Se podría decir que la guerrilla de las FARC tiene varias caras, tal vez hay dos importantes. La primera es esa cara violenta de la cual todo el mundo sabe, es decir, que hacen emboscadas, atentan contra oleoductos, hostigan pueblos, reclutan, y han secuestrado entre otras. Pero la otra cara importante de las FARC es que en sus zonas de mayor influencia, durante los 50 años de vida, construyeron mecanismos de tramitación de conflictos o administración de justicia paralela. Es decir, las FARC durante muchos años lograron construir un sistema paralelo de regulación social, el cual es déspota pero a su vez ayudó a mantener muchos territorios pacificados. Para ilustrarlo colocaré dos ejemplos. Un líder social del Caquetá manifestaba que “Hay áreas del Caquetá en que las FARC controlan la explotación de fauna y flora, de hecho hay zonas de Solano donde está prohibido la caza de animales silvestres y la deforestación. Lo mismo en San Vicente, donde está prohibida la tala de grandes extensiones de árboles, sino que eso está controlado. También intervienen en riñas, en zonas de alta influencia guerrillera, como La Unión Peneya, y en (esos) municipios (…) ellos no permiten que entre vecinos hayan problemas por ninguna causa -si los hay, buscan solucionarlo-, ni permiten la entrada de personal nuevo al área: si alguien va a zonas con alta influencia de ellos, si va a trabajar como jornalero, debe llevar recomendación del presidente de la JAC donde anteriormente haya trabajado. También el campesino, o dueño de tierra o patrón, debe hacerse responsable por cualquier anomalía que cometa dicho trabajador. Lo mismo sucede en el sector educativo,  donde para poder entrar a zonas de bastante influencia guerrillera, el que vaya debe primero avisar al Rector, y este a su vez coordinar y revisar si pueden o no ingresar (se ingresa previo aviso).”[1] El otro ejemplo ocurrió igualmente en el Caquetá, allí una mujer que se llama Marta y que vive en el Doncello, contó lo siguiente.“mi marido se me fue con la vecina y me dejó a mí con seis niños… mírelos uno detrás del otro. Yo me quedé con la finca, pero él se llevó las 7 vacas y no tenía como darles de comer a mis hijos y menos podía yo sola trabajar  la finca. Como aquí la policía no resuelve nada, fui donde  Camilo, él es de las FARC (columna Teófilo Forero) y en 4 días ya me tenía la plática aquí… si no fuera por ellos no habría tenido como comer”. Lo que sucedió es que las FARC ubicaron al esposo de la señora en San Vicente del Caguán y allí alias Camilo, tercer al mando de la columna Móvil Teófilo Forero, envío un miliciano a buscar al esposo de Marta, le dijeron que debía vender 4 de las 7 vacas para darle la plata a su esposa, que podía dejarla, pero que debía garantizar la comida para los hijos. En dos días el señor vendió el ganado. En el Estado Colombiano esto se llama un proceso de inasistencia alimentaria que tarda en promedio 2 años en resolverse y que las FARC lo resolvieron en una semana. Durante muchos años, entre 1990 y el año 2005, las FARC hacían los famosos Concejos de Seguridad  o Juicios Populares, era una figura en la cual el comandante de la zona reunía a la comunidad y dirimían los conflictos sociales. En esta administración de justicia, no hay presunción de inocencia, ni derecho del debido proceso, es una justicia déspota, aunque eficiente. En dicho sistema de administración de justicia las FARC cometieron todo tipo de arbitrariedades; con solo comentarios, rumores e informaciones sin contrastar hicieron que en varias zonas del país se produjera una verdadera cacería de brujas.  Por ejemplo, vecinos disgustados unos con otros o con problemas de linderos acudían a la guerrilla y acusaban a su colindante de ser colaborar de la fuera pública. Esto  trajo un gran rechazo por parte de la población a este tipo de situaciones. Adicionalmente esto causó que muchos comandantes guerrilleros crearan enclaves autoritarios, lo cual a la postre terminó perjudicando la legitimidad de las FARC. Así ante el desgaste político y la fuerte ofensiva de la Fuerza Pública las FARC fueron delegando esta administración de justicia en Juntas de Acción Comunal o JAC y organizaciones sociales, las cual desarrollaron manuales y procedimientos para resolver conflictos. Aunque cada vez son más autónomas aún cuentan con la supervisión de las FARC. Para el caso de la administración de justicia en las zonas rurales se podría hacer una conclusión inicial es que en las zonas de conflicto han sido los grupos armados lo que han administrado justicia. Durante años lo hicieron directamente y más recientemente de forma indirecta. Las FARC desde el año 2013 vienen distribuyendo un manual de convivencia (https://pares.com.co/grupos-armados-ilegales/farc/farc-dan-conocer-manual-de-convivencia-en-putumayo/). En él, por ejemplo, todo habitante de la vereda o barrio debe estar afiliado a la Junta de Acción Comunal y partir de allí se estructura la administración de justicia. Cada JAC debe crear un comité de conciliación, allí llegan los primeros casos de conflictos entre vecinos, si el comité no puede solucionarlo, el caso pasa a una segunda instancia, que es la JAC en pleno, si allí tampoco se soluciona se pasa a un Núcleo de Juntas, que es una agrupación de JAC de diferentes veredas. Y si allí tampoco se resuelve pasa al grupo guerrillero en concreto. Una indígena del Putumayo del pueblo Siona, me decía que ella quiere que las FARC no se desmovilicen porque “cuando ellos no están aquí la gente se mata por una cerveza”. Por tanto la pregunta en este punto es como el Estado va a reemplazar a las FARC en estas zonas. Allí las inspecciones de policía no tiene nada más que un funcionario, no tiene recursos, ni capacidad institucional, la administración de justicia formal opera para centros urbanos y los mecanismos informales de justica como jueces de paz, conciliadores en equidad y conciliadores en derecho, si bien llegan a muchas zonas del país, no cubren casi ninguna zona de conflicto. Es decir, hay muy poca capacidad para reemplazarlos. Un ejemplo de lo que puede pasar en estas zonas de conflicto fue lo sucedido en Florencia Caquetá en el año 2015. Allí por un problema de linderos una familia pagó 500 mil pesos para asesinar a cuatro niños de otra familia. En esa zona operaba el frente 3 de las FARC y regulaban la vida social. Luego, producto de la seguridad democrática, de esa zona salió las FARC, el Estado solo llegó con la parte militar y la población se toma la justicia por sus manos. La Fundación Paz y Reconciliación presentará en la feria del libro, este viernes 22 de noviembre a las 7 pm. En el libro que se llama “los Retos del postconflicto” se presentan seis investigaciones entre ellas la de administración de justicia hecha por grupos armados ilegales. La recurrencia de los mecanismos de intervención en la solución de conflictos sociales por la guerrilla no son estáticos, dependen no sólo de la distancia y la ruralidad, sino también de la expansión o contracción de las FARC en terreno, así como de las habilidades de sus líderes militares locales: en entrevista en Neiva[2], un ciudadano manifestaba que las FARC hasta “el año 2009 hacían “limpiezas sociales”, intervenían en peleas matrimoniales, pago de deudas, cuando existía un comandante llamado “El Mocho”, pero desde que este fue asesinado alrededor del 2009”, ya no se acostumbra la intervención de las FARC en estos casos, en zonas rurales o más cercanas a Neiva. En Florencia, hay una situación similar y con fechas cercanas en las que ha variado el control social de las FARC, aunque todavía se sabe de la presencia regulatoria de las FARC en zonas rurales como El Pará, Norcasia, Año Nuevo, y El Chontaduro. Un entrevistado recuerda transformaciones en el rol regulatorio de la guerrilla en Florencia, así: “Antes no permitían el chisme como práctica fuerte hasta hace unos cinco años (2009). Ellos no dejaban que en caseríos o inspecciones se estuviera bebiendo en días laborables, más bien los castigaban con ponerlos a trabajar en alguna obra que ellos estuvieran haciendo o multándolos económicamente. Ya esto se dejó de hacer.”[3] El mismo entrevistado evaluó otras prácticas generales de las FARC que ya no se presentan, según apreció positivamente: “Antes la guerrilla mataba primero y después preguntaba especialmente  desde 1998 a 2005. Desde 2005, ahí al menos se puede entrar a dialogar con ellos, para solucionar los problemas de manera más civilizada. Antes no se llamaba a nadie para contrastar versiones, y se usaba la delación o la acusación para quitarse de encima rivales comerciales, económicos, sociales.”[4] El alcance de la intervención de las FARC en temas sociales locales, es amplio y diferenciado[5]: En la zona rural del Caquetá, especialmente en zona rural de municipios como San Vicente del Caguán, La Montañita, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y Solano, las FARC intervienen ostensiblemente en la mediación de conflictos sociales, al igual que en zona rural de municipios como Algeciras, Colombia, Tello y Baralla, del departamento del Huila. Todo parece indicar que la ruralidad de estos municipios, la tradición de presencia de la guerrilla de las FARC, y con ello un cierto linaje familiar en este grupo insurgente (abuelos, tíos, primos en las filas de las FARC),  sumado a un proceso de informalidad de la economía y la propiedad, ha hecho que a pesar de la fuerte intervención militar en terreno por parte  del gobierno nacional desde el 2002, las FARC aun continúen con un fuerte control social en las zonas rurales de estos municipios. Es importante señalar que esta interferencia en la convivencia social de estas zonas no es homogénea. La  interferencia en la administración de justicia depende de seis factores. Distancia geográfica del grupo armado con respecto a la población que quiere controlar. Niveles de estabilidad territorial o Permanencia en el territorio Intereses del comandante de frente y su estructura en la intervención de estos factores. Niveles de dependencia con economías ilegales. Es decir redes clientelares. Niveles de organización social comunitaria e independencia el mismo. Oferta institucional en temas de justicia y seguridad. A grandes rasgos se puede hablar de dos momentos. El primero, que ha sido el tradicional, se dio entre 1997 y el año 2005, en algunas zonas se prolongó hasta el año 2009. Básicamente las FARC eran juez y parte, tomaban las decisiones sin consultar a la comunidad, lo cual llevó a grandes desmanes. Desde 2005 la situación comenzó a cambiar, derivado al menos de dos circunstancias, por un lado la administración de justicia provocó una verdadera cacería de brujas, solo con un rumor las FARC actuaban y ello debilitó fuertemente su base social. Por otro lado, la fuerte presión de la fuerza pública no los hizo tan estables en el territorio. En todo caso, como se dijo antes el alcance de la intervención de las FARC en temas sociales locales, es amplio y diferenciado. Así las cosas desde 2005 la administración de justicia comenzó a ser delegada a las JAC y desde allí las FARC ejercen cierto control.  El protocolo para la solución al conflicto mediado por las FARC es presentado para un caso en zona rural de San Vicente del Caguán, que ejemplifica la metodología empleada y que es la que rige actualmente: “Cuando hay un lio se cita a la JAC, y un comité de conciliación. Ellos saben que es mejor arreglar por las buenas, porque o si no hay que remitirlo al comandante de zona. (…) Se escuchan los descargos y se busca llegar a un acuerdo, y si no tiene con qué pagar, a usted le recogen los animales y paga con animales, el tesorero de la JAC es quien hace la valoración en conjunto con el dueño de los animales. Normalmente cada comunidad se reúne todos los lunes, y cuando hay una emergencia hay reuniones extras, y las hacen en las escuelas interfiriendo o afectando la jornada escolar, y a veces los  helicópteros sobrevuelan porque ve el gentío reunido. La deliberación y presentación de cargos y descargos es aparte de la sala de reuniones, y ahí mismo deciden. Se hace un acta y queda por escrito como archivo de la JAC, todos los comités manejan archivos (conciliación, trabajo, delegados).”[6] Una forma cercana de mediar, y de la estructura del proceso mediador armado de las FARC, se da en casos como el cobro de deudas siguiente, acontecido en Colombia, Huila: “En este proceso se siguen los mismos pasos que para todos los casos, en primera instancia se presenta la queja ante el presidente de la JAC, el caso se expone en una reunión junto al comité conciliador, quien determina si puede resolverlo o se le sale de las manos. Si lo toma el comité que es la segunda instancia, escucha las versiones de los implicados y la de sus testigos si hay lugar a ello, y si en esta instancia se llega a un acuerdo hasta ahí llega el problema. Pero si el comité decide no tomar el caso porque se le sale de las manos, simplemente pasa a la tercera instancia –comandante del frente que opere en la zona-. Aquí ellos también escuchan la problemática y según los acuerdos tomados en el comité conciliador exigen el cumplimiento de ellos, y todos pagan su deuda tanto en el tiempo estipulado por el comandante como la forma, puede ser que la persona no tenga el dinero, pero tiene vacas o algún tipo de bien con la cual saldar su deuda. Sin embargo, sucede que en el caso de grandes cantidades que son desde 3 millones de pesos en adelante, ya la gente ve cómo perdida la plata y para no verla perdida totalmente y hacerle pagar la picardía al deudor, el prestamista le propone al comandante  que cobren la cantidad adeuda y sobre ella le dan un porcentaje o valor especifico,  o también le pueden decir que la cobren y la dejen para ellos (guerrillas) simplemente para cobrarle la picardía a la gente que no paga.”[7] La autonomía de los miembros de la comunidad en la solución de sus propios problemas de convivencia es limitada, ya que según un entrevistado; “Las comunidades tiene que hacer lo que digan los miembros de las FARC, como solución el conflicto en que intervienen.”[8], a menos que opten por no dejar escalar el problema, o no lo pongan en conocimiento de dicha guerrilla. [1] Entrevistas del 8 y 26 de octubre de 2014, en Florencia, Caquetá. [2] Entrevista 5, del 12 Octubre de 2014 en Neiva, Huila. [3] Entrevistas del 8 y 26 de octubre de 2014, en Florencia, Caquetá. [4] Entrevistas del 8 y 26 de octubre de 2014, en Florencia, Caquetá. [5]Algunas entrevistas se desarrollaron en el marco del proyecto de capacidades institucionales para la paz, realizado en alianza entre la Fundación Paz y Reconciliación y la fundación Ideas para la paz. Financiado por el Ministerio del Interior. [6] Entrevista del 9 de Octubre de 2014, en San Vicente del Caguán, Caquetá. [7]Entrevista 2, del  3 de Octubre de 2014, en Colombia, Huila. [8] Entrevista del 9 de Octubre de 2014, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

De manera telegráfica, estos son los temas que considero hacen muy difícil la negociación que emprende el Gobierno y el ELN, lo cual no quiere decir que esta negociación no sea posible.  Por supuesto que sí, lo que pasa es que al ser tan compleja,  requiere pensar y superar los retos que implica. Primera dificultad: Las formulaciones con las cuales las dos partes inician la negociación. De parte del ELN existe  compromiso e interés en la solución negociada, pero de manera simultánea. no ha desistido de su proyecto estratégico de «Resistencia armada». Las razones, por la cual siguen afincados en su formulación de resistencia armada, -luego  de que desistieron de su proyecto estratégico de poder armado, decisión tomada luego de su debilitamiento entre 1994-2002-  son múltiples: convicción ideológica, desconfianza profunda  con el compromiso de cumplimiento de lo pactado y por supuesto, sectores y personas que se sienten cómodas y se lucran en «La resistencia armada».  Este conjunto de razones, son las que hay que superar en un proceso de negociaciones. De parte del Gobierno, la pregunta es si tiene una propuesta para adelantar una negociación con el ELN.  Esto es un tema que no conocemos, sin embargo, lo que sí sabemos es que el Gobierno valora en  su interior las dudas y la complejidad del ELN para avanzar y eso está bien, porque busca claridad en la situación de la contraparte, ¿pero es insuficiente? Para esto se requiere igualmente propuesta desde el lado del gobierno. Segunda dificultad: La cantidad y calidad de la participación. El ELN ha insistido en su tesis de participación social, para desde esta participación promover los diálogos y negociaciones. La dificultad es involucrar actores con poder y con protagonismo que vayan más allá del «pequeño» mundo social y político que siempre hemos insistido en estas negociaciones. Ese mundo con mucha tradición, es insuficiente para realmente adelantar unas negociaciones. Hablo de la izquierda y las dinámicas de lo que podemos llamar el movimiento de paz, junto al mundo social «Camilista». Esto hay que trascenderlo con otros actores.  El tema es que esos actores de gremios económicos, sociales y políticos,  solo van a participar,  si se les invita y explicar,  por qué la importancia de que se involucren en este proceso y eso solo lo puede hacer el gobierno y la pregunta es,  si el gobierno tiene interés en ello. La tercera gran dificultad, es que hay un planteamiento de «transformaciones para la paz», lo cual implica concretar cuáles son esas transformaciones que hay que pactar y de manera esquemática.  El ELN quiere muchas y el Gobierno pocas, entre estas lógicas e intereses hay que construir un «campo común», lo cual no es fácil. Cuarta dificultad: El tiempo. Considero que aquí igualmente chocan las lógicas, porque para el ELN, el tema es pactar con las «Élites oligárquicas» y desde ese planteamiento no tiene mayor preocupación por el factor tiempo y en la larga fase exploratoria, quedó claro que no tiene interés en «correr».  Del otro lado,  el presidente Santos tiene un tiempo finito, por lo cual considero que el tiempo efectivo que tenemos para adelantar la negociación son 18 meses, contados desde mayo hasta noviembre del 2017, lo cual considero que es un tiempo limitado para concretar la negociación. Esto coloca una tensión adicional y coloca esta negociación en el debate presidencial del 2018 y sus posibilidades de continuidad, supeditadas a lo avanzado y a las valoraciones que tenga el Presidente elegido. Quinta dificultad: Negociaciones en un ambiente distensionado o en la continuidad del conflicto, sobre todo ahora que vamos a cese bilateral con las FARC y cierre de estas negociaciones en los próximos meses, lo cual implica, si se puede distensionar entre gobierno y ELN. Desde mi punto de vista, lo mejor es la distensión desde ahora, lo cual implica que el ELN suspenda la práctica del secuestro y libere a quienes tiene en su poder y Gobierno acceda a pactar cese al fuego bilateral, con todo lo que ello implica.

El país ya acepta que el proceso de paz con las Farc se va a firmar y que derivado del mismo habrá una oportunidad para iniciar un ciclo reformador del Estado Colombiano. Como lo he dicho en otras oportunidades existe esta ventana de oportunidad y de la sociedad colombiana dependerá si se aprovecha o no. Si bien es cierto al proceso de paz no se le puede pedir de todo, tampoco se puede aceptar que todo seguirá igual. Quisiera nombrar, al menos tres reformas necesarias que necesita el país. La primera y tal vez más prioritaria es una reforma del órgano electoral. En la actualidad es un órgano corrupto, ineficiente y politizado. Nadie vigila a nadie. El Concejo Nacional Electoral no tiene recursos para investigar y hacer un seguimiento eficiente en los meses previos a elecciones, allí prima la regla del “yo no te investigo y tú no me investigas”. Esto se debe cambiar por un órgano no politizado, con recursos propios y con mecanismos regionales y locales de seguimiento. Igualmente, la Registraduría Nacional que organiza las elecciones, inscribe cédulas y vigila las elecciones. Esta situación en la que una sola institución hace de todo es perversa y se presta para cualquier tipo de arreglos corruptos. Así mismo, se requieren reglas claras sobre la responsabilidad de los partidos políticos a la hora de entregar avales. Solo con una reforma se podría disminuir la asimetría electoral que tiene Colombia y mejorar la democracia. Una reforma tiene que ver con el fortalecimiento del estado local y regional donde se destaca un proceso de separación entre la coalición gobernante en los municipios y departamentos y los órganos de control Una segunda reforma tiene que ver con el fortalecimiento del estado local y regional. Esta reforma pasa por varias iniciativas, entre ellas se destaca un proceso de separación entre la coalición gobernante en los municipios y departamentos y los órganos de control. Hasta hoy, la mayoría de los alcaldes y gobernadores que son elegidos, presionan y eligen a los contralores y personeros, lo cual hace que no existan órganos de control y que nadie supervise los recursos públicos. Igualmente, el control ciudadano a sus gobernantes es inexistente. Algo que vale mencionar en este punto se refiere a acabar con la asimetría del desarrollo local. Hasta el día de hoy, al momento de hacer concursos públicos, los jueces, maestros y en general los puestos que se ponen a concurso están viciados por una asimetría entre centro y región y, sobre todo, entre polos de desarrollo y resto del país. Los maestros que sacan los mejores puntajes en los concursos escogen las grandes ciudades y las zonas céntricas del país o región para ejercer el cargo público; igual pasa con los jueces, registradores etc. Así, los mejores puntajes escogen Bogotá, Medellín o Cali y los peores puntajes van al Chocó, Guainía, o Vichada. Esta situación hay que acabarla si es que queremos que las regiones se desarrollen. Se deben ofrecer incentivos a los mejores profesionales para que vayan a las regiones olvidadas del país. Una última reforma trascendental en Colombia se refiere a la tierra, y además de la formalización de la tierra de los campesinos ocupantes, la creación de un fondo de tierras y el acceso a crédito para el pequeño productor, se requiere una discusión a fondo sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Colombia necesita clarificar a qué va a dedicar diferentes zonas del país, qué se asigna a la ganadería, a la agricultura en sus diferentes modalidades, qué se destina a la minería. Bajo qué condiciones se puede explotar la tierra y en dónde no. Se debe crear una demarcación clara de las zonas protegidas e intentar establecer mecanismos para reubicar las familias que ocupan los parques nacionales, por ejemplo. Se debe reglamentar la explotación minera y petrolera, dónde se puede hacer y dónde no, para que no se presenten casos como el de Caño Cristales. En fin, unos mínimos que traerá la paz que se deberían convertir en máximos.

Existen dos preguntas que rondan las cabezas de los colombianos. La primera es si las FARC van a participar en política y la respuesta es SÍ, de hecho para eso fue que el grupo guerrillero negoció. Y esa participación en política será más temprano que tarde. La segunda pregunta es saber si las FARC tendrán cupos directos en el congreso de la república y la respuesta es también SÍ, es algo obvio y quiero explicar a continuación el por qué. Las FARC no solo van a tener participación en el Congreso de forma directa sino que además deberán tener una amplia participación en la “Comisión Legislativa para la paz”. Comencemos por esto último. El presidente Santos decidió que la refrendación de los acuerdos iba a ser por la vía del plebiscito y la implementación del mismo se haría con la creación de una comisión legislativa dentro del mismo congreso de la república. Es decir, un grupo de congresistas deberán convertir en leyes lo acordado en la Habana. El acto legislativo inicialmente contemplaba que el presidente Santos tendría la facultad de nombrar de forma directa algunos pocos cupos que complementara la lista de congresistas. El artículo fue sacado, debido a que se preveía que esos cupos eran par las FARC y en la medida de que no estaba segura la firma de los acuerdos, anunciar esos cupos era darle ventajas a las FARC, al menos eso decían algunos congresistas. Sin embargo, más allá de este debate resulta un poco ingenuo pensar que las FARC no estarán en la construcción de la reglamentación de los acuerdos de paz. El papel de esta guerrilla en la comisión legislativa para la Paz debe ser determinante. Es muy improbable que las FARC solo estén en la parte de la Habana, y no en la construcción de las leyes. El Presidente se equivoca en pensar que esto se resuelve con 4 o 5 cupos en la “comisión para la paz”. En últimas y para dejarlo claro, pensar que las FARC no deben participar en esta comisión o pensar que será un papel de espectadores con algunos pocos cupos, es acabar con la negociación de paz y con la bilateralidad en las decisiones de los acuerdos de paz. Lo de La Habana es una negociación de paz y no un sometimiento o rendición, por tanto, así mismo debe ser la creación de las leyes que se deriven de los acuerdos de paz. Lo que hará la “Comisión especial para la paz”, es como la tercera fase de la negociación; es básicamente la implementación, y en esto el papel de las FARC debe ser determinante. Así que asignar cupos en este mecanismo no es un favor para las FARC o cederles poder, es por el contrario un requisito, y esto lo debe decir el gobierno de forma clara a la sociedad. Igualmente los congresistas deben dejar de torpedear esta discusión y asumir una postura sobre este asunto Como mínimo las FARC deben tener un terciO de esta “comisión legislativa”, de tal forma que tenga una capacidad de veto para el caso de mayorías cualificadas. Pero realmente pensar que las FARC no estarán en esta comisión no solo es ingenuo, es además estúpido. Además del papel de las FARC en la “comisión legislativa para la paz” también resulta muy probable que las FARC tengan unos cupos directos al congreso de la república. Para algunas personas cercanas al gobierno deberían ser 5 o hasta 8 cupos. En este punto el debate es más complejo pero al menos existen dos cosas claras. La primera, es que las FARC negociaron para esto y el gobierno aceptó dicha negociación, es difícil pensar que Timochenko participó en una guerra de 50 años para llegar a ser concejal de Calarcá. A las FARC hay que permitirles participar en política y verlos en el congreso y de candidatos presidenciales. Es decir, la negociación se hizo con dicho objetivo, cambiar las armas por las ideas. Entiendo el choque visual que esto causa para la mayoría de la población, pero no hay otra forma de hacerlo. Lo segundo claro es que el número asignado de curules de forma directa deber ser por lo menos igual al número de parlamentario que tuvo la UP o Unión Patriótica cuando comenzó la guerra sucia con la famosa estrategia de “baile rojo”. En total fueron 14 congresistas entre senadores y representantes a la cámara, la gran mayoría de ellos asesinados entre los años ochenta y principios de los noventas del siglo XX. Es decir, si a las FARC les vamos a pedir que digan la verdad, que reparen a las víctimas, cosa que es algo necesario y mínimo requisito para la reconciliación del país, igual debe hacer el Estado, se debe reparar la población del otro lado. Hay que contarle a la población colombiana que las FARC intentaron participar en política y en ese momento una alianza entre agentes estatales, narcos y paramilitares los asesinaron. En últimas, no debemos sorprendernos por cosas obvias, las FARC van a participar en política es algo obvio y necesario para que el proceso de paz salga bien. Además, seguramente estos cupos directos deben ser por dos periodos legislativos. En todo caso vale la pena aclarar que ni el plebiscito, ni la Comisión legislativa para la paz, ni la Asamblea Constituyente han sido negociados en La Habana. Han sido iniciativas de cada una de las partes y se deben discutir en los próximos ciclos de negociación. Así que lo que hace el presente artículo es contribuir al debate. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación han venido desarrollando una labor de seguimiento a la aplicación de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, presentado informes periódicos a la opinión pública nacional y al mismo Gobierno Nacional, elevando propuestas para superar los obstáculos que en el terreno ha presentado la puesta en marcha de la norma. La Restitución de Tierras sigue estancada, ni la orden de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional, más exactamente a la Dirección de la  Unidad de Tierras,  para que  elabore un plan en 6 meses contados desde noviembre de 2015 y así cumplir con la meta de restituir todos los predios despojados en el marco del conflicto antes de 2021, ha logrado agilizar el proceso. De 87.118 solicitudes presentadas ante la Unidad de Tierras, sólo han sido resueltos 2.943 casos que representan 197.927 hectáreas restituidas. Hoy, cuando estamos a cuatro años del inicio de la implementación de la Ley de víctimas, damos a conocer  un análisis, por departamento, a las 1.500 sentencias de restitución que se han emitido por los jueces de tierra, en donde concluimos que el proceso de Restitución de Tierras, No Avanza,  y hemos observado que en la mitad del tiempo que tiene el Gobierno Nacional para restituir,  sólo  ha realizado  el 3.4% del total de las solicitudes. Y, mientras esto sucede, con preocupación vemos que el procurador Alejandro Ordóñez visita al municipio de San Ángel, en el  Magdalena, uno de los  municipios donde se firmó los primeros pactos entre políticos y el paramilitar Jorge 40, para liderar un encuentro con unos dos mil campesinos que se oponen la aplicación de la norma y  sectores políticos consolidan el plan desde las regiones de desprestigiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras queriendo acabar con el único mecanismo que ha implementado el Gobierno para atender a las víctimas. Lea tambien, La restitución de tierras no avanza

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre los retos del postconflicto; se han traído expertos de Irlanda del Norte, Centro América y El Salvador. En una serie de eventos se han analizado los diferentes factores de los cuales depende la construcción de una paz duradera, luego de la dejación de armas de las guerrillas. El gran tema es que tanto Irlanda del Norte, como El Salvador no tenían una economía de guerra cuando se dieron los procesos de paz, de ahí que las condiciones sean bastante diferentes a las de Colombia. El libro que será lanzado el próximo 22 de abril, y que construyó la Fundación Paz y Reconciliación, trabaja a fondo estos temas. Al mirar los postconflictos de África y algunos de Asia, como el de la República Democrática del Congo  y Nepal, existen condiciones más similares a las de Colombia y al menos surgen tres grandes hipótesis. La primera es que el postconflicto se divide en dos niveles, uno nacional, de grandes trasformaciones políticas, y otro territorial, en el que se trata de sacar de ciclos de violencia a las regiones más afectadas por el conflicto. El postconflicto territorial se gana en los primeros 18 meses después de la firma de los acuerdos. Es en ese momento cuando se debe evitar un rebrote de la violencia y evitar que mueran reinsertados y miembros de las comunidades. La segunda conclusión es que estos postconflictos en medio de economías ilegales no se deben concentrar en acabar estas economías, sino más bien en formalizar lo que se pueda y disminuir las probabilidades de que estas economías se han retomadas o administradas por otros actores criminales que no entraron al proceso de paz. El problema es que en estos escenarios de una guerra prolongada y en contextos de economías ilegales tan diseminadas, donde mucha población vive o sobrevive de esto, es muy difícil entrar con un plan de choque de represión, que causará una explosión social. La última conclusión es que lo violento o no de un postconflicto en estos contextos de economías de guerra dependerá del modelo de seguridad que se cree en el marco de la negociación. Para el caso de Colombia la situación es compleja. Los datos son los siguientes: las guerrillas operan en 281 municipios de los 1102 que tiene el país. La mayoría de estos municipios son de categoría 6, es decir, que tienen muy poco presupuesto y poca población, además de problemas institucionales complejos. Igualmente, una gran parte de estos municipios no ha construido una infraestructura de vías terciarías que le permita desarrollar mercados internos y acercar los productos de los campesinos a zonas urbanas donde los puedan vender. Adicional a lo anteriormente mencionado, en una parte importante de estos municipios existe presencia de economías ilegales.  El siguiente mapa muestra los 281 municipios donde han hecho presencia las guerrillas en los últimos años y además cuales de ellos tiene presencia de cultivos de coca. Nótese como 162 municipios tienen presencia de cultivos de coca. Además el siguiente mapa muestra que de esos 281 municipios, 111 cuentan con presencia de minería ilegal. Adicionalmente, el siguiente mapa muestra cuántos de los 281 municipios tienen presencia de un solo grupo armado ilegal, dos o tres actores ilegales. Por último, el siguiente mapa muestra las zonas de incautaciones de cocaína, lo que permite ver las zonas de procesamiento y exportación de droga. La conclusión inicial es que las zonas de presencia de las guerrillas –en 281 municipios- no coinciden con las zonas de mayor incautación de droga, pero si con las zonas de cultivos de coca. Eso significa que las FARC manejarían las dos primeras partes de la cadena de la droga y las otras cuatro serían de otros actores.  En cambio este mapa de incautaciones sí coincide bastante con el mapa de presencia de los Urabeños y de otras bandas criminales, lo que también se presenta en el mapa. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Hasta la semana pasada, el gobierno nacional mostraba la zona del Urabá como uno de los ejemplos de la pacificación y de lo que sería la victoria contra el crimen organizado. Efectivamente, en esta región del país los indicadores de violencia habían caído de forma increíble. Urabá pasó de ser una de las regiones más violentas del país hace un poco más de una década, a una tasa de homicidio cercano a una cifra de un dígito. Sim embargo, el paro armado de los Urabeños la semana pasada esta región del país, significó la parálisis de ciudades grandes como Apartadó, Montería, capital de Córdoba, también se vio afectada; y todo esto en medio de la famosa operación Armagedón, que según el gobierno nacional tenía al borde del colapso a Otoniel y su gente. Los Urabeños o Clan Úsuga son tal vez la estructura neoparamilitar más fuerte actualmente en Colombia y su poder se extiende en 13 departamentos. La zona del Urabá es su base fundamental, pero se han hecho fuertes en toda la costa Pacífica colombiana. Su nacimiento se relaciona con el proceso fallido de desmovilización paramilitar en esta región. El fundador fue alias Don Mario, actualmente preso, a quien sucedió Giovanni y más recientemente Otoniel. El problema con estos grupos neoparamilitares fue el proceso de desmovilización paramilitar puesto en marcha entre 2003 y 2006 y que significó, en el mejor de los casos, la desmovilización del aparato militar, porque sus estructuras políticas, económicas, las rutas del narcotráfico y los contactos con agentes estatales no se desmovilizaron, y tampoco fueron delatados por los desmovilizados. De tal forma que el rearme paramilitar fue algo apenas predecible. En los últimos cuatro años el estado ha logrado neutralizar 22 jefes de bacrim. Por ejemplo, Giovanni murió en un operativo militar, los hermanos Comba se entregaron al gobierno norteamericano, Mi Sangre cayó en Argentina, Diego Rastrojo en Venezuela, Cuchillo en el Meta, el Loco Barrera en Venezuela, y a pesar de ello la influencia es estas estructuras no ha disminuido. La estrategia de la fuerza pública ha sido concentrarse en los objetivos de alto valor, bajo el presupuesto de que la organización criminal desaparece si se neutraliza a los jefes, premisa que ha sido errada. La desaparición de estas organizaciones criminales es producto del proceso de cooptación entre estos grupos neoparamilitares, los Urabeños han cooptado a los Machos en el Valle del Cauca y a los Paisas en Antioquia De hecho, se podría decir que gran parte de la desaparición de estas organizaciones criminales es producto del proceso de cooptación entre estos grupos neoparamilitares y no gracias a la efectividad de la fuerza pública. Por ejemplo, los Urabeños han cooptado a los Machos en el Valle del Cauca y a los Paisas en Antioquia. Estos grupos neoparamilitares son el principal riesgo para el posconflicto, por dos vías. La primera es la posible cooptación de mercados en las zonas donde las guerrillas dejen las armas; la segunda, la contratación de estas estructuras por gentes interesados en que el proceso de paz fracase. Ambas vías son muy posibles, y de no limitarse la actuación de estas organizaciones, el posconflicto puede ser doloroso en algunas regiones. Es por ello que se propone afrontar este reto con una estrategia que contemple la represión, pero que también ofrezca un proyecto de alternatividad penal, en el cual se legalice parte de la riqueza: cerca de un 30 %, el 70 % restante que pase al Estado para la reparación de víctimas. Y que se den pocos años de cárcel a cambio de delación de socios y entrega de rutas del narcotráfico. Es decir, hacer bien lo que no se hizo con la desmovilización paramilitar. Esto no significa estatus político o de beligerancia, de hecho, es una figura que ya se permite en la ley colombiana. Se entienden los miedos del proceso 8000 y, obviamente, los fantasmas de la cooptación institucional para promover estos mecanismos son entendibles, pero el país debe afrontar este debate de forma abierta y trasparente para poder avanzar en un posconflicto pacífico. Columna de opinión publicada en las2orillas.co

Introducción Tal vez el mayor reto de seguridad en el postconflicto sean los grupos surgidos luego de la desmovilización paramilitar o las denominadas BACRIM.  Estos grupos, hoy día, funcionan como una red criminal y no como estructura; además utilizan la subcontratación criminal para operar en las zonas urbanas; utilizan la violencia selectiva y ejemplarizante como mecanismos de represión; pero sobre todo han entendido que al Estado no se le gana una guerra y que es mejor infiltrarlo por medio de la corrupción para garantizar la operatividad criminal. Las BACRIM son una diversidad de estructuras criminales que pueden estar agrupadas en una misma organización como los Urabeños- Clan Usuga o Rastrojos. Esta diversidad ha complejizado los procesos de comprensión del fenómeno, como se verá más adelante son al menos cinco estructuras criminales de alcance nacional, las cuales tienen capacidad territorial y militar para generar terror entre las comunidades y al menos 27 pequeñas bandas que operan de manera localiza. Ahora bien, lo importante es entender que esta diversidad de estructuras se puedes agrupar en al menos tres tipos de organizaciones. Las primeras, se caracterizan por tener una organización definida, jerarquizada con mandos de poder visible y especializado, por ejemplo en este grupo encontramos al Clan Úsuga o los urabeños, quienes dentro de su estructura de poder tiene tanto jefes militares como políticos, quienes se encargan de manejar las relaciones de esta banda con otras organizaciones criminales, por ejemplo, en 2014 fue capturado Albeiro Feo Alvarado, desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas y quien fue el responsable de dirigir los pactos de no agresión con otras bandas de Antioquia, como “la Oficina” y “los Rastrojos”. En Cesar por ejemplo, la responsable política de la banda es conocida como la enfermera¸ quien es la responsable de tramitar este tipo de alianzas con otras estructuras criminales, controlar las redes de testaferros e incluso establecer relaciones con autoridades locales para tener mayor maniobra criminal. Un segundo grupo tiene que ver con las bandas criminales que tienen alcances regionales, se diferencia en las primeras en la medida en que la organización de estas es menos jerarquizada, su operación es en lógica de red y su alcance está anclado a territorios definidos, por ejemplo, en este grupo encontramos bandas como las disidencias del ERPAC: el Bloque Meta y los libertadores del Vichada, en el oriente colombiano. Estas bandas criminales por lo general pactan rutas o servicios con estructuras más grandes como Urabeños o Rastrojos. El tercer tipo de organización y tal vez las más peligrosas tienen una operatividad local, se caracterizan por tener un portafolio criminal amplio y se han denominado como bandas de “mercenarios”, quienes presentan su servicio al mejor postor. Entre estas organizaciones encontramos por ejemplo a la “constru” en el Putumayo o “la empresa” en Buenventura, estas bandas se caracterizan por operar bajo una lógica de subordinación y contratación de otras bandas delincuenciales en los cascos urbano, la oferta criminal de estas bandas tiene una lógica selectiva, es decir, cada vez hacen menor uso de la violencia indiscriminada para generar terror en las comunidades. En este sentido, la operatividad de las estructuras más grandes como el Clan Úsuga, es solo una parte del aparato crimina y operativo que mantienen las bandas criminales. En importante destacar que en los tres casos, se pueden observar niveles de cooperación o disputa, ya sea por proveer servicios criminales o por ampliar el control de alguna de las zonas. Así por ejemplo, entre 2013 y 2014 en el Valle del Cauca, la expansión y consolidación de los Urabeños en el Norte del Valle, y en general en el pacífico colombiano, se ha construido a partir de dos tipos de alianzas, las primeras con disidentes de otras organizaciones criminales que han tenido operatividad en la región e incluso estuvieron vinculados a ejércitos privados de narcotraficantes, como es el caso de los Machos, y otras alianzas con combos y grupos delincuenciales. Desde luego, el segundo tipo de alianzas genera mayores niveles de subordinación, mientras que con el primer tipo hay mayores niveles de incertidumbre entre la lealtad que pueda tener una organización hacía la otra,  hecho que ha motivado a que los Urabeños, luego de tener control sobre una zona en la cual lograron consolidarse por el primer tipo de alianza, envíen a esas zonas hombres de confianza del clan para tomar control y restar poder a la banda con la cual hayan tenido pactos para ganar un territorio. Estos hombres de confianza se han denominado como las fuerza élite de las organizaciones, en muchos territorios fueron reconocido como “los paisas” o de manera más generalizada como “los gaitanistas”, esta forma organizativa deje entrever la complejidad de las lógicas operativas de las bandas criminales y la relación que existe entre cada uno de los tipos de bandas que tienen presencia en el territorio nacional. Quienes son y donde están. Los mapas a continuación permiten observar la presencia de estas bandas criminales según la información entregada por la Policía Nacional. De acuerdo a esta información, el Clan Úsuga opera en 250 municipios, los Rastrojos en 200, las disidencias del ERPAC en 55 municipios y las Águilas Negras en 62 municipios. Adicional a la identificación de estos grupos, la policía identifica otras 27 bandas criminales que operan en al menos 157 municipios del país. De acuerdo a este diagnóstico, la situación de las Bacrim ha vuelto a su etapa inicial, cuando en 2008 se conocía de la existencia de 32 estructuras criminales en el país. Sin embargo, más allá de la multiplicidad de posibles estructuras, este diagnóstico deja en evidencia las falencias de las autoridades para entender el fenómeno de las bandas criminales y la amenaza que representan estas estructuras para la aplicación del acuerdo de paz. Por otro lado, entre 2007 y 2015 han sido capturados 19.579 integrantes de las bandas criminales y 1097 han sido dados de baja según datos entregados por la Policía Nacional[1]. Los mismos datos sostienen que estas acciones han ocurrido en 491 municipios del país. Si bien, estas cifras ofrecen una dimensión territorial de las zonas en las que operan las bandas criminales, resulta difícil sostener que en los mismos municipios en los que se han reportado bajas o capturas corresponden a zonas en las que existe presencia activa de las bandas criminales. Lo cierto es que  en diferentes regiones del país, las bandas criminales hacen o han hecho presencia armada y actualmente representan el mayor riesgo para la ejecución y sostenibilidad de los acuerdos de paz. Las bandas criminales han demostrado a lo largo de los últimos años una alta capacidad de adaptación, las casi 20 mil capturas no han desestabilizado la capacidad de ejercer control territorial. Al contrario, se ha ampliado la oferta criminal, manteniendo el control de las actividades de microtráfico en cabeceras municipales, teniendo control sobre el las actividades relacionadas con la minería criminal, el contrabando, la extorsión y recientemente un aumento progresivo en las amenazas a líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, organizaciones sociales y líderes de opinión que respaldan el proceso de paz. La ampliación en el portafolio de estas organizaciones criminales tiene que ver con la estructura operativa de las bandas criminales. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado dos mecanismos de operación organizativa, el primero hace referencia a la prestación de servicios orientados a la actividad minera, el contrabando, tráfico de armas y control de rutas del narcotráfico. La segunda, tiene que ver una oferta criminal más descentralizada, relacionada con el sicariato, microtráfico y narcomenudeo y en especial con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es decir, estas organizaciones criminales pueden vender servicios de seguridad a toda aquella persona que esté en capacidad de pagarlo. En cada uno de los casos, las bandas criminales han demostrado tener una lógica operativa distinta, si bien, para el control de las rutas den narcotráfico y la minería criminal, los dispositivos militares de las bacrim son fácilmente reconocibles, ya que la operatividad de estas actividades requiere de grandes esfuerzos de coordinación y cadenas de mando para evitar distorsiones en la comisión de los delitos, las otras actividades descritas en el portafolio criminal han estado sustentadas desde la operatividad descentralizada de las bandas criminales. Desde luego, uno de los principales retos en la ejecución de los acuerdos de paz está en tener la capacidad de sustituir las economías ilegales tales como el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal, hechos que no dependen únicamente de la dejación de armas de la guerrilla de las FARC. Las posibilidades de que las estructuras armadas de las bandas criminales lleguen a ocupar las zonas en las que las FARC participan de estas actividades es mayúscula, por ejemplo, es sabido que en zonas como el Putumayo, la banda criminal de la “constru” estaría interesada en ampliar su poder criminal copando las zonas de influencia de las guerrillas, poniendo en riesgo no sólo la ejecución de las acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito, sino la seguridad de ex combatientes que lideren dichos procesos. Mientras tanto, la lógica de la descentralización de estas estructuras para cometer otros delitos se ha hecho por medio de la subcontratación de grupos delincuenciales en cabeceras municipales. Esta estrategia maximiza la capacidad de las bandas para extraer rentas, abriendo una serie de servicio criminales como el sicariato, cobro de extorsiones, control del microtráfico y amenazas. Este mecanismo de operatividad trajo consigo dos elementos importantes para el análisis, por un lado, las BACRIM al hacer uso de organizaciones delincuenciales locales, evita aumentar los índices de violencia en las cabeceras municipales, ya que la entrada de estas no se hace por medio de la confrontación armada sino por medio de la subordinación. Y segundo, desvían la atención de las autoridades, en tanto, las bandas criminales que se benefician de estos servicios quedan relativamente blindadas, ya que muchos de los delitos son atribuidos a los grupos delincuenciales que están al servicio de las bandas criminales. La atomización de la operatividad en centros urbanos distorsiona la capacidad militar y organizativa de las bandas criminales, las cuales cambiaron del paradigma de organización jerárquica y vertical hacía la organización jerárquica en red, la cual reconoce mandos en cada una de sus estructuras, pero que opera con mayor autonomía y descentralización. De allí que en regiones como el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Cauca y Chocó zonas de fuerte influencia del Clan Úsuga y los Rastrojos, no ha sido posible determinar una estrategia unificada para entorpecer el proceso de paz, pero si una estrategia que responde a intereses particulares,  por ejemplo, en estas zonas se ha puesto a circular la idea en la que para frenar los procesos de restitución de tierras se cometerán acciones selectivas, las cuales no alteran cifras como el aumento de homicidios o desplazamientos forzados, pero que son significativas para generar el temor suficiente en la población y de esa manera limitar el alcance de los acuerdos de paz en el territorio. Esta misma situación se ha presentado en ciudades capitales, por ejemplo en la ciudad de Medellín, miembros de las bandas criminales que controlan el negocio del microtráfico y la extorsión y que se han denominado como los herederos de “don Berna” han declarado que todo excombatiente delas FARC que llegue a la capital antioqueña será declarado “objetivo militar”. Hechos que no han sido direccionados únicamente a la posibilidad de asesinar sistemáticamente a los hombres de las FARC que dejen las armas, sino también a líderes de derechos humanos, tal como se puede apreciar en la siguiente foto, el panfleto amenaza [1] Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional. Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Capturas de Integrantes de Bacrim Registradas Por La Policía Nacional en el País. Periodo comprendido del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 2007-2014 Y del 01 Enero Al 31 De Octubre 2015. Bajas a Integrantes de Bacrim Registradas por la Policía Nacional en el País. Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 De Diciembre 2007-2014y del 01 Enero al 31 de Octubre 2015

El gran tema que debate hoy al país se refiere a los retos que traerá el postconflicto en asuntos territoriales, económicos, políticos y especialmente en materia de seguridad. En los últimos 20 días han sido asesinados 7 líderes sociales en el país, lo cual despierta los viejos fantasmas de la guerra sucia que se vivió con la masacre de más de 4 mil líderes sociales y políticos hace algunas décadas. Además, estos hechos dejan la pregunta sobre la posibilidad de que el país, después de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, viva una nueva ola de violencia y que, por ende, no se logre superar estos ciclos criminales. Dentro de estos temas de seguridad, las FARC en La Habana hablan del paramilitarismo. El gobierno nacional, por su parte, parece desprenderse del viejo concepto de Bandas Criminales o BACRIM y opta por utilizar el concepto de Crimen Organizado. Mientras tanto, algunos centros de estudio hablan de los grupos post-desmovilización paramilitar. Hoy, al menos, gran parte del mundo político y académico parece coincidir en que estos grupos son una de las más grandes amenazas  en el postconflicto. La realidad es la siguiente. Luego de la desmovilización paramilitar en el país surgieron tres tipos de grupos: 1. Los disidentes, es decir, estructuras que nunca se desmovilizaron. 2. Los rearmados, es decir, estructuras que entraron al proceso de Ralito, se desmovilizaron y luego de un tiempo se rearmaron. 3. Grupos emergentes, es decir, surgieron grupos que indirectamente se vinculaban a los grupos paramilitares, pero que tenían una génesis nueva. Entre 2006 y 2011 se dio la primera generación de estos grupos y en total llegaron a existir hasta 36 estructuras en el país. Luego de 2011, debido a un proceso de cooptación entre estructuras criminales y sobre todo producto del modelo de persecución de la fuerza pública, estas organizaciones comenzaron un proceso de adaptación criminal bastante particular y varias de estas redes criminales se consolidaron. En la actualidad de los 1 102 municipios que tiene el país, estos grupos operan en cerca de 300 municipios, en algunos con presencia más fuerte que en otros. Pero estos grupos neoparamilitares no son lo que solían. En realidad, han dejado de ser estructuras criminales para convertirse en redes de organizaciones criminales. La estructura operativa dejo de verse desde una perspectiva lineal y jerárquica y pasó a ser funcional en forma de red, en la cual aseguran diferentes nodos de operatividad en el territorio nacional. Es en este sentido cuando podemos afirmar que uno de los modelos de operación consiste en la descentralización de la estructura criminal. En la actualidad son tres los tipos de organizaciones que pueden llegar a conformar una BACRIM. Por un lado, cerca del 30% de las BACRIM son estructuras jerárquicas que protegen testaferros, están al servicio de la extracción de rentas derivadas de la extorsión, la minera criminal, el contrabando, tráfico de armas y el control de rutas del narcotráfico. Estas estructuras mantienen vínculos con sectores políticos y judiciales, y financian campañas. Es decir que no sólo les importa el negocio criminal. Las redes neoparamilitares se caracterizan por tener una organización definida y jerarquizada con mandos de poder visible y especializado. Por ejemplo, en este grupo encontramos la parte alta del Clan Úsuga (autoproclamados “Gaitanistas de Colombia”) o los Urabeños, quienes dentro de su estructura de poder tienen tanto jefes militares como políticos encargados de manejar las relaciones de esta banda tanto con otras organizaciones criminales como con representantes del sector económico y productivo, políticos y representantes de la institucionalidad. Muestra de ello es que Otoniel, jefe de los Urabeños, reconoció que 7 alcaldes del Urabá eran fichas de él. Luego encontramos otro 30% de BACRIM que son de alcance regional. Estas son estructuras descentralizadas que mantienen una oferta criminal relacionada con el sicariato, y en especial con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se podría decir que estas estructuras venden servicio de seguridad privada ilegal a cualquier postor. Además, éstas están detrás de negocios criminales particulares y aunque tienen mandos militares su alcance es regional. Su operación es en lógica de red pero se diferencian de las primeras en la medida en que su organización es menos jerarquizada y su alcance está anclado a territorios definidos. Por ejemplo, en este grupo encontramos bandas como las disidencias del ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia): el Bloque Meta y los libertadores del Vichada, en el oriente colombiano. Por último encontramos un 40% de estructuras de BACRIM que la Fundación Paz y Reconciliación ha denominado como los mercenarios, son pequeñas bandas de no más de 10 ó 15 personas. Su alcance es local y no defienden territorio. Aquí también se encuentran las pandillas y grupos delincuenciales que trabajan con el primero o segundo grupo de BACRIM mencionado anteriormente. Este grupo de BACRIM mercenario se caracteriza por tener un portafolio criminal amplio que presenta su servicio al mejor postor. Entre estas organizaciones encontramos por ejemplo a la “Constru” en el Putumayo. Estas bandas se caracterizan por operar bajo una lógica de subordinación y contratación de otras bandas delincuenciales en los cascos urbanos. La oferta criminal de estas bandas tiene una lógica selectiva, es decir, cada vez hacen menor uso de la violencia indiscriminada para generar terror en las comunidades. Hasta aquí, la cosa parece sencilla de entender, el gran problema es que estos tres tipos de BACRIM o neoparamilitares operan en una misma organización. El mejor ejemplo de esto son los Urabeños. A continuación se muestra el mapa de presencia de esta organización criminal en el país. El mejor ejemplo para entender la relación entre estos tipos de BACRIM ocurrió el año pasado en el Valle del Cauca. Allí, los Urabeños venían en una fuerte disputa con la Banda Criminal de La Empresa. Para dicha guerra, los Urabeños contrataron una disidencia de los antiguos Machos y estos a su vez crearon y contrataron pandillas urbanas en Buenaventura. Pandillas como los “Buenaventureños” o los “Chocoanitos” son muestra de ello. Una vez los Urabeños comenzaron a ganar la guerra, varias de estas pandillas se le salieron de las manos, aumentando la extorsión e incursionando en otros mercados ilegales. Esta situación llevó a que los Urabeños enviaran una fuerza élite denominada Gaitanistas a someter a su propia gente. Por ello, fue que en el año 2015 hubo una disputa que parecía una guerra interna en los Urabeños. Pero en realidad era un proceso de ajuste. Este ejemplo muestra cómo los Urabeños tienen una estructura jerárquica compuesta por fuerzas especiales que a su vez contratan organizaciones regionales y estas a su vez pandillas. Son redes con grados de autonomía muy fuerte y compuesta por un gran número de organizaciones son interdependientes. Lo anteriormente descrito es la realidad de las BACRIM, pero a esto se le suma una complejidad adicional. Estas BACRIM son utilizadas por agentes legales como grupos privados de seguridad, para someter organizaciones de víctimas, asesinar líderes sociales y amedrentar todo aquello que amenace el poder de las élites. Las BACRIM por si solas difícilmente van a asesinar líderes sociales. Más bien, estas bandas son contratadas para sabotear el proceso de paz. Se sabe de una reunión en el Sur de Córdoba en noviembre de 2015 y de otra en el Urabá en enero del 2016 donde sectores sociales estaban recogiendo plata para sabotear el proceso de paz. Así que el tema no es solamente una disputa por mercados criminales. También se refiere a intereses políticos y económicos del mundo de la legalidad. Fueron y son las élites polítcas regionales las que mejor supieron combinar la política con armas, y al parecer lo quieren seguir haciendo. Columna de opinión publicada en Semana.com

La semana pasada ocurrieron dos hechos, los cuales quedaron retratados en imágenes para la historia. Por ratos parecían increíbles, daban alegría y en otras ocasiones repulsión, no era fácil asimilar tanto cambio en apenas dos días. O mejor, entender que el mundo cambió y que es mejor no quedarse atrás. La imagen que mayor impacto me provocó fue en Argentina, allí en el Parque de la Memoria, el actual presidente Mauricio Macri y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizaron un acto en conmemoración a las 30.000 víctimas de la dictadura militar liderada por Videla. Era llamativa la foto porque durante los años de alcalde de Buenos Aires, Macri no pasó por ese parque, y además, porque su postura frente a la dictadura no ha sido muy fuerte y gran parte del movimiento de víctimas no lo ve con buenos ojos por su conservadurismo. Por otro lado, estaba un presidente de Estados Unidos, gobierno que durante la década de los setenta y ochenta del siglo pasado apoyó y sostuvo estas las dictaduras en Latinoamérica, entre ellas la Argentina. El evento en el Parque de la Memoria ocurrió precisamente le día que se cumplían 40 años del golpe de Estado, un 24 de marzo cuando comenzó toda la tragedia. Para una gran cantidad de amigos argentinos, esta foto causaba repulsión, pero en realidad es un logro impresionante de la sociedad argentina. Es decir, tanto un presidente de Estados Unidos como un representante del conservadurismo argentino hicieron un evento donde el tema central fue el respeto a los derechos humanos y la garantía a la oposición política. Fue la lucha por la memoria, el reconocimiento de las atrocidades de la dictadura y el proceso de catarsis social, lo que obligó a estos dos personajes a realizar el evento central de la visita de Obama en el Parque de la Memoria. Después de algo más de 80 años un presidente norteamericano visitaba la isla, al final los Castro se salieron con la suya y mantuvieron su modelo político a pesar del gigante del norte La otra imagen estaba en Cuba allí después de algo más de 80 años un presidente norteamericano visitaba la isla, al final los Castro se salieron con la suya y mantuvieron su modelo político a pesar del gigante del norte. La visita de Obama significó al menos dos cosas. La primera es que después de algo más de 50 años el gobierno de los Estados Unidos reconocía la revolución cubana y aceptaba el gobierno cubano, aceptaba su derrota. El otro significado es que a su vez Cuba, no puede mantener un régimen duro y no aceptar equivocaciones. El discurso de Obama el segundo día de su visita fue demoledor, dijo cosas fuertes pero ciertas y el gobierno cubano aceptó la crítica. Fidel Castro escribió el día de ayer que Cuba no necesitaba ningún regalo del “imperio”, los hermanos Castro ganaron la guerra y al final sin combates despiadados. Sin embargo, el Viernes Santo, en medio del concierto de The Rolling Stones, escuché una frase que dejo mudo al casi medio millón de personas que fue al evento. Mick Jagger dijo, “yo sé que hasta hace poco tiempo nuestra música no era muy escuchada aquí, pero me dicen que las cosas están cambiando, ¡No!”. Esa frase resume lo de la semana pasada. Yo espero que Colombia cambie con el proceso de paz. Columna de opinión publicada en las2orillas.co