Habrá en Colombia una pequeña oportunidad para cambiar las cosas. Producto de la firma de los acuerdos de paz se abrirá un periodo de seis meses en que los acuerdos firmados en La Habana se conviertan en leyes y decretos que los hagan realidad. Los acuerdos de paz hasta ahora son una voluntad de las partes, son como una maqueta grande que toca llenarla de contenido. Para ello, el acto legislativo que fue aprobado la semana pasada, el cual entra en un periodo de conciliación entre Cámara y Senado. En este acto legislativo se establecen unas facultades extraordinarias para el presidente, para que emita decretos con fuerza de ley y se acorta el mecanismo de aprobación de leyes por parte del Congreso de la República. Al final, durante seis meses funcionarán estos mecanismos especiales. Por ejemplo, en el Punto 2 de La Habana, sobre participación política se establece una reforma electoral. No dice nada más, es decir, esta frase se debe llenar de contenido. Así las cosas, esta reforma electoral la podemos dejar atada a ni lograr la personería jurídica con el umbral, que es lo que quieren muchos partidos y movimientos políticos, o aprovechar y acabar con el Consejo Nacional Electoral y crear una institución no politizada y con capacidad de investigación en las regiones. También podemos debatir solamente el Estatuto de Oposición o discutir una reforma profunda a la Registraduría. Igual sucede para el tema de tierras o el Punto 3 de la agenda referida al tema de narcotráfico. Es decir, se puede aprovechar esta esta oportunidad o desperdiciarla y cambiar algunas cosas para que todo siga igual. Sé de algunas reuniones de partidos políticos y organizaciones sociales en las que se plantean algunas reformas tímidas, bajo el argumento de que el Congreso o mejor los congresistas corruptos como los Ñoños o los Gatos Voladores no cometerán suicidio político. Por ello según estos expertos, políticos y organizaciones sociales plantean cambiar algunas cositas pequeñas para que todo siga igual. Lo lamentable es que casi nadie del movimiento social se está preparando, por están metidos en debates estúpidos no saben de esta oportunidad y no la dimensionan Por el contrario, algunos creemos que esta oportunidad se debe aprovechar y llevar las reformas al extremo. Por lo menos en los próximos 20 años no habrá una oportunidad igual. A no ser que se produzca una Asamblea Constituyente. Por eso la ciudadanía, las organizaciones sociales, los movimientos políticos, el movimiento estudiantil, deben preparase estas semanas que quedan para hacer propuestas viables, coherentes, realistas, y profundizar la democracia en este país.  No se puede botar esta oportunidad o hacerle el juego a los corruptos. Lo lamentable de la situación es que casi nadie del movimiento social se está preparando, de hecho, por están metidos en debates estúpidos no saben de esta oportunidad y no la dimensionan. Además, los discursos políticos les impiden avanzar en la discusión técnica de volver artículos sus propuestas. Se votaron tres años a la basura, ahora solo quedan algunas semanas para prepararnos para esta oportunidad. Veremos en unos ocho meses si se cambió todo para que todo siga igual o si en realidad logramos avanzar en reformas que acaban con los autoritarismos locales y la ilegalidad en la política. Nota publicada en las2orillas.co

Está feliz la derecha en la región. La izquierda está perdiendo las elecciones o la están desalojando del poder. En Brasil y en Venezuela se están viviendo situaciones más dramáticas. En Argentina también se libró una angustiosa batalla política. En Perú la izquierda no alcanzó a pasar a segunda vuelta y este domingo se tiene que contentar con apoyar a un connotado exponente de la derecha para intentar atajar a la hija de Fujimori. En Ecuador y Bolivia el panorama para las próximas elecciones no es alentador. Los dirigentes de las fuerzas derrotadas o acosadas tienen una explicación: se trata de una conspiración de la derecha con alguna ayuda de fuerzas externas. Los rivales tienen otra explicación: es la ineficacia, la mala gestión, la incapacidad para gobernar estos países que están en camino al desarrollo. Es cierto que en algunos de ellos la derecha está urdiendo las más oscuras intrigas para hacerse al poder. En Brasil es evidente. El juicio que se le adelanta a Dilma Rousseff es una mascarada en la que se ha tejido una alianza entre las fuerzas más corruptas con el propósito de separar a la mandataria del gobierno. Es cierto también, como afirma la derecha, que en algunos casos hay una desastrosa administración de los recursos. Pero las dos explicaciones son insuficientes. Me atrevo a decir que en el fondo de la crisis que vive la izquierda hay tres causas: ninguno de los partidos o movimientos de esta corriente política ha podido forjar un proyecto económico viable; ninguno ha podido conjurar los brotes innegables de corrupción; y a todos los está afectando la fatiga de la ciudadanía con la prolongación indefinida de los mandatos. El Partido de los Trabajadores y Luiz Inácio Lula da Silva lograron crear la ilusión de un modelo económico que al tiempo que distribuía riqueza producía un desarrollo inmenso. En sus dos mandatos Lula sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza y produjo una gran transformación económica. Pero llegó la crisis y esa ilusión se desvaneció. El combate a la inequidad y a la pobreza no tenía una base estable, tampoco el crecimiento económico. La izquierda no ha encontrado el camino para convertir la riqueza natural de los países de la región en riqueza productiva. Es ese el gran reto. La orientación de la izquierda, con variaciones de un lugar a otro, con matices, ha sido extraer rentas de la tierra y distribuirlas vía programas asistencialistas. Esto no es, desde luego, censurable. Hay allí un ánimo justiciero que no se puede abandonar. Pero ha quedado demostrado que esto no produce nuevas economías. Venezuela es la muestra más palpable. Al tiempo la corrupción ha golpeado duramente en las puertas de la izquierda. Después de haber fustigado durante décadas a la derecha en el poder por el abuso en la utilización de los recursos, esta corriente política ha tenido que admitir que también ella, una vez asentada en el gobierno local o nacional, puede caer en graves escándalos de corrupción. Ninguno de los gobiernos se escapa de algún brote. El menor podría ser el que afectó a la familia de Michelle Bachelet, pero dada la aureola que ha rodeado a esta gran líder chilena, las denuncias tuvieron un grave efecto en su mandato. Aparte de los fracasos económicos y de los agujeros negros en la transparencia está el cansancio ciudadano con la prolongación de los mandatos. Hay una ley de la democracia contra la cual es inútil luchar: el ir y venir del péndulo político. La izquierda latinoamericana no se ha dado cuenta de eso. En los países de competencia política abierta, con reglas institucionales estables, con equilibrio de poderes, es imposible que una corriente permanezca por tiempo indefinido en el poder. Incluso si los gobiernos tienen muchas bondades la ciudadanía se fatiga viendo a los mismos. Aguanta dos, con dificultad tres mandatos. Pero el cuarto suele convertirse en una pesadilla. La situación se agrava cuando, además, hay que cambiar las reglas de juego para acceder a esta continuidad en el poder. El caso boliviano es muy ilustrativo. Un presidente tan popular como Evo Morales acaba de perder un referendo para prolongar su mandato. En conversaciones con mis amigos de izquierda me he dado cuenta de que muchos toman las derrotas de la izquierda como una verdadera tragedia, como si fuera una pérdida definitiva. También la derecha alienta la idea de que nunca más volverán gobiernos de este signo. Pero pasar a la oposición no es, en una verdadera democracia, una tragedia; es, si se quiere, un hecho inherente del juego político. Es más, puede ser una bendición. Para algunos casos en América Latina creo que lo es. A algunos partidos y líderes políticos les convendría un tiempo de reflexión sobre nuevas alternativas económicas; un tiempo de depuración de sus filas para prevenir la corrupción; un tiempo en la calle y en la crítica, para aspirar, de nuevo, a conducir a estos países tan complejos en su adolescencia democrática. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Foto: www.webinfomil.com Recientemente el Ministerio de Defensa anunció que los Fuerzas Militares podrán bombardear campamentos y zonas donde se encuentren los Grupos Armados Organizados (GAO), antes llamadas bacrim. Con ello se buscaba  combatir lo que se denominó la nueva gran amenaza a la seguridad del país. Sin embargo, este anuncio produce una mezcla de risa e indignación. Luego de la desmovilización paramilitar, nacieron en diferentes regiones una serie de estructuras que se les denominó rearmadas, es decir, que se desmovilizaron y se rearmaron al poco tiempo, a otro grupo se les denominó disidentes, es decir, que nunca entraron al proceso de desmovilización, y los grupos emergentes que nacieron en las zonas donde operaban los grupos paramilitares, pero tenían rasgos distintos a los anteriores. Después de 2009 la situación cambió sustancialmente. Los tres grupos anteriores desaparecieron y nacieron organizaciones criminales que funcionaban en forma de red y, si bien se ligaban a políticos, empresarios rurales y sectores de las fuerzas militares, la forma de funcionar en el territorio se había modificado en relación con la de los paramilitares. Tres cambios son importantes. Por un lado, los contingentes armados estables desaparecieron, solo se mantienen algunas escuelas de entrenamiento y pequeños grupos armados alrededor de fincas donde se encuentran los jefes de las organizaciones. Pero las frentes de hombres armados desaparecieron. Lo que prima ahora son redes urbanas y estructuras pequeñas en zonas semiurbanas, las cuales pueden ser agrupadas rápidamente en caso de una operación en zona rural. Así, luego de la operación, estas estructuras se dispersan nuevamente. En segundo lugar, en la medida que no mantienen contingentes grandes en zonas rurales,  no viven en campamentos, la mayoría de las veces permanecen en sus casas y algunos viven en las fincas donde se mueven los jefes. Lo cual significa que estas organizaciones no reclutan en la vieja forma de sustraer los jóvenes del hogar, en la mayoría de los casos los jóvenes viven en sus casas, con sus familias. Estas estructuras operan con redes urbanas, subcontratan  pandillas y grupos delincuenciales urbanos para operar mercados ilegales y mantener disputas con otras organizaciones criminales Por último, estas estructuras operan con redes urbanas, subcontratan pandillas y grupos delincuenciales urbanos para que operen mercados ilegales o para que mantengan disputas con otras organizaciones criminales. Así las cosas, la mayoría de estas organizaciones criminales tienen una fuerza élite pequeña y en los demás son estructuras subcontratadas. De tal forma que el anuncio sobre bombardear a las bacrim o ahora denominados Grupos Armados Organizados causa risa, ¿será que van a bombardear ciudades o fincas? Lo que este anuncio demuestra es la necesidad e buscarles trabajo a las Fuerzas Militares después de la dejación de  armas de las Farc y, obviamente, enviar un mensaje a La Habana sobre la decisión férrea de combatir estos grupos  a los que las Farc ven como la gran amenaza del posconflicto. Es decir, es un anuncio político, pero su efecto será nulo en la estrategia y táctica militar para combatir estas estructuras u organizaciones criminales. Nada nuevo, nada eficaz para detener esta gran amenaza, más de lo mismo.

El segundo mito dice que estructuras de las Farc van a reincidir, y se crearán algo así como “farcrim”. Algunos analistas dicen que esto será producto de una decisión deliberada de las Farc y otros, por el contrario, piensan más en los milicianos y en que es algo normal que entre el 10 y el 15 % de los miembros de un grupo armado ilegal formen disidencia. Esto igualmente no se comprobó en terreno, aunque en este caso sí existe un riesgo más alto que el anterior. Entre el mes de enero y mayo 10 de 2016, la Fundación Paz y Reconciliación envió equipos en terreno para realizar una investigación sobre el futuro de la reintegración. Los resultados preliminares arrojan al menos tres conclusiones. La primera es que el riesgo de que el Eln o las bacrim subsuman tropa de las Farc es bastante bajo, lo que se evidencia es que las Farc podrían ser masacradas por otros grupos armados ilegales una vez dejen las armas. Por ejemplo, para el caso del Eln, no debe olvidarse que entre 2007 y 2010 estas dos guerrillas vivieron una verdadera guerra en la que se masacraron incluso familiares de los guerrilleros; la disputa se vivió con intensidad en Arauca y Nariño. Igualmente, en el caso de las bandas criminales, desde finales del año 2015 se sabe de denuncias de incursiones de los Urabeños en el Meta o Caquetá. Las tipologías que se encontraron fueron las siguientes. 1. Tensiones entre Eln y Farc en Arauca y Nariño. 2. Combates entre Eln y bacrim. 3. Combates entre Farc y bacrim. 4. Alianza entre Eln y Farc para combatir bacrim. En Truandó, en el bajo Atrato, departamento de Chocó, y en el Bagre, Antioquia, hubo enfrentamientos entre tropas del Eln y las Farc contra contingentes muy importantes de los Urabeños o clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estos Urabeños comenzaron incursiones a la zona a mediados de enero del presente año y han reunido a las comunidades para extorsionarlas y decirles que ellos ahora son los que mandan. Los contingentes eran tan grandes que las comandancias de ambas guerrillas tuvieron que planear operativos conjuntos. El operativo se presentó en el corregimiento de Puerto López y los combates duraron cerca de ocho horas. Eso ocurrió el 12 de abril. El mapa muestra las tipologías de hechos y los lugares donde ocurrieron para el año 2016. La incursión de los Urabeños en El Bagre ha sido particularmente violenta. No se debe olvidar que hace algunas semanas fue asesinado el expresidente del Concejo de este municipio. Otro de los casos complejos se presenta en el departamento del Chocó, donde se registran combates intensos entre el Eln y los Urabeños, que han dejado más de 3.000 desplazamientos en las últimas semanas. El municipio más afectado es el Litoral de San Juan. En el Meta, Guaviare y algunas zonas de Antioquia, todos ellos territorios de las Farc, se han presentado incursiones de los Urabeños en los últimos meses. En febrero se observaron contingentes de los Urabeños en la vereda El Cerrito, en San Juan de Arama. Allí han reunido a la comunidad para extorsionar y presentarse como los nuevos dueños del territorio. En Putumayo, la banda criminal la Constru hace lo propio y manifiesta que, una vez las Farc “se vayan, nos responden a nosotros”. Pero lo más delicado es que en Cauca, Nariño y principalmente en Arauca se han presentado fuertes roces entre ambas guerrillas, que incluso han llevado a un total de cinco homicidios. También en algunas zonas de Cauca y Chocó, el Eln ha incursionado en territorios de las Farc, lo cual ha llevado a que algunos piensen que se intercambian brazaletes, pero en realidad son contingentes diferentes. Lo que no se ha podido establecer es si esto se hace con permiso de las Farc o no. Todo indica que en Cauca sí y en Chocó no. Todo parece indicar que el proceso de copamiento de otros grupos armados ilegales o actores criminales en las zonas de las Farc tendría tres objetivos. El primero se refiere al posicionamiento o control de las economías ilegales. El segundo tiene que ver con que muchos grupos neoparamilitares, como los Urabeños, estarían siendo contratados para asesinar líderes sociales, principalmente líderes de restitución de tierras. El siguiente mapa muestra la ubicación de los asesinatos de estos líderes en los últimos años. El tercer objetivo es que muchas élites locales y regionales le temen al proceso de paz vía competencia política de las nuevas minorías que surgirán luego, y han comenzado a asesinar liderazgos sociales. Entre septiembre del año 2015 y mayo de 2016 han sido asesinados 15 líderes regionales, muchos de ellos con aspiraciones de participación política. Así que la guerra por los territorios de las Farc comenzó y el Estado no se preparó para este reto. En algunas regiones el posconflicto podría ser particularmente violento.

Todo parece indicar que el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no sólo quiere pasar a la historia como uno de los ministros más cuestionados por temas de corrupción al llevar una racha de 12 años de cuestionamientos: estuvo en el escándalo de Dragacol, luego Reficar y ahora de Isagén, con las subastas de uno. Además, fue el encargado de repartir toda la mermelada de los cupos indicativos para las elecciones de 2014; es decir, un digno representante del Partido Conservador. El Ministro también quiere pasar a la historia como el hombre que le hizo conejo a las regiones más pobres del país y que más han sufrido el conflicto armado y la violencia en general. La semana pasada en la votación del acto legislativo para la paz, por medio del cual se crean los instrumentos jurídicos para la implementación y el desarrollo normativo de los acuerdos de paz, el Partido Conservador, sin aclarar nada, ni debatir, se sumó a la postura de Cambio Radical y el Centro Democrático. Básicamente estos tres partidos no sólo se van a convertir en obstáculo para aprobar este acto legislativo, sino que se han ensañado contra el artículo tres, el cual fue incluido por el Partido Verde y busca crear un Plan de Inversión para la Paz. La situación es la siguiente. La gran diferencia del actual proceso de paz entre el gobierno y las FARC, con los procesos de paz anteriores como los del M-19, la Corriente de Renovación Socialista o el EPL, es que esta vez se contempla o se buscará superar las causas estructurales del conflicto. Esto significa que habrá un postconflicto nacional, donde se trabajaran los temas de estatuto de la oposición, reformas electorales, reformas legales a la participación política, institucionalidad para temas de tierras y nuevas formas de interlocución entre el gobierno nacional y la oposición. Pero también existirá un postconflicto regional, es decir, se deberán hacer inversiones importantes en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Se destacan la formalización de la propiedad, construcción de vías terciarías, fortalecimiento institucional, llevar proyectos de desarrollo rural y distritos de riesgo, entre otros. Este postconflicto territorial deberá priorizar las zonas más afectadas por la confrontación armada, esto quiere decir que se deben priorizar municipios. Colombia tiene un poco más de 1100 municipios, de ellos, aproximadamente 281 han vivido con más fuerza y de manera directa el conflicto armado. Es decir, este grupo municipal es el que debe priorizarse. Corresponde a cerca del 24% del total de municipios del país, también tiene una superficie cercana al 40% del total del territorio nacional, pero sólo vive un 16% de la población del país. El siguiente mapa muestra la ubicación de estos municipios donde se clasifican en niveles de vulnerabilidad frente a probabilidad de nuevas olas de violencia una vez se firme la paz, y a la capacidad institucional de esos municipios y departamentos para asumir los nuevas retos del postconflicto. Como se ve en el mapa, las zonas más pobladas no han sido tan afectadas por el conflicto armado, por ejemplo Cundinamarca, Boyacá y las 7 principales ciudades del país. Lo que esto significa es que si no hay una priorización que se establezca en el marco de los acuerdos de paz, esa plata se irá para las zonas más pobladas donde hay más votación y las cuales se encuentran sobre representadas por políticos, en su mayoría corruptos. La otra posibilidad es que la plata no aparezca y se prioricen otras inversiones. En todo caso aun apareciendo se deben tomar medidas para que estos recursos no se pierdan en corrupción. En estos 281 municipios, la institucionalidad es débil, los mercados internos legales y las veedurías ciudadanas son escasos y frágiles. Es decir, allí como lo dijo la Senadora Claudia López nos toca construir Estado, mercado y ciudadanía. Por ello, es que se incluyó en el acto legislativo un artículo que prevé destinación de recursos para esas zonas. El artículo tres establece que: “El Gobierno Nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado. Estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales” Lo que pasó la semana pasada es que el Partido Conservador ante los ojos de toda Colombia se alineó al lado del Cambio Radical y el Centro Democrático, quienes están buscando sacar este artículo y nuevamente dejar estas zonas pobres en la miseria y hacerles conejo. Al indagar con los Conservadores, todos los congresistas señalaron al Ministro Cárdenas y además algunos compañeros de gabinete. La pregunta es, ¿por qué el Ministro Cárdenas y el Partido Conservador le quieren hacer concejo a las regiones más pobres del país? Lo de Cambio Radical y el Centro Democrático ya se sabe, se oponen a la paz, no les gusta, ya que varios de sus militantes saben que si hay paz deben pasar por La Jurisdicción Especial para la Paz y devolver la tierra despojada. Además, ellos quieren los recursos para zonas pobladas donde los Char o los Cotes puedan contratar, es decir, esas familias que gobiernan la Costa Atlántica y que han hecho de la política un negocio. Lo del Partido Conservador podría tener la misma explicación, pero llama la atención que uno de los Ministros que ha manifestado públicamente apoyar la paz y estar alineado con el gobierno ahora quiera sabotearla por debajo de la mesa. Si estos tres partidos se unen en plenarias, el artículo sería sacrificado. Columna de opinión publicada en Semana.com

Aún después de 48 horas de desaparecida la periodista Salud Hernández en el corregimiento de Filo Gringo, la Fuerza Pública no ha logrado consolidar la zona. De hecho, ayer al medio día dos periodistas de Caracol y RCN televisión fueron abordados en un retén de un grupo armado ilegal en dicha zona y no apareció fuerza pública. En medio de este debate y de las plegarías para que la periodista Hernández salga sana y salva de allí, dos cosas llaman la atención. Por un lado, la zona del Catatumbo es una de las más militarizadas del país, allí se han hecho múltiples operaciones militares, incluso en los años anteriores dos de gran magnitud fueron lanzadas en la zona, ya que en esa región se movía Timochenko y gran parte de la comandancia del ELN.  Sin embargo, después de estos operativos militares y de más de 15 años de política antidrogas y contrainsurgencia, la Fuerza Pública aún tiene muchas dificultades para moverse. Algunos policías le dicen al municipio del Tarra Tarrakintán, para referenciar lo complejo del lugar. Lo segundo que llama la atención es que al final del día de ayer, es decir, 48 horas después de desaparecida Salud Hernández, el comandante del Gaula de la Policía solo había podido hablar con un supuesto mototaxista que había llevado a la periodista. Pero no se había logrado poner a funcionar todo el aparato de inteligencia del Estado. La sociedad colombiana vive la ficción de que todo está bien a cuenta de la seguridad de las grandes vías de comunicación del país Estos dos hechos permiten hacer varias hipótesis de trabajo. Hay tres muy importantes. La primera, como la región del Catatumbo hay cinco en el país. La Sierra Nevada de Santa Marta, La costa Pacífica Nariñense, el norte del Chocó y en general el Urabá chocoano y antioqueño, el sur del Chocó, y la región de Arauca. Allí, la fuerza pública no ha logrado controlar el territorio, de tal forma que después de 16 años de Plan Colombia, Política de Consolidación Democrática, el gran logro ha sido que el Estado consiguió controlar y expulsar a los grupos armados ilegales de las grandes zonas de producción y comercialización del país y de las vías de comunicación; pero en las zonas periféricas la situación no cambió mucho. Por ejemplo, las Farc salieron de Cundinamarca y Boyacá, pero los frentes de estas zonas se consolidaron en el sur del Meta. Es decir, la sociedad colombiana vive la ficción de pensar que todo está bien a cuenta de la seguridad de las grandes vías de comunicación del país. La segunda hipótesis es que en estas zonas la represión por sí sola no genera seguridad, es importante y necesaria, pero no resuelve los temas. En el Catatumbo, por ejemplo, cerca del 60 % de la población del municipio del Tarra vive de la economía ilegal. Allá no hay vías terciarias, las zonas rurales no tienen energía, por lo eso no pueden refrigerar la comida, no hay propiedad de la tierra sino posesión por lo cual los campesinos no pueden acceder al crédito; es decir, el funcionamiento de la sociedad está hecha para que no quede otra alternativa que la economía ilegal. Aunque se han tenido resultados militares, lo cierto es que se ha condenado a la población pobre a vivir de la ilegalidad, y la ilegalidad solo la administran organizaciones criminales. Por último, hay un tema grande de corrupción: en los últimos meses y antes de la muerte de Megateo se sabía de la doble nómina a miembros de la Policía y en general personal de la seguridad el Estado. Igualmente, Norte de Santander fue uno de los departamentos donde el fenómeno de la parapolítica fue más profundo, pero la impunidad es de las más altas. La pervivencia de organizaciones criminales también es producto de la penetración criminal al Estado y la corrupción.

El 1º de enero de 2016 se dio posesión al Gobernador de Antioquia para el periodo 2016-2019, Luis Pérez Gutiérrez, avalado por el Partido Liberal, Cambio Radical y el movimiento ‘Pensando en Grande’. Durante la campaña para las elecciones del 25 de octubre de 2015 el entonces candidato Pérez Gutiérrez fue uno de los más cuestionados por sus presuntas alianzas con desmovilizados y corporaciones vinculadas al narcotráfico y a criminalidad, en ese momento Autodefensas Unidas de Colombia, como la Corporación Democracia, siendo candidato para la Alcaldía de Medellín en 2011. Estos antecedentes lo llevaron a hacer parte de la lista de Candidatos cuestionados de la Fundación Paz & Reconciliación. Pese a que el candidato a la Gobernación se cuidó mucho de no aparecer vinculado en fotografías y en reuniones políticas con algunos caciques cuestionados, hubo eventos públicos en donde compartió tarima con líderes políticos y aliados con serios cuestionamientos. Algunos de ellos fueron: Óscar Suárez Mira, de Bello; Luis Javier Castaño, excongresista vinculado al narcotráfico; Óscar Aníbal Suárez, alcalde electo de Caucasia; Alejandro Abuchar González, alcalde de Turbo, relacionado con redes de narcotráfico, entre otros. La estructura de lo que será la gobernación de Antioquia en el periodo 2016-2019, está basada en el marco guía del Plan de Desarrollo: “Pensando en grande”, el cual ha formulado un componente de Paz y Posconflicto, el cual será ejecutado por la recién creada Gerencia de Paz y Posconflicto, creada por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 010 de marzo de 2016. Para el nuevo cargo de Gerente de Paz y Posconflicto fue seleccionado Luis Guillermo Pardo, quien fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, consultor del PNUD y el BID, Asesor de Paz para Medellín, Delegado Presidencial de Reinserción para Antioquia y Chocó; y, en 2015, Presidente de la ONG C3, la cual estudió a profundidad la problemática delincuencial y de micro-tráfico del centro de Medellín. Se espera que esta nueva gerencia encamine el departamento para que genere una transición pacífica en el postconflicto. Ver documento completo Descargar informes Descargar

El acuerdo especial que el gobierno y las Farc anunciaron la semana pasada causó un gran revuelo. Tres fueron las críticas. La primera liderada por la senadora Claudia López y replicada por el Centro Democrático manifestaba que las Farc estaban legislando y que el gobierno había hecho muchas concesiones. Además, se preocupaban porque le quitaban la capacidad de legislación al Congreso. La segunda crítica venía de algunos juristas quienes manifestaban que incluir el acuerdo La Habana vía acuerdo internacional y por ende en bloque de constitucionalidad era algo bastante creativo y no gustaba a la ortodoxia jurista. Por último, algunos manifiestan que en la medida que no se conoce los acuerdos de paz blindarlos es muy difícil de aceptar. Después de leer estas críticas solo queda decir, que la primera y tercera crítica son estúpidas y bastante alejadas de la realidad. La segunda es mucho más aceptable y debatible. Sobre la primera crítica, que se refiere a que las Farc mandaron a legislar al Congreso y lo dejaron maniatado se pueden decir dos cosas. Por un lado, lo que queda blindado es el acuerdo paz, acuerdo que no es de las Farc, sino de una mesa de negociación en la que participan el gobierno y las Farc. El acuerdo de paz prevé una reforma electoral, fundamental para el país, si ese acuerdo no se blinda, las mafias en el Congreso no aprobarían nada Por ende, lo que se evita con ese blindaje es que a ese acuerdo hecho seriamente por el equipo del gobierno y de las Farc sea modificado en el Congreso. Ya sea que le quiten algo o le agreguen algo. Las partes lo que evitan es que se hagan trampa. Por ejemplo, el acuerdo de paz prevé una reforma electoral, la cual es fundamental para el país, si ese acuerdo no se blinda, las mafias en el Congreso no aprobarían nada. Igualmente, las Farc han promovido una gran reforma a las Fuerzas Militares que apoyan varios sectores políticos, con ese blindaje se bloquea esa posibilidad. Por otro lado, el articulado lo hará el Congreso de la República, es decir convertirán ese acuerdo de paz en artículos y leyes, lo que pasa es que se restringe la interpretación de los mismos. Pero el Congreso cumplirá su papel. Con respecto a la tercera crítica, sobre que se blinda algo que no se conoce es igualmente falso, esto sí que es falso. No debe olvidarse que desde el año pasado, el punto uno sobre temas agrarios, el punto dos de participación política, el punto tres sobre narcotráfico y el punto cuatro sobre víctimas y que incluye el modelo de justicia transicional, fueron publicados y el o la que quiera puede leerlos y conocerlos.  Es decir, es falso que no se conozcan, que la gente no los lea y haga alarde de la ignorancia no significan que sean secretos o que se negocie por debajo de la mesa. Con respecto a la segunda crítica la situación si es un poco más compleja. Por un lado, la salida de Acuerdo internacional y que ingrese por Bloque de Constitucionalidad es una opción heterodoxa que obviamente pone en complicaciones a los juristas tradicionales, pero no es una salida inviable o ilegal, es más bien una interpretación ampliada de los Acuerdos de Ginebra. EL DIH es un mecanismo para humanizar la guerra y no para terminarla, es básicamente la posición de los juristas ortodoxos; sin embargo, en el articulado se deja ver la posibilidad de que sirva para acabar la guerra. En todo caso es un debate abierto y muy seguramente no se detendrá en las próximas semanas. Columna de opinión publicada en las2orillas

El actual senador Álvaro Uribe ha llamado a la resistencia civil. La convocatoria se fundamenta en al menos dos cosas. La primera se refiere al rechazo de los acuerdos de paz por la supuesta impunidad que generarán y la segunda es la protección a una serie de élites mafiosas que se quedaron con la tierra despojada a campesinos y que ven en el proceso de paz una amenaza a todo lo que conquistaron ya que la paz significaría averiguar la verdad y devolver lo despojado, a estos sectores se les llama los “terceros de buena fe”. La gran mayoría de estas élites se agrupan en el Centro Democrático. El proceso de paz no traerá impunidad, de hecho traerá justicia. Lo que no va a dar es cárcel, pero la cárcel no es sinónimo de justicia. Existirá una jurisdicción especial que premiará la verdad y dará incentivos para la misma. Al final se conocerá mucha más verdad y se repararán muchas más víctimas con proceso de paz que sin él. Es decir, el fracaso del mismo sí que traerá impunidad, ya que será como un borrón y cuenta nueva. A continuación se demostrará como la resistencia civil de Uribe no es otra cosa que la protección de mafiosos, de hecho su discurso de impunidad es bien cuestionable a la luz de las mafias con las que gobernó durante sus dos periodos presidenciales. Tres ejemplos son básicos. El primer ejemplo es el círculo cercano que rodeó a Uribe durante su presidencia. Este círculo está totalmente vinculado al narcotráfico. Dos de sus edecanes presidenciales están presos por narcotráfico. El primero es el general Santoyo, quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. Él era el hombre cercano a Uribe, trabajó durante su gobernación en Antioquia donde recibió fuertes cuestionamientos por conductas violatorias a los derechos humanos cuando se desempeñaba como jefe del Gaula. A pesar de ello su carrera no se detuvo y por el contrario se disparó con Uribe. Fue su hombre de seguridad desde que era candidato a la presidencia. A Santoyo lo reemplazó Flavio Buitrago quien se encuentra preso por lavado de activos. Asimismo, como si fuera poco, su cuñada y su sobrina han sido sindicadas de narcotráfico. Su cuñada es Dolly Cifuentes quien estuvo casada con Jaime Alberto Uribe Vélez, es madre de Ana maría Uribe Cifuentes. Dolly fue extraditada a los Estados Unidos  por narcotráfico, allá se declaró culpable. Para la justicia norteamericana Dolly era del clan de los Cifuentes Villa quienes eran socios de Chapo Guzmán.  Los hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’, conspiraron en el envío de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y lavar dinero del narcotráfico. Era tal la cercanía de la administración Uribe que se reunía con narcotraficantes en la casa de Nariño y con ellos planeaba conspiraciones contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pedro Antonio López más conocido como Job, quien fue jefe paramilitar y narcotraficante, en 2008 entró a la casa de Nariño donde se reunió con personas del círculo cercano a Uribe para planear un complot contra el entonces magistrado Iván Velázquez. Job murió en extrañas circunstancias tiempo después. Otro ejemplo es la complicidad del gobierno Uribe con la bancada de la parapolítica. A la fecha han sido condenados 61 ex congresistas. La mayoría de ellos ejercieron entre los periodos de 2002 -2010. Varios presidentes del Congreso entre ellos Javier Cáceres e igualmente el primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe, fueron condenados por concierto para delinquir. La bancada de la parapolítica militaba en diferentes partidos. Los congresistas de la Parapolítica presentaron un total de 250 proyectos de ley entre 2002 y 2006. Entre los proyectos de ley que presentaban estaban reformas legislativas, temas presupuestales y reformas electorales. Entre 2006 y 2010 la situación fue similar: cerca de 200 proyectos de ley presentados por los parapolíticos. En la gran mayoría de estos proyectos el voto de los parapolíticos fue disperso. Es decir, no hubo como tal una bancada de estos congresistas: algunos votaban a favor y otros en contra. Solo hubo un tipo de proyectos en los que estos congresistas votaron incluso en contra de las directrices de los partidos y se comportaron como una bancada. Fueron las denominadas leyes de tierras que se presentaron durante el gobierno Uribe.  El Estatuto Rural, la ley forestal, la ley de biocombustibles y la ley 1182 de 2002 de saneamiento de la propiedad falsa. De hecho, con esta última ley que duró en vigencia varios años se legalizaron miles de despojos a campesinos pobres. La ley forestal fue tumbada por la Corte Constitucional, debido a lo maligna que resultaba para el país. Es decir, no solo tuvo vicios de trámite sino una ilegalidad patente del articulado, lo que llevó a su inconstitucionalidad. Lo que llama la atención es que, la mayoría de estas leyes fueron de iniciativa del ejecutivo y los ponentes eran los parapolíticos. Las pocas que fueron de iniciativa legislativa fueron apoyadas activamente por el ejecutivo. Por ejemplo, Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda para el 2003, presentó la ley de biocombustibles, que pretendía beneficiar las plantaciones de Palma Africana de los paramilitares. Al final la Corte la declaró inconstitucional. Luego la ley fue presentada de nuevo con algunos cambios. Los parapolíticos participaron activamente en esta ley. Es decir, los parapolíticos y el gobierno crearon leyes para los despojadores, es lo que Luis Jorge Garay llama Reconfiguración Cooptada del Estado, es decir, es aquella cooptación criminal en la cual se trasforma el aparato institucional y normativo a largo plazo, donde se convierte lo ilegal en legal. El último ejemplo es tal vez la riqueza de los hijos de Uribe. Pasaron de plagiar tesis en la Universidad de Los Andes, -Jerónimo no fue expulsado y logró terminar su carrera-, para convertirse en hombres ricos, en cosa de meses. De hecho, no han querido mostrar su declaración de renta. Llama la atención que aún no se ha aclarado cómo llegaron a convertirse en prósperos empresarios. Las chuzadas del DAS, la compra de la reelección de Uribe, los falsos positivos, son otros de los escándalos. Un último dato que vale la pena mencionar es que durante la dictadura de Pinochet en Chile fueron asesinados 3 mil personas. En los 8 años de Uribe habría ocurrido más de 4 mil falsos positivos según investigaciones de la fiscalía. Ahora se entiende que la Resistencia civil de Uribe no es contra la impunidad: es para lograr la total impunidad. Columna de opinión publicada en semana.com

El presente documento tiene como objetivo principal realizar un análisis de los 100 primeros días de gestión de la Gobernación de Bolívar, liderada por Dumek Turbay Paz, revisando la composición del mapa burocrático que se ha conformado en la nueva administración. A su vez, se desarrolla un análisis frente a la propuesta de Plan de Desarrollo Departamental que se encuentra en discusión y socialización en los diferentes municipios de Bolívar para su próxima aprobación. Para tal fin, el documento  presentará los restos que tiene la administración en términos de gobernabilidad, transparencia y cómo se sitúa en un escenario de posconflicto, pasando a analizar el perfil del Gobernador Turbay, describiendo la dinámica político electoral de las elecciones para autoridades locales de octubre de 2015 en las que Turbay salió ganador y cómo diferentes fuerzas políticas del departamento incidieron durante la campaña; luego se presenta una reseña sobre la composición del gabinete de gobierno, de los perfiles de los diputados de la Asamblea Departamental de Bolívar y de los  Órganos de Control. Posterior a la revisión del mapa burocrático, se hace un análisis de la propuesta del Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar sí avanza 2016-2019”, identificando los ejes principales de gobierno y las apuestas para el posconflicto. Es fundamental resaltar que desde el Gobierno Nacional se ha solicitado que todas las administraciones departamentales y municipales incluyan el postconflicto dentro de los ejes estratégicos de sus planes de desarrollo. Por tal razón, el análisis que se presentará en cuanto a la propuesta del Plan de Desarrollo Departamental estará enfocado a identificar las estrategias y propuestas orientadas a preparar al departamento para el posconflicto, revisando además temas relacionados con el presupuesto, formas de participación ciudadana, entre otros. Ver documento completo Descargar informes Descargar

El Gobierno Nacional  y los delegado de las Farc brindar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final de paz, con mecanismos para que lo pactado se ajuste al derecho colombiano y al derecho internacional. La fórmula es convertir el texto final en Acuerdo Especial Humanitario, y someterlo a su trámite en el acto legislativo para la paz, que actualmente hace trámite  en el Congreso de la República, con el ánimo de que se le inserte un artículo transitorio para que, en desarrollo del derecho a la paz, se determine que el acuerdo final para la terminación del conflicto representa un “Acuerdo Especial en los términos del artículo tercero común de los convenios de Ginebra de 1949”. Con este procedimiento, el pacto final ingresará en el bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico colombiano También se acordó que el Consejo Federal Suizo será el depositario del acuerdo final de paz, y que el Ejecutivo promoverá una serie de modificaciones en el Acto Legislativo para la paz antes del 18 de mayo. El texto del acuerdo adoptado es el siguiente: I.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo de 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara: “Artículo xxx: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así: Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final. En desarrollo del Derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones  constitucionales conjuntas  del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo. El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo transitorio xxxx contemplado en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el artículo xxxx El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático. El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático. II.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016, añadirá en el parágrafo j)  del artículo 1  del PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 04 DE 2015 SENADO, 157 DE 2015 CÁMARA, la palabra “único” en el siguiente párrafo: “j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático de constitucionalidad  (….)” quedando así dicho texto: “j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único  de constitucionalidad  (….)” III.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016,  retirará de la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara la proposición aditiva “artículo transitorio. Jurisdicción Especial para la paz” IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre de 2015. Dicho artículo transitorio entrará en vigor una vez entre en vigor el Acuerdo Final. V.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, se depositará, inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra. VI.- Igualmente, el Gobierno Nacional y las FARC EP acuerdan que una vez aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se dé la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero,  generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Hace algunos días el presidente de FEDEGAN apareció en diferentes medios de comunicación negando que exista una persecución o masacre de líderes de restitución de tierra. De hecho me llamó mentiroso y citó una denuncia que hice sobre la existencia de varias estructuras armadas en algunas zonas del país que se hacían “llamar ejército anti-restitución”. Dijo que era falsa y que todo se trataba de una campaña negra contra los sectores del empresariado rural y particularmente contra algunos sectores ganaderos, que actualmente se encuentran denunciados por casos de despojo de tierras y asociación con grupos paramilitares. Es bueno recordarle al señor Lafaurie cuatro datos.  El primero se refiere al análisis de las 1500 sentencias que hasta el momento se han dado en el marco del proceso de restitución de tierras. Que de por sí ha sido un fracaso. Después de varios años de aprobada la ley solo se han restituido algo menos del 2 % de la tierra despojada. Los datos muestran que fueron los grupos paramilitares los que más despojo y abandono de tierra causaron. Las sentencias dicen lo siguiente. Actor causante del Abandono. Paramilitares: 40 % Bacrimes: 5 % Gerrilla: 16 % Enfrentamientos: 33 % Grupos No Definidos: 5 % Ejército: 1 % Autor causante del Despojo. Paramilitares: 83 % Bacrim: 3 % Gerrilla: 9 % Enfrentamientos:2 % Grupos No Definidos: 3 % Aunque una de las banderas de la oposición de Lafaurie al proceso de paz es que las guerrillas son los mayores despojadores, lo cierto es que las sentencias dicen lo contrario. Incluso las sentencias dan otro dato interesante. José Félix Lafaurie dice que los mayores afectados con el despojo y en general el conflicto armado fueron los ganaderos, lo cual es falso. Los datos que se muestran a continuación permiten ver como las víctimas del despojo y del abandono fueron los pequeños campesinos y no los ganaderos. Predios restituidos Inferior a una hectárea. 21% Entre una y 19 hectáreas. 55 % Entre 10 y 50 hectáreas. 20 % Entre 50 y 500 hectáreas. 3 % Superior a 500 hectáreas. 1 % No se desconoce el sufrimiento de los ganaderos en el conflicto armado, el secuestro los castigó de forma intensa, pero la gran mayoría de las seis millones de hectáreas despojadas en Colombia en el marco del conflicto armado  fueron arrebatadas a pequeños campesinos. El tercer dato es que Lafaurie niega la existencia de los ejércitos antirrestitución y dice que eso jamás existió. Nuevamente este señor miente. Los llamados “ejércitos anti restitución”, no son como tal ejércitos, así se hacen llamar, pero son estructuras sicariales de entre 15 y 30 personas que prestan servicios ilegales de seguridad privada o  las propias Bandas Criminales prestan estos servicios. Son contratados por lo que la ley llama “terceros de buena fe”, es decir, personas que están en el mundo de la legalidad, son empresarios rurales, ganaderos o políticos locales. Estas personas fueron las que en realidad se quedaron con la tierra despojada a campesinos y algunos ante el miedo de perderla prefieren asesinar a los reclamantes de tierras. Este link deja ver cómo ha habido capturas de líderes de estas estructuras que se hacen llamar “ejército antirrestitución”. Además el propio gobierno ofreció recompensas por estas capturas. Un cuarto dato es que en los últimos años, 68 líderes de restitución de tierras han sido asesinados. La gran mayoría de ellos en zonas donde han confluido empresarios, políticos y estructuras criminales. La impunidad es inmensa en estos casos, las capturas son bajas y siempre se dice lo mismo, “son casos aislados”, pero la realidad es que alguien esta asesinando líderes sociales y de restitución de tierras. Son sectores de las élites locales y regionales las que se van a oponer a proceso de paz. Estos sectores se quedaron con la mayoría de la tierra despojada, como el magistrado de la Corte Constitucional Pretelt quien está en líos jurídicos por dos finques de campesinos desplazados y que se adquirieron de forma dudosa, o el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, o el caso de las empresas palmicultoras del Urabá. Es necesario que la justicia vaya más allá de los Otonieles, o sebastianes, o cuchillos y se concentre en los determinadores reales de estos hechos. Pero lo bien o mal que nos vaya en el postconflicto no va a depender directamente de los actores criminales sino de agentes supuestamente legales. Publicado en Revista Semana