Foto Antonio Salos Se cumplen 50 años de la formación de una de las guerrillas comunistas más viejas del mundo, las FARC. Un balance sobre estas cinco décadas de guerra, su evolución militar y un análisis de sus aspiraciones políticas son fundamentales para entender su estado actual. Cinco períodos han marcado la historia de las FARC.  El primero va desde 1949 hasta 1974; en este nacieron, crecieron y se desarrollaron. El segundo, desde 1975 y 1988, comprende la negociación en la Uribe, Meta, el diseño del plan estratégico para la toma del poder y la guerra “sucia”. El tercer período, entre 1989 y 2000, se caracterizó por la ofensiva de las FARC, las pescas milagrosas, la respuesta de contraofensiva paramilitar en el norte del país y el inicio de los diálogos del Caguán. En el cuarto período de su historia, que va desde el 2001 hasta el 2008, fue el Estado el que retomó el protagonismo y las FARC se replegaron hacia el centro del país y perdió a sus principales comandantes. El último período va desde el 2008 hasta hoy.  En este, las FARC se han reestructurado, han arreciado los ataques a la estructura petrolera y el grupo guerrillero intenta volver a la política. La historia comienza con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán que desató en todo el país una ola de violencia y llevó a la formación de varias guerrillas liberales. En total, para 1950 existían 36. Entre las más fuertes estaban las de los llanos orientales. El Partido Comunista también había dado la orden de crear autodefensas campesinas en sus zonas de presencia, con el objetivo de defenderse de la ola de violencia que se vivía en el país. Luego del golpe de Estado, liderado por Rojas Pinilla, se dio una posibilidad de amnistía a estos grupos armados. La dirección del partido Liberal ordenó a las guerrillas de este partido entregar las armas, la mayoría lo hicieron, aunque algunas continuaron en armas. El Partido Liberal se dividió entre ‘limpios’ y ‘comunes’. Los limpios obedecían a la dirección del partido y varios de estos se rearmaron y se convirtieron en estructuras paramilitares, los llamados ‘pájaros’, que comenzaron a asesinar a sus antiguos compañeros. Los comunes fueron las guerrillas que se mantuvieron en armas y se unieron a las autodefensas comunistas que tampoco se entregaron. Esta confluencia de grupos guerrilleros y autodefensas llevó al nacimiento del Bloque Sur y en 1964 de las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde ese momento las FARC comienza un lento crecimiento, alejada de la vida política del país, de hecho llegó a tener un gran revés militar en el departamento del Quindío que casi la lleva a su desaparición. En 1974 se realizó la quinta conferencia guerrillera, que es la reunión de todos los mandos de la guerrilla. Las FARC decidieron dejar de ser una autodefensa y comenzar a formar una estructura militar. Hasta esa fecha, las FARC habían funcionado como una autodefensa, que realizaba grandes movilizaciones con población civil, una suerte de colonización armada. Cada vez que se producía una ofensiva militar, las FARC marchaban hacia el interior del país, con mujeres, niños, ancianos, en busca de tierras, selva adentro. A estas  se les denominó Columnas en Marcha. Desde 1974 abandonaron esa dinámica y se propusieron avanzar en el crecimiento militar. La segunda etapa de las FARC estuvo marcada por tres situaciones. En 1982 en el marco de la séptima conferencia guerrillera, se creó el ‘Plan estratégico para la toma del poder’, que era el plan militar diseñado para cercar a Bogotá y tomar el poder por vía armada. Este plan estratégico, entre otras acciones tácticas, disponía que se debía concentrara el 50 % del total de estructuras de la guerrilla sobre la Cordillera Oriental rodear la capital del país y se disponía realizar un desdoblamiento de frentes. Para 1982, las FARC tenían 27 estructuras. Diez años después llegaron a cerca de 48 frentes. Esta creación de estructuras se desarrolló con el financiamiento de cada uno de los frentes, la mayoría se hizo con dineros provenientes del secuestro. Producto de la creación de este Plan, a la sigla de las FARC, se le agrega el EP o Ejército del Pueblo. El segundo hecho significativo de este período fue el proceso de paz de la Uribe en el Meta, que tal vez, junto al actual proceso de paz, fue el momento histórico en el que más cerca estuvo la firma de la paz. Fue en el que nació la Unión Patriótica como producto del acuerdo de paz. Por último, durante estos años, se desarrolló en el país la denominada guerra sucia, en la que cientos de líderes de izquierda fueron asesinados. La UP prácticamente fue aniquilada. Una confluencia entre narcos, políticos y miembros de los aparatos de seguridad colombianos llevó al asesinato de centenares de militantes de izquierda, con ello las aspiraciones de un proceso de paz se fueron al traste. El tercer periodo se desarrolló entre 1989 y el 2000, el cual se caracterizó por el fin de las negociaciones de paz de la Uribe, y el inició de la verdadera guerra en Colombia. Para finales de la década de los ochentas mientras se derrumbaba el muro de Berlín y la mayoría de guerrillas comunistas negociaban la paz o se entregaban en todo el mundo, Colombia tuvo un comportamiento atípico: las guerrillas comenzaron a crecer vertiginosamente. Durante este período cuatro situaciones marcaron el devenir de esta guerrilla: primero, la guerrilla de las FARC comenzó a percibir grandes recursos de dinero producto de los “impuestos” que les cobraban a campesinos y narcotraficantes. Los dineros del narcotráfico le permitieron a esta guerrilla desarrollar rápidamente más de 30 estructuras militares. Los secuestros se incrementaron, llegaron a su punto más alto y de demencia con las denominadas pescas milagrosas, cientos de colombianos cayeron en estos retenes. La tercera situación fue la creación de  las AUC y sus dos oleadas de expansión por todo el país, miles de colombianos murieron, se desplazaron, las masacres paramilitares se desarrollaron por todo el país, y Colombia entre 1995 y el año 2002 padeció una verdadera guerra en varias regiones. Por último, durante este período las FARC pusieron en marcha dos estrategias militares, por un lado “la nueva forma de operar”, que significaba la movilización de grandes contingentes de tropa y la toma a cabeceras municipales. Decenas de municipios del país fueron destruidos durante estos años. La siguiente gráfica muestra la evolución a las cabeceras urbanas del país. Evolución anual de las tomas a cabeceras municipales realizadas por grupos guerrilleros. 1985-2009. Bases de datos Corporación Nuevo Arco Iris. El punto más álgido de este esta estrategia fue la toma a Mitú en el año de 1998. La otra estrategia fue la de “vacío de poder” la cual consistió en la eliminación sistemática de autoridades políticas, secuestros, atentados y homicidios que se desarrollaron en las zonas de presencia de las FARC. Mientras los paramilitares se dedicaron a aliarse con políticos, las FARC se dedicaron a destruir al Estado colombiano. Para este momento se inician los diálogos de paz del Caguán y las FARC llegan a su punto más alto de poderío militar. El siguiente mapa muestra la presencia de las FARC para el año 2002 cuando contaba con algo más de 18 mil miembros en armas. El cuarto período de la historia de las FARC se inicia en el año 2001 y culmina en el 2008, con la puesta en marcha del Plan Colombia y el proceso de restructuración de las Fuerzas Militares. Las FARC lentamente comienzan un proceso de repliegue. Durante estos años el Estado colombiano logró controlar los grandes centros de comercialización y producción del país y las vías de comunicación. La operación ‘Libertad I’ desarrollada en el 2003 sacó siete estructuras de las FARC del centro del país. Así creó la imagen de unas FARC, casi derrotadas. En la segunda administración de Álvaro Uribe se  utilizaron expresiones como el “fin del fin”, la post-victoria entre otras. Sin embargo, las FARC nunca estuvieron tan débiles como se dijo durante ese Gobierno, aunque recibieron su mayor derrota estratégica que fue perder el centro del país. En sus zonas históricas continuaron siendo fuertes y regresaron a la vieja táctica de guerra de guerrillas. En este período el Estado colombiano desarrolló dos ventajas estratégicas: la aviación, que marcó el punto de quiebre del conflicto y la inteligencia artificial. En el año 2008 comienza su último período que se caracterizó por un proceso de restructuración de la guerrilla de las FARC, que consistió en varios cambios tácticos: se descentralizaron sus mandos, se crearon unidades tácticas de combate (estructuras de no más de 10 guerrilleros expertos en explosivos y en tiros de alta precisión pero que no están en la capacidad de entrar en combate, debido a la desventaja frente a la aviación). El otro cambio estratégico fue impactar con ataques sorpresas en sus zonas de operación, de hecho los ataques a la infraestructura petrolera comenzaron a crecer desde el año 2008. La siguiente gráfica muestra la evolución anual del total de acciones de esta guerrilla. Evolución anual de las acciones de las FARC- 1997-2013. Base de datos Fundación paz y reconciliación. Nótese en el gráfico como el punto de quiebre se dio en los dos últimos años de la administración Uribe. La conclusión es que el total de acciones se incrementó, pero el tipo de acciones cambió, es decir se pasó de grandes ataques a cabeceras urbanas a ataques más dispersos y letales. El siguiente mapa muestra la presencia de las FARC para el año 2013. Se puede observar como las FARC perdieron los grandes centros de desarrollo, como Cundinamarca, Boyacá, la Costa Atlántica y la alti-llanura. Desde el año 2008, el Estado comenzó una estrategia de contención, de mantener estos grupos en sus zonas históricas y periféricas, sin embargo, es en estas zonas donde se encuentra gran parte de la riqueza minera y petrolera del país. Esta historia de 50 años arroja dos grandes conclusiones, por un lado las FARC han sufrido un revés estratégico, en la medida que han perdido el centro del país, pero no han sido derrotados militarmente. En varias de sus zonas históricas aún conservan una capacidad militar importante, de hecho operan en 242 municipios de algo más de 1100 que tiene el país. La segunda conclusión es que nos encontramos en lo que se denomina un empate técnico negativo, es decir, unas FARC con grados de debilidad en varias zonas del país, con una fuerza pública al frente pero con imposibilidad de derrotar definitivamente al grupo armado ilegal. Esta es la razón por la que es necesario que el acuerdo de La Habana llegue a feliz término. Hay que poner fin a 50 años de desangre del país. Artículo publicado en Semana.com

Foto: www.canalcapital.gov.co No quería escribir esta columna. Tenía una gran esperanza en los resultados de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas designada por el gobierno nacional y las FARC. Tengo un gran respeto por los 14 intelectuales que conformaron esta comisión y parte de ellos son amigos míos. Por eso leí y releí las páginas del informe publicado, indagando si habían cumplido el encargo que les hicieron. No lo cumplieron y sufrí una gran decepción. Esperé a que el gobierno y las FARC hicieran una valoración seria del trabajo. Nada dijeron. Esperé a que alguno de los comisionados le contará al país las razones de tan estruendoso fracaso y ninguno ha sido capaz de hablar. Esperé a que los contradictores del proceso de paz hicieran la tarea y nadie se refirió al tema. Ahora se habla en La Habana de la conformación de la Comisión de la Verdad y veo venir el mismo error. Por eso me siento obligado a decir lo que pienso. Sé que el gobierno y las FARC se empeñarán en ocultar su desengaño. Sé que es muy difícil enganchar a los lectores con un tema de esta naturaleza. Sé también que referirse a un documento de 800 páginas en la extensión de una columna es, si se quiere, temerario. Pero mi conciencia no me permite callar en algo que creo es de vital importancia para la reconciliación del país. Para empezar quisiera recordarles a los 14 intelectuales el significado de la palabra comisión: grupo de personas encargadas de resolver un asunto. No se trataba de que cada uno resumiera en 50 páginas lo que siempre había dicho sobre el conflicto colombiano. Esa no era la tarea. Si esa hubiera sido la tarea tendría que decir que la mayoría de los ensayos son buenos, algunos regulares y dos muy malos. La comisión hubiera hecho un gran trabajo con solo prestar un mínimo de atención al comunicado de La Habana del 5 de agosto de 2014 donde le conferían mandato y a los acuerdos que habían logrado el gobierno y las FARC hasta ese momento. Decía el comunicado en uno de sus apartes: “El informe de la comisión deberá ser el insumo fundamental para la comprensión de las complejidades del conflicto y las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad”. El gobierno y las FARC ya habían resuelto en la Mesa, de manera categórica, las discusiones interminables del país en los últimos diez años. La naturaleza política de las guerrillas, la centralidad del tema agrario en el conflicto armado, el carácter limitado y excluyente de la democracia colombiana, la incidencia insoslayable del narcotráfico en la guerra, la trascendencia de las víctimas en un acuerdo de paz estable y duradero. Todo eso ya estaba en la agenda y en los tres puntos acordados con una contundencia difícil de ignorar. Pero todos los comisionados se dedicaron a discurrir sobre estos temas, a fijar cada uno su punto de vista, a darle su matiz, en vez de concentrarse en esclarecer de manera colectiva el gran tema de diferencia en la Mesa, el de las responsabilidades. Ese era el asunto a resolver. Ese era el asunto clave sobre el cual la comisión estaba obligada a establecer un consenso mínimo que le sirviera a la Mesa de La Habana y al país para avanzar en la reconciliación. No se han preguntado los comisionados ¿por qué su informe no ha levantado ninguna polvareda en el país y en el exterior? Porque es un informe inane. Porque no toca a nadie, porque nadie se siente aludido. No se sienten aludidas las guerrillas, ni las elites políticas con sus aliados paramilitares, ni los militares, ni los empresarios, nadie. Porque la fuerza de un informe de esta naturaleza reside en los acuerdos establecidos, en las definiciones colectivas. En cambio los 14 ensayos dan para todo y para todos. En unos las elites políticas salvan sus responsabilidades, en otros las guerrillas, en otros los militares, en otros los empresarios. Cada quien puede escoger el que más le convenga. Y déjenme decir una cosa drástica. En el esclarecimiento de las responsabilidades y en la aceptación de ellas por parte de los implicados reside el futuro de la paz y la reconciliación. Ahora se discute sobre cárcel o no cárcel para las FARC. Pues bien, los militares, los políticos, los empresarios, todos a una, piden cárcel. Otra cosa dirían si también estuviesen en el banquillo de los acusados. Pongamos el caso más notorio. El de Álvaro Uribe Vélez. Solo cuando reconozca su responsabilidad en este conflicto será más magnánimo con sus enemigos y aceptará por fin un camino hacia la reconciliación. Columna de Opinión Publicada en Revista Semana

Uno de los principales dolores de cabeza en la etapa de posconflicto serán las economías ilegales y el otro dolor de cabeza serán las zonas de frontera. Los datos indican que cerca del 70 % de la tropa del ELN están en zona de frontera, principalmente con Venezuela y el 30 % de las Farc en la frontera con Venezuela y Ecuador. Muy seguramente varias zonas de ubicación estarán cercanas a zonas de frontera. En Tumaco Nariño, Puerto Leguízamo Putumayo y en la región del Catatumbo y Arauca habrán zonas de ubicación.  A lo anterior se suma la inestabilidad política en los países vecinos. En Venezuela la situación de polarización y la crisis económica podrían llevar a fuertes convulsiones sociales, lo que podría afectar el término del proceso de paz con las Farc y sobre todo el desarrollo del proceso de paz con el ELN.   No debe olvidarse que en las zonas de frontera con Venezuela opera el grupo del FBL o Frente Bolivariano de Liberación, muy cercano al ELN y que sería una de las retaguardias del chavismo más radical en caso de golpe de Estado. La situación de Rafael Correa y las perspectivas electorales indican que sería muy difícil que Ecuador fuera la sede de las negociaciones del proceso de paz entre el ELN y el gobierno Por los lados de Ecuador, las cosas no tienen la inestabilidad de Venezuela, pero las encuestas muestran que Rafael Correa ha venido perdiendo popularidad aceleradamente y que su candidato, aunque no está definido, seguramente será su actual vicepresidente, no despega en los sondeos; por el contrario, un hombre de la oposición, del Opus Dei y muy de derecha, puntea en las encuestas. Es decir, con un presidente así sería muy difícil que Ecuador fuera la sede de las negociaciones del proceso de paz entre el ELN y el gobierno.  Habrá que cambiar el sitio de las negociaciones y con la inestabilidad de Venezuela, Brasil y Ecuador seguramente se terminará en Cuba negociando nuevamente. Colombia también entrará en un proceso electoral y se sabe que grupos criminales como los Úsuga  han incursionado en zonas de frontera como Catatumbo o Chocó, con el fin de controlar o retomar los territorios que dejen las Farc. Para evitar una nueva ola de violencia en estas zonas fronterizas  y evitar el fracaso del posconflicto, las zonas de frontera requieren una estrategia de seguridad  en la que los gobiernos vecinos participen de forma activa de su lado de la frontera. Se podrá blindar muy bien el Catatumbo, pero si no se cuenta con Venezuela esa zona será un polvorín. Así las cosas, los colombianos deben entender y aceptar que el gobierno debe hablar con los vecinos y que lo mejor que le puede pasar a Colombia es la estabilidad política de Venezuela y nada de golpes de Estado o acciones criminales. El gobierno colombiano debe ser prudente frente a la inestabilidad de Venezuela y Ecuador y garantizar que todo se solucione por mecanismos democráticos. Además, se deben hacer planes parciales y conjuntos de seguridad para mitigar efectos de las economías ilegales y acciones de otros grupos armados organizados. Solo esta participación conjunta garantirá un posconflicto pacífico en las zonas de frontera. De no ser así, varias de estas serán un polvorín complicado. Columna de opinión publicada en las2orillas.co

Después de un duro y agresivo debate se aprobó el Acto Legislativo para la Paz. En él se dan las facultades extraordinarias para el presidente, que en todo caso no podrá emitir leyes estatutarias u orgánicas y mucho menos reformas constitucionales. También se crean un procedimiento legislativo especial y un Plan plurianual de inversiones para la paz, que tal vez es el artículo más importante del acto legislativo, ya que significa la asignación de recursos para las zonas más afectadas por el conflicto armado. Además se permite el blindaje constitucional del acuerdo final de La Habana, es decir, lo firmado será considerado un Acuerdo Especial en los términos del convenio de Ginebra. El último artículo aprobado, introducido a última hora en la Cámara de representantes, dice que todos los instrumentos del Acto legislativo sólo operarán tras la refrendación popular del Acuerdo Final. Es en este punto donde nos concentraremos. Este último artículo a primera vista parece maravilloso, pues habla de una votación popular que será una consulta al constituyente primario. Sin embargo, de fondo este artículo es nefasto para la implementación del proceso de paz. Dos son los argumentos. Hasta el momento se tiene previsto que una vez se firme el acuerdo de paz, comenzará un período de 60 días, en los cuales las FARC se dirigirán a las diferentes zonas de ubicación. Cerca de 80 estructuras de las FARC se ubicarán en algo así como 30 puntos, los cuales aún no se han acordado entre las partes. Luego de terminada la concentración se tenía previsto comenzar la dejación de armas progresiva. Es decir, 60 días después de la firma, con las FARC ya concentradas, una primera zona dejaría las armas, a los 15 o 20 días la siguiente y así sucesivamente hasta que se termine con todas las zonas de ubicación. De forma que después de cinco o seis meses se hubiese acabado con dicho proceso. Ahora la situación cambió sustancialmente, lo que el artículo quinto del Acto Legislativo para la Paz significa es que una vez se firmen los acuerdos de paz, nos toca sentarnos y cruzar los brazos mientras se desarrollan los tres meses de campaña del plebiscito o consulta popular, y sólo después de ello se iniciaría el proceso descrito anteriormente. Prácticamente se perderían tres meses en la implementación, tiempo que de hecho sería muy complicado de explicarle a la población, ya que las FARC seguirían armadas y posiblemente sin concentrarse, en medio de una campaña electoral. Un error militar, un pequeño combate días antes del plebiscito podrían significar el fin del proceso de paz y la pérdida de la votación. El segundo argumento es más de orden político y no técnico. Básicamente la reelección del presidente Santos en el 2014 fue el plebiscito para la paz, él ganó con un mandato por la paz. Así que es absurdo hacer una consulta popular o un plebiscito. Someter lo firmado en La Habana a una consulta puede salir costoso para el país. No sólo porque se pueda perder el plebiscito, sino sobre todo porque pondrá durante varios meses el proceso de paz en una situación inestable y crítica. Incluso si el plebiscito se pierde, el resumen sería que por decreto popular debemos seguir matándonos otros cuantos años. Aunado a lo anterior se ponen en el contexto una errónea estrategia de pedagogía para paz del gobierno nacional y unos intereses económicos y políticos de varios sectores, minoritarios pero poderosos, que se van a oponer a toda costa a la firma de los acuerdos de paz, además de una confrontación con el ELN y las bacrimes, los cuales operan en muchas zonas donde también operan las FARC. Así las cosas, en un exceso de inteligencia de los congresistas de Colombia, una buena intención se convierte en un absurdo, ponen el peligro el logro de la paz; por querer hacer más se terminó haciendo menos. Columna de opinión publicada en semana.com

El proceso de paz con las Farc contó con la participación de un grupo de 60 víctimas del conflicto armado en Colombia, que tuvieron la oportunidad de viajar hasta la Habana – Cuba para exponer sus puntos de vista sobre la terminación de la confrontación armada en el territorio nacional. El Pnud, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal fueron las entidades delegadas para escoger a las personas víctimas que viajarían a la Habana. La escogencia la hicieron bajo los criterios de equilibrio y pluralismo, con lo cual fueron seleccionadas representantes de las negritudes, indígenas, mujeres, afrodescendientes, comunidad LGBTI, empresarios, sindicalistas, militares, policías y campesinos. Alrededor de este proceso de selección hubo mucha polémica, la más frecuente fue por escoger a personas víctimas de otros grupos armados y del mismo Estado, cuando en palabras de los políticos opositores, “Se está negociando con las Farc”. Sin embargo, teniendo en  cuenta que la  negociación se hace pensando  en el conflicto colombiano en conjunto, es necesario pensar en que existen otros interlocutores que hicieron parte de la confrontación. En este grupo se encuentran  no solamente los paramilitares,  sino también otras guerrillas  que surgieron espontáneamente con las Farc o en etapas diferentes,  pero que  también entraron a hacer parte de la confrontación armada, junto con las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Lo que obliga a escuchar lo que al respecto tienen por aportar las víctimas no solo de las Farc, sino también  de las AUC, Eln y Estado. El director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia opina al respecto que el permitirles a las víctimas de otros actores armados acercarse a la mesa de diálogos es positivo para el proceso de paz porque, “Saca de  la negociación  exclusivamente un debate con las Farc y traslada la negociación a una visión de conjunto, a una apertura hacia una negociación de conjunto de paz”. Las víctimas del conflicto armado que tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por los integrantes de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y las Farc, se distribuyeron en los siguientes grupos: Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

El negocio del narcotráfico en las ciudades es complejo y ha venido aumentado poco a poco en las ciudades. El mercado funciona de la siguiente forma. La droga es trasportada en cargamentos de no más de 15 kilos de cocaína, desde una región del país, como el pacífico colombiano y llega a unas casas o zonas de acopio en las fronteras de la ciudad destino. Aquí existe una relación entre una Banda Criminal y unos delegados o contactos que ellos manejan en las ciudades, este se podría decir es el primer nodo. Luego la droga es dividida en cargas de hasta 4 kilos y es llevada a las denominadas “ollas” madres de las ciudades. Aquí se completa el segundo nodo, es la relación entre el contacto o intermediario y el administrador de la “olla” madre o el gancho.  En este nodo la droga se cuartea y se le modifica la pureza. Aquí es donde se arman las papeletas o sobres con la droga. El jefe o administrador del gancho u “olla” tiene una red de pequeñas “ollas” barriales. La droga es trasportada en las famosas Bombas que son paquetes con hasta 100 papeletas. Este es el tercer nodo las “ollas” barriales. Aquí el dueño de expendido barrial solo conoce al jefe de la “olla” madre no hay más relación con la otras partes de la cadena anteriormente nombradas. A su vez este jefe barrial conoce una serie de agentes que venden droga en parques o calles, se les conoce como los taquilleros. Cada nodo es independiente en las relaciones entre agentes y dependiente únicamente de la mercancía. “Cartuchito” Barrio El Amparo UPZ 80: CORABASTOS Localidad Kennedy Alrededor de la central de abastos conocida como Corabastos, se encuentra ubicado el barrio El Amparo, que debido a sus elevadas tasas de homicidios y hurtos, suele figurar dentro de los barrios más inseguros de Bogotá. Estas características configuran una zona propensa al micro-tráfico y consumo de estupefacientes; donde en calles aledañas a la puerta seis (6) de Corabastos, se ha configurado la famosa olla llamada el “Cartuchito”, lugar denominado así debido a las características que comparte con el antiguo Cartucho. Esta zona principalmente las transita habitantes de calle, consumidores de estupefacientes, jíbaros y se caracteriza por las calles estrechas, sin pavimentar, los “cambuches” de habitantes de calle y alta concentración de desperdicios y basura. De acuerdo a la Fundación Paz y Reconciliación, el método que se emplea para introducir la droga al sector, es mediante los cargamentos de comida que llegan a Corabastos, así como el uso de los numerosos depósitos de reciclaje y chatarrerías en el sector. “Cuadra Alegre” Barrio Carvajal UPZ 45: CARVAJAL Localidad Kennedy “Cuadra Alegre”, anteriormente conocida como “Cuadra picha”, es una zona de rumba reconocida en Bogotá por  la cantidad de bares, discotecas y licoreras allí ubicadas. En estos establecimientos es común el consumo de drogas y alcohol, especialmente en horas de la noche y, allí, se han realizado múltiples operativos de la Policía donde los dueños de los bares y los disc jockeys son arrestados por la venta y expendio de estupefacientes. A diferencia de otras ollas en Bogotá, ésta se caracteriza por la vida nocturna, sus luces de neón y la cantidad de personas que allí se reúnen para rumbear. “Cinco Huecos” UPZ 102: LA SABANA Localidad Los Mártires La zona denominada “Cinco Huecos” se encuentra ubicada al respaldo del colegio distrital Agustín Nieto y a unas cuantas cuadras del Hospital de San José. Una zona caracterizada por la cantidad de basuras, “cambuches” de habitantes de calle y consumo de sustancias psico activas y olores provenientes del hacinamiento, fogatas y desechos humanos; es una olla madre identificada en la Localidad Los Mártires. Ésta también se ha caracterizado por la venta de drogas al colegio vecino, por medio de huecos que realizan en las paredes de la institución educativa para poder pasar la droga a estudiantes. En los útimos días muchas de las personas que permanecían en la zona del “Bronx se han desplazado a dicho lugar. “San Ber” Barrio San Bernardino UPZ 95: LAS CRUCES Localidad Santa Fe El sector del “San Ver”, a tan solo unas cuadras del Parque Tercer Milenio (anterior “Cartucho” de Bogotá), es caracterizado por ser uno de los principales sectores de expendios de droga de la ciudad, así como de la comercialización de artículos robados y delincuencia común. Ubicado  entre la Carrera 10 y Caracas con Av. Hortúa (calle 1ª) y calle 6a, sus calles se caracterizan por ser estrechas, sucias y con poca iluminación. Éste también ha sido un sector intervenido por la Policía donde se han incautado en distintos operativos armas de fuego, armas blancas, drogas, artículos robados, entre otros; a pesar de ello sigue existiendo y el micro tráfico es una constante. “San Cristóbal Norte” Barrio San Cristóbal Norte UPZ 11: SAN CRISTÓBAL NORTE Localidad Usaquén El barrio San Cristóbal Norte, ubicado al norte de Bogotá, se diferencia de otras ollas ya analizadas, ya que no se caracteriza por tener calles estrechas, sucias o solas; sino que a simple vista se percibe como un lugar “tranquilo”. Éste cuenta con múltiples tiendas, restaurantes, asaderos, misceláneas, entre otros y se encuentra a pocas cuadras del CAI Villa Nidia. Allí, las dinámicas de expendio y venta de drogas se diferencian de otras ollas tipo “San Ver” o “Cinco Huecos”, ya que consiste en la modalidad de “domicilios”. Así, este negocio se encuentra dominado por pandillas que surgieron tras las bandas criminales como “Los Luisitos” y “Los Pascuales”. Localidad Rafael Uribe Uribe La ”olla madre” identificada por la Fundación Paz y Reconciliación del barrio Diana Turbay se encuentra ubicada alrededor del Colegio La Paz C.E.D., donde al respaldo de esta institución educativa, los estudiantes se topan con calles destapadas, angostas, casas en obra gris con techos de lata y materiales de construcción apiladas en los andenes. “Amberes” Barrio El Rincón UPZ 28: EL RINCÓN Localidad Suba Esta zona al nor-occidente de Bogotá, también cuenta con características diferentes a las “ollas madres” más nombradas en la ciudad (como el “San Ber” y “Cartuchito”), donde la mayoría de los hogares del barrio el Rincón son de estrato 2 y sus calles estrechas son transitadas por múltiples medios de transporte como los buses, colectivos, motos, bici-taxis y bicicletas. Sin embargo, alrededor del parque Amberes también se encuentran varias tiendas, panaderías y papelerías funcionando. Ese parque, reconocido por la venta y consumo de drogas y, especialmente, el consumo dentro del parque (la mayoría jóvenes), a pesar de ser un parque que también habitan niños y niñas de colegios cercanos. Asimismo, se encuentra ubicado el CAI de Suba Rincón. Principales lugares del vicio en Medellín Barrio Antioquia” Comuna 15 Guayabal. La zona conocida como Barrio Antioquia, está ubicada en la Comuna 15 Guayabal, principalmente en el Barrio Trinidad; es un lugar histórico como expendio de estupefacientes en Medellín. Se caracteriza por ser un barrio de estrato medio – bajo, donde a pesar de las diferentes disputas entre grupos delincuenciales que ha presentado en la ciudad, está se mantiene. Su cercanía con el Aeropuerto Olaya Herrera (La parte occidental del barrio, limita con la pista del Aeropuerto) hace que sea reconocida como uno de los principales expendios. Muchas de las familias que habitan la zona se dedican a diferentes actividades relacionadas al micro tráfico, unos se dedican a administrar y a rendir cuentas a los distribuidores, otros a dividir el producto que llega o “cortar”, algunos se encargan del menudeo o a “jibarear” en las calles y principalmente los menores de edad se encargan de “vigilar” o a “campanear”. Al ser una actividad de muchos años y ejercida por familias de barrio principalemente, en la zona no se presentan grandes disputas, pues los territorios está definidos y el negocio organizado. “Corredor Minorista – Av. De Greiff – Raudal” Comuna 10 La Candelaria. Esta zona tiene varias características que se deben mencionar, es quizás es una de las mas complejas que tiene Medellín; pues luego de la intervencion que se realizó en el año 2013 a diferentes plazas de vicio en la zona conocida como Barbacoas, muchos habitantes de calle se desplazaron en un primer momento hacia la Avenida Regional entre la Plaza de Mercado Minorista y el Puente de Baranquilla; luego de nuevas intervenciones, estas personas han sido intervenidas por diferentes programas liderados por la Alcaldía; sin embargo parte de ellos se trasladaron desde la glorieta de la Minorista con la Avenida del Ferrocarril por toda la Avenida de Greiff hasta la Plaza de Zea. La presencia de habitantes de calle en esta zona hace del corredor de la avenida de Greiff una zona de expendio y consumo de estupefacientes, especialmente de Bazuco.  Otra lugar dentro de la zona que cabe la pena mencionar, es el conocido como el Raudal, sitio que a pesar estar sobre la Avenida de Greiff pero unas cuadras más cerca del Museo de Antioquia, maneja una dinámica diferente; pues allí, aunque hay presencia de habitantes de calle, está es menor; lo que identifica está zona es que en ella se ejerce de manera permanente en el espacio público la prostitución, esta actividad es aprovechada por los grupos delincuenciales para el expendio de estupefacientes. “Corredor Parque del Poblado – Parque Lleras” Comuna 14 Poblado. No se podría hablar técnicamente de una plaza de vicio; lo que hace particular esta zona, es precisamente la atomización de la venta de estupefacientes, la cual está ligada fundamentalmente a los diferentes sitios de rumba o entretenimiento o a la presencia de turistas extranjeros.  Se pueden focalizar dos sitios, el primero es el Parque del Poblado y sus alrededores, en donde se presenta principalmente la venta (realizada en su mayoría por vendedores ambulantes) y consumo de marihuana; el segundo sitio es el Parque Lleras, en donde se hace notoria la presencia de extranjeros, ya sea por que se están hospedando en alguno de los hoteles o hostales de la zona o porque están de paso en algun establecimiento; allí se pueden observar varias modalidades de expendio, la mencionada ya, realizada por vendedores ambulantes en el espacio público y otra al interior de algunos establecimientos comerciales como licoreras o en los hostales, en donde incluso se ha observado que ofrecen “paquetes turisticos” que no solo incluyen alojamiento, sino la venta de sustancias alucinogenas y servicios sexuales. “San Pedro  – Lovaina” Comuna 4 Aranjuez. Está es otra zona que históricamente se relaciona con el expendio y consumo de estupefacientes. En este sitio se puede observar presencia de inquilinatos y de zonas que se dedica a la venta principalmente de marihuana y bazuco. Al igual que en Barrio Antioquia, algunas de las cadenas de distribución y venta son manejadas por grupos familiares. Está es una zona estratégica pues está ubicada en los límites de cuatro comunas (4 Aranjuez, 10 La Candelaria, 8 Villa Hermosa y 3 Manrique).

En la recta final del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC faltan aún tres asuntos por acordar. En primer lugar, las condiciones de la dejación de armas, lo cual incluye las zonas de ubicación, el tamaño de las mismas y los protocolos de funcionamiento. En segundo lugar, los mecanismos de refrendación popular y por último los asuntos de la reincorporación de los combatientes de las FARC. El pasado fin de semana se tenía previsto el anunció, desde Cuba, del cese bilateral al fuego, el cual significaría la terminación oficial de la confrontación armada con la guerrilla de las FARC. Se esperaba que el presidente Santos hiciera el anunció, pero el jueves se conoció que el viaje a Cuba había sido cancelado. Por su parte, en los últimos días, el partido Centro Democrático, encabezado por el expresidente Uribe, ha comenzado una firmatón para oponerse a lo que ellos llaman la entrega del país a las FARC. Afirman, entre otras cosas, que las zonas de ubicación, por ejemplo, son caguancitos. Es en este tema donde nos centraremos, en la importancia del cese bilateral, el cual debe incluir las zonas de ubicación y el tema de garantías de seguridad, entre ellas el acuerdo sobre lucha contra el paramilitarismo. Es en este punto donde se encuentra la dificultad, ya que la discusión no es técnica sino política. Cuatros son las discusiones. Por un lado, el Gobierno plantea la creación de siete zonas de ubicación y las FARC plantean la creación de una por estructura guerrillera, es decir, 69 en total. Ambas posiciones están al extremo. La segunda discusión es el tamaño de las mismas. Se parte del principio de que el tamaño variará de acuerdo a la región donde se cree la zona de ubicación, en todo caso no serán zonas amplias que incluyan municipios completos. La tercera discusión es la presentación de estas zonas al país. El gobierno está interesado en que sean pocas zonas y muy pequeñas, ya que teme la reacción de la oposición política que encabeza el expresidente y actual senador Uribe. Los opositores al proceso de paz han dicho en varias ocasiones que estas zonas, podrían ser “caguansitos”, refiriéndose a la zona de distención que se creó en el fallido proceso de paz que se desarrolló entre 1999 y 2002 bajo la Administración de Andrés Pastrana. La última discusión es la duración de las mismas, se habla de un periodo que va desde los 3 hasta los 8 meses. No debe olvidarse que la dejación de armas será progresiva, es decir, que a los pocos días de que se firme el acuerdo una primera zona dejará las armas y a los 20 días la siguiente y así sucesivamente hasta que se termine. Lo primero que se debe recordar es que las zonas de ubicación no son una novedad dentro de un proceso de paz, es una figura que se utiliza recurrentemente y que de hecho ha sido el modelo diseñado por anteriores proceso de paz que se han desarrollado en Colombia, durante las últimas dos décadas. Incluso, se puede afirmar que las zonas de ubicación de las FARC son de un alcance mucho menor que las experiencias anteriores. Ya que, en las ocasiones anteriores, estas zonas eran para negociar, para iniciar las conversaciones, y llegaban a durar años, esta vez son para terminar un proceso de paz y duraran apenas unos meses. Sin embargo, por la polarización que vive el país esta figura ha sido estigmatizada, pero en realidad no hay nada nuevo. Por ejemplo, durante los acercamientos de Caracas entre el Gobierno y las FARC, durante la administración Uribe, se hablaba del despeje de dos municipios por estructura de las FARC, es decir, para la época tenían 80 frentes, lo cual significaba despejar 160 municipios, en la actualidad, lo que se discute es una zona de ubicación de no más de un corregimiento municipal, incluso se han planteado de no más de dos o tres veredas, nada comparable con la zona de distención del Caguán. Adicionalmente, la creación de estas zonas de ubicación significaría desvertebrar el Plan Estratégico para la Toma del Poder, que es el plan ideado por las FARC en 1982 para tomar el poder y que ha venido siendo actualizado en cada conferencia guerrillera. En la actualidad las FARC tiene 7 Bloques y 69 estructuras entre frentes, columnas y compañías. Las zonas de ubicación desbaratarían esta presencia militar y por ende se aniquilaría el plan estratégico. Estas zonas de ubicación son transitorias, no durarían más de 8 meses y serán monitoreadas por un mecanismo de verificación de Naciones Unidas. La Fundación Paz y Reconciliación ha diseñado un mapa de posibles lugares de dichas zonas de ubicación. Son un total de 32 zonas, ubicadas en los territorios de presencia histórica de las FARC. Muchas de estas zonas están rodeadas de economías ilegales, como presencia de cultivos de uso ilícito, minería criminal, otras están rodeadas por otros grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN o estructuras criminales como el Clan Úsuga. Es decir, los retos en materia de seguridad serán muy complejos. Igualmente, algunas zonas de ubicación están en zonas cercanas a sitios poblados importantes, como la que se ubica en el páramo del Sumapaz, cerca de la capital colombiana. En resumen se puede decir que el asunto de las zonas de ubicación es sencillo, común, inventado hace décadas como mecanismo para la dejación de armas. Pero el Gobierno colombiano no lo ha podido explicar y ha sido la oposición la que ha tomado la ventaja y creado una serie de mitos que aunque falsos calan en la población colombiana, como decir que estas zonas son mini caguanes. Ariel Ávila es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Columna de opinión publicada en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/09/colombia/1465430448_336267.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Oneida Pinto, la cuestionada ex gobernadora de La Guajira, ha sido destituida de su cargo por la sección quinta del Consejo de Estado. El alto tribunal determinó que se presentó una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y, por ende, su elección ha sido anulada. La situación política que hoy se da en La Guajira es la crónica de una crisis anunciada, reflejada en la grave situación humanitaria que atraviesa el departamento y agudizada por la inestabilidad institucional y política de las últimas décadas. Dos han sido los bandos que compiten tradicionalmente por el control departamental: Por un lado, “Nueva Fuerza Guajira”, liderada por el exgobernador Jorge Pérez Bernier, ha logrado tener la gobernación del departamento en cuatro periodos desde la década de los noventa; Pérez fue mandatario en el 95 y repitió en 2007, Álvaro Cuello entre 1997 y 2000, y Hernando Deluque entre el 2000 y 2003 (el padre del actual Representante Alfredo Deluque). El crecimiento del movimiento coincidió con la etapa de mayor expansión y dominio paramilitar en la zona. Vale la pena destacar que los tres exgobernadores han enfrentado investigaciones, tanto Cuello como Deluque fueron inhabilitados por la celebración indebida de contratos. Sumado a lo anterior, el grupo cuenta con el actual presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque. El congresista Deluque ha sido señalado de ser el poder detrás de varias fundaciones que contratan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Por otro lado, en el bando competidor, se encuentra la casa de los Ballesteros, en la que además del anterior gobernador José María “Chemita” o Ballesteros, hace parte el también exgobernador Kiko Gómez, hoy preso por relaciones con la estructura criminal de Marquitos Figueroa e investigado por varios homicidios. De este clan hace parte la recién inhabilitada Oneida Pinto. Estos políticos han sido los responsables de la grave crisis humanitaria que enfrenta el departamento actualmente. Con Pinto, son seis los gobernadores destituidos en el departamento, los últimos dos avalados y respaldados por Cambio Radical. El aval para la gobernación de Oneida lo entregó el senador Arturo Char, a nombre de Alex Char, quien fue delegado por Comité Central de Cambio Radical para proponer candidatos de Costa Caribe y, a su vez, se le cuestiona su responsabilidad por tan malas decisiones. En medio de la campaña electoral de 2015, la Fundación Paz y Reconciliación advirtió sobre la oscura red que acompañó a Oneida Pinto para la gobernación, por ser la heredera del encarcelado exgobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, que salió electo por el partido Cambio Radical en 2011. Además de los mencionados apoyos, Oneida Pinto cuenta con el respaldo del confeso narcotraficante Gervasio Valdeblánquez, quien fue miembro del cartel de Medellín, el mismo cartel que asesinó a Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. Valdeblánquez fue jefe de la sección Guajira, y era trabajador directo de Gonzalo Rodríguez Gacha. Las siguientes fotos muestran a Oneida Pinto y a Gervasio: Gervasio con Oneida Pinto Vicente Castaño (Izquierda) y Gervasio con Vicente Castaño (Derecha). A pesar de los graves indicios contra Pinto, Cambio Radical, en cabeza de Rodrigo Lara defendió y promovió por todos los medios su candidatura. Se debe resaltar que en la campaña electoral no solo se hicieron advertencias sobre las relaciones entre Pinto e ilegales. La Fundación Paz y Reconciliación también advirtió sobre la inhabilidadque tenía Pinto. El 23 de septiembre de 2015 el Consejo Nacional Electoral ratificó la candidatura de Pinto, hecho que fue celebrado por Antenor Durán Carrillo, representante a la Cámara de La Guajira. Este hecho se dio dada la relación de Durán Carrillo con su sobrina Yolima Carrillo, magistrada del CNE, quien fue postulada por el partido Cambio Radical para ser reelegida como magistrada para el periodo 2014-2018, y quien en la audiencia fue la que sostuvo la postulación a la gobernación de La Guajira. Así pues, se conformó una estrecha relación entre Pinto y Yolima Carrilo, en la medida que el esposo de Carrillo, Eugenio Benjumea, llegó como cuota política a la gobernación de La Guajira como Secretario Privado de la gobernación. Sin embargo, esta no es la única cuota del representante Durán Carrillo en la gobernación. Pinto nombró a su sobrino José Alberto Duran en la Secretaria de Hacienda. En tanto que el respaldo de los Char a Oneida se hizo con un equipo de apoyo y asesoría a la gobernación. De tal manera que pusieron a cuatro figuras de su confianza para asegurar que la gobernación funcionara ante el sin número de escándalos que golpea a Pinto y al departamento en general. En caso de que Oneida fuera destituida de su cargo, ellos mantenían el orden y pavimentaban el aterrizaje de un nuevo gobernador ficha de la casa. Los cuatro asesores son: Pablo Valbuena Anaya, quien se desempeña como asesor coordinador de la gobernación. Su misión es básicamente actuar de Secretario de Gobierno de facto, quien se asegura de que la gobernación este andando, aun cuando no podía ejecutar virtualmente ningún proyecto. También se encuentra María Angélica Mercado Pérez, quien se desempeña como asesora jurídica. Adolfo Velásquez Flores, el asesor encargado de la contratación en Obras Publicas. Y, por último, está Iván Arcila, asesor en comunicaciones. Es así como gran parte del control de la gobernación era supervisado por estas personas de confianza de la familia Char, quienes le apostaron a tomar las riendas del departamento, con o sin Oneida Pinto. De izquierda a derecha: el exsenador Jorge Ballesteros, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, Oneida Pinto y Rodrigo Lara- / Facebook Oneida Pinto. En ese orden de ideas, los Char vienen conquistando La Guajira de la mano de Cambio Radical. En varios sectores de opinión del departamento se afirma que los Char ya tiene un candidato para remplazar a Oneida en la gobernación. Esta estrategia viene de la mano del hecho que la Secretaria de Educación, Gledy Foliaco Rebolledo, es cuota de los Char en La Guajira y por medio de su influencia en las altas esferas del gobierno nacional proponen dar un golpe al otro gran botín del departamento después del carbón: la alimentación escolar. En entrevistas hechas por la Fundación Paz y Reconciliación con expertos que le vienen haciendo seguimiento a la crisis alimentaria y de desnutrición infantil se pudo establecer esta situación. En La Guajira se va Oneida y los Char se quedan. Desde la Fundación Paz y Reconciliación esperamos que las investigaciones por las relaciones de Oneida con estructuras ilegales se mantengan. Hasta el momento Pinto sale del juego político por inhabilidad de doce meses, pero falta mucho por develar y porque finalmente se conozca a los responsables de la grave crisis que vive hoy el departamento. Columna de opinión publicada en http://caracol.com.co/radio/2016/06/09/politica/1465486446_723877.html

A Enrique Peñalosa se le adjudica la frase “Bogotá no es para los que quieran vivir en ella sino para los que puedan”. Y es que el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo de la ciudad con las mayorías de la administración refleja que para los pobres cada vez será más difícil vivir en Bogotá. Una vez se lee el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo, al menos surgen tres conclusiones. La primera es que el pilar fundamental de la administración de Peñalosa es la construcción de infraestructura urbana. Se trata de embellecer la ciudad, construir un sistema para la circulación de la población y mejorar equipamientos urbanos, todos ellos objetivos muy importantes, el problema es que esto se hace sacrificando los dineros en inversión social y dirigidos para atender población vulnerable. Si bien la administración de Peñalosa argumenta que estas obras impactan a la población vulnerable de forma positiva, lo cierto es que se sacrifican dineros importantes para la supervivencia y la vida digna de esta población como el Proyecto de Territorios Saludables que manejaba la Secretaría de Salud. No se debe olvidar que para la administración Peñalosa la inversión social es populismo y es botar plata a la basura. Es decir, entregar subsidios como el mínimo vital a población que trabaja como celadores de edificios durante 16 horas, o crear las guarderías para que mujeres cabeza de familia que trabajan 18 horas al día o en la noche lleven a sus hijos es botar la plata. La segunda conclusión es que el Plan de Desarrollo se encuentra desfinanciado por lo menos en 15 billones de pesos de los 96 billones que cuesta implementarlo en el cuatrienio. Ni las ventas de la ETB y TGI, una de las empresas más rentables de la ciudad, lograrán subsanar este déficit. La venta de ambas empresas en el mejor de los casos cubrirá 6 billones o 6,5 billones de pesos. La tercera conclusión es que la Alcaldía estima aumentar el recaudo de dinero y lo hace bajo la figura de crear barreras o murallas entre diferentes grupos poblacionales. Es decir, si se tiene plata se puede disfrutar de algunos equipamientos de la ciudad; si no se tiene plata, no se puede disfrutar de estos equipamientos y, de hecho, se pondrán barreras de restricción para ingresar a algunas zonas de la ciudad. Por tanto, la intención de recaudar fondos, la des-financiación de los servicios sociales de la Alcaldía y un Plan de Desarrollo con tremendo déficit pueden traer consecuencias complicadas de equidad social. Para ejemplificar esto último se podrán citar dos ejemplos. El primero son los famosos peajes urbanos. Se prevé montar estos por medio de alianzas público-privadas y se aspira a financiar nuevas vías. El debate es dónde se van a ubicar estos peajes y sobre todo a qué población es la que más va a impactar. Por ejemplo, la mayoría de los celadores de los edificios del norte de la ciudad viven en Soacha, Ciudad Bolívar, es decir, en las fronteras de la ciudad, algunos de ellos han comprado carros o motos para transportarse, esta sería la población más afectada. O por ejemplo, los acarreos que hacen algunas personas desde Corabastos para las tiendas alejadas de la ciudad. Por tanto, el debate de la ubicación de estos peajes se debe dar con estudios en mano sobre el impacto poblacional. Otro de los temas son los pagos aprobados por servicios voluntarios, es decir, habilitar los vehículos matriculados en Bogotá, por medio de un pago anual, a la circulación en horarios de pico y placa. Los recursos anuales por estos recaudos significarían cerca de 200.000 millones de pesos adicionales. La administración de Peñalosa planea que estos recursos adicionales se invertirán en el trasporte público y que, además, estos pagos adicionales incentivarán el uso de este transporte público. Pero la realidad es bien distinta de las intenciones. En el Pan de Desarrollo de Bogotá no se plantea nada para mejorar la seguridad en el Sistema Público de Transporte, por ende el incentivo para los ciudadanos de utilizar el sistema es muy bajo; mientras sea incómodo e inseguro, quienes tienen oportunidad de no utilizarlo no lo harán. Al final de cuentas, los más pobres se verán obligados a utilizarlos y los acomodados económicamente seguirán moviéndose por los equipamientos más cómodos de la ciudad, tal como ha ocurrido hasta ahora. El tema de la equidad, la inclusión social y la protección a los más vulnerables no se hace sólo mejorando equipamientos urbanos, aunque es algo importante, lo cierto es que en muchos casos no tiene un impacto inmediato sobre la calidad de vida de mucha población, el impacto es más a largo plazo. Mientras la ciudad no avance en el mejoramiento de la calidad de vida y el ingreso de los más pobres, medidas de este tipo serán verdaderos golpes a la aspiración de una ciudad más equitativa. Ni más ni menos esto significa que la población que no pueda pagar será relegada por la lógica de la ciudad, es como crear una muralla que divide a ricos y pobres, pero sobre todo podría traer una segregación de la ciudad. Los temas de los peajes urbanos y el pago del pico y placa no se deben analizar de manera aislada, es cierto que en algunas ciudades, como Washington o Ciudad de México, se ha implementado, el asunto es que ante la reducción de beneficios para la población pobre o más vulnerable, todas estas medidas causarán una segregación de la ciudad. Una famosa frase de García Márquez en el Otoño del Patriarcarevela lo que Peñalosa quería decir con su lema de campaña “recuperemos Bogotá”: “Ya lo verán –decía–, se volverán a repartir todo entre los curas, los gringos y los ricos, y nada para los pobres, por supuesto, porque esos estarán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo, ya lo verán, decía citando a alguien”. En todo caso, el actual alcalde nunca ha ocultado su perspectiva acerca de la política social, y es recordado por su frase “Bogotá no es para los que quieran vivir en ella, sino para los que puedan”. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto: Colectivodeabogados.org Impactos del paro agrario El paro fue convocado por la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Las organizaciones que más se han involucrado en la movilización son el Congreso de los Pueblos[1] con influencia importante en Arauca, Catatumbo, Magdalena Medio, Bajo Cauca y oriente antioqueño, Chocó, Nariño y Cauca;   la ONIC cuya mayor fuera organizativa se concentra en el suroccidente colombiano (Cauca, Huila y Tolima)  y el PCN en Chocó y Cauca.  La motivación principal del paro es el incumplimiento los del Gobierno a los acuerdos logrados en el pasado paro agrario de 2013 y 2014, los cuales recogen 8 puntos relacionados con el agro, la minería, el derecho a la protesta y la construcción de paz.  Además de eso protestaron por reivindicaciones más generales como el desmonte de la Ley ZIDRES y los TLC y exigieron una participación más activa en el marco de los procesos de paz que se adelantan con las guerrillas y pidieron que las comunidades fueran tenidas en cuenta a la hora de planear la implementación de acuerdos. La cumbre esperaba que otros sectores, como los sindicatos y los estudiantes participaran del paro a nivel nacional, sin embargo sólo logro el apoyo de FECODE con movilizaciones pacíficas en algunas ciudades capitales, y  de la USO en Barrancabermeja. El paro universitario  en la UPTC de Tunja y la Universidad Distrital en Bogotá coincidió con esta coyuntura y se sumó con acciones de apoyo. En total son 24 departamentos afectados directamente: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Casanare, Caldas, Cauca, Caquetá, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Meta,  Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. En cada uno hubo diferentes puntos de concentración que involucran directamente a  66 municipios y otros que se han visto afectados por las movilizaciones. En 30 zonas se ha denunciado la violación a derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Los costos El tratamiento de la conflictividad social como un asunto de orden público por parte de las autoridades ha acarreado lamentables  costos humanos  y pocas soluciones a las problemáticas regionales. En esa ocasión, en 4 días de movilización han perdido la vida 3 indígenas en circunstancias de confrontación con la fuerza pública: en el corregimiento La Delfina murió un guardia Embera al caer del viaducto La Víbora en la vía que conduce a Buenaventura. Los otros dos murieron por impacto de bala en el corregimiento Las Mercedes en el municipio de Caldono. Los pueblos Indígenas reportan 135 heridos; dos indígenas judicializados entre ellos una mujer, 5 retenidas ilegalmente y un desaparecida (ONIC, 2016). Los campesinos y afro han reportado una cifra de 22 heridos, no obstante la cifra es incierta. Se han registrado más de 200 detenciones, además de lo ocurrido  el fin de semana en el departamento de Norte de Santander, donde más de 120 campesinos fueron detenidos de manera masiva y dejados en libertad al tras 24 horas. Las confrontaciones más fuertes se dieron en la vía Quibdó – Medellín y Quibdó – Risaralda; en la Lizama, Santander; la vía Panamericana, y el sur del Huila. La presencia del Ejército se dio en cada uno de los puntos de concentración para el paro y se denunció el hostigamiento y la provocación por parte de uniformados y de integrantes de la fuerza pública vestidos de civil. Las organizaciones han responsabilizado a la Fuerza Pública y han denunciado la violación de ddhh por parte del ESMAD señalando el uso de armas no convencionales, el incumplimiento de protocolos de intervención y el exceso de fuerza. A  estos cuestionamientos se suma la muerte de Miguel Ángel Barbosa, el estudiante de la UD que resultó con heridas letales provocadas por el ESMAD en una movilización en el mes de abril del año en curso. Por otro lado, el bloqueo intermitente de 12 importantes arterias viales ha derivado en costos económicos y desabastecimiento. La Asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre intermunicipal ADITT, afirma que la primera semana del paro  4.562 vehículos no  pudieron prestar el servicio de transporte y han incurrido en pérdidas de más de 1300 millones de pesos, con esto, más de 100.000 personas se han visto afectadas por la imposibilidad de viajar (Dataifx, 2016)  (Revista Dinero , 2016). La zona más afectada es la de suroccidente, ya que la vía panamericana ha estado bloqueada de manera permanente desde que comenzó el paro, se espera que con el desbloqueo de 6  acordado el 9 de junio en la comisión política se facilite el ingreso de productos de la canasta familiar y gasolina  a los departamentos de Cauca y Nariño. A esto se suma el paro de camioneros, convocado por la Asociación Colombiana de Camioneros desde el 7 de junio y que mantiene concentrados más de 300 automotores en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander,  Putumayo, Tolima, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Suroccidente: La Panamericana que comunica Cali con Popayán y Pasto. Esta vía está bloqueada en 4 tramos diferentes. Más de 90 mil pasajeros no se han podido movilizar en el departamento de Nariño según cifras del gerente de la terminal de transportes terrestres de Pasto. La vía que conduce Cali con Buenaventura estuvo bloqueada durante 2 días. La vía que comunica Pasto con Tumaco también ha sido bloqueada La vía que comunica Tolima con Neiva y la que comunica Neiva con Putumayo El puerto de Buenaventura fue epicentro de una toma por parte de las comunidades. Occidente En Chocó las vía que comunica a la capital con Antioquia y con Risaralda. La vía que comunica Carepa con Apartadó. Norte En La Guajira los indígenas wayúus bloquearon la línea ferréa para el transporte de Carbón En Córdoba se bloqueó la carretera que comunica la vía Medellín con Cartagena. Nororiente La vía Pamplona – Bucaramanga La ruta del sol en el tramo de La Gloria, impidiendo comunicación entre Santander y Cesar Oriente La vía que comunica Arauca con Norte de Santander, por Saravena La vía que comunica Boyacá con Casanare En Tame, la vía que comunica con Bogotá. Manifestaciones dentro del marco del paro agrario Amazonas La Defensoría del Pueblo reportó bloqueo de vías, a 3 kilómetros de Leticia, Amazonas, por parte de la comunidad indígena San Sebastián de Los Lagos http://www.vanguardia.com/colombia/360475-este-es-un-paro-una-movilizacion-una-protesta-injustificada-mininterior http://www.elheraldo.co/nacional/defensoria-pide-cordura-manifestantes-durante-paro-agrario-263927 Antioquia: Las movilizaciones se presentan en 3 regiones diferentes desde el 31 de mayo: Urabá, Bajo Cauca y Oriente. Principalmente en los municipios de Santuario, Marinilla, Turbo, Tarazá, Urrao, Necoclí y Santa Rosa de Oso, Valdivia  y Santuario. En Tarazá se concentran 300 personas integrantes de la Asociación Minera de Sur de bolívar y Antioquia. Se han realizado bloqueos en la vía que conecta Carepa con Apartadó, donde se encuentra el resguardo indígena La Palma. En Turbo y Necoclí unas 2000 personas, entre indígenas y campesinos En el Oriente hay una concentración de 300 personas La situación más delicada se presenta en Antioquia donde cuatro militares estuvieron retenidos en medio de las manifestaciones en la vía Medellín- Quibdó, que permanece bloqueada http://www.elcolombiano.com/antioquia/paro-agrario-en-antioquia-continuan-concentraciones-en-uraba-bajo-cauca-y-oriente-XA4244055 http://www.minuto30.com/fotos-y-video-indigenas-bloquearon-por-varias-horas-la-via-que-conecta-a-carepa-con-apartado/480606/ Arauca: EL 1 de junio se desplazó el viceministro del interior Guillermo Rivera, acompañado por el gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene para negociar las condiciones del par en el departamento. Las manifestaciones se presentan en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame desde el 30 de mayo y se han concentrado en puntos estratégicos para la industria petrolera: Caño limón, Caricare y la sub estación Banadías; asimismo en el casco urbano de Saravena y en la salida de Tame hacia Bogotá. . Se han presentado bloqueo de vías entre los municipios  y movilizaciones pacíficas en los cascos urbanos. El terminal de transporte de Arauca está cerrado y el comercio paralizado. http://lavozdelcinaruco.com/14694-araucanos-inconformes-con-medidas-tomadas-por-manifestantes-del-paro-agrario#.V1GxNPnhDIU Atlántico Se presentaron protestas pacíficas por parte de campesinos del bajo de San Luis, en la zona costera del departamento del Atlántico. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-en-colombia/16607221 Boyacá y Casanare A diferencia del paro del 2013, las reivindicaciones no tuvieron mayor acogida en el departamento. Las manifestaciones se presentan desde el 30 de mayo en el oriente del departamento, particularmente en los municipios que conectan con el departamento de Casanare: Pajarito, y la vía que de Sogamoso conduce a Yopal. En el municipio de Sácama y Aguazul también se bloquearon las vías. En el municipio de Tutazá se presentaron manifestaciones y en Tunja, la UPTC se mantiene en paro. http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/tunja/1464793358_218103.html http://www.vanguardia.com/colombia/360418-bloqueos-en-casanare-cauca-y-valle-del-cauca-balance-del-paro-agrario Cauca El departamento es uno de los más convulsionados de la jornada de paro. Desde el 30 de mayo se presentan bloqueos en la vía panamericana que permite la movilidad hacia todo el suroccidente. La Movilización ha involucrado a más de 10.000 manifestantes en la zona norte del departamento, en los municipios de Caldono, Caloto, Santander de Quilichao.  os manifestantes atravesaran rocas y troncos sobre este importante corredor vial en diferentes puntos como El Pital, El Descanso y La Agustina Otro bloqueo se presenta en  el sector Pescador en la vía Cali – Popayán. Y en la capital del departamento se presentan protestas pacíficas por parte de pobladores urbanos que exigen condiciones de vivienda digna y maestros. Hasta el 2 de junio el departamento fue epicentro de las negociaciones entre los voceros de la Cumbre y el Gobierno.  5 Ministerios llegaron a La María Piendamó para buscar un acuerdo: Agricultura, Interior, Minas y Energía, Ambiente y el Alto consejero de Posconflicto. En el mes pasado el departamento enfrentó 2 paros importantes: el de maestros y de comunidades afro en el norte. http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/avanza-paro-agrario-en-el-suro-207239 http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-en-colombia/16607221 http://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-agrario-bloqueada-la-via-panamericana-en-el-cauca/16608459 http://www.vanguardia.com/colombia/360418-bloqueos-en-casanare-cauca-y-valle-del-cauca-balance-del-paro-agrario Caquetá El fin de semana, en diferentes municipios del  Caquetá se realizó una movilización  en contra de la explotación de petróleo en el departamento http://www.las2orillas.co/agua-si-petroleo-no-le-dijo-el-caqueta-al-gobierno-nacional/ Cesar Fue uno de los primeros puntos de concentración. Hasta allá se desplazaron campesinos del Catatumbo para apoyar la protesta. 1.500 campesinos de las poblaciones La Mata y Aguachica en el sur del Cesar, se concentraron en el sitio conocido como Besotes con el ánimo de apoyar pacíficamente la manifestación a nivel nacional. El bloqueo de vías ha sido intermitente, y con el paso de los días se suman más personas a las manifestaciones. En Aguachica y otros municipios aledaños se comienza a sentir el desabastecimiento producto del bloque de La Ruta del Sol, en el sector Gloria, donde también se ha presentado bloqueo de vías. Otro bloqueo se presentó de la vía entre la Loma de Calenturitas y la Jagua de Ibirico y manifestaciones en el municipio de Pelaya. En la Plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar, hubo protestas de estudiantes, trabajadores y comunidades indígenas, entre las cuales sobresalió la presencia de más de 500 indígenas del pueblo Kankuamo, Yutpa y Wiwa. La vía Valledupar – San juan del Cesar fue epicentro de protestas de sindicatos contra  las empresas, principalmente las de Carbón. http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/campesinos-del-sur-del-cesar-s-207250#ixzz4AXLgxIxM Córdoba La movilización está liderada por los indígenas Zenú. Desde el 31 de mayo las comunidades se han unido a la jornada de manifestación y cerca de 3000 indígenas han bloqueado la vía entre Medellín y Cartagena,  en el sector de Tierra Grata entre los municipios de Sahagún, y Chinú. El 2 de junio cerca de 200 manifestantes se tomaron la Gobernación del departamento. http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/ind%C3%ADgenas-denuncias-agresiones-207311 http://www.colombiainforma.info/en-el-caribe-colombiano-tambien-hay-paro-nacional/ http://www.elheraldo.co/cordoba/al-menos-200-indigenas-se-toman-la-gobernacion-de-cordoba-en-el-marco-del-paro-agrario Chocó El departamento mantiene dos puntos importantes de concentración: la vía Quibdó – Medellín y la vía Quibdó – Risaralda. En los municipios de Tadó, Lloró y Carmen del Atrato se ha concentrado un grupo importante de personas, entre campesinos e indígenas. En el sector el 18, en Chocó, hombres del ESMAD con apoyo del Ejército tratan de quitar las barricadas que instalaron cerca de 3000  manifestantes  desde hace tres días y aunque logran levantarlas, los indígenas las vuelven a ubicar unos kilómetros después. La misma situación se registra en el sector el 12, donde un número similar de manifestantes impiden el paso hacia el departamento de Antioquia. http://www.rcnradio.com/locales/continuan-operativos-restablecer-orden-antioquia-choco-tras-paro-agrario/ Cundinamarca. Las manifestaciones se presentan en Bogotá, donde el sindicato de FECODE realizó una manifestación pacífica que bloqueó las vías de la ciudad el 1 de junio. Esa misma fecha se presentaron bloqueos en las vías en la localidad de Bosa, apoyando el paro convocado. El 2 de junio se presentaron acciones de hecho en las instalaciones de Ecopetrol, donde integrantes del Congreso de los Pueblos se tomaron el edificio. Un choque entre el ESMAD y estudiantes de la universidad Pedagógica tuvo lugar ese mismo día cuando estos salieron a manifestar su apoyo al campesinado. Guajira Más de mil Indígenas Wuayuu bloquearon las principales vías de acceso que tiene la empresa El Cerrejón. Uno de los puntos donde se mantiene una concentración es la vía que comunica a La Guajira con Cesar, donde hay represamientos de vehículos por la manifestación a la altura de los Resguardo Indígena de San Francisco, en el corregimiento de Papayal, en Barrancas. http://www.colombiainforma.info/en-el-caribe-colombiano-tambien-hay-paro-nacional/ http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-en-colombia/16607221 Huila Las manifestaciones son lideradas por el Consejo Regional Indígena del Huila y organizaciones campesinas del sur del departamento. La concentración de los manifestantes se llevó a cabo en el municipio de Hobo, donde se bloqueó la vía que comunica ese municipio con Garzón y la capital del departamento, en el sector conocido como El Pescador.  Los enfrentamientos con el ESMAD se llevaron a cabo el 1 de junio cunado se bloqueó la carretera que conecta a la capital del departamento con el sur del país. Otro punto de concentración es el sector de Bruselas, cerca a Pitalito. Hasta allá se desplazó el Ministro de Agricultura para buscar acuerdos con los manifestantes y se llegó a los primeros acuerdos para desbloquear las vías. En ese departamento se espera el paro de la Dignidad Cafetera, que ha denunciado el 80% de incumplimientos en los acuerdos logrados con el Gobierno en el pasado paro. http://www.diariodelhuila.com/regional/disturbios-predominaron-en-jornada-de-paro-indigena-y-agrario-cdgint20160601054120183 http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/271327-el-huila-amanecio-de-nuevo-con-bloqueos-viales-por-el-paro-agrario http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/acuerdos-del-paro-agrario-con-indigenas-de-huila/16610042 Meta Diez resguardos indígenas hacen parte de la manifestación en Puerto Gaitán; se unieron al paro nacional para reclamar los derechos especiales que el Estado suscribió hace dos años y que no han cumplido. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-en-colombia/16607221 Nariño Las manifestaciones se presentan en 5 municipios e involucran el bloqueo de vías: Ipiales, Tumaco Pasto, Ricaurte y Leiva. Se mantiene un bloqueo por parte de los indígenas Awá en el sitio El Palmar, en la vía entre Pasto y Tumaco, Nariño. En los departamentos de Nariño y Cauca el transporte de alimentos ha disminuido. «Ya se están viendo afectaciones en el puerto de Buenaventura y en algunas ciudades del departamento del Cauca, donde ya se nota la escasez de productos primarios y agrícolas». Diariamente a Nariño ingresan 20 toneladas de papa, pero por el paro solo se están recibiendo 8 toneladas. http://www.vanguardia.com/colombia/360418-bloqueos-en-casanare-cauca-y-valle-del-cauca-balance-del-paro-agrario http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-agrario-afecta-transporte-pasajeros-y-mercancias-varios-departamentos http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/acc-se-une-al-paro-de-la-cumbre-agraria-en-narino/20160603/nota/3150573.aspx Norte de Santander La zona más afectada es el sur del departamento debido al bloque de vías. Se siente el desabastecimiento ya que su relación comercial se da con el departamento de Arauca y Boyacá. La movilización en la zona del Catatumbo se vio afectada por la militarización que se presenta en la zona, producto de los contingentes que la Fuerza Pública envió para la búsqueda de los 3 periodistas retenidos por parte del ELN. Otros dos puntos de concentración son: en la carretera que comunica Cúcuta con Puerto Santander, y Bucaramanga con Pamplona. Los bloqueos han sido intermitentes. En la ciudad de Cúcuta los maestros realizaron una manifestación pacífica, así como en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cali y Medellín http://www.rcnradio.com/locales/bloqueada-la-via-bucaramanga-pamplona-manifestantes-paro-agrario/ http://caracol.com.co/emisora/2016/05/31/cucuta/1464727590_789054.html Putumayo Se ha visto afectado por las manifestaciones  que se presentan en el departamento de Huila, particularmente el bloqueo de la vía que comunica a Mocoa con Pitalito y Neiva. Por otro lado, se han presentado manifestaciones pacíficas  en el municipio de Puerto Asís por parte de campesinos que protestan por la expansión de la empresa extractiva en el departamento y los acuerdos incumplidos alrededor de los cultivos de uso ilícito. http://hsbnoticias.com/noticias/politica/paro-agrario-primera-prueba-de-fuego-para-alcalde-de-puerto-210692 Santander La concentración más grande de la protesta está en el sector conocido como La Lizama, donde cerca de 2000 campesinos bloquean la vía que de Barrancabermeja conduce a Bucaramanga. El sector del Macanillo, ubicado entre los municipios de Socorro y Palmas del Socorro también es epicentro de las manifestaciones y finalmente el tercer punto,  sobre la carretera Bucaramanga –Pamplona, en el sitio conocido como Berlín. En la vía de Barrancabermeja a Bogotá, entre Socorro y Oiba también se concentraron cerca de 1000 personas de sur de Santander y occidente de Boyacá se unieron a la manifestación. www.radionacional.co/noticia/actualidad/unos-2-mil-campesinos-santander-participan-del-paro-agrario#sthash.50BO0oey.dpuf http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-en-colombia/16607221 Tolima En la vía que de Saldaña conduce hacia Neiva en el sur del Tolima, están concentradas las comunidades indígenas de municipios como San Antonio, Natagaima, Coyaima, Planadas, Ataco, Saldaña, Rovira e Ibagué. El fin de semana se realizó una marcha carnaval en contra de la megamianería en el departamento. http://caracol.com.co/emisora/2016/05/30/ibague/1464629966_626623.html Valle del Cauca La situación más compleja tiene lugar en  La Delfina, en la vía que conduce de Cali a Buenaventura, a donde llegaron unos 1.000 indígenas en manifestación y se han sumado campesinos con el paso de los días. El fin de semana las comunidades afro de Buenaventura realizaron una toma pacífica al puerto, denunciando la pobreza, corrupción y falta de equidad en el pacífico colombiano. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-en-colombia/16607221 Manejo de los derechos humanos dentro del marco del paro agrario Antioquia El día 30 de mayo, en Valdivia fueron amenazados los integrantes de los Movimiento Ríos Vivos de Antioquia William Gutiérrez, Orlando Gutiérrez, Wilson Vargas y Rito Mena, presuntamente por paramilitares. Por otra parte, en Santuario se desarrollaron acciones de inteligencia ilegal por parte de dos miembros del Gaula del Ejercito del Oriente antioqueño, quienes fotografiaron a los manifestantes que se encontraban concentrándose el día 30 de mayo. En Tarazá, se realizaron acciones de sabotaje la noche del 31 de mayo cuando personas ajenas a la movilización incineraron un tracto camión, bloquearon la vía que comunica al municipio con Caucasia y generaron estragos en el peaje. Arauca En Arauquita, el 30 de mayo fueron retenidos e intimidados campesinos que se movilizaban por la Inspección de Panamá de Arauca. Los policías los retuvieron por 2 horas alegando que ellos tenían hasta 72 horas para la verificación de documentos de los vehículos en los que se transportaban. En Fortul, campesinos que se desplazaban hacia Tame fueron retenidos en varias oportunidades para requisarlos y verificar documentos y antecedentes. En Saravena, el ejército repartió un panfleto en el que invitaba a la comunidad a no participar de las movilizaciones y a denunciar a quienes participaran de las jornadas. Boyacá En el municipio de Sutatá, en la mañana del 30 de mayo 300 efectivos de la fuerza pública abordaron a los manifestantes que se encontraban en el lugar de concentración aduciendo que estaba prohibido reunirse más de dos personas en ese lugar. Allí exigieron la identificación y datos personales de los líderes-voceros José Domingo Mora, Eduvugus Díaz y Nelson Támara. Caldas El 31 de mayo, la policía detuvo a Javier Gañan y Luis Fernanda Hidalgo en la estación de policía Felisa. El 1 de junio en el municipio de Supia, los manifestantes fueron víctimas de hostigamientos e intimidación por parte del ESMAD quien irrumpió en el Resguardo Guascal de la Parcialidad la Trina donde se encontraban concentrados. Esto significó el incumplimiento de los pactos logrados el día anterior de no entrar en los territorios indígenas. En horas de la tarde, la comunidad indígena sufrió una serie de agresiones cuando se encontraban en un espacio de asamblea dejando heridos y ocasionando daños al centro educativo y a varias de las residencias producto de las esquirlas de las armas del ESMAD. Se informa de la liberta de las dos personas detenidas. Casanare En Aguazul, el 30 de mayo, en el sitio de concentración El Charte, la Policía Nacional cuenta con presencia constante desde horas de la mañana. Algunos vestidos de civil y otros uniformados han tratado de intimidar al dueño del predio para que desalojara a los manifestantes, denunciando “ocupación ilegal”. Cauca En Santander de Quilichao, el 31 de mayo, al periodista Oswaldo Pérez le fue impedido tomar fotos en medio de la manifestación en la vereda La Agustina. También fue rociado con gasolina. El primero de junio, en ese mismo municipio, el ESMAD arremetió contra los manifestantes afro que se encontraban concentrados en la vereda Quinamayó. Por las heridas y las esquirlas ocasionadas, se deduce que no están usando armas convencionales. En el municipio de Mondomo, los cinco mil comuneros que se encontraban manifestándose el 1 de junio fueron atacados por 500 miembros del ESMAD y 300 del Ejército Nacional en el sector de cuatro vientos del municipio d Mondomo y en La Agustina, El Pital, El Rosal y Pescado sobre Vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y La María Piendamó. En la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Rosal fueron asesinados dos indígenas. Otros cinco indígenas y un menor de edad fueron heridos, tres de ellos se encontraban manipulando artefactos explosivos. Cesar El 29 de mayo en el municipio de Pelaya, vereda San Pablo, sujetos de la Sijín vestidos de civil registraron con fotografías y videos a los manifestantes. El 1 de junio, en el municipio de La Gloria sobrevolaron helicópteros del ejército en horas de la mañana y fue descubierta una persona ajena a la movilización quien portaba once papeletas de marihuana que serían entregadas a miembros del ejército adscritos al Batallón Ricaurte. En la tarde, fueron retenidos 5 campesinos provenientes de Pelaya en los corregimientos de La Mata y Besotes. Allí fueron fotografiados, sus documentos revisados y retenidos durante una hora. En el corregimiento de La Mata se cuenta con fuerte presencia del ESMAD durante el desarrollo de la manifestación. En la plaza Cañahuate de Valledupar, el 1 de junio desconocidos trataron de llevarse a la fuerza a Guillermo Pérez Rangel, miembro de Congreso de los Pueblos Región Caribe. Chocó En el municipio del Tadó se presentaron enfrentamientos entre el ESMAD y la comunidad indígena, dejando seis heridos, 2 de gravedad. También se reportó al guardia Albino Oki Duade como desaparecido. En operativos desarrollados por la Fuerza de Tarea Conjunta Titán buscaron desbloquear el paso en la vereda el 18 y luego en el 12, para habilitar el tránsito entre Quibdó y Medellín. Córdoba Los días 31 de mayo y 1 de junio, el ESMAD arremetió contra las comunidades Zenúes presentes en el municipio de Chinú. El primer hecho se registró en la troncal del Caribe entre Chinú y Sahagún cuando 2000 indígenas se encontraban concentrados y fueron atacados con granadas lacrimógenas. El segundo hecho ocurrió en la mañana cuando el ESMAD irrumpio contra las casas aledañas a la vía. De los anteriores sucesos resultaron heridas un niño de siete años; el Capitán del Cabildo Chinú, Nell Durango; y el comunero del Cabildo Menor de Achiote de Sampues, José Nicolás Montes; y con problemas de salud 2 niños y una mujer en estado de embarazo. También hubo detención a tres guardias Zenú por parte del personal armado de la Sijín. Cundinamarca El 30 de junio, en el marco de una protesta en cercanías al Concejo de Bogotá se presentaron enfrentamientos entre la policía nacional, el ESMAD y los manifestantes. Guajira En el municipio de Albania, en el km 28 durante el desarrollo de una asamblea de 300 indígenas de la comunidad Yanama descubrieron a un miembro de la Sijín infiltrado realizando labores de inteligencia ilegal. Huila En el municipio de el Hobo el ESMAD realizó una jornada de perifoneo en la que señaló que la Minga Nacional hacia parte de un paro armado. Al día siguiente, el 31 de mayo, el ESMAD atacó a comuneros indígenas dejando un saldo de 10 heridos. El 1 de junio se reportaron 87 heridos luego de una irrupción por parte del ESMAD. Meta En el municipio de Puerto Gaitán, la tarde del 1 de junio se presentaron ataques de la Fuerza pública a los indígenas Sikuani que se encontraban en la cabecera municipal. En estos hechos fue detenido el médico tradicional Sikuani del resguardo UNUMA de Puerto Gaitán, quien recibió golpes violentos por parte del ESMAD. Su estado de salud es crítico y permanece en el hospital de Puerto Gaitán. Nariño En el municipio de Leiva, en inmediaciones de la vía Panamericana que conduce de Pasto a Tumaco, miembros del ESMAD hostigaron e intimidaron a los más de 2000 indígenas que se encontraban concentrados. Posteriormente, la guardia indígena logró hacer que se retiraran. Norte de Santander En el municipio de Ocaña, el 28 de mayo fueron retenidos dos periodistas de Vice-Pacifista que se dirigían al municipio de Convención para el cubrimiento en materia de DDHH de la Minga Nacional. Los miembros del Batallón Santander del Ejército nacional les negó la entrada a la zona luego de revisar la documentación personal y después de indagar por su oficio. Ese mismo día, en Berlín, fueron interceptados los buses en los que se trasladaban participantes de la Minga desde Pamplona hacia el Páramo de Berlín por miembros de la Policía Nacional, quienes le solicitaron al conductor su número de teléfono celular. Posteriormente, unos kilómetros adelante el conductor recibió una llamada y le notificaron que si descargaba los pasajeros en Berlín su bus sería quemado. Luego, recibió una nueva llamada por un interlocutor identificado como miembro de la policía y éste le dijo que no podía dejar a los pasajeros en Berlín porque la gente del municipio los iba a agarrar a piedra. Posteriormente, 40 miembros de la policía siguieron a las comunidades hasta su destino insistiendo en que debían quedarse en el bus toda la noche y ubicarlo en frente de la estación de policía. El 30 de mayo en Toledo, en el corregimiento de Bata, varios campesinos que tenían como destino Berlín fueron detenidos por el Ejército Nacional quienes les quitaron sus documentos de identidad y los obligaron a regresar a su lugar de origen. Santander En el municipio de La Lizama, miembros de la fuerza pública han realizado acciones de inteligencia que consistieron en toma de fotografías, videos y requerimientos de información personal a los presentes en el punto de concentración. Así mismo, miembros del ejército trataron de seducir a las jóvenes con el fin claro de obtención de información. Al día siguiente, el 30 de mayo, se alertó sobre un posible desalojo de las personas que se encontraban acampando en el punto de concentración, luego de que miembros del ESMAD manifestaron que tenían orden expresa de desalojarlos. En el municipio de Tona, el 30 de mayo los policías manifestaron que la alcaldesa del municipio, Carmen Lucero Ramírez Aldana, decretó un toque de queda. En Palmas del Socorro, el 1 de junio, miembros de la Sijín irrumpieron en el punto de concentración de la Minga y tomaron fotografías de los manifestantes. Sucre El 2 de junio resultaron afectados 20 indígenas por los gases lacrimógenos utilizados para la dispersión de la manifestación en la Troncal de Occidente. Valle del Cauca El 29 de mayo en inmediaciones de la Carretera Cabal Pombo en el viaducto la Víbora, fueron agredidas las personas que se encontraban bloqueando la vía. Durante los altercados, fue asesinado el indígena Embera Willington Quibarecama Nequirucama del resguardo Indígena Dachini del municipio de Trujillo, luego de ser arrollado por una tanqueta y caer 20 metros en el viaducto. Por su parte, el indígena Manuel Jovel Dagua fue herido con arma de fuego en su brazo izquierdo. [1] En sus diferentes expresiones organizativas reginales como el Coordinador Nacional Agrario, el Movimiento de Masas del centro oriente colombiano, la comisión de interlocución de centro y sur del cesar y sur de Bolívar, la asociación de familias agromineras de sur de Bolívar y Antioquia, entre otras

Foto: descubre.mdeinteligente.co Dentro de mi experiencia profesional, tuve la oportunidad de participar en la creación de la Secretaría de Seguridad en Medellín en el 2012 y ser el primer subsecretario de planeación en dicho organismo. Hoy, ante las iniciativas de varios alcaldes de implementar este tipo de secretaría en otras ciudades, quiero transmitir algunas impresiones desde mi experiencia en el proceso de creación y puesta en funcionamiento de dicha entidad. La intención de transmitir mi perspectiva sobre el tema, es advertir sobre varios aspectos al momento de pensar en crear nuevas estructuras administrativas para el manejo de la seguridad en las ciudades. La iniciativa de Aníbal Gaviria –alcalde de Medellín entre 2012 y 2015– con la creación de dicha secretaría, era focalizar los temas de seguridad en un órgano que se dedicara exclusivamente al tema, sin tener que administrar otros como pasaba en la Secretaría de Gobierno, que históricamente asumía este y otros aspectos neurálgicos para la ciudad como el espacio público, la convivencia y todo lo relacionado al gobierno local. Este fue un hecho que generó bastantes expectativas a nivel local, pues reasignaría responsabilidades y áreas específicas de gestión e intervención entre secretarías que se veían colapsadas ante la enorme cantidad y diversidad de problemáticas de las que debían hacerse cargo. Sin embargo, desde el principio se presentaron dificultades, pues definir los límites entre la seguridad y la convivencia es un tema que todavía hoy está en discusión. Para muchos existe una relación simbiótica entre estos dos temas y escindir su administración en dos secretarías independientes era un error, que luego se trató de enmendar con la creación de la Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía. Por otro lado, los procesos de transición presupuestal y de funciones fueron traumáticos porque una cosa es el decreto que ordena y otra la realidad administrativa. Esto dificultó el trabajo desde el principio, pues la ordenación del gasto y los compromisos presupuestales seguían siendo de la Secretaría de Gobierno. En el momento no se pensó en este proceso de transición y además en dicho año (2012) correspondía la construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia, lo cual acomplejó su construcción. Tanto así que al leer este se puede observar en algunos puntos cómo temas de seguridad y convivencia no se complementan verdaderamente. Uno de los riesgos que se quería evitar a toda costa y que finalmente no se logró del todo, era que la Alcaldía (en esté caso la Secretaría de Seguridad) fuera una especie de caja “menor” de los organismos de seguridad, en especial de la Policía Metropolitana. A pesar del juicioso ejercicio no solo de construcción del PISC, del plan de seguimiento del mismo y de la construcción de una Política Pública, no se pudo lograr un impacto trascendente como ente articulador y direccionador. En pocas palabras, los organismos no vieron a la secretaría como un socio estratégico sino como un enlace para llegar donde el alcalde para solicitarle recursos. En este sentido, la secretaría ha funcionado más como una bisagra entre los diferentes organismos encargados de la seguridad en la ciudad y el Alcalde o el Vicealcalde, y no ha cumplido con el objetivo de ser una plataforma de administración y gestión de la seguridad. Por esta razón, el impacto de la construcción de la política pública (no sobra decir que ha sido un ejercicio serio) lastimosamente no trascendió en la ciudadanía y en esto se ha perdido una oportunidad. Hoy, el Alcalde Federico Gutiérrez,  viendo el panorama descrito, ha realizado un cambio fundamental en la visión de la Secretaría de Seguridad, volviendo a reunir bajo una sola orbita denominada Secretaría de Seguridad y Convivencia los temas de seguridad, convivencia, gobierno local y espacio público. Con ello pretende que, bajo el liderazgo de dicho despacho, realmente se planeen y coordinen las acciones integrales, que fortalezca la construcción local  y ciudadana enfocada en la prevención y la lucha contra el crimen organizado. La enseñanza que puede dejar todo el ejercicio realizado en Medellín, es que la creación de una Secretaría de Seguridad como tal no es necesaria, pues en la práctica, este nuevo organismo puede significar dificultad en los procesos burocráticos.  Lo recomendable, según la experiencia, es hacer ajustes institucionales en las estructuras existentes, dando más fuerza y protagonismo a los ejercicios de planificación, territorialización y trabajo comunitario de la seguridad y la convivencia, además es necesario fortalecer e integrar en todos estos procesos a los gobiernos  locales (alcaldías locales, comités locales de gobierno), inspecciones de policía, comisarías de familia, y todo lo que represente el Estado en el territorio, volviéndolos protagonistas en estos procesos. Publicidad