La Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo de la Embajada del Reino Unido, conscientes de la necesidad de los aportes que la empresa privada pueda desarrollar en una etapa de construcción de paz en Colombia, se han dado a la tarea de invitar a este sector para que en conjunto con la sociedad civil en algunas regiones del país, se implementen estrategias conjuntas que permita a este importante actor social, identificar sus posibilidades para aportar efectivamente a la construcción de paz en Colombia. El objetivo de la iniciativa es apoyar la creación y la implementación de una estrategia que permita materializar el compromiso de los empresarios y los lleve a ser protagonistas del fin del conflicto en el país, contando con el respaldo académico, metodológico y logístico de la Fundación Paz y Reconciliación. Para esto se hizo una primera invitación a las empresas privadas británicas con sede en Colombia. El desarrollo de la iniciativa comenzará con un diagnóstico de las acciones en materia de derechos humanos y construcción de paz de las empresas británicas, que, con el material recopilado en entrevistas, talleres y revisión documental, resultará en una guía de intervención para la construcción de paz desde el sector privado. Posteriormente se llevará a cabo una etapa de relacionamiento e incidencia, se construirá colectivamente una estrategia de injerencia con la participación de actores y comunidades locales, para llegar de manera exitosa a la última etapa que consiste en la intervención de un territorio priorizado. El proyecto contó con un acto de presentación oficial el pasado 12 de octubre, en la ciudad de Bogotá, con la presencia de representantes de empresas británicas que operan en Colombia, y la asistencia del señor Embajador del Reino Unido, Peter Tibber, el Director de Paz &Reconciliación, León Valencia y funcionarios de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y de la oficina del Alto consejero para el Postconflicto.

La política electoral es un juego de repeticiones. Los actores políticos se encuentran cada dos o tres años en elecciones. Por ello, aquellas frases que en elecciones “nunca nadie está muerto en política” o “nadie pierde, todos ganan” parecen proféticas. Antes del plebiscito del 2 de octubre los cálculos eran los siguientes. German Vargas Lleras se sentía en segunda vuelta y casi presidente. El mejor escenario para él era que el Sí ganara por pocos votos, de tal forma que su poco apoyo al proceso de paz tuviera una justificación, su imagen sería vendida como el hombre de mano dura que daría confianza al país y obligaría a las FARC a cumplir los acuerdos. Además ganando por poco y con un uribismo derrotado, obligaría al ex presidente Uribe a buscarlo y ofrecerle su apoyo. Vargas Lleras aspiraba a aglutinar toda la derecha y parte del centro. Humberto de La Calle, del partido Liberal, aspiraba a que el Sí ganara por mucho, al menos un 60-40 a favor de proceso de paz. Eso lo catapultaría como el hombre que garantizaría el cumplimiento de lo acordado en La Habana y daría confianza a todos los sectores sociales. Su candidato vicepresidencial debería ser una persona de mano dura, que diera la otra cara de la imagen que necesitaba proyectar. Sería el hombre llamado a hacer la transición entre la Colombia de la guerra y la Colombia de la paz. El otro candidato con opciones importantes era Sergio Fajardo, para él el mejor escenario era sencillamente que el Sí ganará, por poco o mucho pero que ganara. Lo que quería Fajardo era que el país superara el binomio paz-guerra. Es decir, que por primera vez en algo más de 30 años el presidente no fuera elegido con promesas de paz o guerra, sino que se avanzara hacia una sociedad donde los temas centrales fuera la lucha contra la corrupción y la educación. Donde él era el mejor comparado con el resto. Por su parte el exprocurador Ordoñez se lanzará a la presidencia por firmas o movimiento significativo de ciudadanos. Aspiraba a que él lograra recoger los uribistas inconformes, o que no aceptaran a Vargas Lleras como su candidato. Para él el tema era que el Sí ganará con no más de 10 puntos de ventaja. A su vez el Centro Democrático o el ex presidente Uribe aspiraba a que el Si ganará por poco y sobre todo que el No obtuviera más de 3 millones de voto, con ello podía aspirar a tener un candidato propio y con buenas opciones para el 2018. El seguramente elegido sería el actual senador Iván Duque. Ahora que el No ganó el panorama y el ajedrez electoral comienza de nuevo. Por un lado, la extrema derecha está en segunda vuelta. Si bien todos los votos del No, algo más de 6 millones, no son Uribistas ni de derecha dura, también es cierto que no tendrían problema en votar por un candidato uribista o incluso por el propio Ordoñez. La pregunta central es si Ordoñez y el Uribismo se van divididos o no en primera vuelta. Hasta ahora todo parece indicar que si van divididos. Lo, cierto es que de cadáveres políticos pasaron a están en segunda vuelta Ahora la guerra que se viene es la disputa dentro del uribismo. German Vargas Lleras que era el llamado a tomar los votos de la derecha la tiene difícil y debe ahora comenzar a disputar esta franja de votación. Si bien la maquinaría política le puede poner 3 millones de votos, con eso no se pasa necesariamente a segunda vuelta, por lo menos necesita un millón y medio de votos más y debe buscarlos en la franja que creía segura para él y además aspirar a conseguir votos en el centro. Incluso varios de sus asesores dan por seguro que la senadora Liberal Vivian Morales será su fórmula vicepresidencial, pues robaría por lo menos la mitad de los votos de las iglesias Cristinas. Por los lados del centro y el centro izquierda la cosa es aún más dramática. Humberto se La Calle sigue siendo la mejor opción del Liberalismo, pero perdió el plebiscito y ahora muchos miran a Rafael Pardo como el candidato ideal, su imagen de buen gerente y trasparente le ayuda. El Fajardismo comienza a aceptar que nuevamente el 2018 será entre guerra o paz donde Sergio Fajardo no es el mejor. Y en la izquierda Petro y Robledo difícilmente superarán los 10 puntos porcentuales. Muchos hablan de una fórmula de Humberto de La Calle – Fajardo que aglutine en centro y la centro izquierda y con eso superar a Vargas Lleras y así la segunda vuelta sería Uribismo versus el centro y el centro izquierda. Se puso bueno esto. Columna de opinión publicada en El País.com

Veo que mucha gente cree que es posible un pacto nacional, en torno a la paz y a los cambios sociales y políticos que el país requiere entre las fuerzas que promovieron el Sí y el No. Yo también he tenido esa ilusión. En noviembre de 2014 me invitó el entonces procurador Alejandro Ordóñez a su despacho y me propuso trabajar por un acuerdo de esta naturaleza. Santos acababa de ganar las elecciones y entraba en la fase final de las negociaciones de paz. Ordóñez decía que el proceso era irreversible y debíamos encontrar la manera de reunir a todo el país en torno a la terminación definitiva de la violencia. Decía que la distancia de Uribe y otras voces críticas frente a la paz se podían acortar hasta confluir en un mismo propósito. Me gustó mucho la propuesta. Había invitado también a Marta Lucía Ramírez y a Clara López, candidatas con alta votación en la primera vuelta de las presidenciales; a Carlos Holmes Trujillo, fórmula vicepresidencial del uribismo; a David Barguil, dirigente conservador; al exfiscal Alfonso Gómez Méndez; al senador Luis Fernando Velasco; y al general Jaime Ruiz, presidente de Acore. Ordóñez mantenía enterado al expresidente Uribe. Santos y las Farc sabían del proceso. Participé en cinco reuniones. Siempre se habló en un tono cordial y en los encuentros se veía un esfuerzo por buscar puntos de confluencia sobre la negociación de La Habana. Pero en los discursos públicos, Ordóñez, Uribe y algunos compañeros de la tertulia arreciaban las críticas y proclamaban diferencias a todas luces irreconciliables con lo se estaba acordando: con la justicia transicional, con la apertura política a los jefes guerrilleros, con las reformas al campo, con un nuevo enfoque en la política antidrogas. A la vez Ordóñez y Uribe se enfrentaban a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y a los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas y sexuales. La distancia en vez de aminorar crecía. Pero Ordóñez insistía en el pacto nacional. Era desde luego un engaño. El grupo se disolvió en silencio. Tengo la impresión de que ahora está en desarrollo el mismo libreto. Uribe, humilde, después del triunfo en el plebiscito, llama a la portería del Palacio de Nariño para reunirse con Santos; Uribe mismo encabeza reunión con Humberto de la Calle y demás voceros del gobierno, también participan Marta Lucía Ramírez y Ordóñez, hablan de acuerdo nacional, pero en cada discurso ante los medios reiteran que las diferencias son de fondo y que la revisión de lo pactado en La Habana será larga y detallada. Todo para prolongar la angustia y desgastar el proceso de paz. En el tiempo de las visitas al despacho del entonces procurador Ordóñez las fuerzas del No acababan de perder las elecciones presidenciales, y se dirigían a sufrir una derrota estruendosa en la disputa por las alcaldías y gobernaciones; a pesar de eso mantenían una posición de hierro contra los cambios que venían con los acuerdos de paz. Creo que ahora que se encaminan hacia una nueva batalla por la Presidencia y han obtenido un triunfo en el plebiscito les resulta aún más difícil ceder en temas cruciales para Colombia. Tampoco es la tónica que he visto en las Farc. En declaraciones a Caracol Radio, el pasado miércoles, el principal líder de esta guerrilla, Rodrigo Londoño, manifestó que estaba abierto a los cambios, pero le parecía un exabrupto hablar de revisar el acuerdo sobre justicia y el de participación política de la insurgencia. Algunos líderes políticos y varios columnistas están apelando al lado grande y noble de Uribe para que permita el cierre del conflicto armado y se disponga a facilitar este gran acuerdo nacional. Dudo mucho que estos llamados le ablanden el corazón a un hombre acosado por el miedo a la verdad que viene con la justicia transicional, y preso de la ambición de retornar al poder. Otros creen que es posible dividir a los del No y atraer a un acuerdo a personas como Marta Lucía Ramírez o a los pastores de las Iglesias o al propio Ordóñez. No fue eso lo que vi en mi modesta experiencia de búsqueda de un pacto nacional. Es Uribe quien marca la pauta de estos sectores. Creo que a Santos le tocará en cuestión de días tomar uno de estos dos caminos: ratificar con algunos cambios y ajustes el acuerdo de paz con las Farc y buscar un nuevo escenario legal para implementarlo; o aceptar las exigencias del No y arriesgarse a que se rompa el acuerdo de paz suscrito en La Habana y se reanuden las confrontaciones armadas. Cualquiera de estas dos alternativas es difícil y dolorosa. En la primera se apoya en la comunidad internacional que ha tenido la osadía de concederle el Premio Nobel de Paz después del plebiscito, en la institucionalidad nacional y local donde tiene mayorías y en el clamor de las movilizaciones ciudadanas que le piden acuerdo de paz ya. Pero se enfrenta a los resultados desfavorables de la consulta ciudadana del 2 de octubre. En la segunda acepta el estrecho veredicto de las urnas–cuestionado por las declaraciones de Juan Carlos Vélez Uribe– y se apoya en la tradición del país que acude a pactos entre las elites políticas para resolver los enfrentamientos y las crisis. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Un grupo de quince profesionales colombianos con experiencia directa en el proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc, conocidos como el Fondo de Capital Humano para la Transición en Colombia, arropados bajo la dirección del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), con sede en Barcelona, España, proponen al Gobierno Nacional una hoja de ruta que permita superar el limbo que actualmente vive el país con triunfo del No en la refrendación de los acuerdos de La Habana. El documento consta de los siguientes nueve puntos en donde hacen una serie de recomendaciones, no solamente al Gobierno Nacional y las Farc, sino además a los votantes que se manifestaron en el plebiscito a favor del No y el Sí, la comunidad internacional y a la oposición política. Se les pide a las organizaciones de la sociedad civil continuar exigiendo el logro de un acuerdo definitivo lo antes posible y a la comunidad internacional seguir apoyando el cese el fuego y de hostilidades con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Al Gobierno Nacional sugiere destinar recursos para apalancar, de manera rápida y efectiva, las intervenciones de política social y económica en las zonas más afectadas por la guerra. El Fondo de Capital Humano para la Transición en Colombia cree que es necesario avanzar hacia la concentración en las llamadas zonas veredales transitorias, aceptando un proceso de resolución de la situación jurídica secuenciado, empezando por los delitos menos graves, con el fin de evitar posibles confrontaciones armadas y enviar un mensaje de tranquilidad a sus propias tropas. Las organizaciones de sociedad civil que apoyaron el Sí y el No deberían concentrarse en el reconocimiento de que la paz de Colombia depende del logro de un consenso más amplio”, Se les pide a quienes apoyaron el plebiscito “aceptar una paz que incluya a los sectores que respaldaron el No y a sus líderes. Los del No, deberán ser cautos en la generación de propuestas realistas que no pongan en riesgo todo el proceso de paz”. Para lo anterior proponen cuatro líneas a seguir: 1) Espíritu constructivo: cualquier cambio debe ser para mejorar el Acuerdo Final y ofrecer más garantías, no menos. 2) Realismo sobre lo que es posible acordar en la mesa de conversaciones, teniendo en cuenta la experiencia de los cuatro años de negociaciones con las Farc. 3) Oportunidad y agilidad. 4) Coherencia política respecto de la discusión pública sobre el plebiscito. En el caso de que se decidan acoger la propuesta de las colonias agrícolas, se debe definir su carácter, el tamaño máximo del lugar y quién estará a cargo de su administración, además de las condiciones de cumplimiento de las sanciones, en particular para los jefes de las Farc que ya hayan sido condenados por la justicia ordinaria por delitos no amnistiables. En cuanto a la elegibilidad política, se propone definir las condiciones que se debe cumplir, mientras se permanezcan en este tipo de reclusión y las que deben existir entre el cumplimiento de la sanción y la posibilidad de participar en política para todos los casos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este punto, se pide aclarar que no habrá participación política durante el cumplimiento de la sanción y que en los casos de los comandantes guerrilleros, solo podrán hacerlo una vez hayan cumplido la restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años, contada a partir del día D+181. El Fondo de Capital Humano, cree que una vez hechas las correcciones al Acuerdo, es necesario una nueva refrendación popular, según ellos, “porque solo así se podrá valorar seriamente la decisión tomada por el pueblo el 2 de octubre y garantizar la legitimidad política y las herramientas para implementar de manera ágil y efectiva el Acuerdo dependen jurídicamente de esa refrendación”. El documento cree que una asamblea constituyente puede ser peligrosa, pues en ella porque al existir diferentes intereses al general (como volver a instaurar la reelección presidencial o limitar la tutela) y existe la posibilidad de que se declare soberana y haya un desbordamiento de los límites temáticos.

Ahora con un análisis más reposado luego del resultado del plebiscito comienzan a surgir alternativas que permitan rescatar el proceso de paz con las FARC y, claro, cada vez es más posible la alternativa de que Colombia vuelva a la confrontación armada. En total existen 7 alternativas algunas más viables que las otras. Pero antes de entrar a analizarlas al menos dos cosas se deben decir. Por un lado, cualquiera sea la alternativa será arraigada, será cuestionada y requerirá de mucha audacia de la élite política del país. En segundo lugar, primero se debe encontrar una salida política para luego discutir la salida jurídica, no al revés. La primera salida es una Asamblea Nacional Constituyente –ANC-. Es viable jurídicamente, pero existen dos cuestionamientos. El primero es el alcance de la misma, por ejemplo al uribismo le gustaría incluir la reelección indefinida para que el senador sea presidente por tercera vez, a Vivian Morales le interesa restringir los logros que ha tenido la comunidad LGBTI y las mujeres. A las FARC incluir el tema de reforma al modelo económico. Es decir, es abrir la puerta a lo desconocido. Por otro lado, los tiempos no dan, al menos 9 meses en que esta ANC entre a funcionar lo cual la haría coincidir con elecciones a Congreso y muy cerca de las presidenciales, es decir, los tiempos no dan. Una segunda alternativa es la renegociación en sentido estricto; el modelo de los del No. Aquí también hay un asunto a tener en cuenta. Realmente ni a Ordóñez ni a Uribe les interesa renegociar su objetivo es dilatar y que todo se resuelva en las presidenciales del 2018. Tanto el senador como el exprocurador saben que lo que ellos prometieron de la renegociación es imposible e improbable. Por ello dilatan, manifiestan que no viajarán a La Habana y hablan de cambios profundos sin dar mayores detalles. La tercera alternativa es una renegociación pequeña, e intentar llevar esto a un Pacto Nacional, es decir, ajustando algunas cosas, incluyendo algunos del No como al expresidente Pastrana o algunas iglesias Cristianas. El tema con esto es que en esta alternativa no incluye ni a Uribe ni a Ordóñez, por tanto quedaría cojo el Pacto Nacional. La cuarta alternativa es que el Congreso de la República rescate los acuerdos de paz. Jurídicamente es viable, pero políticamente no. Que el congreso rescate los acuerdos significa desconocer el No, y a un año de hacerse reelegir será bastante improbable que esto ocurra. Una quinta alternativa, que se ha comenzado a mover entre líderes estudiantiles es recoger firmas para un nuevo plebiscito con el mismo acuerdo de paz. Políticamente y jurídicamente esta opción es bastante cuestionable, pero es una alternativa más. La sexta alternativa es que el presidente tramite con los del No unos ajustes a los acuerdos de paz y que luego los equipos del gobierno y de las FARC lleguen a unos mínimos acuerdos sobre dichos ajustes. Con dicho Nuevo Acuerdo y con un buen respaldo popular en las calles el presidente podría sacar el acuerdo adelante en el Congreso de la República. Esta sería la opción más viable. La última opción, la menos probable hoy, pero en tres meses sería bastante posible es que los acuerdos se rompan y al menos entre marzo de 2017 y hasta las elecciones de 2018 volveríamos a la guerra. Al igual que la paz la guerra también necesita un espacio y hoy está cerrado, las FARC quieren salir de la guerra así la sociedad quiera que sigamos matándonos. El presidente Santos esta jugado con la paz y la comunidad internacional entiende que el acuerdo de La Habana cumple los estándares internacionales en materia de justicia. Así que tenemos un margen de 2 o 3 meses para rescatar el proceso. Pero cualquiera sea la solución deberá ser audaz y no dejará a todo el mundo contento. * arielfavila@gmail.com Columna de opinión publicada en Revista Semana

CALABAZO, Colombia — Delgado pero imponente, con lentes de aviador, bigote poblado y sonrisa de dientes inmensos, Julio Henríquez Santamaría lideraba una reunión con miembros de esta comunidad cuando un grupo de paramilitares lo puso en la parte de atrás de una camioneta Toyota y lo secuestró. Así desapareció para siempre el 4 de febrero de 2001. Henríquez había estado organizando a los campesinos para que sustituyeran sus cultivos ilegales de coca por cultivos como el cacao, algo que el gobierno colombiano actual defiende como una de sus estrategia antidrogas al mismo tiempo que trata de acabar con una guerra civil que ha sido alimentada por el narcotráfico. Pero a Hernán Giraldo Serna, o a sus hombres, no les gustaba esta estrategia. O no les gustaba Henríquez. Ya muy lejos de aquellos tiempos en los que cultivaba marihuana a pequeña escala, Giraldo se había convertido en el Patrón, un capo de la droga y comandante paramilitar. Su misión ya había evolucionado de una lucha contra la guerrilla hasta convertirse en una empresa criminal y asesina que controlaba gran parte de la costa norte colombiana. Henríquez no fue su única víctima; Giraldo, conocido como el Taladro por el apetito voraz que sentía por niñas menores de edad, tenía víctimas de todo tipo. Pero Henríquez fue su víctima emblemática. Y su familia fue lo suficientemente tenaz para perseguir a Giraldo incluso después de que, junto a otros 13 líderes paramilitares, se lo llevaran de Colombia a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 para afrontar acusaciones por narcotráfico. Fue una extradición en medio de la noche que dejó al país atónito, que interrumpió de manera abrupta un proceso de Justicia y Paz en el que se acusaba a varios hombres de cometer una serie de atrocidades. La guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, por petición del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se impuso sobre los esfuerzos que el país desarrollaba para hacer frente a los crímenes contra la humanidad que habían marcado a toda una generación. Continue reading the main story Álvaro Uribe sustenta la extradición de los paramilitares a EE. UU. Los defensores de las víctimas dijeron que era como exportar a “14 Pinochets”. La familia de Henríquez, mientras tanto, pedía que al menos uno de ellos rindiera cuentas por la sangre colombiana vertida sobre la cocaína que había llegado a Estados Unidos. Bela Henríquez Chacín, de 32 años, es la hija de Julio Henríquez y planea dar una declaración cuando sentencien a Giraldo en Washington el mes que viene. “Esperamos que el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años se logre, que las cosas no queden en la impunidad”. Algunos expertos creen que los Henríquez serán la primera familia extranjera a la que se le dará la oportunidad de declarar en un caso por narcotráfico en Estados Unidos. Si será más que un acto simbólico aún está por verse. Los hombres extraditados con Giraldo han recibido un tratamiento relativamente indulgente para ser narcotraficantes importantes que, además, han sido acusados de terrorismo por cometer masacres, desapariciones forzadas y desplazar a pueblos enteros. Una vez que los paramilitares colombianos (varias docenas en total) hayan cumplido las condenas que tienen en Estados Unidos, la media de su estancia en prisión será de siete años y medio, según los cálculos de The New York Times. Los líderes extraditados habrán cumplido un máximo de 10 años de media por haber introducido en Estados Unidos toneladas de cocaína. En comparación, las personas acusadas de vender crack y cocaína en la calle, no más de 25 gramos, cumplen en torno a 12 años de cárcel en Estados Unidos. Es más, para algunos traficantes colombianos, la sentencia puede rendir un dividendo importante: un permiso de residencia en Estados Unidos. Aunque las autoridades colombianas tienen acusaciones formales contra ellos, dos ya tienen autorización para quedarse en Estados Unidos junto con sus familias. Tres más han pedido el mismo beneficio y se supone que varios más lo harán. Alirio Uribe, diputado en el congreso de Colombia, dijo que “en los tiempos de Pablo Escobar, solían decir que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, pero ahora quizás la extradición sea más beneficiosa para ellos”. Durante 52 años, con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno colombiano ha vivido atrapado en un conflicto armado feroz con la guerrilla. Aunque al principio impulsó a los paramilitares en calidad de aliados, décadas después les retiró su apoyo. Mucho después de que hubieran sido cooptados por los terratenientes y los carteles. Antes de la desmovilización, por el 2005, los paramilitares ya igualaban a la guerrilla en cuanto a tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. Ahora, ocho años después de la extradición de los paramilitares, el gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo de paz con sus enemigos mortales, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El 2 de octubre el país votará sobre el acuerdo y, mientras tanto, hay un debate, polarizado, sobre crimen y castigo para las Farc que se alimenta de los errores cometidos durante la desmovilización de los paramilitares. Nadie defiende ahora que se deje la justicia del país en manos de Estados Unidos. Pero el capítulo de la historia paramilitar de Colombia no se ha cerrado y contiene muchas páginas en blanco, según María Teresa Ronderos, autora de Guerras recicladas, una historia del paramilitarismo colombiano. “Nadie sabe lo que le sucedió a esos hombres”. Continue reading the main storyFoto Giraldo hace bolsos con envoltorios de papas y se los vende a los otros presos por “siete pollos”, es decir, siete porciones de pollo de la bodega de la prisión. Credit Todd Heisler/The New York Times Durante años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó los casos de los extraditados en secreto, no solo impidiendo el acceso a documentación básica para comprenderlos, sino ocultando información e incluso borrando a acusados como Giraldo de los sumarios. A través de entrevistas, información legal abierta recientemente al público, transcripciones, documentos internos del gobierno e información obtenida de Colombia y Estados Unidos, hemos examinado los casos de 40 paramilitares extraditados y de algunos de sus socios. La mayoría, según hemos descubierto, fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—. Por ejemplo, Salvatore Mancuso, de quien el gobierno dijo que “podría bien ser uno de los traficantes de cocaína más prolíficos que ha sido juzgado en Estados Unidos” y a quien la justicia colombiana cree responsable de la muerte o desaparición de más de mil personas. Según el acuerdo al que llegó con las autoridades, recibiría entre 30 años de condena y cadena perpetua. Gracias a su amplia colaboración con las autoridades, los fiscales, uno de los cuales describió a Mancuso durante una entrevista como “siempre un caballero ante mí”, pidieron solo 22 años. Un juez federal lo condenó a poco más de 15 años. Al final habrá pasado poco más de 12 años tras las rejas en Estados Unidos. ‘Lo peor de lo peor’ “Es una locura”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la clínica de derecho internacional humanitario de la Universidad de California en Berkeley, que representa a la familia Henríquez. “Estos individuos son lo peor de lo peor. Capos de la droga y criminales de guerra. ¿Por qué deberían recibir beneficios legales?”. Las autoridades de Estados Unidos creen que las extradicciones tuvieron sentido en una coyuntura histórica determinada y “demostraron a los colombianos que no existía nadie intocable”, tal y como lo explica uno de sus funcionarios. Varios fiscales federales respondieron a Altholz diciendo: “Vamos a acabar con ellos, no importa cuál sea el motivo”. Para ella y otros defensores de los derechos humanos, sí importa: los crímenes contra la humanidad se llevaron por delante al narcotráfico y Estados Unidos podría haber juzgado a esos hombres por tortura, por ejemplo. O podría haberle dado una oportunidad a la justicia transicional colombiana. Giraldo será el último de los paramilitares extraditados en ser condenado. Aunque las autoridades de Estados Unidos dijeron que sería improbable que The New York Times tuviera acceso a él, tras pedirle permiso a Giraldo, a su abogado, a la prisión, a un fiscal y a un juez federal, una reportera y un fotógrafo lograron encontrarse con él en una cárcel de Virginia, en agosto. Vestido con un holgado mono azul marino, el Patrón, que ahora tiene 68 años, parece una versión desmejorada de quien un día fue temible. Cabello gris, más delgado, de caminar lento. Pasa los días haciendo carteras con bolsas de papas fritas y vendiéndoselas a otros presos por “siete pollos”, es decir: siete raciones de pollo del economato de la cárcel. “Mire”, dice con orgullo, tirando de una de las correas hechas con papel de aluminio. “Son de doble costura”. Poco antes de la medianoche del 12 de mayo de 2008, a Giraldo lo despertaron bruscamente en una cárcel de Barranquilla, le dijeron que hiciera una maleta pequeña y lo subieron a un avión con destino a Bogotá. No le explicaron nada más. Una vez allí, encadenado, con las manos atadas a la cintura y grilletes, lo subieron a un avión de Estados Unidos junto a una buena representación de los paramilitares colombianos. Volaron rodeados de un silencio aplastante, enfadados porque el presidente de la mano dura, con quien “compartían ideología” en palabras de Giraldo, había roto su promesa de no extraditarlos. Tras años de negarse a entregarlos, el presidente Uribe había hecho una petición urgente a Estados Unidos: ¿esos líderes paramilitares? Llévenselos. Inmediatamente. Quería que se los llevaran después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia cerrara sus puertas por la tarde y antes de que las abriera de nuevo la mañana siguiente, según un funcionario estadounidense que aceptó hablar bajo anonimato. El presidente Uribe dijo que tenía miedo de que la corte bloqueara las extradiciones si no las hacían a toda prisa. Estados Unidos se puso manos a la obra. Era una operación de logística complicada. Necesitaban, en el testimonio del funcionario, “mover a hombres desde las cuatro esquinas de Colombia a un solo lugar y después el avión tenía que despegar con todos a bordo antes de que la Corte abriera al día siguiente”. En un momento dado, según la versión del funcionario, la autoridad antidrogas de Estados Unidos tenía seis aeronaves en funcionamiento para trasladar a los hombres desde Bogotá a Guantánamo, en Cuba, y de ahí a tribunales en Texas, Florida, Washington y Nueva York. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hizo un despliegue de esa magnitud para complacer a un presidente de Colombia que probablemente tenía sus propias motivaciones? “La política que dirigió el comportamiento de la administración de George Bush fue la de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Ni los derechos humanos ni las atrocidades ni los crímenes contra la humanidad cometidos por esos bastardos les han costado un solo día de cárcel en Colombia. ¿Qué haces si de la noche al día recibes un regalo del presidente de Colombia, 14 narcotraficantes? Les das la bienvenida”. Es una historia de delitos que se mezclan con geopolítica. Colombia es el aliado más cercano a Estados Unidos y el principal receptor de ayuda de toda la región. La alianza de ambos países se basa en la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo. Tanto la guerrilla como los paramilitares financiaban sus actividades traficando con droga, cobrando “impuesto de guerra” y como grupos de seguridad de los narcotraficantes que operaban en las zonas bajo su control. Las agencias antidrogas se centraron primero en las narcoguerrillas. Los paramilitares, que eran enemigos en la guerra contra las drogas, estaban desde un punto de vista técnico en el mismo bando que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en la guerra civil. Desde el año 2000, cuando se creía que los paramilitares ya habían cometido al menos 75 masacres, Washington cambió de política. El 10 de septiembre de 2001, justo un día antes de poner su atención en otro lugar, Colin Powell, Secretario de Estado, designó a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia como organización terrorista, al igual que las Farc. Las acusaciones de tráfico de drogas contra importantes líderes paramilitares llegaron enseguida y Uribe, elegido presidente en 2002 con la promesa de aplastar a la guerrilla, utilizó la amenaza de la extradición para forzar a los paramilitares a que dejaran las armas. Continue reading the main storyFoto Fotos de Julio Henríquez Santamaría en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá Credit Tomás Munita para The New York Times Al contrario que su predecesor y su sucesor, Uribe utilizó la extradición como un arma de lucha contra el crimen. “Los bienes de mayor valor con los que Colombia y Estados Unidos comerciaban eran el café, la cocaína y los acusados por crímenes por ambos países”, según Robert Feitel, abogado de Giraldo. Pero durante años, Uribe mantuvo una excepción con respecto a los paramilitares con el argumento de que quería darle una oportunidad al proceso de Justicia y Paz. La ley de Justicia y Paz inicial fue blanda. Un editorial de The New York Times de entonces la calificó como “impunidad para asesinos de masas, terroristas e importantes traficantes de cocaína”. Pero en 2006, la Corte Constitucional de Colombia la endureció y le otorgó un papel central a las víctimas al incrementar la pena máxima hasta 8 años de cárcel en caso de confesiones completas y reales. Para consternación de Uribe, los paramilitares comenzaron a confesar no solo sus crímenes de guerra sino sus vínculos con sus aliados y parientes. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, responsable de investigar a los legisladores, adoptó una actitud agresiva contra la “parapolítica” que implicó a muchos miembros de la coalición del presidente. Uribe pasó al contraataque y acusó a los jueces de izquierdismo y de conspirar contra él. Su agencia de inteligencia grabó de manera ilegal conversaciones de los miembros de la corte suprema y otros jueces. Negó saber algo de eso. Entonces, en abril de 2008, Mario Uribe, primo del presidente y exsenador por nombramiento presidencial, fue detenido por conspirar junto con escuadrones de la muerte paramilitares. Unas semanas más tarde, Colombia despertó con las fotos de los paramilitares embarcando en aviones de Estados Unidos. “El país entero entró en shock”, dijo Miguel Samper Strouss, quien fue viceministro de justicia a cargo de la justicia transicional. “Fue como si hubieran extraditado la posibilidad de conocer la verdad y de que se hiciera justicia y se reparase a las víctimas”. En 2008, el proceso de Justicia y Paz, lento y lleno de problemas, se había convertido en algo real. Unas 200.000 víctimas se habían registrado para participar, se habían confesado miles de crímenes y se habían exhumado miles de fosas. Silencio e impunidad En público, Uribe justificó la interrupción del proceso con el argumento de que los hombres seguían desarrollando sus actividades ilegales desde la cárcel. Los propios comandantes creían firmemente que Uribe los había enviado a Estados Unidos para silenciarlos. Y muchos de los defensores de las víctimas pensaban lo mismo. “Ellos iban colectivamente a entregar testimonios que comprometían a Uribe directamente”, dijo el senador Iván Cepeda, fundador del influyente Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). “Además entraron a sus celdas, donde ellos tenían sus computadoras, sus USB, y se llevaron todo, desapareció todo el trabajo que ellos habían venido haciendo y todas las pruebas que le iban a presentar a la justicia”. “Esas extradiciones marcaron un antes y un después”, continuó Cepeda. “Si el propósito era realmente lograr el silencio y lograr la impunidad, se consiguió en un alto grado. Solamente hasta hoy se comienza, después de tantos años, a tener un resultado”. En una cárcel al norte de Virginia, los demás colombianos se ponían de pie cuando Giraldo entraba en la clase de inglés. Afilaban sus lápices y le daban papel, recuerda el director, Ted Hull. Si no fuera por esos detalles, los funcionarios de la prisión no habrían sabido con quién trataban. Que ese prisionero de edad avanzada que sufría de ciática y hablaba con las manos porque nunca logró ser fluido en inglés, fue una vez líder de una organización paramilitar con unas 4000 víctimas en la memoria y unas 1800 violaciones serias de los derechos humanos. Dicen que ahora Giraldo es el tipo de reo dócil que cruza las manos a la espalda incluso cuando no está esposado. Pero incluso aquí, en territorio que controlaba Giraldo, desde el bullicioso mercado del puerto de Santa Marta hasta las colinas de la Sierra Nevada, pasando por la costa del Caribe, sigue siendo esa especie de padrino de sombrero y foulard al cuello cuya presencia aún se siente. “Este señor desde que se desmovilizó dejó en la zona estructuras armadas protegiendo el territorio”, dijo Priscilla Zúñiga, asesora de seguridad del alcalde de Santa Marta. “No hemos dejado desde el 2006 hasta el 2016 de tener presencia armada ilegal en la zona. Ahora se llama el clan Giraldo”. Zúñiga habla desde la oficina ubicada en el mercado, que cuenta con una estación policial para señalar que el gobierno trata de recuperar el control de la zona de manos de los hombres de Giraldo que aún tratan de cobrar extorsiones por protección en su nombre. Esa fuerte presencia policial sorprende a los visitantes pero, en general, la región trata de esconder su historia manchada de sangre, la amenaza que aún sigue ahí, presente. Es casi imposible imaginar los cuerpos enterrados en fosas clandestinas tras este paisaje de postal en el que montañas con picos cubiertos de nieve se yerguen sobre playas con palmeras y flotan botes de pesca en aguas cubiertas de helechos mientras grupos de mujeres lavan la ropa. Desde el principio, la historia de Giraldo, reconstruida a partir de entrevistas, registros judiciales, documentos del gobierno y su propia confesión, se cruza con la guerra civil colombiana. Nació en 1948, el año que dio inicio a la década del baño de sangre que se conoce hoy como La Violencia. No parecía destinado al liderazgo. Estudió hasta la secundaria y dejó su casa para trabajar en fincas. Su abogado, a quien le gusta recalcar la frase, dice que incluso ahora Giraldo sigue siendo “un campesino de corazón, el tipo de persona que quiere levantarse de madrugada y trabajar la tierra bajo el sol”. Pero en los años setenta, Giraldo comenzó a formar parte de “la bonanza marimbera”, el boom de la marihuana que precedió al de la cocaína. Organizó un sistema de transporte en mulas que recogía la marihuana en zonas aisladas y la llevaba hasta la costa. La primera vez que tuvo que cometer un acto violento fue cuando su hermano menor fue asesinado durante un asalto en el mercado de Santa Marta. Para vengarlo, contrató a un grupo liderado por un tal Drácula y seis hombres murieron. Fue el principio de un largo proceso de limpieza social para eliminar “indeseables”. Ladrones, prostitutas, homosexuales, mujeres infieles, brujas e izquierdistas. Cuando Drácula fue asesinado, Giraldo se quedó con su negocio. Heredó sus intereses en la naciente industria de la cocaína que controlaba entonces el Cartel de Medellín. Transformó su grupo de seguridad en una milicia cuando las Farc trataron de poner pie en su territorio e intentaron asesinarlo tres veces. Un mercenario israelí entrenó a sus hombres y para practicar lo aprendido masacraron sindicalistas bananeros en fincas que se suponía eran bastiones guerrilleros. Giraldo fue arrestado como responsable de las masacres. Y ahí cayó en el radar de Estados Unidos, identificado en un cable diplomático como un “asesino de alto nivel del Cartel de Medellín”, cuya detención “muestra que las autoridades colombianas no se hacen de la vista gorda respecto a los crímenes cometidos por la derecha”. Fue condenado a 20 años de cárcel. Pero para ese momento se había exiliado en la remota Sierra Nevada. Desde allí gobernó sobre el territorio bajo su control durante más de dos décadas, protegido por un grupo de 200 hombres y por familias de la élite y sus dependientes, según las autoridades. Según Zúñiga, “él no usaba un campamento como tal, como en la guerrilla. Su campamento era la comunidad porque él era parte de la comunidad, entonces las casas eran sus casas, las fincas eran sus fincas”. “A pesar de ser, para nosotros como institución, un delincuente, para las comunidades siempre fue visto con mucho respeto, y no solamente respeto por miedo sino respeto por la organización que le dio al territorio, porque había mucha ausencia de Estado en la zona”, agregó. ‘Ya comenzaba a violar niñas’ Cuando la hija mayor de Henríquez, Nadiezhda se encontró por primera vez con Giraldo, lo que vio fue su mejor lado, casi benigno, el de una autoridad local. Entonces era profesora y apreciaba que Giraldo resolviera conflictos entre su pequeña escuela y los pescadores que la utilizaban para almacenar su material. También se dio cuenta de su lado más siniestro. Perdió a sus tres alumnas cuando su madre las envió lejos para protegerlas de la voracidad del Patrón. “Ya comenzaba a violar niñas”, recuerda. Como un señor feudal, Giraldo ejercía “una especie de derecho de pernada” sobre las niñas de la región, según un oficial de seguridad colombiano que no está autorizado a hablar con la prensa. “Las personas buscaban acercarse a Hernán Giraldo y llevaban a sus hijas o le facilitaban que pudiera tener relaciones sexuales con sus hijas porque era la forma de salvaguardar su vida, porque mientras tengas vínculos con el jefe, te sientes protegido”, dijo el funcionario. Cuando Giraldo dejó las armas, un fiscal le preguntó en una vista pública por qué le llamaban el Taladro. Se sonrojó, pero parecía orgulloso del apodo, dicen quienes estuvieron presentes. El fiscal le preguntó directamente si tenía que ver con su predilección por las vírgenes. “Podría ser”, respondió. Los fiscales colombianos comenzaron a examinar al detalle sus relaciones, comenzando por las madres de los 24 hijos que reconoce. Llegaron a llamar a Giraldo el “mayor depredador sexual del paramilitarismo”. Durante el proceso de Justicia y Paz, aceptó la responsabilidad de 35 actos de violencia sexual, algunos cometidos por sus subordinados, incluida la violación de 11 menores de 14 años. El sumario de los fiscales recoge los casos como una letanía de consentimiento no informado que formaba parte de una dinámica patológica. Víctima Número 6: “Se tiene documentado que para el mes de octubre de 2004”, la chica visitó en varias ocasiones a una tía que trabajaba en al rancho de Giraldo. Pocos meses después “este le propuso que fuera su novia, propuesta que aceptó y el día 25 de diciembre mantuvieron sus primeras relaciones sexuales, cuando Yajanis apenas contaba con la edad de 13 años”. Él, 56. Tras el análisis de certificados de nacimiento, Humanas Colombia, una organización feminista, calculó que al menos 13 menores de edad tuvieron hijos que fueron “producto de accesos carnales violentos” de Giraldo. Nueve de ellas tenían menos de 14 años cuando dieron a luz. Algunas eran incluso demasiado jóvenes para quedarse embarazadas, como la hija de nueve años de sus cocineros. Adriana Benjumea, directora de Humanas, dijo que Giraldo le compró muñecas a la niña y le dijo que “no le diga nunca a su mamá porque la mato”. Desde el mismo momento que inspectores de la policía llegaron a este lugar para investigar la desaparición de Julio Henríquez, se encontraron con un muro. “Desde el momento de nuestra llegada hasta la partida, se percibe la ley del silencio que impera allí”, dice un informe de la policía. Continue reading the main storyFoto Giraldo, cuando era conocido como el Taladro, en febrero de 2006 Credit Armando Neira/Revista Semana La mujer de Henríquez y su hija mayor se habían enfrentado a los mismos miedos cuando huyeron a toda velocidad hacia el pueblo después de recibir la llamada en la que se les informó que había sido secuestrado. “Déjalo ir”, les dijeron. Eso enfureció a Nadiezhda Henríquez, quien ahora es abogada de derechos humanos. “Bueno, me matarán algún día, pero no es por miedo”, dijo durante una entrevista en Bogotá. Su padre tampoco tenía miedo, explica, era un defensor de la naturaleza, decidido a trabajar junto a los campesinos y pescadores para retomar el control de la región de manos de los traficantes. En su propia finca, muy extensa, estaba creando una reserva natural, plantando árboles indígenas y arrancando la marihuana y coca que plantaban sin su consentimiento. No era moralista ni estaba contra las drogas, pero le preocupaba la deforestación que causaba el cultivo de coca, según recuerda su hija. El pasado de Henríquez lo convertía en objetivo, según los documentos de la justicia colombiana. Giraldo defendió ante el tribunal que no tuvo nada que ver con el crimen, pero que había dado órdenes a sus hombres de que “todo lo que oliera a subversión fuera eliminado en esa zona”. Henríquez había sido miembro de la guerrilla del M-19 aunque se había beneficiado de una amnistía concedida 17 años antes de su muerte. Su nuevo activismo (acababa de crear una organización no gubernamental llamada Madre Tierra) era una amenaza real, de aquí y ahora, según el testimonio del exparamilitar Carmelo Sierra. ‘La mafia no perdona’ “Es obvio que el señor Hernán no compartía eso, lo que el señor le estaba planteando a los campesinos, porque él es cultivador de coca y porque al invadir sus terrenos es motivo suficiente para matar a alguien”, dijo Sierra ante el juez. “La mafia no perdona”. Sierra dijo que Giraldo envío a uno de sus hijos, el Grillo, para entregar un aviso: “Deja la ciudad o atente a las consecuencias”. Pero Henríquez no lo hizo. Así que siete de los hombres de Giraldo se alistaron una mañana, se vistieron de civiles y se encaminaron a la montaña para “hacer desaparecer al señor de la ONG”. “Sinceramente, no sé qué pasó con él”, testificó Sierra. “Yo no sé si lo degollaron o lo descuartizaron. No sé cómo sería la muerte de él ni dónde lo enterraron”. Ocho meses más tarde, agentes de la lucha antidrogas que investigaban las actividades de Giraldo fueron asesinados junto con un grupo de turistas y un empleado del hotel en el que se alojaban en la playa. Eso provocó una importante operación antinarcóticos y una guerra entre los paramilitares en la que el “Frente de la resistencia” de Giraldo fue derrotado por otro señor de la guerra, Rodrigo Tovar-Pupo. Continue reading the main storyFoto Taganga, el pueblo donde vivía Julio Henríquez Santamaría con su familia, cerca de Santa Marta Credit Tomás Munita para The New York Times En 2005, Giraldo y Tover-Pupo fueron acusados en Washington de conspirar para fabricar cocaína y enviarla a Estados Unidos. Según los fiscales, ellos y sus aliados estaban implicados en el envío de miles de kilos de cocaína que dejaron el norte de Colombia en lanchas rápidas con motores y combustible adicionales. Un año más tarde, Giraldo —de mala gana, según las autoridades locales— dejó las armas en el proceso de paz con los paramilitares; 597 de sus hombres entregaron 73.000 cajas de munición. En 2007, su abogado entregó las coordenadas que llevaron a las autoridades hasta los restos de Henríquez en una fosa común. Su hija Nadiezha asistió a la exhumación con su madre. Fue un momento esperado tras años de incertidumbre. “Nunca pensé en que lo encontraría como lo encontramos: en una tumba del monte, todo tan verde, bajo un árbol, cerca de arroyos que se vuelven ríos, con el musgo y la piedra de la Sierra Nevada”, declaró Nadiezha como parte de su testimonio el jueves. “Con las manos amarradas atrás y dos tiros de gracia en la cabeza, con una ropa que no era de él, sin un zapato, sin un pie, sin parte de su boca. Solo huesitos”. La familia de Henríquez no creía en el proceso de Justicia y Paz y presionó para que Giraldo fuera juzgado por la desaparición forzada ante una corte ordinaria. En 2009, después de su extradición, se le condenó en ausencia a 38 años y medio en prisión y a pagar una reparación de mil gramos de oro, unos 43.000 dólares. Pero eso está fuera del alcance de la justicia colombiana. Así que la familia decidió viajar a Estados Unidos para pedir justicia. Pocos meses después de que Giraldo llegara a Estados Unidos, fue transferido a la prisión de Northern Deck, donde cumplen condena traficantes mexicanos, pandilleros centroamericanos, yihadistas y combatientes colombianos de bandos enfrentados. Según Hull, el director del penal, se llevan bien. “Para serte honesto, y no quiero que suene como que justifico el terrorismo, tanto los presos de las Farc como los de las autodefensas unidas, los paramilitares, son presos modelo”, dijo. “Lo entienden como ‘me agarraron y estoy fuera’, todos cooperaban” con las autoridades. Ninguno de los paramilitares extraditados fue a juicio. Casi todos tenían abogados defensores. Pero Giraldo decía que su familia era pobre y que “un amigo” era quien asumía el coste de su defensa en Estados Unidos. Las tarifas pueden ser altas: un documento del caso de Tovar-Pupo revela que pagó a su abogado 390.000 dólares. “Los únicos que ganan en todo esto de la extradición son los abogados”, dijo Feitel, el abogado de Giraldo. En la defensa de estos hombres, sus abogados estadounidenses hacían hincapié en el contexto político de los crímenes y los presentaban como luchadores por la libertad cuyo movimiento se corrompió por culpa del tráfico de drogas. Uno de los abogados de la defensa, en referencia al apoyo de Estados Unidos al Ejército de Colombia, llegó a decirle al juez que un famoso líder paramilitar llamado Carlos Jiménez Naranjo “fue inicialmente, y podemos decirlo abiertamente, financiado por nuestro propio gobierno”. ‘Buenas intenciones’ En alguna instancia, las autoridades parecían ver a estos hombres como “sustantivamente diferentes” a señores de la droga que se mueven exclusivamente por el beneficio, tal y como lo explicó el juez Reggie B. Walton en Washington en la sentencia contra Tovar-Pupo: “Luchaba contra un enemigo que creo, probablemente, que si ese enemigo hubiese ganado, no habría mejorado la calidad de vida de la gente en Colombia. Lo que quiero decir es que estaban implicados en actividades con ciertas buenas intenciones”. Robert Spelke, un fiscal antidrogas federal retirado, la persona que dijo que Mancuso es un caballero, afirmó que “algunos de estos tipos eran realmente malos, pero no tanto”. Y continuó: “A veces es difícil creer que hicieron lo que hicieron. Está claro que hicieron cosas asquerosas. Pero ya se sabe que eso es lo que pasa en las guerras civiles. Siempre quise pensar que puesto ante la misma situación, hubiera hecho las cosas de otra manera. Pero no lo sé”. Altholz, que representa a los Henríquez, dice que ve una ironía en esto: “Estos individuos asumieron un papel en el combate contra el ‘demonio comunista’ representado por las Farc y su identidad paramilitar mitiga en vez de agravar sus casos”. Un oficial colombiano dice que esperaba penas mucho más duras a cambio de perder a los hombres al sistema de justicia de Estados Unidos. “Todos hicimos muchos sacrificios para perseguirlos”, dijo. “A mí me amenazaron. Desplazaron a unos compañeros míos. Después mataron a varios compañeros míos. Nosotros creíamos que la justicia estadounidense iba a ser más drástica. Creíamos que iban a recibir penas más justas con todo el daño que hicieron, por lo menos penas superiores a 20 años”. En los casos examinados por The New York Times, las sentencias que pudieron revisarse (algunas están selladas) iban desde libertad condicional a 30 años. Pero “la sentencia cumplida” era más fácil de comprobar y porque muchos de ellos vieron sus sentencias reducidas a “sentencia cumplida”; se usó eso como parámetro para medir. A cambio de su colaboración, muchos consiguieron reducciones de condena, algunas veces antes, otras veces después y otras veces tanto antes como después. Hubo una excepción notable. La fiscalía de Nueva York rechazó permitir que Diego Murillo Bejarano, Don Berna, pudiera cambiar información por beneficios de condena. Lo condenaron a 31 años. El único paramilitar que recibió una condena de más de 30 años además de él espera una reducción de entre el 35 y el 50 por ciento de la condena gracias a su cooperación, según sus abogados. En una ocasión, un juez de Florida obstaculizó la idea de una segunda reducción de condena a un jefe paramilitar. Así se llega a una situación, según el juez William Terrel Hidged, en la que cualquier reducción de condena “tiende a denigrar la seriedad del comportamiento del sujeto acusado y amenaza con provocar que el público le pierda respeto a la administración de la justicia criminal”. Cuando Herbet Veloza García, conocido como HH, fue condenado esta primavera en un tribunal federal en Manhattan, el fiscal lo llamó un “acusado extraordinario por su conducta criminal grave, pero también por su extraordinaria cooperación”. En este caso, como en la mayoría, no es posible determinar con certeza el grado en que esa cooperación ha sido útil para el gobierno de Estados Unidos porque la información específica no es de acceso público. Pero Veloza, según Rubén Oliva, su abogado, “dio una confesión completa” que permitió su propia acusación y su “asistencia sirvió para dar varios golpes a varias organizaciones importantes y a las peligrosas y corruptas organizaciones establecidas para servirles”. Refugio tras salir de prisión El gobierno de Estados Unidos encontró a Veloza responsable de traficar más de 450 kilos de cocaína. Sentenciado a 11 años y medio, saldrá este otoño tras haber cumplido siete años y medio tras las rejas en Estados Unidos. Y entonces, pese “a todas las cosas horribles que has hecho a lo largo de tu vida”, como le dijo el juez William H. Pauley III, podrá “tener la oportunidad de comenzar de nuevo”. Planea quedarse en Estados Unidos, según Oliva, aunque en Colombia le espera una sentencia del proceso de Justicia y Paz por 85 delitos entre los que se incluyen tortura y homicidio. Hasta ahora dos paramilitares han conseguido que Estados Unidos se convierta en su refugio tras salir de prisión: Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso, que pasó cinco años en prisión, y Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, que pasó casi siete. Ambos tienen órdenes de arresto en Colombia; Sierra en relación con un asesinato, según la Fiscalía General en Colombia. Sus familias han recibido asilo político al igual que la familia de un tercer paramilitar, Mauricio López Cardona, conocido como Yiyo, quien también ha pedido quedarse. Igual que Guillermo Pérez Alzate, extraditado con Giraldo y que ha cumplido menos de la mitad de su condena. Como narcotraficantes condenados, estos hombres no pueden pedir asilo. Piden una forma de protección poco habitual contra una posible expulsión basada en la Convención contra la Tortura, y argumentan que serían torturados por su gobierno, que ahora dirige el presidente Juan Manuel Santos. “No sugiero que el presidente Santos mienta”, dijo Oliva. “Pero estos hombres no sobrevivirían fuera del aeropuerto. Literalmente, los matarían al llegar”. Samper, hijo de quien fuera presidente de Colombia en los noventa, dice que ese argumento “no es creíble”. “Tenemos el mejor programa de protección individual del mundo reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Continue reading the main storyFoto El líder paramilitar Salvatore Mancuso fue extraditado desde un aeropuerto militar en Bogotá a Estados Unidos en mayo de 2008. Credit Policía Nacional de Colombia, vía Associated Press Como paramilitar y capo de la droga, Salvatore Mancuso fue un pez más gordo que Giraldo. Fue también, y a diferencia de Giraldo, un apologeta de verbosidad excesiva. Una vez que entró en el sistema de justicia transicional colombiano, habló y habló. Hasta lloriqueó cuando pidió perdón a sus víctimas. Después fue extraditado y cuando había pasado casi un año se sintió impelido a actuar “para evitar el estancamiento y la desaparición virtual” del Proceso de Justicia y Paz. Al menos eso dijo en una carta llena de florituras a una extraña amiga —Piedad Córdoba—, senadora entonces por el Partido Liberal que había sido secuestrada por los paramilitares. “Respetada senadora”, escribió. “La situación que se suscitó a partir de nuestra extradición ha generado un estado de indefensión, tanto para las víctimas, como para nosotros, los postulados”. En algo parecido a un intento de reconciliación y verdad en privado, Córdoba, junto a defensores de las víctimas entre las que estaba Cepeda, viajaron a Estados Unidos para reunirse en la cárcel con Mancuso y otros paramilitares. Las autoridades no permitieron que The New York Times se entrevistara con él. Cepeda dice que le preguntó directamente si sabía quién había asesinado a su padre, un senador de izquierda, en 1994. El líder paramilitar le dio nombres a él y a la fiscalía. Llevó seis meses organizar ese encuentro. “Finalmente, un día se ordenaron las estrellas en el firmamento y fuimos con una fiscal colombiana y estaba alguien del Departamento de Justicia”, explicó. “Se logró obtener el testimonio, pero eso soy yo, que tengo posibilidad de hablar con el gobierno, hablar con el fiscal general, hablar con personas que están en Estados Unidos. Un campesino de una zona como Córdoba o de Antioquia, donde hay miles de personas que son víctimas, jamás van a poder hacer ese ejercicio”. Continue reading the main storyFoto Los restos de Henríquez se encuentran en el mausoleo de la familia. En 2007, el abogado de Giraldo entregó las coordenadas que llevaron a las autoridades hasta sus restos en una fosa común. Su hija, Nadiezha, asistió a la exhumación con su madre. Credit Tomás Munita para The New York Times El fiscal general de Colombia y los jueces se sumaron en la protesta contra el gobierno de Obama, que había heredado los casos. Creían que se estaba coartando la justicia. Como resultado de esa gestión, en 2010, el Departamento de Justicia creó un “plan de acceso” que prometía que una docena de paramilitares estarían disponibles para hacer entrevistas por video si ellos mismos aceptaban participar en el proceso, lo que era suponer mucho. Las autoridades de Estados Unidos dicen que se realizaron al menos 500 entrevistas. Una quinta parte fue con Mancuso y, según un fiscal colombiano que testificó el año pasado, no sirvieron de tanto. “En total, conseguimos más o menos el ocho por ciento de lo que teníamos que conseguir”, según el fiscal Giovanni Álvarez Santoyo, señalando que Mancuso ha sido acusado de 4800 “asuntos” que van de “asesinato a desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violencia sexual, esclavitud sexual y delitos relacionados, como secuestro, terrorismo, robo y destrucción de propiedad”. Es imposible saber si las cosas habrían sido diferentes si los líderes no hubieran sido extraditados. Si hubiera habido más verdad, si se habría hecho más justicia o más rápido, y si los grupos paramilitares habrían sido desmantelados con mayor o menos éxito. Iván Velásquez, que lideró la investigación de la Corte Suprema por la corrupción de los paramilitares, dijo en un foro en Bogotá hace varios años que la verdad contada por los militares antes y después de las extradiciones no fue demasiada. “Muchos de ellos y sus lugartenientes han reducido gran parte de su ‘colaboración’, como solemos llamar su obligación de decir la verdad, a relacionar de manera descontextualizada los homicidios cometidos, justificándolos por tratarse de guerrilleros vestidos de civil, mostrando fosas”. Garantizar la “no repetición” de las atrocidades habría requerido de mucho más. “Que se revele los auspiciadores, financiadores, promotores, beneficiarios o usufructuarios de esas estructuras criminales que en muchos casos todavía permanecen intactas”, dijo Velásquez. Durante la última década, 128 exparamilitares han sido condenados en el Proceso de Justicia y Paz de entre los más de mil detenidos, según el gobierno colombiano. Pero mientras el país se prepara para un nuevo proceso de justicia transicional para las Farc, el modelo de Justicia y Paz sigue presionando. Al igual que las investigaciones sobre la parapolítica: este año, el hermano menor de Álvaro Uribe, Santiago, fue detenido por vínculos con un escuadrón de la muerte, Los 12 Apóstoles. El expresidente también fue investigado el año pasado por sus propios vínculos con los paramilitares. Pero al final no se le acusó de nada. Ahora es senador y cree que la investigación contra él y su familia tiene motivaciones políticas. Uribe es el mayor crítico del proceso de paz con la guerrilla de su sucesor y acusa a Santos de lo que le acusaron a él en relación con los paramilitares: ofrecer impunidad a criminales de guerra. Continue reading the main storyFoto “Ahora aparecen montones de víctimas en Colombia porque les dan dinero”, dijo Giraldo en una entrevista desde la cárcel en referencia a las reparaciones, que pocas víctimas han obtenido. Credit Todd Heisler/The New York Times El presidente Santos ha dicho que espera que un dividendo del acuerdo de paz sea una reducción en el tráfico de drogas que financió el conflicto armado. Los cultivos de coca han seguido aumentando en Colombia, y en especial en los últimos dos años. La extradición como panacea ya no tiene tanto favor del público como antes. En 2015, las extradiciones a Estados Unidos cayeron a la mitad, 109, de las que hubo el año en que se extraditó a los líderes paramilitares. Y el nuevo acuerdo, si los votantes lo aprueban, podría garantizar la protección contra la extradición de los líderes guerrilleros por tráfico de drogas. “Si eso puede verse como una contribución de Estados Unidos al proceso de paz, bienvenido sea”, dijo Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia. A principios de este año, dos mujeres jóvenes se aproximaron con cautela a las autoridades de Santa Marta. Habían decidido revelar que habían sido víctimas de la violencia sexual de Giraldo incluso después de su rendición y promesa de no volver a cometer crímenes. Tenían menos de 14 años y las habían llevado con Giraldo como visitas conyugales primero en una zona de detención especial de paramilitares y luego en una cárcel. Sus acusaciones eran tan sensibles que ahora están bajo protección. “Este año, me tocó la protección inicial de las dos chicas que denunciaron y las sacamos de la zona debido a que los hijos de Giraldo iban a matarlas”, dijo Zúñiga, la jefa de seguridad de Santa Marta. Giraldo dijo que eran mentiras. “Ahora aparecen montones de víctimas en Colombia porque les dan dinero”, dijo en referencia a las reparaciones, que pocas víctimas han obtenido. Si se prueban, esas acusaciones serían la base que serviría para denegar a Giraldo la sentencia de ocho años que obtendría bajo el amparo del proceso de Justicia y Paz. Afrontaría el resto de su vida en prisión. Si Estados Unidos decide enviarlo de vuelta. Y eso es en lo que se apoyan los Henríquez. Les llevó casi ocho años conseguir que Estados Unidos las aceptara como víctimas para poder participar en el caso de Giraldo. Sus abogados adoptaron un enfoque nuevo al argumentar que la ley de derechos de las víctimas de 2004 es aplicable. Explicaron que aunque Henríquez era una víctima extranjera de un crimen cometido en el extranjero, su crimen fue consecuencia de la trama de narcotráfico en la que participaba y de la que se declaró culpable. El Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo y no intercambió opiniones con los Henríquez sobre las decisiones del caso ni les informó de los pasos del procedimiento. Continue reading the main storyFoto Bela Henríquez Chacín, a la izquierda, y su hermana, Nadiezdha, ven fotos de su padre en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá. Bela dará una declaración cuando sentencien a Giraldo en Washington el mes que viene. Credit Tomás Munita para The New York Times La familia permaneció en la más completa oscuridad porque el Departamento de Justicia hizo que el juez sellara los archivos del caso, así como la moción en la que solicitaba esa restricción de información. No fue hasta que un comité de periodistas por la libertad de prensa presentó una demanda el año pasado, que se abrió el legajo del caso Giraldo. Aunque el juez denegó en un principio que los Henríquez fueran víctimas, cambió de opinión después de que una corte de apelaciones le pidiera que lo reconsiderara: “Creo que los peticionarios han establecido que su argumento de que si no fuera por la implicación del acusado, el fallecido no habría sido asesinado”. Feitel, que considera que los Henríquez son “falsas víctimas molestas que ladran a espaldas de mi cliente”, se enfadó. Visto con perspectiva, Paul Cassell, quien fue juez federal y es experto en derechos de las víctimas, dijo que los casos de narcotráfico suelen tratarse como casos sin víctimas. “Esto crea un precedente real”, dijo. Podría tener consecuencias para capos violentos como Joaquín Guzmán, el Chapo, cuya extradición ya ha sido aprobada por México. Después de la vista judicial de marzo, Altholz llamó a las hijas de Henríquez a un aparte fuera del edificio de los tribunales. “Ganamos”, dijo. “Ganamos”. A la familia Henríquez no le gusta hablar de los avances en el caso porque despierta de nuevo una sensación de dolor. “Somos como esos muñequitos de goma de un botoncito y se desbaratan”, dijo Bela Henríquez. “Pero fui contenta”. Nadiezhda fue más cauta. “Los derechos son meramente procesales”, dijo. “Tiene su sentido pero también es bastante limitado en lo que está internacionalmente reconocido a las víctimas como su derecho: verdad, justicia y reparación”. Dijo que durante la persecución de estos paramilitares, el gobierno de Estados Unidos se implicó en “negociaciones sobre justicia, y eso no es justicia”. Se centraron en el daño causado a Estados Unidos y no “en lo que nos hicieron”. ¿Qué tipo de sentencia quieren los Henríquez para Giraldo? “Queremos el tiempo suficiente para que esto se desmantele, para que en mi tierra haya paz”, dijo Nadiezhda. Si se desmanteló en realidad a los paramilitares y qué papel jugaron las extradiciones, es un asunto a debate en Colombia. Pero las bandas criminales —bacrim, en la abreviatura que se usa habitualmente, que nacieron después de que los paramilitares se diluyesen— son consideradas sucesoras formales de los paramilitares en el acuerdo de paz actual. Cerca de Santa Marta, el estallido más reciente de violencia neoparamilitar sucedió a finales de 2013. Cientos de civiles tuvieron que dejar sus pueblos durante un enfrentamiento entre el Clan Giraldo y un grupo rival que duró cuatro meses y dejó cientos de muertos. Desde entonces, los parientes de Giraldo luchan entre ellos por el control. “Si Giraldo estuviera en la cárcel aquí y no en Virginia, no veríamos esta disputa territorial”, dijo Zúñiga. Y añadió: “No creo que Santa Marta esté preparada para su regreso”. Bela Henríquez, que espera su visa para ir a Estados Unidos, espera poder mirar a la cara en una sala de audiencias al hombre condenado en rebeldía por la desaparición de su padre. “Yo no sé qué estará pensando Hernán Giraldo, pero por lo menos que tenga que ver con los crímenes que cometió en Colombia, que no quede en el olvido”, dijo. “Que tenga que reconocer que su negocio cobró vidas y no solamente una vida de un líder o una vida de una comunidad, sino que influencia la vida de todo el país. Afectará no solo a las familias que tenían que cargar con el peso de la violencia, sino que influencia la vida de todo el país, la historia de todo el país, de generaciones en adelante”. Investigación publicada en The New York Times

Nos convoca el amor por nuestro país y por quienes han sufrido la guerra; creemos en la esperanza de construcción de un futuro mejor para todos y todas, y por ello nos mantendremos unid@s y en movilización permanente en la defensa de la paz. La extraordinaria jornada vivida en muchos sitios del país el pasado 5 de octubre, convocada y desarrollada por los y las jóvenes nos inspira. Nos convoca el compromiso con las víctimas del conflicto armado, centro del acuerdo alcanzado en la Habana, y quienes nos han dado una lección de resistencia y capacidad de perdón que anticipan un futuro de reconciliación. Rodeamos el acuerdo alcanzado en la Habana y reconocemos el esfuerzo que durante 5 años realizaron las FARC – EP y el gobierno para llegar al cierre de una negociación que va a permitir la construcción de una paz estable y duradera. Reafirmamos que la Paz es de todos y todas y debe ser construida con la amplia participación de la sociedad y por tanto no permitiremos que el país vuelva a la guerra. Proponemos generar una amplia convergencia de fuerzas y sectores sociales, políticos y económicos, en un gran diálogo por la Paz. Convocaremos para ello, a la mayor brevedad, una Cumbre Nacional de Paz que de forma y contenidos a ese diálogo. Los resultados del plebiscito el pasado 2 de octubre, y la crisis que estos resultados han desatado, no pueden convertirse en la oportunidad para renegociar los acuerdos entre élites políticas, ni para hacerles modificaciones sustanciales. Demostradas las bondades del cese bilateral al fuego y de hostilidades, exigimos que este se mantenga y reiteramos el llamado – con agradecimiento y reconocimiento – a la comunidad internacional y al sistema de Naciones Unidas, para que continúe con el apoyo y acompañamiento a la paz de Colombia. Insistimos en que se avance en la apertura de la fase pública de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, como camino hacia la construcción de una paz completa, y que se inicien diálogos con el EPL. Trabajaremos para que una amplia acción conjunta, abierta y plural por la paz, reafirmando los acuerdos de la Habana, siga movilizando a la ciudadanía en el país y en el exterior; nuestra bandera es la bandera blanca de la paz. Hacemos un llamado al Congreso de la República para que su compromiso con los acuerdos y con la paz les lleve a actuar en consecuencia, legislando para la paz. Y llamamos también al Presidente de la República para que convoque al conjunto de la Institucionalidad para sincronizar una sola voz de certeza para la necesaria salida favorable en estos momentos de dificultad por los que atraviesa el país. Respaldamos, y potenciaremos todo esfuerzo encaminado a promover la construcción territorial de paz, y las diversas apuestas ciudadanas de movilización y deliberación que inundan las ciudades, así como el que realiza la cumbre de Gobernadores y Alcaldes por la paz. Hacemos un llamado a la Colombia de todos y todas, a quienes votaron y a quienes no lo hicieron, a la Gran Movilización y expresión ciudadana Nacional por La Paz el 12 y 14 de Octubre, en una sola voz; que se contagien los corazones, que se activen y salgamos a las calles por nuestro país. Es el momento de confiar en la capacidad y el entusiasmo de los miles de jóvenes, hombres y mujeres que se movilizaron ayer, de las y los trabajadores, de las y los campesinos, de la población LGBTI, de los y las indígenas, de las personas con discapacidad, de los y las afrocolombianas, de los y las defensoras de derechos humanos y de las victimas, para transitar por una ruta ciudadana hacia la paz. El otorgamiento del Premio Nobel de Paz al Presidente Santos es un aliciente adicional y representa el espaldarazo de la comunidad internacional al esfuerzo para lograr ¡Acuerdos Ya! Colombia toda es territorio de paz, no puede dar un paso atrás, desde hoy la pasión del país será luchar por que cese la horrible noche para siempre y no vuelva más. Que se acabe la guerra, queremos la paz Agenda de Mujeres populares diversas para la construcción de la paz en Bogotá + Alirio Uribe Muñoz + Anmusic + Ángela María Robledo – copresidenta Comisión de Paz del Congreso + Avre – Acompañamiento Sicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política + Asociación AMOR + BesosXLaPaz + Campaña Por Una Paz Completa + Casa de la Mujer + Centro de Atención Sicosocial – CAPS + CGT + Cinep + Círculos Ecuménicos de Mujeres Constructoras de Paz Comuna Trece y Centro + Ciudadanas Autónomas + Clamor Social por la Paz + Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo” + Colectivo de derechos humanos Jorge Eliécer Gaitán + Colectivo de pensamiento y Accion»Mujeres, paz y seguridad» + Colectivo Psicosocial Colombiano – Copsico + Colectivo Ansur + Colombia Renace + Colombia Vital + Colombianos y Colombianas por la Paz + Comisión Intereclesial de Justicia y Paz + Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz – Arauca + Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz – Urabá + Comité de Presos Politicos COMOSOC Medellín + Comité de solidaridad con los presos políticos+ Comunales por el Sí Conciudadanía + Congreso de los Pueblos + Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia CONAMIC + Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos CCEEU+ Corporación Aguachica Modelo de Paz+ Corporación Cinfro + Corporación CORPOCOLOMBIANOS +Corporación de Estudios, educación e investigación ambiental – CEAM + Corporación de Investigación y Acción Social y Economíca CIASE + Corporación Humanas Colombia + Corporación Nuevo Arco Iris + Corporación Otra Escuela + Corporación Podion + Corporación Región + Corporación Reiniciar + Corporación Sin armas Siembra vida + Corporación Tiempo de Mujeres Colombia + Corporación Vínculos + Corporación Viva La Ciudadanía + Corpovisionarios + Costurero de la Memoria + CREDHOS comité de derechos humanos de Barrancabermeja + Cumbre Nacional de Mujeres y Paz + CUT + Diego Abonía + Endémica Studios + ENS + Es ya es Ahora + Escuela de Liderazgo por la Paz + Esperanza Hernandez – investigadora para la paz Universidad de La Salle + Foro Nacional por Colombia + Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia-Fescol + Fuerza Común + Fundación Akina Zaji Sauda-conexión de mujeres negras + Fundación Mencoldes + Fundación Para la Reconciliación + Fundación Paz y Reconciliación + Grupo de ciudadanos #ConELPoderDeLaGente + H.I.J.O.S Hijos e Hijas por la justicia contra el Olvido y el Silencio + Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad + Instituto de Estudios Ambientales – IDEA de la UN + Instituto de estudios para el desarrollo y La Paz – Indepaz + Jorge Rojas + Justa Paz + Juventud Comunista Colombiana + Kinorama Producciones + La Paz Querida + La Paz Sí es Contigo + LGBTI por la Paz + Limpal + Liberales de Base + Luis Eduardo Celis + M – 19 + Marcha Patriótica + Mesa Ecuménica por la Paz + Mesa Sicosocial + Mesa Social Minero Energética y Ambiental por La Paz. + Mosodic, Movimiento Social Discapacidad Colombia + Movice+ Mujeres por la Paz + Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC + Organizaciones Campesinas Nacionales + PANA + Partido Comunista Colombiano + Pensamiento y Acción Social – PAS + Plataforma ALTO + Poder Ciudadano + Programa Puentes Para La Paz – Iglesia Cristiana Menonita + Promotor Sí + Red Mariposas de Alas Nuevas de Buenaventura+ Red Nacional de Mujeres + Red Nacional en Democracia y Paz + Redepaz + REDLAD+ Redprodepaz + RedUnipaz-Nodo Centro + Rodeemos el Diálogo + Ruta Pacífica de Mujeres + SI Ambiental + Sí Construyo Paz + Sí Paz con todos + Sí PRIMERO LA PAZ + Sisma Mujer + Tejidos del Viento + Un Millón de Mujeres de Paz + UNA + Uniandinos por la Paz + Unión Patriótica + USO Unión Sindical Obrera de la Industria del Petroleo + USOPAZ + UTRADEC – CGT + Víctor de Currea Lugo – Profesor Universidad Nacional

La concesión del Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos, las multitudinarias marchas ciudadanas en apoyo al acuerdo de paz alcanzado entre las FARC y el Gobierno nacional, lo mismo que la disposición al dialogo y a la concertación que han mostrado Santos y el expresidente Uribe, han creado un ambiente de optimismo en el país y han dejado la sensación de que es posible avanzar hacia un gran pacto político nacional que incluya al Gobierno, a la oposición y a las FARC. Pero la concertación no es nada fácil, las diferencias son enormes y la pugnacidad de los últimos años no deja mucho espacio para los acuerdos. El proceso de paz, las iniciativas de apertura política y modernización del campo, lo mismo que la adopción de una agenda progresista en el tratamiento a las minorías étnicas y sexuales, a los jóvenes y a la familia, abrieron una brecha profunda entre las élites políticas, económicas y religiosas de Colombia. Los momentos más dramáticos de esta ruptura se vivieron en la disputa electoral de 2014 y ahora en la realización del plebiscito. El presidente Santos se la jugó a la paz y a estas iniciativas de modernización y logró aglutinar a su lado a la gran mayoría del establecimiento político y a toda la institucionalidad con excepción de la Procuraduría. Mención especial merece la cúpula de las fuerzas militares y de policía. Logró construir un acuerdo con la guerrilla de las FARC, la izquierda y la centro izquierda, también con las fuerzas sindicales y sociales. Conquistó el apoyo de la comunidad internacional. La expresión principal de este bloque político es el acuerdo de paz suscrito en la Habana. También decisiones como la unión entre personas del mismo sexo, el derecho de adopción para las parejas gay, la ley de reparación a las víctimas y la restitución de tierras, la lucha contra la discriminación de los jóvenes por razones étnicas o sexuales, los signos de apertura democrática. Quedaron por fuera de estas alianzas y acuerdos y en contra de los cambios el expresidente Uribe y sus seguidores, sectores del Partido Conservador, la mayoría de las iglesias, el ELN y sectores empresariales como el grupo Ardila Lulle y la mayoría de los grandes dueños de la tierra. Las ideas que mejor representan al conglomerado de fuerzas de la derecha están consignadas en el manifiesto de 68 puntos críticos al acuerdo de paz difundido por Álvaro Uribe en octubre de 2014 donde se va lanza en ristre contra las reformas que se esbozan en el texto de la Habana. Pero también en los discursos del exprocurador Ordóñez contra lo que el llama la “la ideología de género” que no es otra cosa que el reconocimiento a los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Esas fuerzas de oposición de derechas lograron ganar el plebiscito por un estrecho margen y con ese triunfo abrieron de nuevo la negociación de paz y cuestionaron a fondo la alianza que se había establecido en el segundo mandato de Santos. Se metieron otra vez en la discusión y en la definición del futuro del país con una propuesta de pacto nacional sobre la base de una renegociación de los acuerdos con las FARC. Pero dada la condición presidencialista del régimen político colombiano y el limitado alcance jurídico que tiene el plebiscito Santos conserva intactas las facultades de ratificar el acuerdo de paz -no puede implementarlo por la vía que le había concedido el acto legislativo 01 del 7 de julio de 2016- pero puede mantenerlo y buscar otra forma de implementación. No obstante el triunfo del ‘no’ lo obliga a abrir las negociaciones con la oposición de derechas y no tiene otro camino que intentar un nuevo pacto, eso es lo que ha hecho desde el domingo 2 de octubre convocando las reuniones con los ex-presidentes Uribe y Pastrana, con las iglesias y con diferentes líderes empresariales, poniendo además un plazo tentativo de un mes, el 31 de octubre, día en que eventualmente terminará el cese de hostilidades. La solución de la crisis tiene tres escenarios posibles. El primero, alcanzar en un gran pacto nacional sobre la base de que las FARC y los demás dolientes del acuerdo de paz, es decir, la izquierda, las minorías étnicas y sociales, las organizaciones campesinas y el conjunto de Fuerzas políticas que lo han apoyado, se avengan a una renegociación y en ese proceso encuentran puntos de consenso en torno a temas espinosos como el de justicia, participación política y la apertura democrática, la reforma y la modernización del capo colombiano con medidas a favor de los campesinos medios y pobres, el nuevo enfoque de la política antidrogas. Es el escenario ideal. El instrumento para sellar el pacto podría ser una Asamblea Constitucional. El segundo, las FARC, la izquierda y las organizaciones sociales no admiten la renegociación del acuerdo o después de abierta esta negociación no encuentran puntos de consenso con al derecha y entonces Santos vuelve a la alianza con el uribismo, se recompone el consenso entre las élites, se rompe el acuerdo de paz y se reinicia el conflicto armado. El tercero, después de unas semanas de negociaciones, se fracturan de nuevo los puentes de Santos con la derecha, se afianza el acuerdo de paz y se profundiza la alianza entre las élites políticas liberales, la izquierda y las organizaciones sociales. Así mismo se consolida el respaldo internacional a los acuerdos. Entonces Santos apela al Congreso de la República y tramita a través de este los acuerdos de paz. El más improbable de estos escenarios es el gran pacto nacional, lo que está en juego es muy profundo, la polarización es enorme y la conciliación de las diferencias resulta muy difícil. Este escenario depende en gran parte de la disposición de las FARC para hacerle concesiones al uribismo en la renegociación del acuerdo. Le asigno un 20% por ciento de las posibilidades El segundo escenario es el más triste y doloroso, significaría un retorno al espíritu del Frente Nacional y una reanudación de la confrontación armada con su estela de víctimas. Depende mucho de la actitud de las Fuerzas Armadas y de la comunidad internacional. Si estas fuerzas optan por presionar a Santos para que acoja los resultados estrechos del plebiscito y se disponga a revisar los acuerdos con las FARC es probable que Santos se amilane y retroceda hacia el estilo que antaño se denominaba “el canapé republicano”, los acuerdos por arriba para gobernar el país. Le asigno a este escenario un 40% de las posibilidades. El tercer escenario es la persistencia de un bloque liberal y progresista que pone en el centro la paz y opta por impulsar cambios en la realidad nacional, depende en gran parte de la gestación de una gran movilización de la ciudadanía y de una decisión del ELN de incorporarse a esta alianza por las reformas y la paz. En todo caso el Premio Nobel de Paz que le acaban de conceder va en la dirección de comprometerlo aún más con la salida negociada. A este escenario le asigno también un 40% de las posibilidades. El tiempo será también una variable importante en la configuración de uno u otro escenario. Es muy probable que la estrategia de Uribe sea dilatar la negociación para ir acercando las definiciones a las elecciones del 2018, desgastar los acuerdos entre Santos y las FARC mediante la prolongación de un cese a las hostilidades lleno de incidentes de violación y procurar porque se apague la incipiente movilización ciudadana. En cambio Santos tendería a poner el acelerador en la superación de la crisis optando rápidamente por uno de los escenarios. Columna de opinión publicada en ElPaís.com

Cuatro hechos de esta semana han dejado la sensación de que la renegociación de la paz y la superación de la aguda crisis política después del triunfo del No en el plebiscito va a resultar relativamente fácil: le conceden el Nobel de Paz al presidente Santos; los participantes de las reuniones del miércoles en el Palacio de Nariño salieron hablando bien de este primer acercamiento, Pastrana alcanzó a decir que el plebiscito había unido al país, y Uribe y sus acompañantes utilizaron un tono conciliador para referirse a la actitud de Santos; a su vez las Farc insistieron, una y otra vez, en que no volverían a la guerra; entre tanto, se realizaron multitudinarias manifestaciones en todo el país para pedir que continúe el proceso de paz. Pero las diferencias son tan profundas y el efecto de la votación del No en el entramado institucional y político es tan limitado y precario que es muy aventurado predecir una solución tranquila y concertada de la crisis. Lo único seguro es que la superación del grave impase vendrá pronto, porque el presidente Santos ha fijado el 31 de octubre para dar por terminado el cese al fuego y a las hostilidades con las Farc. Se engañan quienes creen que las únicas o principales objeciones al acuerdo de paz son la exoneración de cárcel para las Farc y su habilitación para participar en la política. Esos fueron los temas que escogieron los uribistas para promover la indignación de la gente. Pero su distancia va mucho más allá y se puede ver con entera claridad en las 68 críticas a los acuerdos que publicó Uribe en octubre de 2014, cuando aún faltaba un largo trecho de la negociación. Algo más: la confrontación con Santos no se ha limitado al acuerdo de paz, abarca los principales temas de gobierno. Puntos centrales de las diferencias: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; la apertura democrática; el reconocimiento de los derechos a las minorías étnicas y sexuales y la consiguiente transformación de la familia; la perspectiva de modernizar el campo colombiano con medidas a favor de los campesinos pobres y medios; un nuevo enfoque para el tratamiento de los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas; la creación de un Tribunal Especial de Paz y el propósito de llevar a la justicia transicional a todos los que en medio del conflicto hubiesen incurrido en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluidos empresarios, líderes políticos y agentes del Estado. El triunfo del uribismo le quitó a Santos la posibilidad de implementar los acuerdos por la vía extraordinaria y rápida definida en el Acto Legislativo para la Paz, y lo obligó a abrir un espacio de discusión para explorar la posibilidad de renegociarlos. Es un mandato político. Pero nada más. Las facultades legales y constitucionales ordinarias para ratificar el acuerdo quedan intactas y también la posibilidad de buscar otra vía para la implementación. En esas condiciones se presentan tres posibles escenarios: El ideal, llegar a un gran pacto nacional que comprometa al gobierno y a todas las fuerzas políticas y sociales que han apoyado las negociaciones de paz, a las Farc y a los diversos grupos de derecha encabezados por Uribe que han objetado el acuerdo suscrito en Cartagena el 26 de septiembre pasado. Esto implicaría una revisión de la paz firmada y la definición de un mecanismo de refrendación e implementación que bien podría ser una asamblea constitucional. Este escenario depende en gran parte de las Farc, de su disposición a dejar que Uribe y las fuerzas que lo acompañan le metan la mano al acuerdo. El segundo, que Santos prefiera volver a un pacto político con las elites tradicionales después de fracasar en el intento de renegociar el acuerdo con las Farc de la mano del uribismo. Esto significaría enterrar las propuestas de reforma y reanudar la confrontación armada. Es un escenario que recuerda lo que ocurrió en el Caguán, solo que ahora la iniciativa y la responsabilidad principal de la ruptura recaería en el establecimiento político del país. Es la más triste y dolorosa de las posibilidades. El tercero, que las conversaciones con las fuerzas de oposición a los acuerdos de paz se desgasten ante la imposibilidad de resolver las diferencias y Santos opte entonces por mantener los compromisos con las Farc y los acuerdos con todas las fuerzas políticas y sociales que han acompañado las negociaciones de La Habana, para buscar una nueva manera de implementar el acuerdo recurriendo al Congreso de la República. ¿Cuál de estos escenarios se configurará? Hay cuatro factores que van a influir mucho en el curso de los acontecimientos. Las Fuerzas Militares, la movilización ciudadana, la comunidad internacional, en especial Estados Unidos, y el ELN. Si la cúpula de las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional mantienen su respaldo sin ambages al presidente Santos, a este le quedará más fácil tomar una decisión en una dirección o en otra. El Premio Nobel es un espaldarazo inesperado para Santos. Una gran movilización ciudadana en favor del acuerdo de paz suscrito en La Habana puede inclinar la balanza a favor del tercer escenario. Una decisión del ELN de abrir la mesa negociaciones con el gobierno nacional también contribuiría a que se configure este escenario. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El Centro Democrático y Ordóñez promovieron el No y lo ganaron en las urnas, por pocos votos, pero ganaron y así es la democracia; se gana con un voto y punto. De tal forma que tanto Gobierno Nacional como las FARC y los del Sí deben aceptarlo. La forma de cómo ganó el No es otra discusión y es a lo que me dedicare en este escrito. Los del No se basaron en tres premisas para ganar. Primero en una renegociación del tema de cárcel para las FARC, la No participación política para la guerrilla y el No al Fondo de Tierras. De hecho, este último tema no es público, pero los financiadores del No como sectores de FEDEGAN lo pidieron. Incluso, hay quienes dicen que el tema de tierras es el verdadero inamovible para el Uribismo. Segundo, la otra carta de batalla del No fue el tema de lo que ellos denominaron “ideología de género”. Esta frase aglutina la inconformidad contra una cartilla del Ministerio de Educación sobre el tema de educación sexual, cartilla que nada tiene que ver con el proceso de La Habana; un reaccionismo religioso frente al avance de los derechos de la mujer y minorías sexuales asuntos que tampoco se relacionan con el proceso de paz pero que las comunidades religiosas ven como libertinaje cuando es una avance social que ha costado mucha sangre; y también aglutina, la intención de combatir la iniciativa de los acuerdos de paz de dar una garantía a la mujer víctima en el proceso de reestablecimiento de derechos. No debe olvidarse, que la mayoría de las víctimas son mujeres cabeza de hogar y muchas de ellas cargan con varios hechos victimizantes. Así las cosas la “ideología de género” no fue más que un sofisma que utilizaron los del No para cautivar desprevenidos. Lo tercero en lo que se basaron los del No fue la plata para la reincorporación de las FARC. Mediante redes sociales y cadenas de mensajes diseminaron la idea de que la reforma tributaria se iba a realizar para financiar la reincorporación de las FARC. Además, argumentaban que a las FARC se les iba a pagar casi un salario mínimo mientras que para los desempleados no había ningún tipo de ayuda o para los trabajadores informales. Nuevamente como en los casos anteriores, el modelo de reincorporación para las FARC es algo normal, no hay otra forma de reincorporación y algo similar fue lo que utilizó Uribe para la desmovilización paramilitar y nadie dijo nada. Pero se engañó a la población con ese discurso. La reforma tributaria nada tiene que ver con la reincorporación de las FARC. Como se puede ver, dos de las tres premisas del Uribismo se sustentaron desde una discusión que nada tenía que ver con el proceso de negociación; nos engañaron. Sobre el tema de la renegociación al menos hay dos claridades. Para el Centro Democrático y para el procurador Ordóñez es claro que las FARC pueden ceder en algunos temas pero definitivamente si van a participar en política y el tema de cárcel no está contemplado en los procesos de justicia transicional. Además la justicia transicional no es selectiva, es decir, aplica para todos los actores del conflicto. Esto es, la idea de que las FARC paguen cárcel y los militares, políticos y empresarios que participaron en la guerra no lo hagan es insostenible a nivel internacional, no es viable hacerlo, además esto arrastraría un manto muy amplio de impunidad. Así las cosas, ellos saben que la renegociación es inviable o mejor imposible. Lo que sucede es que no se lo pueden decir a sus 6 millones de votantes. Por ello la estrategia de ellos va en doble sentido. Por un lado dilatar la construcción de una hoja de ruta mediante la creación de comisiones que no van a resolver nada y, por otro lado, pasándole la responsabilidad al gobierno. Por ello hace algunas horas el senador Uribe, dijo que ellos habían ya manifestado los reparos al proceso de paz y que el gobierno los conocía. Además dijeron que ellos “reconocen” el liderazgo del presidente y qué es el presidente quien debe liderar la renegociación. Es decir, que ellos no aceptan cupos en el equipo negociador, ni aceptan una negociación con tres patas. Los del No reúsan a reunirse con las FARC, porque saben que eso no llevaría a nada. Si ellos aceptaran dicho escenario, la conclusión es que para julio o agosto de 2017 se devolverían con pocas cosas y solo algunos cambios, y eso sería reconocer a sus 6 millones de votantes que la promesa que hicieron era falsa y que mintieron. Eso a su vez se daría faltando apenas algunos meses para la elección del congreso de 2018 y las presidenciales del mismo año. De hecho, para el Centro Democrático lo importante no es la paz, sino recuperara la presidencia del 2018. En últimas ellos prometieron una renegociación sabiendo que era imposible y ahora lo que les queda es dilatar y ganar tiempo, manteniendo el caos político hasta el 2018, año en el que ellos aspirar a ganar las elecciones de nuevo. Por tanto, al señor Uribe y Ordóñez se les debe exigir responsabilidad política, ellos dijeron que iban a renegociar, pues que lo hagan, que muestran la hoja de ruta y que le cumplan al país. Así como ellos exigían fechas, que se pongan un plazo. De no ser así que le respondan al país. Se sabía que el No era un salto al vacío y así fue y cada muerto que se dé en la guerra será responsabilidad de ellos. Columna de opinión publicada en Semana.com

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, luego de reunirnos en La Habana con los países garantes y con el Jefe de la Misión Especial de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, queremos informar a la opinión pública que: 1. Luego de casi 4 años de intensas conversaciones, concluimos el pasado 24 de agosto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con el que estamos comprometidos. Consideramos que contiene las reformas y medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado. Reconocemos, sin embargo, que quienes participaron en el Plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del NO, así fuera por estrecho margen. En el marco de las facultades presidenciales que otorga la Constitución Política es conveniente que sigamos escuchando, en un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016. Las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso, serán discutidos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos. . 2. Reiteramos el compromiso asumido por el Presidente de la República y el Comandante de las FARC-EP de mantener el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo decretado el pasado 29 de agosto, y el monitoreo y la verificación por parte del mecanismo tripartito. Así como también, las garantías de seguridad y protección de las comunidades en sus territorios, según lo definido en el Protocolo por las partes. Para afianzar este Cese al fuego hemos acordado un protocolo, dirigido a prevenir cualquier incidente, en zonas de pre-agrupamiento en los cuadrantes definidos y asegurar un clima de seguridad y tranquilidad con la plena aplicación de todas las reglas que rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. El Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación con la participación del Gobierno y de las FARC-EP y la coordinación de la misión de las Naciones Unidas estará a cargo de monitorear y verificar el cumplimiento del protocolo, en particular del cumplimiento de las reglas que rigen el Cese al fuego. 3. Con ese propósito, solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, y por su intermedio, al Consejo de Seguridad, que autorice a la Misión de Naciones Unidas en Colombia a ejercer las funciones de monitoreo, verificación, resolución de diferencias, recomendaciones, reportes y coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación previstas en la Resolución 2261 (2016) en referencia al mencionado Protocolo. Así mismo, invitamos a los países que contribuyen a la Misión con observadores desarmados a que continúen desplegando sus hombres y mujeres, que seguirán contando con todas las garantías de seguridad necesarias. 4. En forma paralela, continuaremos avanzando en la puesta en marcha de medidas de construcción de confianza de carácter humanitario, tales como, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los planes pilotos de desminado humantario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los compromisos respecto a la salida de menores de los campamentos y sobre la situación de personas privadas de la libertad. 5. Las delegaciones agradecemos al Comité Internacional de la Cruz Roja por su permanente apoyo, a Chile y Venezuela por su acompañamiento y sobretodo a Cuba y Noruega por su intensa y abnegada labor de respaldo a la construcción de los acuerdos de paz para Colombia, su contribución constante a la búsqueda de soluciones en momentos de dificultad y su disposición a continuar apoyando el proceso de paz.