela que el traslado de las Farc hacia las zonas de ubicación está siendo aprovechado por los ‘elenos’ para expandir su presencia en los territorios en donde ejercía presencia la guerrilla de las Farc. “Este caso se ha podido ver con mucha notoriedad en la zona del sur Chocó, Norte de Santander y Arauca. Tumaco está al borde de una guerra civil. Allí una disidencia de las Farc, una estructura criminal que se autodenomina “Nuevo Orden” y la llegada del “Clan del Golfo” ha causado el desplazamiento de varias familias”, reportó Paz y Reconciliación. Lo cierto es que la conclusión más lamentable de este informe es que, en su generalidad, las zonas de las Farc están siendo cooptadas, en su mayoría, por bandas criminales en las que ahora se tendrá que enfocar el Estado para combatirlas. Sobre todo, porque el reducto del paramilitarismo ha sido el principal opositor de lo que se ha pactado con la guerrilla y ese temor ha sido expresado en innumerables ocasiones por el Secretariado de las Farc. “El Gobierno ha incumplido en garantizar la seguridad y el libre tránsito de miembros de las Farc a algunas de las Zonas Veredales”, concluyó el informe.

Lo que se había previsto hace más de un año, está ocurriendo. Las FARC en el proceso de dejación de armas se pre-concentraron en algo más de 30 puntos y en los próximos días se irán desplazando hacia las zonas verdales de normalización. En sentido estricto, la guerrilla pasó de operar en 242 municipios a 26 veredas. A medida que han ido abandonando el territorio donde antes operaban, este ha sido copado por otros grupos armados ilegales como el ELN y organizaciones criminales como el denominado Clan del Golfo. Tal vez el mejor ejemplo de esta tragedia se vive en Tumaco. Allí una vez las FARC se pre-concentraron nacieron dos grupos criminales, además el Clan del Golfo comenzó a penetrar el territorio y se produjo una de las disidencias de las FARC. No es para menos, Tumaco reúne unas condiciones sociales, geográficas y criminales, casi que únicas. Apenas otras cuatro regiones tienen características similares. Tumaco es el municipio con más hectáreas de hoja de coca en el país, una de las mayores zonas de cristalizaderos o laboratorios de clorhidrato de cocaína. Además es zona de exportación hacia Centro América. Los jóvenes no tienen mayores ofertas de trabajo formal, solo les queda la informalidad, como el mototaxismo o la ilegalidad. La economía formal es bastante débil. No hay vías terciarias, no existe un mercado interno pujante, y la navegabilidad fluvial es muy costosa para que el campesino compita con precios razonables. En Tumaco han hecho presencia casi todos los grupos armados ilegales que ha visto nacer el país. Ha sido la ciudad de las guerras. La última de ellas se vivió entre 2012 y 2013. Para ese momento las FARC iniciaron una operación militar para desalojar a las Águilas Negras y algunas pequeñas estructuras de Los Rastrojos. Después de decenas de muertos las FARC ganaron la guerra, e incluso en puntos estratégicos como Llorente, zona en la que la guerrilla no había estado por años, nuevamente tomaron el control. Esta victoria de las FARC en cierta medida causó un descenso de los homicidios y de la violencia en general, ya que la disputa militar acabo, y solo un actor ilegal dominaba. Sin embargo, desde el segundo semestre de 2016 comenzó a aumentar la violencia. La salida de las FARC causó un vacío de poder, casi que una anarquía criminal. La siguiente gráfica muestra la evolución de los homicidios en los últimos años. Después de la primera firma de los acuerdos y sobre todo con el limbo jurídico que se dio después del 2 de octubre, la situación comenzó a agravarse en Tumaco. Lo primero que sucedió fue una disidencia al mando de alías Don Y, con un puñado de guerrilleros, pero que rápidamente creció debido a la capacidad de reclutamiento que tiene Tumaco. Alías “Don Y” murió en extrañas circunstancias. Habría sido asesinado por miembros de las FARC quienes lo persiguieron luego de la disidencia. El hermano de este, quien no pertenece a las FARC tomó el mando de la organización. Estaría operando con una estructura de 50 personas en las zonas del río Mira. Igualmente hace un par de semanas 107 familias se desplazaron de Pital de la Costa (Vereda al norte de Tumaco). La comunidad manifiesta que llegaron al menos 10 personas armadas identificándose como paramilitares (Autodefensas), “diciendo que iban a tener el control del territorio”. El operativo lo estaría liderando alias “Cusumbo”, quien es oriundo de La Guajira y estuvo al servicio de Pablo Sevillano. La presencia de este grupo criminal se hace evidente en 6 veredas de Tumaco I. Guachal II. Pasacaballos III. San Juan Playa IV. San Juan Pueblo Nuevo V. Pital de la Costa VI. Firme Coimes VII. San Sebastián En todo caso la Armada Nacional informó el pasado 21 de enero de la captura de algunos de estas personas que llegaron armados a la vereda, pero no informó sobre la identidad de estas personas. El otro grupo que surgió se hace llamar “Nuevo Orden”, está al mando de alías El Mocho. Opera en zona urbana y la zona de la carretera, ha obligado a las comunidades de la carretera a que se reúnan con ellos en dos ocasiones. El Mocho está a cargo de tres puntos: Terán, sobre el río Mira; la zona urbana y la carretera. La situación es tan dramática que algunos miembros de las comunidades han ido a buscar a las FARC para que controlen estos grupos. Las comunidades hablan de violencia, amenaza de desplazamiento y que estos nuevos grupos han comenzado a cobrar extorsiones. Una persona entrevistada dijo “por aquí nunca aparece el gobierno, muchos menos ahora… toca que las FARC nos ayuden… pero ahora dicen que no se meten en eso”. Y agrega “le estamos pidiendo a las FARC que saque esa gente”. Lo último que ocurrió en este panorama fue una carta de un supuesto grupo de milicianos, quienes le piden a la Alcaldía de Tumaco que les ayude a que las FARC los acepten en el proceso de dejación de armas o que les den una salida para lograr salirse de la ilegalidad. Toda parece indicar que cuando las FARC dieron la orden de ir a las zonas de pre agrupamiento algunos sectores de las milicias desobedecieron y entraron en rebeldía, las FARC los expulsaron y ahora que la guerra es inminente, estas milicias fueron a golpear la puerta de las FARC para que los dejaran entrar en el proceso y la respuesta fue un No. Ante el desespero acuden a la alcaldía. La carta, como se puede ver, la firman como milicias urbanas. Esto parece como una película de ficción, pero es Colombia, y ocurrió. Si el gobierno nacional no toma las medidas necesarias lo que le espera a Tumaco es una verdadera tragedia. Ver la Carta Columna de opinión publicada en Semana.com

Las zonas en las que se hará efectivo el proceso de dejación de armas, aún no están terminadas. En ninguna zona con las condiciones necesarias para recibir a la tropa. Si bien, hay algunas más avanzadas que otras, en general lo que priman son los retrasos. Al examinar las fechas y condiciones que quedaron pactadas en el cuerdo final de paz hay un mes de retraso. El gobierno nacional es el mayor responsable de estas demoras, las cuales según ellos tendrán su final hoy martes 31 de enero, día en el que las FARC deberían estar agrupadas en las 26 zonas veredales y puntos campamentarios. La Fundación Paz & Reconciliación al día 30 de Enero elaboró un informe en el que describe la situación de cada una de estas zonas. La movilización de las FARC ha comenzado en prácticamente todas las regiones, en algunas de ellas desde el fin de semana pasado comenzaron a llegar unidades, sin embargo en zonas veredales como la de Tumaco o la de Charras en San José del Guaviare los guerrilleros no tendrían a donde llegar. Ahora bien,  en sentido estricto en las próximas horas las FARC pasarán de operar en 242 municipios a agruparse en 26 veredas, quedando libre más del 90% del territorio que antes ocupaban. Debe recordarse que desde el pasado mes de diciembre, las FARC se pre  agruparon en cerca de 35 puntos. Lo cual significo un repliegue de las zonas tradicionales en las que operaban. De acuerdo a los trabajos realizados por la Fundación Paz & Reconciliación, sobre los territorios que abandonaron las FARC, existen hasta hoy, cinco tipos de zonas postfarc; i) con presencia de ELN ii) con presencia de bandas criminales iii) con aumento de la delincuencia común iv) con expresiones de disidencias de las FARC v) con esfuerzo de recuperación del Estado. Desde que se inició el proceso de paz, uno de los mayores retos que se advirtió en materia de sostenibilidad de la paz, tiene que ver con las garantías y mejoras en la seguridad de los territorios en los que operó la guerrilla. Los riesgos de que estos espacios fueran cooptados por otros grupos siempre ha estado latente,  y las consecuencias de estas nuevas disputas pondrían a estos territorios ante nuevos escenarios de violencia. En la región del sur de Córdoba, el bajo cauca antioqueño y el pacifico colombiano, este ocupamiento ya se ha presentado y se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil. Descargar informes Descargar Informe Descargar Presentacion

Los Proyectos de Acto Legislativo que dan vida a la Jurisdicción Especial para la Paz y proponen un tratamiento especial para Agentes del Estado incursos en investigaciones judiciales por hechos relacionados con el conflicto armado, acordada en el quinto punto de los Acuerdos de la Habana ya ha empezado su trámite en el Congreso de la Republica. El pasado 18 de Enero se abrió el debate en la Comisión Primera Constitucional de Cámara, una sesión que duró más de ocho horas y que contó durante toda la sesión con la presencia de los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, de Justicia, Jorge Eduardo Londoño y Defensa, Luis Carlos Villegas quienes fueron los autores de ambos proyectos. A la sesión asistieron también el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. El debate de los proyectos acumulados de Jurisdicción para la Paz y Agentes del Estado está previsto para este martes desde las diez mañana. El texto presentado por los ministros del Interior, Justicia y Defensa recibió varias críticas del Centro Democrático encaminadas a demostrar los vicios que la Jurisdicción Especial para la Paz trae para la institucionalidad colombiana. El temor a construir una verdad construida por las FARC sobre el conflicto armado basada en la información obtenida en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que incluye que la JEP, las condiciones a la acción de tutela y el costo de la justicia transicional fueron algunos de los argumentos por expuestos por esta colectividad. Sin embargo, los reparos más atentamente escuchados por los miembros del gobierno fueron los que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez hizo a la JEP. En documento radicado ante la secretaría de la Comisión Primera de Cámara, el Fiscal General dejo especificados nueve puntos preocupantes sobre la JEP. Para la Fiscalía la redacción misma de la ley se presta a confusiones para determinar el límite temporal bajo el que esta regirá que debe ser solo para hechos consumados antes del 1º de diciembre de 2016, los actores a quienes beneficiarán la JEP y a quienes no como disidentes y reincidentes en aspectos tan determinantes como la extradición. Además, el Fiscal General se refirió a la necesidad de aclarar la exclusividad de la JEP para los involucrados en el proceso de paz, la modificación o no del artículo 174 del Constitución Política sobre fuero presidencial, la revisión de sentencias de jueces que hayan desconocido la ley penal y la posibilidad de acogerse a la JEP a todos los miembros de la fuerza pública y no solo a quienes sean combatientes. Finalmente, en documento radicado ante la Comisión Primera de Cámara el Fiscal pidió aclarar lo correspondiente al fuero de atracción para que la JEP “no solamente administre justicia penal, sino que resuelva la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los concernidos” Finalmente, hacia el final de la tarde y con el compromiso del Ministro del Interior de presentar un texto corregido para las plenarias de Senado y Cámara el presidente de la comisión, Telesforo Pedraza, llamó a votación y los actos de Jurisdicción Especial para la Paz y Agentes del Estado fueron aprobados por una votación de 25 votos a favor y ninguno en contra, los representantes del Centro Democrático se retiraron del recinto durante la votación.

Después de un viaje de tres horas en lancha y una larga caminata entre maleza, boinas y fusiles, en algún lugar de la selva profunda del Chocó aparece una de las células del amplio Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Es el frente que mantiene cautivo a Odín Sánchez. Se rumora que ha sido la manzana de la discordia para encarar los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras el país era notificado la semana anterior de la apertura de esa negociación en Ecuador, escucho sus reflexiones sobre esa noticia y otros asuntos de la guerra y la paz. De entrada, el Frente de Guerra Occidental de la insurgencia del Eln manifiesta que no es traba de ninguna negociación de paz y, a través de uno de sus comandantes, Uriel, expresa protocolario: “Lo primero que queremos aclarar es que no hay división en el Eln. El establecimiento es feliz difundiendo este rumor y los medios le hacen eco, pero no es cierto. El Eln es una sola fuerza centralizada. Ese centralismo democrático permite que se pueda pensar diferente y tenemos derecho al disenso en posiciones, pero no significa que tengamos divisiones internas”. El comandante Uriel es un hombre relativamente joven, de faz seria, que se muestra escéptico cuando señala con sus manos la realidad circundante: “Ustedes lo han visto: el Chocó es una región olvidada, a nadie le importa, por eso es que este frente desconfía de la voluntad real de paz del Gobierno. Las razones para continuar la guerra son las mismas que nos dieron origen hace 52 años: falta de oportunidades, inequidad, despojo de tierras, inestabilidad laboral, falsos positivos, asesinato de líderes. No vemos por qué hay que creer ahora en un cambio de paradigmas. Las razones para seguir en pie de lucha se han hecho más profundas”. Tiene la convicción de que el Frente Occidental del Eln cumplirá con todo lo que se pacte. Por eso, una vez instalada la mesa, incluso antes de la primera ronda de conversaciones, liberará a Odín Sánchez. “Ya la organización entregó al exalcalde de Charalá (Santander) y a un arrocero. Ahora, el Gobierno debe otorgar algunos indultos”, resalta el jefe guerrillero. El analista político Ariel Ávila, quien me acompaña en este viaje, argumenta que no está bien visto el inicio de una negociación mientras haya secuestrados. El comandante Uriel replica: “Odín, y en general los Montes de Oca, son políticos corruptos, se robaron la plata del Chocó. Deben miles de millones al Estado, y Odín, en particular, ha financiado el paramilitarismo”. “Eso es financiar masacres, eso es parapolítica”, insiste. “A Odín Sánchez se le privó de su libertad con fines extorsivos y no de presión política. Acá nunca se negó que esa retención tuvo fines económicos. Los Montes de Oca tenían cuentas pendientes porque financiaron y apoyaron el paramilitarismo. Pero ahora, la liberación depende de lo que se pactó en Quito”, puntualiza el vocero del Frente Occidental del Eln. Y luego recalca que “eso no significa que venga una negociación fácil. Creo que al Eln no lo desmovilizan en año y medio. Dejémonos de eufemismos: la delegación en Quito sólo tiene carácter exploratorio. El quinto Congreso del Eln avaló los diálogos y una delegación examina si existe verdadera disposición de paz en el Gobierno. En ese análisis estamos, con valoraciones”. Habla en extenso sobre cómo involucrar a la población en las negociaciones de paz, especialmente la más vulnerada, y argumenta que hay “causas estructurales que dieron origen a la confrontación”, que denomina “líneas rojas que no se tocaron en La Habana” y que prometen mucha discusión. Es difícil conversar con un jefe guerrillero el mismo día que se supo del asesinato de la líder social y defensora de derechos humanos Emilsen Manyoma, en Buenaventura. “El occidente colombiano no es ajeno a esta dinámica. Es una política de Estado arrasar con los que piensan diferente. Se penaliza el pensamiento crítico. De boca hay democracia, espíritu de reconciliación, voluntad de acuerdos, pero en la práctica no se permite la diferencia”, anota. En medio de un calor sofocante y el rumor de la selva en la cabeza, es una conversación pesada, de reconocimientos, pausas y recriminaciones. “Es exterminio, criminalización del activismo, el capitalismo que quiere aniquilar lo que no le sirve”, enfatiza el comandante Uriel para advertir que el asesinato consecutivo de líderes sociales demuestra que la guerra sigue, aunque ahora haya que dialogar de nuevo. “Si el objetivo es desarmarnos, en este momento no tiene sentido someterse a una justicia de paz de la que no participamos ni fuimos consultados”, responde prevenido ante cualquier alusión a las particularidades del proceso de paz con las Farc que se desarrolló en La Habana como referente para resolver los saldos judiciales. En la zona se habla de acuerdos tácitos con los Urabeños y hasta de acercamientos con un sector del Frente de Guerra Occidental del Eln por conveniencias de narcotráfico, el comandante Uriel anota que “es falso que un sector de los Urabeños se haya acercado al Eln. Las líneas de confrontación se mantienen y, de hecho, estamos en guerra”. Fabián, un hombre maduro y de aspecto vigoroso, que tiene a su cargo la comandancia del Frente de Guerra Occidental, especifica que las comunidades ya están cansadas de denunciar la presencia de paramilitares en la zona Pizarro, en el Bajo Baudó, por Puerto Meluk y también en el medio Baudó, en Istmina, en el corregimiento de Boca de Suruco, en el resguardo de Vira Vira y en Río Iró. “Sobre el río San Juan, en las goteras de los municipios grandes como Istmina y Andagoya, a diez minutos en bote, todo diciembre hicieron retenes y asesinaron gente. La Fuerza Pública sabía y no hizo nada. Hay complicidad”, añade Uriel con idéntica precisión geográfica. Esto también podría explicar por qué el Frente de Guerra Occidental crece tanto. Hoy tiene cuatro frentes guerrilleros (Cimarrón, Che Guevara, Cacique Calarcá y Boche) y dos compañías móviles (Néstor Tulio Durán y Omar Silgado). Un pie de fuerza del Eln que viene copando los territorios que dejan las Farc y acercándose a la base social que, entre caseríos de madera recortada, plástico y techos de zinc, vive incrustada a orillas de los ríos del Chocó, donde el Estado nunca se asoma. El vocero del Frente de Guerra Occidental del Eln sabe que, debido al proceso de paz con las Farc, de todos modos se viene un cambio electoral extremo. Así define su horizonte: “No tenemos problema. En asunto electoral hemos mantenido y seguiremos manteniendo un solo criterio: se permite hacer política siempre y cuando no sea contrainsurgente. A las personas que vengan, sean del partido que sea, ahora de las Farc o de partidos tradicionales o alternativos, lo único prohibido es la parapolíticao que vengan con política desmovilizadora a pretender que la gente no pueda recibir a la guerrilla en los territorios de su influencia. Eso no lo vamos a permitir”, contesta entre observaciones de otros comandantes. Ya no se ve mucha coca. Intervengo para tratar de prolongar el breve encuentro y el jefe del Frente Occidental del Eln recalca que eso está muy disminuido, y luego admite: “Cobramos impuesto de guerra a toda la cadena del narcotráfico a nuestro alcance: a la compra de la pasta de coca, a los laboratorios, a los que la sacan. Por ese contacto sabemos que ha disminuido el cultivo. Pero no sólo cobramos a los que mueven coca; cobramos impuesto de guerra a cualquier actividad comercial: transporte, minería, madera o todo lo que sea que se dé por acá”. La conversación debe concluir y pregunto, a manera de resumen, hacia dónde va entonces la negociación de paz y qué le esperan al Chocó, abandonado de siempre, y a Colombia. El comandante Uriel responde antes de despedirse: “Han asesinado muchos líderes sociales desde que se inició la negociación con las Farc. Es una mala señal. El salario mínimo sigue siendo de hambre, no hay estabilidad laboral, existen el carrusel de la muerte, el despojo de tierras, la minería ilegal, el narcotráfico y el paramilitarismo. Es una mesa de paz que arranca. Vamos a ver qué nos marca el futuro”. “El momento de la guerra ya pasó”, interrumpo con la esperanza de que me diga que es verdad, pero el comandante Uriel suelta una frase que resuena en mi mente en el camino de regreso: “El asunto es sencillo: si no quieren que haya guerrilla, por qué simplemente no hacen lo que tienen voluntad de hacer y así nos quitan los argumentos para existir”.

El próximo 7 de febrero se instalará la fase pública de diálogos y negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN. Antes de esa fecha será puesto en libertad Odín Sánchez, una exigencia que había postergado la apertura de la fase pública. Ya está instalada como referencia la formulación de «paz completa» para hacer alusión a que nos falta un proceso de concertación con el ELN y que esta tarea es imprescindible si queremos dar por concluido este largo alzamiento armado. Gobierno y ELN han transitado una larga fase exploratoria para diseñar un proceso de diálogos y negociaciones que iniciaron en enero de 2014 y les ha llevado tres años saltar a la fase pública Un tiempo importante, con muchas jornadas de trabajo y la superación de varias crisis. La mesa que se abre en su fase pública el próximo 7 de febrero tiene el enorme reto de avanzar en dos puntos claves: acordar temas humanitarios que alivien situaciones de personas y comunidades y, por otro lado, convocar a una participación efectiva y eficaz, que posibilite una maduración de los contenidos del acuerdo. Estos son temas trascendentales en hay mucho por trabajar y concertar. Bien sabemos que esta negociación es difícil y que las partes tienen lógicas muy encontradas. Pero con imaginación, trabajo y muchas voces sociales y ciudadanas participando propositivamente se puede avanzar. Hemos pasado de la incertidumbre frente a un proceso con tantas dificultades a la certeza de que hay mesa y que allí se va a jugar el partido de La Paz completa. Análisis publicado en la Silla Vacía