Foto: Semana.com Los pasos a seguir, luego de cerrar la etapa de negociación con las FARC , la Fundación Paz y Reconciliación lo describe en cinco pasos. Anuncio del cierre de la negociación y publicación de los acuerdos de paz. Décima Conferencia Nacional de las Farc, donde el pleno de la organización socializará los acuerdos logrados en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional. Firma del acuerdo de paz:  Este  sería el día D. En ese momento arrancará el proceso de concentración de las FARC y la dejación de armas y a partir de entonces se cuentan seis meses para que las FARC se trasformen de organización armada a organización política. Votación del Plebiscito: Convocado para el 2 de octubre. Inicia el Fast Track: Durante este tiempo el Congreso de la República deberá convertir en leyes y decretos los acuerdos de paz.

Hace algunos días Bogotá amaneció con la imagen de decenas de habitantes de calle concentrados en un caño del centro de la ciudad, de hecho, en una madrugada varios de ellos fueron arrastrados por el agua luego de fuertes lluvias en ese sector de la ciudad. La información indicaba que habían salido de la zona de Bronx luego de la intervención institucional de hace algunas semas. También, la policía dio a conocer información según la cual algunos “Ganchos” o marcas de distribución de droga en la ciudad que operaban en el Bronx tenían la estrategia de regalar dosis de droga a habitantes de calle. Seguramente con el fin de mantenerlos agrupados y utilizarlos como escudos o para realizar disturbios ante nuevas operaciones de las autoridades. Dicha situación habría podido mitigarse, pero la administración distrital no escuchó. La intervención realizada en el Bronx podía ser necesaria desde la perspectiva de combatir el crimen. Sin embargo, fue bastante limitada e incompleta. Por ejemplo, no hubo una estrategia para los territorios “colchón” o los que están aledaños al Bronx. Generalmente cuando se hace una intervención agresiva de este tipo, el mercado se desplaza hacia los alrededores del lugar de la intervención. A eso se le llama el “efecto bomba”, se aprieta en un lado y explota en el otro. Ese efecto es común, se encuentra sobre-diagnosticado y ocurre en todo los tipos de intervención sobre focos criminales. Otro de los temas, es que la administración sigue creyendo en la vieja “teoría de la ventana rota”, es decir, que los desórdenes urbanísticos son los que provocan inseguridad y percepción negativa de la misma, por ello el tema es embellecer y mejorar el desarrollo urbanístico. Si bien, esto aplica para en determinadas circunstancias, los mercados ilegales no se combaten con intervenciones urbanísticas. Además, las intervenciones sobre focos de criminalidad deben tener un enfoque integral. Como la atención a la población drogo-dependiente. En la intervención del Bronx, el trabajo con esta población no estaba contemplado como prioridad de primer nivel, fue un tema secundario de atención básica, es decir, darles de comer, bañarlos o mejor ponerlos lindos y eso era todo. No hubo asistencia psicosocial. De ahí que hubiese estallado el problema. Por ejemplo, cuando la administración Petro intervino el Bronx también se dio el fenómeno bomba, pero con grados o dimensiones menores. En gran parte la existencia de los CAMAD o Centros de Atención Medica a Drogadictos permitió controlar este fenómeno y generar espacio para promover la desintoxicación, al final el esfuerzo inicial se fue debilitando y el programa seria cancelado luego por la administración Peñalosa. Ahora que la crisis ha estallado, y que los fenómenos de inseguridad se han disparado en las zonas aledañas al Bronx, donde en comercio se encuentra desesperado, se comienzan a escuchar ideas sobre cómo trabajar con las personas drogo-dependientes. Se ha oído la idea de instalar colonias a las afueras de la ciudad para estas personas, en donde vivan y comiencen un tratamiento para la desintoxicación. La administración lanzó esta idea de colonias como un mecanismo de traslado rápido de esta población. Es decir, la administración pretende crear guetos que al final serán focos de inseguridad y de aislamiento de población vulnerable. Este tipo de integración es la más peligrosa que se pueda utilizar. Los ejemplos de El Salvador con las Pandillas o los guetos de migrantes en Francia muestran lo peligroso de dicha idea. En todo caso, la idea de estos guetos va acorde con la lógica de las políticas de la administración Peñalosa, en la cual de lo que se trata de embellecer la ciudad, sacar las imágenes “feas” y a quienes no se acoplen a esa idea de gran urbe moderna, pero esto no es integración, ni inclusión, ni soluciona las dinámicas criminales en la ciudad. El resultado del trabajo con esta población vulnerable no se da de un día para otro, habrá que entender esto y que se deben avanzar poco a poco. Columna de opinión publicada en caracol.com

El 95% de la agenda esta acordada en La Habana. Falta un 5% que se podría resumir en resolver algunos pendientes, varios de ellos muy importantes, como la participación directa de las FARC en política y la reincorporación de los miembros de la guerrilla a la vida civil. Este último tema, en los procesos de paz de los años 90, con la guerrilla del M-19, La Corriente de Renovación Socialista o la guerrilla del Quintín Lame, era el tema principal, allí se discutían desde cuántas prendas de ropa hasta los mecanismos de reincorporación laboral, el detalle era increíble. En esos procesos no hubo paz territorial, es decir, discusiones sobre cómo superar las causas estructurales del conflicto. En La Habana se prefirió discutir primero los beneficios para la sociedad y luego abordar los temas de las condiciones de la reincorporación para los alzados en armas. Así que el asunto de la reincorporación se dejó para el final en estas negociaciones. No es que existan grandes contradicciones entre las partes, lo que pasa es que la discusión del tema recién comienza. Pero sin que esté esto claro, la negociación no se puede cerrar. Una de las discusiones centrales es el lugar donde van a vivir los combatientes de las FARC. Hasta ahora se sabe que después de 180 días de haber firmado el acuerdo de paz, las FARC dejarán de existir como organización armada y pasarán a ser un partido político. El cronograma está claro: durante estos seis meses las FARC vivirán en las zonas de ubicación. Pero lo que no está claro es donde vivirán desde el día 181 después de la firma. Para algunos sectores sociales y del Gobierno la idea es dispersarlos, que la reintegración sea parecida a lo que fue con los paramilitares; individual y mediante el mecanismo de ventanilla, es decir, que el Estado se entiende por separado con los excombatientes. El objetivo de fondo es sepultar a las FARC como agrupación social y política. Para otros sectores sociales y del Gobierno lo mejor es repetir lo de los años 90, cuando la reincorporación fue por cooptación propia, donde las guerrillas que salieron de las armas creaban una fundación que, junto al Gobierno, lideraban el proceso de reincorporación. La idea aquí era mantenerlos agrupados y evitar la dispersión y con ello se reducía el riesgo de reincidencia. Lo cierto es que analizando ambos modelos, el de los noventas y el de los paramilitares, el primero ha mostrado mejores resultados. Desde ese punto de vista, una posible secuencia sería que durante seis meses las FARC se agrupan en las zonas de ubicación; después de los seis meses y durante los dos años siguientes los miembros de las FARC se ubicarían en zonas rurales donde vivirían de forma colectiva, sin que eso signifique que el que quiera una solución individual la pueda tener. Esos lugares contarían con granjas, proyectos productivos, zonas de educación conjunta, entre otras. Después de esos dos años, los antiguos guerrilleros podrían quedarse allí con sus familias, ya sea asignándoles proyectos individuales, o también pueden salir de la zona, por ejemplo, a una zona urbana o a otra zona rural donde esté la familia. Obviamente, los mandos medios requieren un proyecto de reincorporación que vaya más allá de los proyectos colectivos. Además, es mucho mejor que el grupo que sale de la guerra se mantenga agrupado para la paz que disperso, los niveles de reincidencia bajan y sobre todo se crea un mecanismo de autocontrol. La discusión está comenzando y se requiere avanzar rápidamente para que la votación del plebiscito sea en el 2016. El tema de la reincorporación es fundamental, es lo que las FARC le van a llevar a sus combatientes en la Décima Conferencia guerrillera. Columna de opinión publicada en ElPaís.com

Hace dos semanas, los resultados de dos encuestas nos pegaron un impresionante susto a quienes promovemos el Sí a la paz. La de Ipsos Napoleón Franco decía que el 50 por ciento de los colombianos estaba por el No y solo el 39 estaba por el Sí. La de Datexco señalaba que el 34,3 por ciento optaba por el No y el 31,3 por ciento por el Sí. Esos resultados contradecían ampliamente la tendencia que habían registrado los sondeos de opinión de la mayoría de las firmas a lo largo del año. Pero la encuesta de Invamer Gallup, divulgada el jueves pasado, arrojó que el 67,5 por ciento votaría el Sí y apenas el 32,5 por ciento votaría No. Los resultados de esta nueva consulta de Invamer se parecen mucho a los que venían registrando los sondeos desde finales del año 2015 que mostraban siempre algo muy extraño y muy especial: los colombianos separamos la decisión sobre la paz de las preferencias por los líderes políticos, el Congreso, los partidos y las Farc. El caso más patente es el de Santos y Uribe. El Sí duplica al No, pero Santos, que es el principal abanderado del voto favorable a los acuerdos de paz, registra una aprobación del 30,7 por ciento contra una desaprobación del 65,1 por ciento. En cambio, el expresidente Uribe que pierde sin atenuantes en su empeño de lograr el No a los acuerdos recibe una aprobación del 60 por ciento para su imagen. También, a la vez que los colombianos le dan un amplio respaldo a los acuerdos de La Habana en la eventualidad de que el plebiscito se realizara este domingo, expresan un enorme rechazo al Congreso que tiene un 56,1 por ciento de imagen desfavorable, a los partidos políticos que son mal vistos por el 67,5 por ciento de los encuestados y a las Farc que arrastran una desfavorabilidad del 85,8 por ciento. De estos datos saco una gran conclusión: el surgimiento de una ambiciosa campaña para respaldar la paz desde la sociedad civil, alejada del gobierno, de los partidos políticos, del Congreso y de las Farc, fortalecería la inclinación de la ciudadanía a votar por el Sí y evitaría una sorpresiva votación por el No. El país necesita una ola ciudadana por el Sí. Una red social gigante que deje oír la voz de los jóvenes, de la gente del común, de los sin partido, de los independientes, de los que no tienen sus ojos puestos en las candidaturas de 2018. Un movimiento social sin pretensiones de postular candidatos a las próximas elecciones, concentrado solamente en sacar adelante el Sí a la paz. Esa campaña ciudadana se ocuparía de contarles a los colombianos que el 90 por ciento de los acuerdos de La Habana se refieren a beneficios para el país: reforma rural integral para favorecer a los campesinos, reforma política para limpiar las elecciones y ampliar la democracia, estrategia y plan contra el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Colombia, reparación para los 7 millones de víctimas que ha dejado este doloroso conflicto. Explicar que solo el 10 por ciento se refiere a las Farc, a sus compromisos de verdad y justicia que implican penas con restricción de libertad, a su participación en la vida política sin armas y a su reintegración a la vida civil. Que esos dos puntos sobre los que ponen el ojo el uribismo y las encuestas para exigir cárcel y no participación política son apenas una porción pequeña de los acuerdos, y la intención de esta corriente política es echar al suelo toda la paz utilizando el rechazo de una parte importante de la sociedad a las Farc. Porque la Corte Constitucional no dejó ninguna duda sobre las implicaciones que tendrá el triunfo del No. La Sentencia C 379, sobre la regulación del plebiscito para la paz, dice de modo tajante: “Asi´, en caso que el plebiscito sea aprobado, el efecto es la activacio´n de los diferentes mecanismos de implementacio´n del Acuerdo Final. Por lo tanto, el presidente podra´ ejecutar las acciones previstas para el efecto por el orden juri´dico, incluidas aquellas de promocio´n e iniciativa gubernamental respecto de otros poderes pu´blicos. En cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumplie´ndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el ‘no’, el efecto es la imposibilidad juri´dica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una decisio´n de poli´tica pu´blica especi´fica y a cargo del gobernante”. Es una mentira del tamaño del Empire State decir, como dice el uribismo, que el día después de que gane el No nada pasa, que en la Mesa de La Habana sigue y empieza la renegociación. Ese día todos los acuerdos quedan sin piso al ser rechazados por la voluntad popular, ninguno se puede implementar, ninguno es ninguno, empezando por el cese al fuego bilateral y definitivo de las hostilidades y la dejación de las armas, ese día la fuerza pública estaría en la obligación constitucional de atacar a las Farc y la guerrilla empezaría a huir y a defenderse. El conflicto armado se reanudará con mayor fuerza, como ocurrió cuando fracasaron las negociaciones del Caguán, como ha ocurrido siempre que se frustra un acuerdo de paz. Columna de opinión publicada en Revista Semana

1. ¿Qué son los protocolos y anexos? Son procedimientos técnicos que hacen parte integral e inseparable del Acuerdo de CFHBD y DA. Los desarrollan de forma específica y detallada para que el CFHBD y DA se realice de manera verificable, en los tiempos acordados y con garantías de cumplimiento y trazabilidad. Son 23 protocolos y 2 anexos con procedimientos, fechas, criterios, medios, reglas y responsables de como se llevarán a cabo los desplazamientos, ubicación de las estructuras de las FARC, el funcionamiento de las ZVTN y PTN, la Dejación de las Armas de las FARC, la seguridad, el monitoreo y la verificación, así como la logística. 2. ¿Qué son las reglas que rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo? ¿Cuáles son las principales? Son el núcleo esencial de las funciones que va a cumplir el MM&V. Buscan evitar que los acuerdos se rompan, se afecte a la población civil, a la Fuerza Pública o a las FARC. Detallan un listado de conductas que las FARC-EP se comprometen a NO ejecutar, como: • Realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización. Esto incluye, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. • Adquirir, fabricar, portar o transportar armas municiones y explosivos no autorizados en el acuerdo del CFHBD y DA. • Ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil. 3. ¿Qué se considera una violación al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo? Cualquier conducta contraria a lo establecido en el acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y los protocolos que lo Rigen podrá ser considerado una violación. En particular, las Reglas que Rigen el CFHBD especifican un listado de 35 acciones concretas y específicas que no podrán ser ejecutadas en virtud del acuerdo y que serán monitoreadas y verificadas por el MM&V. 4. ¿Qué garantías tendrán los colombianos de que las FARC efectivamente dejarán la totalidad de sus armas y no se volverán a usar? Los protocolos de Dejación de Armas establecen los procedimientos técnicos que aseguran que las FARC entregarán la totalidad de sus armas a las Naciones Unidas conforme a los estándares internacionales en la materia. Determinan los tipos de armas –armas individuales, armas de apoyo, granadas, municiones- y los procedimientos que se surtirán para su destrucción y construcción de los 3 monumentos acordados en el Acuerdo de CFHBD y DA. Fijan el procedimiento a través del cual Naciones Unidas certificará y comunicará al país que las FARC dejaron definitivamente la totalidad de sus armas. 5. ¿Cómo será el cronograma para la Dejación de las Armas? El día D+5, las FARC entregan al CI-MM&V la información sobre todas las armas que tienen en su poder. El día D+10 las FARC entregará al MM&V las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable (tatucos, minas, cilindros bomba, etc). Durante los primeros 60 días se destruye el armamento inestable (explosivos artesanales como tatucos, cilindros bomba), y se almacenan en contenedores, bajo control de Naciones Unidas, todas las armas de apoyo y el armamento de las milicias. La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las Zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final. A más tardar a los 150 días todas las armas de las FARC, incluidas las individuales, deberán estar almacenadas en contenedores bajo control de Naciones Unidas. Y a más tardar a los 180 días, la ONU extraerá los contenedores de las zonas, y certificará y comunicará a la opinión pública su finalización. 6. ¿Cómo se realizará el desplazamiento de las FARC a las zonas y cómo funcionará la seguridad para ellos y para los habitantes de las zonas por las que transiten? Se habilitarán rutas de desplazamiento con dispositivos especiales de seguridad por parte de la Fuerza Pública para permitir el movimiento de las estructuras de las FARC hacia las 23 zonas y 8 puntos, y para dar garantías de seguridad reforzadas a todas las comunidades. El principio esencial de todo el acuerdo es la vigencia del Estado Social de Derecho en todo el territorio nacional. La Fuerza Pública continúa cumpliendo su misión constitucional de garantizar la protección y seguridad de todos los colombianos. 7. ¿Cómo funcionarán las Zonas Veredales transitorias de normalización y los puntos? En los protocolos se determinan las reglas que deben observar los integrantes de las FARC-EP al interior de las ZVTN y PTN. Éstas establecen que en ningún caso podrán transitar uniformados o armados por fuera de los campamentos, ni interferir en el normal desarrollo de las actividades que desarrollen las personas que excepcionalmente vivan en ellas. Se garantizará el normal funcionamiento de las autoridades civiles, y la Policía Nacional, informando al MM&V coordinará su acceso, sin ninguna restricción, para atender cualquier caso que requiera su presencia. 8. ¿Quién será el responsable de la seguridad en las Zonas y los puntos? El esquema establece un sistema reforzado de garantía y protección de los derechos y libertades de las personas que residan en las veredas donde estarán ubicadas las zonas. Por un lado, el Estado Social de Derecho se mantiene a través de la presencia de las instituciones y autoridades civiles no armadas. Por el otro, estarán presentes las 24 horas del día y los 7 días a la semana los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en cabeza de Naciones Unidas. Adicionalmente, la Fuerza Pública después de la zona de seguridad tendrá un dispositivo especial de protección. 9. ¿En caso de un incidente cómo se enterará el país de lo sucedido? Naciones Unidas, con imparcialidad y transparencia, será la encargada de hacer la evaluación final de cualquier incidente ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. En sus reportes, la ONU podrá hacer recomendaciones y contribuir a que se diriman controversia. 10. ¿Quién suministrará la logística para estas zonas? Basado en el principio de que estas zonas son temporales y transitorias, y que funcionarán por un período máximo de 180 días, el Gobierno Nacional será el responsable de suministrar la logística durante el proceso del Cese al Fuego y Dejación de las armas. Para esto, podrá contar con recursos de cooperación internacional. Para la adquisición de los elementos necesarios para el funcionamiento de las zonas se privilegiará la contratación en las regiones donde estén ubicadas las zonas. 11. ¿Cuál será el rol de los alcaldes y gobernadores en las Zonas Veredales? Como lo establece el acuerdo, las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones sin ninguna limitación durante el funcionamiento de las zonas. El Gobierno Nacional trabajará en estrecha coordinación con las autoridades departamentales y municipales para garantizar el buen funcionamiento de las zonas. Tomado de Oficina Alto Comisionado para la paz ​​

Foto: Carretera Barbacoas – Nariño Una gran cantidad de expertos y académicos coinciden en que el postconflicto se gana los primeros 24 meses después de la firma. A ese periodo se le conoce como estabilización, en el cual el Estado debe garantizar que no se den nuevo brotes de violencia y comenzar a construir Estado en esas regiones. Si ninguna de las dos cosas se logra el postconflicto está perdido, así se hagan reformas a nivel nacional. En Colombia el postconflicto territorial tiene muchos retos. Por ejemplo, una gran cantidad de municipios viven de las economías ilegales, ya sea cultivos de coca o minería criminal. En estas zonas las fuentes de empleo la ilegalidad, la informalidad y el Estado. Hay muy poco empleo privado. Además son regiones con deficiencias importantes; no tienen vías terciarías, no hay un comercio local desarrollado, y la capacidad administrativa del Estado local es mínima. Por lo anterior el Postconflicto territorial en Colombia debe ser como unplan Marshall, es decir, una intervención integral y fuerte en estos territorios. Se deben lograr cuatro objetivos en poco tiempo. Por un lado, sacar población de las economías ilegales, eso significa generar mucho empleo en poco tiempo. Dos, crear infraestructura necesaria para desarrollar mercados locales donde puedan comercializarse productos legales, esto significa infraestructura. Tercero, empoderar la ciudadanía para que lideré el propio desarrollo de la región, estos significa profundización de la democracia. Por último, se requiere el fortalecimiento administrativo del Estado, mejores funcionarios, más presupuesto y capacidad de ejecución. Lograr todo esto es un reto casi imposible en poco tiempo. Sin embargo, hay alternativas. En los acuerdos de La Habana se establece que para los municipios más apartados y afectados por la violencia se creará un Plan de vías terciarías. Este plan bien diseñado, permitiría la ocupación de una gran cantidad de población, lo cual significa su formalización, así como la construcción de infraestructura para el desarrollo. Un kilómetro de vía terciaría bajo el mecanismo de Placa-huella o bajo el mecanismo de Doble–riego cuesta alrededor de 500 millones de pesos, se podría construir en un mes y medio cada kilómetro. Como de lo que se trata es de emplear mucha mano de obra, estas obras se deben hacer prácticamente a pico y pala, utilizando la menor cantidad de tecnología. A continuación se discriminan los costos por kilómetro de vía. De los casi 500 millones de pesos que cuesta cada kilómetro, cerca de 115 millones se va a mano de obra. Además, 50 personas trabajarían para dicha construcción. Los municipios más afectados por el conflicto y más apartados son 281 de los 1103 que tiene el país. Así las cosas, a continuación se presentan el costo económico de construir 20, 40 o 50 kilómetros para cada uno de estos 281 municipios. Nótese como si se construyeran 50 km por municipio el costo sería de cerca de 1 punto del PIB y en total se construirían 15.050 km de vías terciarías, es decir, cerca del 10% de total de vías terciarías del país. Además como lo muestra el siguiente cuadro sobre mano de obra en la construcción de estas vías, si se opta por 50 km por municipio se crearían 56.200 empleos. Es decir, muchos empleos, no cualificados y que ayudarían en ese proceso de formalización y de alejar muchas familias de las economías ilegales. Si se construyeran 30 Km, el total de mano de obra sería 42 mil y con 20 km construidos por municipio sería de 28 mil empleos. Lo importante en este caso es que se ocuparía una gran cantidad de mano de obra mientras los proyectos de sustitución de cultivos comienzan a dar resultados. Se debe tener en cuenta, que a esto no se le puede aplicar la ley 80, o licitaciones hechas para grandes constructores, se debe crear un marco jurídico que permita contratar juntas de acción comunal y organizaciones campesinas, claro está que con un asesoramiento técnico mínimo. Columna de opinión publicada en caracol.com.co

En cuestión de semanas podrá ser una realidad la firma de los acuerdos entre Gobierno y FARC, sin embargo, ya no bastará con que todo este acordado entre las partes. Con el más reciente anunció de la Habana es claro que la negociación quedó restringida a la refrendación de los acuerdos; La responsabilidad de cerrar una guerra de más de cincuenta años está en manos de la ciudadanía, la cual recibe el mandato de la paz o de la continuidad de la guerra con grandes sesgos de información. Los protocolos sobre el cese al fuego entre el Gobierno Nacional y las FARC fueron recibidos con una importante dosis de incertidumbre. A pesar del anuncio de 35 reglas que comprometen a las partes para no realizar acciones que pongan en riesgo el cese definitivo al fuego y otra serie de acciones conjuntas y compromisos unilaterales que buscan blindar el acuerdo sobre el fin del conflicto, el Gobierno y las FARC no logran aumentar la confianza hacia el proceso de paz. Se esperaba que este anuncio fuera un mensaje de seguridad hacia la sociedad colombiana no solo la rural, sino la urbana, la cual parece no entender la dimensión de los acuerdos y los beneficios inmediatos del fin de la guerra con las FARC. El fin de las hostilidades y la movilización de la guerrilla hacía las zonas de concentración representaba una de las mayores garantías para llevar a cabo la campaña del plebiscito. Pero el Congreso de la República no lo quiso así, y con la inclusión del artículo 5 en el acto legislativo para la paz, quedo consignado que todo lo acordado operara una vez haya refrendación popular. La Delegación de las FARC manifestó que no habrá traslado de la tropa hasta que no haya ley de amnistía, y esta sólo estará lista cuando el presidente haga uso de sus facultades especiales, es decir luego de que sean refrendados los acuerdos. Mientras no existan garantías jurídicas para las tropas de las FARC no habrá movilización hacía las zonas, es decir, los protocolos del cese al fuego solo se pondrán en marcha una vez se haya celebrado el plebiscito, el artículo 5 del acto legislativo conlleva a que los protocolos para el cese al fuego y de hostilidad bilateral, así como el cronograma para el fin del conflicto presentado el 23 de junio sólo se pueda llevar a cabo cuando gane el “SI”. Y aun cuando esto pueda parecer absolutamente comprensible, la coyuntura nos muestra que son más los riesgos que las oportunidades que esto representa. El primer efecto que tiene esto es que la campaña del plebiscito se hará con las FARC no concentradas y en armas, elemento que podrá ser utilizado por los spoilers o enemigos de la paz para entorpecer el proceso, desde ya nos debemos preparar para recibir denuncias sobre posible proselitismo armado por parte de las FARC a favor del plebiscito, este riesgo se habría podido eliminar si se ofrecían garantías para la concentración, la primera de ellas la ley de amnistía. Segundo, la concentración y el inició de los protocolos de dejación de armas eran la muestra más fuerte para desmitificar el proceso, la voluntad de la guerrilla de las FARC es evidente, de acuerdo a los cronogramas establecidos, la preparación del plebiscito y su campaña coincidían de manera paralela con el inicio del proceso de dejación de armas, este era el mensaje más contundente para quienes se aferran a la idea de que la negociación está atada únicamente a la Habana, la necesidad de mostrar acciones en Colombia era quizá la principal urgencia para desbaratar los argumentos de quienes no quieren la paz. Se vuelve a perder una oportunidad de mostrar al país los beneficios y la rigurosidad con la que se ha avanzado en la mesa de negociación. Con esta decisión se abren las oportunidades para que los promotores del no consoliden mensajes desvirtuando las cualidades de los acuerdos. Los retos para los promotores del si ahora son mayores, el gobierno nacional tendrá que poner en marcha proyecto de ley de amnistía con mensaje de urgencia para que su trámite tarde entre tres y cuatro semanas y no entorpezca los cronogramas de la paz. Estas acciones ofrecerán las garantías necesarias para que los protocolos de seguridad de las FARC y se permita la movilización a las zonas veredales una vez firmado el acuerdo y no luego de su refrendación, no se puede perder la oportunidad de la paz, y estas acciones deben fortalecer no sólo la confianza al interior de la mesa sino enviar un mensaje certero a la ciudadanía el cual pueda desvirtuar los ataques a la paz. *Coordinador línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación Columna de opinión publicada en Colombia2020

Una de las preguntas centrales en la campaña que acaba de comenzar en torno al plebiscito es ¿qué ganará el país si lo aprueba? Para una gran parte de la población esto no resulta del todo claro. Principalmente en zonas urbanas los dividendos de la paz no resultan legibles. Sin embargo, los dividendos serán inmensos para toda Colombia. Hay algunos dividendos que se van a ver en todo el país, como los cambios en la democracia, también hay otros que beneficiarán directamente a las zonas de conflicto. Se pueden dividir en cinco tipos. Uno de los tipos de dividendos que recibirá el país en caso de aprobar el plebiscito son los humanitarios, los cuales se ligan directamente a las dinámicas de la confrontación armada. Hasta el año 2011 las FARC se veían involucradas en cerca de 181 acciones armadas en promedio cada mes. Estas acciones eran de todo tipo, desde combates hasta pequeños hostigamientos, así como emboscadas, ataques a infraestructura energética y bombardeos que realizaba la fuerza pública. Estas acciones causaron cerca de mil quinientos muertos entre guerrilleros y miembros de la fuerza pública y cerca de 2 mil heridos, una gran cantidad por minas anti-personales. Además, centenares de reclutamientos, cerca de 60 mil desplazamientos al año y la satanización de una gran cantidad de regiones que impide la inversión privada o el desarrollo económico local. Gran parte de estos asuntos se acabarían con la firma del acuerdo de paz y la refrendación. Lo que ha venido pasando con el cese unilateral, muestra una reducción superior al 90% de estas tragedias, es decir, se han salvado miles de vidas en último año. Otro de los dividendos de la paz será el crecimiento económico que vivirá el país el resto de su vida. Los cálculos más conservadores hablan que Colombia crecerá 1 punto del PIB anual, las cifras más optimistas sitúan ese crecimiento en el 2% anual. Este crecimiento será permanente y se deriva al menos de una mayor inversión extranjera en el país, una mayor inversión en las regiones más afectadas por el conflicto, el aumento del turismo en el país y una reducción sustancial de las inversiones para reparar la infraestructura energética del país que era objeto de ataques por parte de las guerrillas. El tercer logró o dividendo que traerá el proceso de paz se refiere a los temas de profundización de la democracia. Básicamente una vez se termine la guerra, el país dará un salto de décadas, y dedicará sus esfuerzos políticos a discutir temas del desarrollo, de educación y de la calidad de la democracia. En los últimos años, los presidentes se han hecho elegir con la bandera de la guerra o de la paz. A cambio de esto se les ha perdonado todo. Es decir, en la mayoría de los casos con la excusa de la guerra la población colombiana volteó la mirada ante atrocidades que se cometían. Un buen ejemplo de esto son los falsos positivos. Más de 4 mil casos se están investigando y el país lo dejo pasar, no hubo sanciones políticas a los que dirigían el país y los niveles de impunidad son bastante altos. Cuando el conflicto acabe, el país ya no volteará la cara ante atrocidades o ante debates necesarios como temas de equidad e igualdad. La superación de gran parte del conflicto armado político le permitirá a Colombia dar un salto cualitativo impresionante. Pero tal vez, el logro más importante que se dará con firmar la paz, tiene que ver con que la justificación política de la lucha armada se enterrará para siempre. En Colombia, muchos sectores poblacionales matan o toman las armas y se justifican políticamente, así ha sido nuestra historia republicana desde el siglo XIX. Luego de la firma de la paz seguirán existiendo bandidos y organizaciones criminales, además habrá una economía de guerra que los sustentará, pero estos serán bandidos, ya no habrá justificación política para esa ilegalidad. Este será el logro más importante que traiga el acuerdo de paz. La quinta ganancia que traerán los acuerdos de paz es que se construirá Estado en las regiones más afectadas por el conflicto. Es decir, que habrá inversión para superar eso que llaman las causas estructurales del conflicto. Por fin, las regiones más afectadas por la violencia, 281 municipios de 1103, podrán tener mercados, Estado y ciudadanía. Se garantizará la inclusión de miles de personas en el circuito nacional y en la participación política activa. Así que por donde se vea el proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC traerá muchos frutos, Colombia dará un salto de siglos cuando esto se firme, claro, queda faltando lo del ELN, pero habrá un avance importante. Por ello mi voto será por el Sí. Se le debe tener miedo a la guerra y no a la paz. Columna de opinión publicada en semana.com