El proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pasará a su fase pública con la instalación de la mesa de conversaciones en Quito, Ecuador el próximo 27 de octubre. Los grupos de negociación de las partes, ya están dispuestos y se han dado a conocer. La guerrilla del ELN, anuncia quienes serán en sus negociadores: Pablo Beltrán Aureliano Carbonell Bernardo Téllez Vivian Henao Consuelo Tapias Isabel Torres Silvana Guerrero María Helena Buitrago Miriam Barón Gustavo Martínez Manuel Cárdenas Óscar Suárez

Un nutrido grupo de estudiantes universitarios se reunieron con la Comisión de Paz del Senado de la República para elevar algunas propuestas a la mesa de diálogos con las Farc y reiterar su apoyo a la paz en Colombia. Bogotá, 25 de octubre de 2016 Señores: MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA HABANA Proceso de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC EP Bogotá — Colombia. Respetados negociadores del Gobierno colombiano y de las FARC-EP: Nosotros los estudiantes de varias universidades en representación de muchos otros jóvenes del país como Acuerdo Ya, queremos agradecerles por la gran oportunidad histórica que este proceso de paz nos ha brindado a todos los colombianos. Hoy, finalmente, después de 52 años de guerra entre el Estado colombiano y el grupo de las FARC-EP, podemos vislumbrar una luz ante tanta oscuridad que hemos padecido. Por lo anterior y por los resultados presentados en las urnas el pasado 2 de octubre en el Plebiscito, Miles de jóvenes alzamos la voz y salimos a las calles de nuestro país a manifestarle a Colombia que queremos un cambio, a decirle que no queremos seguir viviendo de la misma manera, a decirle que nos cansamos de las mismas formas políticas, del discurso agresivo, los engaños, la polarización y la incertidumbre de nuestro futuro, nos cansamos que otros decidan por nosotros. Nuestro futuro no se trata de intereses, vanidades, y egos políticos; nuestro futuro debe cambiar el miedo por esperanza. Ya sabemos que pasó los últimos 50 años, ahora nosotros escribiremos los próximos años de una manera diferente. Somos la generación del cambio, Somos la generación que quiere sentir que tiene futuro, Somos la generación de la paz, Nuestras acciones serán más grandes que las palabras y por esto nos comprometemos: a aprender a dialogar, a escuchar, a entender que mi vecino tiene los mismos derechos ‘que yo, a desarmar nuestras palabras y a cambiar la violencia por argumentos, a perdonarnos y reconciliarnos con quienes nos hayan lastimado por mínima que esta haya sido; a ser los veedores de la implementación de éste y de los futuros procesos de paz. No vamos a dejar pasar nuestro momento, y por ello exigimos como principios en esta coyuntura nacional: Que las víctimas sigan siendo el centro de estos acuerdos; el corazón de este proceso debe seguir vivo. Que el cese al fuego se mantenga se cuide y se proteja; ningún colombiano vale más que otro. Acabar con la polarización, las mentiras y la manipulación que entorpecen éste proceso. Movilización deliberativa: bienvenidas las ideas, propuestas e iniciativas. La ONU se queda y cuida la vida de los Guerrilleros y sigue con su verificación; éste es imperante. La mesa de negociación sigue con su legitimidad y escuchamos su voz. Que las nuevas propuestas sean un avance y no un retroceso de la ya acordado. Con sustento a las anteriores máximas, a continuación mencionamos lo que consideramos como esencial del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: Frente a la Reforma Agraria Integral Consideramos que el acuerdo de Reforma Agraria Integral debe conservar su espíritu, el cual está centrado en el beneficio y protección de los derechos del pequeño y mediano campesino, alrededor de la distribución, acceso y derecho a la tierra, en los cuales este debe gozar de preferencia así como de aquellos que han sido víctimas del conflicto. También consideramos que las propuestas que se incluyan en este punto deben versar sobre elementos que mejoren las condiciones de los ya mencionados como también deben tomar como punto de partida a las poblaciones marginadas como es el caso de la mujer campesina. Frente a la Participación en política El acuerdo sobre participación política debe mantener como principios rectores: La apertura democrática en Colombia 2. El sostenimiento y ampliación de las garantías institucionales y de seguridad a la oposición política para los nuevos actores políticos y sociales. En ese sentido, debe defenderse el respeto al enfoque territorial y la participación política pluralista con garantías especiales para los habitantes de las zonas más golpeadas por el conflicto en el país, así como a las mujeres y a la población LGBTI. Frente a la Solución al problema de las drogas ilícitas Se deben respetar los lineamientos de la formulación de política integral donde se conserve el enfoque que el acuerdo propone para hacer frente al problema de las drogas ilícitas, enfatizamos en consecuencia los siguientes puntos: El tratamiento diferencial de cultivadores, consumidores y traficantes o comerciantes de drogas ilícitas 2. Los incentivos y proyectos del PLAN NACIONAL DE SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS que dependen de la implementación de la REFORMA AGRARIA INTEGRAL 3. La protección del medio ambiente a través de la erradicación preferentemente manual de los cultivos ilícitos, además de ello la suspensión definitiva de las fumigaciones con glifosato. Frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia. Reparación y No Repetición. Respecto al punto de las víctimas, creemos que el modelo de justicia y de reparación tiene que seguir fundamentado en la verdad como principio para: Reparar a las víctimas Reconstrucción histórica del conflicto Reconocimiento de todos los actores del Conflicto Ayudar a la localización de los desaparecidos por el conflicto armado Lo anterior conlleva como consecuencia a: Mantener un sistema donde el sujeto central sea la víctima y no el victimario, por lo que abogamos el modelo de justicia restaurativa contemplado en el acuerdo. Asegurar que todas las personas que intervinieron directa o indirectamente en el conflicto y causaron daño contribuyan a la reparación de las víctimas. Que todos los agentes del conflicto sean investigados, juzgados y sancionados bajo el mismo sistema de justicia, el cual debe seguir siendo autónomo e independiente. Mantener instituciones que menciona el acuerdo como: La Comisión de la Verdad; El Tribunal Especial para la Paz; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Y por último y no menos importante, la reconstrucción de nuestro tejido social la cual debe hacerse bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no, para: Reparar integralmente a las víctimas y restituirles a ellas, las tierras que les fueron despojadas; Recuperar las practica sociales; Promover los pactos de perdón y convivencia; y Ofrecer seguridad a todos aquellos que hayan sido participes de este conflicto. Frente a la Implementación de los acuerdos En el punto de implementación la esencia de este acuerdo se basa en: La construcción de un pacto político nacional en el cual la sociedad civil sea veedora de la implementación del acuerdo en su conjunto 2. Debe perrnanecor el acompañamiento internr,,nional para la verificación, implementación y reincorporación 3. Conformar redes de apoyo nacional que aseguren de manera eficaz la verificación, implementación y la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, legal y constitucional. Frente al Enfoque de género El espíritu del acuerdo va en pro de la defensa de los derechos de las poblaciones vulneradas con ocasión del conflicto armado en Colombia en dos sentidos: Por su condición y reconocimiento como víctimas del conflicto; y 2. Por su doble condición de víctimas y de género dentro del mismo conflicto. En ese sentido, destacamos la importancia de incluir este enfoque como transversal a cada uno de los puntos del acuerdo y punto de partida para la implementación de los mismos. Frente al procedimiento de negociación El movimiento estudiantil ha considerado que la legitimación de la negociación está en cabeza de la mesa de la habana, pues si bien los resultados democráticos del dos de octubre abren la posibilidad de dialogar para mejorar ciertos puntos de los acuerdos, ello no significa que la legitimidad y la representación de la mesa de la Habana haya cambiado, todo lo contrario, reafirma el compromiso y el deseo de paz de los que allí se encuentran sentados. También creemos que es pertinente aclarar que por cuestiones de celeridad y transparencia, las negociaciones de la mesa de la Habana deben: – Señalar a la ciudadanía un cronograma claro del proceso de negociación. – Y Comunicados diarios de lo que ocurra en la Habana Cordialmente, ACUERDO YA

El Gobierno Nacional delegó a un grupo de personas para negociar en el proceso de paz con el ELN, que en su mayoría son expertos en temas minero ambiental. Juan Sebastián Betancur Nació en Medellín, es abogado de la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Se ha desempeñado a lo largo de su carrera en cargos de nivel empresarial, su labor profesional es reconocida por la dirección por varios años en la Fundación Proantioquia, que reúne a las empresas del Grupo Empresarial antioqueño. Betancur, ha tenido gran incidencia y participación en el proceso de paz con las FARC y ha respaldado al presidente Santos desde la iniciativa de diálogos con el ELN. Su apoyo como miembro negociador servirá como puente entre los intereses empresariales del país, y a los posibles acuerdos que se pueden llegar con la guerrilla en materia económica. Luz Helena Sarmiento Geóloga santandereana, con amplios conocimientos ambientales, fue exministra de Ambiente y exdirectora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Sus conocimientos, en hidrocarburos y minería, le permitirán en la mesa de negociación abordar estos temas de la agenda, siendo uno de los más complicados de tratar con el ELN por su ideario de anti-explotación en las zonas donde hacen control territorial. Adicionalmente, Sarmiento se ha desempeñado en labores como directora de relaciones externas en Ecopetrol y directora de relaciones con la comunidad de Carbones del Cerrejón. Juan Mayr Experto ambientalista, fue Ministro en este rubro en el gobierno de Andrés Pastrana. Mayr, es hombre de confianza de Juan Manuel Santos, y desde su conocimiento en temas ambientales centrará su papel como negociador en los temas de explotación de recursos minero-energéticos. Fue el creador de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta y se desempeñó como vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En efecto, se prevé un trabajo conjunto con Luz Helena Sarmiento. Mayr, también se ha desempeñado como embajador en Alemania, lo que ayudará en materia de confiabilidad internacional del proceso de paz con el ELN. General Eduardo Herrera Berbel El General Herrera Berbel, será el representante de la Fuerza Pública, determinante en los puntos de agenda en relación con desmovilización y dejación de armas de los combatientes del ELN. Fue director de la Escuela Superior de Guerra y ha estado a cargo de batallones de infantería y brigadas del Ejército. Su aporte en los temas de negociación de paz también serán desde su conocimiento en la academia, es especialista en la resolución de conflictos y manejo de los valores militares. Como exdirector de la Universidad Militar, puede brindar oportunidades de acercamiento a los distintos medios y espacios académicos en el país. El General Herrera Berbel, se mantiene como negociador con el ELN desde sus inicios exploratorios hasta la fase pública. Alberto Fergusson Médico psiquiatra egresado de la Universidad del Rosario, en estos momentos hace parte de su Consejo Directivo. Desde su labor como psicólogo, se ha centrado en la defensa de los derechos de los enfermos en el país. Fergusson, ha utilizado su conocimiento en psicoanálisis para el estudio de las víctimas en los escenarios de conflicto y posconflicto. Como director de Caprecom, logró incorporar el componente psicológico a la práctica médica. En la mesa de negociación con el ELN, servirá de apoyo en las apuestas por consensos entre las partes.

Uno de los principales puntos de la renegociación que propone el senador Uribe hace referencia a modificar de fondo la Jurisdicción Especial para la Paz. Se lee en las declaraciones de los miembros delCentro democrático tres asuntos. Primero; cárcel para las FARC, es decir, que no se den beneficios jurídicos como la restricción a la libertad. Segundo, que la justicia solo aplique para las FARC, mientras que para agentes estatales, que también cometieron crímenes, se tramite una ley en el Congreso sobre benéficos jurídicos: es decir para unos si habría justicia y para otros no. Lo tercero que piden es que no se ponga en marcha el Tribunal Especial para la Paz, que es el ente encargado de juzgar los crímenes internacionales, esta figura es creada en los acuerdos de La Habana. Lo que plantea el Centro Democrático es sencillamente inviable, pero además peligroso. Existen varios argumentos. Por un lado, plantear unajusticia a la carta donde algunos sean juzgados y otro no, no es aceptable para la comunidad internacional. Los sectores de las FF.MM. deben entender que para la comunidad internacional “o todos en la cama o todos en el suelo”. Pero beneficiar a unos y penalizar a otros no haría otra cosa que provocar una extradición de agentes estatales en 5 o 6 años. Nótese como en los procesos internacionales como el caso de Sudan y ahora más recientemente Sudan del Sur y en el caso de Siria, a la comunidad internacional le interesa más los agentes estatales que los criminales. La explicación a esto es que para muchos expertos en derecho internacional, el agente estatal que comete crímenes es doblemente responsable. Es decir, de un criminal o ilegal se puede esperar cualquier cosa, pero los agentes estatales están para proteger a la población, por tanto, un acto criminal significa también una traición a la confianza que la ciudadanía le entregó a ese agente. Por otro lado, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, no se iguala a los agentes estatales y a los guerrilleros. Por ejemplo, todas las acciones de las FARC son ilegales, mientras que para el caso de las Fuerzas Militares sus acciones en el marco del conflicto se presumen legales, es decir, hay que entrar a demostrar que fue lo ilegal. Por tanto la JEP es el mejor modelo de justicia transicional, que garantiza independencia, pero además garantiza un blindaje internacional. Igualmente, la JEP es muy clara en decir que serán objeto de revisión aquellos agentes estatales y no estatales determinantes de acciones en el marco del conflicto armado. Lo cual garantiza una justicia con verdad, perdón, restauración y garantizas de no repetición completa, que permita el cierre total de más de 52 años de conflicto. Lo anterior significa que a campesinos o ganaderos que se vieron obligados a pagar una extorsión no serán objeto de análisis de la JEP, pero si fue un empresario o político que se valió de grupos armados legales para acaparar tierras o para lograr votaciones atípicas pues si será objeto de revisión. Así las cosas no habrá cacería de brujas ni nada por el estilo. Los empresarios deben estar tranquilos al igual que los ciudadanos en general. La JEP solo concede inmunidad al presidente y los expresidentes, todos los demás agentes que participaron en el conflicto armado podrán ser objeto de esta justicia. De hecho, el ex presidente Uribe en lugar de criticar este buen modelo de justicia debería proponer que se quite dicho veto y que también los ex presidentes puedan entrar a la JEP. Además, si fuera cierto lo que dice el senador Uribe de que esa justicia traerá impunidad, pues con mayor razón que promueva la inclusión de los ex mandatarios. No debe olvidarse que durante los 8 años de gobierno Uribe presuntamente se habrían cometido más de 3 mil falsos positivos. Por último, la JEP se fundamenta en la verdad y el la reparación integral a las víctimas. Así por ejemplo, para los actores que colaboren, digan toda la verdad, restauren y den garantías de no repetición habrá una sanción de restricción a la libertad que puede ir entre 5 a 8 años. Para los que digan parcialmente la verdad habrá 8 años de cárcel y para lo que no colaboren podrá haber un castigo de cárcel de entre 15 y 20 años. Es decir, la JEP contempla la posibilidad de cárcel y premia la verdad y la reparación integral. Así las cosas, el senador Uribe no quiere impedir la impunidad sino promoverla cuando manifiesta su deseo de que la JEP no exista. Opinión publicada en Poder y política de caracol.com.co

Esa famosa frase, que suele mencionarse en fiestas y zafarranchos en Colombia, que culmina con ese adjetivo despectivo – marica- , tratando de emular al fallecido cantautor Diomedes Díaz, es el reflejo de lo retardatorios y discriminatorios que somos ante la diversidad de género. Aquí, en el país del “sagrado corazón de Jesús”, en donde se confunde las desgracias de unos con milagros para otros, sucedió uno de los casos más absurdos de intolerancia. Brayan Garzón, un joven de 22 años que salió maquillado a la tienda, por el baby shower de su hijo, terminó asesinado a pocas cuadras de su casa. Muy seguramente, la deidad en la que crea cada quien, no lo revistió de ningún “manto protector” cuando le propinaron 5 apuñaladas, y falleció minutos después de llegar a un centro asistencial al sur de Bogotá. Así, pues, me encontré con la nefasta noticia de Brayan. La tradición de maquillar al hombre en los baby shower es muy común en Colombia, es una práctica que tiene lugar en la apertura de los regalos, en donde ante cada desacierto en las características del obsequio se pinta una parte del rostro. No obstante, en la tienda donde realizaba una compra a poca de distancia de su casa, una mujer y su grupo de amigos no entendieron la lógica de la tradición. A cambio, procedieron a lanzar improperios y actos violentos contra el joven, lo cual, resultó en el trágico suceso. Lo anterior, pone el dedo sobre la llaga de una realidad que se esconde detrás de sotanas, políticos y grupos armados: los asesinatos por prejuicio, numerosos e invisibles. Esto, a la luz que la fe y la politiquería mueve montañas. De dinero. De garajes. Y, si les va bien, de armatostes de cemento. Sin embargo, no mueve montañas de tolerancia ni de respeto. Por el contrario, promueven la invención de sinsentidos, algo de lo que somos buenos los colombianos, como los «falsos positivos»: dos palabras sin sentido. Entonces, engendran la «ideología de género», que no es más que una insensatez, un aborto idiomático, con el objetivo de desinformar y promover la intolerancia ante la diversidad. Pero, antes, retomemos el caso de Brayan. Si bien este caso causa conmoción en la comunidad, esto se debe a que fue asesinado en un “mal entendido”, es decir, su condición heterosexual produce rechazo por el acto de intolerancia. No obstante, si hubiese sido realmente un travesti o un homosexual, sin lugar a dudas resonarían aquellos que dirían “bien hecho, por marica”. Así, como el pastor bautista en Estados Unidos, Roger Jiménez, quien celebró la masacre en Orlando proclamando que “la tragedia es que no hayan muerto más”. En efecto, lo grave de este asunto, es que la visibilidad de los asesinatos y persecución en la comunidad LGBTI no se trate de igual manera que los homicidios y feminicidios. Antes de ser hombres, mujeres, o lo que deseen ser, son personas. Son vidas que deben protegerse. Sin ir más allá, analicemos los asesinatos en la Colombia rural de población LGBTI que no ha sido víctima desprevenida del conflicto armado. Por el contrario, han sido asesinados y perseguidos de forma sistemática y, sobre todo, por su diversidad sexual. Es por esto, que la “ideología de género” vende, porque se les quiere seguir sometiendo a una restricción institucional de igualdad de oportunidades y derechos, como cualquier otro cristiano del común. Por esta razón, en el verdadero enfoque de género de los Acuerdos de Paz, se propone concederles la condición de población vulnerable. Según el informe «Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar», elaborado por Colombia Diversa, al menos 164 integrantes de la comunidad LGBTI fueron asesinados en Colombia entre 2013 y 2014. Y, según el Centro de Memoria Histórica, en el informe “Aniquilar la Diferencia”, las victimizaciones que han sufrido en el marco de la guerra las mujeres y las personas de los sectores sociales LGBTI tienen una clara marca de género, es decir, les han sido infligidas en muchos casos por ser mujeres o por no ser heterosexuales. Aunado a ello, “los efectos de esas violencias en sus vidas también están diferenciados por género”. Infortunadamente, quienes cuentan las historias, son aquellos que a pesar de sobrevivir fueron obligados a cambiar su aspecto y que son revictimizados a diario porque «quien los mandaba a ser así». ¿Acaso quiénes se creen pastores, sacerdotes y políticos para ser voceros de ese ser omnipotente, si es que existe, en su inefable divinidad, para expresar tanto odio ante la diversidad? ¿Acaso si somos hechos a su imagen y semejanza, sus defectos y bondades no son equiparables con nosotros, los pobres mortales? En un país donde pulula la incertidumbre y en donde viajan más rápido las balas que la justicia, aún falta amor y tolerancia para alcanzar una verdadera paz.

Por: Caracol Radio El subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, afirmó que la designación del exministro de Hacienda y Agricultura como jefe de los diálogos con el equipo negociador del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, Juan Camilo Restrepo Salazar, es un buen síntoma para la negociación, sin olvidar que esta se inicia el próximo 27 de octubre y con la condición de que sea liberado Odín Sánchez. «Esperamos que en estos tres días que falta se dé la liberación. Inicialmente se había propuesto que fueran cuatro los liberados y ya van tres y solo falta Odín, estoy muy esperanzado que así se cumpla y que el jueves estemos iniciando la negociación entre el Gobierno Nacional y Eln«, dijo Ávila. Señaló, que el propio Juan Camilo expresó que hay compromiso entre las partes de mantener la mayor celeridad y hay una pregunta central si esto termina con Santos como presidente, porque hay un compromiso de negociar rápido y de cumplir las condiciones a que se comprometieron. Ariel Ávila, dijo que la dinámica de la negociación que se desarrollará inicialmente en Quito- Ecuador, será diferente a la de las Farc, porque los primero que tendrá que definir la mesa es la participación social que significa, quienes van a ir a representar allá y será o no vinculante?. Finalmente dijo que la tercera condición es el mecanismo de cómo va a funcionar las mesa en los cinco países donde fue designado. “Pero yo lo que creo es que va terminará estando en Cuba«. Nota publicada en Caracol Radio

Por: El Espectador.com Desde hace por lo menos cinco años, el Ejército de Liberación Nacional no ha logrado ampliar su frente de acción. Su estrategia se ha centrado en mantener el control de las zonas aisladas y de difícil acceso en las que históricamente ha hecho presencia, aunque con escasa capacidad operativa. Un estrecho campo de acción que se explica, en buena medida, por la reducción de una estructura que se calcula (sin cifras exactas) en no más de 2.000 hombres en armas. Su base de guerra se divide en cinco frentes que operan en por lo menos 92 de los más de 1.100 municipios del país, divididos así: el oriental, compuesto de cuatro frentes, un batallón, una columna, dos comandos, tres comisiones y una compañía; el nororiental, con seis frentes y una compañía; el Darío Ramírez, con siete frentes; el suroccidental, con cuatro frentes, una columna y dos compañías; y el occidental, integrado por cuatro frentes. Aunque tiene incidencia en departamentos claves como Arauca, Cesar, sur de Bolívar, Santander, Tolima, Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Nariño, de acuerdo con un informe del Centro de Análisis de Recursos para el Conflicto (Cerac), desde 2010 se ha observado una reducción de sus acciones en varias regiones estratégicas. En el caso de Santander y Tolima, por ejemplo, a partir de 2011 su actividad armada cayó en más del 80 %, mientras que en Nariño la caída fue del 34 %. Sin embargo, eso no quiere decir que algunas estructuras no hayan consolidado un dominio territorial que representa amenazas claras a la seguridad. “En particular, el Frente Oriental, con presencia en Arauca, Casanare y Boyacá, ha sostenido casi todo el esfuerzo militar del Eln en estos años: es responsable de la mitad de acciones ofensivas realizadas por el grupo durante este período y es la unidad que más sostiene combates con la Fuerza Pública”, refiere el documento de Cerac. Fue precisamente esa estructura –específicamente el Frente Domingo Laín, al mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito– la que hace un mes decretó un paro armado en seis departamentos, en una medida que fue vista por algunos analistas como una demostración frontal al Gobierno de su capacidad y poder para presionar un pronto diálogo. Sin embargo, su capacidad sigue siendo escasa, como lo explicó entonces Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. “Ellos, realmente, pueden alterar en Arauca y el Catatumbo (…) En esas regiones tienen mucho poder por su base social, que no pudo ser destruida por el paramilitarismo, a diferencia de lo que sucedió en el sur de Bolívar. El Eln es una organización política intentando ser ejército”, sostuvo. Para el Cerac, aunque la ofensiva del Eln ha sido en los últimos tiempos inefectiva militarmente, sí ha tenido un gran costo político, pues ponía en riesgo la posibilidad de que la paz fuera redonda, incluyendo a todas las fuerzas guerrilleras del país: “Los altos niveles de violencia que sostuvo el grupo desde antes de que se dieran a conocer los diálogos exploratorios, y su incapacidad de renunciar al secuestro, entre otros factores, postergaron el inicio del proceso de paz con esta guerrilla por más de dos años. A su vez, dicho estancamiento de la fase exploratoria y la intensificación de la guerra estaban deteriorando el apoyo político a una salida negociada al conflicto con el Eln”. De ahí la importancia de la instalación oficial de la mesa, sobre todo en momentos de incertidumbre por cuenta del futuro del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las Farc, sin que estas últimas hayan podido desplazarse a las denominadas zonas veredales transitorias de normalización para la efectiva concentración. La apertura de diálogos disminuye las posibilidades de que se produzcan hechos violentos que enrarezcan el clima de confianza que se intenta restablecer entre las partes. Además, la existencia de un diálogo oficial ayuda también a disminuir las tensiones por cuenta de las versiones que en los últimos meses señalaban que el Eln se estaba replegando para copar algunas de las zonas que históricamente habían estado bajo el dominio territorial de las Farc. Nota publicada en El Espectador.com

Por: Colombia2020 La protesta ciudadana en Colombia tuvo una fuerte estigmatización y señalamiento durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien no dudaba en asegurar que todo el que se atreviera a invitar a alguna manifestación en favor de la solución del conflicto armado por la vía del diálogo, estaba relacionado con las guerrillas. Para ese entonces el país venía de sufrir una fuerte arremetida guerrillera durante la administración de Andrés Pastrana y comenzó a presentarse también la expansión paramilitar a lo largo y ancho del territorio. En 2002, el 70 o 75% del total de municipios del país tenía presencia guerrillera importante y las ciudades capitales no escapaban a este fenómeno, al tiempo en que se intensificaban las masacres promovidas por las Autodefensas al mando de Carlos Castaño. Las cifras de la Federación Colombiana de Municipios indican que entre 1998 y 2002 fueron secuestrados 17 alcaldes, amenazados 554 y asesinados 54. La cifra de alcaldes que despacharon fuera de su municipio era de 300 en noviembre de 2002. A partir de ese momento todo aquel que se atreviera a hablar de diálogo de paz o de invitar a una marcha en favor de esta causa, inmediatamente era tildado de aliado de la guerrilla. Aun así la movilización social durante los primeros seis años del mandato uribista, según estudios elaborados por el Cinep, no cesó. “Un total de 1.120 municipios del país (cifras del Dane), 554 sirvieron de escenario para las protestas. La movilización social alcanzó en 2007 el mayor auge observado desde 1975, cuando se reportaron 800 protestas y en el año 2008 la cifra llegó a 950. Las capitales de los departamentos fueron las mayores concentradoras de las manifestaciones, debido a la visibilidad que poseen”. Ante el constante señalamiento a las protestas sociales en Colombia de estar infiltradas por la ilegalidad, voces de la misma sociedad civil pidieron respetar las manifestaciones públicas y colectivas como parte del conjunto de los derechos establecidos por la Constitución de 1991, en su artículo 37. Hoy, luego de que en Colombia fue posible hablar de diálogos de paz y tras la derrota del Sí en el plebiscito, la movilización social que en el pasado fue señalada de estar infiltrada por la ilegalidad, hoy tiene carta abierta para pedir la implementación de los Acuerdos de Paz, con el ánimo de evitar a toda costa que municipios y veredas en donde se ha vivido con mayor intensidad el conflicto armado, se vean expuestos a una nueva ola de violencia producto de una nueva guerra entre las Farc y el Estado. Es así como en las últimas semanas, millones de personas se han manifestado en toda Colombia después de la estrecha victoria del No en el plebiscito, en las mayores movilizaciones que recuerde el país a favor de la paz. Estas movilizaciones son motivadas por el cansancio de una guerra de décadas, a un costo humano bastante alto. Pero el resultado del plebiscito del domingo 2 de octubre, incluyendo la altísima abstención de 63 por ciento, lo puso en tela de juicio pese a la apretada diferencia de votos existente entre las opciones del Sí y el No. Ante esta creciente movilización ciudadana en favor de la paz, Gobierno y Farc deben escuchar el clamor de estos miles de ciudadanos que se han manifestado en contra de que Colombia retorne a la guerra y nuestros territorios se vean inmersos en una especie de “No futuro”, evitando de paso que estos logren el progreso que durante décadas se les ha negado por el miedo a la violencia. La estabilización del país tras la firma de una paz estable y duradera es un tema que no da espera, y es a la sociedad civil a quien le corresponde elevar esta exigencia al Gobierno Nacional y a las Farc, para que no permitan que lo logrado en materia de paz se caiga por dilaciones de la oposición política. Las movilizaciones sociales que se han dado en las últimas semanas en favor de la paz, no deben cesar, por el contrario, estas deben aumentar en mayor cantidad en las distintas ciudades de Colombia, para que así quede demostrado que el número de personas que anhelan la paz es muchísimo mayor, al que se manifestó en contra de estas en el plebiscito. Columna de opinión publicada en Colombia2020

Estaba invitado primero a Washington y luego a Madrid, a partir del martes 4 de octubre, para hablar del posconflicto que arrancaba con la firma y la refrendación del acuerdo; y de repente ocurre que gana el No en el plebiscito y quienes me invitaban, agentes del gobierno, del Congreso, de los empresarios y de las organizaciones no gubernamentales, deciden mantener las reuniones y cambiar el libreto, para buscar una explicación de la derrota del Sí y aventurar un futuro inmediato de la paz. En medio del desconcierto se me ocurrió presentar la situación del país como un cúmulo de paradojas. Una guerrilla marxista, radical, ortodoxa firma un acuerdo de paz que, por su contenido y sus alcances, apunta a la modernización capitalista del campo y a un proceso de apertura política y validación del Estado de derecho. Con ese acuerdo desata la furia de un expresidente –que le apostó al triunfo militar sobre la insurgencia– y de una amalgama de latifundistas, empresarios y fuerzas conservadoras de todos los estamentos sociales y religiosos que se resisten con uñas y dientes al cambio. La periferia del país que ha vivido la guerra, ese mundo campesino, indígena y negro, que ha sufrido la violencia, vota mayoritariamente a favor de los acuerdos y le apuesta a la modernización y a la democratización, cuando la teoría política dice que es en el centro y en el mundo urbano donde se desatan los procesos de renovación y reforma, mientras que en el campo y en las fronteras resisten a la marcha de la historia. Una coalición ampliamente mayoritaria, que va desde la derecha a la extrema izquierda –con figuras tan contradictorias como Santos, Vargas Lleras, Timochenko, Claudia López, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Clara López, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, los Ñoños, entre otros– y tiene el 80 por ciento del Congreso, la supremacía en todas las cortes y el control del 95 por ciento de las gobernaciones y las alcaldías, pierde el plebiscito con el Centro Democrático y sus aliados conservadores que tienen 39 de 263 parlamentarios, 56 de 1.103 alcaldías y una gobernación de 32. Una Iglesia que tuvo en sus huestes a Camilo Torres, el cura guerrillero, que marcó una época del mundo católico en América Latina, una Iglesia que alguna vez tuvo una influyente comisión de reconciliación, se puso por fuera del proceso de paz, habló de neutralidad en el plebiscito, contrarió al papa Francisco y alentó que una mayoría de sus prelados y sacerdotes se comprometiera con el No a los acuerdos de La Habana. Una guerra que, por un largo rato, le dio la espalda a los cambios del mundo, a la caída del muro de Berlín, al avance de la agenda de derechos humanos, a la solución negociada de los conflictos, hoy, en su solución concertada, está atrayendo la atención de los organismos internacionales y de las principales potencias, hoy está insertando a Colombia en la conversación global. Unas víctimas que en Bojayá, en Cauca, en Urabá, en el Valle perdonan y le votan al Sí en el plebiscito y un mundo urbano lejano que a nombre de las víctimas vota No. Una cúpula militar que en algunas ocasiones fue pieza clave en la frustración de las negociaciones de paz, que abrigó sectores claramente comprometidos con fuerzas ilegales y que ahora protege la negociación con las Farc y ha decidido meterse en la justicia transicional contrariando a unos políticos que quieren alegar su inocencia y les proponen un engañoso alivio judicial. Un presidente que recibe el Premio Nobel de Paz cuando acababa de perder el plebiscito y no tenía una ruta cierta para culminar el proceso y sellar la reconciliación. Un país, Cuba, que alentó el alzamiento armado a lo largo de tres décadas, se convierte en generoso anfitrión de la negociación y en mediador clave para salir de la guerra. Una vieja guardia paramilitar que le sirvió de instrumento a las elites políticas para desafiar la legalidad, masacrar a miles y miles de campesinos, obstruir la democratización que ordenó la Constituyente del 91 y golpear con insistencia las negociaciones de paz de Andrés Pastrana se pronuncia desde las cárceles de Estados Unidos a favor de los acuerdos de La Habana. Un plebiscito que debía prefigurar las elecciones de 2018 lo que hace es adelantarlas, mostrándoles a las Farc y, quizás al ELN, que no hay solución jurídica definitiva, que es el juego político el que determina la estabilidad de los acuerdos, y por eso, en función del futuro, es preciso ahora mantener el proceso, preservar alianzas y ganar la opinión pública para darle de verdad continuidad a la paz y a la reconciliación. Después de exponer estas paradojas me preguntaron por el desenlace, y yo, de optimista, les dije que se resolvería en favor de la culminación de la guerra y Santos acogería el camino de ratificar el acuerdo con las Farc con algunos cambios y ajustes, buscar la paz con el ELN y mantener la variopinta coalición política; que eso le implicaría alejarse aún más de Uribe y someterse a un duro cuestionamiento de la oposición de derechas. Les dije que ahora todo dependía de que la Fuerzas Militares y de Policía mantuvieran su fidelidad a Santos, la comunidad internacional su apoyo y las movilizaciones ciudadanas su persistencia. Columna de opinión publicada en Revista Semana

La Fundación Paz y Reconciliación, el diario El Espectador y la Universidad Santo Tomas, bajo la alianza “Hablemos de posconflicto”, convocaron a un debate para discutir sobre las posibilidades de éxito de un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN. En esta ocasión compartieron escenario los senadores Alberto Castilla y Horacio Serpa, junto al exvicepresidente Francisco Santos y al concejal y copresidente del Partido Alianza Verde Antonio Sanguino, quienes analizaron las características actuales del ELN y las diferencias que tendrían el diálogo con esta guerrilla y el que se ha desarrollado en la Habana con las Farc. El concejal Sanguino recordó que el ELN acaba de terminar su V Congreso Nacional, en donde acordó unánimemente apostarle a un proceso de paz y recomendó tener en cuenta para negociar con este grupo armado ilegal, aspectos como: elevar el nivel de las personas que encabecen las negociaciones del lado del Gobierno y de parte del grupo armado que participe también el Frente Domingo Laín; se debe establecer una metodología clara a la participación de la sociedad civil en las conversaciones y pactar un cese al fuego bilateral con esta organización. Francisco Santos aseguró que esta no es solo una última oportunidad para cerrar la confrontación armada con el ELN por la vía del diálogo, sino una gran oportunidad. Pidió además no seguir con la equivocada tradición de tratar a esta guerrilla como una cosa sin importancia, sino entender su historia y el nivel de incidencia que el grupo armado tiene en las bases sociales de las zonas donde hace presencia. El senador del Polo Democrático Alberto Castilla recordó que para el ELN es importante la participación de la sociedad civil en la solución a los problemas que padece el país y considera riesgoso “el afán y las carreras puede ser un enemigo peligroso, porque la dinámica de ésta guerrilla, se encuentra ligada al movimiento social de base”. Castilla opina que la mesa de Quito, “debe ser el escenario perfecto para que se abra una mesa social para la paz, como mecanismo expedito para que la sociedad tenga la oportunidad de hablarle a los diálogos con el grupo armado, vinculando a los empresarios, sindicatos, organizaciones juveniles, academia, partidos políticos y a las distintas iglesias. Para el senador, “este es el momento ideal para que el Gobierno abra los ojos y se entere de una buena vez de lo que significa la paz para los colombianos”. Castillo cree que para esto, “no es sano que se ejerza presión a la mesa de negociación, pensando en que si se le acaba el período presidencial a Juan Manuel Santos, podría llegar un mandatario que destruya los logros en materia de paz”, porque según el parlamentario, “la sociedad debe darle la oportunidad a la finalización del conflicto por la vía del diálogo, eligiendo a alguien que garantice su continuidad” El senador liberal y jefe de la bancada en el Senado de la República Horacio Serpa, recordó que en las pasadas conversaciones con el ELN no fue posible establecer una agenda de diálogos, porque para esta guerrilla, “la opinión de la sociedad civil es un factor vital en sus decisiones”, lo anterior según el director de la bancada liberal, “hará que sea necesario establecer mecanismos de consulta y participación de los colombianos en distintas mesas de trabajo que deberán abrirse dejando atrás el miedo de meterle pueblo a la paz” Serpa asegura que no se puede continuar pensando que la guerrilla del ELN es una organización sin importancia, porque ésta, muy a pesar de que no iguala en número de combatientes a las Farc, si tiene la capacidad de hacer daño. Por último el senador liberal, cree que esta es la oportunidad para que la sociedad civil sea escuchada en una mesa de diálogo para construir una paz estable y duradera. Horacio Serpa considera que este es un buen momento para pensar en la posibilidad de una nueva constituyente que permita superar todos los problemas que padece el país. Para el senador liberal esta no se debe convocar como fórmula para cerrar el conflicto armado, “sino como una oportunidad para conformar un nuevo país”. El debate contó con la moderación del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y el jefe de redacción del diario El Espectador Élber Gutiérrez. Ver video: Debate – Proceso de Paz con el ELN ¿última oportunidad?

Hace algunas horas las FARC cancelaron la reunión entre los delegados del Centro Democrático para las propuestas de renegociación y el abogado Enrique Santiago quien asesora a la guerrilla en temas jurídicos. Las FARC manifestaron tres cosas para cancelar. La primera es que no estaban enteradas ni de acuerdo con esa reunión. Lo segundo, es que para las FARC el diálogo es con el Gobierno, quien representa al Estado colombiano. Lo tercero es que ellos no le van a poner una tercera pata a la negociación, que de por si retrasaría solucionar el impase luego de los resultados del 2 de octubre. Los argumentos de las FARC son entendibles y además lógicos. Por un lado, la situación política del país es la siguiente. El 2 de octubre el Centro Democrático salió como ganador, si bien no todos los votos del No son uribistas, era apenas lógico pensar que el Centro Democrático cobraría la victoria como suya y además que iba a poner contra las cuerdas al Gobierno Nacional. Sin embargo, en la vida real del día a día político, el Centro Democrático es un partido minoritario, cuenta con el 14 % del congreso y con 56 alcaldías de las 1103 del país y una gobernación de las 32 que existen; la de Casanare. Mientras que el presidente Santos, con la Unidad Nacional, controla más del 70 % del congreso y poco más de 70 % del poder local. El siguiente mapa muestra ese poder minoritario: En un régimen parlamentario, luego del 2 de octubre, la situación se habría resulto fácilmente con la formación de un nuevo gobierno, pero en regímenes presidenciales, como el de Colombia y en general de América Latina, las crisis no se resuelven cómodamente. La realidad es que Santos controla el poder político. De hecho, representa a la sociedad y al Estado colombiano en la negociación. Además fue electo en 2014 con el mandato de la paz. En últimas, las FARC no tienen nada que hablar con un simple senador que controla, solo, una pequeña minoría del poder político del país. Por otro lado, las FARC ya cumplieron, es decir, firmaron el Acuerdo de paz con el gobierno. Básicamente el tema de la renegociación debe resolverse en dos instancias, entre los del No y el gobierno y luego entre el gobierno y las FARC. Pero la crisis política debe ser asumida por el ejecutivo colombiano. Reunirse con una parte de los del No, es dilatar el proceso y comenzar dos discusiones sobre los mismos temas con dos espacios diferentes. Lo cual a su vez complicaría la comunicación entre el Gobierno y las FARC. De hecho, las FARC acaban de entender algo que ya había entendido el presidente Santos hace una semana. Y es que a los del Centro Democrático no les importa la paz, ni la renegociación, lo que les interesa es ganar la presidencia del 2018. Así que aceptar una reunión o una mesa alterna entre FARC y CD no es otra cosa que ayudar en la dilación del proceso, que al final es la verdadera estrategia de la mayoría del Uribismo. Por último, si bien el uribismo aspira a ser el representante de los del No, lo cierto es que allí existe un mundo diverso y si las FARC aceptan al Centro Democrático, deberían aceptar el resto de personajes, tendencias y movimientos que les pidan espacio y que argumenten ser del No. Por ejemplo, deberían aceptar la reunión que el expresidente Pastrana lleva gestionando por meses o aceptar reuniones con Jaime Castro y Pastores Cristianos. Lo cual, para la poca delegación de las FARC que está en Cuba, sería inmanejable y nuevamente se caería en la dilación que es a lo que aspira Uribe y Ordoñez. En fin, menos mal, las FARC no se dejaron meter los dedos a la boca. * arielfavila@gmail.com Columna de opinión publicada en Semana.com