En la mañana del 17 de Enero, en desarrollo del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC fue instalada en la Casa de Nariño la Misión Especial Electoral (MEE), la cual buscará hacer más transparente el sistema electoral y mejorar la Calidad de la Democracia. La tarea no es fácil, no es un secreto que uno de los capítulos más oscuros de la democracia reposa en las reglas de juego que configuran el sistema electoral. Los órganos de control son obsoletos y politizados, los partidos políticos funcionan más como empresas de avales que como organizaciones con agendas programáticas comunes, la financiación de las campañas es la ventana perfecta para que organizaciones ilegales y contratistas filtren dineros y generen grandes desequilibrios en la balanza electoral y la persecución y eliminación sistemática de la oposición ha limitado todos los espacios de participación política (en lo corrido del 2016 la Fundación Paz & Reconciliación identificó 93 homicidios a líderes sociales y políticos). Todos estos elementos han permitido que la democracia más estable de América Latina sea sólo un mal chiste de la realidad política que ha vivido el país. La MEE será liderada por la Misión de Observación Electoral en cabeza de Alejandra Barrios. Los demás expertos son Elizabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia; Alberto Yepes, consejero de Estado; Jorge Enrique Guzmán, director del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana; Juan Carlos Rodríguez-Raga, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y Salvador Romero, quien ha hecho parte de misiones electorales para la OEA. Todos ellos excelentes representantes de la trasparencia y el profesionalismo que merece una misión de este nivel. El 15 de diciembre del año pasado, el Centro Democrático consiguió mayorías en alianza con el Partido Conservador y Cambio Radical para que en el Congreso fuera rechazada la licencia que Armando Novoa, solicitó para poder participar de Misión Especial Electoral. Este primer tropiezo desde el Congreso deja en evidencia muchos de los intereses de los partidos en sabotear las posibles reformas. En su momento, José Obdulio Gaviria, senador uribista, aseguró que “Seguramente los congresista lo conocen bien, su simpatía con las FARC” y que por tal motivo era necesario que fuera excluido de la lista de expertos que previamente habían seleccionado de manera independiente el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Seguramente, lo que conoce muy bien el Senador Gaviria, es la postura crítica que ha mantenido el Magistrado Novoa en el interior del Consejo Nacional Electoral, el cual en repetidas ocasiones ha llamado la atención sobre la necesidad de reformar el órgano electoral, y de la limitación de las funciones de estas instituciones por la intromisión de los partidos políticos. Y es aquí donde se debe dar el mayor respaldo a la Misión, dentro de los cambios se realizaron al acuerdo una vez se perdió el plebiscito, se acordó que para los temas relacionados con la reforma al régimen y de la organización electoral, la misión se le reduciría de 6 a 4 meses su tiempo de trabajo y que este a su vez se adelantará con “un amplio y efectivo proceso de participación de todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas” confiamos profundamente en la calidad técnica e independencia de la misión, pero a su vez, nos preocupa que la participación de los partidos y movimientos limite el alcance de las reformas que son necesarias para hacer más transparente el sistema electoral y mejorar la Calidad de la Democracia, finalmente han sido los partidos políticos los que se han beneficiado del perversos sistema político que tenemos. La reforma electoral y el tema de tierras serán los dos indicadores que servirán para medir que tanto quieren las élites que Colombia avance. El proceso de paz con las FARC, no es para las FARC, es para lograr un mejor país. Pero las viejas élites que siempre han gobernado este país se van a oponer a reformar un sistema corrupto que no hace más que beneficiarlos y les permite perpetuarse en el poder. Será la ciudadanía la que decida sí vale la pena apoyar, a fondo, la construcción de un mejor país o quedarnos en medio de este contexto de hampa y corrupción. Lo que esta subrayado fue lo que se incluyó en el nuevo acuerdo. Cómo se ve, los del No, entre ellos el Uribismo, lo que quería era preservar el viejo sistema político corrupto e impedir que Colombia mejore. Todo ese anhelo de seguir rodeados de bandidos lo camuflan en discursos contra las FARC o en temas de género. Pero las pruebas hablan por sí solas. El uribismo no peleaba contras las FARC peleaba contra la democratización del país. Pero tengo la esperanza que la MEE, por el perfil de la personas que la componen, logren un verdadero milagro. Columna de opinión publicada en Semana.com

En el marco de la iniciativa en construcción de paz para empresas británicas, el 27 de enero de 2017, en el club Colombo-Libanés, se llevará a cabo un taller de sensibilización en derechos humanos y construcción de paz como parte del proceso de construcción conjunta de la fundación con los empresarios británicos para crear la guía de diseño e implementación de proyectos de construcción de paz desde el sector privado. Dicho taller tiene como objetivo brindar a las empresas participantes las herramientas conceptuales y analíticas para lograr un aporte significativo a la construcción de paz en el marco del posconflicto en Colombia. Por otro lado, se pretende fortalecer los lazos entre las compañías británicas alrededor del compromiso empresarial con el desarrollo del país. La iniciativa en construcción de paz para empresas británicas que operan en Colombia, es un proyecto financiado por la Embajada del Reino Unido y formulado con el respaldo académico, logístico y metodológico de la Fundación Paz & Reconciliación. Esta estrategia busca apoyar la creación y la implementación de una guía conjunta que permita a las empresas participantes identificar sus posibilidades para aportar efectivamente a la construcción de paz en Colombia.

Otto Nicolás Bula ocupó el cargo de Senador de la República avalado por el Partido Liberal en 1998, como segundo renglón de la lista de candidatos de Mario Uribe Escobar a quien reemplazó en la curul, luego de que este último se retirara. Su  actividad parlamentaria es escasa. De los pocos registros que se tiene sobre su trabajo como legislador solo existen dos: el Proyecto por el  cual se aclara la Ley 403 y se establecen nuevos estímulos al elector y el Proyecto de Ley por medio del cual se crea el Seguro Obligatorio de Desempleo con Solidaridad – SODES. La primera ocasión en la que el nombre del excongresista  Otto Nicolás Bula se vio mezclado en escándalos del nivel nacional, fue en 2002, cuando  el exalcalde Gustavo Petro en calidad de representante a la Cámara, denunció que 122 de sus colegas en el Congreso de la República se habían beneficiado con 100 mil millones de pesos del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI), parte de los cuales se estarían desviando para financiar sus actividades proselitistas. Para ese entonces el hoy presidente de la República ocupaba el cargo de ministro de Hacienda en reemplazo de Juan Camilo Restrepo en el gobierno de Andrés Pastrana Arango. El entonces primer mandatario le nombra en la cartera como fórmula que le ayude a  salir de la crisis política desatada por cuenta del escándalo que llevó al Jefe de Estado a proponer un referendo con la idea de  reformar el Congreso y acabar con las malas costumbres en la política, luego de que se conociera   la celebración irregular de contratos, por 5.300 millones de pesos, entre la Cámara de Representantes y particulares, durante el segundo semestre de 1999 por lo cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,   dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio excarcelación contra Armando Pomárico Ramos, ex presidente de esa corporación, y contra los representantes Juan Ignacio Castrillón, ex primer vicepresidente de la Cámara; Octavio Carmona Salazar, ex segundo vicepresidente de la Cámara; Darío Saravia Gómez y Miguel Ángel Flórez Rivera. Juan Manuel Santos en calidad de ministro de Hacienda propuso un apretón en la inversión pública nacional como fórmula que ayudara al país a salir de la crisis económica que por esos años atravesaba Colombia, a la que llamó “Sudor y Lágrimas”. A pesar de la fuerte oposición de sectores de izquierda, algunos liberales e independientes,  al proyecto de Sudor y Lágrimas del entonces ministro de Hacienda, la idea marchaba bien y no hubiese tenido ningún tropiezo, de no ser por la denuncia de Gustavo Petro y Antonio Navarro, ambos congresistas para la época, quienes con lista en mano, dieron a conocer una serie de auxilios parlamentarios aprobados para más de cien legisladores,   entre los que se encontraba Otto Bula, quien en compañía de sus demás colegas  aprobaron la iniciativa gubernamental. Con  la denuncia de Petro y Navarro, se conoció que el ministro de Hacienda Juan Manuel Santos aprobó un monto que según investigación de la Revista Semana,  «ascendía  a 300.000 millones de pesos, al que denominó “Cupos Indicativos”, equivalente a 800 millones por parlamentario con ñapa para presidentes de comisiones y miembros de mesas directivas, logrando de esta manera la aprobación de  un presupuesto de más de 50 billones de pesos en dos horas sin cambiarle una sola coma». Gustavo Petro señaló que parlamentarios de Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, Valle y Cundinamarca recibieron por lo menos 100 mil millones de pesos que terminaron, en algunos casos, en manos de agremiaciones privadas y en  las arcas de las campañas. En los listados se mencionaron los códigos asignados a los  nombres de 52 senadores y 70 representantes. Petro insistió en  que parte de esos dineros se asignaron a agremiaciones privadas como Fedecaucho, que agrupa a los cultivadores de caucho; Fedecacao, gremio de cacaoteros, y Coagrocor, cooperativa que agremia a cultivadores y comercializadores de maíz. A la denuncia se sumó el entonces Contralor Carlos Ossa Escobar, quien para ese momento  señaló que “debido a las irregularidades detectadas, inicialmente se habían congelado los recursos, pero que en el mes de abril el Ministerio de Hacienda y la Contraloría enviaron cartas al DRI, Findeter, Caminos Vecinales y Coldeportes para que se asignen los dineros si se cumplen los requisitos”. A pesar de que se iniciaron pesquisas en los órganos de control y judiciales, no hubo ninguna condena por este hecho y Otto Bulo logró terminar su período como Senador de la República, de donde salió para continuar apoyando las aspiraciones de Mario Uribe Escobar, quien para 2002,  decide no hacer parte de la lista del Partido Liberal e integra la del Movimiento Renovador de Acción Social – Moral y en 2006 forma parte de la de Colombia Democrática. Otto Bula el empresario y terraniente: A partir del año 2000 Otto Bula inicia una carrera por hacerse a grandes extensiones de tierra, logrando la compra de lotes en San Pelayo y en Montería (Córdoba), cinco de los cuales eran baldíos de la Nación que fueron traspasados a campesinos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) a principios de los años ochenta. Una de estas fincas tenía 352 hectáreas y Bula la compró en 2004 por 178 millones de pesos, según investigación del diario El Tiempo. Así mismo se hizo a terrenos que estaban en manos de políticos regionales como el exgobernador de Córdoba Carlos Buelvas y  el exrepresentante a la Cámara Miguel de la Espriella. Bienes que fueron incautados a narcotraficantes como Javier Calle Serna, uno de los ‘Comba’, lo mismo que tres propiedades en Sahagún que pasaron por las manos del Consorcio Agroganadero del Valle del Sinú, ligada a los narcotraficantes Álvarez Meyendorff. Una de estas, la Hacienda Marangón de 974 hectáreas fue comprada por Bula en 1.000 millones de pesos en el 2008 y revendida en el 2010 a solo 1,2 millones de pesos. A este inventario de bienes se suma la hacienda que fue de Bula en San Pelayo y  terminó en manos de Yasmine Isaac Galvis, esposa del desaparecido ganadero Joaquín García, señalado de impulsar ‘paras’ en Sucre. Otto Bula ha conformado las firmas Alimentos Bijao S. A., Agropecuaria Montes de María, Agropecuaria El Central, quienes se encuentran en la mira de la Fiscalía, quien se encuentra estableciendo si la fundación de estas empresas se logran con el patrimonio familiar, heredado de  una gran fortuna de sus padres Otto Bula Díaz y doña Cira Bula de Bula o los recursos tienen origen oscuro. Caso Odebrecht: Un reciente Indictmen de la Corte del Distrito Este de Nueva  York,  puso en evidencia los sobornos que la multinacional Odebrecht habría cometido en distintos países de América, uno de ellos Colombia, para obtener multimillonarios contratos. En Colombia se abrió investigación judicial  por la manera en cómo se adjudicó el contrato a la multinacional para la construcción de la Ruta del Sol un proyecto que va desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque en el Cesar a través de una carretera de doble calzada. Este contrato se firmó en el Gobierno del expresidente  Álvaro Uribe Vélez el 14 de enero de 2010, entregado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., firma conformada por la Constructura Norberto Odebrecht, a quien le corresponde el 25,01% de la participación societaria; Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S con el 37% de participación, Estudios y Proyectos del Sol Episol con 33% y CSS Constructores S.A. con 4,99%. El contrato se firmó por un total de $2.474.398.909.000, con la asesoría de Richard Cabello, asesor en infraestructura de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Para ese entonces se dijo que la estructura pensada para la concesión del proyecto, en adelante debía servir de modelo para la contratación pública, quizás por la prevención que existía en el país en este tema, luego del escándalo desatado a nivel nacional por el Carrusel de Contratación en Bogotá. La reciente captura del exviceministro de la época Gabriel García y la vinculación al caso judicial del exsenador Otto Bula, demuestran que los modelos de corrupción en Colombia, no han desaparecido, sino que por el contrario, tienden a ser más sofisticados y que de nada valió invalidar a las empresas de los hermanos Nule, quienes siguiendo las mismas prácticas, venían haciéndose a la contratación pública para entregársela a una firma multinacional extranjera con un modelo financiero y una estructura envidiable, si en todo caso, la costumbre de buscar intermediarios pagos para poner las licitaciones a su favor, continuaron. La Fiscalía General solicitó la captura del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, procesado por haber solicitado el pago de 6.5 billones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para garantizar en 2009 la entrega del contrato de la Ruta de Sol Tramo II. De igual manera vinculó al caso al excongresista Otto Bula por haber acordado con Odebrecht el pago de una comisión de éxito de 4.6 billones de dólares para lograr la adición del contrato para construir el Tramo Dos de la Ruta del Sol entre Ocaña y Gamarra. Para lograr tal propósito fue necesario que la Agencia Nacional de Infraestructura se pronunciara en favor de esta adición al proyecto de la Ruta del Sol; que  la Dirección Nacional de Planeación modificara el Conpes 3817, para que el ministerio de Transporte diera vía libre a la obra y el ministerio de Hacienda asignara los recursos.  Lo que quiere decir, que para que este hecho se consumara, fue necesario el concurso de varias entidades. Con un personaje como Otto Bula mezclado en todo esto es curioso que nadie se percatara de que algo oscuro podría estar sucediendo.

Hace algunas horas el Presidente Juan Manuel Santos anunció que el reemplazo de German Vargas Lleras en la Vicepresidencia, cuando éste renuncie para comenzar la campaña presidencial, será el General Oscar Naranjo. Una buena noticia en medio de tanta noticia negativa. Obviamente, el nombramiento es un reconocimiento al trabajo del General Naranjo. Fue el hombre encargado de profesionalizar la Policía Nacional, creó el mejor sistema de inteligencia y el más especializado de Latinoamérica, el cual ha sido tomado como ejemplo en casi toda la región. Por ejemplo, antes de Naranjo la vida criminal de un narcotraficante duraba en promedio 8 años. Durante su administración y después de ella, la vida criminal de un narco es de 2 años. Además, logró diseñar una serie de estrategias territoriales para gerenciar la seguridad ciudadana en el país. El nombramiento de Naranjo al menos tendría tres objetivos. Por un lado, se envía un fuerte mensaje a la comunidad internacional y particularmente al Gobierno Norteamericano, de forma específica a la nueva administración. No debe olvidarse que Óscar Naranjo fue declarado el mejor policía del mundo y durante los años de lucha contra el narcotráfico se convirtió en un referente regional o modelo de policía a nivel mundial. Lo que a su vez significa que con Naranjo en la Vicepresidencia hay garantía de que no existirá un relajamiento en la lucha contra las drogas y el combate al crimen organizado. El segundo objetivo, es lograr contener y mitigar uno de los fenómenos más complicados que se está viviendo en la etapa de postconflicto y se refiere al copamiento territorial de las zonas dejadas por las FARC por otros grupos armados ilegales como el ELN, u organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Esto además incluye el fortalecimiento de la seguridad a líderes sociales y nuevas minorías políticas. No debe olvidarse que en 2016 fueron asesinados 93 líderes sociales y con este panorama es muy complicado profundizar la democracia en el país. El tercer objetivo es consolidar el proceso de la creación de una paz estable y duradera. Óscar Naranjo fue uno de los hombres más importantes en el diseño de los acuerdos de La Habana, particularmente lideró, por parte del gobierno, todo el contenido de los temas de seguridad en el acuerdo de paz. Conoce desde la primera, hasta la última letra los acuerdos. Igualmente conoce la realidad territorial y política del país. Por tanto es una garantía para que los acuerdos se implementen. Pero además, Óscar Naranjo, es una garantía de la custodia del Estado Social de Derecho y a su vez de la implementación de los acuerdos, garantizando una modernización del Estado colombiano, en la que los diferentes sectores políticos estarán tranquilos. Creo que el General es de los pocos que entiende que el proceso de paz con las FARC no se refiere a un acuerdo con 15 mil guerrilleros. Realmente, el acuerdo de La Habana, es la posibilidad de integrar a la “Colombia Profunda” al sistema nacional. Es la posibilidad de crear Estado, mercado y ciudadanía en esa Colombia olvidada. En últimas, es la necesidad de saldar una deuda histórica con miles de campesinos marginados y excluidos. Tuve la oportunidad de conocer a Óscar Naranjo hace una década, cuando él era director de la Policía Nacional, y yo, era apenas un asistente de investigación. De ahí en adelante me lo encontré en diferentes espacios, las últimas veces fue en el marco de los diálogos de La Habana. En una buena cantidad de casos no estábamos de acuerdo con análisis o hipótesis sobre diferentes temas o asuntos. Pero logré constatar su compromiso de país, la seriedad con la que abordó los temas, sin búsqueda de protagonismo vale aclarar y sé la ganancia que va a tener el país con su vicepresidencia. Lo que lamento con su nombramiento es que Óscar Naranjo no va a jugar un papel determinante en las elecciones de 2018, aspiraba a que fuera así, pero bueno, será en el 2022 y en ese momento veremos… Columna de opinión publicada en Semana.com

En términos positivos la tasa de homicidio es la más baja en los últimos cuarenta años. Se ubicó en 24,4 por cien mil habitantes. Como fue tendencia durante todo el año, a nivel rural el homicidio descendió de forma importante en varias regiones. También en la mayoría de ciudades el descenso fue la constante, aunque menos pronunciado. Igualmente, en lo que tiene que ver con afectación por el conflicto armado los resultados son impresionantemente positivos: los ataques a la infraestructura energética se redujeron en más de un 80% comparado con los datos de 2012 o 2013. De hecho, la casi totalidad de los ataques contra la infraestructura fueron cometidos por el ELN y unos pocos casos por saboteadores locales. Asimismo, en términos de heridos y muertos las reducciones son impresionantes. La siguiente gráfica muestra el comparativo anual de los miembros de la Fuerza Pública heridos en actos del servicio. Como se ve existe un descenso pronunciado desde que se produjeron los ceses unilaterales de las FARC y el cese bilateral. En el caso de miembros de la Fuerza Pública muertos en actos del servicio, la reducción es de más del 50% comparando 2014 con 2016, tal como se ve en la siguiente gráfica. Los resultados del proceso de paz con las FARC y los buenos resultados contra las bandas criminales en algunas regiones del país se ven en los números. Sin embargo, existen también datos preocupantes. A nivel rural, algunos delitos han tendido a incrementarse. Por ejemplo, en la zona del sur del Meta, a medida que las FARC se iban retirando hacia los puntos de pre-agrupamiento y ahora para las zonas de ubicación, la delincuencia común ha ido copando espacios. Si bien, no tienen la estructura para controlar mercados ilegales como el de la droga o la minería criminal, sí han causado el aumento de delitos como el abigeato, el tráfico de madera y el hurto en general. No debe olvidarse que en las zonas donde operaban las FARC, esta guerrilla administraba justicia y regulaba la vida social. Ahora lo que se nota es que en estas zonas postfarc la violencia común viene en aumento. A nivel urbano es donde la situación no da tregua. Si bien la mayoría de los alcaldes manifestaron que los delitos se habían reducido, lo cierto es que es una reducción ficticia. Es decir, lo que se ha reducido es la denuncia. La tramitología para denunciar un hurto común es tan complicada y dificultosa que la población prefiere no hacerlo. Además, la percepción de inseguridad, es decir, la sensación de una persona sobre el ambiente de seguridad a la hora de caminar o transitar por un vía se mantiene constante en varias regiones y ciudades y la tendencia es al alza en otras. El gran reto es reducir estos delitos como el hurto a personas y entre estos, el hurto a celulares, a viviendas, a locales comerciales, y a motocicletas. Hoy día, en las principales ciudades del país, uno de los sitios más inseguros es el trasporte público, lo cual hace muy complicado la vida digna en una urbe. El gran problema con todo esto, es que la mayoría de las administraciones municipales basan sus planes en el pie de fuerza de la Policía, y los efectivos no dan abasto para cubrir los requerimientos. Así las cosas, se debe comenzar a aprender a gerenciar la seguridad más allá de la Policía, algo para lo que las administraciones locales no están preparadas. Por último, existen dos retos adicionales. Por un lado, lograr controlar y comenzar a reducir los mercados ilegales: su geografía, la población que vincula y las riquezas que genera. Si bien, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía tienen datos de capturas para mostrar, lo cierto es que las dinámicas comerciales de los mercados ilegales no se han reducido. Un buen ejemplo fue lo ocurrido en Bogotá, donde se intervino la zona del Bronx y si bien se logró sacar una buena parte del crimen de la zona, este se trasladó a otros sectores y el flujo de droga no se ha reducido en la ciudad, a largo plazo no hubo ningún impacto. Por otro lado, tal vez el reto más importante en materia de seguridad tiene que ver con la protección a líderes sociales y nuevas minorías políticas. Los datos de asesinatos selectivos y amenazas a estos líderes son alarmantes. De esta protección dependerá el éxito del postconflicto. Columna de opinión publicada en Semana.com

La respuesta del equipo negociador del gobierno, era que eso se hablaría al final del proceso, cuando este tuviera éxito. En realidad, hasta principios del año 2016 la delegación del gobierno siempre creyó que lo más probable era que en algún momento el proceso se fuera al traste. Particularmente, durante todo el 2015 Humberto de La Calle cada vez que venía a Bogotá le daba solo algunas semanas de vida a la negociación, no debe olvidarse que en ese momento el punto de justicia transicional estaba en medio de la discusión. Así que el gobierno utilizaba en tema de Simón trinidad como un mecanismo de presión, pero en el fondo creían que el momento de solicitar la liberación del guerrillero nunca llegaría. En todo, siempre existió la promesa de que en caso que fuera exitoso el proceso, el gobierno haría lo necesario para el regreso de Trinidad a Colombia. Ahora, la solicitud está en trámite ante el gobierno de los Estados Unidos y solo quedan algunos días para saber si Obama toma la decisión de liberarlo o no. La posibilidad existe, no solo porque se cumplen los requisitos legales para hacerla, sino también por la dinámica política de los últimos días de la política exterior de Obama y, claro, por la injusticia del juicio a Ricardo Palmera o Simón Trinidad. En las últimas horas la administración Obama está jugando a dejar andando una serie de procesos políticos que marquen el camino para que la siguiente administración, la de Trump, no lo pueda modificar de forma sustancial. La decisión de abstenerse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los asentamientos ilegales del Gobierno israelí en suelo palestino, así como la posterior declaración del Secretario de Estado sobre la necesidad de crear dos Estados para lograr la paz en Oriente Medio. También la postura con Rusia y en general los mensajes que ha mandado a Europa occidental dejan ver los esfuerzos de Obama por marcar lo que debería ser la política exterior gringa. Esta serie acciones podrían impulsar la salida de Trinidad. Además, el delegado del gobierno norteamericano en el proceso de paz, Aronson, se mueve muy bien tanto en las filas demócratas como en las republicanas. No se debe olvidar que sus inicios como mediador comenzaron en las toldas conservadoras hace varias décadas. Se puede decir, igualmente, que la liberación de Trinidad es una necesidad si de lo que se trata es de impartir justicia. Por un lado, el juicio en los Estados Unidos fue injusto. Trinidad no tuvo nada que ver con la captura de los tres mercenarios norteamericanos. De hecho, estaba a centenares de kilómetros de donde ocurrieron los hechos, tampoco tenía mando sobre la estructura que los capturó y no se comprobó tampoco una orden directa. Por esto el jurado tuvo tantas dudas a la hora de pronunciarse sobre la responsabilidad de Trinidad. Por otro lado, las responsabilidades de Simón Trinidad en el marco del conflicto armado, deben ser juzgadas en Colombia y él debe responder en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz da las totales garantías de que habrá justicia y entrega las condiciones para que las víctimas y la vedad sean las más beneficiadas. Seguramente, Trinidad no se beneficiará de la ley de amnistía, pasará por el Tribunal Especial para la Paz, que es el encargado de juzgar los crímenes internacionales. Allí, si confiesa la verdad, pide perdón, da garantías de no repetición y repara, será beneficiado con una sanción de restricción efectiva a la libertad. Si colabora parcialmente o no lo hace, pagará cárcel. Así que no habrá impunidad. Las garantías de justicia están dadas en el modelo de justicia transicional. Lo injusto tanto por lo manipulado del juicio en los Estados Unidos, como por la reparación a las víctimas y la verdad sería mantener a Simón Trinidad en los Estados Unidos. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto tomada de Semana.com Con este panorama Vargas Lleras aseguraba el apoyo local necesario para caminar tranquilo hacía las presidenciales del 2018. Un año después, el mapa electoral ha cambiado, luego del plebiscito el voto de la derecha quedó copado por le uribismo y a Vargas Lleras solo le queda el voto de la maquinaría, la cual sigue aceitada, pero a nivel territorial cada vez más desacreditada. El primer golpe a Cambio Radical fue la captura de un contratista y otro funcionario del ICBF en Atlántico. El año comenzaba y los viejos cuestionamientos a la familia Char resaltaban por el manejo que le ha dado a la institución por más de 20 años, durante este tiempo, al parecer, los Char han logrado multiplicar votos a través de los hogares comunitarios, incluyendo tanto los beneficiarios del programa como empleados y proveedores que están al servicio de esta familia. Sin embargo, los Char, amos y señores de la costa atlántica, han podido minimizar las críticas e investigaciones, tanto así, que a pesar de las supuestas irregularidades en la alcaldía de Barranquilla Alex Char se mantiene como uno de los alcaldes con mayor favorabilidad al terminar el año. El segundo, y posiblemente más duro golpe hasta el momento del partido, tiene que ver con la destitución e inhabilidad de Oneida Pinto. La princesa negra salió del cargo con fuertes cuestionamientos por la relación que mantiene con Kiko Gómez y diferentes hechos de corrupción, en sólo seis meses logró amarrar la contratación y en su gabinete nombró personas cercanas a la familia Char, una de las principales promotoras de la campaña de Pinto en la elecciones del 2015. Para las elecciones atípicas de 2016, el partido no tuvo candidato directo, sin embargo la Fundación Paz y Reconciliación pudo establecer que todos los representantes de Cambio Radical en La Guajira apoyan a “Tico” Gómez y reciben órdenes desde la cárcel por parte de Kiko Gómez. El tercer golpe tuvo que ver con otra de sus fichas claves en la costa Atlántica colombiana, Rosa Cotes, esposa del condenado por parapolítica Francisco “chico” Zuñiga, y hermana de los contratistas y empresarios bananeros Álvaro y Luis Miguel Cotes, más conocidos como ‘Los Conejos‘. Cotes, actual gobernadora del Magdalena, ha sido cuestionada incluso desde antes de llegar a la gobernación. Entre 2012 y 2015 fue reconocida como la gestora social del departamento, en razón a que su sobrino Luis Miguel el ‘Mello‘ Cotes era el gobernador del departamento. Ya en su primer semestre como gobernadora en propiedad, fue cuestionada por el evidente manejo que tenían sus familiares en el interior de la administración. En junio Rosa Cotes creó la figura de “Gerencia General” y nombró al abogado Antonio Matera Ramos, hombre de confianza del Mello, pero tres meses después de su posición en el cargo Matera Ramos le fue dictada orden de captura por presuntos actos de corrupción. Matera Ramos fue capturado el pasado 5 de diciembre, luego de estar prófugo de la justicia por dos meses. Por ahora, se espera que con la captura se pueda aclarar qué pasó con el contrato que Matera Ramos firmó cuando hacía las veces de secretario de Educación y Planeación de la Gobernación del Magdalena, la investigación adelantada por la fiscalía señala que esta suscribió un contrato por más de 18 mil millones de pesos para el servicio educativo de más de 15 mil niños del departamento que no aparecen registrados. Según algunas fuentes de la región, el pasado 3 de diciembre, los Cotes, los Char y demás políticos cercanos a Vargas Lleras aprovecharon el matrimonio de Luis Miguel ‘Mello‘ Cotes para reunirse y plantear nuevas estrategias que les permitan recuperar el terreno que han perdido, salir de las investigaciones que se adelantan en contra de sus círculos cercarnos y de paso desprestigiar la gestión de la única alcaldía sobre la que no tiene control en el departamento de Magdalena, la alcaldía de Santa Marta, a cual según la misma encuesta tiene más del 84% de favorabilidad en su gestión y se ubica como la cuarta mejor alcaldía del país. Por último, y a propósito de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Enrique Peñalosa, quien valga aclarar no se inscribió con Cambio Radical sólo para recoger firmas e iniciar campaña seis meses antes de lo establecido por la ley (toda la campaña estuvo acompañado por políticos de estas colectividad y hoy son sus principales aliados), es el alcalde con más baja imagen en el país, detrás de él solo se encuentra Luz Marina Cardozo, alcaldesa de Yopal, remplazo del cuestionado Jhon Jairo Torres, quien está preso y es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Todo esto ha ocurrido en la presidencia de Rodrigo Lara en Cambio Radical, quién se estrenó con la defensa de Oneida Pinto y desde entonces no sale de un fracaso para entrar a otro, ¡gran año para Cambio Radical! * Este artículo realizó con el apoyo de Carlos Montoya Cely, coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Columna de opinión publicada en Semana.com

El premio nobel de paz, el personaje del año en Colombia, perteneciente al exclusivo club que ha ostentado durante dos periodos la Presidencia del país, el político que ha empezado de verdad a cerrar un conflicto armado de 52 años, el hombre que logró firmar la paz a solo dos meses de perder un plebiscito que le negaba esa opción sin que se produjera un levantamiento o siquiera una asonada o una manifestación, el jefe de gobierno que ha tenido durante dos periodos presidenciales mayorías aplastantes en el Congreso y en todas las instituciones, no tiene o no he visto que tenga tuiteros que en su perfil se declaren santistas, no tiene o no he oído que tenga a algún líder de opinión o dirigente político que abiertamente se diga santista, como muchos, miles, se dicen uribistas y como antes se decían lopistas, turbayistas, incluso belisaristas o pastranistas. Ese hecho lo retrata, lo define, lo identifica. No es un caudillo, ni un líder carismático, nadie se siente especialmente inspirado por él, nadie cita una sentencia de su autoría o una frase memorable, nadie se acuerda de un discurso que haya inflamado los corazones, nadie ha llorado con él en una plaza pública ni siquiera cuando él ha soltado una lágrima en algún extraño momento de su oración. No es este ni ha hecho esto. Pero alguna virtud, alguna habilidad enorme debe tener, si ha conseguido tanto, si ha derrotado una y otra vez a un adversario feroz, ese sí carismático, ese sí adorado por miles y miles de seguidores, ese sí inspirador de buenas y muy malas cosas. Y las tiene, son habilidades estratégicas que le permitieron definir como objetivo la paz negociada cuando muy pocos creían en ella; separar a Uribe, el enemigo número uno de su propósito, de la clase política y obligarlo a construir un nuevo y pequeño partido; llamar a calificar servicios a dos cúpulas y convertir a las Fuerzas Militares y de Policía en soporte fundamental de la paz; neutralizar a sectores empresariales y políticos hostiles; convertir a la izquierda en aliada clave; resolver no menos de diez momentos de crisis del proceso; tejer un inmenso apoyo diplomático que lo llevó hasta el Premio Nobel en un momento crítico de las negociaciones; y saber retroceder, que es la principal virtud de los estrategas, como cuando se perdió el plebiscito y debió dar un paso atrás y empezar a tejer un nuevo acuerdo pocas horas después de la derrota. He discutido con algunos de sus aliados esta apreciación y me dicen que exagero al pintar estas capacidades, les digo que la muestra más palmaria de su astucia estratégica es haber ganado las primeras elecciones de la mano de Uribe escondiendo su objetivo de gobierno, y después, en el segundo mandato, conquistar el triunfo de la mano de la izquierda sin ofrecer grandes reformas, solo cambios mínimos, medidas para atender algunas consecuencias de la larga guerra. Es difícil encontrar ejemplos de una persona que gane una Presidencia con la derecha y la otra con la izquierda. Sin carisma y sin talante reformista ha podido sortear la paz acudiendo a sus enormes habilidades estratégicas. Pero esas limitaciones han pesado bastante en las negociaciones y pesarán bastante en el posconflicto. Santos no fue capaz de salir a decir desde un principio que habría impunidad, que un proceso de paz era imposible si no se le hacían concesiones judiciales a una guerrilla activa y poderosa; tampoco tomó la iniciativa desde el primer día para señalar que el propósito del acuerdo sería llevar a las Farc a la política con prerrogativas especiales y garantías. Le temía a las reacciones de la gente, no confiaba en la fuerza de su palabra, en la capacidad para convencer al pueblo de que una paz negociada implicaba verdaderos cambios, medidas extraordinarias. Siempre estuvo a la defensiva, siempre respondiendo a los ataques de Uribe y sus seguidores con evasivas o con afirmaciones poco creíbles, siempre diciendo que no habría impunidad y que no se harían transacciones para que los jefes guerrilleros tuviesen un lugar inmediato en la política. El plebiscito vino a mostrar que en esos puntos Uribe había ganado el debate. El plebiscito fue el más grave error de Santos en todo el proceso. Precisamente por no comprender las limitaciones de su liderazgo, por no percatarse de la fragilidad de su palabra y del poder de la palabra del otro, del poder de la retórica contra la impunidad, el poder de la histeria contra la participación política de las guerrillas. Pensó que podía dejar tendido en la lona a Uribe, liquidar por fin sus aspiraciones de volver al poder, ocurrió lo contrario, el triunfo del No relanzó al uribismo, lo dejó en la primera fila para las elecciones de 2018. Le queda un trecho a Santos y aún puede intentar saltar sobre sus limitaciones y ahondar los cambios. Pero es una deplorable actitud mezquina –aun para sus rivales– no reconocer lo merecido de su galardón de paz y también su reconocimiento como uno de los grandes personajes del mundo en el año 2016. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Análisis relacionados: Infografía: Cronograma para la dejación de armas Biblioteca de la terminación del conflicto con las Farc

Durante 25 días tuve la oportunidad de liderar una investigación en terreno sobre el tema de las disidencias de las FARC. Básicamente después de lo ocurrido en el Sur de Bolívar y Tumaco se han diseminado una serie de versiones que al menos han tomado dos direcciones. Por un lado, la oposición al proceso de paz ha dicho que las FARC se están desmoronando, incluso manifestaron que la disidencia podría ser del 40%. Hablan del Frente 27, el 7, la Daniel Aldana, el frente 16 entre otros. La otra dirección, es que para sectores de la oposición las FARC estarían haciendo conejo, es decir, que ellos mismos estarían promoviendo disidencia y uniones con el ELN. Sin embargo, lo encontrado en terreno varía sustancialmente a estas versiones. Lo primero, es que disidencias grupales manifiestas no han existido más allá de lo ocurrido con una compañía del frente primero en Guaviare, y, una pequeña disidencia en Tumaco. En el resto de casos no se encontraron tales disidencias, pero si se encontraron dificultades en aumento a la hora de controlar la tropa. Esas dificultades tienen tres orígenes. Por un lado, una situación de recursos económicos. Desde principio del año 2016, varios mandos medios de las FARC desertaron con dinero de la organización. Dineros que iban desde 500 millones hasta los 2 mil millones de pesos. Los encargados de finanzas escapaban con sus parejas o uno o dos subalternos. Ante esto las FARC ordenaron agrupar el dinero y hacer censo de bienes, además el censo servía para entregarlos en reparación a las víctimas en el proceso de justicia transicional que se avecina. A medida que el proceso fue avanzando, las FARC se vieron obligadas a concentrar estos recursos. Al final del proceso tomaron la decisión de entregar un dinero para el sostenimiento de cada estructura, ya que el flujo de caja había disminuido, debido al cese al fuego y de hostilidades. El resto de dinero fue resguardado para el censo. El dinero entregado a frentes y columnas financiaría a las estructuras desde el final de la Conferencia guerrillera -23 de septiembre-, hasta la concentración, que para ese momento estaba pensada para máximo el 2 de noviembre, ya que se tenía previsto que el Sí ganara en el plebiscito. En la medida que ganó el No, la plata se comenzó a acabar en las diferentes zonas de pre-concentración. Ya han pasado casi 3 meses desde el final de la Conferencia y nada que las zonas de ubicación están listas. Así las cosas si la plata falta pues toca buscarla. El segundo origen es el limbo jurídico y político que se dio después de los resultados del 2 de octubre. Lo que hoy los guerrilleros de base sienten, es que les van a incumplir, que les van a hacer conejo, y que una vez dejen las armas, el “establecimiento” los va a traicionar. Más o menos para parafrasear se podría decir lo que uno de los guerrilleros dijo: “si así es el desayuno imagínese cómo será la comida”. La desconfianza aumenta cada día que no se resuelven los asuntos jurídicos y políticos de la implementación. Incluso, en las zonas de pre-concentración se habla de que el cualquier momento los van a capturar. El tercer origen se refiere a que efectivamente en varias zonas del país, sobre todo en zonas de economías ilegales, como el Costa Pacífica Nariñense existen estructuras ilegales ofreciendo dinero a miembros de las FARC para que se vayan a trabajar con ellos. En todo caso las FARC, han logrado controlar sus estructuras, pero cada día que pase la situación será más difícil. Sin embargo, lo preocupante de la investigación es que en los territorios que han ido dejando libre las FARC, una vez se dio la pre-concentración y ahora con la concentración, es que han sido copados por el ELN y los Urabeños, e incluso han nacido nuevas organizaciones criminales. Lo del ELN es visible en Chocó y Arauca. Los Urabeños en los llanos orientales y Antioquia. Y en Tumaco y Buenaventura han surgido nuevas organizaciones criminales. Así que en estos temas hay tanto de largo como de ancho. Columna de opinión publicada en Caracol.com.co