En tan solo 15 días cuatro líderes sociales de movimientos de base, algunos ligados a Marcha Patriótica, que habían comenzado a tener liderazgo político después de que se hubieran culminado los diálogos de La Habana, han sido asesinados y dos más de ellos sufrieron atentados. Es la situación más grave que se ha presentado en los últimos cuatro días. El hecho no deja de preocupar, ya que Colombia recuerda lo sucedido hace cerca de 30 años con el genocidio de la Unión Patriótica. En ese momento, producto de los diálogos de La Uribe Meta entre las FARC y el Gobierno colombiano, nació un partido político que comenzó a competir después de que se hubiera aprobado la elección popular de alcaldes y gobernadores. Para finales de la década de 1980 lograron 23 alcaldías de forma directa, 125 por coalición y decenas de concejales y diputados. Igualmente, lograron 14 congresistas y dos candidatos presidenciales con una fuerza popular importante. Ante la irrupción de estos liderazgos de base, la clase política tradicional, la que siempre había gobernado las regiones del país, se asustó, pues pensaron que iban a perder el poder local. Esto los llevó a contactar grupos paramilitares para asesinar la oposición política. Desde las agencias de seguridad del Estado colombiano, se temió que el “comunismo” llegara al poder y comenzó una de las historias más oscuras de la política colombiana. Una alianza entre viejos políticos, agentes estatales y paramilitares ocasionaron la muerte de más de 4.000 miembros de partidos de izquierda, la mayoría de la Unión Patriótica, un verdadero genocidio político, que ha sido negado por la élite política colombiana pero que no tiene cómo ocultarlo. Después de las negociaciones de La Habana, muchos analistas temían que ocurriera lo mismo, pues aún la clase política local utiliza la violencia como mecanismo de competencia política. Lo sucedió el 25 de octubre de 2015, en las elecciones locales así lo muestran. Más de 100 actos violentos entre asesinatos, atentados y secuestros ocurrieron para ese momento, siendo nuevamente los partidos de izquierda habían sido los más afectados. Adicionalmente, en los últimos meses decenas de amenazas se hicieron públicas contra líderes sociales de base. Por si fuera poco, en los últimos cinco años han sido asesinados más de 60 reclamantes de tierras que fueron despojadas a campesinos desamparados. En los últimos 15 días fueron asesinados Erley Monroy, líder campesino del Departamento del Meta, defensor de las zonas de reserva campesina, que participó en política en las pasadas elecciones locales. También en el departamento de Caquetá Hugo Cuéllar sufrió un atentado después de salir del velorio de Erley, algo que recuerda mucho la masacre de la UP, cuando en velorios o entierros se cometían asesinatos a la militancia. Por esas mismas horas fue asesinado Didier Losada Barreto en la misma zona de los Llanos del Yarí. También en días pasados Argemiro Lara sufrió un atentado en la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre. En la Unión Nariño Danilo Bolaños sufrió un atentado. Y en el departamento del Cauca otros dos líderes sociales fueron asesinados en los últimos días: Jhon Rodríguez y José Velasco. Lo más preocupante de estos homicidios y asesinatos es que se han incrementado justo después de conocerse que las FARC y el Gobierno tienen un nuevo acuerdo de paz y de que la guerrilla participará en política después de dejar las armas. También, después de que se sabe que habrá unas circunscripciones especiales en las cuales podrán participar movimientos sociales y políticos que nunca habían tenido garantías de participación política. Todas estas amenazas se habían advertido desde hacía meses y como siempre ha ocurrido con estos asuntos las autoridades no le han prestado la suficiente atención. Tampoco ha sido una prioridad para las autoridades judiciales, pues la mayoría de asesinatos están en la total impunidad, al igual que las amenazas y atentados. El nuevo fiscal solo se ha dedicado a cuestionar el proceso de paz. Los fantasmas de una nueva guerra sucia aparecen en Colombia y nadie parece querer hacer nada para evitarlo. Columna de opinión publicada en El País.com

El Nuevo Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc se logró concretar después de varias negociaciones entre el gobierno y algunos representantes del No y luego entre el gobierno y las FARC en La Habana. Tanto el presidente Santos, como el jefe negociador Humberto de La Calle han manifestado que el acuerdo ya es definitivo y que no se renegociará de nuevo. Ahora, la discusión se refiere al proceso de refrendación que se debe seguir para activar el acto legislativo para la paz. Como se sabe, a mediados de año se aprobó el acto legislativo para la paz. El mismo contempla unas facultades extraordinarias para el presidente, crea el mecanismo de vía rápida o el procedimiento legislativo especial que acorta los tiempos de aprobación de la normatividad necesaria para implementar los acuerdos de paz. Igualmente el acto legislativo crea un plan plurianual de inversiones que se refiere a destinar recursos específicos para los municipios más afectados por el conflicto, también se contempla el blindaje constitucional del acuerdo de La Habana, esto recientemente sufrió modificaciones en el nuevo acuerdo y en el artículo final lo metieron en plenaria de Cámara en último debate, y deja sujeto la entrada en vigencia de todo lo anterior a la refrendación popular del acuerdo final. El último artículo fue introducido a última hora por iniciativa del gobierno nacional y de algunos congresistas; Sergio Jaramillo y Roy Barreras lo lideraron. La idea de ellos era hacerle un gol a las Farc, pero después del 2 de octubre y del limbo jurídico en el que nos encontramos queda claro que el gol se lo hizo el propio gobierno. Después de que se conoció que el nuevo acuerdo estaba listo, ahora la discusión se refiere al mecanismo de refrendación que se va a utilizar. En total existen tres alternativas. La primera es que la Corte Constitucional tumbe el artículo quinto del acto legislativo, en la medida que viola el principio de la consecutividad ya que como se mencionó, se introdujo a última hora y no se le dio el debate necesario durante el trámite del mismo. De ocurrir esto, con la sola firma del nuevo acuerdo se activarían los mecanismos del acto legislativo y la implementación podría comenzar a ejecutarse inmediatamente. Muy seguramente, cuando se tumbe el artículo, el Centro Democrático hablará de manipulación de la justicia, pero lo cierto es que ese artículo quinto es abiertamente inconstitucional. La segunda opción es que el Congreso de la República haga una votación en la cual se apruebe el nuevo acuerdo y ello podría considerarse como la refrendación popular. No debe olvidarse que el Congreso de la Republica es elegido por voto popular y representan a la ciudadanía colombiana, pues como se sabe, Colombia tiene un sistema de democracia representativa. La votación en el Congreso, por tanto, cumpliría los estándares de la refrendación popular y una vez se surta se activaría el acto legislativo. La tercera opción es utilizar un mecanismo de refrendación de la democracia directa, como un nuevo plebiscito o la figura de los cabildos abiertos. Aquí, en todo caso, hay varias dificultades. Por un lado, los tiempos no dan, se tardaría varios meses en realizarse la refrendación y el cese bilateral es tan sensible que es muy difícil que aguante una expectativa de meses. Por ejemplo, todo parece indicar que para los cabildos abiertos la discusión en el mismo se tiene que hacer en periodo de sesiones ordinarias, lo cual significa que en varios entes territoriales habría que esperar hasta marzo del próximo año. Por otro lado, someter nuevamente el acuerdo a la incertidumbre de una votación es presionar demasiado el cese bilateral. En todo caso la decisión debe tomarse rápidamente y es necesario una decisión del ejecutivo y un pronunciamiento de la Corte Constitucional que aclare el camino de la refrendación, esto se debe resolver en 2016 y no se pude aguantar hasta el primer trimestre de 2017. columna de opinión publicada en Semana.com PU

¿Cuáles son los principales retos en seguridad y control de territorios en cuanto a las zonas de minería ilegal una vez las Farc se reintegren a la vida civil? Este fue uno de las preocupaciones que estuvieron sobre la mesa en el debate “Apuestas y desafíos en la lucha contra la minería ilegal”, organizado por El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación y la Universidad Santo Tomás. Para responder esa pregunta, varios de los panelistas discutieron sobre conceptos previos que se debían tener en cuenta dentro de las nuevas políticas mineras y ambientales que se vayan a desarrollar desde el Gobierno. Silvana Habid, presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), señaló que es muy necesario hacer la diferenciación entre la minería legal y la ilegal, y que esta es una de las grandes apuestas de su entidad. (Lea: Ofensiva contra minería ilegal del Eln y el Clan del Golfo) “Desde acá se promueve la minería bien hecha, la que cumple con los requisitos que exigen las autoridades ambientales”, señaló, y agregó que es necesario que las autoridades locales utilicen las herramientas con las que cuenta para combatir este tipo de minería. En ese sentido, Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, comentó que a hay proyectos de ley que se promueven desde el Gobierno para endurecer las sanciones contra quienes practican la minería ilegal que, según explicó, mueve el doble de recursos que el narcotráfico y se concentra en zonas dispersas del país. “El problema de la extracción ilícita está en 25 departamentos, en cerca 220 municipios. Como el problema es tan disperso, implica un desafío operacional mucho mayor por parte de la Fuerza Pública”, dijo Fernández. También señaló que esta actividad no solo sirve como fuente de financiación para grupos armados ilegales, sino que genera graves daños al medioambiente y por eso se busca que el delito de la extracción ilegal no sea excarcelable y, al tiempo, crear un nuevo tipo penal para las actividades que se relaciones con la minería ilegal. Por otra parte, para Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, una de las formas más efectivas de combatir la minería ilegal es permitir la legal “que cuenta con las autorizaciones ambientales, le pone la cara al Estado y tiene la capacidad de llegar a los territorios con los controles que se requieran”. Sin embargo, la propuesta de Duván Meza, decano de la facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, en medio de un tema que considera complejo, es que se puedan unificar los procedimientos ambientales y mineros para evitar que ciertos sectores de la actividad puedan quedar por fuera y que el Estado sea el facilitador que genere los mecanismos para la protección del medioambiente. Control de territorios Más allá de la financiación de estructura ilegales, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que uno de los graves problemas es que los ilegales, además, controlan el mercado y administran los negocios en los territorios. “¿Cómo evitamos que eso territorios sean tomados por otros actores armados ilegales cuando las Farc no estén? No hay una estrategia clara para eso, a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía”, dijo. Agregó que los retos en seguridad varían de los territorios, sobre todo donde la actividad es más fuerte, como en el Pacífico, en donde además hay cultivos de coca y de donde se tiene información de la llegada del ELN, por ejemplo. “En término generales, uno preferiría la gran minería porque, en últimas, también tiene grandes proyectos de impacto en la comunidad, sin embargo, hay otros problemas como el ordenamiento territorial”, señaló, y explicó que la forma de llegada de los proyectos mineros y del Estado debe ser diferente porque la comunidad no entiende cómo se realizará la explotación y se termina especulando y, muchas veces, prefiriendo la minería ilegal. En pocas palabras, señaló que se debe preparar mejor la llegada de los proyectos mineros a la comunidad, una propuesta con la que estuvo de acuerdo Habid, de la Agencia Nacional Minera. Crisis de empleo Otros punto que quedó sobre la mesa y que puso en debate León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, fue la crisis de empleo que se generaría en las zonas en que la minería ilegal es una de las principales fuentes de ingreso. “Hay miles de personas enganchadas a esta actividad como empleo. En Urabá le pagan a un joven de 17 años entre 600 y un millón de pesos, le da una moto y un radio para que cubra el negocio. ¿Hay alternativas distintas para estos jóvenes? Podría haber un gran problema de empleo”, indicó. Este fue el primer debate sobre el tema de la minería ilegal en el posconflicto, tratado en el espacio de Debates El Espectador, en el que ya se ha discutido sobre otros factores necesarios para la implementación de un acuerdo y para que sus efectos sean notables en las regiones más profundas y alejadas del país.

Pensé mucho en escribir esta columna, ya que el radicalismo a la hora de los análisis sobre Venezuela hace casi imposible una discusión seria, apaciguada y argumentada. Entre el año 2009 y 2011 lideré una investigación, junto a otras 13 personas, sobre la situación de la criminalidad en la frontera entre Colombia y Venezuela, al final se logró tener un análisis de cientos de páginas que daban cuenta de la compleja situación que se vivía en la zona fronteriza y en el vecino país. De allí salió el libro “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela”. Desde ese momento, junto a un equipo de investigación liderado por León Valencia, comenzamos a hacerle seguimiento a la situación política de Venezuela, a las dinámicas criminales en la frontera y a las dinámicas sociales. En Colombia sobre el tema de Venezuela, al menos, se pueden decir dos cosas. Por un lado, la versión que más le llega a la sociedad es la versión de la oposición, comúnmente en radio y televisión solo se entrevista a María Carina Machado, Capriles, Allup, entre otros. Pero poco se conoce la versión del oficialismo venezolano. Esto es producto de que los medios colombianos no se esfuerzan por tener la otra versión, lo que significa que hay una militancia periodística, y en otros casos nadie del oficialismo concede alguna entrevista. Lo otro que en Colombia ronda sobre la situación en Venezuela es que se piensa que el problema en el vecino país es entre un gobierno autoritario y una oposición demócrata, o mejor entre autoritarismo y democracia. Pero la disputa en Venezuela es más compleja que eso. Que el gobierno de Maduro tenga comportamientos autoritarios nadie los discute y que la oposición este dividía y fragmentada y que lo que les importa es quien llega mejor acomodado para ser presidente tampoco. Pero lo que realmente se vive en Venezuela es una lucha de clases es sentido estricto. Por menos cayó Dilma en Brasil o Lugo en Paraguay en los denominados golpes legislativos y Maduro no ha caído y esto se debe a que existe un enfrentamiento entre una vieja élite huérfana del poder político y en gran parte económico y una nueva élite que se creó desde que Chávez asumió el poder, son conocidos como los Boliburgueses. El Chavismo el hijo de la exclusión y empobrecimiento en el que la élite venezolana tradicional sumió al pueblo venezolano. Una pequeña élite que vivía de la renta petrolera dilapidó los recursos que dejaba la explotación petrolera. Esta élite los fines de semana viajaba a Miami a hacer las compras de la semana, presumían de su vida de ricos, mientras que millones de personas estaban en la absoluta pobreza. El Chavismo nació de esta exclusión. Así después del golpe de Estado a principios de siglo y del denominado golpe petrolero un año después, lo que hizo el chavismo fue crear un estructura burocrática nueva, prácticamente barrió la vieja burocracia y creo una nueva estructura de funcionarios públicos. Obviamente sin mayor experiencia, lo cual a su vez llevó a una inoperancia del Estado. Es decir, hubo un vacío de poder en el funcionariado público venezolano, lo que trajo una crisis institucional y a sensación de ingobernabilidad que se vivó en el vecino país. Igualmente bajo el Chavismo se creó una élite empresarial y comercial derivado de este cambio de poder que se presentó en los últimos años. Tanto la nueva burocracia como esta nueva élite incipiente económica no van a ceder el poder fácilmente. Igual se puede decir del poder político que creó el Chavismo alrededor del PSUV. Por tanto, lo que se está dando es una lucha política entre una vieja élite corrupta, que no fue capaz de renovarse, de hecho, Ramos Allup era congresista desde la década de los noventas del siglo pasado y hoy es el presidente de la Asamblea Nacional y una nueva élite también con grados altos de corrupción y grados altos de ineficacia burocrática, pero nueva al fin al cabo. Que un conductor se bus sea presidente muestra que efectivamente si hubo un cambio en la estructura de poder político en Venezuela. Aquí en Colombia, por ejemplo, nunca un pobre podría llegar a ser presidente con el actual equilibrio de poder. Pero la lucha no es entre unos buenos y otros malos, o unos más demócratas que otros, es una lucha de clases, de dos bloques que se disputan el poder. Columna de opinión publicada en Semana.com

La presencia histórica y el control de la guerrilla del ELN en el país, se ha dado en cinco zonas, en las cuales se ubica su base militar conformada en Frentes de guerra. Estos se ubican en las regiones oriental, nororiental, occidental, suroccidental y el frente Darío Ramírez Castro, en el norte de Antioquia, sur de Córdoba y Bolívar. Recibe el nombre del comandante mejor conocido como ‘Roque’. El Frente de Guerra Oriental del ELN, cuenta con la más amplia estructura de la guerrilla y con la mayor zona de influencia en el país. Hace presencia en los departamentos de Arauca y Casanare. Por los límites fronterizos de los departamentos, cuenta con la Comisión de Fronteras, la cual se encarga de realizar control por parte de la guerrilla, en los límites del país con Venezuela. En el Frente Oriental del ELN, se ubican los Comandos Centauros del Pueblo y Fuerzas Especiales. También cuenta con la Columna Camilo Cienfuegos, el Batallón Héroes y Mártires, la Compañía Simacota y los Frentes Adonay Ardila, Domingo Laín, Efraín Pabón y José David Suárez. Por su parte, el Frente Nororiental tiene presencia y control en la Región del Catatumbo con fuerte incidencia en municipios como; El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí. La zona de influencia del frente, se extiende en gran parte de Norte de Santander y el Cesar. La estructura del Frente, cuenta con una Compañía que responde al nombre de Comandante Diego y los Frentes Camilo Torres Restrepo, Capitán Francisco, Capitán Mauricio, Capitán Parmenio, Carlos Cacua y Héroes del Catatumbo. El Frente Darío Ramírez Castro, tiene influencia en la región del Magdalena Medio y sus cubren áreas y subregiones en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba. Es reconocido por su fuerte incidencia minera en esta zona del país y por ser el principal soporte económico del Comando Central del ELN. Sus estructuras responden a los nombres de Edgar Grimaldos, Héroes y Mártires de Anorí y de Santa Rosa, José Sepúlveda, Luis Ariza, Compañero Tomas y José Antonio Galán. El Frente Occidental, tiene presencia en gran parte del departamento del Choco y su zona de influencia se extiende hasta el Urabá antioqueño. Su estructura es conformada por cuatro subfrentes, el Cacique Calarcá, Che Guevara, El Boche y Resistencia Cimarrón. Por último, el Frente de Guerra Suroccidental, tiene su zona de influencia en los departamentos del Cauca y Nariño, en relevancia en las zonas costeras de esta zona del país, en donde realizan control irregular en la salida de oro y petróleo, producto de la explotación en la región sur del país. Cuenta con las Compañías Lucho Quintero y Jaime Tono y los Frentes; Manuel Vásquez, Comuneros del Sur y Guerreros del Sindagua.

La Guajira es hoy, tristemente, la crónica de una desgracia anunciada. El próximo 6 de noviembre los guajiros volverán a acudir a las urnas para elegir gobernador y seguramente el puesto quedará en manos de alguno de los dos políticos que representan las organizaciones criminales que han gobernado La Guajira. Esta es la segunda entrega sobre cómo en medio de una supuesta democracia las mafias se tomaron un departamento. Vea la primera entrega de este caso en: Por favor, suspendan las elecciones. De los últimos 8 gobernadores, 5 han tenido problemas legales y han terminado destituidos e inhabilitados. Todos ellos, impedidos para participar en política, bloquean y eligen los nombres de los posibles candidatos, la condición es que cada uno de estos les sean útiles a sus intereses para seguir manteniendo poder. La más reciente, Oneida Pinto, sólo duro seis meses en el cargo, tiempo que fue suficiente para seguir desangrando las finanzas del departamento, una vez se conoció que la decisión sobre su destitución no tenía reversa ofreció apoyo al elegido por su casa política para mantener el control del departamento, Norberto ‘Tico‘ Gómez, avalado por Opción Ciudadana, y financiado por Carlos Robles alias ‘Kaloy‘, rector de la Universidad de La Guajira, hombre de confianza de Kiko Gómez y sin duda, el presunto nuevo jefe de la mafia en el departamento. Si ‘Tico‘ llega a ganar las elecciones el próximo domingo será el cuarto candidato consecutivo en llegar a este puesto en representación de la casa de Kiko Gómez. Cada vez más el nombre de Carlos Robles se hace popular en la opinión pública. Este guajiro llegó a la rectoría de la universidad en 2009, como reemplazo de Maritza León, hoy una de sus principales aliadadas políticas, y a quien en diversas oportunidades se le ha señalado de ser una de las responsables de la avanzada paramilitar en el departamento, León hace parte de la campaña de ‘Tico‘ Gómez y es reconocida por ser una de las principales figuras del Centro Democrático. Hasta el día de hoy Robles no ha podido explicar el “bunker” en el que vive en el barrio Galán de Rioacha. Tampoco ha podido explicar el por qué se pasea por el departamento acompañado de una guardia pretoriana que no permite que nadie ajeno a él se acerque, hombres armados que no hacen parte de la Unidad Nacional de Protección, quienes presuntamente son contratados por una empresa de vigilancia privada, pero nunca tienen una identificación visible, hasta el momento nadie conoce con certeza su origen. Robles ha hecho de la universidad un perfecto lugar de clientela política. Lo cual le ha permitido crecer rápidamente como uno de los poderosos del norte del país. Por medio de la universidad ha logrado chantajear a docentes y estudiantes, los instrumentaliza por medio de becas y ascensos o mayores retribuciones económicas. A cambio docentes de cátedra y estudiantes le sirven a sus propósitos electorales. A los docentes de cátedra se les exige o asigna un puesto de votación en el cual deben llevar un número de votantes para luego ser certificados por la campaña. Por su parte a los estudiantes, además de exigirles el voto, se les pide “ayuda” cuando estos son designados como jurados electorales. Igualmente docentes y estudiantes son utilizados como amenaza de sabotaje cuando los mandatarios locales o el departamental no cumplen las órdenes de Robles. Por ejemplo, una de las peleas que tuvo que sortear el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, se derivó de no ceder a las presiones hechas por parte de Carlos Robles desde la universidad, quien esperaba que desde la gobernación fuera girado un dinero, el cual según información de terreno iba a ser utilizado para financiar la campaña de ‘Tico‘ Gómez. Eran 38 mil millones de pesos que el gobernador no ha querido girar pues iba para actos proselitistas de ‘Tico‘ Gómez. Además de todo lo anterior, en La Guajira se está fraguando por medio de los jurados de votación, estudiantes y docentes al servicio de ‘Kaloy‘, un gran fraude. El riesgo principal está en al menos 3 municipios que controla por medio de los alcaldes; Fabio Velásquez de Riohacha, José Carlos Molina de Maicao y Luis Manuel Daza de San Juan del Cesar, la estrategia es que mientas las autoridades giran su atención en el municipio de Uribia, los demás municipios podrían quedar más vulnerables al fraude. En Uribia, el municipio más grande y con mayor población indígena del departamento y uno de los más importante en esta contienda electoral, desde el anuncio de los candidatos, muchos han advertido que el aval a ‘Tico‘ Gómez y la venia que a este le hizo ‘Kiko‘ Gómez fue con el propósito de dividir el electorado. ‘Tico‘ Gómez es oriundo de este municipio y hace un año alcanzó cerca de 12 mil votos en la elección a la Alcaldía, esto permitiría que la casa de Cielo Redondo quien impulsa la candidatura de Wilmer González, no se sintiera tan cómoda en su propio patio. Recordemos que Cielo Redondo, se encuentra presa actualmente, y desde su casa en el municipio atiende reuniones políticas para promover a González. Esta mujer fue alcaldesa del municipio de Uribia en tres ocasiones, y su hijo; Luis Enrique Solano Redondo es el actual alcalde. En respuesta a la división que se tiene en Uribia, esta semana se conocieron fotos en las que uniformados del ejército que repartía ayuda humanitaria en el municipio de Uribia, descargaron el agua para movilizarla en carros particulares, los cuales tenía publicidad de Wilmer González, hecho que a todas luces se constituye como un delito electoral, tipificado como corrupción la sufragante. Columna de opinión publicada en Semana.com #ArielÁvila #Fraudeelectoral #Kaloy #LaGuajira

Durante los últimos 10 años el sector minero energético ha aportado la mayoría de las exportaciones colombianas. Entre el año 2000 y 2008 fueron del 30,9% sobre el total; entre 2009 y 2014 la cifra llegó al 51,2%. Mientras, sectores como la industria y el agropecuario están en una verdadera crisis. La participación de estos se redujo de forma alarmante. La industria pasó de aportar el 60,1% de las exportaciones en 2002 al 35,6% en 2014. Entre los mismos años, el sector agropecuario pasó del 9,9% al 4,6% de las exportaciones totales, una reducción en su participación de más del 50%. Los buenos precios de los productos minero-energéticos llevaron a que el país comenzara a hablar del boom y la locomotora minera y energética. Sin embargo, casi una década después del inicio del boom la situación del sector es complicada. Se podría hablar de 4 situaciones. Por un lado, un cansancio de las empresas, del movimiento social y comunidades locales y de las autoridades en materia ambiental y energética. Las empresas desde el año 2015 entraron en un fuerte desespero; a la caída de los precios de estos productos no renovables, se le sumó un bloqueo territorial a sus inversiones. Protestas, bloqueos viales, sabotajes han llevado a que muchos empresarios consideren salir del país. Se quejan de que no hay voluntad de diálogo y de una institucionalidad incapaz de plantear una solución para el sector. Por su parte el movimiento social y las comunidades locales han dicho que sus territorios se feriaron, que además no hubo ninguna consideración ambiental y sobre todo que no han visto nada de riquezas o de mejora de su calidad de vida producto de estas inversiones. Lo único que han visto son desastres ambientales y caos. Por su parte las autoridades ambientales y mineras no tienen capacidad humana, ni presupuestal, ni jurídica para controlar el boom minero energético. En segundo lugar, cuando se adjudicaron los polígonos mineros se impuso el principio de “primero en el tiempo primero en derecho”. Lo que significaba que el primero que tuviera una licencia quedaba con el derecho legal de explotar un territorio sin importar si en él había explotaciones artesanales, informales u otro tipo de producción familiar o comunitaria. Cómo era de esperarse esto causó no solo un caos social, sino una gran especulación social, política y económica. Por ejemplo, de un polígono de exploración de oro, se pueden explorar 10 mil hectáreas y al final solo se explotan mil, en todo caso al menos durante la primera y segunda etapa las comunidades entienden que son 10 mil hectáreas las que se verán afectadas. Llega mucha población foránea atraída por el boom, los predios rurales se encarecen, comienzan los problemas de linderos, llega la prostitución y el licor y con ellos la minería criminal y al final todo es un caos. El Estado no tuvo ningún criterio mínimamente organizativo para esta adjudicación. Lo tercero que sucedió es que al momento de entregar los polígonos y bloques no hubo un mínimo de criterio ambiental y social. De hecho, se adjudicaron zonas cercanas al parque nacional de la Macarena y a la reserva de Caño Cristales, lo cual fue un escándalo hace algunas semanas, también se adjudicaron zonas de páramo y de importancia ambiental. Por último, las comunidades locales y administraciones públicas regionales y locales no se sienten participes de los dividendos del boom. Temas de corrupción, ineptitud administrativa e iniquidad en la distribución de las riquezas han llevado a que departamentos que han recibido más de 1 billón de pesos en regalías en 10 años tengan aun la muerte de cientos de niños por hambre y sed, como La Guajira más de 6 mil niños muertos en los últimos años. Este cansancio es realmente impotencia por parte de todos estos actores sociales y políticos. Ahora que comienza la negociación con el ELN en Quito y que el tema minero-energético ha sido la principal bandera política de esta guerrilla y más aún cuando el modelo de negociación crea un mecanismo de participación social, se posibilita una oportunidad única para hacer un debate concreto sobre el tema de ordenamiento territorial y con ello determinar que territorio se dedica a la producción campesina, que a la ganadería, que a la minería y que queda con protección ambiental, es decir, aprovechar para poner una reglas mínimas de juego. De ahí, que esta negociación sea importante para de una vez por todas aclarar el ordenamiento territorial nacional. Columna de opinión publica en Elpaís.com.co

El inicio de esta negociación ha estado en medio de una serie de obstáculos y guerra de micrófonos. A principio de año, cuando se anunció que la fase secreta o de exploración se había terminado y se había logrado construir una agenda para comenzar la fase pública de la negociación de paz, se pensó que en solo cuestión de semanas se arrancaría con la mesa de Quito. Sin embargo pasaron varios meses y nada de eso fue posible, la razón fue el tema del secuestro. Un día antes del dicho anunció el presidente Santos exigió al ELN la liberación de los secuestrados y declarar el fin del secuestro, esa era la condición para el arranque de la fase pública. La guerrilla manifestó que eso no estaba dentro de los acuerdos y además que el tema del secuestro es un sub-punto dentro de la negociación, así que no dependía de una decisión unilateral, sino de una negociación. Al final se acordó que el ELN liberaría 4 secuestrados y a cambio el gobierno liberaría a dos presos del ELN para que participaran en la negociación.Además, se acordó que se comenzaría a negociar sobre los temas de humanización del conflicto. Como estaba previsto el ELN liberó dos secuestrados, entre ellos el ex alcalde del municipio de Charala de Norte de Santander. El último liberado sería Odín Sánchez. Todo parece indicar que aquí fue donde se presentó el problema de la semana pasada. Para el ELN el haber liberado dos de los cuatro secuestrado era ya un paso importante y mostraba confianza, de tal forma que el cuarto secuestrado sería liberado solo después de que el gobierno liberará los dos prisioneros, para algunos miembros del ELN liberar las cuatro personas sin que se produjera la liberación de los dos prisioneros era muestra de debilidad. Por el contrario, el gobierno nacional manifestó que solo liberaría los dos prisioneros cuando los cuatro secuestrados del ELN estuvieran libres. Dicho tire y afloje llevó a que la semana, pasada por segunda vez, se frustrara el arranque público de la mesa de negociación. La expectativa es saber si Odín Sánchez estará libre antes del 3 de noviembre. Esta situación es fácilmente subsanable, es decir, si el ELN cumple y libera a Odín Sánchez arrancaría la mesa de negación. En la medida que este asunto no es un tema de la mesa de negociación no se puede hablar de una crisis en la mesa. No debe olvidarse que los primeros ciclos de conversación se basan en la creación de confianza de las partes. Obviamente el tema de la semana pasada o de lo que se ha llamado la mesa vacía tiene dos connotaciones fuertes. Por un lado, un asunto humanitario donde las familias de los secuestrados no hacen más que sufrir con los anuncios frustrados sobre la liberación. Pero por otro lado, el impacto es a nivel internacional, es decir, después del fracaso del plebiscito, la imagen del gobierno queda muy mal con una nueva frustración en el arranque de una negociación. Aun así, de superarse este impase es alentador el futuro de le negociación. El equipo negociador del gobierno es bastante fuerte y el equipo del ELN da cuenta de toda su diversidad. Contrario a lo que se pensaba el ELN llega bastante unido a la mesa. El listado de los 19 negociadores no dice mucho, ya que unos días antes de la publicación del mismo los jefes del ELN se cambiaron el alias. A excepción de Pablo Beltrán, los otros se cambiaron el nombre, pero ya se saben varios personajes que participarían. Por ejemplo, todo parece indicar que como representante de alías Pablito Arauca en la mesa estaría alías el Chino, quien es el comandante político del domingo Laín. También esta alias la Negra, quien fue la esposa del líder del ELN muerto por paramilitares Milton Hernández y también esta Carlos Muñoz estos dos personajes representarían la comisión internacional del ELN. También esta alías Paula, que representa las estructuras del Magdalena Medio y su nuevo alías sería el de María Helena Buitrago. Por su parte Juan Carlos Cuellar que sería uno de los dos liberados por parte del gobierno sería el encargado de la parte social y además representa a las estructuras del sur occidente del país. Columna de opinión publicada en Caracol Radio

Los Magistrados de Restitución de Tierras han condenado 19 reconocidas empresas del sector financiero, cementero, minero, agropecuario, bananero y palmicultor a devolver 53.821 hectáreas de tierra a campesinos despojados; en contraste, el Uribismo propone una Ley de impunidad para los que adquirieron tierras con el despojo y pretende reformular el acuerdo agrario con las Farc logrado en La Habana. Las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación analizaron y transcribieron apartes de 24 sentencias donde los Magistrados señalan que las empresas hicieron caso omiso de la notoriedad y conocimiento público sobre la violencia generalizada que padecían esas regiones y se aprovecharon del desplazamiento y del despojo de tierras ocasionado por el conflicto armado, por lo que a ninguna se le reconoció compensación en dinero al no cumplir con los requisitos que exige la ley sobre la buena fe exenta de culpa. En cuanto a las empresas mineras, la orden de los Magistrados consistió en suspender el estudio y trámite de exploración y explotación minera hasta tanto no se cumpla con la consulta previa requerida en territorios de comunidades indígenas. En el caso del sector bancario, los Magistrados le negaron la compensación en dinero a una entidad, por no haber hecho ningún esfuerzo investigativo que le permitiera concluir que la tierra recibida en garantía era producto del despojo a través de hechos de violencia. Informe Empresas y Restitución de Tierras Descargar

Así se HACEN LLAMAR dos de los negociadores que el ELN ha designado para que lo representen en la mesa con el gobierno nacional en Quito, Ecuador. Voy a hablar de ellos y también diré algo de un tercero, Juan Carlos Cuéllar, que por años ha estado en la Cárcel Bellavista, en Medellín, y ahora sale a participar en las conversaciones. Acabo de ver una entrevista a Pablo Beltrán en RT, Russia Today, una cadena de televisión. Decía que ahora es posible llegar a un acuerdo de paz porque han madurado el establecimiento, la sociedad y la insurgencia. De las elites políticas destaca que están partidas y al mando se encuentra ahora un sector que quiere la salida negociada, mientras hay una derecha violenta encabezada por Uribe que se le opone. De la sociedad resalta que la victoria estrecha del No en el plebiscito desató una enorme reacción en defensa de los acuerdos y un gran clamor por la paz. De la insurgencia señala que hay una disposición a responder positivamente a esa demanda de la ciudadanía expresada en la movilización. Ese tipo de reflexiones son comunes en Pablo Beltrán. Lo escuché muchas veces sacando enseñanzas de los acontecimientos en las reuniones del comando central del ELN en los años ochenta del siglo pasado. Es una persona inteligente y metódica. Es probable que en estas frases haya definido los fundamentos de la negociación que adelantará esta guerrilla en los próximos meses. Si el ELN se apega al enunciado de que hay una nueva situación en el país –un cambio trascendental en las fuerzas que han gobernado y en la sociedad y en la propia guerrilla–, establece una lógica que lo llevará muy pronto a firmar un acuerdo de paz. Beltrán es, además, plenamente consciente de los límites que tienen los dirigentes en el ELN, sabe que no pueden ir más allá de los consensos internos. Si ha dicho estas cosas es porque hay un nuevo ambiente en el seno de su organización. Aventuro esta hipótesis optimista porque, además de compartir con él la experiencia en el comando central, lo ví retirarse silenciosamente en dos oportunidades de las negociaciones de paz cuando comprendió que en el ELN no había condiciones para seguir adelante, cuando supo que en las filas de su grupo no aceptarían algunas exigencias del Estado. Lo hizo cuando ya estaba bastante avanzado el diálogo con el gobierno de Pastrana y también cuando ya se había logrado un acuerdo base con el gobierno de Uribe. A Carbonel lo conocí mucho antes que a Beltrán. Milité con él en grupos de la izquierda de los años setenta y con él llegué al ELN y a su dirección nacional. Sociólogo de profesión, había sido profesor de la Universidad de Antioquia y ejercía un liderazgo indiscutible sobre un importante grupo de intelectuales que en ese momento debatían sobre los caminos de la revolución en las universidades del país y pertenecían a la tendencia marxista- leninista. Es agudo y estudia cada cosa que dice y argumenta con gran oficio, pero cuando me despedí de él, en los tiempos en que me retiré del ELN, hace 25 años, lo sentí cansado de controversias y diálogos infructuosos y dispuesto a meterse de lleno a la acción armada y a la clandestinidad, en la búsqueda del esquivo triunfo que todos habíamos anhelado. Quería ganar reconocimiento y respeto en una guerrilla de un fervor especial por el sacrificio. Si ahora ha aceptado la responsabilidad de la negociación es porque cree que existen grandes posibilidades de que salga un acuerdo de paz definitivo y ha sentido que sus compañeros confían en su lealtad. A Cuéllar lo conozco menos. Lo he visto dos veces. Pero he seguido de cerca sus múltiples reuniones en la cárcel con líderes políticos y sociales que lo han visitado para insistir una y otra vez en la importancia de que el ELN se venga a la vida civil y para hablar de los temas de la paz. He oído de su preocupación constante por la suerte de las organizaciones sociales, de su interés por un diálogo social que incorpore a empresarios y al gobierno nacional. Mantiene sus nexos con el departamento del Cauca donde ejercía mando al momento de su captura. Entiendo que se encargará de organizar la mesa social como un escenario de diálogo paralelo y complementario de las conversaciones de Quito. Del éxito que tenga este espacio depende en gran medida la marcha de la negociación, porque el ELN ha puesto su máxima atención en la participación ciudadana en el proceso de paz. Hace muchos años me retiré del ELN y aunque he dedicado bastante tiempo a investigar el accionar de estas organizaciones y a seguir las negociaciones de paz no resulta fácil hablar con certeza del camino que seguirá. Ellos, además, se han ganado la fama de que son más complicados que las Farc y tienen muchas diferencias internas. Precisamente al momento de escribir esta columna está en vilo la apertura de conversaciones, porque el frente guerrillero del Chocó no ha sido capaz de liberar a Odín Sánchez. Pero el perfil de los negociadores y la nueva visión que transmite Pablo Beltrán dan para pensar que esta vez van en serio hacia un acuerdo de paz. Columna de opinión publicada en Revista Semana

No ha sido suficiente los más de 6 mil niños muertos de hambre y sed, no ha bastado las imágenes de hambruna en La Guajira y no ha significado nada los centenares de pruebas que muestran como la élite política de La Guajira, en una alianza con mafias, se ha robado el departamento. Nada de esto ha bastado para que el Gobierno Nacional tome una decisión de intervenir en La Guajira. Lo único que se ha logrado es el anuncio de la creación de un Conpes, que fue comunicado por el presidente de la República y en la foto salió con todos los políticos o mejor bandidos que se han robado el departamento. Popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso. Los culpables, de todos los niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres muertos de hambre y sed, son los políticos corruptos de ese departamento. Por ejemplo, el municipio de Uribia, donde más casos de muertes se presentan, recibió casi 200 mil millones de pesos en regalías de carbón y parece que esa plata se fue por un sifón, pues ni siquiera tiene un sistema de acueducto estable para las zonas pobladas de ese municipio. El siguiente cuadro muestra las regalías por carbón que recibieron estos municipios y el departamento en 8 años. Casi 1 billón de pesos y todo ha sido robado. Y este robo no era para menos, siempre la disputa política en La Guajira es de mafias. De hecho, las elecciones atípicas que ocurrirán en algo más de una semana, el 6 de noviembre, no son la excepción; dos mafias o grupos criminales se disputarán en poder. Por un lado la casa de Kiko Gómez, el gobernador electo en 2011 quien fue destituido y se encuentra preso por acusaciones de homicidios y corrupción. Algunas versiones indicarían que son más de 100 muertos lo que lleva a sus espaldas, además se le acusa de tener vínculos con criminales como con Marcos Figueroa o Marquitos, reconocido narcotraficante guajiro. En esta casa también está la exgobernadora Oneida Pinto, quien fue destituida hace algunas semanas por una inhabilidad al momento de presentarse como candidata en 2015. No obstante dejó pelado el presupuesto del departamento en los pocos meses que estuvo en el poder; las denuncias del actual gobernador encargado Jorge Enrique Vélez así lo corroboran. Además Pinto es muy cercana al confeso narcotraficante Gervasio Valdeblánquez, quien fue miembro del cartel de Medellín. En esta casa también están figuras públicas como lo son el Congresista Liberal Antenor Durán, la dirigente Emilsa Rojas y el exsecretario de Gobierno Roger Romero, quienes estuvieron apoyando a Kiko Gómez en su momento. También se encuentra Carlos Robles, el rector de la Universidad de La Guajira quien fue capaz de entregar un Honoris Causa a Kiko Gómez el 9 de diciembre de 2011, seguramente por sus buenos oficios en el crimen. Robles es uno de los nuevos poderes políticos del departamento y acusado por varios sectores de estar vinculado a criminales. Esta casa política apoya a Norberto “Tico” Gómez como candidato a la gobernación. En su carrera política fue candidato a la Alcaldía de Uribía en 2015, con el aval de Opción Ciudadana, donde salió electo su opositor Luis Enrique Solano Redondo, del partido Liberal Colombiano. Actualmente Gómez es candidato a la Gobernación de La Guajira por el partido Opción Ciudadana. No debe olvidarse que a la casa política que lidera el preso Kiko Gómez la ha amparado el partido Cambio Radical, quienes ante la destitución de sus dos últimos gobernadores y las evidentes pruebas de alianzas con la mafia no entregaron aval directo, pero todo su aparato esta apoyando a Tico Gómez. Los alcaldes Fabio Velásquez de Riohacha, José Carlos Molina de Maicao y Luis Manuel Daza de San Juan del Cesar, todos de Cambio Radical apoyan a “Tico” y reciben órdenes desde la cárcel por parte de Kiko Gómez. La otra casa política o mafia es la que gobernó al departamento en la época que dominó las AUC al mando de Jorge 40. Una facción del partido conservador liderada por Jorge Pérez Bernier creó el movimiento Nueva Fuerza Guajira. Los vínculos de Bernier con el crimen son claros, por ejemplo, Bernier recibió el apoyo de Dilger Becerra en su segunda administración. Dilger Becerra era el principal blanqueador de dinero de ‘Los Rastrojos’ en La Guajira, su esposa, Claudia Mesa, fue secretaria de Salud en la segunda administración de Bernier. Poco antes de las elecciones locales de 2011 Becerra murió acribillado a manos de hombre armados de Marcos Figueroa en la famosa “guerra de mafias”. También en esta casa política se encuentra Cielo Redondo, recientemente capturada por todo tipo de ilegalidades, esta mujer fue alcaldesa del municipio de Uribia en tres ocasiones, y su hijo es el actual alcalde. Cielo Redondo, para muchos es una jefa criminal en el norte del país. Entre otras su hermano Alfredo y uno de sus sobrinos trabajan para la banda criminal de Emi Solano, responsable de una importante cantidad de secuestrados y quienes controlan gran parte del tráfico de gasolina desde Venezuela. Además a Cielo se le acusa de relaciones con el narcotraficante y jefe de Bacrim alias ‘Pablo‘. Esta casa política además cuenta con la familia Deluque liderada por el congresista Alfredo Deluque, familia a la cual se le acusa de tener varias ONG de fachada que contratan la alimentación para niños en La Guajira, obviamente con el objetivo de desfalcar al departamento y al ICBF. La casa de Nueva Fuerza Guajira tiene como candidato a Wilmer González, quien entre 1990 y 1994 ejerció en las Secretarías de Planeación, Obras y Educación Municipal en Uribia. Además fue electo Alcalde para el período 1995-1997. Es hermano de José González Brito quien fue representante a la Cámara como tercer renglón en una lista que encabezó Marcos Iguarán y Rodrigo Daza Cárdenas. José González está detenido por una investigación que le acusa de servir de apoyo a los grupos armados ilegales que operan en la alta Guajira y que en su oportunidad comandó alias ‘Pablo‘. La segunda esposa de Wilmer González, Laura Andrioli, se desempeñó como Secretaria de Asuntos Indígenas del departamento de La Guajira. A ella le fue expedida orden de captura en el 2006 por irregularidades en la construcción de jagüeyes en los resguardos indígenas. En sentido estricto se robó el departamento. Además de todo lo anterior no debe olvidarse que La Registraduría municipal de Uribía esta manejada por Fredy Becerra sobrino de Dilger Becerra y cuota de Bladimiro Cuello. Gane quien gane se van a robar nuevamente el departamento, se requiere una intervención integral del gobierno colombiano. Debido al estado de cosas inconstitucionales solicito se aplacen las elecciones y se realice una intervención inmediata. * arielfavila@gmail.com Temas relacionados Mafias guajiras a la reconquista del poder local

Elecciones atípicas en la Guajira El departamento de La Guajira ha tenido que enfrentar inestabilidad política por la presencia de mafias al interior de la administración local, que han desangrado sus finanzas al punto en que sus habitantes han tenido que enfrentar problemas de salud y alimentación, sin que nadie en el territorio se preocupe por cambiar estos hechos. A lo largo de los últimos 8, cinco de las gobernadores elegidos, han tenido problemas legales y han sido destituidos e inhabilitados. Tal es el caso de Oneida Pinto, con lo cual se abrió de nuevo la necesidad de llevar a cabo elecciones atípicas el próximo 6 de Noviembre. En los últimos 30 años dos casas políticas se han enfrentado por el control del departamento; La Gran Alianza, en cabeza del ex gobernador “Kiko Gómez”, con el representante Antenor Durán y el rector de Uniguajira, Carlos Robles; y Nueva Guajira, que dirige el exgobernador Jorge Pérez Bernier, y el representante Alfredo Deluque, del partido de la U. Para los nuevos comicios se presentaron 3 candidatos, 2 representantes de estas casas políticas y uno independiente: Norberto “Tico” Gómez, avalado por el partido Opción Ciudadana; Wilmer González Brito, con el aval del partido de la U en alianza con el Conservador; y, Luis Gómez Pimienta, por el partido Unión patriótica, respectivamente. Conozca aquí la trayectoria y red política de cada uno de los candidatos. Luis Eduardo Gomez Wilmer David González Brito Norberto Tico Gómez Campo Análisis relacionados Por favor, suspendan las elecciones El fraude electoral de ‘Kaloy’ y González en La Guajira