El objetivo central del Gobierno colombiano en los acuerdos de paz de La Habana es lograr el desarme de las FARC y a la vez el objetivo de las FARC es participar en política con plenas garantías. Para el primer objetivo todo está claro; una vez se refrenden los acuerdos, estos serán firmados, y cinco días después de la firma la guerrilla comenzará a moverse hacia las zonas de ubicación y seis meses después ya habrán dejado la totalidad de las armas. Es decir, 180 días después, habrán dejado de existir como organización armada. Para el segundo objetivo las cosas aún no están claras. En el acuerdo del punto 2 de La Habana que se refiere a la participación política, se estipula que se crearán circunscripciones especiales de paz, donde cualquier ciudadano de esas regiones podría participar, incluso, los reincorporados de las FARC. Sin embargo, aún no se han debatido los temas de elegibilidad de los miembros de la guerrilla y las garantías para los mismos, así como la posibilidad de asignación directa de curules para el Senado. El debate radica en la relación de la participación directa y elegibilidad con la justicia transicional. Del desarme de las FARC y de su participación política depende que el proceso de paz salga bien. La solución se puede decir de forma sencilla, pero la fórmula para llegar a ella es complicada. La solución es la simultaneidad entre justicia transicional y participación en política de los jefes de las FARC. La fórmula aún no está clara. La situación es la siguiente. Es probable que la guerrilla acceda a un número de curules directas al Senado, que es, básicamente, una medida positiva que los impulse a participar en política y que les permita acomodarse a las reglas de juego democrático. Estos escaños deberán ser asumidos de forma inmediata una vez termine la dejación de armas, es decir, día 181 después de la firma. Para esa misma fecha, estaría arrancando la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el esquema de justicia transicional que se diseñó en las negociaciones. Esto significa que este tribunal, en el mejor de los casos, emitirá la primera sentencia dos años después de la firma ya que armar todo el andamiaje institucional y los mecanismos para investigar llevará tiempo. Así las cosas la pregunta es: ¿los jefes de las FARC pueden participar en política antes de las sentencias del tribunal, o antes y durante el tiempo de que se cumpla la sanción o solo después de pagada la sanción? Dentro de la lógica de las negociaciones de paz debe ser antes de la sanción y durante la sanción. Es decir, la lógica es armar una simultaneidad entre participación en política y justicia transicional. Actualmente los involucrados en delitos de lesa humanidad no pueden participar en política, así lo estipula el marco jurídico para la paz aprobado mediante Acto Legislativo 01 de 2012. Sí permite pensar en un mecanismo de justicia transicional, pero ingresa el concepto de máximos responsables. El marco sería sustituido por el “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”, pactado en La Habana, que entraría como bloque de constitucionalidad una vez se refrenden los acuerdos de paz. En el pacto de La Habana se dice que hay delitos que no son amnistiables ni indultables como los crímenes de lesa humanidad ni otros definidos en el Estatuto de Roma. Ahora bien, lo que se debe destacar es que este sistema integral de justicia no “inhabilitará la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Así los acuerdos de La Habana sustituyen el marco jurídico para la paz. Además queda claro que las condenas por delitos no amnistiados no limitan los derechos de participación política de quienes en el marco de la Justicia Transicional hayan sido condenados. Por último, ningún tratado internacional limita la partición política de quienes han sido objeto de alguna forma de Justicia Transicional. El tema, por tanto no es si van o no a participar en política lo jefes de las FARC, queda claro que sí. Pero se deben buscar alternativas a la simultaneidad. Por ejemplo, como lo dijo el ex -fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, los jefes de la guerrilla estarían de día en el Congreso y en la noche pagarían la sanción. O de lunes a miércoles en el Congreso y de jueves a domingo pagarían la sanción y repararían, e incluso el tiempo en los cuales negociaron en La Habana se cuenten como tiempo de la sanción. Esta misma lógica de abono de tiempo está establecida en el punto 2 del Artículo 78 del Tratado de Roma. Columna de opinión publicada en el País de España

Por: El Nuevo Siglo Aunque a Oneida Pinto le anularon su elección como gobernadora de La Guajira, el Consejo Nacional Electoral resolvió aprobarle la reposición de votos, denunció a través de un comunicado la Fundación Paz & Reconciliación. Según la ONG, el magistrado Emiliano Rivera “presentó proyecto favorable al pago de la suma de 549.635.784 pesos. Así se hace efectiva la reposición de votos, pese a la anulación por parte del Consejo de Estado de la elección de Oneida Pinto el pasado 7 de junio”. De acuerdo con Paz & Reconciliación, “los argumentos de Rivera para hacer efectiva la reposición de 549.635.784 pesos se basan en el total de votos obtenidos por Pinto el pasado 25 de octubre de 2015”, para lo cual el magistrado citó lo estipulado en el artículo 21 de la ley 1475 de 2011: “De la financiación estatal para las campañas electorales. Los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación […] En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4 por ciento) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección”. Efectivamente, Pinto obtuvo 182.482 votos, lo que representa el 65,93 por ciento de la votación total de La Guajira, superando por amplio margen lo estipulado por ley, sin embargo, precisó Paz & Reconciliación, “olvida el magistrado Rivera que desde que inició la campaña de Oneida fueron diversos los cuestionamientos, entre ellos, la demanda de inhabilidad que no le permitía participar en los comicios, pero de la cual el CNE en un acto de evidencia conveniencia política decidió hacer caso omiso y enviar esta competencia al Consejo de Estado, el cual después de celebrada la elección anuló la elección de Pinto”. Es decir, sostuvo la ONG, “a pesar de que Oneida superó los votos requeridos por la ley, el CNE en un acto de omisión de sus responsabilidades permitió que esta participara en los comicios y ahora pretende que se haga efectiva la reposición de los votos de una candidata que solo pudo participar en el proceso electoral por la ineficiencia y corrupción del CNE”. “La decisión es ahora de la sala plena del CNE, la cual autorizará o no el pago de estos recursos”, expresó Paz & Reconciliación, anotando que “la votación está programada para el próximo martes” y considerando extraño que “el pago de esta reposición se aceleró desde la destitución de Pinto, y se privilegió sobre otras decenas de reposiciones”.

Foto: Semana.com La sociedad colombiana vive un quiebre histórico, el más importante de los últimos ochenta años, cuando se incubo este largo conflicto armado que ha dejado tantas tragedias y desgarros en la sociedad, pero la amplia mayoría de la sociedad no lo percibe, no lo asimila y mucho menos lo asume, se vive dentro de la cotidianeidad como si nada transcendental estuviera ocurriendo. El acuerdo que pacientemente y de manera rigurosa se ha construido entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, nos acerca a una posibilidad de trabajar por una Colombia con una paz política importante, incompleta pero importante, que se corresponde con la transformación de una fuerza insurgente que desarrolló una guerra larga, intensa y extendida, y lograr su transformación en una fuerza política civil, que se aplique a desarrollar un acuerdo que tiene un sentido de ampliación de esta precaria democracia, no es poca cosa. El conflicto armado contemporáneo se inició cuando la sociedad colombiana vivía un dinámico proceso de urbanización, dejó de ser la Colombia rural y se transformó en una sociedad mayoritariamente de concentración urbana, el conflicto fue pequeño y marginal, hasta que el M-19 se lanzó a un accionar en Bogotá y  volvió el pequeño conflicto en un tema nacional. Con la persistencia de un régimen político cerrado y con rasgos autoritarios y criminales, la guerrilla mantuvo sus argumentos y su proyecto armado, la guerra creció, se juntaron muchas violencias y la sociedad urbana de la Colombia de los años 90 nunca logró una cabal comprensión del tipo de conflicto que sufría la sociedad Colombiana, ni la naturaleza de sus actores, ni sus motivaciones, ni el comportamiento del estado, que lejos ha estado de una ética de responsabilidad, muy por el contrario, retadores y defensores, se degradaron en sus actuaciones. La guerra tuvo sus razones y sus intereses, unos querían preservar el estatu quo y otros transformarlo, así tuvieran dudas del camino de las transformaciones, lo cierto es que tanto retadores como defensores, no concitaban un amplio respaldo, la indiferencia ganaba su lugar de preponderancia, la consigna que primó, fue, “esa guerra no es conmigo”, de allí que tanta barbarie en medio país rural, le importara muy poco al país urbano. Ahora que se aproxima un cierre negociado entre Gobierno y FARC, y estamos iniciando una campaña por el SI o por el NO, a este acuerdo negociado, nuevamente vuelven las dudas sobre qué tan preparada esta la sociedad para concurrir de manera responsable a ejercer su voluntad ciudadana, en un tema en el que Colombia se juega las posibilidades de avanzar en una ampliación de una pequeña democracia o se mantiene anclada en un orden de exclusiones y autoritarismos. El grueso de la población no tiene una comprensión clara de lo negociado. A pesar de que lo negociado hasta el presente es información pública, la apropiación de lo acordado es muy precaria, bien sea por desinterés en estudiar y conocer lo pactado o por la manipulación con la que el uribismo desinforma y manipula lo acordado. El acuerdo negociado por el Gobierno del presidente Santos y las FARC, va a temas pendientes en la sociedad, por donde arrancó el conflicto hace más de medio siglo: un orden rural tremendamente inequitativo y la falta de garantías para la competencia política, ambos temas centrales en el origen y desarrollo de esta violencia y que han sido puntos negociados, para pensar en transformaciones en positivo, por supuesto que el uribismo no tiene interés en transformar el campo y mucho menos la política, se siente a gusto en este orden de exclusiones atravesado por violencias de todo tipo. En octubre o noviembre estaremos convocados al Plebiscito de Paz, y los partidarios del SI y del NO tenemos la oportunidad de debatir con argumentos y rigor, lo que significa este acuerdo en una sociedad enferma de indiferencia y de rabias mal tratadas. Columna de opinión publicada en Colombia2020.co

En estos momentos todos hablamos de reconciliación nacional, esto como una manera de prepararnos para una etapa de posconflicto. Sin embargo es claro, que esto no se puede limitar únicamente a un posible perdón que el pueblo colombiano le otorgue a las Farc por los actos de barbarie cometidos mientras se mantuvo la confrontación armada a lo largo ancho y el territorio con este grupo armado. En Colombia no han sido  únicamente las Farc quienes han causado daño, eso es más que conocido, lo que ocurre es que por haber sido durante mucho tiempo un enemigo público, se les culpa de todo lo malo que ha ocurrido en nuestro país, cuando muchas veces quienes han estado detrás de los hechos son personas que se han arropado bajo el vestido de la legalidad, desde donde han sido protagonistas de hechos de corrupción y clientelismo. Aunque el proceso de paz que el Gobierno Nacional esta adportas de firmar,  es con el grupo subversivo conocido con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc, en realidad no es más que el abrebocas para que nos demos a la tarea de reconciliarnos y perdonarnos por todo el daño que nos hemos hecho los unos a los otros, aun cuando se supone,  estamos lejos de los hechos que tuvieron que ver con la confrontación armada. A lo largo y ancho del territorio colombiano se han presentado duras confrontaciones armadas que han dejado miles de víctimas en hechos en los que no solo han estado involucradas las guerrillas y paramilitares, los dos partidos políticos tradicionales en nuestro país (Liberal y Conservador), han sido los principales causantes de cruentos hechos que incluso al día de hoy, se encuentran en la total impunidad. ¿Están dispuestas estas dos fuerzas políticas a encabezar un acto de perdón y reconciliación nacional?.  La historia de nuestro país habla de los desmanes que se cometieron en municipios y veredas a nombre de liberales y conservadores; los últimos escándalos políticos (8.000 y parapolítica), una vez más involucra a muchos de sus representantes, quienes se aliaron con ilegales para sostener el dominio burocrático en sus lugares de orígenes. ¿Está dispuesta la sociedad colombiana a otorgarles el perdón a estas dos fuerzas políticas?, no solo por los muertos que dejó la guerra entre liberales y conservadores, sino además por haber hecho tratos con quienes causaron masacres y desplazaron  centenares de personas de sus lugares de orígenes. ¿Pedirán perdón las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por los falsos positivos y abusos de autoridad, cometidos a personas inocentes para presentarlos como resultado de las operaciones que debían llevar a cabo?. ¿Tendremos los colombianos la mente y la disposición para pasar la página y darle un nuevo voto de confianza a estas dos instituciones en Colombia? Y lo más importante, ¿abriremos la mente para tolerar las ideas del otro con las que no estemos de acuerdo?. Podrá ser muy soñador y hasta iluso pensar de esta manera, pero es claro que si queremos construir un nuevo país, no podemos reducir el perdón y la reconciliación a un solo agente, porque es claro que no ha sido el único causante de daños y perjuicios en los distintos territorios del país. De una u otra forma personas e instituciones del país se encuentran en mora de pedirles a los colombianos del común,   una nueva oportunidad. De ellas mismas depende de que los colombianos se la otorguen. Columna de opinión publicada en colombia2020.co

Foto: Colprensa Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado los protocolos y anexos del acuerdo sobre “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas”, anunciado el pasado 23 de junio, que permitirán su implementación. Los objetivos centrales de los protocolos y los anexos giran en torno a los siguientes aspectos: 1. Introducción En este protocolo se establecen de manera clara las fases de planeamiento y ejecución que permiten: el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) a nivel nacional, regional y local para que pueda realizar su labor; la adaptación de los dispositivos de la Fuerza Pública en el terreno; el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se han definido de común acuerdo; y los procedimientos específicos y el cronograma que se desarrollará durante el cese al fuego y la dejación de armas. 2. Monitoreo y verificación El Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación (MMV) estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, que a su vez permitan garantizar el cumplimiento de los acuerdos. El Mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los 8 Puntos Transitorios de Normalización las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el avance del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, en particular, el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin. En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional – Naciones Unidas-, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias. El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del Mecanismo aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. 3. Reglas que rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos, ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades. 4. Funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Dispositivos en el terreno Este protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública y el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) durante el cese al fuego y la dejación de las armas. Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de las FARC- EP a las zonas y los puntos, con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tendrán como objetivo: crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las Armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. 5. Seguridad Contiene las medidas para garantizar la seguridad y la protección de: • Personas (Mecanismo de Monitoreo y Verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP) • Las rutas de desplazamiento • Dispositivos en el terreno y zonas • Manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos Dentro de las zonas, se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles (no armadas) podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación excepto al área de los campamentos donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP. Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas. En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para que coordine su ingreso. Durante la vigencia del Acuerdo sobre Cese al Fuego y Dejación de Armas; las FARC-EP designarán un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada zona, las FARC-EP, designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias, anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio. 6. Logística Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, de los Puntos Transitorios de Normalización y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (nacional, regional y local) durante el Cese al Fuego y la Dejación de Armas. 7. Dejación de armas El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas asignando tareas específicas al componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP, dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto, luego de la firma del Acuerdo Final. A partir de la próxima semana, delegados y delegadas del Gobierno Nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y del CICR, iniciaremos una visita de reconocimiento de carácter técnico con el objetivo de ubicar y delimitar las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y sus respectivas Zonas de Seguridad (ZS), para que sea definidas posteriormente por la Mesa de Conversaciones.

Hace algunos días los Urabeños o las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia emitieron un comunicado en el cual manifestaban que se complacían de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno colombiano. Además, aseguraban que iban a respetar las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos campamentarios. Como se sabe, varias de estas zonas de ubicación están en territorios o municipios con fuerte presencia de bacrim o grupos armados organizados, así como del ELN. Los mejores ejemplos son Riosucio en Chocó, o Tierra Alta en Córdoba, municipios que cuentan con una fuerte presencia de las Farc en las zonas rurales, pero las zonas urbanas y conurbanas están manejadas por Urabeños o gaitanistas. De hecho, Tierra Alta es una de las bases principales de los Urabeños. El gobierno debería pensar en la posibilidad de abrir la puerta del sometimiento a la justicia El temor en estas zonas era doble. Por un lado, el riesgo que estos grupos de bacrim o, incluso el ELN, ya sea por iniciativa propia o por contratación, saboteen el proceso de dejación de armas y de concentración. Al menos inicialmente los Urabeños dicen que no lo harán y que respetarán estas zonas. El otro riesgo es que estas estructuras retomen el territorio libre que dejarán las Farc. Por ejemplo, en Nariño, en la costa Pacífica, donde las Farc son amos y señores con el frente 29 y la Columna Daniel Aldana, de un día para otro saldrán a concentrarse en Tumaco y otros en Policarpa, municipio en la zona de la sierra. Todos los demás municipios, como El Charco o Pizarro, quedarán sin Farc de un día para otro y llenos de economías ilegales. El gran miedo es que otros actores armados ilegales decidan comenzar una disputa por esos territorios, y muchas de estas zonas vivan un aumento de la violencia. En el comunicado de los Urabeños, se dicen dos frases complejas. Los Urabeños serán “un observador neutral pero no indiferente, del proceso que se adelanta en los sitios de la geografía nacional anunciados”; agregan que corresponde al Estado colombiano adelantar las acciones necesarias para superar los retos sociales y económicos y cierran manifestando: “Estaremos con toda la expectativa positiva para que así sea”. Aquí la parte buena es que no van a tocar las zonas de ubicación, pero dejan la puerta abierta para la retoma de territorios que dejen libres las Farc y además se declaran veedores del proceso. Eso significa que de no prepararse un buen modelo de seguridad, habrá olas de violencia en varias regiones del país. Y, sobre todo, parece que el comunicado deja entrever la posibilidad de un acercamiento con el gobierno nacional. Algo interesante, que el gobierno debería contemplar, como lo he escrito en otras columnas, es que no se trata de una negociación, sino de un proyecto de sometimiento a la justicia con ciertas garantías. Es decir, el gobierno debería pensar en la posibilidad de abrir la puerta del sometimiento a la justicia; a cambio de dinero, verdad, rutas del narcotráfico y delación se legaliza una parte del dinero para los Urabeños y se conceden beneficios a la hora de la pena, algo que ya contempla la ley colombiana. Columna de opinión publicada en las2orillas.co Urabeños

El pasado 3 de mayo, el Consejo Nacional Electoral, publicó resolución por la cual se le reconocía a Cambio Radical el derecho a la reposición de votos por la elección de la ex gobernadora del departamento de La Guajira Oneida Pinto. En una nueva muestra de la politización que se maneja en el interior del Consejo Nacional Electoral. Un asesor del fondo de financiación del CNE, radicó consulta sobre reconocimiento de reposición de gastos de campaña de candidato cuya elección fue declarada nula, a la cual Emiliano Rivera, presidente de la corporación y elegido por el partido liberal, presentó proyecto favorable al pago de la suma de $549.635.784 millones. Así se hace efectiva la reposición de votos, pese a la anulación por parte del Consejo de Estado de la elección de Oneida Pinto el pasado 7 de junio. Emiliano Rivera es uno de los magistrados que ha hecho bloque de trabajo con la también magistrada Yolima Carrillo, militante de Cambio Radical y familiar de Antenor Durán Carrillo, quien es representante a la Cámara por La Guajira. Vale la pena recordar, que tal como lo ha advirtió la Fundación Paz y Reconciliación en cabeza de León Valencia, “una vez elegida, Oneida nombró a Eugenio Benjumea, esposo de Yolanda Carrillo, en la Secretaría Privada y a José Alberto Durán Rodríguez, sobrino de Antenor Durán, en la Secretaría de Hacienda” Los argumentos de Rivera para hacer efectiva la reposición de $549.635.784 millones de pesos, se basa en el total de votos obtenidos por Pinto el pasado 25 de Octubre de 2015. La justificación se hace en razón a lo estipulado en el artículo 21 de la ley 1475 de 2011: “De la financiación estatal para las campañas electorales. Los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación […] En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.” Oneida Pinto obtuvo un total de 182.482 votos, lo que representa el 65,93% de la votación total del departamento, superando por amplio margen lo estipulado por ley, sin embargo, olvida el magistrado Rivera que desde que inició la campaña de Oneida fueron diversos los cuestionamientos, entre ellos, la demanda de inhabilidad que no le permitía participar en los comicios, pero de la cual el CNE en un acto de evidencia conveniencia política decidió hacer caso omiso y enviar esta competencia al Consejo de Estado, el cual después de celebrada la elección anuló la elección de Pinto. Es decir, a pesar de que Oneida superó los votos requeridos por la ley, el CNE en un acto de omisión de sus responsabilidades permitió que esta participara en los comicios y ahora pretende que se haga efectiva la reposición de los votos de una candidata que solo pudo participar en el proceso electoral por la ineficiencia y corrupción del CNE. La decisión es ahora de la sala plena del CNE, la cual autorizará o no el pago de estos recursos, la votación está programada para el próximo martes, y todo parece indicar que tanto Rivera como Carrillo desde ya mueven sus fichas políticas para que el pago a Oneida sirva como compensación a su destitución. Además, extrañamente el pago de esta reposición se aceleró desde la destitución de Pinto, y se privilegió sobre otras decenas de reposiciones que estaban en fila.

La Fundación Paz y Reconciliación se permite compartir a la opinión pública nacional,  que el Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia de Santa Marta, obtuvo el reconocimiento como una Buena Práctica en el  V Concurso Internacional «Buenas prácticas en análisis delictual»  celebrado en el marco de la VII  Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual realizada en Santiago de Chile los días 26, 27 y 28 de julio de 2016. El Observatorio de Seguridad y Convivencia de Santa Marta es el resultado de un trabajo en conjunto realizado entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Fundación Paz y Reconciliación desde el año 2014; que ha permitido a la administración del exalcalde Carlos Caicedo y del actual Alcalde Rafael  Martinez reducir notablemente los índices de inseguridad en el Distrito Turístico, labor coordinada por Luis Fernando Echavarría quien orienta la línea de Seguridad y Crimen Organizado. Es para nosotros motivo de alegría y orgullo, este reconocimiento de parte de la comunidad internacional, quien puso su atención sobre la labor que la hemos venido desarrollando para que Colombia ponga en marcha en cada una de sus políticas públicas, prácticas de buen gobierno, transparencia y eficacia. Sea este el momento para extender una felicitación a todo el equipo de trabajo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta en cabeza de su Alcalde Rafael  Martinez y de la Fundación Paz y Reconciliación, por poner un granito de arena en cada tarea para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y crear instancias que planear la seguridad urbana y la convivencia en las diferentes ciudades del país. Un especial reconocimiento al equipo de la línea de Seguridad y Crimen Organizado y a su coordinador Luis Fernando Echavarría por todo el empeño, responsabilidad y seriedad en el trabajo que realizan día a día. Atentamente, León Valencia                                                                                         Ariel Ávila Director                                                                                                     Subdirector

La periodista Salud Hernández hace algunos días en una columna de El Tiempo tituló “Votar No”, con la idea de que es mejor participar en el plebiscito en la campaña por el No que abstenerse. Dentro de su texto daba 8 argumentos, varios de ellos de tipo moral y nada de argumentos técnico y obviamente dejaba ver que no conoce a fondo el proceso de paz. Salud Hernández manifiesta que la “amenaza de Santos fue falsa y que las Farc no volverán a la guerra”. Además dice que la salida es renegociar varios puntos. Que equivocación tan tremenda. Varios puntos. Por un lado, de perderse el plebiscito, prácticamente, no queda otro camino que la guerra. No debe olvidar que según el acto legislativo para la paz todo entrará en vigencia cuando se dé la refrendación, en este caso el plebiscito, y de perderse todo lo aprobado para permitir el proceso de zonas de ubicación y el proceso de dejación de armas se vendría al piso. Por ejemplo, la ley de Amnistía se derrumbaría y por ende la tropa de las Farc quedaría en una inseguridad jurídica que llevaría a que salgan de las zonas de ubicación y se rearmen. Por otro lado, cuando Hernández dice que lo importante es renegociar varios puntos, eso contradice su propia teoría. Re-negociar una agenda cerrada significa abrir toda la agenda de nuevo, así como el gobierno pediría nuevas cosas las Farc harían lo mismo, lo que significa volver a empezar, o mejor negociar por lo menos otros dos años. Cosa que el país no aguantaría y haría inviable la negociación, por lo cual se terminaría y no queda otro camino que la guerra. A Salud se le olvida que el conflictos prolongados como el colombiano, después de una década de guerra, pareciera cogen vida propia, es como si la guerra viviera más allá de los actores que la reproducen y más aún en contextos de economías ilegales. Luego Salud dice “nada de cultivos de lechuga como castigo por crímenes atroces… que paguen cárcel”. Aquí la periodista sí que muestra desconocimiento de los acuerdos de paz. No debe olvidarse que los Acuerdos de La Habana, crean la llamada Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- y dentro de ella, se crea el Tribunal Especial para la Paz. Esta Jurisdicción establece que para aquellas personas que colaboren, digan la verdad, reparen, pidan perdón y den garantías de no repetición tendrán una pena de restricción a la libertad de 5 años. A los que colaboren parcialmente se les dará 8 años de cárcel y a los que no colaboren entre 15 y 20 de cárcel. Es decir, es un sistema que premia la verdad, la reparación y el derecho a las garantías de no repetición. Es normal que en todos los procesos de paz se cree una justicia transicional y que allí se den algunas garantías, pero lo que debe saber Salud es que en los acuerdos de La Habana habrá mucha justicia y poca impunidad. Esto no será como el proceso de desmovilización de los paramilitares. Luego Salud habla de que es “hora de la verdad”. Como se explicó en el punto anterior, los acuerdos de La Habana se centran en la reparación integral a las víctimas y en la verdad. Una verdad que a diferencia de lo que dice Salud debe aplicar para todos los bandos; políticos, empresarios, militares y no solo guerrilleros, Aquí se sabrá la vedad completa y no solo una parte como parece querer Salud Hernández. En su cuarto punto Salud vuelve y repite el tema de verdad, perdón y la aceptación de crímenes. Se recomienda leer el punto de víctimas y en él el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el quinto punto Salud, en realidad demuestra lo que quiere cuando habla de votar No en el plebiscito. Y es lograr la total impunidad por los crímenes que se cometieron en el marco del conflicto armado. Dice “No puede permitir un Tribunal Especial por encima de las altas cortes. Ni un cuerpo legislativo que se incorpore al bloque constitucional, ni leyes habilitantes para el Presidente. Si la paz de Santos es tan buena, por qué temerle al debate en el Legislativo y al Poder Judicial. Si le torcieron el brazo a la democracia, será porque hay cosas oscuras que ocultar” Aquí se deben analizar al menos dos asuntos. Por un lado, la JEP como se mencionó crea un Tribunal compuesto por 5 secciones, cada una de ellas integrada por 5 magistrados; 3 colombiano y 2 internacionales. Este Tribunal gozará de independencia y tendrá el conocimiento de todos aquellos actos que se cometieron en el marco del conflicto. Aquí Salud lo que sugiere es que esto no le gusta y que debe ser la justicia ordinaria la que juzgué. Esa misma justicia que no ha avanzado en la restitución de tierras, apenas el 1%, esa misma justicia que no ha avanzado en la investigación de alianzas entre políticos y empresarios con grupos armados ilegales. Esa misma justicia que solo ha dado impunidad a los criminales. Nuevamente Salud lo que quiere es que sea un borrón y cuenta nueva, que todo quede como está y que no se sepa nada, ni se repare ni nada. Lo otro que confunde Salud es que las facultades extraordinarias del presidente no son para leyes marco, o actos legislativos, son para acelerar la implementación de los acuerdos de paz. No debe olvidar que en promedio el postconflicto se gana los primeros 18 o 24 meses después de la firma, allí es cuando se deben controlar otros factores de violencia y evitar una violencia cíclica, eso requiere mecanismos expeditos de actuación y no esperar uno o dos años para una licitación o para construir una vía. Aquí se deben superar las causas estructurales del conflicto y para ello se requiere inversión inmediata, rápida y eficiente en los municipios más afectados por el conflicto. Luego Salud habla de militares, inocencia y falsos positivos. Nuevamente como se ha dicho, el modelo de justicia transicional cobijará a todos los actores en conflicto. No sucederá como con el M19, donde los guerrilleros recibieron algunas medidas positivas y los militares no. esta vez todos en la cama o todos en el suelo. Y como se dijo, el Tribunal garantizará que se conozca la verdad y que se libere a los inocentes y se condene los culpables. En el punto 7 y 8 Salud despotrica del plebiscito, aunque ella sugiere acogerse al mismo e ir a las urnas por el No. Estamos de acuerdo en que el problema es la corrupción, pero eso no depende del proceso de paz depende de un control activo de los ciudadanos, de que la ciudadanía aprenda a votar y que los políticos rindan cuentas Mientras la ciudadanía siga votante por bandidos, pues bandidos son los que nos van a gobernar.

Foto: El heraldo.co En sentido estricto el proceso de paz tiene varios objetivos específicos. Por un lado, garantizar que no habrá más FARC armadas, que la justificación de política de la violencia desaparezca del escenario colombiano. Además tiene como objetivo garantizar la participación política de las FARC. Sobre el primer objetivo está claro que 180 días después de la firma o seis meses después de la firma las FARC como grupo armado ilegal desaparecerá. Como se sabe las zonas de ubicación tardarán 6 meses y al día 150 después de la firma las FARC habrían dejado el 100% de las armas. El segundo objetivo aún no está claro, está por concretarse en La Habana. Sin embargo, falta un tercer objetivo y se trata de acabar con las causas estructurales del conflicto y sobre todo, construir Estado en las regiones más afectadas por el conflicto. Para ello los acuerdos de paz prevén una serie de estrategias, como formalización de la propiedad, un plan de conectividad, un plan de vías terciarías, la creación de circunscripciones especiales de paz, plan de sustitución de economías ilegales. Más de 80 iniciativas para sacar a estas regiones de atraso y la violencia. El siguiente mapa muestra la vulnerabilidad de los 281 municipios más afectados por la violencia. Está vulnerabilidad se refiere a las probabilidades de que estas regiones vivan una nueva ola de violencia luego de la firma de la paz y de la capacidad del Estado local para aplicar los acuerdos firmados. Tal vez uno de los retos más grandes es crear las condiciones necesarias para que los campesinos en varias regiones del país salgan de las economías ilegales. Para ello no bastan proyectos productivos, sino que se requiere una salida integral, que incluye la creación de una cadena de comercialización. Para crear estas cadenas se requiere vías, para que los campesinos puedan sacar sus productos. Cuando se va a las regiones más apartadas y afectadas por el conflicto lo que los campesinos piden son vías terciarías. Es el principal anhelo y peticiones a los mandatarios locales. Pero los datos sobre vías terciarían son muy complicados. La situación es la siguiente. En total Colombia tiene 142.284 kilómetros en vías terciarías: Distribuidos de la siguiente forma: “Afirmado” significa que es material de río al cual se le pasa una aplanadora, obviamente con la primera lluvia fuerte la carretera queda destruida. Mientras que solo con algún tipo de pavimento se han intervenido poco más de 8 mil kilómetros. Este es uno de los principales esfuerzos que debe hacerse a la hora de construir Estado y evitar nuevas olas de violencia. La Fundación Paz y Reconciliación ha realizado un estudio sobre esta materia. Prácticamente en los 281 municipios más afectados por el conflicto el sistema vial está destruido. La mayoría de las intervenciones se han hecho en Cundinamarca, Boyacá, Santander y algo en el Cauca y Antioquia. Así que el esfuerzo en estas zonas de color rojo debe ser inmenso. Económicamente el costo no es alto, depende más de voluntad política. Pere efectivamente se requiere aumentar los gastos en este tipo de vías. Una buena vía terciaría se hace bajo la modalidad de placa-huella o doble riego. Que garantiza una supervivencia de algo más de 5 años y con un pequeño mantenimiento puede aguantar más tiempo. En promedio el costo de un kilómetro es de 500 millones de pesos, en placa-huella, que es el mejor mecanismo. Como mínimo, en promedio se requieren intervenir 20 kilómetros por municipio y para algo aceptable se requieren 50 kilómetros. Los costos se muestran a continuación. Nótese como para el escenario de 50 kilómetros por municipio se requiere poco menos de un punto del PIB. 0.88. Aquí no se puede errar, el discurso de paz territorial debe significar inversión en las regiones y en las zonas más apartadas, de no ser así el ciclo de violencia histórico en Colombia se repetirá.