Este documento busca presentar un análisis y evaluación de los primeros 100 días de gestión de la gobernación de Didier Tavera, Gobernador de Santander para el periodo de 2016-2019. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta que Didier Tavera fue presentado como un candidato cuestionado según la Fundación Paz & Reconciliación, por cuenta de tres investigaciones que se mantienen en curso en Fiscalía. Aun así, Tavera obtuvo la mayor votación en la campaña para la gobernación del departamento en las elecciones locales de octubre 25 del 2015, lo que lo convierte en el primer gobernador de lo que se espera será la primera etapa del postconflicto en Colombia. La evaluación de los primeros 100 días de su administración se hace bajo la premisa de la necesidad de pensar en la gestión pública de la gobernación de Santander en un escenario de postconflicto ante la pronta firma de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia.  Este análisis examinara los temas relacionados a la inversión pública, así como las formas de participación en política, de ejercer control, veeduría, vigilancia de la función pública, y del manejo de los recursos públicos. Estas perspectivas serán elementales para la construcción de un país más democrático, que combata la corrupción al interior de las instituciones, al tiempo que promueva de la inclusión participativa de la ciudadanía, al igual que de nuevas fuerzas políticas que emerjan de las negociaciones de La Habana. A continuación, se presentan los principales retos del gobierno de Didier Tavera, la elección del Gabinete que apoyara su gestión, su principal agenda teniendo en cuenta el borrador de su Plan de Desarrollo 2016-2019, y finalmente, la percepción de la opinión pública del escenario postconflicto en Santander. Ver documento completo Descargar informes Descargar

Quien piense diferente en Colombia pone en riesgo su vida. Lo muestran los datos. Sectores de la legalidad han utilizado la violencia como estrategia política y forma de acumulación y, al parecer, esto no va a desaparecer una vez se firmen los acuerdos de paz. Durante las elecciones locales de octubre pasado, 7 candidatos de sectores de izquierda fueron asesinados, 68 víctimas y líderes de restitución de tierras cayeron asesinados por reclamar lo que les pertenecía, y en lo que va del año 11 miembros de minorías políticas han sido asesinados o han sido víctimas de atentados. El último caso ocurrió contra Imelda Daza, quien duró más de 20 años exiliada en Suecia después de salvarse de la guerra sucia o el baile rojo y regresó el año pasado. Así la recibe el país. Uno de los cuentos populares más extendido en el ámbito político y académico colombiano es que la izquierda democrática no ha llegado al poder porque existe una izquierda armada; es decir, los sectores armados han provocado que la población asocie a toda la izquierda en un mismo paquete, donde todo es lo mismo y por eso no votan por los sectores democráticos alternativos. Esta afirmación que muchos repiten como loritos es absolutamente falsa y no hace más que legitimar el asesinato de inocentes. En Colombia asesinan la competencia política, la diferencia o la oposición, y luego para justificar estos hechos se dice que eran “guerrilleros disfrazados de civil”, o que pertenecían al “frente intelectual de las Farc”, tal como lo manifestaba el actual senador Uribe, o más recientemente se les llama “redes de apoyo al terrorismo”. A pesar de que amplios sectores de la izquierda democrática han sido investigados y se ha comprobado que no tienen ninguna relación con organizaciones armadas —lo cual ha sido de público conocimiento— aún se escuchan voces en ese sentido. Pero la realidad es que a las élites locales y regionales, e incluso a las nacionales, les da miedo perder el poder y por ello asesinan la oposición. El mayor reto del posconflicto es que el Estado cumpla, que las élites cumplan, y no sigan utilizando la violencia como estrategia de competencia política El ejercicio político de las minorías políticas es tal vez el tema más complejo y el impedimento para que el país avance hacia una democratización. Solo con una apertura democrática el país logrará avanzar en el desarrollo social y los debates nacionales sufrirán una cualificación. Esto significa que la Colombia del posconflicto no tendrá como reto principal el hecho de que las Farc cumplan, es decir, que la dejación de armas sea efectiva. El mayor reto es que el Estado cumpla, que las élites cumplan, y no sigan utilizando la violencia como estrategia de competencia política. En Colombia son estas élites las que tienen el poder y administran el estado a nivel local y regional, son estas mismas élites las que se beneficiaron del conflicto armado de más de 50 años y las que podrían, o llevarnos a un posconflicto violento o a un avance democrático importante al país. El camino que escojan estas élites dependerá de al menos cuatro factores. 1. La capacidad del Estado  y las élites nacionales de domesticar y controlar las élites a nivel local y regional. 2. Disminuir la impunidad. En la medida que la justicia avance y se capturen quienes asesinan la oposición, se mandará un mensaje de “no más” a estos sectores políticos violentos. 3. De la presión de la comunidad internacional hacia el gobierno nacional para que impida que se repita una nueva masacre de las minorías políticas, como la ocurrida en los años ochenta del siglo XX. Y 4. De la movilización ciudadana, es decir, del respaldo ciudadano a la democracia. Pero el camino no será fácil.

Tímidamente en algunos sectores sociales se comienza hablar de un nuevo modelo de seguridad para Colombia una vez se entre en la fase de posconflicto. Cuatro son los temas de mayor debate. El primero se refiere al cambio de doctrina militar y sobre todo al cambio en la lógica del enemigo interno. Desde la década de los años sesenta del siglo XX las Fuerzas Militares se comportaron bajo esta doctrina, lo cual significaba que el Estado tenía dentro de la sociedad su mayor enemigo y por tanto la guerra debía hacerse contra ese sector social. La famosa frase de “quitarle el agua al pez” permitió que decenas de militares colaboraron con grupos paramilitares para cometer todo tipo de atrocidades. La masacre de Mapiripán, lo ocurrido en la Gabarra en Norte de Santander son el mejor ejemplo. Esta misma doctrina permitió la masacre de dirigentes de izquierda durante la famosa guerra sucia de finales de la década de los años ochentas del siglo pasado. Este cambio de doctrina no será fácil, ni rápido, pero tampoco es claro el camino para hacerlo. El segundo tema tiene que ver con la forma de combatir a las bandas criminales y en general a las organizaciones del crimen organizado. Se sabe que la estrategia de “objetivos de alto valor”, es decir, la captura de los jefes de estas organizaciones da votos, prestigio, permite que condecoraciones a oficiales y que los declaren como los mejores policías de mundo, pero no soluciona ni destruye estas organizaciones. A pesar de la captura de cerca de 25 jefes de estas bandas como el Loco Barrera, Diego Rastrojo o Sebastián, la capacidad de estas organizaciones es muy amplia, se dieron el lujo de paralizar ciudades como Apartadó o Montería hace algunas semanas. Aunque no se diga públicamente se debate mucho sobre el cómo combatir la parte no visible de estas organizaciones, es decir, los banqueros que le lavan dinero, los políticos que las apoyan o los abogados que los defienden, pero solo capturando o dando de baja al matón del momento no se llega a ningún lado. Un tema de debate es la raya divisoria entre la Policía y las Fuerzas Militares. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas no quieren perder privilegios, presupuesto y las famosas primas de orden público Un tercer tema que se debate se refiere a los límites o raya divisoria entre la Policía y las Fuerzas Militares. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas no quieren perder privilegios, presupuesto y las famosas primas de orden público y andan desesperados buscando trabajo. A su vez la Policía se cree la dueña del asunto de la seguridad, planean incrementar su pie de fuerza en cerca de cien mil hombres y mujeres en un periodo de diez años. En sentido estricto la policía debería tomar mayor relevancia en un posconflicto y las Fuerzas Militares volver a su naturaleza de cuidar las fronteras y proteger al país de agresiones externas. Pero aún no está claro el tema de la seguridad rural sobre todo en zonas de economías ilegales. Muy seguramente la solución sea la del fortalecimiento de la Dicar o la dirección de carabineros y seguridad rural. Es decir, crear policías para las zonas rurales y dotarlos de capacidad de acción que vaya más allá de la represión. Un último tema que se discute se refiere a los modelos de seguridad individual para líderes sociales, personalidades políticas, periodistas y sobre todo para los jefes de las Farc que saldrán a hacer política en los próximos meses. Por ejemplo, preguntas de cuántos guerrilleros pasarán a conformar este cuerpo de seguridad, cuáles y cuantos jefes de las Farc tendrán estos esquemas son la prioridad en esta discusión. En todo esto se mezclan tres asuntos de fondo. 1. Una promesa del presidente de no tocar las Fuerzas Militares por diez años, una promesa difícil de cumplir en tiempos de crisis económica y con presión internacional por el tema de Derechos Humanos. 2. Una fuerte disputa entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares por el liderazgo en la seguridad del posconflicto. Y 3. Un país apático al proceso de paz con las guerrillas.

Este sábado 23 de abril llegaron a Buriticá, un viejo y pequeño pueblo minero de Antioquia, 1.300 policías y 300 soldados. Se desplegaron por las veredas, fueron hasta la boca de las minas de oro para empezar a desalojar a más de 3.500 mineros informales, cortaron la luz para obligarlos a salir. Se decretó la ley seca. El pueblo quedó incomunicado. Nadie podía entrar o salir de allí. Nadie podía informar lo que allí pasaba. Parecía una compleja operación de guerra, dijo Rubén Darío Gómez, líder de una asociación de mineros. Era la orden de Luis Pérez, gobernador de Antioquia. Solo el martes empezaron las noticias que dejaban ver un doloroso panorama de atropellos a miles de personas. Algunos, habitantes tradicionales del lugar y mineros consuetudinarios; otros, recién llegados tras la fiebre que despertó la entrega de títulos a la Continental Gold. A los mineros que se resistían a salir los esperaban hasta que se les agotaban las provisiones. A la hora de escribir esta columna la tensión era enorme. No es la primera vez que se realiza este tipo de operativo, pero nunca había sido tan grande el despliegue. En noviembre de 2013 murieron dos personas y 11 más resultaron heridas, entre ellas varios policías. Se buscaba lo mismo: cerrar las minas y buscar un proceso de formalización. Muy poco se logró en estos dos años y medio. El problema siguió. Los pobladores de esas tierras necesitan el oro para vivir y no hay institucionalidad y legislación que les permita hacerlo de manera legal y en condiciones ambientales y sociales aceptables. La depredación del ambiente es tan pavorosa como las condiciones de trabajo y de vida que padecen. No es un problema de Buriticá o de Antioquia. No. El censo nacional minero de 2011 señaló que el 63 por ciento de la minería en Colombia no es legal. Así mismo, la Agencia Nacional de Minería valora que este negocio mueve 7,2 billones de pesos. Tres veces más de lo que mueve el narcotráfico. Una buena parte de ese mercado está en manos de las bandas criminales y arrastra sangre y violencia. Precisamente, esas organizaciones se están lucrando de la extorsión a los mineros de Buriticá y tienen amenazados a los directivos y trabajadores de Continental Gold. Fue una de las razones que arguyó el gobierno para esta grave intervención. La ilegalidad en la minería del oro es el problema mayor en las industrias extractivas, pero no es el único. También hay reclamos de todo tipo a la minería formal y legal del oro, a la explotación del carbón y también a la exploración y explotación del petróleo. Más del 60 por ciento de los conflictos sociales en lo últimos años salen de estas industrias. La imagen de las empresas mineras sigue deteriorándose tal como lo muestra una encuesta publicada en Brújula Minera. En los municipios mineros la imagen positiva cayó de 46 por ciento en 2014 a 34 por ciento en 2016. La situación empeora con la caída en los precios, la quiebra de empresas y el crecimiento del desempleo. El cambio en el sistema general de regalías eliminó el incentivo de las regiones para aceptar emprendimientos mineros y petroleros. El gobierno de Uribe entregó de manera irresponsable títulos mineros a diestra y siniestra y no se preocupó por adecuar la legislación y la institucionalidad a las nuevas condiciones. Todos los problemas incubados por estas decisiones están estallando de manera impresionante. Pero ahora se presenta una gran oportunidad para que el Estado y la sociedad le pongan la cara al problema. Algunos sindicatos de la minería y la energía –la USO, Sintracarbón, Sintraelecol, Sintraisagén– han formado una mesa y están pensando en un diálogo nacional. También en empresas como AngloGold Ashanti, Isagén y Cerrejón se empieza a mover la idea; y a Germán Arce, ministro de Minas y Energía entrante, le suena el propósito. Hay más, en las negociaciones de La Habana este punto quedó entre los pendientes y en la mesa entre el gobierno y el ELN no dejará de aparecer como una necesidad. En esta concertación no pueden estar ausentes las comunidades, las organizaciones que protegen el medioambiente y las autoridades locales y regionales. Es obligatorio incorporar a las regiones de manera que se pueda hablar de un verdadero pacto nacional y social. Pero es al gobierno nacional al que le corresponde tomar la iniciativa, no puede permitir que siga creciendo el incendio. Con represión, con acciones como las de Buriticá, solo logrará aumentar el protagonismo de la ilegalidad y la violencia. Un acuerdo nacional podría tener cuatro objetivos: sacar la violencia y la ilegalidad del sector; reformar la legislación y la institucionalidad de cara a la sostenibilidad ambiental y social; formar un frente común contra la corrupción y por una cabal utilización de la renta minera; y, finalmente, comprometer a las empresas con un aporte especial para el posconflicto. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Se ha abierto el debate en torno al sistema electoral colombiano. Por un lado una serie de senadores como Armando Benedetti o Claudia López han manifestado que tal como se encuentra el sistema no sirve, pues incluso promueve el fraude electoral. Por su parte, el recién posesionado registrador nacional, Juan Carlos Galindo, manifiesta que la mayor debilidad es que este sistema no tiene los recursos suficientes para mejorar la planta de personal y aumentar la cobertura, sobre todo en jornadas electorales. También en La Habana, el tema electoral fue uno de los asuntos centrales en el punto dos de discusión. Mientras el gobierno nacional manifestó que el sistema electoral colombiano era el más fuerte de la región, un país sin dictaduras, con elecciones cada 4 años y con garantías de participación; para las FARC el sistema electoral es corrupto y no da garantías de participación. Y es que los datos no son nada alentadores. Por ejemplo, para las elecciones locales de 2015 14 gobernadores y 29 alcaldes electos mantenían relaciones con la ilegalidad o capitales privados de dudosa procedencia. Quienes hoy gobiernan una buena cantidad de regiones del país son mandatarios en la lista Clinton, aparecen en fotos con narcotraficantes o en videos con jefes de BACRIM. El siguiente cuadro muestra el número de candidatos cuestionados discriminado por colectividad política. Tabla 1  – Partidos y Movimientos Políticos con Candidatos Cuestionados Partido / Corporación Alcaldía Gobernación Total general AICO 0 1 1 Cambio Radical 0 2 2 Coalición 3 7 10 Firmas 3 0 3 MAIS 2 0 2 Opción Ciudadana 4 0 4 Partido Conservador 8 0 8 Partido de la U 2 1 3 Partido Liberal 7 4 11 Total general 29 15 44 Vale la pena destacar que para los 10 casos en los que la persona electa fue por coalición encontramos colectividades como las del Centro Democrático, partido que en las regiones investigadas no tuvo candidato cuestionado con único aval. Hasta el año 2011, los políticos vinculados con las mafias recolectaban firmas y se hacían elegir por los movimientos significativos de ciudadanos. Sin embargo, para las elecciones de 2015, optaron por buscar los partidos tradicionales, quienes los recibieron sin problema y sin consecuencias jurídicas ni políticas. Pero, ¿cuál es la realidad del Sistema Electoral Colombiano?, ¿qué tan corrupto es? La respuesta no es sencilla y además es amplia, por lo tanto, en lo que sigue, el texto se concentrará en lo que se denomina órgano electoral. Este se compone de tres partes. 1. La Registraduría Nacional, 2. El Concejo Nacional Electoral, y 3. La Sección Quinta del Concejo de Estado. En cuanto a la Resgistraduría Nacional se puede decir que resulta muy complicado, o al menos no se entiende cómo una misma entidad es la responsable de emitir las cédulas e inscribirlas para elecciones, celebrar los comicios electorales y contar los votos. Este tipo de situaciones se presta para diferentes hechos de corrupción. De hecho, tres meses antes de cada jornada electoral el Registrador Nacional toma la decisión de rotar los registradores departamentales. Por ejemplo el de Caquetá lo manda al Cesar y el del Cesar a Putumayo y así sucesivamente. Esto se hace ya que, según la propia Registraduría, se le quiere quitar presión a estos funcionarios. En otras palabras, esta medida es una confesión de hecho: las presiones son tan grandes que en cualquier momento se puede dar un fraude electoral. Otro agravante es que muchos de los funcionarios departamentales de la Registraduría son amigos o familiares de políticos cuestionados. Entre otros ejemplos se puede mencionar a Nelcy Almario, hasta hace poco la registradora del Caquetá, quien es hermana del parapolítico Luis Alfonso Almario, recientemente condenado. También está Yolima Carrillo, quien es Registradora del departamento de La Guajira y a su vez familiar del cuestionado Representante a la Cámara Antenor Durán, quien ha sido sindicado de pertenecer a la red de Kiko Gómez. Por otro lado, el Concejo Nacional Electoral (CNE) es tal vez el nido más grande de corrupción. Se compone de 9 magistrados electos por el Congreso de la República. Es decir, los partidos eligen a sus militantes y amigos para que los vigilen, lo cual es algo así como poner al ratón a cuidar el queso. Estos niveles de politización llevan a que en el CNE prime la ley del “yo no te investigo y tú no me investigas”. A pesar de las fotos, videos y denuncias, a la fecha ninguno de los candidatos que participó en las elecciones locales de 2015 ha sido sancionado por gastos excesivos en campañas. Hubo gobernaciones que costaron hasta 5 millones de dólares, y con todas las pruebas no se ha hecho nada. Además, aun cuando el Concejo Nacional Electoral fuera independiente, éste no tiene capacidad presupuestal e institucional. De hecho, su nómina la paga la Registraduría y no tiene oficinas regionales. La Sección Quinta del Concejo de Estado es la misma historia: un órgano politizado y sin capacidad de acción.  Lo cierto es que una vez firmado el acuerdo de paz habrá una apertura o posibilidad amplia de reforma al órgano electoral. De la movilidad ciudadana dependerá que Colombia avance hacia un proceso de democratización profundo o que nos quedemos con el mismo sistema corrupto. Columna de opinión publicada en www.semana.com

Los primeros 100 días de gobierno de Dilian Francisca Toro han estado marcados por diferentes aciertos y desaciertos, lo más notorio en el campo de los desaciertos fue la promesa de campaña que le encontraría una solución inmediata al problema de salud del departamento, en donde el Hospital Universitario del Valle está en crisis y el hospital de Cartago estaba cerrado. En ambos casos ha trabajado, en el primero entró en ley 550, lo cual no se ha visto con buenos ojos, pues se dio a entender que la solución sería volverlo viable inmediatamente, y en el segundo si bien se abrió, fue de forma parcial, atendiendo únicamente las urgencias. En cuanto a los aciertos está la imagen de trabajadora que está presentando, y la actividad con la comunidad con la cual ha intentado interactuar constantemente, y también ha intentado la descentralización de la gobernación, especialmente con jornadas de pasaportes en municipios diferentes a Cali. Pero tal vez el mayor logro político de estos 100 días ha sido el nombramiento como la presidente de la federación nacional de departamentos, lo cual la posiciona como la gobernadora de más apoyo para interactuar directamente con el gobierno nacional. Ver documento completo Descargar informes Descargar

Foto: www.vanguardia.com Se podría decir que el posconflicto en Colombia tendrá dos niveles. Uno será el posconflicto nacional y el otro el territorial. El primero se refiere a una serie de reformas políticas, formas de organización estatal y aperturas democráticas a minorías, además de nuevas prioridades dentro de la política pública. Por el contrario, el posconflicto territorial se traduce en invertir una importante suma de dinero en las regiones, con el objetivo de superar lo que se ha denominado causas estructurales del conflicto. A esta inversión, se le acompañará con aperturas importantes en materia política y de protesta social. Así las cosas, el posconflicto territorial irá a la construcción de vías terciarías, distritos de riego, proyectos productivos, formalización de la propiedad, capacitación de funcionarios públicos, creación de mercados internos y construcción de ciudadanía activa. Es importante señalar que en este caso no se van a resolver todos los problemas de estos municipios, no se van a superar todas las asimetrías, más bien se refieren a tres tipos de obras u acciones. 1. Son obras concretas de alto impacto, que deben tener esa característica de impactar una región completa o  todo un municipio. Por ejemplo, pavimentar la carretera Junín-Barbacoas traería un importante crecimiento económico para gran parte de la Costa Pacífica nariñense. 2. Son obras consultadas con las comunidades, es decir, ellos deben participar y escoger de acuerdo a lo que ellos perciben que se debe hacer. Si bien puede haber expertos que guíen esta discusión, la participación comunitaria es importante. Y, 3. Deben ser contratadas con las comunidades, es decir, las comunidades deben hacer estas obras, por medio de la Juntas de Acción comunal, lo cual además de empoderara la población traería una bonanza laboral. Hay una tentación muy grande de que el dinero no vaya a los municipios afectados sino a las zonas más pobladas del país, donde hay votos y donde los senadores y representantes tienen su maquinaria política Lo anterior suena muy bien, pero existen dos grandes problemas. Por un lado, los municipios que deben vivir esta inversión son los más pobres, vulnerables y con menos población, por ende no hay votos, y es muy posible que los políticos prefieran llevarse la plata a otro lado y no invertir en estas zonas históricamente afectadas por el conflicto.  Es muy importante anotar que este dinero es para las zonas más afectadas por la violencia y no para las ciudades. Es decir, hay una tentación muy grande de que este dinero se quedé en las zonas más pobladas del país, donde hay votos y donde los senadores y representantes tienen su maquinaria política. El segundo riesgo es la pérdida de dinero vía corrupción. Por ejemplo, el acueducto de Riohacha se lo han robado en tres oportunidades, o la ampliación del sistema de alcantarillado de Buenaventura, en últimas los políticos, alcaldes y gobernadores, que van a liderar esta inversión son las mismas élites corruptas que ganaron el pasado 25 de octubre, los que han gobernado siempre. Esta vez, qué va a evitar que no se roben la plata de nuevo. Del control ciudadano o la veeduría, la estrategia del gobierno nacional para ejecutar estos recursos dependerá que los dineros no se lapiden de nuevo.

Dijo Santos en la Asamblea General de Naciones Unidas: “Colombia no aboga por la legalización de las drogas ilícitas”. Ahí está el error. El presidente se había podido limitar a reconocer los avances en el debate: el reconocimiento del fracaso del modelo antidrogas que ha imperado, la mayor libertad a los países para establecer sus propias estrategias y la decisión de tratar el consumo poniendo los derechos humanos en el medio. Con eso hubiese bastado. A renglón seguido tenía que haber afirmado que solo la legalización del comercio de las drogas y la despenalización del consumo puede sacar al mundo de la pavorosa trampa en que está metido. Pero Santos no está para esas audacias. Colombia no necesita inventar argumentos complejos o presentar escenas dramáticas de nuestra realidad. No necesita un narrador espectacular para mostrar la grave y profunda afectación que ha significado en la vida de los colombianos, en la democracia, en el medioambiente y en la cultura, la fallida estrategia de ilegalización, represión, militarización, fumigación y estigmatización de la marihuana, la cocaína y buena parte de las sustancias alucinógenas y psicoactivas. Colombia no necesita las 450 páginas del estremecedor libro de Johann Hari Tras el grito, para describir el horror que ha significado la guerra contra las drogas a la manera como la impuso Estados Unidos, a la manera como la han hecho los grandes países consumidores, a la manera como la imaginaron las fuerzas políticas más obtusas y delirantes. Bastaría con una o dos páginas contando hechos, solo hechos, el asesinato de cuatro candidatos presidenciales, la infiltración de dineros en todas las campañas a la Presidencia y la determinación del triunfo en dos de ellas, la persistencia de no pocos parlamentarios y de numerosos gobernantes locales ligados a los grupos ilegales, la cifra seca de muertos, el número, solo el número, de hectáreas de bosques y de cultivos infectados por las fumigaciones, la asombrosa marca del narco en la arquitectura, en los libros, en la estética corporal, en las relaciones familiares y sociales. La explicación es simple, brutalmente simple, todo negocio ilegal necesita una protección ilegal, esa es una ley inapelable, una verdad de hierro, que nadie, en ninguna parte, ha podido transgredir. Lo único relativo en esa ecuación es el grado de violencia, el número de muertos, la cuota de dolor. Tiene que ver con la historia del lugar, con la cercanía a otros conflictos, con la madurez de las instituciones. Los dueños del negocio ilegal pueden recurrir al propio Estado, a muchos de sus agentes, para la protección ilegal, o pueden construir sus propios aparatos sicariales, o pueden, incluso, mezclar las dos opciones, o aún más, pueden contratar su protección con otro ilegal dedicado a fines completamente distintos. El cartel de Cali y los Rodríguez Orejuela, en su momento, pusieron el énfasis en la primera opción; el cartel de Medellín y Pablo Escobar pusieron el acento en la segunda. Después todo se volvió más oscuro, más difuso, más extendido, más potente, más difícil de combatir. Los paramilitares y las bandas criminales aprehendieron las experiencias de Cali y Medellín y construyeron estructuras complejas que mezclan a bandidos, a uniformados, a políticos y a empresarios. Con estos aparatos han protegido una extensa gama de negocios ilegales que van desde el narcotráfico hasta la minería pasando por la extorsión, el contrabando y un largo etcétera. Al otro lado una extensa variedad de negociantes de ilegalidades, especialmente narcotraficantes y ahora mineros del oro o agentes minuciosos del contrabando, pagan la protección de unas guerrillas que se han apoderado así de grandes sumas de dinero para financiar su guerra contra el Estado. Este soporte económico –ligado a la miopía de unas elites que no querían hacer una oferta seria de paz– ha servido, sin duda, para prolongar una confrontación que debió terminar a finales del siglo pasado. Repito esto, a riesgo de cansar a los lectores, para ilustrar de nuevo la enorme importancia que tiene la palabra legalizar y el grave error que significa decir que nosotros los colombianos no abogamos por la legalización de las drogas ilícitas, o la negligencia para concertar una legislación y una nueva institucionalidad minera para conjurar la informalidad y la ilegalidad del sector y para promover negocios legítimos y emplear a los miles y miles de jóvenes enganchados en estos negocios oscuros. La legalización de las drogas ahora prohibidas nos liberaría de la protección ilegal y violenta y nos enfrentaría al reto de analizar y tratar a los consumidores, al reto de examinar por qué aumenta el consumo en el mundo, cuáles dramas humanos hay detrás, qué daños reales producen estas drogas en la salud individual y social. No hay que bajar la guardia en esta prédica. Acá no cabe la diplomacia. No caben palabras de satisfacción con los pequeños pasos que se dan en los escenarios internacionales cada 10 o 15 años. Acá nosotros nos jugamos la vida, la vida misma, que sucumbe en la defensa violenta de estos negocios por jóvenes adentro y afuera de la institucionalidad. Columna publicada en Revista Semana