Comienza la implementación del acuerdo de La Habana en el Congreso de la República. Ya sea con Fast Track -vía rápida- o por vía ordinaria el camino será complejo. Obviamente, el primer escenario sería mucho mejor, pues garantizaría que el limbo jurídico sea de corto tiempo, además permitiría que los resultados de la implementación se percibieran más rápido en el territorio. La vía ordinaria será un verdadero viacrucis. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el modelo de justicia transicional escogido para terminar el conflicto, es un acto legislativo, por ende, su trámite por vía ordinaria tardaría un año legislativo, además después de su aprobación se requeriría una ley estatutaria y luego poner en marcha lo aprobado. Bajo esa circunstancia, en el mejor de los casos, la JEP estaría lista para principios del 2019, es decir, en poco más de dos años. Por el mecanismo abreviado para agoto de 2017 podría estar lista. Lo mismo se puede decir de varias reformas centrales en el acuerdo de paz. Otro de los asuntos se refiere a la capacidad del Congreso de la República para modificar las leyes y actos legislativos que se presenten con el objetivo de implementar lo acordado. Bajo un mecanismo especial el Congreso solo puede aprobar o no aprobar las leyes y actos legislativos. Mientras que bajo la vía ordinaria se podrían introducir todo tipo de modificaciones, esto no solo alargaría la discusión para la aprobación de las mismas, sino que las harían inoperantes. Como se sabe el Congreso de la República intentaría bloquear a toda costa los avances progresistas en temas de Tierras y en asuntos de reforma al Sistema Electoral colombiano. Por ejemplo, una de las cosas que el Congreso, de no ser bajo un mecanismo especial, no aprobaría, es la reforma al órgano electoral o la Auditoria al Censo Electoral. Pero lo más complicado se refiere a las mayorías en el Congreso y más aún cuando estamos entrando a la contienda electoral del año 2018. Tres fenómenos ocurrirán en los próximos meses. En primer lugar, el vicepresidente de la República renunciará entre enero y marzo de 2017, lo que podría llevar a que Cambio Radical no apoyará tan fácilmente varios asuntos sobre el proceso de paz, es decir, su apoyo podría verse comprometido, como en el tema de tierras o la JEP. Seguramente no habrá una disputa directa entre Santos y Vargas Lleras, a ninguno de los dos les interesa tal enfrentamiento, pero muy seguramente Vargas Lleras para complacer su votación de derecha jugará a apoyar algunas cosas y otras no. de tal forma que restando los votos del Centro Democrático, algunos Conservadores y Cambio Radical, las mayorías quedarían muy justas para el gobierno Santos. Lo otro que ocurrirá es el remesón ministerial, el cual se producirá entre enero y marzo, por lo menos cinco ministros y ministras renunciarían. La pregunta central es a quien el presidente va a complacer. Existen dos alternativas; o le cumple a los que les incumplió con cutas burocráticas en los últimos tres años, o cede a las presiones partidistas para lograr mayorías en el Congreso. Nuevamente como en el primer caso, de este remesón dependerá gran parte de la estabilidad legislativa. Lo tercero que va a suceder en los primeros tres meses de 2017 son las bondades de la paz, es decir, los primeros resultados palpables de los acuerdos de La Habana. Así las cosas en caso que se comiencen a ver resultados en terreno, como la inversión en vías terciarías, la reducción de la violencia y la llegada del Estado a zonas abandonas la imagen del proceso mejoraría y la maniobrabilidad política del presidente mejoraría. Si no ocurre ello y se produce un limbo jurídico, el país se irá polarizando cada vez más y la gobernabilidad sería muy complicada para el presidente Santos en su último año de gobierno. Un año 2017 bien complejo le espera a Colombia. Columna de opinión publicada en Caracol.com.co

El arroyo Bruno, ubicado en La Guajira, hace parte de uno de los casos que tiene en vilo a las comunidades y autoridades locales debido al avance de la extracción minera del Cerrejón. Bruno nace en la serranía del Perijá y, actualmente, es uno de los 51 afluentes que nutren el río Ranchería. Pese a que en los últimos años La Guajira se ha enfrentado a duros periodos de sequía, Bruno sigue siendo una fuente hídrica importante para la región y las comunidades que se ven afectadas por su desvío. Desde comienzos del 2016 se iniciaron las obras que desplazarán 3,6 kilómetros de su cauce 700 metros al norte. Corpoguajira, máxima autoridad ambiental de La Guajira, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han dado el respaldo al Cerrejón y han asegurado que el proyecto no tendrá impacto significativo en el caudal de Bruno, en los ecosistemas que dependen de él y las comunidades que viven alrededor del arroyo. Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Extensión de la Universidad de La Guajira, alerta que la desviación del Arroyo Bruno tendría nefastas consecuencias para las comunidades y ecosistemas que tienen afectación del arroyo. En mayo del 2016 las obras de desvió se detuvieron debido a la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira que le solicitó al Ministerio del Interior revisar la consulta previa que hizo Cerrejón a la comunidad Campo Herrera, además de suspender los actos administrativos de Corpoguajira para seguir avalando este proyecto. La demanda a la consulta fue hecha por la comunidad La Horqueta, debido a que a ellos también se les debía realizar la consulta por estar en la zona de influencia del proyecto. Un proyecto que aspira aumentar la producción de 40 millones de toneladas de carbón al año y explorar posibles pozos de petróleo y gas metano. Cabe resaltar que, desde el 2015, Luis Manuel Medina Toro repite en el cargo como director de Corpoguajira, Medina, quien le ha dado la bendición al desvío de Bruno, cuenta con el apoyo del representante a la Cámara Alfredo Deluque, quien presuntamente tiene interés y margen de maniobra al interior del Cerrejón. Las cuotas de los Deluque en el Cerrejon estarían en cabeza de Raúl Roys, quien coordina las comunidades del Área de Influencia del Arroyo Bruno. Raúl es además hermano de Nemesio Roys Garzon Subdirector del DPS, cuota también de Alfredo Deluque. Juan Loreto Gómez Soto Secretario de Planeación Departamental, se estrenó en el nuevo gabinete de Wilmer González, este también sería cuota de Deluque y es hermano del Coordinador del manejo sistema de Aguas internas y de la desviación del Proyecto del Arroyo Bruno y del reciclaje de Aceite de Cerrejón, Miliciades Gómez Soto, otra de las cuotas del ex presidente de la cámara de representantes Alfredo Deluque. El fallo que detuvo el proyecto fue firmado por los magistrados María del Pilar Veloza Parra, César Augusto Torres Ormaza y Nidia Patricia Benítez Vega, con el objetivo de reivindicar los derechos fundamentales, mediante la acción de tutela, invocados por la accionante Lorenza Marcela Pérez Pushaina, una autoridad tradicional del asentamiento indígena La Horqueta. Según el abogado Pablo Ojeda Gutiérrez, apoderado de Pérez Pushana y representante legal de la Fundación ONG FUNAPROH, el área de influencia del proyecto involucra otras 29 comunidades Wayuu que no han sido consultadas y también se encuentran en la zona de afectación del proyecto. El apoderado resalta el hecho que los magistrados del Tribunal Administrativo de La Guajira que fallaron a favor de la comunidad, días después fueron trasladados y cambiados por otros magistrados. Así como el caso de Bruno, sucede los mismo con cerca de 500 familias pertenecientes al corregimiento de Afrodescendientes de Roche, municipio de Barrancas, en La Guajira. Roberto Ramírez Díaz, representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío Roche, instauró una acción de tutela debido a que el Cerrejón, junto con la fuerza pública, desplazó a la comunidad de forma violenta y, además, no cumplió con los compromisos de reasentamiento e indemnización por los daños causados. Al respecto, el mismo Tribunal Administrativo de La Guajira falló a favor la tutela y ordenó que se diera la respectiva indemnización por parte del Cerrejón a la comunidad; sin embargo, a este momento, no se ha dado una respuesta satisfactoria por parte de la multinacional. Con base en lo anterior, Pablo Ojeda Gutiérrez, actuando como apoderado de ambos casos, impugnó los fallos de ambas tutelas, a pesar de haber salido a favor de las comunidades. Esto debido a que, según Ojeda, en el caso de Bruno la afectación de los derechos fundamentales debe ser revisada no sólo a la comunidad Campo Herrera, sino también a la Horqueta y otras 29 más, las cuales están a la espera que se efectúe el proceso de consulta previa. El 9 de mayo de 2016, fue radicada la acción de tutela de la comunidad de Roche, ante la sección primera del Consejo de Estado para ser impugnada; y el 4 de octubre de 2016, fue radicada la acción de tutela del caso de Bruno, ante la sección cuarta para ser impugnada en segunda instancia. Sin embargo, tanto el magistrado Roberto Augusto Serrato Valdes como la magistrada Martha Teresa Briceño de Valencia, asignados como ponentes respectivamente en cada proceso, a pesar de haberse cumplido el término obligatorio de 20 días para proferir fallo, de acuerdo al artículo 32 del decreto 2592 de 1991, al día de hoy no han dado respuesta alguna. Para el primer caso han pasado más de 120 días y para el segundo van más de 40 días. Surge el cuestionamiento por parte de las comunidades respecto al por qué no se ha dado ninguna respuesta por parte de los magistrados. Adicionalmente, cabría preguntarse de los posibles vínculos que estos puedan tener con el Cerrejón. Es decir, ¿Habrán presiones? Columna de opinión publicada en Semana.com

Los municipios que durante décadas han tenido presencia de las Farc y que serán objeto de intervención estatal, son territorios donde la mayor parte de su actividad económica es movida por rentas ilegales, donde los actores armados son quienes regulan y administran el mercado. Cuando un campesino por ejemplo tiene problemas por lo que puede costar una onza de oro, no acude a donde un juez, sino al comandante del frente que opera en la zona quien impone las condiciones para solucionar el impase. Lo anterior le genera un reto bastante alto al Estado porque debe evitar a toda costa que con la salida de las Farc de determinado territorio tras su desmovilización, llegue otro a capturar estas economías. A pesar de los esfuerzos que han hecho tanto la policía de carabineros como las Fuerzas Militares por combatir este fenómeno, es necesario reconocer que las estrategias son insuficientes porque la llegada de otros actores ilegales a estos territorios es casi inevitable, si el Estado no hace sentir su superioridad y capacidad para imponerse sobre cualquier grupo irregular, llámese guerrilla o banda criminal. En lugares como el departamento del Huila y sur del Tolima el posconflicto podrá salir muy bien, pero en algunas zonas de la región del Pacífico las cosas pueden fallar. En este territorio opera el Frente 29 de las Farc, en donde existe extracción minera que se ejerce con métodos ilegales y siembra de hoja de coca. En toda esta zona ya está llegando el ELN y bandas criminales. Estas economías ilegales y criminales es necesario combatirlas con estrategias pensadas más allá de las luchas contra las guerrillas. Todo lo anterior ha ocurrido porque no se ha querido reconocer que el problema que existe en Colombia en la economía campesina, no se limita únicamente al acceso a la tierra, sino al Ordenamiento Territorial, donde se defina los usos y los espacios que se le va a dar a la actividad minera, ganadera, agrícola, etc. Sería gravísimo que los problemas que padece el departamento del Putumayo se extienda a los demás territorios, donde se cuenta con zonas indígenas, de reserva natural, parques nacionales, distrito minero, explotación petrolera, que han dejado insatisfacción en la población y como consecuencia de esto, han surgido las protestas sociales que muchas veces han terminado en hechos violentos, que terminan no solo por desgastar a las comunidades, sino además a las empresas dedicadas a la extracción. Se puede mejorar el Código Penal Colombiano y cuantas leyes queramos, pero si no se hace lo posible por mejorar el ordenamiento territorial, no vamos a lograr mayor cosas en esta materia. El presidente Obama en su discurso advirtió que no estaba dispuesto a alterar el sistema de salud de los Estados Unidos. Así mismo se debería actuar en Colombia en materia de minería y manejo ambiental, bajo unas reglas mínimas de juegos que sean inmodificables. El problema de la minería ilegal y la minería criminal es que esta no se limita únicamente a la extracción de estos recursos con métodos no reglamentados o realizada por actores irregulares, sino que hoy día ha corrompido a la administración pública y la clase política en algunos territorios del país. Sorprende que el debate sobre la financiación que hizo la multinacional Goldex a 89 candidatos que aspiraban a distintas alcaldías del país, pasó de agache. Esto es solo un ejemplo de la manera en como se ha tejido toda una red criminal a partir de la minería ilegal en Colombia que involucra jueces, fiscales, funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional. Es aquí donde viene la pregunta de ¿cómo se da el proceso de Lavado de Activos? El municipio de Bello tenía tres minas, sus regalías aumentaron. Sin embargo notamos que este era traído desde Barbacoas – Nariño, para ser declarado en tierras paisas. Esta es una modalidad de blanqueo de dineros. Bello es un emporio de la familia Suarez Mira, contrataban a través de terceros quienes a su vez, a través de actividades fraudulentas blanqueaban dinero con recursos públicos. Otro problema con la actividad minera en Colombia es que al pedir la licencia las comunidades del territorio en donde se va a ejecutar la tarea, reaccionan de manera negativa, sin tener en cuenta que muchas veces no se va a afectar toda el área de la que habla el permiso solicitado. Lo anterior ocurre porque el Estado no prepara las áreas, ni explica cuáles y como son las actividades de extracción minera que se van a ejecutar en estas zonas. Las entidades encargadas de los temas mineros y medioambientales deben explicarles a las comunidades, alcaldes y gobernadores de los territorios a intervenir, en qué consisten las actividades que se van a realizar en estas zonas, cosa de que no reaccionen de manera negativa y se sientan partícipes de estas, tanto en lo laboral, como en la distribución de las regalías. Intervención de Ariel Ávila en el debate sobre Las Apuestas y Desafíos de la lucha contra la minería ilegal en Colombia Ver video: Debate Apuestas y desafíos en la lucha contra la minería ilegal

Te lograste colocar al lado del Libertador Simón Bolívar o de José de San Martín, el Libertador del sur. Al Igual que Thomas Jefferson entendiste que; “el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre”. La lucha que tú representaste, nos representa a todos los oprimidos de este mundo, a todos aquellos que hemos vivido como colonias, a todos aquellos que mantenemos la riqueza del norte. Tu principal enseñanza es que mostrarte la virtud y el privilegio de ser un revolucionario, la dignidad de luchar por el cambio con tenacidad y el valor de aguantar cuanto improperio decían de ti. Esas personas que te criticaron y que hoy se alegran de tu muerte, esos pobres fracasados y resentidos que no fueron capaces de vencerte en vida, son los mismos que se arrodillan o pertenecen a aquellos que fueron capaces de lanzar dos bombas atómicas al mundo, los mismos que fingieron descubrir armas de destrucción masiva para masacrar una nación entera, los mismos que se inventan las guerras preventivas para acabar con gobiernos y Estados, o que decir de Libia, Siria. A esos mismos que defienden el genocidio que se comete contra el pueblo palestino y esos mismos que avalaron las brutales dictaduras militares en América Latina. Pero esos que avalan toda la sangre derramada por sueños de libertad, tú eras el malo, no cuestionan el colonialismo y hacen alarde de su sumisión. Pero tú Fidel, los venciste y aguantaste con tenacidad todas esas críticas; enseñaste que aun en los peores momentos hay esperanza, cuando cayó el comunismo real te arrinconaron, tuviste que declarar el periodo especial y contra todo pronóstico tú y tu pueblo salieron adelante. La mañana que me enteré de tu desaparición física, recordé aquel fragmento del poema que Neruda le había escrito a Bolívar; Yo conocí a Bolívar una mañana larga, En Madrid, en la boca del Quinto Regimiento, Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo: “Despierto Cada cien años cuando despierta el pueblo.” Los Hombres como tú, Fidel, la vida y Dios nos los regalan cada cien años, como las cosas buenas e increíbles se hacen esperar, de no ser así no tendrían esa categoría. Tienden a surgir cuando la esperanza se ha ido, pero acompañan toda la vida de lucha de quienes siguen su ejemplo. Fidel y Cuba son Latinoamérica, es el sueño de la dignidad que busca nuestro espíritu humillado. Por eso Tú y tu pueblo, serán siempre nuestro ejemplo de lucha. Fidel, cuando tu amigo Chávez murió escribiste: “Ni siquiera el mismo sospechaba cuán grande era”. Seguramente tenías mejor dimensión de tu obra, pero te aseguro que no alcanzas a imaginar la altura de la misma y todo lo grande que fuiste para muchos latinoamericanos. Tú y Bolívar son los hombres más importantes en la historia de nuestra América. Por eso Neruda también te dedicó algunos versos: Y están contigo porque representas Todo el honor de nuestra lucha Y si cayera Cuba caeríamos, y vendríamos para levantarla, Y si florece con todas sus flores Florecerá con nuestra propia savia. Y si se atreven a tocar la frente De Cuba por tus manos Libertada Encontrarán los puños de los pueblos, Sacaremos las armas enterradas: La sangre y el orgullo acudirán A defender la Cuba bien amada. Hasta siempre Comandante Hasta siempre Camarada Y solo puedo decir, que envidia de vida la tuya… agitada, intensa y gloriosa como la de pocos hombres. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto: Presidencia.gov.co Durante la firma del Acuerdo Final con las Farc, en el Teatro Colón, de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos informó que lo acordado “será discutido en el Congreso, para que sean los representantes elegidos por los colombianos quienes lo refrenden y lo implementen, bajo el control de la Corte Constitucional”. Anunció además que la implementación arrancaría tan pronto el Congreso de la República le diera la respectiva refrendación. Rodrigo Londoño, líder máximo de las Farc en medio de su discurso aseguró que Colombia debía darse a un “Gobierno de transición”, que dé garantías a la implementación de los Acuerdos de Paz y agradeció a todos los países acompañantes, lo mismo que a las organizaciones de la sociedad civil que creyeron en los esfuerzos de paz. A continuación encontrará los discursos del presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, presentados el día de la firma del Acuerdo de Paz, junto con los proyectos de ley que tienen que ver con el proceso implementación de la paz. Discurso del Presidente Juan Manuel Santos Discurso del Jefe de las FARC Rodrigo Londoño Decretos presidenciales del Fast Track: DECRETO 871, Designación Ministro Cristo en comité se seguimiento a los acuerdos - DECRETO 882, Servicio educativo estatal rural - DECRETO 883, Inclusión proyectos mineros en pago de obras por impuestos - DECRETO 884, Plan de electrificación rural - DECRETO 885, Consejo Nacional de Paz - DECRETO 889, Suspensión términos Corte constitucional para priorizar revisión decretos y leyes fast track - DECRETO 890, Plan nacional de construcción de vivienda rural - DECRETO 891, Proceso de restitución de niños y niñas FARC - DECRETO 892, régimen transitorio, acreditación alta calidad de licenciaturas en zonas PDET - DECRETO 893, Programas con enfoque de desarrollo territorial PDET- DECRETO 894, Disposiciones en materia de empleo público - DECRETO 895, Sistema de seguridad para el ejercicio de la política - DECRETO 896, Creación programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos - DECRETO 897, Reestructuración Agencia para la Reintegración - DECRETO 898, Reestructuración de la Fiscalía General de la Nación - DECRETO 899, Medidas para la reincorporación social y económica - DECRETO 900, Suspensión ordenes de captura y seguridad jurídica - DECRETO 901, ,Prórroga ZVTN - DECRETO 902 , Reforma rural - DECRETO 903, Inventario de bienes - DECRETO 1581 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Leyes del Fast Track: Acuerdo Final de Paz Ley de Aministía Jurisdicción Especial para la paz Acto Legislativo de Reincorporación Política Ley de participación política de las Farc Análisis relacionados ¿Y usted que sabe de paz? Memorias del proceso de paz La implementación de los Acuerdos de Paz incluyó también el proceso de dejación y entrega de armas por parte de la guerrilla, acontecimiento que tuvo su último acto el 27 de junio de 2017 en el municipio de Mesetas, cuando la ONU cerró el último de los 26 contenedores ubicados en las zonas veredales y certificó que allí quedaron 7.132 armas que hasta ese día empuñaron las Farc. En el acto el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Farc Rodrigo Londoño, presentaron cada uno un respectivo discurso, dando la bienvenida a la paz con este grupo revolucionario. Discurso de Juan Manuel Santos, Acto de dejación de armas Discurso de Rodrigo Londoño, Acto de dejación de armas Los 20 magistrados titulares de la JEP

Bajo condiciones normales será imposible reformar el Sistema Electoral Colombiano que parece hecho para que la democracia no funcione de manera transparente y limpia, por lo que es necesario que bajo la coyuntura del proceso de paz, este se transforme. Si se le pregunta a un senador o representante a la Cámara, si cree necesario reformar el Consejo Nacional Electoral, responde que por supuesto, que es importante. Sin embargo, nadie se pone en esa tarea, por esto es necesario que Colombia aproveche la implementación del Proceso de Paz, en donde se tramitarán proyectos de ley y se dé al trabajo de discutir la posibilidad de cambiar el sistema político del país. Para la Fundación Paz y Reconciliación la reforma más importante que se puede dar en Colombia bajo la coyuntura del Proceso de Paz es la Reforma Política, a pesar de la gran resistencia que habrá en esta materia, no solo por la asignación de cupos indicativos; conformación de listas; elección de órganos de control, etc., sino además porque a ningún congresista o político del país, le conviene que este se cambie porque está hecho a la medida de sus intereses. Sistema Electoral Colombiano, primero reto o desafió en reforma política: El Sistema Electoral Colombiano está compuesto por el Consejo Nacional Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Registraduría Nacional de Estado Civil. La Registraduría elabora las cédulas, las organiza para las elecciones y es quien se encarga de contar los votos. ¿Es posible que todo esto se encuentre en manos de una sola entidad? En época de elecciones a los registradores departamentales se los debe cambiar dos meses antes de que estas se den, por todas las presiones políticas que existen. El ejemplo más vergonzoso es de la registradora del departamento del Caquetá Nelsy Armario, quien es hermana de Luis Fernando Almario un político de la región procesado judicialmente por Farcpolítica, parapolítica y nexos con narcos. ¿Se puede confiar en un órgano en manos de una persona con familiares con estos antecedentes? En el municipio de Uribia en la Guajira Fredy Becerra es el registrador municipal, familiar de los Becerra financiadores de la campaña de Wilmer González gobernador electo del departamento. Así mismo sucede en todas las seccionales de esta institución, lo que obliga a pensar en cómo rediseñarla para que su funcionamiento sea transparente. Consejo Nacional Electoral, “El ratón cuidando el queso” En el Consejo Nacional Electoral las cosas funcionan bajo la regla de “Yo no investigo las tuyos, pero tú no investigas los míos”. Para la Fiscalía es claro que la campaña de Oscar Iván Zuluaga contrató un hacker, ¿en qué vamos hoy por hoy?, en nada. Otro ejemplo que nos ayuda a ilustrar este caso es el de Yolima Carrillo magistrada del Consejo Nacional Electoral, familiar de Antenor Durán Representante a la Cámara. Su esposo fue el secretario privado de la exgobernadora Oneida Pinto. ¿Es posible contar con unas condiciones mínimas de transparencias trabajando en estas circunstancias? Desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos propuesto que se acabe el Consejo Nacional Electoral y se cree el Colegio Electoral, que sea elegido por expertos, con delegados de los partidos con voz pero sin votos y que la comisión también de expertos que se cree desde la mesa de diálogos de la Habana, sea la encargada de elegir a los primeros magistrados que lo van a componer. Proponemos entonces una estructura diseñada de la siguiente manera: Una sala administrativa; una sala financiera y una de investigación. Es bueno también que se piense en la salida de la sección Quinta del Consejo de Estado y crearla como un gran Tribunal Electoral con seccionales en todos los departamentos. Se sabe que la mayoría de candidatos a elecciones de alcaldías y departamentos violaron los topes electorales y al día de hoy no hay una sola sanción. La Fundación Paz y Reconciliación pide también que la Registraduría se encargue únicamente de la expedición de cédulas y realizar el censo electoral. El Colegio Electoral que proponemos no se puede elegir con delegados de los partidos políticos como sucede en la actualidad donde los magistrados del Consejo Nacional Electoral son postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso de la República, porque esto sería como seguir poniendo “al ratón a cuidar el queso” Financiación de campañas El 60% de lo que se gasta en una campaña no pasa por una cuenta bancaria, porque estos elevan los costos y que los vuelven asimétricos. Es así como tenemos el caso de los Char en el Atlántico donde fácilmente se pueden pasar de los 3 mil millones de pesos y no pasa nada. Lo mismo ocurre en el caso del Ñoño Elías en Córdoba y en los registros contables aparece un máximo de 700 millones. Lo anterior porque la mayor parte del dinero que se gasta se lo hace con plata que no necesariamente pasa por la cuenta de un banco, sino que se maneja como dinero de bolsillo. Los recursos públicos son utilizados para financiar campañas electorales. Vimos como en el 2015 en la gobernación del Cesar, la señora Cielo Gnecco y el señor Luis Alberto Monsalvo Gnecco, utilizaban la contratación pública en función de determinado candidato, para asegurarle votos y así garantizar su continuidad en la administración, esta vez en cuerpo ajeno. Otro caso es la participación de recursos privados o de préstamos persona a persona. Si se tiene un tope de campaña, estos son dos o tres veces menos de lo que se gasta en una campaña, por esto mucho acuden a la financiación privada o préstamos personales. A algunos no les importa si lo deben hacer con recursos del narcotráfico, porque para ellos “El fin justifica los medios”. De esta forma la administración local o el trabajo legislativo o de control político local, es realizado en función de la ilegalidad en Colombia. Por lo anterior la Fundación Paz y Reconciliación pide porque en Colombia se llegue a la financiación pública de campañas, porque es la única manera en cómo se garantizaría que los recursos que se utilicen sean legales y que las personas que aspiran al cargo no lo hagan con intereses oscuros. Proponemos además que se implemente el Voto Electrónico, que a pesar de estar en la ley, no se le ha dado uso. El problema con el tarjetón está en que este es un gran negocio que tiene dueño y que difícilmente va a ceder. En el otro caso, está en que este contrato se adjudica por una sola vez en mucho tiempo y a partir de ese momento se adquiere el mantenimiento. En Venezuela por ejemplo con el voto electrónico el presidente Nicolás Maduro perdió el 51% de la Asamblea y no le quedó otra opción más que reconocerlo. La Fundación Paz y Reconciliación considera que el debate que se avecina por la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc, debe ser aprovechado para discutir la posibilidad de corregir los problemas y defectos que tiene el Sistema político y electoral en Colombia. Análisis presentado por Ariel Ávila en la Mesa Redonda «la Reforma Política más allá del Proceso de Paz» Ver video La Reforma Política más allá del Proceso de Paz Análisis relacionados: Consejo Nacional Electoral, «El Ratón Cuidando el queso»

Entrega de bienes y restricción de la libertad Las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios. Estos servirán para reparar a las víctimas. Los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena, no serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización Deberán quedar claros cuales son los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas y cuales los sitios de residencia durante la ejecución de la sanción. Para salir de las zonas donde cumplan la sanción, se deberá solicitar el debido permiso. Se debe señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. El tiempo que pasen en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación. 2. Jurisdicción Especial de Paz La Jurisdicción Especial de Paz funcionará hasta por 10 años y solo podrá recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años. Las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar. Solo podrán presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal. Todos los jueces serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de las Cortes en Colombia. Las tutelas contra decisiones de la Justicia Especial para la Paz podrán ser revisadas. Se ratificó el respeto a la propiedad y la iniciativa privada y a que a nadie se expropie por fuera de la ley vigente. Se creará una comisión para revisar temas relacionados con la legislación agraria que no hacen parte del acuerdo anterior. El catastro no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras. No se autorizarán nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo con la legislación vigente que hay sobre estas zonas. Las inversiones del posconflicto se harán con respeto al principio de sostenibilidad fiscal. Se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación de estas inversiones. 3. Beneficios para empresarios y agentes del Estado Los empresarios que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria. Se logró una fórmula que garantiza a nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. 4. Participación política Se incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de las Farc no podrá inscribir candidatos a las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes, establecidas para las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto. Se redujo desde el primer año en 30 por ciento la financiación al partido de las Farc para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos. Quedó claro que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Se eliminó la participación de las Farc en la comisión de protección y garantías de seguridad, así como las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada. 5. Lucha contra las drogas ilícitas Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. Se reiteró y subrayó que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos. No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos Para atacar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas, se robusteció el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores. 6. Bloque de constitucionalidad e implementación de los acuerdos Solo se incorporarán al bloque de constitucionalidad los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno será el único responsable de la implementación de los acuerdos. Habrá una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los mismos. 7. Prioridad para las mujeres víctimas Se incorporaron los principios de igualdad y no discriminación, de género, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. 8. Elegibilidad Los miembros de las Farc no tendrán curules a dedo, tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno. Con información de presidencia.gov.co Ver documento completo nuevo Acuerdo de Paz

La incertidumbre en la que se encuentra el país, luego de que triunfó el No en el plebiscito por la paz, no debe prolongarse por mucho tiempo y afortunadamente lo han sabido entender tanto Gobierno como Farc, quienes se dieron a la tarea de redactar nuevos Acuerdos, teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas por la oposición. Sin embargo es de lamentar que este sector político, del que hacen parte algunos conservadores, grupos cristianos y el Centro Democrático, no lo entiendan. Los asesinato a líderes sociales que de una u otra forma han respaldado el proceso de paz y que desde mucho tiempo atrás, vienen trabajando en pro del restablecimiento de los derechos humanos en los distintos territorios, no ha servido como campanazo de alerta para que Colombia se decida a tomar el toro por los cuernos y darle trámite a la discusión que permita refrendar lo acordado en la Habana. Lo anterior debería ser el motor para que Gobierno y Farc, luego de firmar el nuevo Acuerdo lo presenten al Congreso de la República sin más dilaciones para la debida refrendación, y así dar inicio a la implementación y la discusión de los proyectos de ley que haya que modificar o tramitar, con el ánimo de que este tenga viabilidad jurídica. Colombia no puede continuar por mucho tiempo en la incertidumbre, porque en primer lugar se corre el riesgo de que la tropa guerrillera sea cooptada por bandas del narcotráfico, el ELN o por algún otro actor ilegal. En segundo lugar, porque la vida de los guerrilleros que se vienen a la desmovilización corre peligro, al igual que la de muchos líderes campesinos que han apoyado el proceso de paz y dedican sus días a la búsqueda del respeto por los Derechos Humanos. El Estado colombiano debe garantizar la seguridad de estas personas, de lo contrario no tendría razón traerlas a la paz, si se las va a dejar como “carne de cañón” de paramilitares que no se desmovilizaron o del narcotráfico que controla territorios en connivencia con algunos agentes del Estado, que persisten en este tipo de prácticas mal sanas al interior de la institución. Nuestro país no puede verse obligado a padecer un segundo exterminio político, similar al de la Unión Patriótica en la década de los ochenta y parte de los noventa. Cuando grupos de extrema derecha en alianza con ganaderos, empresarios, militares, policías y políticos locales, arrasaron con la vida de diferentes líderes de izquierda y de guerrilleros que hacían tránsito a la paz. Un total de 70 homicidios; 279 amenazas y 28 atentados contra líderes sociales en diferentes lugares de Colombia en lo que va de 2016, demuestra que el fenómeno no corresponde a casos aislados y lo que nos espera en materia de garantías de seguridad para los desmovilizados y quienes continúan en la lucha por los Derechos Humanos, es una tarea titánica, que el Estado no puede seguir aplazando, so pretexto de buscar un acuerdo o pacto político con la oposición. Lo que debe importar en adelante, no es que a la oposición política le guste o esté feliz con lo que se acuerde con las Farc, sino que lo firmado con el grupo armado se pueda implementar para sacar a Colombia de un conflicto de más de 50 años. @PReconciliacion Publicada en Colombia2020