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Por: Katerin Erazo, Periodista El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1117 el 5 de julio de 2023, que establece el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta medida entrará en vigor el jueves 3 de agosto y se extenderá hasta el lunes 29 de enero de 2024. El decreto, emitido por el Ministerio de Defensa y firmado por el jefe de Estado, forma parte del cumplimiento del acuerdo de cese al fuego bilateral acordado en La Habana. Según lo estipulado en el decreto, el cese al fuego bilateral de carácter temporal y nacional podrá ser prorrogado mediante una evaluación previa de ambas delegaciones en la mesa de conversaciones. Estas negociaciones se llevarán a cabo en Caracas durante el cuarto ciclo de conversaciones. Para tomar decisiones, también se tendrá en cuenta la documentación presentada por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), en conformidad con los acuerdos alcanzados entre las partes. El decreto establece dos etapas en el proceso de negociación política con el ELN. A partir del próximo 3 de agosto, se decretará el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y el grupo armado. La segunda fase consistirá en la suspensión oficial de operaciones militares y policiales contra las estructuras del ELN a partir de este jueves 6 de julio. Es importante destacar que esta suspensión de acciones armadas contra los miembros de esta guerrilla no interferirá con las obligaciones constitucionales de la fuerza pública, que incluyen la protección de la integridad de los civiles en todo el territorio y el mantenimiento del orden legal. Además, se garantizarán las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. La firma del decreto por parte del presidente se produjo un día después de que el ELN, a través de un comunicado de prensa emitido el 4 de julio, ordenara a todos sus frentes y estructuras cesar todas las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública a partir del 6 de julio. En el comunicado, este grupo armado destacó la firma de un acuerdo de cese al fuego bilateral entre el Gobierno y la guerrilla el pasado 9 de junio de 2023. Cabe resaltar que en dicho comunicado se menciona que aunque se suspenden las acciones ofensivas, se mantendrán activos todos los dispositivos de defensa para responder a cualquier eventualidad o amenaza que pueda surgir por parte de cualquier grupo armado, ya sea contra sus unidades o contra la población civil. Además, explicaron que la Gestoría de Paz del ELN se establece como un enlace de comunicación entre el Gobierno y el grupo armado, para informar sobre las novedades relacionadas con el cese al fuego. Según Camila Fernández, investigadora nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es importante tener en cuenta que mantener acciones defensivas no es una decisión exclusiva del ELN, sino que ya estaba contemplada dentro del marco acordado en el tercer ciclo de negociación. Fernández mencionó que se están preparando los protocolos correspondientes para implementar todo lo acordado en el cese, y entre los primeros avances que se hicieron públicos y se firmaron durante el tercer ciclo de negociación, se acordó la suspensión de las acciones ofensivas y la continuidad de las acciones defensivas. Actualmente, se están llevando a cabo los preparativos, incluyendo el desarrollo de los protocolos necesarios para acotar las acciones que comprende el cese. Además, la investigadora nacional de Pares explicó que el cese al fuego tiene una duración de seis meses con una intención de continuidad, es decir, se espera que estos seis meses sirvan como base para que el ELN pase de llevar a cabo acciones militares a realizar una transición hacia acciones más políticas, donde el uso de armas sea innecesario. Fernández mencionó que el cese abarca las acciones ofensivas armadas, sin embargo, esto no significa que el ELN desaparezca por completo, sino todo lo contrario. Se iniciará un proceso de pedagogía sobre el proceso de paz, la estructura político-militar de la organización y la apertura hacia la participación política para lograr un acuerdo nacional, que es el objetivo principal del proceso de paz con el ELN. Este período de cese implica una disminución de las hostilidades hacia la población civil para crear condiciones que fomenten la participación. Fernández mencionó que uno de los puntos de este acuerdo implica el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y aquí es donde entra el tema del secuestro. Es decir, se supone que durante el cese el ELN no podrá extorsionar, secuestrar, colocar bombas, convocar paros ni hacer propaganda con cilindros bomba, ya que esto constituiría una violación al derecho internacional humanitario. A pesar de los comunicados mencionados, se ha observado una escalada de actos violentos perpetrados por el ELN, lo cual ha generado preocupación e interrogantes de la voluntad de paz que este grupo ilegal ha expresado. Un ejemplo de ello es el paro armado indefinido anunciado por el grupo armado a través de un audio difundido en redes sociales en la región de San Juan, Sipí y Cajón en Chocó. Este paro armado es una respuesta a una incursión armada del Clan del Golfo en la vereda Chambacú. Durante el paro, se exige a los habitantes y transportadores abstenerse de circular en la zona mientras dure la orden. El personero de Sipí, Seguey Palacios Martínez, informó que debido a estos hechos violentos, varias personas se han desplazado y alrededor de 150 personas se encuentran confinadas en la región. Además, se reportó el secuestro de la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores en Arauca. El Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, perteneciente a la Octava División del Ejército Nacional, informó preliminarmente que los secuestradores podrían ser miembros del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. El secuestro habría ocurrido mientras la familia viajaba en un automóvil por el municipio de Fortul el pasado 3 de julio. Adicionalmente, se ha registrado un intenso hostigamiento en Fortul, Arauca, por parte de miembros del ELN que operan en la zona y luchan por el control del territorio. A través de videos compartidos en redes sociales, muestran ráfagas de fusil en diferentes puntos del municipio, lo que ha generado temor en la comunidad. Incluso la estación de Policía de Fortul ha sido blanco de los ataques por parte de este grupo armado. Teniendo en cuenta los sucesos recientes, Camila Fernández mencionó que a pesar de que se aproxima el cese al fuego y es momento de expresar voluntad de paz en los territorios el ELN decidió incrementar acciones armadas en un momento de conmemoración de sus 59 aniversario. Para Fernández, este es el momento en el que deberían estar realizando actividades de pedagogía en relación con todo el proceso de paz. Se espera que el cese, que tiene vocación de continuidad, ayude realmente a detener por completo estas acciones y finalmente conduzca a un proceso de desarme, tal como espera el presidente Gustavo Petro, con la meta de que para el año 2025 se de un cierre del proceso de paz en el que se deje de lado el uso de las armas.

Por: Mauricio Valencia, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto: Federico Rios y Zona Cero En las últimas horas la coyuntura política del país se vio convulsionada por la aparente muerte de Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez. Aunque la información aún se encuentra en proceso de verificación y no ha sido confirmada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, algunas versiones apuntan a que el hasta ayer máximo comandante del grupo postFARC Segunda Marquetalia habría muerto en territorio venezolano. El presunto deceso de Márquez se da luego batallar por su vida durante varios meses, tras un atentado efectuado en su contra el pasado 30 de junio del año pasado en un campamento ubicado en Caicara del Orinoco, en el estado venezolano Bolívar. El hecho habría sido perpetrado por mercenarios tanto colombianos como venezolanos en contribución con inteligencia militar para dar de baja a Márquez. No obstante, también se reseña una eventual responsabilidad por parte del Estado Mayor Central en retaliación por la muerte de su comandante de ese entonces, Gentil Duarte. Cabe recordar que Márquez fue desertor del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre las extintas FARC -EP y el Estado Colombiano, producto de una serie de hechos en los que tanto Márquez como Jesús Santrich se vieron envueltos en el presunto tráfico de droga hacia Estados Unidos, caso que estuvo plagado de una serie de irregularidades en el que la fiscalía colombiana en cabeza Néstor Humberto Martínez y la DEA, de manera conjunta, actuaron de manera cuestionable. Estos hechos derivaron en el rearme de Márquez, quien, en el mes de agosto de 2019, tres años después a la firma del acuerdo, anunciaba junto con Santrich y alias “El Paisa”, el nacimiento del grupo Nueva Marquetalia, que posteriormente se redefiniría como Segunda Marquetalia. Las más recientes investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) dan cuenta de una influencia de la Segunda Marquetalia en 55 municipios de Colombia, distribuidos en 10 departamentos, a través de un despliegue de diversas sub estructuras como: el Frente Diomer Martínez y la Comisión Sexta en Cauca; en Nariño a través del frente Oliver Sinisterra, Gente de Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico y el Bloque Occidental Alfonso Cano; en Putumayo y Amazonas con los Comandos Bolivarianos de la Frontera; y Caquetá a partir de la Compañía Fernando Díaz. Aunque con una presencia más marginal en el norte del país, la Segunda Marquetalia también hace presencia en departamentos como Antioquia con el Frente 5, y en Bolívar con el Frente 37. De igual forma, los más recientes informes de inteligencia dan cuenta de que este grupo armado estaría compuesto por cerca de 1.640 integrantes en sus filas, 600 de ellos en redes de apoyo. Desde su surgimiento en 2019, la Segunda Marquetalia ha pasado por algunas reconfiguraciones en materia de presencia territorial que han estado vinculadas a sus disputas con otros grupos armados, principalmente el ELN, así como el grupo armado postFARC Estado Mayor Central (EMC), de la línea de Gentil Duarte –con el cual libra actualmente una ardua disputa en el suroccidente del país por hacerse al control de los enclaves de producción y procesamiento coca, así como las rutas para el tráfico de esta–. En el marco de estos enfrentamientos se ha podido identificar una capacidad militar cada vez más reducida de la Segunda Marquetalia en relación con el EMC, el cual en proporción es mucho más grande y tiene mayor copamiento de territorios a nivel nacional, con una influencia en 166 municipios. Tomando en consideración este panorama, sumado a la presunta muerte de Iván Márquez, el escenario que se avizora para la Segunda Marquetalia frete a sus capacidades operativas y militares no es el mejor. Sin un mando unificado y una línea ideológica clara, que se sustentaba en la representación simbólica que podía ejercer Márquez en las bases, algunas de estas subestructuras podrían escindirse o terminar cooptadas por el EMC, para terminar de consolidarse especialmente en el suroccidente, en departamentos como Cauca y Nariño. La hipotética muerte de Márquez se sumaría también a la de algunos de sus cabecillas fundadores más importantes, como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, quienes fueron abatidos a finales del año 2021 en áreas fronterizas entre Colombia y Venezuela. De ser confirmada esta noticia, este grupo armado se reconfiguraría con alias Walter Mendoza y el Zarco Aldeniver como principales comandantes, este último se ha desempeñado como vocero en el marco de los diálogos exploratorios que adelanta este grupo armado con el Gobierno Nacional, de cara a la Paz Total. Precisamente el papel y desarrollo de los diálogos entre el Gobierno Colombiano y la Segunda Marquetalia dentro de la Paz Total ha resultado complejo para esta agrupación. Aunque el piso jurídico de la ley 2272 ha establecido claridades frente al trato jurídico con organizaciones de carácter político y las que adolecen de ello, el Gobierno en cabeza del presidente y el alto comisionado, Danilo Rueda, no ha dado muestras de la caracterización de este grupo. Esto se deriva de que sus principales cabecillas hicieron parte de la firma del Acuerdo de Paz y posteriormente reincidieron en armas. Como quedó establecido en el Acuerdo de Paz, aquellas personas reincidentes luego de la firma del Acuerdo serán procesados a través de la jurisdicción ordinaria, excluyendo cualquier juzgamiento a través de los mecanismos de justicia transicional. Esto ha complejizado adelantar negociaciones políticas con este grupo armado debido al entramado jurídico que supone, además de las implicaciones en materia de garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Adicionalmente, la hipotética muerte de Iván Márquez podría tener un impacto directo en las verdaderas posibilidades de este grupo armado para ser reconocido como actor armado político, toda vez que este representaba uno de los últimos bastiones que hicieron parte de las extintas FARC-EP. La muerte de Márquez y sus demás cabecillas denotaría la pérdida de un reducido capital político e ideológico de la Segunda Marquetalia, a la vez que acentuaría sobre este grupo una caracterización como estructura criminal. Lo cierto es que hasta el momento esta situación deja muchos interrogantes, toda vez que hasta hace tres días el alto comisionado para la paz advirtió comunicación con Márquez, pensando en los eventuales diálogos exploratorios en el marco de la Paz Total.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico Foto: Infobae En la ciudad de Buenaventura hay una guerra entre los grupos delictivos Shottas y Espartanos que se está reconfigurando. En la última semana, estos enfrentamientos han alcanzado titulares en los periódicos nacionales debido a la viralización de videos en los que se observa a individuos encapuchados y armados pertenecientes al grupo delictivo conocido como "Los Chiquillos", patrullando las calles de las comunas 10 y 12, y amenazando a un grupo autodenominado como el "Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)". Estos videos muestran enfrentamientos, asesinatos selectivos y una masacre ocurrida en la comuna 6 durante el último mes. Esta situación ha generado una crisis en el proceso de Paz Total que el Gobierno Nacional busca implementar en la ciudad, y ha sembrado inseguridad y temor entre la ciudadanía. Surge la pregunta de quiénes son estos grupos y cuál es su modus operandi. ¿Quiénes son estos grupos y cuál es su accionar? Los Chiquillos se hicieron notar en el mes de marzo cuando se aliaron con los Espartanos para enfrentar a los Shottas. Esta agrupación se deriva de la antigua banda conocida como “La Empresa”, la cual había disputado el control territorial con los urabeños y quedó reducida y debilitada cuando la mayoría de sus integrantes crearon “La Local”, generando confrontaciones armadas entre ambos. Hasta hace poco, en medio de la disputa entre Shottas y Espartanos, "La Empresa" mantenía una posición neutral y controlaba barrios como Progreso, Carlos Holmes y el Caldas, en las comunas 10 y 12. Sin embargo, hace tres meses hubo una ruptura interna, y los principales líderes se aliaron con los Shottas y los Espartanos, dando origen a "Los Chiquillos" y al CJNG. "Los Chiquillos" también son conocidos como "Los Robers", debido a su líder, Robert Daniel Quintana, alias "Rober". Según información recopilada por la Oficina Pares Pacífico, "Los Chiquillos" comenzaron a enfrentarse a los Shottas motivados por la recompensa de 2.000 millones de pesos colombianos ofrecida por los Espartanos por la captura de Diego Bustamante, alias "Diego Optra". Esto también desencadenó enfrentamientos entre antiguos miembros de La Empresa que se han focalizado en algunos barrios de las comunas 10 y 12. Uno de los antiguos cabecillas, conocido como "El Mono", se alió con los Shottas y autoproclamó a su grupo como el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) o “Los Jaliscos”. Sin embargo, no hay indicios de que se trate del cartel mexicano y se presume que la utilización de su nombre busca generar mayor temor en el territorio, siendo en realidad los mismos Shottas. Elaborado por: Oficina Pares Pacífico Al igual que ocurrió a finales de 2020 con la división de la banda conocida como "La Local", las confrontaciones actuales entre "Los Chiquillos" y el CJNG han generado gran preocupación a nivel local y nacional, sumándose a los enfrentamientos que ya se registraban en las comunas 6, 7 y 8 entre los Shottas y los Espartanos. Existe la preocupación de que se llegue a un punto en el que los acercamientos y el proceso de sometimiento colectivo en el marco de la Paz Total no sean posibles. La espacialidad de la guerra Es importante destacar que, si bien se reconoce que existe un fuerte control criminal en todo el casco urbano de la ciudad y que el accionar delictivo afecta a todo el territorio, hay zonas específicas donde la guerra se vive con mayor intensidad debido a los constantes enfrentamientos entre las estructuras armadas presentes en la ciudad. La primera zona la denominamos "Zona de Esteros", abarca las partes bajas de las comunas 7, 8 y 11. En esta área, los enfrentamientos se producen entre los Shottas y los Espartanos, quienes disputan el control de las extorsiones, principalmente en la galería de Juan XXII (comuna 7) y la galería de Bellavista (comuna 8). También se disputa el control de las rutas marítimas y el tráfico a través de los esteros, el dominio de los astilleros artesanales utilizados ocasionalmente para la construcción de semisumergibles, así como el control de los depósitos de gasolina utilizados para embarcaciones locales o actividades de contrabando. La segunda es la "Zona de Tránsito Portuario", se encuentra en la comuna 6. Esta área está atravesada por una vía alterna utilizada por vehículos de carga y alberga la mayoría de las bodegas y patios de contenedores y mercancías a granel. Anteriormente, esta zona estaba bajo el control de los Espartanos, pero desde principios de este año, cuando alias “Fidel” y alias “Julito” (antiguos líderes de los Espartanos) se unieron a los Shottas, han surgido enfrentamientos. En el barrio Los Ángeles de esta comuna se produjo un homicidio múltiple en una vivienda. En esta zona se disputa el acceso al mar a través de los esteros en la parte norte de la ciudad, los robos a mercancías que ingresan a la zona portuaria, las extorsiones, la contaminación de contenedores y la adjudicación de predios y propiedades. La tercera zona es la "Zona de Expansión Urbana", ubicada entre las comunas 10 y 12. Esta zona actualmente está siendo disputada por Los Chiquillos y los Espartanos, contra los Shottas. Es una entrada a la ciudad y conecta con la vía alterna. La principal razón de los enfrentamientos es que la comuna 12 había sido el bastión de los Shottas, pero con la reconfiguración de los grupos, intentan mantener el control territorial de la zona e impedir el ingreso de los Espartanos. Elaborado por: Oficina Pares Pacífico Recomendaciones Debido a las reconfiguraciones recientes en la dinámica de la guerra urbana y los conflictos internos dentro de los mismos grupos, se ha generado una crisis en materia de seguridad y humanitaria por violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Buenaventura. Por lo tanto, es necesario intensificar los esfuerzos institucionales para retomar el pacto de no agresión entre los grupos criminales en la ciudad y avanzar en el proceso piloto de Paz Total. Con base en esto, desde la Oficina Pares Pacífico se hacen las siguientes recomendaciones: 1. Incorporar a Los Chiquillos como un tercer grupo en disputa por el control criminal de la ciudad en el proceso de diálogo entre los Shottas, los Espartanos y el Gobierno Nacional, que está previsto iniciar este mes. Los Chiquillos han manifestado su interés en sumarse a estos diálogos. 2. Establecer la figura del Comisionado Regional de Paz con los recursos necesarios para hacer frente a la situación actual. Esto permitiría una respuesta más ágil en casos de crisis y además facilitaría un diálogo constante con los voceros de los grupos. 3. Fortalecer la participación ciudadana e involucrar activamente a la comunidad en el proceso. Es importante mantener a la ciudadanía informada y activa, de manera que puedan respaldar los avances y superar los obstáculos y dificultades. 4. Implementar mecanismos de seguimiento territorializados. Dada la falta de información precisa y oportuna sobre el proceso en la ciudad, es necesario diseñar y poner en práctica una estrategia que dé a conocer los avances realizados. 5. Insistir en la aprobación de la Ley de Sometimiento por parte del Gobierno Nacional. Esta ley es el fundamento jurídico de la Paz Total y, a pesar de las diferencias políticas existentes, es fundamental garantizar la paz en Buenaventura y en todo el país.

Por: Redacción Pares Semana del 04 al 09 de julio de 2023 Ha sido una semana intensa en este proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN. El 04 de julio el ELN cumplió 59 años de existencia, desde aquel 04 de julio de 1964, cuando inició su primera marcha guerrillera y asumió esta fecha como su "mito fundacional". El ELN ha asumido el camino de mostrar iniciativa militar, lo cual produce rechazo ciudadano y no ayuda a crear un clima favorable ante un conflicto que por supuesto sigue abierto. Las acciones letales se dieron en el Catatumbo, donde el ELN asesinó a tres policías en dos hechos diferentes; igualmente tuvo un impacto mediático la situación presentada con una sargento del Ejército en Arauca, que estando con sus dos hijos menores de edad fueron secuestrados por el ELN, al igual que su perro, hecho ampliamente criticado y que afortunadamente ya fue resuelto al ser liberados y entregados a la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia Católica. Desde el 03 de julio el ELN anunció en sus redes sociales y difundió un comunicado en el que imparte la orden a todas sus estructuras de iniciar a partir del 06 de julio el cese bilateral, nacional y transitorio del fuego. Igualmente el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el 05 de julio el decreto en el que establece el cese bilateral, que entra a regir de manera plena desde el 03 de agosto con la verificación acordada y que será ejercida por la Misión de la ONU en Colombia, para lo cual se requiere la discusión y aprobación del Concejo de Seguridad, lo cual se debe dar en los próximos días. El viernes 07 de julio se instaló el mecanismo de comunicación entre el Gobierno Colombiano, el ELN y la Misión de la ONU para hacer seguimiento al desarrollo de este cese bilateral. Por parte del ELN esta función la ejercerá el equipo de gestores y gestoras, igualmente hay integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas en esta labor. 1. Otty Patiño en entrevista con El Tiempo explicó los parámetros sobre los cuales va a transcurrir el cese bilateral e igualmente informó sobre los avances en la conformación del Comité Nacional de Participación: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/otty-patino-jefe-negociador-explica-el-cese-al-fuego-con-el-eln-784525 2. El ELN orienta a sus estructuras el acogimiento al cese bilateral pactado: 3. Presidente Petro firmó decreto que ordena cese al fuego bilateral y temporal con el ELN entre el 03 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024: https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-firmo-Decreto-que-ordena-cese-al-fuego-bilateral-y-temporal-con-el-Eln-entre-el-3-de-agosto-230706.aspx#:~:text=El%20Presidente%20Gustavo%20Petro%20firm%C3%B3,Di%C3%A1logos%20de%20Paz%20de%20los 4. Carlos Ruiz Massieu sobre canal de comunicación establecido entre el Gobierno Colombiano y el ELN para el cese bilateral: 5. ¿Cuál es el poder militar del ELN en Colombia? 6. ¿Qué alcance tiene el decreto del cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN? 7. Entrevista a Otty Patiño en BLU Radio: 9. Vericiclo No. 6. Nicolás Rodríguez “Gabino”: 10. Quedaron en libertad la sargento y sus hijos secuestrados por el ELN: 11. Acciones del ELN están dirigidas hacia otras organizaciones criminales: 12. Columna de Marta Ruiz, A veces no hay segunda oportunidad: https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/a-veces-no-hay-segunda-oportunidad/ 13. Columna de Andrés Caro, Cese al fuego, paro arm ado: https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/cese-al-fuego,-paro-armado/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Juan Manuel Rueda Castaño, Editor El pasado 12 de julio se conoció una sentencia, proferida por el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá, que afirma que las disidencias de las FARC (línea “Gentil Duarte”, actualmente Estado Mayor Central o EMC) estuvieron detrás de las manifestaciones de noviembre de 2019 en Bogotá. Con base en la sentencia, los medios de comunicación titularon “Disidencias Farc estuvieron detrás de los desórdenes del 21 N de 2019”, “Fallo judicial establece que disidencias de Farc y Eln estuvieron detrás de disturbios de 2019” o “Disidencias de las Farc estuvieron detrás del los desórdenes durante el estallido social del 2019, asegura la Fiscalía”. Inmediatamente los representantes de la derecha colombiana salieron a declarar que esto demostraba que las protestas de 2019 no fueron un estallido social, sino una toma guerrillera, o que el grupo armado habría financiado desmanes y actos vandálicos en la ciudad. Sorprendentes titulares y afirmaciones si tenemos en cuenta que, leyendo al detalle la sentencia, los condenados que demostrarían la supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en las protestas de 2019 —que, recordemos, se originaron por la indignación ciudadana frente a la ineptitud y cinismo del gobierno Duque, que por esa época bombardeaba niños y asesinaba testigos clave del caso de megacorrupción de Odebrecht— son solo cuatro personas: Wilson Reinel Moreno, supuesto jefe del “Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez” de las disidencias de las FARC, un grupo del que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) no tiene ningún conocimiento en su juicioso mapeo de actores armados; Justo Ernesto Villarraga, un adulto mayor de 74 años, paciente de cáncer, líder social y exmilitante de Colombia Humana; Erika Lorena Flórez, joven investigadora social candidata a magister en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital; y Greissy Perilla, joven docente y también investigadora en temas de derechos humanos, quien trabajaba con campesinos y víctimas del conflicto armado. Así, un supuesto cabecilla de un bloque de las disidencias de las FARC que no existe, un adulto mayor de 74 años enfermo de cáncer, y dos mujeres jóvenes dedicadas a la investigación y el trabajo social, habrían, según la Fiscalía General de la Nación del desmeritado Francisco Barbosa, infiltrado una de las protestas sociales más duras y sentidas del país de las últimas décadas. Protesta que rápidamente se tornó violenta, por cuenta de una fuerza pública que intentó reprimir las juventudes en las calles y terminó generando caos, muertos, heridos y detenidos. Las pruebas de la Fiscalía en este caso son cuando menos débiles y oscuras, y parecen obedecer más bien al orden de falsos positivos judiciales. A los sentenciados se les acusa, entre otros delitos, de terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación de la vía pública, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. La supuesta estructura de las disidencias de las FARC funcionaba a través del liderazgo de Wilson Moreno, quien tenía supuesta línea directa con “Iván Mordisco”, y quien contactaba con Justo Villarraga, el señor de 74 años, para coordinar pequeñas células en Bogotá y dirigir las manifestaciones. Preocupa en este caso la situación de Erika Flórez y Greissy Perilla, quienes son señaladas de coordinar con Villarraga actos vandálicos, reclutamiento de jóvenes, violencia contra miembros de la fuerza pública, entre otros, y quienes son las últimas en esta fantasiosa cadena de mando, jóvenes que salían a la calle con sus compañeros a manifestarse en contra de la brutalidad policial. A Greissy y Erika las condenaron a 12 y 19 años de prisión respectivamente. Según conversaciones interceptadas, las jóvenes habrían participado en daños al Portal Américas de Transmilenio, enfrentamientos con la fuerza pública usando artefactos no convencionales como pintura de aceite, creación de grupos de Whatsapp y Facebook para coordinar bloqueos, protestas y difundir imágenes y videos, quema de autobuses, organización de “cacerolazos” y crear colectivos jurídicos para desacreditar a la fuerza pública y al Ejército. Según esta condena, muchos jóvenes del país que participamos no solo en las protestas del 2019, sino en el Paro Nacional de 2021, seríamos potenciales terroristas. ¿Quién no participó de grupos de Whatsapp para coordinar salidas a marchas, movilizaciones y bloqueos?, ¿quién no ingresó a algún grupo de Facebook para obtener información de las marchas, ver casos de brutalidad policial para indignarse y denunciar en redes sociales?, ¿cuántas personas no participaron de desmanes, actos vandálicos, grafiti, daños a estaciones de transporte público en medio de las revolucionadas movilizaciones de una sociedad que explotó de indignación y abandono? ¿Cacerolazos?, todos participamos de los cacerolazos. Y sobre la creación de colectivos jurídicos para desacreditar a la fuerza pública y al Ejército, ¡pues desacreditados por sí mismos, masacrando civiles, desapareciendo personas, violando mujeres y reprimiendo una protesta válida y pacífica! Lo de la Fiscalía deja mucho que desear en cuanto a garantías procesales, así como el juez, quien dictó una sentencia evidentemente marcada por la presentación de un caso armado con afán y pocas pruebas, y sesgado por profundos prejuicios. ¿Cómo se le dictan 12 y 19 años de cárcel a unas jóvenes que participaron de un momento histórico, quisieron organizarse con su comunidad y salir a manifestarse en contra de la abierta violación a los derechos humanos por parte de un Estado criminal? Y si las jóvenes se equivocaron, si rompieron algún vidrio, si enviaron algún mensaje con un tono violento en contra de la fuerza pública, ¿por qué 12 y 19 años de prisión y no buscarles penas alternativas, como propone el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna? La organización Objetivo Libertad (@ObjetivLibertad) hace seguimiento al caso de Erika Flórez y Greissy Perilla, y lo señala de falso positivo judicial. Hace falta que la opinión pública colombiana haga seguimiento a estos casos en que jóvenes manifestantes han sido judicializados injustamente por participar de marchas y protestas. Los casos son cientos. Según un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, de las 228 judicializaciones en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. Y si todos estos casos van a tener el sesgo del caso de Flórez y Perilla, tendremos a muchos jóvenes injustamente encarcelados en Colombia. Y los medios de comunicación salen así sin más a titular que las disidencias de las FARC infiltraron las protestas. Y los voceros de la derecha a asegurar que las protestas que cambiaron el rumbo del país fueron financiadas por la guerrilla. Y siguen en impunidad los 5.340 casos de violencia policial, 40 homicidios por parte de la fuerza pública, 35 casos de violencia sexual y 103 casos de violencia ocular según la ONG Temblores —sobre los cuales había 0 fallos condenatorios al 28 de abril de 2022—. ¡Libertad para todos los jóvenes injustamente condenados por participar en las protestas de 2019 y el estallido social de 2021!

Por: Redacción Pares Semana del 10 al 16 de julio de 2023 El Gobierno Colombiano y el ELN anunciaron este viernes 14 de julio la conclusión de los trabajos para detallar la dinámica del Comité Nacional de Participación y los protocolos para el Cese Bilateral Nacional y Transitorio, que formalmente iniciará el 03 de agosto, fecha en la que igualmente se instala el Comité Nacional de Participación en Bogotá. Esta semana el Frente de Guerra Occidental anunció la suspensión del Paro Armado que inició el 03 de julio y que evidencia la crítica situación que se vive en el Chocó, subregiones del Baudó y San Juan, donde el ELN se confronta con el Clan del Golfo, a la vez que denuncia supuestas complicidades de la Fuerza Pública del lado del Clan del Golfo, tema que ha sido recurrente en los últimos años y sobre los cuales se requiere atención del Ministerio de la Defensa para aclarar estas graves acusaciones. Las declaraciones de Juan Carlos Cuéllar, gestor de Paz del ELN, en el sentido de que la variable tiempo hay que establecerla en relación con el desarrollo de las transformaciones y la construcción de un acuerdo sólido, nuevamente colocan la pregunta sobre las posibilidades de cerrar el conjunto de este proceso durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que bien sabemos culmina el 07 de agosto de 2026. Pregunta muy importante que va a requerir de estrategia y método del equipo de Gobierno para lograr el objetivo de culminar todo el proceso durante su periodo. El montaje del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese Bilateral Nacional y Transitorio va a requerir de mucho trabajo y acción coordinada del Gobierno Colombiano, el ELN, la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal Colombiana. Se viene dando la selección de integrantes al Comité Nacional de Participación, aún faltan nombres por definir y es de esperar que el 100% de las y los integrantes queden definidos antes de finalizar el mes de julio, teniendo como nueva fecha de instalación el 03 de agosto. 1. Comunicado conjunto de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional: "Avanzamos en el Cese al Fuego y en la Participación”. 2. Aquí se pueden consultar los documentos firmados el pasado viernes 14 de julio en La Habana entre el Gobierno Colombiano y el ELN, referidos al reglamento del Comité Nacional de Participación y los protocolos que detallan aspectos del Cese Bilateral Nacional y Transitorio: https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/Documentos%20del%20Comit%C3%A9%20Nacional%20de%20la%20Participaci%C3%B3n%20Reglamento%20y%20Plan%20de%20trabajo%2C%20y%20Protocolos%20de%20Cese%20al%20Fuego%20Bilateral%2C%20Nacional%20y%20Temporal..pdf 3. ¿Qué dicen los nueve protocolos que acordó el Gobierno con ELN para cese al fuego?: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-explicacion-sobre-que-dicen-los-protocolos-que-acordo-el-gobierno-para-cese-al-fuego/ 4. Paso a paso sobre cómo podrá participar la ciudadanía en los diálogos con ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-asi-sera-la-participacion-de-la-sociedad-en-la-mesa-de-negociacion-y-encuentro-regionales-paz-total/ 5. Antes de inicio de cese al fuego con ELN se sabrá si ONU podrá verificarlo: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cese-al-fuego-con-eln-extension-de-mandato-de-mision-de-de-onu-para-verificar-se-sabra-antes-del-3-de-agosto/ 6. El senador Iván Cepeda hace un balance de lo avanzado entre el Gobierno Colombiano y el ELN: 7. Antonio García, primer comandante del ELN, anuncia en su cuenta de Twitter los acuerdos logrados: 8. José Félix Lafaurie sobre inicio del cese al fuego con el ELN: “No existe ninguna razón de afectar la tranquilidad en los territorios”: https://www.infobae.com/colombia/2023/07/16/jose-felix-lafaurie-sobre-inicio-del-cese-al-fuego-con-el-eln-no-existe-ninguna-razon-de-afectar-la-tranquilidad-en-los-territorios/ 9. Resolución de lenguaje respetuoso con ELN trata de "proteger su accionar criminal", según analistas: 10. Mensaje de Nicolás Rodríguez Bautista a las prisioneras y prisioneros: 11. “La participación de la sociedad en los diálogos es el corazón del proceso”: ELN: https://www.eluniversal.com.co/colombia/la-participacion-de-la-sociedad-en-los-dialogos-es-el-corazon-del-proceso-eln-LK8590049 12. ELN anunció que levantará el paro armado en el Chocó desde este jueves 13 de julio: El Tiempo: 13. Colombianos no ven coherencia entre discurso de paz del ELN y sus actos terroristas, según expertos: 14. El cese al fuego solo beneficia al ELN, escrito de Armando Borrero : https://razonpublica.com/cese-al-fuego-solo-beneficia-al-eln/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto: afp En un paso significativo hacia la construcción de la paz en Colombia, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron los protocolos del cese al fuego bilateral, nacional y temporal el cual surgió del tercer ciclo de negociación. Este acuerdo , conocido como el “Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal” (CFBNT), tiene un carácter temporal de seis meses y busca reducir la intensidad del conflicto y las confrontaciones para permitir la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, una de las piezas fundamentales para alcanzar un gran acuerdo nacional. Los 13 puntos fundamentales del Cese al fuego bilateral son los siguientes: El primer punto establece que el “Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal” (CFBNT) se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente el Protocolo II de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, y los Acuerdos de la Mesa de Diálogos de Paz. En consecuencia, ambas partes se comprometen a respetar el DIH, lo que implica que ninguna de ellas podrá violar sus disposiciones durante el periodo del cese. En el segundo punto, se establece que una vez entre en vigor el acuerdo del cese, tanto las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado, por un lado, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por otro lado, suspenderán las operaciones ofensivas entre sí, lo que incluye la prohibición de llevar a cabo acciones de inteligencia entre ambas partes. Es decir, se acuerda la suspensión de toda actividad ofensiva, incluyendo acciones de ataque y recolección de información contra el grupo contrario. En el tercer punto, se aclara que tanto las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se comprometen a mantener únicamente acciones defensivas. Esto implica que ambas partes podrán responder en caso de ser atacadas, pero no llevarán a cabo acciones ofensivas que puedan aumentar la intensidad del conflicto. En el cuarto punto, se enuncian los objetivos fundamentales del “Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal” (CFBNT), los cuales son los siguientes: Bajar la intensidad del conflicto. Desarrollar acciones y dinámicas humanitarias. Propiciar la participación de la sociedad en el proceso de paz. Concretar acuerdos humanitarios para las zonas con mayor crisis humanitaria, los cuales serán definidos por la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este punto enfatiza la necesidad de reducir la violencia y el conflicto armado para facilitar el desarrollo de iniciativas humanitarias que beneficien a las comunidades afectadas. Asimismo, destaca la importancia de involucrar activamente a la sociedad civil en el proceso de paz y buscar acuerdos específicos para las áreas más afectadas por la crisis humanitaria. El quinto punto establece que para cumplir con el Acuerdo del cese y prevenir y resolver los incidentes que puedan surgir durante su implementación, tanto el Gobierno como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se guiarán por los principios de buena fe, voluntad política y lenguaje respetuoso. Además, se comprometen a proporcionar información rigurosa, veraz y oportuna a los medios de comunicación y espacios de difusión, así como a llevar a cabo labores de pedagogía con el fin de que la población comprenda la importancia y utilidad de este proceso de paz. En este punto, se destaca la importancia de incentivar valores fundamentales como la transparencia, el respeto y la comunicación efectiva, tanto hacia la población como hacia los medios de comunicación, para generar confianza en el proceso y garantizar su éxito. Asimismo, se enfatiza en la necesidad de llevar a cabo una labor de pedagogía que permita a la sociedad comprender los beneficios de la paz y su implicación en el desarrollo del país. El sexto punto marca el inicio del proceso de alistamiento para el cese al fuego bilateral. Desde el 9 de junio hasta el 5 de julio de 2023, se llevaron a cabo diversas acciones en este proceso, que incluyeron la activación de un canal de comunicación entre ambas partes a través del Representante Especial del secretario general de la ONU en Colombia. También se redactaron los protocolos pendientes, se iniciaron actividades de pedagogía y se preparó el terreno para la implementación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). Es relevante resaltar que el concepto de alistamiento en este contexto implica poner en marcha los preparativos necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo del cese al fuego. Es decir, se emitieron los decretos y protocolos, se establecieron canales de comunicación y se llevaron a cabo acciones para informar y sensibilizar tanto a las partes involucradas como a la población sobre la importancia y los detalles del cese. El 10 de julio, en una reunión plenaria, la mesa de diálogos de paz aprobó los protocolos elaborados, abordando aspectos relacionados con la participación, y se avanzó en la labor de pedagogía, especialmente a través de los medios de comunicación. Desde el 3 de agosto, el cese al fuego bilateral nacional y temporal iniciará oficialmente, marcando el día 1 de los 180 días contemplados, con una vocación de continuidad y con la presencia del mecanismo de monitoreo y verificación. El séptimo punto establece que la Mesa de Diálogos para la paz entre el Gobierno, el ELN conforman un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) con presencia a nivel nacional, regional y local. Este MMV está compuesto por delegados del Gobierno, del ELN, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia. Su función principal es monitorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT) y sus objetivos. El octavo punto hace referencia a los componentes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), en específico la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Estos componentes trabajarán en coordinación con organizaciones sociales para establecer una Veeduría Social, la cual consiste en una articulación de equipos locales y regionales que fortalecerán el monitoreo con el objetivo de prevenir incidentes armados entre las partes, así como reportar y alertar sobre la presencia y acciones armadas que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las comunidades, generadas por cualquier actor armado. Este aspecto representa una novedad significativa en el marco del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal, ya que se reconoce la participación activa de las organizaciones sociales en el seguimiento del acuerdo. Estas organizaciones podrán articularse con los equipos locales y regionales para fortalecer la vigilancia y monitoreo, con el propósito de prevenir situaciones que puedan comprometer el cese al fuego. De esta manera, se reconoce que no solo las fuerzas militares o el Estado tienen la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del cese, sino que se involucra activamente a la sociedad civil. Este enfoque busca generar alertas tempranas sobre la presencia de acciones armadas que puedan afectar la vida, seguridad y los derechos humanos de las comunidades. El noveno punto destaca la importancia de priorizar las regiones con mayor conectividad armada y crisis humanitaria para fortalecer el funcionamiento y la eficacia de los enlaces, comunicaciones y monitoreo regionales y locales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). El objetivo principal de esta priorización es identificar y detectar oportunamente las acciones de actores armados que puedan interferir o afectar el desarrollo del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT), ya sea mediante ataques contra una de las partes involucradas o contra la población civil. En este sentido, se busca enfocar recursos y esfuerzos en aquellas áreas del país que presentan un mayor riesgo de enfrentamientos armados y de crisis humanitaria. Por ejemplo, regiones como Chocó, donde existen enfrentamientos con el Clan del Golfo, o Arauca en la frontera, que ha experimentado acciones predominantes del ELN y disputas con disidencias, se convierten en lugares prioritarios para la implementación efectiva del cese al fuego. La priorización territorial garantiza que se adopten medidas específicas en estas áreas con el propósito de prevenir y contener cualquier acción armada que pueda afectar el desarrollo del acuerdo de cese, asegurando así la protección de las comunidades y la sostenibilidad del proceso de paz en estos territorios sensibles. El décimo punto establece los protocolos que rigen el Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT), los cuales son los siguientes: Protocolo de Acciones Específicas. Protocolo de Evaluación, Prórroga o Suspensión del CFBNT. Mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). Rol de la Mesa en el CFBNT. Rol específico de la Iglesia Católica. Seguridad y protección para los integrantes del MMV. Protocolo sobre la seguridad para el ELN y los lugares donde hace presencia. Veeduría social y mecanismos de protección humanitaria. Pedagogía sobre el Acuerdo de CFBNT. Comunicaciones. Cada uno de estos protocolos detalla aspectos fundamentales para el funcionamiento y cumplimiento del Cese al Fuego. El Protocolo de Acciones Específicas establece las acciones concretas a seguir por las partes durante el cese. El Protocolo de Evaluación, Prórroga o Suspensión se encarga de revisar el desarrollo del acuerdo y decidir si se extiende o suspende según los resultados alcanzados. El Mandato del MMV define el alcance y las funciones del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, mientras que el Rol de la Mesa en el CFBNT señala el papel del grupo amplio de diálogo en la implementación del cese. El rol específico de la Iglesia Católica se refiere a su función en el proceso de paz y su contribución a la seguridad y protección de los involucrados. También se establecen medidas de seguridad y protección para los integrantes del MMV, las partes involucradas y la sociedad en general. El protocolo sobre la seguridad para el ELN y los lugares donde hace presencia asegura la aplicación de medidas para resguardar la integridad de dicha organización y las zonas donde tiene presencia. La Veeduría social y mecanismos de protección humanitaria buscan la participación de la sociedad civil y su rol en la protección de los derechos humanos durante el cese. Asimismo, se considera la importancia de la pedagogía sobre el Acuerdo de CFBNT, es decir, la divulgación y difusión de información relevante sobre el cese y su significado para la paz en el país. Finalmente, el punto establece que cualquier nueva acción necesaria para mejorar el acuerdo será discutida y acordada en la mesa de diálogos y anexada a los protocolos del Cese al Fuego. El punto once subraya que en todo momento se debe tener presente que las partes actúan dentro del marco del proceso de paz. Esto significa que el cese al fuego bilateral está íntimamente ligado a las negociaciones y diálogos en curso. En otras palabras, lo que suceda en las futuras etapas de negociación y en la mesa de diálogos también influirá en el desarrollo y la continuidad del cese al fuego bilateral. El punto doce establece que el Gobierno Nacional será responsable de emitir las órdenes necesarias y precisas a las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado, con el propósito de garantizar el cumplimiento del Cese al Fuego Bilateral y Temporal (CFBNT). Además, el Gobierno proporcionará orientación en cuanto a pedagogía y dinámicas para que estas instituciones estudien y comprendan a fondo los protocolos y acuerdos que deben cumplir en el marco de este acuerdo. En este punto, el Gobierno asume su papel directo en asegurar que sus fuerzas militares y cuerpos de seguridad acaten la orden de cesar actividades ofensivas y operaciones contra el grupo contrario. También se destaca la importancia de capacitar a estas instituciones para que comprendan y cumplan adecuadamente con los protocolos y acuerdos estipulados en el CFBNT. De esta manera, se busca garantizar la efectividad y el cumplimiento del cese al fuego y contribuir al éxito del proceso de paz. El punto trece establece que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitirá las órdenes necesarias y precisas a todas sus estructuras para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y Temporal (CFBNT). Asimismo, se encargará de proporcionar orientación, pedagogía y dinámicas para que sus integrantes estudien y comprendan a fondo los protocolos y acuerdos que deben cumplir durante la implementación de este acuerdo. En este punto, se enfatiza que el ELN asumirá la responsabilidad de dar las directrices a todas sus bases y estructuras para que cesen las acciones ofensivas contra el gobierno y se ajusten al acuerdo del cese al fuego. Además, se resalta la importancia de capacitar a sus integrantes para que estén plenamente informados sobre los detalles y requerimientos del CFBNT, con el objetivo de asegurar su cumplimiento efectivo y contribuir al éxito del proceso de paz. Este CFBNT tiene una vocación de continuidad y se espera que sea el punto de partida para avanzar en un proceso de paz más amplio y sostenible. Actualmente, ambas partes se encuentran en la fase de alistamiento, preparándose para la implementación del cese al fuego, que comenzará el próximo 3 de agosto de 2023. En cuanto a la instalación del Comité Nacional de Participación, inicialmente programada para el 25 de julio, se anunció un cambio de fecha y será llevada a cabo el 3 de agosto en Bogotá, coincidiendo con el inicio del cese al fuego bilateral. El Comité Nacional de Participación desempeña un papel crucial en la agenda y está conformado por 80 representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil. Será su responsabilidad recoger las peticiones de la población colombiana y proponer una agenda de transformaciones, destacando su relevancia para el proceso de paz.

Por: Guardianes de la Transparencia Veeduría Soy Joven de Buenaventura Oficina Pares Pacífico En medio de un entorno marcado por la incertidumbre y la adversidad en Buenaventura, un grupo de jóvenes ha asumido la responsabilidad de proteger los bienes públicos y fomentar una cultura de transparencia. El Centro de Atención Integral para la Juventud (CAIJU) se ha convertido en el epicentro de esta lucha liderada por jóvenes comprometidos. Preocupados por la falta de espacios recreativos, los retrasos sistemáticos en las obras de infraestructura y equipamientos, sumado a la falta de apoyo institucional, esta ciudadanía vigilante ha emprendido una misión de veeduría para garantizar el éxito de esta obra, promover ejercicios de apropiación del espacio y evitar que se convierta en un elefante blanco más (Ver: Las juventudes de Buenaventura inician veeduría al CAIJU y La obra del CAIJU en Buenaventura: avanzan los procesos de veeduría ). La reciente visita a las obras de remodelación ha generado inquietudes sobre posibles retrasos y deficiencias en áreas clave como las plazoletas culturales y la cancha. Aunque se destacan importantes avances en otros aspectos del proyecto, la entrega total y puntual del CAIJU sigue siendo una demanda prioritaria para estos jóvenes comprometidos con su comunidad. Veeduría y control ciudadano al CAIJU En el marco del programa Juntos por la Transparencia (JxT), el sábado 24 de junio se llevó a cabo la segunda visita a la obra del CAIJU, liderada por los Guardianes de la Transparencia, la Veeduría soy Joven de Buenaventura, en compañía de la sub-mesa de juventud del Comité del Paro Cívico, la Plataforma de Juventudes y la Oficina Pares Pacífico, socio local del programa JxT. El propósito de esta visita fue verificar los avances en la construcción y dotación del espacio, en línea con las actividades de veeduría que están llevando a cabo las organizaciones juveniles en la ciudad. Durante la visita se percibió una creciente preocupación por parte de los jóvenes debido a los retrasos en las obras. Especialmente, existe la urgencia de que el espacio esté completamente listo y entregado para agosto, cuando se tiene prevista la inauguración en la semana de la juventud, según los planes de la administración distrital. En este artículo se recopilan las percepciones de los veedores que han realizado este ejercicio de control ciudadano, destacando los avances significativos que se han logrado en la obra. Sin embargo, también se evidencia la preocupación por la terminación oportuna en las fechas previstas, así como por algunos aspectos pendientes que requieren atención. Visita de veedores al CAIJU. Foto: Pares Percepciones de la veeduría Durante la segunda visita, los Guardianes de la Transparencia expresaron su expectativa de encontrar avances significativos en la obra, en comparación con la primera visita realizada en mayo. Esperaban que los salones estuvieran completamente equipados y listos para su entrega. Sin embargo, el inspector de la Alcaldía, encargado de dirigir la visita, explicó que solo faltaba instalar ventanas, pintar puertas y colocar el equipamiento en una etapa posterior, una vez finalizadas todas las actividades de construcción, para evitar posibles daños. La Plataforma de Juventudes advierte que la obra está bajo una "contrarreloj" y existe incertidumbre acerca de su finalización al 100% para la fecha acordada de entrega. No obstante, se espera que la tercera visita, programada para el 24 de julio, muestre avances más significativos en aspectos como los baños, las plazoletas culturales, las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, la cocina y los pisos. Por último, la principal preocupación de las tres organizaciones se centra en la cancha, ya que aún no se han iniciado los trabajos de adecuación. Según lo manifestado durante la visita, este espacio será intervenido al final. Esta situación genera inquietud, dado que el proyecto no contempla la instalación de una malla para cercar la cancha, como había sido planificado anteriormente, y su ejecución dependerá de un posible ajuste presupuestal o de una donación. Representante de la Alcaldía muestra a los y las visitantes los avances de la obra. Foto: Pares Avances Según el inspector de la Alcaldía encargado de liderar la visita de supervisión, la construcción de la obra se encuentra en un 70%, mientras que las compras para el equipamiento están en un 90% de avance. Entre los logros destacados se encuentra la instalación del sistema de acueducto en todas las áreas que lo requieren, así como la correcta implementación del sistema eléctrico. En cuanto a la infraestructura de la cocina y el comedor, se encuentran en su etapa final de construcción, aunque aún se encuentran en obra gris. El cuarto de vigilancia ha sido completamente construido, al igual que los salones, los cuales se encuentran en un 95% de avance. Los pilotes y las bases subterráneas para las plazas culturales ya han sido construidos, y se ha realizado la remoción total de los antiguos baños, además del cercado del CAIJU. Instalación de sistema eléctrico y lámparas. Foto: Pares Pendientes y compromisos para la tercera visita Durante la visita se identificaron varios aspectos pendientes en términos de construcción que generaron gran preocupación entre los veedores. Estos son los siguientes: · Las terrazas culturales aún se encuentran en estado inicial de construcción, faltando la instalación de las planchas y la creación de las rutas de acceso para personas con movilidad reducida. · Se debe encontrar y resolver un problema de humedad en uno de los salones. A pesar de los intentos previos de solucionarlo, se realizó una intervención en el lugar y se debe verificar si esta acción ha subsanado el problema, ya que no se tiene certeza al respecto. · Es necesario instalar las unidades sanitarias y completar el trabajo de acabado en los baños. · Se requiere reparar los pisos del pasillo, habiéndose iniciado recientemente la remoción parcial del piso anterior. · Se deben instalar las tapas del desagüe que ya han sido intervenidas. · En los salones se deben instalar las ventanas, habilitar el sistema eléctrico, pintar las puertas, aplicar la última capa de pintura en las paredes y colocar el mobiliario necesario. · Se debe llevar a cabo la remodelación de la cancha y la recuperación de la cubierta. · Se planea adquirir e instalar un lavaplatos industrial para la cocina, así como llevar a cabo los trabajos de acabado correspondientes. Avance de las terrazas contratadas para el CAIJU. Foto: Pares Conclusiones Las principales preocupaciones de los veedores se centran en los retrasos percibidos en las plazoletas culturales y la cancha. Durante la segunda visita se esperaba un avance significativo en estos dos espacios. Sin embargo, se constató que las plazoletas aún están en proceso de remoción y construcción de pilares, mientras que la remodelación de la cancha no ha comenzado. Esto ha generado la percepción de que no estarán listos para la fecha acordada. No obstante, es importante destacar que el inspector aseguró que sí se cumplirá el plazo, ya que las etapas más complicadas de las plazoletas ya han sido completadas y la adecuación de la cancha es un proceso más sencillo. Además, se debe tener en cuenta que los veedores no son expertos en construcción, lo que dificulta determinar si el retraso evidenciado resultará en un incumplimiento definitivo. Por lo tanto, se espera que en la tercera visita, programada para el 24 de julio, se observe un avance significativo en estas dos áreas. En cuanto a los demás espacios del CAIJU, se ha observado un avance sustancial, especialmente en los salones, donde solo faltan algunos detalles que solo pueden ser finalizados una vez se haya completado la construcción en su totalidad. Los veedores esperan la entrega del 100% del CAIJU para la inauguración de la semana de la juventud y han dejado en claro que no aceptarán una recepción parcial de la obra. El compromiso es que se cumpla íntegramente con lo proyectado en el contrato.

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico El 18 de julio se instaló en Buenaventura el “espacio de conversación sociojurídica para la construcción de paz urbana en Buenaventura” entre el Gobierno Nacional y los voceros de los “Shottas” y “Espartanos”, que da inicio a la segunda etapa del proceso de diálogo que busca el sometimiento colectivo a la justicia de los integrantes de estos dos grupos armados de alto impacto que controlan el casco urbano de la ciudad y que desde finales del año 2020 se disputan el control territorial, lo que llevó a Buenaventura a estar entre las ciudades más violentas del mundo durante 2021. El espacio estuvo acompañado por organizaciones de la sociedad civil, la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, las alcaldías de Buenaventura y Cali, la comunidad internacional a través de la ONU y MAPP OEA, los delegados de presidencia, y fue presidido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Iglesia Católica en cabeza de Monseñor Rubén Darío Jaramillo. ¿En qué consiste la mesa sociojurídica? Durante la primera etapa que fue de acercamiento y exploración hubo diversas dificultades, como la reactivación de los enfrentamientos armados y homicidios en algunas comunas de la ciudad (10, 11 y 12) durante los tres últimos meses y el hundimiento del proyecto de ley de sometimiento en el Congreso de la República. A pesar de esto, y de acuerdo a lo expresado por el Alto Comisionado durante el evento, hubo alrededor de 14 reuniones privadas con los voceros de estos grupos que permitieron avanzar a esta segunda etapa del proceso de conversación sociojurídica. El espacio será una herramienta de diálogo sobre asuntos temáticos para elaborar la hoja de ruta para el desmantelamiento de estas estructuras armadas de alto impacto, desvinculación de los menores y desarme e implementación de los programas de gobierno aprobados en el PND que permita consolidar la construcción de paz urbana en Buenaventura en el marco de la Ley 2272 de 2022. La mesa estará integrada por los voceros de los “Shottas” y “Espartanos”, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la Iglesia Católica y los delegados del Gobierno que fueron anunciado durante el evento y representan diversos sectores de la ciudad. En cuanto a estos últimos se conocieron los nombres, entre ellos destacan los de Alexander López, quien hasta hace poco fungió como presidente del Senado; el representante a la cámara por el Valle del Cauca Alejandro Ocampo; Miladys Garcés Arboleda, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura; y Lucila Martínez Montaño, actual concejala de Buenaventura por el Partido Liberal. A los mencionados se les suman Víctor Julio Gonzáles Riascos, director ejecutivo del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura; Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar; Joaquín Garzón, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Jesús Alfonso Flórez López, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente; y William Mina, defensor de los derechos humanos en representación de las organizaciones sociales de Buenaventura. Las voces de los participantes “La comunidad internacional está con ustedes ” , fue el contundente mensaje que expresó Daniel Lux, el delegado de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, dirigido al pueblo de Buenaventura y el proceso de paz. Y es que como se mencionó al inicio, el evento contó con el acompañamiento de diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales, quienes manifestaron de manera tajante el respaldo y acompañamiento en esta segunda etapa. La Misión de Verificación también manifestó que la construcción de paz urbana en Buenaventura “debe ser un proceso de ciudad”, a la vez que reconocieron los pasos que vienen dando los grupos armados, las víctimas y el Gobierno Nacional en la búsqueda de la paz, para la cual se debe tender un puente entre lo rural y lo urbano. Desde la MAPP OEA se hizo el llamado a los delegados del Gobierno y voceros de las estructuras armadas a “escuchar a las comunidades y hacerlos partícipes”. A su vez, le pidieron a la ciudadanía que rodeara el proceso que se viene implementando para fortalecer y proteger la construcción de la paz en la ciudad. Diferentes actores acompañaron la instalación de la mesa. Foto: Pares De parte de las estructuras armadas ilegales fueron Jimmy García Rivas como vocero de los “Shottas” y Felix Orlando Luna como vocero de los “Espartanos”, quienes reafirmaron públicamente la intención que tienen los integrantes de los grupos de reincorporarse a la sociedad civil y desarticular sus estructuras armadas. “Sigamos adelante con la paz entre todos”, fue el mensaje que dejó Felix Luna al final de su intervención. Finalmente, fueron la Alcaldía de Buenaventura, la Gobernación del Valle y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz quienes se expresaron desde la institucionalidad. El alcalde Víctor Vidal hizo el llamado a confiar más en el proceso que se viene adelantando, reconoció las dificultades suscitadas que han generado lamentables tragedias como la masacre en la comuna 6 o la muerte de la niña de 7 años Kimberly Quiñonez por una bala perdida, pero que son estos hechos los que deben motivar a la comunidad a continuar en la búsqueda de la paz para evitar que los niños, niñas y jóvenes sigan siendo víctimas de la guerra. Mientras que desde la Secretaría de Paz de la Gobernación se manifestó la intención de acompañar el espacio de conversación. Por su parte, el alto comisionado Danilo Rueda manifestó que “este proceso requiere que el pueblo de Buenaventura lo proteja”, sin embargo, reconoce que el principal obstáculo para que esto ocurra es que la población civil siga siendo víctima de los grupos armados, por ende, les hizo una solicitud explícita a los “Shottas” y “Espartanos” de dar otra muestra de compromiso con la construcción de paz rompiendo nuevamente las fronteras invisibles, dejar de hacer uso de la violencia ante los desacuerdos que se presenten entre ellos y parar las extorsiones inicialmente a por lo menos a las 1.100 platoneras y pequeños comerciantes de la ciudad. Lo que se espera Durante la instalación del espacio ocurrieron en simultáneo tres homicidios en la ciudad, a lo que la oficina del Alto Comisionado respondió con un comunicado aclarando que uno de ellos no tenía relación con los grupos armados y los otros dos, que ocurrieron en la Ciudadela San Antonio, fueron producto de una riña. Esta rápida respuesta son los primeros resultados que evidencian una comunicación asertiva e inmediata ante los hechos que puedan perturbar y poner en entredicho el proceso. De esta segunda etapa en las mesas se espera que haya una reducción de la violencia armada en la ciudad, garantías de seguridad para los líderes y lideresas sociales, identificar las causas de la violencia en Buenaventura y diseñar estrategias para combatirlas y para evitar el resurgimiento de la misma a través de nuevos grupos armados. Para ello se requiere de la participación activa y armónica de la ciudadanía, a lo cual se hizo énfasis desde diferentes sectores que acompañaron la jornada. Esto significa que a corto plazo haya nuevamente una disminución sustancial de los enfrentamientos y los homicidios selectivos en la ciudad, teniendo en cuenta que no todos los homicidios que se registran están relacionados con la disputa criminal entre estos dos grupos. Se espera una respuesta positiva ante la solicitud del Comisionado con respecto a las extorsiones. Se requiere recuperar la economía local para combatir la pobreza y el hambre, parte de ello pasa por parar las extorsiones a pequeños comercios y evitar que se continúen cerrando los establecimientos, ahí son clave los delegados de Gobierno que representan al sector privado. También, que se diseñe e implemente una estrategia de comunicación para informar a las comunidades sobre los avances durante esta segunda etapa, junto a ello una mayor articulación con la ciudadanía que resulte en un respaldo por parte de la misma al proceso. Finalmente, y la de mayor dificultad, que se avance y apruebe la ley de sometimiento. Para esta nueva legislatura ya se conoce que se presentarán ante el Congreso de la República dos proyectos de ley, uno por parte del Gobierno que retoma los puntos y alcances ya presentados, y otro de la oposición. Lo que se requiere es que las partes logren llegar a un consenso para contar con los términos de sujeción a la justicia y reincorporación de los integrantes de los grupos, evitar nuevamente la dilatación del proceso para que este salga avante, pues la paz de Buenaventura requiere de la voluntad y el compromiso de todos los sectores políticos del país.

Por: Katerin Erazo, Periodista En la tarde del pasado miércoles 12 de julio, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución 205 de 2023, ratificando el equipo negociador del Gobierno Nacional para la reanudación de los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. Tras la suspensión de la negociación en mayo, debido al asesinato de cuatro menores indígenas que habían huido de las filas del frente Carolina Ramírez en Putumayo, las conversaciones entre el Gobierno y la disidencia autodenominada Estado Mayor Central, liderada por “Iván Mordisco”, retoman su curso. La delegación oficial, compuesta por once integrantes, representa una variedad de perspectivas y conocimientos para abordar los desafíos y tensiones que enfrenta Colombia en esta etapa crucial de la búsqueda de la Paz Total. A continuación, presentamos un breve perfil de los delegados del Gobierno, que podría ampliarse o variar un poco según información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: Camilo González Posso: director de Indepaz, su experiencia en temas de paz y conflicto lo convierte en un miembro clave del equipo negociador. Será el “coordinador de los representantes del Gobierno” para participar en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos que está próxima a instalarse. Fabio Valencia Cossio: exministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe, aportará su conocimiento en políticas gubernamentales y seguridad. Valencia también fue embajador, congresista y ya fue negociador con la extinta guerrilla de las FARC cuando se dieron los diálogos en el Caguán. Feliciano Valencia: exsenador de la República y exdirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), representará a las comunidades indígenas en la mesa de diálogo. Luz Dary Landázury Segura: lideresa social de Tumaco (Nariño) y víctima de las antiguas FARC en 2012, dará voz a las mujeres y las negritudes afectadas por las disidencias. Carlos Murgas Guerrero: empresario palmero y exministro de agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Óscar Salazar: coordinador del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PSUOC) en Cauca, aportará su experiencia sobre la violencia y las apuestas de paz en esa región. Pedro José Arenas García: cofundador de la Corporación VisoMutop y conocedor de las dinámicas de la guerra en San José del Guaviare. Yezid Arteta Dávila: excomandante del Frente 29 de las extintas FARC, se destaca por su papel en los procesos de pacificación en las cárceles del país. Gloria Quiceno Acevedo: exintegrante del M-19 y antigua directora del proyecto de reinserción, aportará su visión sobre procesos de paz anteriores. Darío Fajardo: exviceministro de Desarrollo Rural, será un consultor en temas de derechos humanos y desplazamiento. Coronel Genny Calvo Olmos: exdirectora de la Escuela de Capacitación de la Policía Nacional, brindará su experiencia en el ámbito de la seguridad. Coronel Luis Novoa: comisionado para los derechos humanos de la Policía, contribuirá con su perspectiva institucional. Asimismo, el Gobierno designó a Germán David Rodríguez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), como miembro del personal de apoyo en la fase preliminar de los diálogos, incluyendo la instalación de la mesa. Por otro lado, el Ejecutivo reconoció a los miembros de la delegación del grupo residual al mando de “Iván Mordisco”. Entre ellos se encuentran Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, cuyas órdenes de captura fueron suspendidas durante 30 días más. Además, con la resolución 197 se reconoció a Carlos Eduardo García, alias “Andrey Avendaño”, como el sexto miembro de la delegación de esa estructura ilegal en las conversaciones de paz, teniendo en cuenta que Avendaño es con quien ha tenido un mayor acercamiento el Alto Comisionado de Paz. La reanudación de la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC representa una oportunidad crucial para abordar los desafíos de la paz en el país y buscar soluciones a la persistente violencia que afecta a ciertas regiones. Según Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es fundamental considerar el papel de las delegaciones del grupo armado. Aunque no conocemos a fondo los perfiles de los voceros del Estado Mayor Central, Valencia mencionó que se espera que estos tengan una injerencia directa sobre sus subalternos. Al ser comandantes, se espera que tengan la capacidad de enviar mensajes unificados a sus tropas, logrando cohesionar el discurso desde la comandancia. De esta manera, se buscaría una unificación de mando y una coherencia en torno al propósito de las negociaciones con el Gobierno. Esto sería importante para mitigar las acciones violentas contra la población civil y evitar que haya facciones dispersas del discurso central. Lo que se esperaría con este diálogo es que haya una unificación de mando; que haya una unidad en torno al propósito de lo que se está negociando en las mesas de diálogo con el Gobierno; que no haya facciones que estén un poco dispersas de ese discurso y que se lleve a cabo el propósito principal que es acabar con las acciones violentas contra la población civil. Mauricio Valencia también señaló que las mesas de diálogo podrían enfrentar retos significativos. Un reto fundamental para este diálogo de paz es frenar el cese de hostilidades contra la población civil y lograr una implementación efectiva del mecanismo de verificación y monitoreo. Aunque se han dado algunos lineamientos y se cuenta con la presencia de actores internacionales, como la OEA y la misión de apoyo al proceso de paz, es necesario formalizar los protocolos para rastrear y sancionar las acciones violatorias de derechos humanos en el marco del cese bilateral. Otro reto que se deberá trabajar en esta mesa de diálogo es el reclutamiento, que ha aumentado en los últimos meses y contribuyó a una ruptura parcial del cese con el Estado Mayor Central, el pasado mes de mayo, tras el asesinato de cuatro menores que intentaban huir del grupo armado. Además, la simultaneidad de combates entre el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia agrega complejidad a la situación. Por esta razón, Mauricio Valencia considera de gran importancia superar estos desafíos para avanzar hacia una paz duradera y mejorar la situación en las regiones afectadas por el conflicto armado. La reanudación de los diálogos de paz también genera grandes expectativas sobre lo que se negociará en términos de beneficios jurídicos para los integrantes del Estado Mayor Central. Es importante tener en cuenta que esta negociación no es de carácter socio-jurídico, sino principalmente política, ya que busca reconocimiento político otorgado por el Gobierno. Esto crea mucha expectativa acerca del mecanismo bajo el cual serán juzgados, es decir, si se contemplarán los mecanismos de justicia transicional establecidos en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, esto parece poco probable debido a que el Estado Mayor Central nunca se suscribió a dicho acuerdo, ya que estaban en desacuerdo con los términos y buscaban transformaciones sociales más explícitas. A pesar de las dificultades y complejidades involucradas, este escenario no debe ser descartado y debe seguir siendo objeto de discusión. Se plantea la posibilidad de contemplar un nuevo mecanismo de justicia transicional, lo cual también sería complicado desde el punto de vista burocrático, ya que implicaría duplicar ciertas acciones desde la institucionalidad. Tanto si se elige el mecanismo de justicia transicional de la JEP o los mecanismos del Acuerdo de Paz, o si se crean unos nuevos, la complejidad persistirá.

Por: Redacción Pares Semana del 17 al 23 de julio de 2023 En la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro informó sobre los avances del proceso de diálogo y negociaciones entre el Gobierno y el ELN, haciendo énfasis en que el 03 de agosto inicia en forma el cese bilateral de carácter nacional. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio en el Congreso: “esto de construir dos pilares: la justicia social y la justicia ambiental, no solamente es para tener una frase bonita que se llame ‘Colombia potencia mundial de la vida’, es para tener paz, la paz no es una negociación entre grupos armados, la paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad. En materia de paz, indudablemente nosotros hemos tomado iniciativas, discutibles, nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz en Colombia, en materia de paz el país ha avanzado y retrocedido en las últimas décadas. Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza, hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparando el número de bajas del Ejército y la Policía de este año respecto al año pasado, del 60% y del 55%. Alguna vez un Congreso, no hace mucho, hace algunos años, un Congreso de la República, estaba yo allí, escuchó estas mismas frases de los gobernantes de entonces, que un acuerdo de paz había hecho desplomar las estadísticas de muerte en la Fuerza Pública”. 1. El Senador Iván Cepeda, continúa haciendo pedagogía sobre los acuerdos logrados en cuanto al cese bilateral y la participación: 2. Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN y jefe de la delegación negociadora del ELN, tuvo un diálogo con el portal Al Carajo sobre los acuerdos logrados con el Gobierno Colombiano sobre cese bilateral y participación: 3. Las fechas claves para que la ciudadanía participe en los diálogos de paz con el ELN: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-fechas-de-encuentros-regionales-y-nacionales-para-que-sociedad-participe-en-el-proceso-de-paz/ 4. En Bogotá, con el apoyo de la Misión de la ONU y la Conferencia Episcopal, el Gobierno y el ELN siguen precisando detalles de la instalación del Comité Nacional de Participación: 5. El sábado 22 de julio en Bogotá se dio una reunión de la “Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, donde se socializan los mecanismos previstos de participación de la sociedad en la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN”. En esta reunión hubo presencia de integrantes de la delegación del Gobierno para el proceso con el ELN, igualmente integrantes del equipo de gestores de paz del ELN. 6. El viernes 21 de julio se dio un ataque a un retén militar del Ejército Nacional a la entrada de la población de Tame, en Arauca. El Frente de Guerra Oriental del ELN se pronunció en el sentido que no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos: 7. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan e integrante de la delegación de diálogo del Gobierno para el proceso con el ELN, hace ejercicio de pedagogía con integrantes de las Fuerzas Armadas en condición de retiro. “Me comprometí con el país a informar y promover la participación de la sociedad civil en los diálogos con el ELN. Por esta razón, recientemente estuve en un conversatorio con los oficiales en retiro de las Fuerzas Militares en su sede nacional”: 8. Antonio García, primer comandante del ELN, escribe una reflexión sobre las Fuerzas Armadas y su papel en una sociedad en Paz: https://telegra.ph/Coraz%C3%B3n-de-naci%C3%B3n-no-mercenarios-07-17 Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto: La razón - globovisión El presidente Gustavo Petro anunció este domingo 23 de julio a través de su cuenta de Twitter que Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), será nombrado gestor de paz en su Gobierno. La decisión ha generado un amplio debate en el país, avivando las llamas de la controversia política y desatando interrogantes sobre el futuro judicial de Mancuso, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos. El mandatario expresó que el objetivo de esta designación es "lograr la completa paz" y cerrar definitivamente el proceso con los paramilitares, argumentando que aún no se ha alcanzado toda la verdad sobre los crímenes cometidos por estos grupos. Recordemos que la figura de gestores de paz ha sido implementada por el gobierno Petro para permitir la participación de personas, en criterio del Estado, que puedan contribuir en procesos de diálogo, esclarecimiento de la verdad y dinámicas de humanización del conflicto armado, en el marco de la política de Paz Total. Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la figura de gestor de paz ha sido utilizada en varias ocasiones. Un ejemplo que mencionó fue el caso de Francisco Galán, exmiembro del ELN quien, desde la cárcel, realizaba gestiones para favorecer el proceso de paz, generando condiciones propicias para un posible diálogo con este grupo. Siguiendo esta lógica, en teoría, Mancuso también podría contribuir a impulsar el proceso o proyecto de la Paz Total. Sin embargo, Bonilla advirtió que esto entra en el terreno de la especulación. Mancuso , quien lideró las AUC, un grupo paramilitar responsable de numerosos crímenes durante el conflicto armado en Colombia, ha sido objeto de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, masacres y desplazamientos forzados, entre otros delitos. La noticia llega en un momento crucial para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia y de promover la reconciliación y al que Salvatore Mancuso espera acceder. La JEP ha sido el epicentro de intensos debates y controversias, ya que algunos sectores consideran que otorga impunidad a los responsables de crímenes, mientras que otros ven en ella una oportunidad para lograr la paz y la verdad. Desde un centro de detención en Georgia, Estados Unidos, Salvatore Mancuso envió una carta en la que se refirió a la designación que le hizo el presidente Petro. En el escrito, Mancuso manifestó su compromiso con la verdad y su disposición a seguir compareciendo ante la justicia tanto en Colombia como en el extranjero. Aseguró que su lucha por el esclarecimiento de los hechos y la reparación a las víctimas es "indeclinable" y que continuará participando en el sistema de justicia transicional. La decisión del Gobierno de nombrar a Mancuso como gestor de paz ha avivado el debate político en Colombia. Una de las personas que se pronunció a este hecho es el expresidente Álvaro Uribe quien reaccionó de manera tajante ante el anuncio presidencial. A través de Twitter, Uribe afirmó que durante su gobierno se desmovilizaron aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros, y desafió a Mancuso a presentar pruebas de sus acusaciones en su contra. Además, Uribe señaló que lo preocupante no es el nombramiento como gestor de paz, sino que se mienta y haya discriminación en el proceso. También, exigió igual trato para otros como Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, quien actualmente cumple una condena de 19 años de cárcel. Por su parte, el expresidente Iván Duque también se sumó a las reacciones ante la iniciativa de Petro. En su cuenta de Twitter, Duque aseguró que durante su gobierno se desmovilizó y extraditó a miembros del paramilitarismo y afirmó que los hechos son más contundentes que las infamias y la difamación. Además de las acusaciones y polémicas políticas, la revelación de Mancuso sobre la presunta desaparición y asesinato de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela ha llevado al Gobierno a tomar medidas inmediatas. El canciller Álvaro Leyva anunció en un comunicado que se puso en contacto con su homólogo venezolano, Yván Gil Pinto, para activar los mecanismos que permitan localizar los restos mortales de colombianos desaparecidos en territorio venezolano. Laura Bonilla mencionó que el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Petro es un gesto altamente simbólico. Aunque no habría mayores problemas si ejerce como gestor de paz o realiza alguna contribución al proceso de paz en general, se resalta que su presencia no tendría un impacto significativo en la construcción de paz en Colombia o en la búsqueda de la Paz Total. Esto se debe a que, en la actualidad, Mancuso carece de conexiones con los grupos armados activos y sus líderes actuales. Incluso si las tuviera, eso podría jugar en su contra y obstaculizar su función como gestor de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en un momento crucial, esperando que Mancuso aporte pruebas que respalden sus declaraciones para determinar si puede acceder a los beneficios de la justicia transicional en Colombia. El exjefe paramilitar enfrenta una gran cantidad de hechos delictivos imputados en la justicia colombiana, lo que hace necesario un minucioso proceso judicial para establecer su responsabilidad y el alcance de los beneficios que podría obtener. Finalmente, Laura Bonilla explicó que, en su percepción, el presidente Petro pretende enviar un mensaje claro, y es que está abierto a negociar la paz con cualquier grupo, incluso aquellos que representen la parte más oscura de la guerra en Colombia. Salvatore Mancuso emerge como un representante relevante de un período crucial en la desmovilización, aunque cabe mencionar que hay otros actores igualmente vinculados a esa época. En este contexto, Mancuso podría ser de ayuda para que el país comprenda los errores y vacíos presentes en el proceso de desmovilización y negociación con las AUC, con el objetivo de evitar que algunos errores se repitan en el presente caso de búsqueda de la Paz Total.