Los lugares comunes, de muchos analistas y en general la percepción de la población civil manifiesta que la reincidencia de las FARC es el principal riesgo de seguridad que vivirá el país en el periodo del posconflicto. Sin embargo, hasta el momento ese riesgo es bastante bajo. Dos datos confirman esto; del total de guerrilleros desmovilizados individualmente en los últimos años, cerca del 7 % han reincidido, mientras que para el caso de paramilitares la reincidencia llegó al 22 %. Por otro lado, ni en el caso del cese unilateral, ni en el caso del cese bilateral ha habido violaciones sistemáticas por parte de una estructura que indique una insurrección. Lo que se sabe hasta ahora es de una estructura del frente primero, al mando de Iván Mordisco que tendría cerca del 40 % de ese frente, serían los únicos que estarían en disidencia. Lo que por el contrario se ha comenzado a ver en algunos territorios es la llegada de otros grupos armados ilegales, u organizaciones criminales a zonas en las cuales las FARC operaban. Tres ejemplos valdrían la pena mencionar. En Tumaco, departamento de Nariño, se sabe de la presencia de un nuevo grupo que se auto denomina “Nuevo Orden”, al parecer ha habido dos reuniones con comunidades muy cerca del casco urbano y han dicho que ellos se quedarán administrando el territorio una vez las FARC salgan del mismo. Además ha habido un aumento de la extorsión que se estaría coordinando desde la cárcel. De hecho, pobladores de Tumaco, principalmente de zona rural y de algunas zonas del Putumayo han dicho que; “A nosotros no nos gustaría que las FARC se desmovilizaran… ellos (las FARC) son fregados, pero han mantenido el orden aquí”. Lo que temen los pobladores de Tumaco, es que se repita lo ocurrido luego de la desmovilización paramilitar y la anarquía que se vivió con más de 4 grupos rearmados o emergentes que trajeron un aumento importante de la violencia. El otro ejemplo se vive en el departamento de Arauca. Allí, hubo una guerra de más de cuatro años entre ambas guerrillas, en la cual, se asesinaron hasta familiares y una buena parte de su base social. La enemistad es inmensa y las heridas aún no han sanado. Allí habrá dos zonas de ubicación de las FARC y se teme no tanto que el ELN ataque estas zonas, cosa que incluso esta guerrilla ha dicho que no lo hará, sino que retome las zonas donde antes operaban las FARC. Cosa que ya comenzaron a hacer. Esto es lo que ha llevado a que alguna población diga que las FARC y el ELN se están intercambiando brazaletes, pero eso es bastante improbable. El miedo por el contrario es que en ese proceso de retoma territorial se termine masacrando la base social de las FARC. El otro ejemplo es lo que ocurre en San Vicente del Cagüán. Allí operan tres estructuras de las FARC, pero desde hace dos meses dichas estructuras se han replegado y han dejado un vacío de poder. Ahora las comunidades del Cagüán se quejan no de las FARC sino de la delincuencia común que ha llegado al municipio. Ahora, las autoridades debaten para controlar el atraco pequeño y la delincuencia común en el municipio. Antes las FARC regulaban y administraban seguridad en el municipio, ante el repliegue otros intentan coparlo. Así las cosas, el tema preocupante no es la reincidencia de las FARC, que seguramente la habrá, pero será baja… el problema es cómo evitar la llegada de otros grupos criminales. Para limitar o mitigar los riesgos de esta retoma se requieren tres asuntos. 1. Un buen modelo de seguridad rural, que incluya entre otras cosas un aumento importante de la presencia de la policía rural o DICAR y una buena articulación institucional. 2. Se requiere de un cumplimiento de los acuerdos de La Habana, como el Plan Nacional de Formalización rural, el Plan de electrificación rural y todo el tema de asistencia agropecuaria para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Por último, se debe encontrar alguna forma de avanzar en los diálogos con el ELN y encontrar alguna salida jurídica para las BACRIM. Así las cosas, el riesgo principal no es que las FARC incumplan, el riesgo mayor es que el Estado no cumpla. Columna de opinión publicada en Semana.com

Por: Arile Ávila Martínez Luego de la operación Marquetalia, que se prolongó por casi un año, los diferentes grupos guerrilleros decidieron emigrar a Riochiquito. Se podría decir que el ejército ocupó la parte central de Marquetalia desde junio de 1964, zona que posteriormente fue rebautizada con el nombre de Villa Susana, en honor a la primera dama de la nación. La migración se dio a una zona al sur que se tomó como centro de acopio, mientras Marquetalia siguió siendo el centro de operación militar. Ya era claro para esa época que Villarrica, el Sur del Tolima y Sumapazse habían convertido en los centros de guerrillas comunistas. “El escape de Marulanda se convirtió en un gran misterio, que luego el general Matallana devela, al descubrir días después de la operación militar, la fortificación que recorría todo el poblado de Marquetalia, por la margen izquierda del río Atá y lo conduciría a una enorme trocha que había sido utilizada por Marulanda y los guerrilleros en su huida” . (Lea aquí: Marquetalia y la Primera Conferencia de las Farc) Dicha trocha, una vez terminada, podía ser recorrida por una persona en tan sólo una semana desde un puesto militar al otro. Con la primera conferencia se creó el Estado Mayor del Bloque Sur, un plan de acciones militares y que tomó como base a Riochiquito, considerado por parte de los guerrilleros como una zona de posible ataque militar, pero que para el momento era segura. Lo más trascendental de la primera conferencia es que se declara la movilidad total de los guerrilleros en grupos pequeños. Con esto se deja el posible contacto con las autodefensas que trataban de resistir en un determinado territorio. Una vez instalados en Marquetalia, entre diciembre de 1964 y mediados de 1965 se sucedieron varios anuncios sobre la muerte Manuel Marulanda. Pero mientras esos anuncios se escuchaban por radio en todo el país, Ciro Trujillo y Marulanda planeaban la toma del municipio de Inza. Se planeó la acción con cerca de 145 hombres, no todos guerrilleros como lo dice Arturo Alape, pues 80 de ellos eran indígenas que estaban destinados para cargar todo lo que consiguieran en el ataque. Así se da el ataque del 16 de marzo de 1965 y ante la opinión pública los grupos guerrilleros nuevamente aparecen. Este fue el punto de lance de la operación de Riochiquito. Para ese entonces, el general Álvaro Valencia Tovar había iniciado todo un acercamiento con Ciro Trujillo, para convencerlo de desertar de la guerrilla: «Mis informes al comando del ejército eran en el sentido de que Riochiquito era rescatable sin conflicto armado. Aún después de la toma de Marquetalia, cuando se tuvo la evidencia de la colaboración de Riochiquito con ellos (…) Ya para entonces el general Rebéiz Pizarro veía con mucha sospecha a Riochiquito. La presión de los caucanos era intensa. Los terratenientes caucanos liga-ron sus intereses y propiedad hasta Riochiquito, entre ellos Mosquera Chaux. Inclusive cuando yo hice poner en libertad a Pablo Trujillo, hermano de Ciro, que estaba preso en Popayán, esto tuvo una gran influencia en el acercamiento con el liderazgo de Riochiquito, junto con otros efectos, como la construcción del puente en Nátaga, que facilitó el tránsito de campesinos a Riochiquito, se adelantó la carretera, se fundaron escuelas en distintas veredas. Yo di dinero y se facilitaron materiales de construcción para la escuela de Riochiquito. Había todo un proceso de acercamiento que duró año y cuatro meses, entre 1964 1965. Incluso llegó la versión de que me iban a secuestrar. El comandante del ejército me dijo que a Pacarní había llegado la versión por medio de una persona, que me había ayudado a acercarme a la población civil» . No obstante, el ejército envió a Tovar a Santander a luchar contra el ELN, y además Víctor Mosquera Chaux gobernador de Cauca en esa época, pidió la intervención militar en la región. Así se inició una nueva operación que el 6 de mayo de 1965, produjo bajo un ataque selectivo, la muerte a dos hijos de Ciro Trujillo y otros campesinos de la región. El entonces Estado Mayor de la guerrilla dividió sus tropas en varios grupos para la retirada, después de unos combates y alguna resistencia. Jacobo Arenas se dirigió, por un lado, Manuel Marulanda tomó la ruta nuevamente de Riochiquito, y Ciro Trujillo se enfiló por el centro del departamento. Su ruta nunca se conoció, de un momento a otro su rastro desapareció y llegó luego al sitio de encuentro, que era el Sumapaz: “Al salir de Riochiquito, Cauca, los destacamentos hicieron el mismo recorrido por diversas áreas; al comienzo había que hacer un largo y peligroso tránsito por territorio caucano hacia la Cordillera Central, luego debían buscar los páramos y después la fuerza debía bifurcarse en otras direcciones, hacia el Tolima y el Huila, para marchar de sur a norte hasta llegar a la entrada del páramo de Sumapaz por el oriente del Tolima y penetrar hasta el cañón del Duda. Jacobo Arenas, Líster y Rogelio Díaz tomaron otra dirección, ubicados en el centro de la selva, lo primero que hicieron fue reorganizar los destacamentos y luego incorporar a cada destacamento una determinada cuota de población civil. «En nuestra columna rumbo a Natagaima, nos tocaron 40 personas civiles, des-armados, con machetes y revólveres. Nosotros teníamos que hacer el tránsito por Marquetalia, era la ruta acordada». En Marquetalia desplazaron por lo menos a 30 personas hacia la región indígena, los civiles que quedaban se desprendieron paulatinamente, sin que les sucediera nada de camino, por fortuna. «Pasamos por encima de Gaitania, el ejército nunca imaginó semejante cruce y terminamos por brotar en Natagaima; después continuar con un endemoniado cansancio en el cuerpo hacia el páramo de Sumapaz, sin encuentros con el ejército de camino (…)». Ya en el cañón del Duda, Sumapaz, Jacobo Arenas debía crear las condi-ciones necesarias para celebrar la Conferencia Constitutiva de las FARC”. En esta ocasión ya no se presentaron los desplazamientos masivos con población civil, como en épocas anteriores. Esta fue mucho más reducida y muchas de las personas de la población que salieron con la guerrilla terminaron por hacer parte de ella. Fue así como se dio la Segunda Conferencia en el Sumapaz: “En los finales de 1966 se realizó la Segunda Conferencia constitutiva de las FARC. Allí nos dimos por primera vez un Reglamento Interno que incluyó aspectos estatutarios, de Régimen disciplinario [y] normas de comando. Nos dimos un nuevo plan militar nacional, plan más ambicioso de organización política y de organización [de] masas, de educación, propaganda y finanzas. Dijimos por primera vez que el Movimiento Guerrillero FARC despegaba a una prolongada para la toma del poder en unión con la Clase obrera y todo el pueblo trabajador. Allí se destacó la importancia vital de la organización política como el factor consciente y rector del proceso revolucionario colombiano y que en ese sentido las FARC pondrían todo lo que de ellas dependiera en cumplimiento aquella gran misión”.

Señores: Su santidad Papa Francisco Ban Ki -Moon Secretario General de las Naciones Unidas – ONU Países Garantes Proceso de paz Gobierno Nacional – ELN Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, Cuba y Noruega Colombia, 13 de Septiembre de 2016: Desde esta Colombia del sufrimiento y la esperanza por un mañana de mejor democracia y equidad, les enviamos este mensaje de gratitud, por todo lo que han hecho, hacen y seguirán haciendo por una Colombia en Paz y plena vigencia de los Derechos humanos. Sentimos una gran alegría por todo lo que avanzamos y la enorme posibilidad que se abre con el Acuerdo para la Terminación del conflicto armado y la construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado colombiano y las FARC-EP, logro dónde está todo su trabajo, respaldo y acompañamiento. Como saben anhelamos que el conflicto armado en nuestro país llegue a su fin, pero hemos insistido en que no habrá Paz Completa si no logramos un proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, proceso que tiene una agenda ya firmada, un diseño y un conjunto de países garantes y acompañantes, a los cuales hacemos un llamado para que mantengan interés e iniciativa para ambientar el pronto inicio de este. Desde la campaña Por Una Paz Completa, queremos solicitarles la intervención en este proceso como mediadores, para que contribuyan como hasta ahora, a facilitar la apertura de esta mesa en Quito como se firmó el pasado 30 de Marzo del presente año y de la cual hasta el momento el país no tiene noticias de algún avance. Les agradecemos todo lo que puedan adelantar desde sus ámbitos de actuación para que la paz llegue a Colombia y podamos anunciar el fin de la guerra de manera definitiva. Está demostrado que su trabajo, junto al de la sociedad colombiana, da buenos frutos y juntos lograremos una paz estable y duradera para nuestro país que servirá de ejemplo en el mundo. La Esperanza está puesta en ver que la guerra será cosa del pasado Con nuestro respeto y gratitud Campaña Por Una Paz Completa Los diálogos son con tod@s y para tod@s Firman Organizaciones Asociación ABC Paz Asociación colombiana Ecuménica por la Paz – ACEP Asociación de Fundaciones Petroleras Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño – AMOR Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES Campaña LGBTIvotaSí Casa de la Mujer Colectivo de pensamiento y acción, Mujeres Paz y Seguridad Colectivo Vamos x los derechos Colombia Vital Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Arauca Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Arauquita Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Cravo Norte Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Puerto Rondón Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Saravena Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Tame Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Urabá Comisiones Juveniles de Reconciliación y paz Dpto – Arauca Congreso de los Pueblos Atlántico Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos Corporación Aguachica Modelo de Paz Corporación Ensayos para la promoción de la cultura política Corporación Humanas Corporación Nuevo Arco Iris Corporación Viva la Ciudadanía Frente Unido del Atlántico Fuerza Común Fundación Comité de Solidaridad con presos políticos Fundación Gobierno Abierto Colombia Fundación para la Reconciliación Fundación Paz y Reconciliación Iglesia Presbiteriana de Colombia Juventud Rebelde Atlántico Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE Poder y Unidad Popular Atlántico Programa Puentes Para la Paz – Iglesia Cristiana Menonita de Colombia Red Caribe Por la Paz Redepaz Red político artística de mujeres jóvenes Redprodepaz ReD – Rodeemos el Diálogo Red Unipaz – Nodo Centro Ruta Pacífica de Mujeres Teusaquillo Territorio de Paz Personas Alirio Uribe Muñoz – Copresidente Comisión de Paz del Congreso Alfonso Atencio Esquíaqui – Presidente Asocomunal Localidad Riomar Ángela María Robledo – Copresidenta Comisión de Paz del Congreso Aristalco Arrieta – Polo Social Aura Pareja – Casa de solidaridad con los pueblos de Barranquilla, Frente unido del Atlántico Bernardo Hoyos Montoya – Movimiento ciudadano Blanca Valle Zapata – Socióloga activista de paz Carlos Altamar Arias – Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Montecristo Carlos Mario Perea Restrepo – Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Carlos Medina Gallego – Profesos Universidad Nacional Carlos Velandia – Gestor de Paz Claudia Veronica Patiño Jacome – Fundación Unipaz Eduardo Mejía – Marcha Patriótica Esperanza Hernández Delgado – Investigadora para la paz, Universidad de la Salle Fabio Monroy – Coordinador en Colombia SERPAJ-AL. Iván Cepeda Castro – Senador copresidente Comisión de Paz del Congreso Jorge Rojas – Vocero Colombia Vital Juan Carlos Sandoval Mendoza – Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos – CPDH Atlántico Juvenal Pérez – Polo Atlántico Luis Eduardo Celis – Analista político Marina Avendaño – Representante campaña LGBTIvotaSí Osiris Pallares – Congreso de los Pueblos Ramón Araujo – Marcha Patriótica Ricardo Julio De la Cruz Castro – Marcha Patriótica Rosa Arroyo – Polo Social Tomas Ramos Quiroz – Presidente Asociación Sindical de trabajadores de la salud y servidores públicos – Astesap Víctor de Currea Lugo – Profesor de la Universidad Nacional Wilson Díaz – Asociación Comité Cívico, La pradera

Después de 52 años de haber nacido las FARC, se logra, en el cuarto intento, firmar un proceso de paz. Llega a su fin un conflicto que nació en la mitad del siglo XX pero que es característico del siglo XIX, ya que surgió por la disputa entre liberales y conservadores. No fue fácil, los datos de la confrontación armada son aterradores. Un poco más de 7 millones de personas desplazadas, cerca de 30 secuestros y alrededor de 87 mil desaparecidos. Una guerra en la que participaron Guerrillas, Paramilitares y agentes estatales. Luego de casi 4 años de negociación, las FARC y el gobierno anunciarán que han llegado a un acuerdo sobre el 100 % de la agenda. Este acuerdo guarda varias diferencias con los anteriores procesos de paz, como los del M-19 o la Corriente de Renovación Socialista. La principal diferencia es que se negoció unos mínimos de paz territorial, es decir, de reformar, inversiones y acciones que se deben aplicar en los territorios más afectados por el conflicto. De hecho, el punto de reincorporación se discutió la última semana, que para los procesos de paz de los años noventa del siglo XX eran los más importantes. La agenda de La Habana, en un 90 % corresponde a beneficios para la sociedad y solo un 10 % para los actores que participaron directamente en las acciones de conflicto armado. Por ejemplo, dentro del 90 % de los acuerdos se puede nombrar el Plan Nacional de vías terciarías, que significa la intervención en vías rurales para que los campesinos saquen sus productos y puedan comercializarlos. También se puede nombrar en Plan De Conectividad, el Fondo de Tierras. La comisión especial para la reforma electoral, el Plan nacional de Formalización de Tierras, los proyectos productivos para las familias que siembran cultivos de coca. Entre otros. Son cerca de 200 iniciativas, planes, programas, proyectos e instancias para superar las causas estructurales del conflicto. Dentro del 10 %, se cuenta el tema de participación política, seguridad para las minorías políticas que surjan de los acuerdos y la Jurisdicción Especial para la Paz. Al final se entiende que el modelo de justicia transicional traerá mucha justicia y poca impunidad. Sin embargo, el debate y las encuestas se centran en este 10 % y no nombran siquiera el 90 % de acuerdos que traerán beneficios para la sociedad. En los próximos días las FARC deberá hacer su décima conferencia nacional de guerrilleros, la cual servirá para refrendar los acuerdos de paz dentro de la base guerrillera. Se calculan 600 mandos de las FARC, cinco delegados por estructura, la más amplia que se ha hecho. Luego vendrá la firma de los acuerdos de paz, seguramente la segunda quincena de septiembre y para la primera quincena de octubre será la votación del plebiscito. Durante los cuatro años de negociación, las estrategias de pedagogía para explicar los acuerdos fallaron, ganaron más las mentiras sobre el mismo. Ya con solo 6 o 7 emanas de campaña es imposible desarrollar una estrategia de pedagogía profunda. Por tanto, la táctica para el ‘Sí‘ debe ser movilizar la emotividad y dar mensajes claros, ciertos y cortos sobre los acuerdos. Por ejemplo, en los gobiernos de Uribe, ningún miembro del Secretariado de las FARC fue llevado a la justicia, bajo la Jurisdicción Especial para la Paz, todos pasaran por la justicia. O mejor, votar ‘Sí‘ significa votar para que las FARC pasen de ser una organización armada a ser un movimiento político, tan solo 6 meses después de la firma de los acuerdos. Votar ‘No‘ significa votar para que las FARC sigan armadas. En todo caso la decisión final está en manos del pueblo colombino, quien irá a las urnas, con más ignorancia de que conocimiento sobre lo acordado, en gran parte por que nunca se interesó en leer los acuerdos. A pesar de que los acuerdos de paz están públicos desde el años pasado -2015- ni siquiera el vicepresidente los ha leído, lo reconoció hace un par de días. Veremos que sucede en día de la votación. Columna de opinión publicada en Semana.com

Quiero que cada uno de los lectores haga su propio juicio. Que le dé vueltas a los datos y los mire por todos los lados. Que no trague entero. Quizás el RUV tenga algún margen de error porque algunas víctimas repitan su inserción en el sistema para denunciar varios hechos. Que acuda a otras fuentes. Que examine también los registros, las imágenes y los relatos del Centro de Memoria Histórica que dirige Gonzalo Sánchez. O que se remita a fundaciones privadas nacionales e internacionales. Es la hora del balance. La hora triste de la conciencia. En la cadena de dolor que presenta el RUV se pueden hacer unos cortes de la infamia, de la mayor infamia. En el gobierno de Andrés Pastrana Arango se produjeron 2.453.628 víctimas y en los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez 3.374.270. Son 12 años que van del 7 agosto de 1998 al 7 de agosto de 2010. Suman 5.827.898 víctimas, es decir, el 70,13 por ciento del total. Ese periodo no está lejos. Todos los mayores de 30 años tienen algún recuerdo de lo ocurrido. Pero, además, existe abundante literatura sobre lo acontecido. Las guerrillas, los paramilitares y el Estado se trenzaron en una atroz confrontación en la que la población civil fue el blanco principal, tal como lo dice el Centro de Memoria Histórica: de cada cinco muertos cuatro eran civiles inermes. En 1994, después del fracaso de las negociaciones de Tlaxcala y Caracas, las Farc se fueron a lo profundo de las montañas, se metieron a fondo en el narcotráfico y en el secuestro, duplicaron sus frentes, se lanzaron a una feroz disputa territorial y golpearon sin compasión al Ejército colombiano. Lo mismo hizo el ELN. La muerte y el desplazamiento forzado se incrementaron en forma exponencial en el sur y en el oriente del país. En el norte, se lanzó la gran expansión paramilitar. Entre 1994 y 1998 los hermanos Castaño se concentraron en Urabá y Córdoba para construir el modelo de las autodefensas: una alianza entre destacamentos armados vinculados al narcotráfico, empresarios, políticos y sectores de la fuerza pública para disputar el territorio, las rentas y el poder local. En mayo de 1998 ya tenían listo el modelo y convocaron la cumbre de paramilitares que dio origen a las Autodefensas Unidas de Colombia. Salieron del evento y se extendieron por todo el país. La mayor escalada de masacres, desplazamiento y terror se produjo en el año 2001, justo antes de las elecciones de 2002 y 2003 donde se apoderaron de una tercera parte del Congreso de la República y pusieron 281 alcaldes y 12 gobernadores. El Estado se desmadró. El presidente Ernesto Samper, en medio de la pavorosa crisis que desató la infiltración de los dineros del narcotráfico en su campaña, perdió el control de las Fuerzas Militares, y el general Harold Bedoya Pizarro, a la cabeza del Ejército, optó por darles vía libre a los paramilitares en el norte; mientras que en el sur, con la mayor torpeza, trataba de contener las guerrillas, sufriendo 17 grandes derrotas que dejaron a las Farc con la enorme ilusión de la victoria en todo el país. Andrés Pastrana intentó reversar la situación poniendo en marcha unas negociaciones de paz con la insurgencia, y buscó, a la vez, frenar la expansión paramilitar mediante la advertencia y la persecución a sus jefes que empezaron a tener vocería pública conocida. Las estrategias fracasaron. Las Fuerzas Armadas no le obedecieron en ninguno de los dos propósitos. Las guerrillas ilusionadas con la posibilidad del triunfo tampoco ayudaron a concretar el acuerdo de paz en el Caguán. Con Uribe la situación fue a otro precio. Les dijo a las Fuerzas Armadas lo que querían oír: una gran ofensiva contra las Farc, sustentada en un considerable aumento del presupuesto y los efectivos, en la modernización y en las manos libres para controlar el territorio a como diera lugar; al mismo tiempo una negociación con las autodefensas. Así retomó el control de los militares. Respondió con la misma moneda a las guerrillas. Una disputa por el territorio punto a punto, un involucramiento de los civiles, una completa despreocupación por los daños colaterales y por las violaciones al derecho internacional humanitario. Así se produjo el tremendo holocausto que ahora se puede ver en el Registro Único de Víctimas. Y llegamos al gobierno de Santos que, con el solo anuncio de las negociaciones, cambió la tendencia de la victimización. Pero la sorpresa mayor ha sido que los dos expresidentes, quienes tuvieron mucho que ver en la intensificación del conflicto y en la profundización del horror que trajo el fracaso de las anteriores negociaciones, sean ahora los portavoces de una férrea posición contra el acuerdo de paz. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Foto tomada de Farc-ep.co Antecedentes Autodefensa Campesina y Guerrillas Liberales y Revolucionarias Una de las interpretaciones existentes sobre el nacimiento de las guerrillas liberales en Colombia se sitúa en la época de la violencia, luego de la llegada de Olaya Herrera a la presidencia y de la República Liberal, momento en el que se desataron todo tipo de venganzas, después de 45 años de hegemonía conservadora. En aquel momento, fue determinante el Partido Comunista, que en el Pleno ampliado de noviembre de 1947 manifestó como tarea inmediata, crear una organización de autodefensa popular para responder a lo llamaron la violencia oficial del Estado y el régimen conservador. Inicialmente, la autodefensa fue una organización popular armada de los campesinos dirigida por el Partido Comunista en las regiones agrarias que tenía influencia comunista. Esta forma organizativa creció y se hizo fuerte en algunas regiones del país, siendo el caso más significativo la autodefensa de Irco, Tolima; y el de n algunas ciudades y poblaciones importantes, en donde la autodefensa jugó un papel importante en el enfrentamiento con los «pájaros», una organización cuasi paramilitar. La autodefensa no era una guerrilla, y solo fue creada por el Partido Comunista para defender determinadas poblaciones de agresiones potenciales “en vastas regiones como el Tequendama, Viotá, y 10 municipios circunvecinos, para luego expandirse a Montevideo y El Pato en Santander, la línea del ferrocarril de Puerto Wilches, a San Juan de Rioseco en Cundinamarca, a Chaparral en el sur del Tolima, a la Concepción en Santander del Norte, a las zonas de la Tropical Oil Company, a la Shell y la Socony Vacunyn en los territorios petroleros, a la región del Ariari en los Llanos Orientales y a otros lugares del país”. Y posteriormente, en la región del Sumapaz, donde más adelante nacerían las FARC, después de la segunda conferencia guerrillera. Después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, en el Sur de los departamentos de Tolima, Santander, Cauca y Huila, cuando se gestaron las guerrillas de corte liberal. En 1948 “surge la primera guerrilla liberal en La Colorada, Santander, al mando del exalcalde de Barrancabermeja, Rafael Rangel. Luego surgen las guerrillas liberales del Sur del Tolima al mando de Gerardo Loaiza, jefe liberal del departamento de Caldas y pariente de Manuel Marulanda Vélez”. Según la historia contada por las FARC: “Las guerrillas de los Loaizas se les unieron luego las guerrillas de la columna comunista de Irco, Chaparral, que tuvieron origen en la Autodefensa de aquel lugar. Por aquel tiempo hubo en Colombia 36 frentes guerrilleros, en su inmensa mayoría de orientación liberal, como las guerrillas del Oriente, del Sur, las del Norte en el Líbano, las del Centro en Venadillo, Anzoátegui, Alvarado y Santa Isabel en el Tolima; las de Santander y Boyacá, Concepción y el Cocuy; las de Cundinamarca en Yacopí; las de Sumapaz y Villarrica, las de Urrao en Antioquia, y la red de guerrillas casi a todo lo largo y ancho de los Llanos Orientales, en principio al mando de Eliseo Velásquez, luego de los Villamarin de Boyacá, Eduardo Franco Isaza, y por último al mando de Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, el «Tuerto» Giraldo, los hermanos Tapias, los hermanos Bohórquez, Plinio Murillo, Anastasio Cifuentes «Carafea» y una veintena más de comandantes guerrilleros de filiación liberal. Así en casi todo el país se conformaron las guerrillas liberales, que combaten al régimen conservador” El nacimiento de las guerrillas liberales no fue algo espontáneo. Una vez muerto Gaitán, la Dirección Liberal Nacional dio la orden de ir a las cabeceras de los pueblos (en las que tenían financiación y apoyo) a arengar la gente y formar las guerrillas. Esta situación de violencia se mantuvo hasta el gobierno de Rojas Pinilla y después del golpe de Estado de 1953, momento en el que se dio la posibilidad de una amnistía, y las guerrillas liberales entregaron sus armas, en su mayoría, después de la petición de la Dirección del Partido. Mientras tanto otras guerrillas se mantuvieron renuentes, las de corte comunista no hicieron entrega de armas y las autodefensas tampoco fueron desmontadas: “Las guerrillas liberales se entregaron y entregaron sus armas a instancias de la Dirección Liberal Nacional. Las guerrillas revolucionarias entraron en un período de repliegue, pero no se entregaron ni entregaron sus armas. Las guerrillas de Sumapaz no se entregaron, las guerrillas de Marulanda, de Prías Alape, de Trujillo Castaño, en los confines del sur del Tolima y norte del Cauca, no se entregaron; la guerrilla al mando de Alfonso Castañeda «Richard» en Calarcá, no se entregó; la guerrilla de Ezequiel Borja en Rovira, Tolima, no se entregó; la guerrilla de Agustín Bonilla «El Diablo», en el Alto Magdalena, no se entregó; la guerrilla al mando de Pedro González, en el norte del Tolima, no se entregó; tampoco se entregaron otras ya bajo dirección revolucionaria. El movimiento de Autodefensa bajo dirección del partido Comunita tampoco sé entregó ni entregó sus armas. Las guerrillas de los Llanos Orientales, las de Yacopí, la de Urrao, las de Santander, las de Boyacá, bajo dirección liberal se entregaron y entregaron sus armas. Luego, la mayoría de sus dirigentes y especialmente sus jefes, comenzando por Guadalupe Salcedo, fueron cayendo asesinados a manos de los mismos admistidos y antiguos pájaros, o por la Policía y el Ejército. Las guerrillas del sur del Tolima todavía al mando de los Loaizas fueron rearmadas por el Gobierno y los mandos militares para la guerra contra las guerrillas revolucionarias. Descargar informes Descargar

Antes de que el presidente Santos formulara la pregunta del plebiscito, le dije a un inteligente y bromista amigo mío uribista que hiciera su fórmula para convocar la consulta y me contestó sin pensarlo mucho: “¿Aprueba usted la impunidad y la participación política de los criminales de las Farc?” Al principio me pareció una caricatura producto de su ingenio, pero después, en medio de la discusión que generó la convocatoria oficial para el 2 de octubre, entendí que en los cuatro años de negociaciones de paz esa fue la pregunta que dominó en las encuestas y que acaparó la atención de los medios de comunicación. El martes en la tarde y el miércoles en la mañana, cuando se desató la discusión sobre el decreto que llamaba al plebiscito, hice un pequeño recorrido por las discusiones que se estaban dando en los medios radiales y por los titulares y primeros párrafos de las noticias impresas o puestas en internet, ahí estaba agazapada, aleteando, la pregunta de mi amigo. El uribismo había salido a decir que la frase, ¿Apoya usted el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?, no se sujetaba a lo dicho por la Corte Constitucional y era engañosa, tramposa y nada neutral. A renglón seguido una parte importante de los periodistas empezaron a encontrarle mucho sentido a las críticas del Centro Democrático. Empezaron a decir cosas como estas: “Sí, en verdad, no es neutral”; “¿Por qué meterle la palabra paz?”; “¿Por qué meterle la frase terminación del conflicto?”; algunos dijeron: “¿por qué no redactarla de manera escueta? ¿Aprueba usted el acuerdo entre las Farc y Santos?”. Con este tipo de interrogantes abordaban a los invitados, incluidos rebuscados neurolingüistas. A lo largo de cuatro años las encuestas indagaron muy poco por el 90 por ciento de los acuerdos: por las bondades de las transformaciones agrarias, la trascendencia de la reforma electoral, la importancia del plan integral contra el narcotráfico, el ambicioso proyecto de reparación a las víctimas, la ineluctable entrega de todas las armas y el fin de las Farc como organización armada. Los sondeos terminaron girando alrededor del 10 por ciento de los acuerdos, los que se referían directamente a las guerrillas: cárcel o no cárcel para las Farc, participación o no participación política de esta organización. La imagen que fue quedando en una parte importante de los colombianos es que lo convenido en La Habana es una burda concesión a la insurgencia. Ahora los uribistas quieren que la pregunta refleje esa imagen, que no se refiera al espíritu de la negociación, al propósito que animó a las partes, es decir, a una larga concertación para terminar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Ese, que fue el título de la agenda que discutieron a lo largo de cuatro años, no puede ser citado en la pregunta del plebiscito según los uribistas y no pocos medios le comen cuento y no pocas personas que presumen de listas ven razonable la demanda. Son ambiciosos, son persistentes y han logrado mucho. No solo en el tema de la paz. En otros problemas claves de la vida nacional lograron tomar la iniciativa e imponer su agenda, lograron adquirir un estatus de oposición que nadie había logrado en Colombia. Es cierto que tienen un líder carismático que registra muy bien en las encuestas y además gobernó el país durante ocho años, pero su representación parlamentaria está por debajo del 20 por ciento y su gobernabilidad regional es muy escasa. Con esa limitada fuerza han hecho milagros. En las tensiones con Venezuela y en la disputa territorial con Nicaragua han llevado la voz cantante. En los reclamos a la justicia también. Tanto, que lograron que los procesos judiciales por evidentes actos de corrupción que se abrieron contra dirigentes de su partido se empezaran a ver como una pavorosa persecución política y que el fiscal Montealegre cargara con un pesado fardo de desprestigio al final de su gestión. Más prodigioso aún pasar como no tan descabellada, no tan lejos de la realidad, la idea de que en Colombia estamos en un régimen muy parecido al de Venezuela, que la diferencia entre Maduro y Santos es poca. Afincados en estas consignas han producido toda clase de miedos y aceptaciones. En los círculos bogotanos se habló de la necesidad de escoger un fiscal general aceptable para el uribismo. La Corte Constitucional se esforzó al máximo para que la pregunta del 2 de octubre tuviera el tinte neutral que pedía el Centro Democrático. La Iglesia católica se inhibió de llamar al Sí en el plebiscito. Los empresarios se esfuerzan para no mostrar un apoyo abierto a la paz En las salas de redacción se insiste en el equilibrio al tratar los temas de controversia con ellos y en los debates se intenta una simetría entre los uribistas y el resto de los participantes. Pasa inadvertido incluso que un canal de televisión está dedicado a una rotunda labor de propaganda a esta corriente. Ya quisiera la izquierda, que en algunos momentos ha tenido más fuerza electoral y más gobernabilidad regional, ostentar el poder y la influencia del uribismo. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Al hacer una lectura detallada de los acuerdos de paz que se firmarán el próximo 26 de septiembre entre el Gobierno colombiano y las FARC se logra concluir que la mayoría de los programas, proyectos instancias, instituciones o iniciativas que se crearán serán, en un 90%, para beneficio de la sociedad y el restante 10% para las FARC o los militares colombianos. Esto resulta ser algo paradójico, ya que, durante años, las encuestas y los medios de comunicación se dedicaron a debatir únicamente sobre ese 10%, como son el tema de participación política de las FARC o los relacionados con la justicia. Pero nunca se preguntó sobre el tema de formalización de la tierra, o la seguridad alimentaria para el campesinado colombiano e incluso nunca se indagó sobre los temas de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto. Dentro de ese 90% de los acuerdos que beneficiarán a la sociedad valdría la pena mencionar tres. El primero tiene que ver con la creación del Plan Nacional de Vías Terciarías, que son las vías que comunican las zonas rurales con la cabecera urbana de los municipios. Es decir, son las vías por donde los campesinos sacan sus productos para comercializarlos. En Colombia existen entre 140.000 y 170.000 kilómetros de vías terciarías, la mayoría se encuentra destruidas o con intervenciones limitadas. Los acuerdos de La Habana contemplan intervenir estas vías en los municipios más afectados por el conflicto, cerca de 300 de los 1103 del país, lo cual podría abaratar el trasporte de alimentos en más de un 20%. Por cada kilómetro construido se pueden emplear hasta 50 personas por un mes y medio, de tal forma que al intervenir 50 Kilómetros por municipio con dos o tres equipos de 50 personas se podrían contratar más de 30.000 personas por más de un año. Ello traería una bonanza económica a estas zonas. Además se podrían contratar las comunidades rurales que viven de la coca, lo cual a su vez ayudaría a la sustitución de cultivos de coca. Otro de los planes que se contempla en el Punto Agrario es la creación de un Plan Nacional de Electrificación Rural. En buena parte de las zonas rurales del país, los campesinos no cuentan con servicio de energía eléctrica, en la mayoría de los casos tienen luz algunas horas al día o deben contar con plantas eléctricas, que funcionan con combustible, el cual a su vez es bastante costoso en estas zonas, cerca de cuatro dólares el galón. Esto significa que los campesinos no pueden almacenar alimentos o comidas por muchos días, por ejemplo pescado y cuando lo hacen el costo es alto, por lo que el precio de los alimentos no son competitivos con aquellos que produce la región andina del país. La electrificación rural traería una posibilidad para que muchas zonas rurales pasen de una economía precaria de subsistencia a una economía productiva de comercialización. Otro de los puntos fundamentales para sacar del atraso a miles de familias y regiones del país tienen que ver con el Plan Nacional de Formalización Masiva. En el sur oriente del país principalmente, aunque casi en todo el territorio nacional, muchos campesinos ha vivido durante décadas en una parcela de tierra pero no tienen título de propiedad, es decir, tienen es una posesión. Esto impide que accedan a crédito o que puedan comercializar su propiedad e incluso impide que algunas zonas rurales sean intervenidas con obras como vías o construcción de distritos de riego. La Formalización significa entregarle a los campesinos escrituras, lo que a su vez es entregarles la propiedad privada que es capitalismo, eso no es nada de socialismo o comunismo. Ejemplos como los anteriores hay decenas en los acuerdos de paz. El Gobierno nunca socializó esto y fue el uribismo quien ágilmente colocó la discusión en dos temas. Tanto el Gobierno como las FARC y los medios de comunicación cayeron en ese sofisma. Pero el gran ganador con los acuerdos de paz será el pueblo colombiano. Columna de opinión publicada en El país.com

Foto: Municipio de Tibu Fonseca (Zona de campamento): El municipio de Fonseca es conocido como “La Provincia”. Cuenta con una extensión de 45.326 hectáreas y 8.240 Km². El mayor porcentaje del territorio corresponde al área rural con 44.903 hectáreas y 3.422 Km² (99,07% de la extensión total). El municipio de Fonseca se encuentra bajo la administración de Misael Arturo Velásquez, quien aspiró bajo el aval del Partido Opción Ciudadana. Según información del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, el municipio de Fonseca es receptor de población desplazada, en su mayor parte con origen en otros municipios y solo el 43% de la zona rural de Fonseca. El accionar de la delincuencia organizada (Bacrim y guerrillas) encontramos hechos significativos de violación de los derechos humanos a poblaciones enteras con el desplazamiento forzado. El municipio, en este sentido, registra una población desplazada y/o victimas de 3883 personas a noviembre del 2010. De estas personas desplazadas el 46,7% corresponde a grupos étnicos. En este momento, no hacen presencia otros grupos armados irregulares en el territorio y la capacidad institucional del Estado local y regional permitiría afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana. El nivel de vulnerabilidad es medio alto como índice de riesgo de violencia en el postconflicto. La Paz (Zona veredal transitoria de normalización – ZVTN): Este municipio de la Serranía del Perijá, habitada por el pueblo Yukpas está situado al norte del departamento del Cesar, con una extensión de 1081 km², el 90% de su territorio es rural. La ubicación del municipio de La Paz le ha permitido tener paso obligado por sus vías de acceso hacia la Guajira desde cualquier parte del país, sin embargo, por el desplazamiento de la zona rural el 80% de la población se encuentra desempleada, según cifras del INCODER. El municipio ha sido transitado por la troncal de oriente que la comunica con el sur del Departamento del Cesar y con el Interior del País, dando paso e ingreso con el resto de la Costa Atlántica. Por su localización, ha tenido fuerte presencia e incidencia por grupos armados al margen de la ley como punto estratégico. El frente 59 de las FARC ha tenido injerencia directa en este municipio del departamento del Cesar El municipio de La Paz se encuentra bajo la administración de Andrea Ovalle Arzuaga, quien aspiró bajo el aval del Partido Conservador. Tibú (ZVTN): Está ubicado en la región Nororiental del Departamento del Norte de Santander. Este municipio es reconocido como la capital del Catatumbo, tradicional zona petrolera del país. En la zona rural del municipio cuenta con una zona de reserva campesina de hecho. Tibú está bajo la administración de Jesús Alberto Escalante, por el Partido Alianza Social Independiente. Según el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la población de Tibú asciende a 34.733 habitantes de los cuales, 11 925 viven en la cabecera municipal. El aumento poblacional en el casco urbano, se debe por el aumento de oferta laboral de las empresas petroleras y el paso de inmigrantes provenientes de Venezuela. Por su ubicación limítrofe y sus recursos mineros, el municipio ha tenido presencia paramilitar y guerrillera, sirviendo como fuente de financiación y en clave como paso entre Colombia-Venezuela. Para el Bloque oriental de las FARC, esta zona ha representado un punto estratégico de influencia política. En este momento, Tibú tiene presencia del ELN y su nivel de vulnerabilidad de riesgo de violencia en el postconflicto es extremo, hay probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados irregulares en este territorio. Tierralta (Zona de campamento): Es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, localizado en el alto Sinú, en su zona rural está el proceso de constitución de reserva campesina. Este municipio cuenta con mayores potencialidades de desarrollo agropecuario en el departamento debido a la calidad de sus suelos y su ubicación geográfica. El 65% de los territorios del municipio hacen parte del Parque Nacional Natural Paramillo, según cifras del Plan de Desarrollo territorial. Tierralta ha tenido la concentración histórica de militantes de las FARC por parte de su bloque noroccidental, el cual ha tenido en el Nudo de Paramillo su zona de refugio, la cual ha estado en constante disputa entre otros grupos irregulares por el manejo de este corredor para acciones delictivas, tráfico de armas y narcotráfico. En este municipio del departamento de Cordoba, hay presencia del ELN e incidencia por parte de BACRIM Clan del Golfo (Úsuga). El municipio presenta un nivel de vulnerabilidad extremo con riesgo de violencia en el posconflicto, hay probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios. El municipio está bajo la administración de Fabio Leonardo Otero, su aspiración al cargo se dio por medio del movimiento político Juntos Por Tierralta. Ituango (ZVTN): Está localizado en la zona norte del departamento de Antioquia, según cifras del DANE la población de Ituango es de 20.996 habitantes, cuenta con 75% de población rural. Es un municipio privilegiado por tener parte de su territorio en el Parque Natural Nudo Paramillo, con gran presencia de recursos minero energéticos, lo cuales han sido explotados de manera ilegal por parte de las FARC y grupos paramilitares como forma de financiación. Ituango tiene presencia del ELN y del Clan del Golfo (Úsuga), representando un alto riesgo de violencia en el postconflicto, se pueden producir olas de violencia luego de la dejación de armas de la guerrilla. Ituango está bajo la administración de Hernán Darío Álvarez. Riosucio (Zona de campamento): El Municipio se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento del Choco, en la subregión chocoana del Urabá, con mayoría de población afro e indigena. Riosucio cuenta con una extensión total de 9.318 km² de los cuales, 3.500 km² son de extensión urbana y 5.818 km² son rurales. Según el Plan de desarrollo territorial, el municipio no posee capacidad institucional para consolidar zona de reserva campesina. La alcaldía de Riosucio cuenta con la administración de Isaias Chala Ibarguen Este municipio del Urabá chocoano tiene una corta frontera con el Chocó y una larga con Antioquia. Riosucio, tiene presencia de BACRIM, Clan del Golfo (Úsuga) con una categorización de vulnerabilidad extrema, lo que genera un riesgo de violencia en el postconflicto, con posibilidades de consolidación de grupos armados irregulares. Dabeiba (ZVTN): Este municipio es la puerta de entrada al Urabá antioqueño, es el corredor entre el nudo de paramillo y Chocó. Dabeiba, según cifras del DANE, cuenta con una zona urbana del 81% de su territorio, sin embargo, su población sigue siendo rural, con lo cual se evidencia que el cambio en las dinámicas demográficas es debido al desplazamiento de la población rural al casco urbano del municipio. Dabeiba tiene presencia de las FARC y del ELN, estos grupos irregulares encuentran su modo de financiación en la zona con la minería ilegal, principalmente la explotación de oro. El Municipio en este momento tiene presencia de ELN y su riesgo de violencia es extremo en el postconflicto. Hay probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios. Antonio José Lara es el alcalde de Dabeiba, aspiro al cargo administrativo por medio del Partido Liberal Colombiano. Remedios (ZVTN): El municipio cuenta con una población de 29.199 habitantes, la población de Remedios se encuentran asentada en la zona rural en su mayoría, la cual, históricamente se ha concentrado en actividades económicas agrícolas, sin embargo, en los últimos años su concentración económica se ha reducido en la explotación minera y según el Plan de Desarrollo Territorial del municipio, para el total de la población, no representa ninguna posibilidad en materia laboral y de ingresos, debido a los costos de producción de la extracción de minerales además de ser el principal medio de financiación por parte de los grupos armados irregulares. En Remedios, además de las FARC hay presencia de ELN y del Clan del Golfo (Úsuga). El nivel de vulnerabilidad de riesgo del municipio es alto, se podrían presentar olas de violencia luego de la dejación de armas de la guerrilla. La alcaldía de Remedios está bajo la administración de Lucia Del Socorro Carvajal, por parte del partido Cambio Radical. Vigia del fuerte (Zona de campamento): Vigia del Fuerte cuenta con una población total de 7.586 habitantes de los cuales, el 75% se asientan en zona rural y su extensión territorial es de 1.780 km². Este municipio que bordea el río Atrato presenta uno de los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas en Antioquia y altos indicadores de violencia debido a la presencia del Clan del Golfo (Usuga). La alcaldía de Vigia del Fuerte está bajo la administración de Manuel Enrique Cuesta Borja, aspiro al cargo por la coalición entre el Partido Liberal Colombiano, Movimiento Político MAIS, Cambio Radical y el Partido de la U. Arauquita (ZVTN): Arauquita cuenta con 39.984 habitantes lo que representa una tercera parte del departamento de Arauca, según las fuentes provistas por el SISBEN, el 50% de la población se ubica en zona rural del municipio. Por la situación del conflicto interno que vive esta región del país, el municipio ha venido presentando desplazamiento de la población del sector rural hacia el sector urbano. En el último año, Arauquita recibió 1.059 personas desplazadas, que suman 477 hogares, ocupando el cuarto lugar del Departamento. Este municipio fronterizo con Venezuela, ha tenido presencia histórica de las FARC y en los últimos años han hecho alianza estratégica con el ELN. Este municipio como el resto de la zona oriental del país se caracteriza por las explotaciones petroleras y en este momento, se encuentra en proceso de constitución de reserva campesina. Arauquita por medio de la capacidad institucional del Estado local y regional podría afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana. El nivel del riesgo de violencia en el postconflicto en Arauquita es medio alto. El municipio se encuentra bajo la administración de Renson jesus Martinez Prada, quien aspiró bajo la coalición programática del Partido Conservador, Partido de la U y Partido Verde Tame (ZVTN): Tame se localiza en el extremo suroccidental del Departamento de Arauca, con una población de 53.010 habitantes de los cuales, el 40% se encuentran en zona rural del municipio. Según los indicadores oficiales de Tame, el municipio tiene una tasa de mortalidad por encima de la tasa de natalidad. La población desplazada que ha llegado en el último tiempo es de 2500 personas de las cuales, solo 1000 desplazados han logrado tener respuesta e intervención institucional. El alcalde es Hernan Dario Camacho quien ostento el cargo administrativo por medio del Partido Liberal Colombiano. En este territorio hay presencia histórica del ELN, la explotación petrolera ha sido el medio de financiación ilegal por parte de los grupos armados irregulares. En Tame hay probabilidad que se produzcan olas de violencia luego de la dejación de armas de la guerrilla con un nivel de vulnerabilidad de riesgo de violencia alto en el postconflicto. Cumaribo (ZVTN): El municipio más grande de Colombia con 74.000 km², ubicado en el departamento del Vichada, tiene resguardos indígenas muy extensos y sus cultivos ilegales son el medio de financiación del territorio. Cumaribo cuenta con una población de 40.455 habitantes distribuidos entre un 40% que viven en la cabecera urbana y 60% en zona rural. Los indicadores del Plan de Desarrollo Territorial muestran a la cabecera municipal con bajo número de personas desplazadas. En Cumaribo hay presencia del Bloque libertadores del Vichada-Clan del Golfo, con indicadores extremos de riesgo de violencia en el postconflicto, con la probabilidad que nuevamente surjan grupos armados irregulares en este territorio. Hermenegildo Beltran es el actual alcalde del municipio, aspiro al cargo administrativo por medio del Partido Liberal Colombiano. Corinto (Zona de campamento): Corinto es un municipio que sirve de corredor entre los ríos Magdalena y Cauca, de sus 29.267 habitantes según el último censo hecho por el DANE, el 60% de la población es indígena, siendo uno de los municipios con mayor densidad poblacional por parte de esta minería. Las comunidades indígenas en el territorio, han validado su accionar como actores en el proceso de toma de decisiones, incidiendo en el desarrollo, político, económico en la región, sin embargo, aún no han logrado reconocimiento institucional lo que ha generado que su zona de reserva campesina sea constituida de hecho. Corinto históricamente ha albergado a las FARC en la zona norte del Cauca, el municipio no tiene presencia de otros grupos irregulares. El indicador de riesgo de violencia en el postconflicto del municipio es media alta, cuenta con capacidad institucional del Estado local y regional para afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana. Edward Fernando García, es el actual alcalde de Corinto, Cauca. Aspiro al cargo administrativo por medio del Partido Liberal Colombiano. Buenos Aires (ZVTN): Buenos Aires es un municipio del norte del departamento del Cauca, su población se concentra con un 90% de sus habitantes en la zona rural, según el IDEAM, el municipio tiene por su aspecto rural servicios inadecuados, Identifica el no acceso a condiciones sanitarias mínimas, siendo uno de los municipios con cifras más bajas de necesidades básicas insatisfechas en el país. Este municipio caucano, tiene presencia de cultivos de coca, en relevancia en los límites con el Valle del Cauca, asimismo de minería ilegal de oro, en el momento cuenta con una zona de reserva campesina ya constituida. En Buenos Aires hay presencia del ELN y sus indicados de riesgo de violencia es media alta, con capacidad institucional del Estado local y regional para afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana. El municipio de Buenos Aires, está bajo la administración de Urdely Carabali Carbonero, por el Partido Cambio Radical. Caldono (ZVTN): Este municipio del departamento del Cauca tiene una extensión de 373.98 km², el 90% de su población se encuentra en la zona rural y cuenta con 80% por ciento de población indígena, la cual ha constituido una zona de reserva campesina de hecho. El alcalde de Caldono es Paulo Andres Piso Lozada, aspiro al cargo administrativo por el Partido Liberal Colombiano Su indicador de riesgo de violencia en el postconflicto es medio, con capacidad institucional del Estado local y regional para afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana. Planadas (ZVTN): Planadas, cuenta con una población total de 29.935 habitantes, de los cuales el 75% vive en la zona rural del municipio, cifras del último censo realizado. El municipio cuenta con presencia indígena Nasa importante en el corregimiento de Gaitania, la comunidad está llevando a cabo la constitución de reserva campesina en la región. Jose Dussan García, accedió al cargo por medio de la coalición entre Opción Ciudadana y el Partido de la U. El municipio del sur del Tolima, tiene presencia de las FARC desde hace medio siglo. El indicador de riesgo y vulnerabilidad de violencia en postconflicto es media alta, con la posibilidad de capacidad institucional del Estado local y regional para afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana. Villarrica (ZVTN): Este municipio de la región oriental del departamento del Tolima, Posee un área de 11.564 hectáreas cultivables, correspondiente al 24,1% de la extensión total. Villarrica depende fundamentalmente de la actividad agropecuaria, siendo un municipio netamente rural. Según el Plan de gobierno del municipio cuenta con un 70% de la población en zona rural. La actual alcaldesa es Jenny Nair Gómez del Partido Liberal Colombiano. Este municipio del departamento del Tolima, es vinculado directamente a la historia de las FARC, siendo en este territorio donde se dieron los inicios de esta guerrilla a mediados de siglo XX. Villarrica, es uno de los municipios más tranquilos de las zonas veredales de transición. No hay BACRIM u otras guerrillas y cuenta con una zona de reserva campesina en constitución. Tumaco (ZVTN): Se ubica en el suroeste de Colombia, en la costa pacífica del departamento de Nariño, el municipio tiene 203.000 habitantes, distribuidos entre 114.224 habitantes en su cabecera municipal y 89.747 en la zona rural, según cifras oficiales del municipio. Tumaco es uno de los municipios en Colombia, que muestra mayor porcentaje de habitantes que vive en la pobreza extrema y su porcentaje de desempleo se concentra en el 70%, pese a que es el segundo puerto del país sobre el Pacífico, lo que ha generado que sea un corredor estratégico para organizaciones criminales y sirva como puerto de embarco de tráfico para producción de cocaína. Hay presencia del ELN, con un indicador extremo de riesgo de violencia, hay probabilidad que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios. En la actualidad la administración del municipio está a cargo de la alcaldesa Marie Emilsen Angulo, aspiro al cargo por el movimiento político, Tumaco Nuestra Pasión. Policarpa (ZVTN): Municipio andino que conforma al departamento de Nariño, Policarpa es de vocación agropecuaria y minera artesanal, datos del Sisben muestran que el 75% de la población es rural. De estas actividades depende la economía de los habitantes de Policarpa. Este municipio del norte de Nariño, cuenta con una Zona de reserva campesina en constitución. En Policarpa hay fuerte presencia de las FARC (con el frente 29), disidencia de los rastrojos con el Clan del Golfo y presencia del ELN. Tiene un indicador extremo de riesgo de violencia en el postconflicto con probabilidad que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios. Claudia Cabrera Tarazona es la actual alcaldesa, accedió al cargo administrativo por el Partido de la U. Puerto Asis (ZVTN): Este municipio del suroriente del departamento de Putumayo, tiene una población de 43.075 habitantes con un 70% ubicado en la cabecera municipal, las cifras oficiales del municipio muestra a Puerto Asis como uno de los municipios con las necesidades básicas insatisfechas en viviendas inadecuadas más altas del país, según el IDEAM Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares. Puerto Asis, es el municipio del país con más cultivos ilícitos según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, es un puerto fronterizo con Ecuador con doce cabildos, cinco resguardos indígenas y una reserva campesina legalmente constituida. La financiación por medio de los cultivos ilícitos, genera que Puerto Asis, tenga probabilidad que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios, con un indicador extremo de riesgo de violencia en el postconflicto. La administración local está bajo la alcaldía de Omar Guevara Jurado, aspiro al cargo por el Partido Liberal Colombiano. Montañita (ZVTN): Municipio del departamento de Caquetá, cuenta con un territorio total de 1.484 km², con una extensión urbana mínima con respecto a su área rural, cuenta con una extensión de 83.000 hectáreas, en su mayor extensión es usado en la ganadería semi-extensiva, asimismo, en este territorio sigue siendo uno de los que más ha aumentado en hectáreas de coca en el país a pesar del intento de constitución de zona de reserva campesina. El estado pretende hacer presencia institucional en lugares alejados por medio de las inspecciones, las cuales como promulga su Plan de Desarrollo Territorial, están dispuestas para atender el orden, la paz, la concordancia y la convivencia social e integral de las comunidades. El municipio actualmente cuenta con cuatro inspecciones de policía así: Santuario, La Unión Peneya, El Triunfo y Mateguadua. José Leonel Guarnizo, es el actual alcalde de Montañita, aspiro al cargo por el Partido Liberal Colombiano. Los indicadores de riesgo de violencia son extremos en el postconflicto. En Montañita hay probabilidad que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios. Cartagena del Chaira (ZVTN): Ubicado en el centro del departamento de Caquetá, el área total del municipio es de 12.906 km² representa el 14.79% del área del departamento, 1,45 km² aproximadamente pertenecen al área urbana y 12.904 km² al área rural. La localización geográfica del municipio, su lejanía con la capital del departamento y el mal estado de la mayoría de las vías de comunicación, hace que el costo de vida en el municipio sea elevado, por lo tanto es indispensable intervención institucional a corto y mediano plazo para generar programas de mejoramiento de vías en el municipio. La administración de Cartagena del Chaira está bajo el cargo de Luis Francisco Vargas, por el Partido Alianza Social Independiente. En Cartagena del Chaira Las FARC, como los cultivos ilícitos han sido permanentes, con presencia en sus territorios de mayor altitud. En el municipio hay alto riesgo que se produzcan olas de violencia luego de la dejación de armas de la guerrilla. San Vicente del Caguán (Zona de Campamento): San Vicente del Caguán, tiene un territorio de 28.300 km², con un total de 63.239 habitantes de los cuales el 60% se encuentra en la cabecera urbana, datos que según el DANE son de relevancia y diferencia con los municipios del departamento. El municipio donde se ubicó la zona de distensión de las FARC en los diálogos con el expresidente Andrés Pastrana vuelve a quedar entre los municipios protagonistas en este proceso. Ha tenido presencia histórica de la columna Teófilo Forero de las FARC y en sus territorios cuenta con una zona de reserva campesina legalmente constituida. La administración local está bajo cargo de Humberto Sánchez Cedeño, quien aspiro al cargo por el Centro Democrático. En San Vicente del Caguán hay alta probabilidad que se produzcan olas de violencia luego de la dejación de armas de la guerrilla. San José del Guaviare (ZVTN): La capital del Guaviare que ocupa el 30% del territorio del departamento, cuenta con una extensión total de 16.178 kms² km² según los datos oficiales de la alcaldía, su zona urbana es de 1.660.900 km² mientras que su zona rural es de 263.750 km², sin embargo su mayor concentración de habitantes están en el área rural. El DANE ubica que el 77% de los hogares del municipio tienen necesidades básicas insatisfechas. San José contará con dos zonas de concentración de las FARC, en el que han operado varios frentes de esta organización. Es posible que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios, los indicadores de riesgo de violencia en el postconflicto de este municipio son extremos. La alcaldía está a cargo de Efrain Rivera Roldan, aspiro por la coalición programática entre Partido Liberal Colombiano, Alianza Social independiente La Macarena (ZVTN): Se ubica en el departamento del Meta, en jurisdicción de los Municipios de la Macarena, Mesetas, Vista hermosa, San Juan de Arama y Puerto Rico. La extensión del territorio es de 11.229 km², con un 90% rural, según datos provistos por el Plan de Desarrollo Territorial de La Macarena. El 80% de los hogares del municipio presentan necesidades básicas insatisfechas, Es uno de los municipios que conformó la zona de distensión que le entregó el gobierno de Andrés Pastrana a las FARC entre 1999 y 2002, en La Macarena está buena parte del parque natural de la Sierra de La Macarena y zona de reserva campesina en constitución. En este municipio, hay Probabilidad que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios, sus indicadores de violencia en el postconflicto son extremos. Ismael Medellín Dueñas es el alcalde a cargo de La Macarena, aspiro por el Partido Conservador Colombiano Mapiripán (ZVTN): Este municipio se encuentra en el Departamento del Meta, localizado en el centro del país al occidente de la cordillera Oriental, Mapiripán tiene el 10% de sus habitantes en la cabecera municipal, su concentración de habitantes se encuentra en el área rural la cual cuenta con más de 10.000 km² datos que genera el DANE. La administración local está bajo el cargo de Alexander Mejia Buitrago, aspiro por el Partido Liberal Colombiano Los indicadores de riesgo de violencia en el postconflicto son extremos y es posible que nuevamente surjan grupos armados irregulares en estos territorios. Mesetas (ZVTN): Municipio del Ariari, se encuentra localizado en la parte occidental de la región del Pie de monte del Departamento del Meta. Cuenta con una zona de reserva campesina en proceso de constitución. Su población es de 11.218 habitantes de los cuales 7.635 viven en la zona rural del municipio, con un nivel de pobreza del 55.5% de la población. La alcaldía está a cargo de Yonier Flórez Mendieta, por parte del Partido Alianza Social Independiente. Las probabilidades de riesgo de violencia en el postconflicto son altas y se pueden producir olas de violencia luego de la dejación de armas de las guerrillas.

Luego de que termine el proceso de dejación de las armas, previo  cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes. durante el período de transición, no se exigirán los requisitos relacionados con obtener votos en elecciones de Congreso y acreditar un determinado número de afiliados. El movimiento político que integren las  FARC,  deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022. En el caso de que no logren ganar curules en el congreso en medio de una jornada electoral, el acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. Las vocerías en senado y cámara serán designados por la agrupación política para que participen, únicamente durante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016, en los debates que se surtan en el Congreso de la República, pudiendo intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas, excepto el voto. Para contribuir a las condiciones que  faciliten la reincorporación a la vida sin armas  de los excombatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con: Atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros. Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMÚN) Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación, instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, que tendrá como uno de sus objetivos realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de esa guerrilla. De igual forma, se crearán Consejos Territoriales de la Reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación a nivel territorial. Acto seguido a la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Para hacerle seguimiento a la implementación de los Acuerdos, se creará un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional y cuyo propósito es comprobar su estado y avances, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación. El mecanismo de verificación estará compuesto por: Dos notables: serán dos personas de representatividad internacional, elegidas una por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile) Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances. Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Esta misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las partes consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. El acompañamiento internacional se hará como un apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos.

PUNTO 1: Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral (RRI) Acordado el 26 de mayo de 2013 El Gobierno tiene la convicción de que si queremos reversar los efectos del conflicto en el territorio y también impedir que el conflicto se repita, tenemos que cambiar de manera radical las condiciones en las zonas rurales de Colombia mediante una gran transformación del campo. Mediante lo que hemos acordado llamar una Reforma Rural Integral que cierre las brechas entre el campo y la ciudad. Esa reforma tiene fundamentalmente cuatro pilares: El primero es dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en el acceso y el uso de la tierra. Eso significa distribuir tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente mediante un gran Fondo de Tierras que les permita vivir en condiciones de dignidad. El Fondo se alimentará de las tierras ilegalmente adquiridas mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley, especialmente los de extinción judicial de dominio y recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados. La inmensa mayoría de los habitantes del campo nada tiene que temer. Y no se trata sólo de distribuir tierras, sino de darles a los campesinos los elementos para que esa tierra sea productiva: riego, crédito, asistencia técnica, asociatividad, posibilidades de comercialización. Eso es lo que llamamos “acceso integral”. Un segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en los territorios más necesitados, que coordinen unas grandes intervenciones del Estado para que las instituciones trabajen de la mano de las comunidades y se logre estabilizar esas regiones. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas con verdaderos planes de choque y facilitar la reconciliación. Un tercer pilar son planes nacionales en todo el mundo rural que deberán lograr en una etapa de construcción de paz una reducción radical de la pobreza y en especial de la pobreza extrema. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la agricultura familiar que contribuyan a dinamizar la economía rural, integrar las regiones al país y mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo. Los planes de desarrollo social buscarán disminuir la brecha campo-ciudad y generar oportunidades para los habitantes del campo. Por otra parte, reconociendo el importante papel que la agricultura familiar cumple en el desarrollo del campo, la generación de ingresos rurales y la producción de alimentos, se aplicarán estímulos y apoyos de gran envergadura en materia de asociatividad, asistencia técnica, crédito, mercadeo, y formalización laboral y protección social. El cuarto y último pilar es la seguridad alimentaria y nutricional: todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una mayor producción de alimentos y a una mejor nutrición, en especial de los más pobres. Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los pilares tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y contarán con una perspectiva de género y enfoque diferencial. Su efectividad, transparencia y buen desarrollo dependerá de la amplia participación de las comunidades en la planeación, ejecución y seguimiento. PUNTO 2: Participación Política. Apertura democrática para construir la paz Acordado el 6 de noviembre de 2013 Está construido sobre tres ideas. La primera es que para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesario una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate, con todas las garantías de transparencia y de equidad en las reglas del juego. ¿Por qué una nueva apertura? Porque la que marcó la Constitución de 1991, se ha visto frustrada, al menos en parte, por el mismo conflicto que ha impedido que la democracia se desarrolle plenamente en las regiones más afectadas por la violencia. Si no hay conflicto, habrá nuevas oportunidades de participación para quienes han estado al margen del sistema político por cuenta de la amenaza de la violencia. Y porque la democracia es justamente EL medio para consolidar la paz en la medida en que es un sistema para dirimir conflictos de manera pacífica por medio del debate y el voto. ¿Esto qué significa en concreto? Significa que hay que facilitar la creación de nuevos partidos políticos -sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos- desligando la superación del umbral electoral de la obtención de la personería jurídica y estableciendo unas condiciones especiales para que durante un periodo de transición las nuevas fuerzas que aparezcan cuenten con suficientes apoyos por parte del Estado. Para promover el pluralismo y la inclusión política en un periodo de transición, también acordamos la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas por el conflicto de manera que sus habitantes puedan elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, Representantes a la Cámara adicionales bajo unas reglas especiales. Se trata de fortalecer la integración política de estas regiones y de asegurar la representación y promoción de los intereses de sus pobladores. Y se trata también de una medida de reparación política para las poblaciones y comunidades que más han sufrido el conflicto. La segunda idea es que la consolidación de la paz requiere también de una mayor participación ciudadana, como era el espíritu de la Constitución del 91. La paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente en los territorios y para eso hay que fortalecer los mecanismos de participación para asegurar la efectividad de esa participación en la formulación de políticas y en la implementación de los acuerdos. Una mayor participación, tanto de los electores como de nuevos partidos, exige el fortalecimiento de la transparencia y la equidad en las reglas de juego. Por esa razón, se acordaron toda una serie de medidas específicas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así como la revisión integral del régimen y la organización electoral para dar esas garantías y poner a Colombia a la vanguardia del continente, sobre la base de las mejores prácticas internacionales. Ese fortalecimiento de la participación ciudadana pasa también por apoyar a las organizaciones sociales como expresiones organizadas de diferentes intereses de la sociedad, que también juegan un papel importante en la construcción de la paz, incluso cuando se oponen por medio de la protesta a las políticas del Gobierno. La tercera idea -y la idea fundamental del fin del conflicto- es que la condición básica para consolidar la paz, por medio del ejercicio de la democracia, es que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. Es decir, que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de la violencia. Y no sólo quienes han dejado las armas: todos quienes están en el ejercicio de la política deben tener la seguridad que no serán víctimas de las armas. Se trata nada menos que de dignificar y proteger el ejercicio de la política como un pilar de la construcción de la paz. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer las garantías para el ejercicio de la oposición y de esa manera crear condiciones más propicias para cumplir con un principio básico de la democracia como es la alternancia en el poder. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en medidas concretas como en el compromiso de expedir, luego de la firma del Acuerdo Final y de un posterior debate con todos los partidos políticos interesados, el Estatuto de la Oposición, una tarea aún pendiente de la Constitución del 91. Y también en condiciones especiales para la creación de nuevos partidos políticos, como ya se mencionó, que además de fortalecer el pluralismo puedan también fortalecer las opciones de la oposición. PUNTO 3 Fin del Conflicto Acordado en La Habana, el 24 de agosto de 2016 Se logró el silencio definitivo de los fusiles. La ONU, a través de un proceso técnico, trazable y verificable, recibirá la totalidad de las armas de las FARC y le garantizará al pueblo colombiano su dejación completa e irreversible. Este acuerdo establece los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las FARC mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como un cronograma preciso para la dejación de las armas y el inicio de su reincorporación a la vida civil. La Organización de Naciones Unidas, reconocida mundialmente por su experiencia en este tipo de procesos, será la responsable de recibir la totalidad del armamento por parte de las FARC. Este gran esfuerzo, aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de dicha organización, busca garantizarles a los colombianos que nunca más armas y política estarán juntas. Para garantizarlo, se contemplan tres tipos de medidas. En primer lugar, iniciará el proceso de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. Este será un proceso técnico, serio, ordenado y verificable por la ONU en el cual las FARC terminarán definitivamente las acciones contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado. Se trata del fin del conflicto. Naciones Unidas, como componente internacional, encabezará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, junto con delegados del Gobierno Nacional y las FARC. Se trata de un Mecanismo de tipo técnico, eficiente y ágil que contribuye a la generación de transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de cese al fuego. Estará encargado de analizar los posibles incidentes que se presenten en el terreno y que puedan afectar el cese al fuego. Para el cumplimiento de su misión, estará articulado con las comunidades, organizaciones sociales y entidades del Estado, y rendirá informes periódicos a la opinión pública. Su misión consistirá en realizar -por un lado- la labor de monitoreo, que se refiere a la recopilación y documentación de información sobre las actividades relacionadas con la implementación del cese al fuego. Y, por el otro, la verificación, que consiste en el uso de esa información para hacer recomendaciones acerca de si se está cumpliendo el acuerdo. El objetivo es facilitar el cumplimiento de los compromisos y evitar incidentes que puedan poner en riesgo el acuerdo del cese al fuego. Como producto del cese al fuego, las FARC no podrán ejecutar ninguna actividad ilícita como extorsión, secuestro, narcotráfico, entre otros. Cualquier reincidencia será considerada una violación al cese. En segundo lugar, se dará el proceso de dejación de armas por parte de las FARC. El componente internacional (CI-MM&V) en cabeza de la ONU, recibirá en los primeros 60 días el armamento hechizo y los explosivos y rendirá cuentas públicas. Las FARC tendrán 180 días para que la ONU reciba, por fases, la totalidad de su armamento, de acuerdo con el siguiente cronograma. El día D+5, las FARC entregan al CI-MM&V la información sobre todas las armas que tienen en su poder. El día D+10 las FARC entregará al MM&V las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable (tatucos, minas, cilindros bomba, etc.). Durante los primeros 60 días se destruye el armamento inestable (explosivos artesanales como tatucos, cilindros bomba), y se almacenan en contenedores, bajo control de Naciones Unidas, todas las armas de apoyo y el armamento de las milicias. La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las Zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final. A más tardar a los 150 días todas las armas de las FARC, incluidas las individuales, deberán estar almacenadas en contenedores bajo control de Naciones Unidas. Y a más tardar a los 180 días, la ONU extraerá los contenedores de las zonas, y certificará y comunicará a la opinión pública su finalización. Como resultado, se harán tres monumentos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Cuba y en Colombia (ubicado en donde el Gobierno y las FARC se pongan de acuerdo). En tercer lugar, las FARC se ubicarán de manera temporal y transitoria en 22 “zonas veredales transitorias de normalización” y 6 pequeños puntos transitorios de normalización. Estos lugares de ubicación fueron diseñados para hacer el tránsito de los guerrilleros a la legalidad y la dejación de las armas. Se conformarán al finalizar el proceso de conversaciones. En ellos, las FARC adelantarán la dejación de las armas y preparan su proceso de reintegración. Se trata de paz con seguridad. El movimiento hacia estas zonas contará con todas las medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y el Mecanismo realizará el monitoreo y verificación. Asimismo, la institucionalidad permanecerá vigente en todo el territorio nacional, incluyendo las “zonas veredales transitorias de normalización”. La Fuerza Pública en cumplimiento de sus deberes constitucionales continuará protegiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Para estas zonas en particular, se implementarán dispositivos especiales y robustos por parte de la Fuerza Pública. Por último, las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas acordados. Se trata de un conjunto de medidas para: – Crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de participar en política, especialmente a los ex integrantes de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil. – Brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, nuevas garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos y medidas de protección a las colectividades en los territorios. – Generar condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera. – Desmantelar las organizaciones criminales y perseguir las conductas criminales, que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El acuerdo de garantías de seguridad busca salvaguardar el monopolio del Estado en el uso de la fuerza, las armas y la hacienda pública, lo que significa que nadie podrá cobrar impuestos o similares distinto al Estado Colombiano. Adicional el acuerdo buscar fortalecer la justica, proteger y promover el respeto por los derechos humanos y ampliar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y generar garantías de no repetición. Como parte de estas medidas, el Gobierno Nacional implementará un programa de protección integral para proteger a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC, de sus antiguos miembros, a las sedes y a todo tipo de actividades que realicen en su proceso de reincorporación a la vida civil. En quinto lugar, el proceso de reincorporación –en lo político, lo social y lo económico- busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil. En cuanto a las medidas de reincorporación política, como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas. Un nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exije la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes. No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 Senadores y 5 Representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso sólo se asignarán las que faltaren para completar 5 curules, de tal manera que cuando la lista obtengan 5 o más, no se asignará ninguna adicional. Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los ex combatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con: (i) atención a los derechos de cada ex combatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros (ii) apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad (iii) Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMÚN) Por último, se creará el Consejo Nacional de Reincorporación que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, uno de cuyos objetivos será realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC. PUNTO 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas Acordado en La Habana, el 16 de mayo de 2014 Si bien el conflicto antecede el problema del narcotráfico, no es posible la construcción de una paz estable y duradera si no se resuelve este problema, o al menos su expresión territorial: el problema de los cultivos ilícitos y las economías ilegales asociadas a ellos, así como la amenaza de las redes territoriales de crimen organizado dedicadas al narcotráfico. El fin del conflicto además representa una oportunidad para diferenciar la solución: abordar el problema de los cultivos como un asunto de desarrollo rural y el del consumo como un asuntos de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos, y ser contundentes con uno de los mayores retos de seguridad que será el crimen organizado, en especial el asociado al narcotráfico y sus expresiones territoriales. Para resolver el problema no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Es necesario reconocer que hay que transformar las condiciones de “pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. Es decir, es necesario poner a la gente y a los territorios en el centro de la solución. ¿A qué se comprometen las dos partes? Ambos, Gobierno Nacional y FARC, manifestaron “su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”. El Gobierno Nacional asumió el compromiso de “poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública”. Por su parte, las FARC se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Esta es una garantía de enorme importancia para la sociedad y un paso concreto de las FARC hacia la paz. Esta solución a la que se comprometen las partes tiene tres pilares: El primer pilar es la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, que busca transformar las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de estos cultivos y a generar las condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan y, sobre todo, que quienes los cultivan transiten hacia una economía legal. No se trata simplemente de “erradicar las matas de coca”. Se trata de trabajar con las comunidades en los territorios para resolver el problema de los cultivos, a partir de la voluntad de quienes están directamente vinculados a esta actividad través de la suscripción de acuerdos de sustitución y no resiembra, donde no solo los cultivadores sino el Gobierno Nacional y Local adquieren compromisos, en una lógica de integración territorial e inclusión social. Para esto, se creará un nuevo “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo” en cabeza de la Presidencia, que será un capítulo especial de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral acordada en el punto 1. El objetivo de este programa es resolver el problema de los cultivos mediante la sustitución voluntaria de los cultivos con la participación efectiva de las comunidades, el despliegue de medidas para una solución oportuna y pertinente en los Parques Nacionales Naturales y zonas apartadas y con baja concentración de población. En resumen: la aspiración del programa es que toda la sustitución sea voluntaria. En los casos donde los cultivadores no quieran participar o incumplan los compromisos, la erradicación será manual donde sea posible. En el fondo, el alcance del programa es mucho mayor que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Se trata de integrar esos territorios y esas poblaciones a la dinámica de desarrollo nacional, de garantizar sus derechos –no sólo de los cultivadores, sino de todos quienes habitan en esas zonas– y de superar las desconfianzas históricas en esos territorios entre autoridades y comunidades. El segundo pilar es abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de salud pública. Dentro de la nueva visión, hay que separar el tratamiento del consumo de la persecución del crimen organizada y desarrollar más bien una política nacional frente al consumo de drogas. Para esto, se creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo, promover capacidades locales frente al problema del consumo y a articular la acción del estado en la materia y la generación de conocimiento de este fenómeno. Se trata de articular un gran esfuerzo en todo el territorio nacional de la mano de autoridades y de los ciudadanos para darle un tratamiento más sensato, más efectivo y más respetuoso de derechos al consumo. Por otro lado, y siendo coherentes con el abordaje de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos que se dará al problema del consumo de drogas ilícitas, se pondrá en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. El tercer pilar es combatir el narcotráfico. Pocos problemas le han causado tanto daño y tanto dolor al país como el narcotráfico. Para ello, el Gobierno concentrará todos sus esfuerzos en combatir el crimen organizado asociado a este fenómeno especial sus manifestaciones territoriales, uno de los grandes retos en materia de seguridad que deberá enfrentar el Estado una vez se ponga fin al conflicto armado, para garantizar las condiciones de seguridad en los territorios para garantizar la implementación de los Acuerdos de La Habana. Para ello, acordamos, entre otros, la puesta en marcha de una nueva estrategia de política criminal que fortalezca y articule instancias, mecanismos y capacidades de investigación y judicialización a nivel nacional y regional y que permita un uso mas eficientes de los recursos judiciales (concentrarse y ser contundentes con los eslabones mas fuertes de la cadena del narcotráfico, considerando un tratamiento diferente a consumidores y cultivadores). Una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico y la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. Asimismo incluye controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas. También una estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico. Colombia ha dado pasos enormes en la desarticulación de los grandes carteles del narcotráfico. La clave ahora está en lograr ese mismo efecto en el nivel territorial, desmantelando las mafias enquistadas en las regiones que ponen en riesgo la construcción de la paz. Punto 5: Víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición Acordado el 15 de diciembre de 2015 El conflicto armado en Colombia, de más de cinco décadas, ha ocasionado un daño y un sufrimiento a la población sin igual en la historia. En reconocimiento de esta tragedia nacional se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo y que la agenda para la terminación del conflicto debería incluir un punto sobre las víctimas. Se acordó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz. Se trata de un sistema compuesto por diferentes mecanismos y medidas, tanto judiciales como extra judiciales, que se pondrán en marcha de manera coordinada y simultánea. Estos son: • La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición • La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado • La Jurisdicción Especial para la Paz • Medidas de reparación integral • Garantías de No repetición El Sistema Integral busca satisfacer, a través de los distintos mecanismos, los derechos de todas las víctimas del conflicto armado: víctimas de agentes del Estado, víctimas de las guerrillas y también víctimas de los grupos paramilitares. Para tal efecto los distintos mecanismos buscan incentivar la colaboración de quienes tuvieron una participación directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos en el contexto y en razón de éste. 1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Es un mecanismo imparcial e independiente, de carácter transitorio y extra-judicial, y con enfoque territorial, que buscará contribuir a la satisfacción del derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad. Históricamente este tipo de Comisiones se han creado en procesos de transición (de dictaduras a la democracia y de conflictos armados a la paz) para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad. Sus objetivos son: – Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado – Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió – Promover la convivencia en los territorios, mediante una ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces Además de producir un informe final, la Comisión creará espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas, con el fin de escuchar las diferentes voces y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto. 2. Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Es una Unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial que busca establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral. La Unidad buscará a: – Las personas que murieron en poder de las organizaciones armadas ilegales – Las personas que hayan sido víctimas de desaparición forzada con ocasión del conflicto – Los civiles que por causa del conflicto –por ejemplo, del desplazamiento- se puedan haber visto apartados forzosamente de sus familias – Todos quienes hayan participado en las hostilidades y cuya suerte no haya sido establecida Toda familia que tenga a un familiar desaparecido con ocasión del conflicto puede estar segura de que se harán todos los esfuerzos posibles para establecer su suerte, ya sea que se localice a la persona con vida, se encuentren sus restos o se provea la mejor información posible. 3. Jurisdicción Especial para la Paz Es el componente de justicia del Sistema Integral. Se trata de una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia, pero también contribuir a garantizar sus derechos a la verdad, la reparación y la no repetición, así como contribuir a la consolidación de la paz. Es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal crean en un acuerdo de paz un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional para investigar, juzgar y sancionar las conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos. Se aplicará a todos quienes habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el contexto y en razón de éste: (i) los miembros de grupos guerrilleros que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno, una vez hayan dejado las armas; (ii) los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado; y (iii) las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta (financiadores o colaboradores) en el conflicto armado y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos. La JEP estará integrada por Magistrados principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros. Todos ellos serán escogidos mediante un proceso transparente que garantice que los seleccionados cuenten con las más altas calidades morales y que se cumplan los estándares internacionales de independencia judicial. La mayor garantía de que el proceso de selección de los magistrados será autónomo, independiente y transparente es la calidad de las instituciones que los escogerán. Se acordó proponer a las siguientes instituciones y personas para que cada una de ellas escojan una persona para confirmar el mecanismo de selección: – Secretario General de Naciones Unidas – Su Santidad el Papa – Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia – Delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) – La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, que reúne a los rectores de las universidades estatales u oficiales del país. A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y con el derecho constitucional colombiano, se otorgarán amnistías o indultos por delitos políticos y conexos. En todo caso no serán objeto de amnistía ni indulto (ni de beneficios equivalentes) los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Para los delitos no amnistiables ni indultables, la JEP –a través del Tribunal para la Paz- podrá imponer 3 tipos de sanciones: (i) propias; (ii) alternativas; y (iii) ordinarias. Las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la JEP respecto a determinadas violaciones e infracciones muy graves. Tendrán un contenido restaurativo y reparador, así como un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. Tendrán una duración de entre 5 y 8 años. Las sanciones alternativas se impondrán a quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad, antes de proferir la sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Finalmente, las sanciones ordinarias se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. Para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia será necesario contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición en los distintos mecanismos del Sistema Integral. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la JEP. 4. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz: El fin del conflicto representa una oportunidad única para fortalecer el Programa de reparación integral de víctimas que viene implementando el Estado. El acuerdo contempla ocho medidas: • Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva • Acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado daños • Fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva y articulación con los programas de desarrollo • Ampliación y fortalecimiento de las estrategias de estrategias de rehabilitación psico-social a nivel individual y comunitario • Implementación de procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y fortalecimiento de la reparación de víctimas en el exterior • Fortalecimiento de los procesos de restitución de tierras • Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y reparación integral a víctimas • Compromiso de las FARC de contribuir a la reparación integral, incluyendo reparación material 5. Garantías de No Repetición: Las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo serán resultado de la implementación de: • Los diferentes mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición • Las medidas que se acordarán en el Punto 3 de la Agenda del Acuerdo General “Fin del Conflicto”, que buscan garantizar la terminación definitiva del conflicto armado; y • Todos los puntos del Acuerdo Final en materia de Reforma Rural Integral, Apertura Democrática para Construir la Paz y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, que contribuirán a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Punto 6: Implementación, verificación y refrendación Acordado el 24 de agosto de 2016 Este Acuerdo señala que a la firma del Acuerdo Final, se da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. El primer pilar es el seguimiento a la implementación de los Acuerdos. Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados. El segundo pilar es el seguimiento a la implementación. Se acordó la creación de un Mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional, que tendrá como propósito comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, y fortalecer su implementación. El mecanismo de verificación estará compuesto por: – Dos notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas, una por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC – Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile) que, como garantes y acompañantes, han estado presentes a lo largo del proceso – Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos. Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. El tercero pilar es el acompañamiento internacional a la implementación. El acompañamiento internacional se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implemetación de cada uno de los puntos. Descargue: texto acuerdo final de paz AcuerdoPunto1 AcuerdoPunto2 AcuerdoPunto4 acuerdo-victimas acuerdo-fin-conflicto-garantias-seguridad acuerdo-fin-conflicto-cese-fuego-hostilidades-bilateral-definitivo-dejacion-armas