El Centro Democrático, el próximo domingo, anunciará si se irá por la abstención o votará No en el plebiscito por la paz. La decisión no es fácil de tomar para ellos, de hecho, se están jugando su futuro como partido y como opción de poder. El tema es que el día que gane el ‘Sí’ en el plebiscito no sólo desaparecerán las FARC como organización armada, sino que el Centro Democrático también podría desaparecer como partido político, y en el 2018 pasaría a ser un pequeño partido con no más de 5 o 6 senadores. Algo insignificante lapa el país y el ex presidente Uribe. Si el ex presidente y actual senador Uribe escoge que se abstiene, queda claro que no se hará contar en las urnas y por tanto no catapultaría su posición política para el 2018. Además, permitiría que la campaña por el ‘Sí’ no tuviera un contrincante visible y posibilitaría que la diferencia entre ambos resultados fuese amplia. Sobre todo, al abstenerse, derrumbaría su propio andamiaje político. Como se sabe al soporte financiero del partido, así como a sus principales líderes regionales, no les gusta el proceso de paz y se oponen a él con un discurso ideológico. En verdad lo que los motiva a tal oposición son asuntos de interés económico. Gran parte de estos liderazgos se quedaron con la tierra despoja a los campesinos durante los años más fuertes de confrontación militar en el país (1995-2005). Estos sectores saben que si hay paz, les toca devolver la tierra robada y entrar a un proceso de justicia, que es transicional, pero en todo caso de justicia. Por ejemplo, la semana pasada el senador Uribe envió una carta en la que habría un espacio para el ingreso del Centro Democrático al proceso de paz. En dicho documento, ponía una serie de condiciones. Confidenciales Semana, pudo establecer que para el senador solo habían dos peticiones importantes por hacer, todo lo demás lo aceptaría: “1) Que los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad acepten no participar en política durante un plazo (por ejemplo, no en 2018). 2) Que el número de hectáreas, provenientes de baldíos y de extinción de dominio que el gobierno piensa concederle al fondo de tierras para redistribuir entre campesinos, no sea exagerado. Las Farc consideran que el mínimo deben ser 10 millones de hectáreas. El gobierno considera que el máximo deben ser 5 millones. Uribe considera las dos cifras absurdamente altas. La pregunta es si las Farc están dispuestas a hacer alguna concesión a cambio de una paz completa”. Nótese cómo el discurso de impunidad que tanto pregonan no importa en realidad, lo que sí importa es el tema de tierras. Los que siempre han concentrado la tierra, los que la despojaron, aquellos que se benefician de ella, mientras millones de campesinos deben pasar hambre, le temen a la paz y quieren lograr impunidad. Estas bases le están exigiendo al CD que debe irse por el ‘No’, ya que abstenerse sería muy arriesgado. Ahora bien, si el Senador Uribe escoge en ‘No’, obviamente tiene la ventaja de que existe la posibilidad de ganar y de una vez por todas destrozar la paz. Pero si pierde, en el fondo estaría aceptando todo el proceso de paz. Es decir, al aceptar el mecanismo de refrendación como “juez” del proceso, en caso de perder, no tendría otra alternativa que terminar apoyando la paz como un todo. Su discurso de resistencia civil se caería y sobre todo los pilares políticos de su partido se derrumbarían. Por tanto, si perdiera su partido se quedaría sin su esencia, aquella de no negociar con las FARC y no aceptar reformas de ningún tipo producto de un proceso de paz. Lo cual al final significaría que desaparecerían como fuerza política para el 2018. En todo caso, el Centro Democrático ha logrado diseminar un monto de falsedades sobre el proceso de paz y ante la parálisis del gobierno frente a una estrategia de comunicación asertiva sobre el proceso de paz. El ‘No’ tiene posibilidades de ganar. Al final, la impunidad que tanto quiere el Centro Democrático tiene una esperanza. Seguramente, el domingo anunciará que van por el ‘No’ en el plebiscito. Columna de opinión publicada en Semana.com

Es apenas obvio que un país que lleva más de 50 años -para citar sólo su historia reciente- reproduciendo violencia en buena parte de sus expresiones institucionales y culturales requiere formarse, o más bien re-formarse, en clave de construcción de paz. Sin embargo, lo evidente a veces no lo es tanto: la exhortación a la “educación para la paz” precisa algunas reflexiones sobre los sentidos y los caminos para materializar tan loable intención: Primera: “el lugar de la educación para la paz es la cultura cotidiana”. Hace muchos años que la educación no está centrada exclusivamente en el sistema escolar: los medios de comunicación masivos y alternativos, la familia, la calle, los movimientos sociales, los partidos políticos, internet, las expresiones artísticas, las costumbres locales, entre otros, son fuentes de sentido que moldean cotidianamente la manera en que comprendemos el mundo y nos relacionamos con los demás. En consecuencia, cualquier propuesta de educación para la paz tendrá que asumir el reto de una intervención cultural en donde se desaprenden unas prácticas y se aprenden otras para construir otro tipo de sociedad, lo que significa asumir una multiplicidad de escenarios cuyos lenguajes es preciso comprender para plantear nuevas maneras de ser. Segunda: “la estrategia debe ser transectorial”. Se hace necesario que el Gobierno Nacional, en alianza con la Cooperación Internacional diseñe y lidere una gran iniciativa transectorial que tenga ofertas para la mayoría de los colombianos y colombianas; el asunto de la educación para la paz no es competencia únicamente de la Alta Consejería para el Posconflicto, de la campaña para el plebiscito, o del Ministerio de Educación. ¿Cómo se articulan allí los ministerios de Cultura, Tecnologías de la Información y la Comunicación, del Interior, de Defensa, entre otros? Se hace necesario lograr esa sinergia porque los recursos son escasos y porque parte del cambio que requiere Colombia pasa por entender los problemas del país de manera transversal y territorial. El fin es uno sólo, pero las particularidades de los sujetos y sus entornos determinan distintas entradas y procesos. Tercera: “tiene la misma importancia el qué se aprende al cómo se aprende”. La educación para la paz debe ponerse al tenor de las condiciones de un país diverso, multiétnico y pluricultural, que requiere ofertas innovadoras en lo que hace a las didácticas y enfoques pedagógicos críticos, que fomenten la autonomía, la reflexión sobre la propia vida y las experiencias de otros en la cotidianidad, mediaciones pedagógicas que humanicen a los protagonistas del conflicto armado, que en últimas somos todos los colombianos. Una cosa es participar en una “cátedra” donde hay quien sabe y habla; quien ignora y escucha- sobre el conflicto armado o la construcción de paz, y otra muy diferente es tener un diálogo con excombatientes y víctimas, en donde los protagonistas cobran rostro y cuentan sus experiencias y sus vidas, cobrando formas parecidas a las de nuestros familiares y amigos. El cómo se aprende es fundamental: desde la vida cotidiana, desde la experiencia, desde el hacer, desde el sentir. Estas formas de educación cobran una gran fuerza en la conciencia de las personas. Afortunadamente, procesos como esos existen y han existido en distintos lugares del país, tanto urbanos como en las regiones más apartadas. Finalmente, una apuesta de educación para la paz implica entender como sujetos de aprendizaje a grupos o sectores poblacionales a los que se les ha marginado de estos procesos: ¿Cuál es la propuesta de pedagogía para la paz para los miles de niños, niñas y jóvenes desescolarizados?¿Y en dónde quedan los adultos, padres y madres o cuidadores? ¿Y los funcionarios públicos? ¿Cómo sería la apuesta para grupos étnicos? ¿Y las Fuerzas Armadas? ¿Y los empresarios y los trabajadores? ¿De qué sirve aprender sobre la paz en los intramuros de nuestros lugares de confort cuando los entornos familiares, comunitarios, escolares, laborales y públicos están marcados por la violencia y la exclusión? Si queremos un cambio verdadero, hay que pensar y actuar distinto. Rigoberto Solano / Coordinador Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto-Fundación Paz y Reconciliación. Columna de opinión publicada en colombia2020.co

La implementación de los acuerdos de paz que se deriven de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC, permitirán profundizar en un proceso de apertura democrática, estos estarán acompañados de una serie de reformas que permitan, entre otras cosas, la construcción de un andamiaje institucional adecuado para la implementación de los acuerdos. El punto dos pactado en La Habana, referido al tema de participación política destaca en términos generales; Estatuto de la Oposición, Acceso a Medios de Comunicación, Reforma Electoral, Garantías de Seguridad en la Participación Política y nuevos espacios para la participación ciudadana, creación de Circunscripciones Especiales para la Paz. Dentro del tema de Reforma Electoral, se destaca i) Financiación de Campañas ii) Órganos Electorales, entre otros. En este documento la Fundación Paz & Reconciliación se concentrará en estos dos últimos temas; reforma al órgano electoral, y financiación de campañas. Vale la pena aclarar, que la constitución de 1991 ya había incluido varios de los temas que pretende el acuerdo 2 de La Habana, por ejemplo; se permitió la creación de múltiples partidos, se abrieron los canales de participación para vencer el centralismo político, se crearon las circunscripción nacionales para las elecciones de Senado y las circunscripciones especiales, la moción de censura, se estableció un régimen de bancadas, se creó una política especial de acceso a medios de comunicación, se creó la ley de garantías electorales y sin embargo, estas iniciativas no han generado las condiciones necesarias para que minorías y movimientos políticos alternativos tengan garantías necesarias para ejercer los derechos de participación y representación política. ¿Por qué sigue fallando el sistema electoral colombiano? Lo primero tiene que ver con el diseño institucional de las entidades responsables de la contienda electoral; La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la sección Quinta del Consejo de Estado, son entes absolutamente obsoletos y politizados. Por un lado, no se entiende como la Registraduría Nacional es la responsable de emitir las cédulas, celebrar los comicios electorales y contar los votos, es urgente iniciar un proceso de descentralización al interior de las competencias de la Registraduría de tal manera que puedan existir contrapesos en las funciones que realiza. Por su parte, El Consejo Nacional Electoral (CNE) es tal vez el nido más grande de corrupción. Se compone de 9 magistrados electos por el Congreso de la República. Es decir, los partidos eligen a sus militantes y amigos para que los vigilen, lo cual es algo así como poner al ratón a cuidar el queso. Estos niveles de politización llevan a que en el CNE prime la ley del “yo no te investigo y tú no me investigas”. A pesar de las fotos, videos y denuncias, a la fecha ninguno de los candidatos que participó en las elecciones locales de 2015 ha sido sancionado por gastos excesivos en campañas. La Sección Quinta del Consejo de Estado es la misma historia: un órgano politizado y sin capacidad de acción. Lo cierto es que una vez firmado el acuerdo de paz habrá una apertura o posibilidad amplia de reforma al órgano electoral. De la movilidad ciudadana dependerá que Colombia avance hacia un proceso de democratización profundo o que nos quedemos con el mismo sistema corrupto. Se propone crear un órgano único electoral colombiano, que asuma el papel de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, la dilución de estas entidades y la creación de un nuevo órgano, descentralizado permitirá potenciaríar la operatividad de estos en términos logísticos y en capacidad de respuesta, desde luego la unificación de estos se justifica en la necesidad de fortalecer la entidad y en especial de despolitizar las acciones que el CNE lleva a cabo. Se creará un nuevo poder del Estado independiente del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el cual será nombrado el Poder Electoral Colombiano. Este órgano independiente ya existe en varias jurisdicciones en Latinoamérica, como en Bolivia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Paraguay y Venezuela. Su labor principal será facilitar, organizar, y sancionar sobre los procesos electorales enfocándose en la igualdad de condiciones para todos los partidos o movimientos políticos. Igualmente combatirá el fraude electoral, emitirá resoluciones electorales, atenderá denuncias, supervisara la conformación de partidos políticos, y la inscripción de candidatos, tendrá las capacidades para ser un órgano de control con poder sancionatorio para castigar, sancionar y multar a los partidos, personas y organizaciones que infrinjan el nuevo código electoral. El CNE se transformara en la institución del Poder Electoral Colombiano, el cual llevará como nombre el Colegio Electoral Colombiano (CNC). El CNC tendrá contará con sucursales departamentales, y unidades móviles que puedan hacer llegar los procesos electorales en cada región del país. Igualmente el CNC contará con un Tribunal de Justicia Electoral que pueda sancionar a los partidos políticos y hacer seguimiento efectivo a los gastos de campaña. También se proponer crear una unidad que modernice el sistema electoral e introduzca el voto electrónico, esta será independiente de las funciones anteriores. La modernización del sistema ofrecerá mayores garantías en la contienda electoral. Esta transformación permitirá que se elimine el sistema de contratación a terceros, en la que contratistas privados regulan la papelería para los comicios como también para aquellos que son responsables de trasmitir los datos electorales. Estas competencias serán únicas de una entidad pública. La financiación de las campañas es uno de los factores que limita más la competencia electoral. Son varios los problemas que se han derivado del afán de conseguir recursos para las campañas políticas. Esta sin lugar a duda, es una de las zonas más oscuras de la democracia colombiana. Los organismos de control son obsoletos cuando de llevar el control de las finanzas de los candidatos se trata. No cabe duda, que mientras las reglas de juego permitan que los gastos de financiación tengan diferentes contribuyentes y que adicionalmente, muchas de las donaciones por ser en especie queden fuera de cualquier espacio de control, la filtración de dineros ilegales y de contratistas que esperan ver retribuidas sus inversiones sea más alta. La ausencia de controles por parte de las autoridades ha permitido que muchos políticos ignoren impunemente los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Además, en la medida en que aumenta la competencia electoral, los costos de la misma aumentan y las posibilidades de filtración de dineros ilegales es mayor. Esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control electoral de hacer seguimiento verídico de los gastos de campaña de los candidatos, y la falta de mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas. De igual manera, esta situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien campañas dado los altos costos para competir electoralmente. Lo que de igual manera limita a nuevos candidatos a participar. Para mitigar este problema la Fundación Paz y Reconciliación propone la creación de una Agencia de Financiación de Comicios Electorales, la cual será un agencia afiliada al CNC. Dentro de sus competencias las siguientes funciones: Entregará anticipos establecidos por la nueva institución electoral, como el tope de gastos de campaña El partido que avala candidatos, tendrá la responsabilidad fiscal y legal frente al manejo de los dineros del anticipo. El candidato avalado por un partido tendrá que limitar su campaña a los topes establecidos por la institución electoral. Al final de la contienda, el partido recibirá los ingresos de reposición de votos. El partido tendrá que reponer los fondos entregados por la agencia, restando el ingreso de la reposición de votos. La agencia tendrá acceso a las cuentas de todas las campañas políticas de candidatos de todos los partidos. Esta agencia tendrá un equipo de investigación de gastos de campaña quienes aseguraran que no se ejerzan gastos que superen los establecidos por los topes. La agencia podrá imponer multas y presentar cargos en contra de partidos que no vigilen con transparencia las finanzas de sus campañas. Esta agencia deberá promover la financiación pública de las campañas, este mecanismo contribuye de manera significativa a equilibrar la balanza electoral. La destinación de los recursos y los topes se podrán fijar de acuerdo a la categoría de la unidad administrativa y el número de candidatos en competencia, los recursos serán distribuidos a los movimientos y partidos políticos, los cuales serán los responsables de la destinación de los recursos, de esa manera se incentiva un espacios de corresponsabilidad entre candidatos y partidos políticos. Se generará un sistema público de aportantes, este mecanismo permitirá a la ciudadanía identificar los grupos de contratistas que mayor injerencia tienen al interior de las administraciones locales. Este ejercicio permitirá depurar las relaciones que se generan entre políticos y empresarios. El candidato electo deberá publicar a lo largo de su periodo el nombre de aportantes a la campaña. Establecer estrategia equitativa de propaganda política. El Estado colombiano deberá promover y financiar en su totalidad la difusión de propaganda de minorías políticas. Este ejercicio debe permitir la divulgación y difusión de candidatos de manera equitativa y regulada. Ningún candidato podrá doblegar a otro de los candidatos en materia de propaganda electoral, está deberá ser equitativa para todos aquellos que decidan hacer parte de la contienda. Crear un mecanismo de auditorías al patrimonio de cualquier persona que opte por la participación política electoral. Esta auditoria debe estar enfocada al patrimonio privado de la persona que decide presentarse a un cargo de elección popular, así como a los miembros de su familia. Este mecanismo puede denominarse “Pasaporte Político”, se asemeja al “pasaporte biológico” que es utilizado en el ciclismo para evitar el dopaje. Básicamente sería un instrumento para hacer seguimiento al patrimonio económico del político y de su familia cercana el cual puede abarcar décadas. Es decir debe hacerse desde que comienza la vida política hasta cuando se prolongue su participación en política. l Estado colombiano está compuesto por tres ramas de poder y una cuarta adicional: El poder ejecutivo, compuesto por el gobierno de turno Presidencial, gobernaciones, y alcaldías. El poder legislativo, donde encontramos al Congreso de la República con sus dos cámaras: Senado y de Representantes. El poder judicial, donde se encuentran la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Superior de la Judicatura, al igual que la Fiscalía. Los entes autónomos –organismos del Estado– donde encontramos al Banco de la República, Comisiones de Televisión y Servicio Civil. Por último, tenemos al órgano electoral. Este nos concierne para el desarrollo de una propuesta de mayor importancia para la democracia colombiana, en especial frente a la firma de un acuerdo de paz de La Habana. Para la Fundación Paz & Reconciliación, el Acuerdo sobre Participación Política de la Agenda de Negociación de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, es el punto más importante de la negociación ya que en este se consolida la transición de las FARC-EP, de la lucha en armada a la competencia política dentro del Estado de Derecho. En este punto de la agenda, las dos partes se reconocen y aceptan las posturas de otro. Por un lado, el Gobierno Nacional acepta y legitima el papel histórico de las FARC-EP como actor político de la democracia colombiana. Por otro lado, las FARC-EP aceptan el Estado de Derecho como el sistema por medio del cual – participando en política – lucharán para lograr los cambios en el sistema social, político y económico. Es así como nos encontramos frente a un momento histórico para hacer las reformas necesarias al sistema electoral colombiano, y por qué no, al balance de fuerzas del Estado. La Fundación Paz & Reconciliación lanza una propuesta para la creación de una nueva rama de poder dentro de la estructura del Estado colombiano, autónomo e independiente; el Poder Electoral Colombiano. Esta rama del Estado estará a cargo de toda la organización, ejecución y seguimiento a los procesos electorales en Colombia incluyendo a los partidos, remplazando por completo el Consejo Nacional Electoral, y desplazando a la Registraduria Nacional. Esta rama del Estado estará encarnada en tres instituciones: el Colegio Electoral Colombiano, la Agencia de Financiación de Comicios Electorales y el Tribunal Electoral. Este quinto poder no es algo innovador, pero es algo muy necesario para la democracia en Colombia. Es más, se podría decir que Colombia es de los pocos países en América Latina donde esta figura no existe, ya que, en la actualidad de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Chile, Uruguay, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela, existen sistemas que se asimilan a un “Poder Electoral”, pero solo en Venezuela, Nicaragua y Costa Rica, este poder es independiente del judicial, ejecutivo, o legislativo. Estas tres instituciones del Poder Electoral tendrán como sus funciones combatir el fraude electoral, emitir resoluciones electorales, atender denuncias, supervisara la conformación de partidos políticos, y la inscripción de candidatos, tendrá las capacidades para ser un órgano de control con poder sancionatorio para castigar, sancionar y multar a los partidos, personas y organizaciones que infrinjan el nuevo código electoral. El Colegio Electoral remplazaría el CNE actual, el cual es un organismo politizado donde la influencia de los partidos políticos es evidente, y que funciona bajo la lógica de “no te investigo, si tu no me investigas”. El CEC contará con sucursales departamentales y unidades móviles que puedan llegar a los procesos electorales en cada región del país. Igualmente, el Poder Electoral contará con un Tribunal de Justicia Electoral con la capacidad de sancionar a los partidos políticos y hacer seguimiento efectivo a los gastos de campaña y cualquier delito electoral. Por otro lado, la Agencia de Financiación de Comicios Electorales, trabajaría de la siguiente manera: Entregará anticipos establecidos por el CEC. El partido que avala candidatos, tendrá la responsabilidad fiscal y legal frente al manejo de los dineros del anticipo. El candidato avalado por un partido tendrá que limitar su campaña a los topes establecidos por la institución electoral. Al final de la contienda, el partido recibirá los ingresos de reposición de votos. El partido tendrá que reponer los fondos entregados por la agencia, restando el ingreso de la reposición de votos. La agencia tendrá acceso a las cuentas de todas las campañas políticas de candidatos de todos los partidos. Esta agencia tendrá un equipo de investigación de gastos de campaña quienes aseguraran que no se ejerzan gastos que superen los establecidos por los topes. La agencia podrá imponer multas y presentar cargos en contra de partidos que no vigilen con transparencia las finanzas de sus campañas. La creación de esta agencia obligará a que el candidato dependa de un partido político y no que el partido dependa del candidato. Al mismo tiempo promoverá la transparencia y la responsabilidad en las campañas políticas, mientras ayuda a combatir el ingreso de dineros de la ilegalidad. Esta es una primera aproximación de algunos de los cambios que se deben discutir para la consolidación de un sistema electoral que responda a las necesidades del postconflicto. Se abre una ventana de oportunidad para profundizar la democracia en Colombia. Y se abre el debate con propuestas que, aunque sean controversiales y levanten ampollas en algunos sectores del establecimiento, son necesarias.

El plebiscito especial no tendrá un umbral de participación del 50% del censo electoral, como el de un plebiscito normal, sino apenas del 13%. Esto implica que, con base en un censo electoral de 34.729.241 ciudadanos, se pasó de una votación mínima de 17.364.620 ciudadanos (plebiscito ordinario) a una de 4.514.801 ciudadanos (plebiscito especial de paz). Ese es el llamado umbral de participación, que resulta de la suma de los votos por el “Sí” y el “No”, que son las únicas dos opciones a marcar. No habrá casilla para el voto en blanco. En el caso de que el “Sí” gane, sólo pasa si supera los 4,5 millones de votos y suma más apoyos que el “No”. Pero el “No” gana si el “Sí” no suma 4,5 millones de votos o, lográndolos, tiene menos votos que el “No”. La Campaña por la abstención, no podrá ser financiada por el Estado. Si el “Sí” gana, entonces el Gobierno está obligado a proyectar los mecanismos legales y constitucionales necesarios para cumplir e implementar todo lo que se pacte en el acuerdo final de paz con las Farc. Pero si llega a ganar el “No” o el “Sí” no alcanza los votos necesarios para su aprobación, entonces el Presidente no podrá presentar los proyectos de ley y de reforma constitucional para cumplir lo que se acuerde con la guerrilla, porque el pueblo le niega la opción en las urnas vía plebiscito. El Gobierno deberá publicar y divulgar el contenido de los acuerdos con las Farc a través de los medios de comunicación nacional, regional y local con mínimo treinta días de anticipación a la fecha de votación del plebiscito. Para esto la campaña deberá ser imparcial y sin elementos que inclinen la votación por el “Sí” o por el “No”. Debe llegar también a las personas discapacitadas o de lenguas indígenas. Para que el presidente Juan Manuel Santos pueda informar al Congreso su intención de convocar este plebiscito, la fecha en que se llevará a cabo y la pregunta que se hará a los colombianos, primero debe firmarse el acuerdo final de paz en La Habana, dicho texto debe publicarse a nivel nacional y adjuntarse a la solicitud al Congreso. Los servidores públicos que deseen hacer campaña a favor o en contra podrán debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito.

A tan solo semanas de firmarse el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las Farc, se abre un gran debate en torno a lo que será la etapa de posconflicto. Ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá se preguntan sobre su papel en el mismo y no saben con claridad que rumbo tomar. La mayoría, debido a la experiencia paramilitar, se preguntan y se preparan para programas de atención al desmovilizado. Sin embargo, la reincorporación de las Farc no será para nada parecido al proceso de desmovilización de los paramilitares. Las Farc se van a quedar en zonas ruarles y solo sus jefes vendrán a las ciudades a hacer política. Si bien varios de ellos, de forma individual, pueden decidir ir a las ciudades, lo cierto es que al menos en los primeros dos años la reincorporación de las Farc será rural. En cambio, las ciudades tienen tres grandes retos. Los Planes de Desarrollo de las grandes ciudades del país, aprobados recientemente, están desenfocados. Debe existir un diseño nuevo para afrontar el posconflicto Por un lado el proceso de reparación a víctimas, es decir posconflicto criminal derivado del proceso de paz con las Farc no va a existir, tal vez lo único sea el tráfico de armas, pero posconflicto para las garantías de no repetición se va a haber. La reparación de víctimas debe ser el pilar fundamental en el que las ciudades ayuden a este proceso de reconciliación. De las más de 7 millones de personas víctimas del conflicto armado, por lo menos 2 millones viven en las 5 grandes ciudades del país. Bogotá, por ejemplo, es una de las ciudades que más agrupa esta población a la cual se les debe restituir sus derechos. El segundo tema es el proceso de reconciliación política. Las grandes zonas urbanas donde vive la mayoría de la población del país no ha vivido el conflicto armado, por lo que ven al proceso de paz como algo lejano y son los más radicales a la hora de la reconciliación, obviamente todo esto tiene una explicación. Pero esta reconciliación es la principal de este proceso. Saber que el proceso de paz con las Farc fue un proceso con la Colombia profunda y que se les debe reconocer como ciudadanos. Por último, debe existir un importante esfuerzo de las ciudades por crear cadenas de comercialización con aquellas zonas apartadas del país, aquellas que actualmente viven inundadas de económica ilegales y donde los procesos de sustitución deben ser exitosos. Sustitución se lleva intentando muchos años y lo que siempre falla es la cadena de comercialización, esta vez no se puede fallar en eso, para ellos las centrales de abastos del país deben diseñar estrategias tendientes a comercializar los productos de estas zonas. Ahí está el valor más importante que pueden aportar las ciudades. Así que los Planes de Desarrollo de las grandes ciudades del país, aprobados recientemente, están desenfocados. Debe existir un diseño nuevo para afrontar el posconflicto, pues esta construcción de paz no será como las anteriores. Pero con el proceso de paz con las Farc el tema no es el posconflicto criminal, sino la restitución de derechos, la reparación y la inclusión social. Columna de opinión publicada en las2orillas.co

Foto: Santa Marta En los últimos días, el país se ha centrado en el acuerdo bilateral de cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y la FARC, y próximamente esperamos que el acuerdo definitivo para acabar el conflicto armado sea firmado.  Sin embargo, a pesar de lo histórico que representa el fin del conflicto y los cambios que esto conllevará en la institucionalidad y en la vida de los colombianos, debemos ser conscientes de que si bien en los últimos años los indicadores que reflejan la violencia y la criminalidad han disminuido considerablemente en el país, todavía queda mucho camino que recorrer. Por ejemplo, comparando la tasas de homicidios de varios países de América Latina (que si bien no es el único indicador que permite medir la violencia, sí es la cifras más confiable al momento de analizar) se puede concluir que el país todavía tiene un reto para superar los fenómenos de inseguridad y violencia. La tasa de homicidios de Colombia, en 2015, fue de 25 por cada cien mil habitantes (hpcch), lo cual supera el nivel de epidemia establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los retos son grandes, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de hechos que afectan la seguridad, la convivencia y los que generan violencia, se presentan principalmente en las ciudades. Para probar dicha afirmación se ha realizado un análisis estadístico básico. En el caso de los homicidios, del total de 12.612 hechos, que según el Instituto de Medicina Legal, se presentaron en Colombia en el 2014, el 48%, es decir 6.086, se presentaron en las 21 ciudades que tienen más de 300.000 habitantes. Siguiendo esta lógica, se realizó el mismo ejercicio con un hecho que afecta directamente la seguridad de las personas en relación a su patrimonio económico, como el hurto a personas. En 2014, según datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol –DIJIN- de la Policía Nacional, se presentaron 94.345 hurtos a personas de los cuales el 73%, es decir, 69.252 casos, se presentaron en las 21 ciudades ya mencionadas. En las tres principales ciudades, la participación con relación al total de los casos del país es del 35%. Por último, se analizó el caso de las lesiones, que se pueden caracterizar como hechos que pueden afectar no solo la seguridad sino también la convivencia, ya que gran parte de las mismas son resultado de riñas o discusiones. En este caso, del total de casos que se presentaron en el 2014 (80.916), el 54% se dieron en las ciudades identificadas, lo que significa 43.343 hechos, y si se tienen solo en cuenta las tres ciudades principales, éstas representan el 26% del total del país. Según todo lo anterior, se puede afirmar que a pesar del gran reto que se presenta en el posconflicto, existe un tema que no se puede dejar al lado y es la paz urbana, que consiste en garantizar a los ciudadanos sus derechos y el ejercicio de los mismos en el contexto de las ciudades, lo cual está ligado necesariamente a la seguridad y la convivencia. Es pertinente iniciar la reflexión sobre qué herramientas existen para dar dichas garantías; cómo a partir del escenario que se presentará con la firma de los acuerdos pueden el Estado y la institucionalidad iniciar la construcción de instancias para el manejo del tema, ya que lo que existe hoy para la mejora de las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudades es deficiente e insuficiente. Y la prueba contundente de ello son las cifras. Columna de opinión publicada en www.colombia2020.co

Todos estamos de acuerdo en que los mandatarios locales deben hacer parte activa del proceso de implementación de acuerdos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, no solo en la fase de pedagogía, sino en concreto en la ejecución de los programas, planes y proyectos necesarios para el desarrollo de los Acuerdos de La Habana. No obstante, hoy resulta difuso el rol que tendrán las alcaldías y las Gobernaciones, más aun si se piensa en el historial de corrupción y malos manejos administrativos por parte de mandatarios locales y nacionales en los municipios y departamentos. Hasta el momento no ha sido posible desentrañar el concepto de paz territorial, la tercera fase propuesta por Jaramillo se ha quedado en Bogotá y la estrategia de pedagogía para la paz ha sido insuficiente para dinamizar un diálogo en los territorios acerca de las implicaciones del proceso de paz. Los gobernadores y alcaldes poco conocen sobre el impacto territorial que tendrán los acuerdos, basta con revisar los planes de desarrollo propuestos por las autoridades locales y luego aprobados por concejos municipales, para darse cuenta de los vacíos que tienen estos con respecto a los acuerdos firmados en La Habana. Es decir, no existió sinergia entre las autoridades nacionales y locales para que se pudiera avanzar en estrategias concretas que apalancaran el proceso de paz desde los gobiernos locales. A todo esto se suma el hecho de que existe el riesgo de que los interlocutores desde el Gobierno central sean los políticos regionales que históricamente han centralizado los recursos en los territorios para consolidar su poder político. Hasta el momento la paz territorial no ha dejado ver el carácter descentralizador y participativo que sustenta este concepto. Por otro lado, nos enfrentamos a una realidad macondiana, hay una falencia infinita en términos de la capacidad institucional local, lo que dificultará la implementación de los acuerdos en sus territorios, y por otra parte nos encontramos con unas autoridades altamente cooptadas por la corrupción y la perversa relación entre ilegalidad y política. La ejecución no puede estar centralizada en Bogotá, pero a su vez no podemos dejar la administración de los recursos de la paz a los gobernantes que otrora se han robado los recursos de la nación. En lo corrido del año dos gobernadores han sido destituidos y cinco alcaldes capturados, incluso en un hecho sin antecedentes, Jhon Jairo Torres, alcalde de Yopal, se le ha emitido orden de captura en tres ocasiones por delitos relacionados con lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación tiene investigaciones a más de 150 mandatarios y de acuerdo a las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, 15 gobernadores tendrían relaciones con estructuras ilegales. En los departamentos y municipios, se han consolidado unas élites políticas que a lo largo de los años han cooptado los recursos del Estado y de esa manera han logrado mantener su poder a nivel territorial. Para el caso de la implementación de los acuerdos este interés supera el compromiso que se tenga o no con la paz, lo importante para estas casas políticas es que ellos puedan cooptar estos recursos. Por ejemplo, en el caso del departamento de Córdoba, el nepotismo político se ha constituido en la manera más efectiva para amarrar los recursos del departamento. Los hermanos Besaile, uno desde la gobernación del departamento y los otros dos desde el Senado de la República, junto con Bernardo Elias han configurado una red política que les ha sido funcional para favorecerse de la contratación pública. Al revisar los casos de la Corporación Autónoma Regional que tiene competencia en Córdoba (CVS), entidad que maneja hasta 35 mil millones de pesos anuales por las asignaciones que le hace la Nación y por recursos del SGR, se encontró que esta está a la cabeza de José Fernando Tirado Hernández, quien repite en la CAR cordobesa desde el año 2015 hace parte del grupo político de los congresistas Musa Besaile y el Ñoño Elías. Una muestra del poder que tiene el Clan de los “Ñoños” es que además de contar con la dirección de la CVS, cuentan desde la gobernación con el poder de influir en las decisiones dentro de la CVS, por medio de Roberto Tirado Hernández hermano del director de la CVS, quien fue nombrado dentro del gabinete de Edwin Besaile como secretario General de la Gobernación de Córdoba. Sus funciones son las de tomar las decisiones como encargado ante el Consejo directivo de la CVS de acuerdo a los lineamientos del Gobernador Edwin Besaile, hermano de Musa Besaile y aliado político de Bernardo “Ñoño” Elías. El caso anterior refleja la forma en la cual los políticos logran cooptar los lugares de representación política y distribución de los recursos para verse beneficiados, desde ya hay que prepararse para que no ocurra lo mismo con la institucionalidad­­­­­ que se cree para la implementación de los acuerdos. Como ya hemos advertido es un centenar de alcaldes que hoy se encuentra en la mira por malos manejos en la administración pública, y sin embargo, las reflexiones acerca de la implementación de los acuerdos coinciden en resaltar el papel que tendrán estas autoridades para la ejecución de lo acordado. El objetivo de incluir a las autoridades locales en los mecanismos que se decidan para la implementación debe venir acompañado de un proceso integral de participación ciudadana, el cual pueda tener espacios de promoción de derechos en doble vía; por un lado que tengan una mayor intervención en el relacionamiento entre el nivel local y nacional, que sirvan como articuladores para la gestión y ejecución de recursos y en segundo lugar que puedan promocionar espacios de veeduría y regulación de la gestión pública de tal modo que mitiguen los riesgos de cooptación de las casas políticas en estos espacios. *@montoyacarlos / Coordinador línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz y Reconciliación. Publicado en http://colombia2020.elespectador.com/

Al alto consejero para paz, Sergio Jaramillo, ha venido desarrollando el concepto de paz territorial, según el cual la aplicación de los acuerdos de paz de La Habana debe, al menos, garantizar tres cosas. En primer lugar, lograr construir Estado, lo que significa mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones estatales, así como mejorar la legitimidad del Estado y crear ciudadanía en las regiones. En segundo lugar, profundizar la democracia, es decir, garantizar la participación política y movilización ciudadana. Por último, intentar saldar la deuda del Estado Central con las regiones más afectadas por el conflicto, es decir, comenzar a superar las causas estructurales del conflicto. En todo caso este discurso bien articulado y bien intencionado se ha quedado en eso, en un buen discurso. El gran tema con esto es que la paz territorial aspira a lograr la construcción de Estado en las regiones con la abolición de la corrupción estatal. Se concibe que la corrupción es más fuete en las administraciones municipales y departamentales, por ello existe un miedo a involucrar los municipios y departamentos de forma activa en la aplicación de los acuerdos de paz. La molestia es inmensa por parte de las autoridades locales. De hecho, varios gobernadores y alcaldes manifiestan que el modelo institucional propuesto por el gobierno nacional se los pasa por encima y les crea una institucionalidad paralela. Además, en la propuesta de la nueva institucionalidad el gobierno tampoco le asigna ningún papel a las FARC, es decir, del discurso de inclusión política poco. La idea de los que han planeado dicha institucionalidad para el posconflicto son dos. Por un lado, que se deben blindar los recursos para el posconflicto de la corrupción local, se presume que este dinero sería malversado por alcaldes y gobernadores o, al menos, mal dirigido. El segundo postulado es que las regiones son ineptas y no tienen capacidad técnica ni política para liderar estos procesos. Se piensa que la corrupción solo ocurre en el nivel local o regional y no en el nacional, lo cual está bastante alejado de la realidad. Sin fortalecer la institucionalidad local y departamental es imposible que la aplicación de los acuerdos y el posconflicto salgan bien. A nivel nacional suceden varios problemas, por un lado los funcionarios públicos no conocen las regiones lo cual a su vez impide el diálogo con las comunidades y sobre todo la priorización de obras para el posconflicto. Además, si no se integran las élites políticas locales y regionales, así sean corruptas, será difícil por no decir que imposible la implementación de medidas como la restitución de tierras, la movilización ciudadana y la ejecución de proyectos como la formalización de predios rurales. Lo importante es crear medidas para proteger los recursos y mecanismo de transparencia. Por último, si no se entiende que se deben fortalecer las entidades administrativas no se logrará la inclusión política de minorías y la profundización de la democracia. Es decir, al ganar una alcaldía o departamento los nuevos movimientos sociales se ganarán algo así como la rifa de un tigre. Por ejemplo, la gobernación del Caquetá se encuentra en ley 550 o ley de quiebras así es imposible avanzar en el posconflicto. A nivel territorial o de entidades administrativas como alcaldías y gobernaciones la situación es igualmente compleja. Estas entidades tienen una dependencia absoluta de los recursos del orden nacional y se ha presentado un fenómeno que se conoce como Pereza Fiscal, es decir, que los municipios y departamentos no recaudan impuestos. La siguiente gráfica deja ver la composición de los recursos totales de los departamentos. Nótese como los recursos propios disminuyen en su participación de forma sistemática a través de los años. Así que, como se dice popularmente, ni el burro ni el que lo arrea. La nación tiene una absoluta desconfianza en las entidades territoriales y estas últimas conciben el poder central como algo déspota que se los pasa por encima y que los restringe en su actividad. La eterna disputa entre el centro y las regiones. Lo lamentable del asunto es que en las negociaciones de paz de La Habana, no se les considera como un actor importante. Por ejemplo, en el comunicado 74 de La Habana, en el que se llega a un acuerdo para la sustitución de cultivos en el municipio de Briceño, se incluyen incluso la participación de entidades como la OIM o la UNDOC y no se contempla ni alcaldías, ni gobernaciones. Igualmente, en el Pre-Compes del posconflicto, presentado para la discusión por el gobierno nacional, sucede exactamente lo mismo, no se avanza más allá de lo obvio y se olvida las entidades territoriales. Para superar este impase se propone el siguiente esquema dentro de la implementación de los acuerdos. No debe olvidarse que el gobierno propone la figura de los Contratos Paz asemejados a los Contratos Plan y los PDETs o Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Columna de opinión publicada en Semana.com

El frente primero no es la excepción es uno de los siete ‘frentes madre’ que tiene la guerrilla de las Farc. Esta estructura se mueve en los departamentos de Vaupés, Guaviare y Guainía, cumpliendo la misión de reclutar, preparar y enviar tropas a las demás divisiones de la organización. Por este frente han pasado Milton de Jesús Toncel Redondo, ‘Joaquín Gómez’, uno de los negociadores de esa guerrilla en La Habana. Otro de los comandantes que han hecho parte de esta estructura es el llamado carcelero de las FARC, Gerardo Antonio Aguilar, alias ‘César. Se trata de uno de los frentes más poderosos de las Farc, no solo por su capacidad bélica (inteligencia habla de 100 hombres en armas y 300 milicianos), también son los de mayor poder económico, fruto del negocio del narcotráfico, la comercialización de Coltan, un mineral que se usa para la fabricación de dispositivos móviles y computadores que es comercializado en los mercados orientales y la minería ilegal de oro. Su comandante, hasta el momento en que se conoció la decisión de su disidencia fue Néstor Gregorio Fernández, alias Iván Mordisco. Tras este hecho, el Secretariado de las Farc designó a Gentil Duarte. Su fortaleza militar quedó demostrada en la década de los 90’s con los ataques a las bases policiales y militares de Miraflores y Mitú. Más adelante, se apropiaron de la cuenca de los ríos Unilla, Itilla y Vaupes convirtiendo la región en “una zona liberada”, como lo señalan las Farc.

La semana pasada se hizo una propuesta sobre temas de participación política derivada de los acuerdos de paz que se firmarán en La Habana. Entre todos los puntos, que contempla el acuerdo y las propuestas alrededor de los mismos, hubo dos que causaron un gran debate. Por un lado, se propuso que se crearán de forma permanente 17 circunscripciones especiales de paz, en las cuales cualquier ciudadano de la zona podría postularse a las mismas, entre ellas las organizaciones sociales y movimientos políticos que surjan del proceso de negociación y derivados de la participación política de las FARC. Adicionalmente, se plantearon 9 curules directas para las FARC de forma transitoria por 9 años, es decir entre 2017 y 2018 y luego 2018-2022 y 2022-2026. Estas curules serían entregadas en 2017 derivado del fin de la dejación de armas y no de la firma de los acuerdos, como se sabe seis meses después de la firma se aspira a haber terminado con este proceso de dejación de armas. Cómo era de esperarse la propuesta generó bastante debate, sobre todo aquella de los cupos directos a Senado. Sin embargo, existen cinco argumentos para defender esta postura. Lo primero es que el modelo de justicia derivado del proceso de paz de La Habana se basa en el principio de justicia restaurativa. En la medida que entre los años ochenta y noventa del siglo XX, fue masacrado el Partido Político que surgió derivado de las negociaciones de paz de La Uribe en el departamento del Meta, en el cual, las FARC participaron en su fundación, como medida restaurativa se debería contemplar la posibilidad de reparar políticamente dicho genocidio. No debe olvidarse que a la UP le masacraron dos candidatos presidenciales, decenas de concejales, alcaldes y varios congresistas. La UP llegó a tener 14 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara y con el genocidio el partido prácticamente desapareció. Por ello, una medida restaurativa ayuda en el proceso de reconciliación nacional. Evidentemente las FARC deberán reparar y pedir perdón, así como dar garantías de no repetición a las víctimas y al país. Segundo, es una medida positiva. Es decir, las FARC no solo representan 17 mil guerrilleros y milicianos, representan un mundo, una Colombia profunda que fue excluida por las élites del país. Las famosas “Columnas en Marcha”, en las que mujeres embarazadas, ancianos y niños, salían de Cundinamarca o Boyacá y se iban a colonizar “selva adentro” es el mundo de las FARC, de allí nacieron. Esos campesinos y colonos cocaleros que nunca han votado, que no tienen siquiera cédula, es la Colombia que se debe incluir al mundo actual. Si traemos ese mundo a competir bajo las actuales reglas de la democracia colombiana, el proceso de paz será una frustración más para las minorías. Es imposible que gente, que estuvo 50 años en guerra, y colonos compitan contra el Ñoño Elías que maneja FONADE y que recibe miles de millones de pesos en cupos indicativos o mermelada. Una medida positiva es para ayudar a un colectivo a posicionarse en un mundo asimétrico. Es como la ley de cuotas para las mujeres o medidas que se han tomado para beneficiar a la comunidad LGBTI. Tercero, si bien en Colombia el conflicto armado creó una serie de economías de guerra también es cierto que el origen del conflicto fue político y por ende se debe resolver de forma política. No debe olvidarse que entre el Partido Liberal y Conservador se repartieron por 16 años todo el aparato burocrático del país, 50% para un partido y 50% para el otro, aun hoy vivimos la consecuencia de ese desastre. No eran nueve curules, sino todo el poder político del país. Así que la exclusión política jugó un papel importante, por ende se debe ahora incluir políticamente. Cuarto, estas curules son transitorias, no serán permanentes, es mientras las FARC se reincorporan a la vida política del país. Por ejemplo, en El Salvador el FMLN tardó más 20 años en llegar al poder, debido a este proceso de adaptación. Así que estas curules luego de 9 años desaparecerían y las FARC, entrarían a jugar por la competencia a senado. Quinto, el proceso de paz, como se mencionó, es para incluir a un sector social y es una negociación entre dos partes. No se puede aspirar que este proceso lleve a la “masacre política” de una minoría, es decir, lograr por vía política y con las actuales reglas de la demacración colombiana, lo que no se logró militarmente. Se sabe que la propuesta es debatible, controvertible, pero la negociación de paz debe dejar a ambos lados tranquilos. Las 9 curules no son un regalo o un “sapo que se debe tragar” es un proceso necesario de apertura democrática. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Se vienen meses de bastante riesgo, como se sabe habrá plebiscito en medio de la dejación de arma de las Farc. Es decir, la dejación de armas comenzará algunos días antes del plebiscito, como se anunció hace unos días, 90 días después de la firma de los acuerdos las Farc dejarán el 30 % de las armas. Y a los 120 días dejará otro 30 %. Muy seguramente la votación se hará tres meses después de la firma. O Algunos días después de los tres meses, es decir, cuando el 30 % de las armas de hayan dejado o cuando las Farc aún tengan el 70 % de las armas. Es un logro del presidente Santos que las Farc hubiesen aceptado comenzar la dejación de armas antes de la votación del plebiscito, e incluso que hubiesen dicho que en caso de perder el Sí, ellos no retornarían a la guerra. Pero a la vez es muy complicada una campaña con las Farc todavía armadas al 70 %. Por ello, la campaña de pedagogía debe ir más allá de comerciales televisivos o radiales. Por ejemplo, se le debe explicar a la población, como es la primera vez que un proceso de dejación de armas y un cese bilateral al fuego será verificado por Naciones Unidas, además que las zonas de ubicación son transitorias cobijan menos del 1 % del territorio nacional. Pero hasta el momento el gobierno nacional no ha logrado motivar la lectura de los acuerdos de paz y la población está llena de mitos. Pero no solo la pedagogía hay que mejorarla y profundizarla. El problema no es solo una dejación de armas en medio de una votación, sino es riesgo de seguridad que vivirá el país, con una guerrilla del ELN activa, bandas criminales y sicarios a sueldo que estarán dispuestos a vender sus servicios a los saboteadores de la paz. Un ataque unos días antes de la votación del plebiscito, un carro bomba, un atentado a una zona de ubicación, pueden echar todo al traste Tal vez este sea el gran riesgo del plebiscito, un ataque a falta de algunos días de la votación, un carro bomba, un atentado a una zona de ubicación o una patrulla militar puede echar todo al traste. Si bien las encuestan le dan al Sí el 60 %, este tipo de ataques son letales para la votación. Me atrevo a decir algo y es que habrá saboteos y serán hechos por bandas criminales pero pagados por agentes que se encuentran en la legalidad y que están interesados en que el proceso de paz fracase. Para aquellos enemigos de la paz, que ven la paz como una amenaza, solo les queda el recurso del saboteo. Ya se sabe que el acuerdo se va a firmar que el compromiso del gobierno y las Farc es inmenso y el desespero de los enemigos es inmenso. Hará que mejorar la seguridad en las grandes ciudades, tener un sistema de inteligencia funcionando y sobre todo preparar la población para lo que se viene. No cabe duda que los saboteadores harán de las suyas y habrá gente dispuesta a vender sus servicios de seguridad ilegal. Columna de opinión publicada en las2orillas