Para el año de 1986, el ELN logra en su primera asamblea nacional definir los rumbos de su estrategia, para lo cual decidió ligarse a las luchas reivindicativas de obreros, campesinos, pobladores y estudiantes, a quienes define como su “fuerza social fundamental”, con la idea de construir un “poder popular” y en alianza con el conjunto de fuerzas guerrilleras en Colombia, lograr la derrota de lo que el grupo guerrillero llama “Proyecto oligárquico” y la instauración de un “gobierno del pueblo”, que empujara una agenda con un proyecto socialista. Para ese entonces el ELN contaba con aproximadamente cincuenta frentes guerrilleros, estructuras urbanas en las principales ciudades del país y todo un entramado de estructuras especializadas y vínculos diversos con el “mundo guerrillero”, además aposto fuerte por la “Unidad de las Guerrillas”. El ELN definió ir hacia un esfuerzo militar de amplia envergadura, que le permitiera mostrar su fuerza militar y desde allí avanzar en sus planes. La anterior fue la tesis que triunfo en su segundo Congreso en el año de 1989 – el primer Congreso fue en el año de 1987 y obedeció a la integración con el MIR-Patria Libre. Esta definición de actuación política y el ir hacia una acción militar a nivel nacional, se da en momentos en que ya no existe la anhelada unidad guerrillera expresada en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, constituida en 1987, en que el M-19, jalona una estrategia de negociaciones políticas, que convence a una buena parte de las guerrillas y las involucra en el proceso de modernización y de construcción de un pacto parcial de paz, como lo fue la constitución de 1991. El ELN, no pudo dar el salto de una fuerza guerrillera a una fuerza de cuerpos de ejército. Lo intento, pero los costos en vidas humanas y en el tipo de relación que debía efectuar con las comunidades en los territorios donde operaban, los hizo desistir, porque fueron guerras demasiado focalizadas; Arauca, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar y quizás de manera diferente en el Oriente Antioqueño, estos territorios fueron las zonas de mayor operatividad militar del ELN entre los años de 1985 a 1995. Por presiones de la realidad, el ELN, poco a poco va adentrándose en los “vericuetos” de la negociación política y lo hace según su talante. El primer paso que toma es promover una consulta interna en la que toda su militancia a nivel nacional es preguntada, uno a uno, si se está o no de acuerdo en adelantar diálogos con el Estado Colombiano, como parte de una estrategia de actuación política, para acumular capacidad política y mostrarse como una fuerza propositiva, capaz de discutir desde una fuerza política en armas sobre temas trascendentales. Esta consulta adelantada en el segundo semestre de 1988, dio como resultado una expresa autorización a la Dirección Nacional del ELN, para adelantar diálogos y negociaciones circunscrito a los temas de política petrolera y “humanización del conflicto”. El primer tema candente por la ubicación del ELN en torno a regiones de explotación petrolera y por su interés de apoyar las agendas de las organizaciones de los trabajadores petroleros y el segundo tema por lo que ya se visualizaba, como el imperativo de regular la acción de la guerra y sus efectos sobre comunidades, algo premonitorio a lo que va ser lo que luego se vivió como una guerra “degradada” en los años 90 y que permanece hasta nuestros días. El ELN, participó de los diálogos que se adelantaron en Caracas y luego en Tlaxcala México en los años de 1991 y 1992, junto con las FARC y una pequeña expresión del EPL. El 90% del EPL pactó un acuerdo de paz con el Gobierno del Presidente Gaviria. Estos diálogos fueron el intento de la insurgencia que se mantuvo al margen de los acuerdos de paz, por tener protagonismo político, pero no condujeron a ninguna parte por que las exigencias de la guerrilla son maximalistas. Luego del fracaso de la campaña militar del año 92 y del fracaso de los procesos de negociación, en los cuales es muy dudoso que el ELN haya logrado acumular simpatía política, el grupo guerrillero se sumerge en una nueva fase de crisis, ya no crece más, se debilita orgánicamente – se separan la Corriente de Renovación Socialista para emprender un camino de pacto negociador en el año 1994 y surge el ERP y el EGP, dos grupos con operatividad muy circunscrita al Sur de Bolívar- y lo que es más importante, la aceptación a la lucha armada es cada vez menor. El ELN pierde la sintonía con una diversidad de fuerzas sociales con las que se articuló en los años setenta y creció en los ochenta. Este grupo guerrillero intenta remontar esta crisis de proyecto, asumiendo que es la voz de una Colombia pobre, acudiendo a sus asentamientos históricos (magdalena medio, sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño, Oriente Antioqueño, Arauca y parte del Cauca y Nariño), que son tierras de mucha pobreza y exclusión, de unas comunidades que quieren ser tenidas en cuenta, para contar en la vida de Colombia, contar con oportunidades para ejercer derechos y ser ciudadanos y ciudadanas que cuenten y salgan de las marginalidades. Con este sentimiento se intentó sintonizar desde otra perspectiva, ya no buscando un triunfo militar, sino la construcción de un “Bloque histórico”, para empujar su agenda política y desde las elecciones locales de 1997, cuando en el municipio de San Carlos – oriente antioqueño- en el acto de dejación en libertad de un par de observadores de la OEA que ejercían veeduría electoral, propuso la “Convención Nacional”. Hasta el día de hoy, sus tesis se han enrrutado por la construcción de un nuevo pacto político, que les permita a ellos ser protagónicos en una acción ya no militar, sino de clara extirpe política, un pacto de inclusiones, en la cual ellos, como ELN sean protagónicos. En 1998, cuando muere Manuel Pérez, el sacerdote que lideró el resurgir del ELN a finales de los años 70 y su proyección como una fuerza muy beligerante en los ochenta, el grupo subversivo había cambiado de formato. Dejó de pensar en la insurrección y el triunfo militar y se encamino a la construcción de un acuerdo político, a su modo, paso a paso, tratando pero sin arriesgar demasiado pasando por los gobiernos de Pastrana y Uribe, hasta llegar al de Juan Manuel Santos con el que ha iniciado acercamientos con miras a establecer una mesa de diálogos. Variaciones al año 2013 de la presencia del ELN en el territorio nacional Texto: Luis Eduardo Celis Mapas: Paola Nuñez y Naryi Vargas

Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino Nicolás Rodríguez Bautista, conocido por su seudónimo de Guerra, Gabino, primer Comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es el segundo guerrillero más veterano de Colombia y quizás del mundo, lleva en armas 51 años de sus 66 de vida. Nicolás proviene de una familia rebelde. Su padre, Pedro Rodríguez Martínez, quien hizo parte del movimiento de los  “Bolcheviques” de  El Líbano, siendo Alcalde de San Vicente de Chucuri durante ese periodo – 1928-1929-, se vinculó luego al Partido Comunista y se mantuvo como dirigente en su región. Se le sindico  de apoyar la guerrilla liberal de Rafael Rangel, en el periodo posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, desvinculado del Partido Comunista por no compartir sus orientaciones políticas ve en el Movimiento Revolucionario Liberal, fundado por Alfonso López Michelsen una propuesta sugestiva de la que pronto se desengaña. A los  14 años, se entera de la existencia del ELN  y solicita su incorporación, su padre le explica que esta es una decisión muy sería y que si se vincula debe hacerlo con total responsabilidad y dedicación. Transcurridos cuarenta y un años de aquel lejano mes de junio de 1964, no hay duda de que Nicolás ha mantenido la palabra empeñada a su padre. Es un hombre silencioso, cauteloso y metódico. Conoce la historia del ELN, como la palma de su mano, desde los  entreverados caminos de la serranía de San Lucas hasta  los vericuetos del Magdalena Medio, el Nordeste Antioqueño o el bajo Cauca.  Es de los pocos colombianos que puede dar testimonio de haber caminado estos territorios y conocer sus esplendores naturales y la miseria económica de gran parte de sus pobladores. Toda su vida guerrillera ha estado en el centro del poder, pero siempre ha sabido tomar distancia, mostrándose  más bien como un poder detrás del poder. Siempre estuvo un paso atrás de Manuel Pérez, quien tenía la convicción y el reconocimiento de que cualquier paso o iniciativa debía ser consultada y previamente concertada con Gabino. Los dos fueron durante veinte años, el fiel equilibrio de los poderes al interior del ELN, manteniendo las riendas durante la dura época de la crisis luego de la derrota de Anorí, supieron preservar la poca fuerza y esperar a que el vendaval de la desintegración amainara. Ambos lograron mantener con vida al  grupo guerrillero, contra varios cercos de aniquilamiento  por la sagacidad de Gabino, permitiendo construir la confianza y las lógicas para conducir al ELN durante su época de crecimiento y expansión. La muerte de Manuel fue un duro golpe para Gabino, quien vio partir a su confidente y hermano. Los vínculos de Gabino fueron entrañables y contradictorios con Fabio Vásquez, este se puede decir que termino de criarlo en la guerrilla, con quince años de diferencia. Compartieron cada momento de la instalación y proyección del primer núcleo guerrillero, el recio fundador imprimió en el joven el don de mando y la fuerza de las convicciones frente a la lucha armada, pero a diferencia de Fabio, Nicolás mantuvo su espíritu sosegado, lejos de las turbulencias que acompañaban a este. Sin lugar a dudas cualquier proceso de negociación con el ELN, debe tener en cuenta como interlocutor definitivo a este discreto campesino santandereano. Antonio García Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, es oriundo de Mocoa –  Putumayo. Desde joven se perfiló como líder estudiantil y un hombre inclinado a las ciencias puras y el arte, aunque terminó matriculándose en la Universidad Industrial de Santander en ingeniería de petróleos. Se unió al Ejército de Liberación Nacional de Colombia en 1975, escalando con rapidez al interior de  la organización, hasta llegar a formar parte del  Comando Central (Coce) del ELN,  convirtiendose en el comandante militar de la organización tras la muerte del líder del ELN, Manuel Pérez, alias “El Cura”. Es considerado uno de los miembros más radicales de la organización y ha sido el encargado de aumentar la capacidad militar del ELN. Es el  encargado de la estrategia militar del grupo y de la adquisición de armas, además maneja las relaciones internacionales del ELN y la financiación internacional de la guerrilla. Las autoridades colombianas lo acusan de participar en el secuestro masivo de una comunidad de una iglesia en la ciudad de Cali en 1999, así como de homicidio. Pablo Beltrán Su verdadero  es Israel Ramírez Pineda.  Nació en San Gil (Santander). Es el más reservado y sigiloso de los miembros del comando central del Eln. Tras la muerte del Manuel Pérez Martínez, El Cura Pérez , pasó a ocupar el tercer lugar en la línea de mando. Inició  estudios de Ingeniería de Petróleos en la Universidad Industrial de Santander, pero no los finalizó. Es el encargado del trabajo con  las masas y cuadros políticos. De formación cristiana y lento en el hablar, se le atribuye ser el gestor de la vieja alianza entre los tres principales grupos insurgentes de Colombia, que se denominó Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Pablito Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”. Asumió como nuevo integrante del Comando Central (Coce), en el V Congreso. Hijo de padres campesinos provenientes de Antioquia. Pablito se convirtió en el comandante del frente Domingo Laín cuando el jefe máximo de la época, Armel Robles Cermeño, un profesor y sindicalista fue capturado en Bogotá. Hasta diciembre de 2014,  Pablito estuvo a cargo  del frente de  Guerra Oriental, bastión militar del Eln. Del COCE también forma parte «Lorenzo Alcantuz», a quien inteligencia del Ejército identifica como Jaime Galvis o alias «Ariel».

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgió en 1964, entre sus  principales figuras se encuentran  los sacerdotes Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), exponentes de la Teología de la Liberación (TL), una corriente nacida en el seno de la Iglesia católica en Latinoamérica con la fuerte idea de  acercarse a los pobres. También hicieron parte los hermanos Fabio,  Manuel y Antonio Vásquez Castaño,  Ricardo Lara Parada y Víctor Medina Morón. Este primer núcleo se conforma en la Habana – Cuba en 1962, en donde se  encontraban estudiando becados por el gobierno de Fidel Castro En el grupo de fundadores del ELN se encontraban también sectores universitarios y miembros radicales del Partido Liberal Colombiano, quienes se  inspiraron en la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara- para conformar este grupo guerrillero. Este grupo de  estudiantes inician su actividad revolucionaria  participando  en la lucha en la Sierra del Escambray, lo que sería su primer entrenamiento y  al regresar a Colombia,  toman  la bandera roja y negra como su principal símbolo, y el Valle del Magdalena Medio como  base de operaciones. En esta zona hasta finales de los años cincuenta había operado una guerrilla liberal, la de Rafael Rangel. Muchos de sus ex combatientes se habían convertido en dirigentes campesinos y podían iniciar acciones armadas. En esta zona se encuentra el principal centro petrolero de Colombia. La historia del ELN se puede resumir en cuatro momentos: el primero comprendido entre 1964 y 1974 caracterizado por la importancia que el naciente ELN le da al componente militar.  Para el año de 1973 había desarrollado su acción en los Departamentos de Santander, en el Sur Bolívar y había incursionado en el Nordeste Antioqueño, con aproximadamente 250 hombres  que la conformaban. Fabio Vásquez se mantenía como su primer comandante, Ricardo Lara, deambulaba por el Sur de Bolívar y Manuel Vásquez Castaño, emprendía la tarea de proyectar la guerrilla hacia zonas más pobladas y buscando el contacto ya no con campesinos colonos, sino con jornaleros y obreros de la importante minería que existía en el Nordeste Antioqueño. Así mismo este grupo insurgente gozaba de una acogida en el medio urbano y académico gracias a la vinculación de Camilo Torres Restrepo a la organización armada. Bajo esa lógica de expansión el ELN tiene que enfrentar a un importante operativo militar desarrollado por las Fuerzas Armadas contra la guerrilla en veinte municipios del nordeste antioqueño, (la operación Anorí).  Treinta mil hombres del Ejército, Armada, la Policía y efectivos del DAS, se aplican en la tarea de ubicación y combate del grupo guerrillero y crean un cerco que en aproximadamente sesenta días ocasiona alrededor de 40 muertos, y un número cercano de detenciones que permitió un aumento del control territorial,  tanto en las ciudades principales,   como en zonas rurales del oriente colombiano. Esta primera fase termina con el debilitamiento propiciado por las operaciones militares que golpearon fuertemente a los mandos medios y altos. La segunda fase va desde 1975 hasta 1995, y comprende la recuperación del ELN tras la operación Anorí y la llamada “época de oro” (1983 – 1995), la cual se inaugura con dos hechos importantes, por un lado el descubrimiento de petróleo en Arauca que marca la recuperación y fortalecimiento de esta guerrilla,  en tanto que los recursos obtenidos a través de extorsiones a  las compañías petroleras –  de manera muy particular,  de la compañía Alemana Manessmann constructora del Oleoducto “Caño Limón – Coveñas” ,  resultaron fundamentales para salir de la crisis. La cifra exacta es desconocida, pero se habla que oscilan entre los 10 y los 70 millones de dólares entre los años de 1982 – 1986, que es la fecha en que se culminó la construcción del Oleoducto. Por otro lado se da un replanteamiento táctico en el marco de diferentes eventos como la Reunión Nacional del año 83 “Héroes y Mártires de Anori”, el  primer (1986) y segundo Congreso (1989). Es así como en   1989 el ELN supera de manera total la crisis política y orgánica y ostenta contar con treinta  frentes guerrilleros y estructuras urbanas en las principales ciudades y un buen número de estructuras especializadas,  equipo de trabajo internacional, fuerzas especializadas, logística, sanidad, comunicaciones y propaganda. Todas sus redes estaban  agrupados en cinco frentes  de Guerra  que cubren buena parte del país. Además de lo anterior  logra acuerdos programáticos con el “MIR-Patria Libre” con  importante presencia en la Costa Atlántica, lo cual le permite reforzar su presencia en  nuevas zonas e incorporar un importante número de personas a las filas bajo el nombre de la Unión Camilista – Ejército de Liberación Nacional (UC-CLN) En medio del crecimiento y la agitación social, se conforma la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y se abre el debate por la paz para las guerrillas, las cuales no logran acuerdos reales frente al tema.  El  ELN decide oponerse a la propuesta de tregua del presidente Betancourt y fortalecer la lucha guerrillera, proceso que se extiende hasta mediados de la década de los 90, donde comienza la tercera etapa de esta guerrilla, caracterizada por un declive que se extiende hasta 2007, cuando se decide terminar el intento de negociación con el gobierno Uribe. En 1996, en el marco de su tercer Congreso,  el ELN decide avanzar estratégicamente profundizando en la dimensión militar. Para ello plantea la creación de Áreas de Operaciones, una figura organizativa intermedia entre los frentes y los Frentes de Guerra que se circunscribían a regiones geo-estratégicas y económicamente muy importantes. Además de esta reestructuración, se definió hacer del accionar militar la manera de acumular políticamente, que implicó eliminar las diferencias entre estructura armada y estructura política. Uno de los objetivos que se perseguía con esa decisión era la de preparar a la base social frente a la amenaza del paramilitarismo, teniendo en cuenta, además, que estos grupos estaban tras las mismas zonas que el ELN había definido como estratégica. Sin embargo, el ELN no contaba con los medios suficientes para detener el avance de los nacientes grupos y contrario a lo que se esperaba, la idea de fundir la estructura militar y la política conllevó a una mayor exposición de la base social, principal víctima entre la confrontación de esta guerrilla con los paras. A esta situación se suma la guerra que se desencadena con las FARC, fenómeno que lleva a un desgaste mayor del aparato militar, pero también de las bases sociales que, al igual que en la confrontación con los paras, se vio fuertemente afectada. En estas condiciones el ELN busca una salida negociada al conflicto armado, pero las condiciones que imponía el gobierno no significaron ningún beneficio para la guerrilla, lo cual desincentivo la continuidad en el proceso de paz. La última fase viene desde la reorientación político – militar gestada en el Cuarto Congreso (2006), que imita la estrategia planteada en los 80`s acerca de la necesidad de fortalecimiento de la bases social, incluyendo la lucha institucional, la construcción de una fuerza política de masas y la incidencia en las ciudades como elementos principales. La recuperación de la legitimidad en territorios históricos así como el  fortalecimiento de la base social  se ha visto reflejado en el aumento de las operaciones militares, que desde 2010 han venido en ascenso demostrando  capacidad militar y de influencia en social en las regiones. Artículos relacionados: Los once momentos más importantes en la historia del Ejército de Liberación Nacional ¿Qué tanto ha cambiado el ELN?

A comienzos de los noventa se inicia  el debate al interior de las guerrillas sobre el agotamiento de la vía armada para transformar la sociedad. Siendo el  Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los principales grupos que debe enfrentar esa discusión en su interior. Es en este marco donde se presenta al interior del ELN un debate político sobre el sentido de la acción armada y las posibilidades de continuar por este camino para transformar de manera propositiva e incluyente a la sociedad colombiana. De este debate, que se dio muy parcialmente en el ELN, surge la Corriente de Renovación Socialista (CRS), organización que ya desprendida del ELN se sumó al ciclo de negociaciones políticas que inicio el M-19, el EPL,  el Partido Comunista M-L, el PRT y el Movimiento Quintin Lame. La CRS,  surgió como una disidencia al interior del ELN, planteando un debate interno  a favor de una rectificación en la lucha armada que abriera las puertas  una negociación política. De esta facción hicieron parte personajes  que a comienzos de los años noventa consideraron que la estrategia de la búsqueda de un cambio en las políticas de Estado a través de las armasn ya no era viable y  que había llegado el momento de la lucha política por la vía de la democracia y que por tanto era necesario, mediante la negociación, hacer una transición de la lucha armada a lucha política. En lo  militar la CRS pretendió, sin éxito, adecuar sus estructuras y actuaciones buscando articularse a la entonces Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.  En el plano político, se articuló a importantes procesos de movilización social, en particular, a las iniciativas civiles de paz; a movimientos políticos y electorales independientes nacionales y regionales; a centros de promoción e iniciativas de educación e investigación popular. Pero la vocación por la política se impuso y ello obligó a una decisión por la negociación. En efecto, entre comienzos de 1993 y abril de 1994 se adelantó un proceso de diálogo que condujo a la firma de un Acuerdo de Paz que estableció los términos para el desarme, la desmovilización y la reinserción a la vida civil de la CRS. Es entonces cuando el 9 de abril de 1994, 865 hombres que integraban  la Corriente de Renovación Socialista, abandonaron las armas en Flor del Monte en Sucre, donde había trascurrido la negociación con el entonces gobierno de César Gaviria. La desmovilización se hizo en presencia del  embajador de Holanda, quien  jugó un papel especial en el proceso. Este proceso contó con un hecho lamentable, y es que mientras se desarrollaba la negociación en Flor del Monte y se daba la concentración, fueron asesinados en una extraña operación militar, Carlos Manuel Prada González y Evelio Bolaños, el 23 de septiembre de 1993 en Blanquiset, en Carepa. A esto se suma que a partir de entonces, comenzó a darse la desaparición  y asesinato de algunos de sus  integrantes.

Del Plan Colombia a Paz Colombia “No se pudo cumplir por las exigencias lógicas de una prolongada guerra que nos ha llevado a participar decididamente en la hoja de ruta que esperamos sea acordada durante el próximo ciclo de negociación.” Iván Márquez, Farc- Ep. En efecto, llegó el 23 de marzo, y no se puso fin a la negociación de la paz entre la insurgencia subalterna, Farc-ep, y el gobierno. Las dos principales vocerías, el presidente Santos, y Timoleón, lo habían (pre)anunciado. En cambio, el día que no fue el de la firma, aparecieron, Humberto de la Calle, e Iván Márquez, para explicar a todos los porqués de este aplazamiento, que se sintetizan en asuntos fundamentales aún no pactados. Igualmente, el día señalado, coincidió con la visita personal del presidente Obama y su familia a Cuba. Allí, precisamente, el secretario de estado, John Kerry, en su lugar, se reunió con las dos delegaciones que adelantan la negociación de paz; en particular, tuvo oportunidad de conocer y dialogar con el jefe político militar de las Farc-ep, Timochenko, quien comentó la importancia que su antagonista en la guerra estuviera ahora en plan de paz, con un decidido convencimiento. También se supo que el Consejo de Seguridad de la ONU dispuso una misión política para acompañar la ruta para la paz y el fin de la guerra, que los antagonistas tracen para finiquitar de una vez los pendientes, a la vez que ponga en limpio las reservas que se han  acumulando al margen de los cuatro puntos ya decididos de la agenda. ¿Qué los separa? “Ni nosotros podemos dar garantías absolutas a las Farc ni ellos a nosotros.” Claudia López, Alianza Verde “Hay que seguir buscando un acuerdo para todos, no puede haber fechas fatales. Decir que no habrá paz, por la fecha, es un chorro de babas.” Horacio Serpa, partido Liberal. Aunque no haya un pronunciamiento oficial de las dos partes, para la mayoría de analistas y enterados hay, cuando menos cuatro asuntos sobre los que no se ha podido llegar a un acuerdo: 1) las denominadas zonas de concentración y su ubicación, que las Farc-ep reclaman en un número superior a 60, mientras que el gobierno piensa en que no superen la docena, y con la pretensión que no estén cerca de ciudades y pueblos, lo cual la guerrilla no acepta; 2) el desmonte oficial del paramilitarismo, en su doble vertiente, Auc/Bacrim; 3) la participación política sin que se haya hecho la dejación completa de las armas. Al respecto, ocurrió el episodio de El Conejo, y antes el del Putumayo, 4) La amnistía, con la excepción de crímenes de lesa humanidad probados. En ambos escenarios estuvo presente el delegado Joaquín Gómez, quien es el comandante del Frente Oriental de las Farc-ep, el más poderoso en términos político-militares, desde los tiempos del Mono Jojoy. El propio Gómez, de viva voz, durante el ejercicio de pedagogía política cumplido allí, insistió ante los reporteros de PBS, en el espacio NewsHour, en dos asuntos: el desmonte definitivo del paramilitarismo,  y la amnistía para la insurgencia,  excepción para los crímenes de lesa humanidad. (Ver sitio Grupo presidencialismo y participación, Facebook) ¿El trabajo de la Subcomisión del Fin del Conflicto empantanado? “Se ha dicho que descartamos el trabajo realizado por la subcomisión del Fin del Conflicto. Eso es falso, totalmente falso.” H de la Calle. Había una suerte de premio de consolación para el pasado 23 de marzo, que las partes en la guerra comunicaran a Colombia, que habían pactado el cese al fuego bilateral y definitivo. Máxime cuando la guerrilla en la negociación lleva alrededor de tres meses con un cese unilateral de operaciones militares ofensivas, siempre y cuando no sean objeto de agresiones por parte de las fuerzas militares y de policía. Tampoco ocurrió. Al respecto, desde cuando estuvieron presentes los juristas Santiago y Leyva en La Habana, se produjo un mentís a lo que allí se había acordado. El propio jefe de la delegación del gobierno señaló que en el documento en discordia constaban las diferencias, en un texto que según se dijo entonces superaba las 60 páginas de contenido. Ahora, De la Calle afirma que lo hecho por la comisión bipartita en la mesa de negociación no se ha descartado: “Son propuestas sólidas que han sido revisadas por los plenipotenciarios y cuentan con todo nuestro respaldo.” Pero, a renglón seguido, se indica, que los generales presentes en la mesa, Flórez, Rangel y Naranjo están de acuerdo con la delegación en que las diferencias con las Farc  existen. Entonces, ¿qué?  No hay acuerdo. Por eso, la vocería del gobierno promete hacer todos los esfuerzos para lograr un acuerdo final. Y el senador Iván Cepeda, coincide en confiar que “las diferencias se resolverán en los próximos meses. Estamos en un momento en que el proceso de paz está en su fase final y hay confianza.” Si hay verdad en lo dicho por Cepeda, el asunto de la firma de la paz no es de días, sino de meses. Y se entiende el por qué la conversación del máximo garante internacional, Estados Unidos, el secretario de Estado Kerry, y no el presidente, los socios principales del Plan Colombia, el plan de guerra contra-insurgente cofinanciado y apoyado por 15 años. Los mismos que han prometido a la construcción de la paz con US $450 millones, eso sí, una vez que la negociación esté en firme. La marcha del 2 de abril y la refrendación constituyente “…no se va a firmar un acuerdo de paz a cualquier precio y que, por el contrario, se firmará un acuerdo conveniente para todos los colombianos.” Jimmy Chamorro, partido de la U. El almanaque Bristol nos recuerda que en abril, lluvias mil. Pues, esta vez, en vez de lluvias copiosas, tendremos manifestaciones concurridas. Luego de la movilización del 17 de marzo, donde las centrales obreras reclamaron por igual, paz laboral y apoyo a la paz que se negocia en La Habana. La primera está anunciada por el Centro Democrático, para el 2 de abril, con la vocería internacional del senador Álvaro Uribe Vélez  y Oscar Iván Zuluaga, quienes han estado denunciando las “persecuciones” de que son objeto él expresidente y su familia, por el gobierno de Santos, a través de  la rama judicial, y la Fiscalía. Otro tanto ha dicho el excandidato perdedor en la pasada elección presidencial. El Centro Democrática insistirá en que la paz en curso es una entrega a las Farc-ep,  que son una organización narco-terrorista, que no puede ni debe ser tenida en cuenta como interlocutor político; y que en lo militar se encontraba prácticamente liquidada, por las acciones libradas contra ella durante los dos gobiernos del expresidente Uribe Vélez. Pero, la traición de Juan Manuel Santos tronchó la liquidación militar, y la consiguiente rendición de la insurgencia subalterna. Dependiendo de lo que ocurra de aquí al 2 de abril, ya se empieza a columbrar la cita para una movilización en la siguiente semana, es decir, el 9 de abril, en la que está interesada aunque poco comprometida que se sepa la dirigencia de la izquierda democrática, y los progresistas con la vocería del excalde Gustavo Petro, quien ha sido vocal en la defensa de la Constituyente como mecanismo de refrendación. Así lo hizo saber en su visita a las Farc-ep, en La Habana. ¿Quién decidirá la Paz Por último, es cierto, que no se firmará un acuerdo a cualquier precio. Éste, el que fuera tiene que ser refrendado por la ciudadanía activa. El gobierno insiste en el Plebiscito, cuyo trámite está demandado ante la Corte Constitucional, y la decisión está pendiente, luego que el magistrado ponente del plebiscito por la paz, Luis Ernesto Vargas, cerró el periodo de las audiencias. De otra parte, las Farc-ep insiste en la constituyente, aunque abre también el camino, según dice Timochenko, a un procedimiento especial, distinto a los anteriores. en lo que parece han venido trabajando los juristas Santiago y Leyva, Pero, como lo recordaba De la Calle, el mejor acuerdo para los colombianos, no es el que decidan las dos partes solas, sino el que estudien y refrenden los colombianos, quienes ya están curados de espantos, seguridades y prosperidades pseudo-democráticas. Abril será un tiempo de aclaraciones en profundidad, y es posible que el próximo 1o. de mayo sea, el día que le toque a Colombia ponerle el punto final a la negociación de paz, contando, además, con la incorporación del Eln, y del Epl, para resolver la ecuación de la guerra fratricida, que ha enlutado a tanta gente del común, y desplazado a 6 millones de colombianos. Para entonces, en la mesa estarán servidas tres paces, la reaccionaria, la neoliberal, y la subalterna., como hemos venido sosteniéndolo en anteriores escritos. ¿Con cuál estarán los muchos? Es el tiempo y la oportunidad para probar la mayoría de edad política. Miguel Angel Herrera Zgaib Exrector U. Libre Profesor Asociado, C Política, Unal Director Grupo presidencialismo y participación, Colciencias/Unijus.

Intervención del Comandante Pablo Catatumbo en el lanzamiento del libro “Los retos del postconflicto” Agradecemos a la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, y a sus directores León Valencia y Ariel Ávila, la amable invitación para que desde las FARC-EP podamos presentar nuestras impresiones  sobre su más reciente trabajo “LOS RETOS DEL POSTCONFLICTO,  Justicia seguridad y mercados ilegales” que hoy es presentado formalmente al público. Los dos investigadores, con su habitual amplitud de miras, tuvieron la gentileza de hacernos partícipes del lanzamiento de su obra con independencia total de nuestras posibles lecturas, otorgándole un importante reconocimiento a nuestra voz como fuerza viva para la construcción de la paz y para asumir muchos de los retos descritos en el texto. Quisiéramos empezar por saludar este gesto, que pone de presente su desprevención a la hora de escuchar opiniones sobre su investigación y sus tesis; siempre con el propósito de contribuir al esclarecimiento de complejos fenómenos sociales y políticos, sobre los que, desde luego, resulta supremamente difícil lograr un consenso y en consecuencia, el debate  siempre será permanente. El presente trabajo de la Fundación PARES, logra recopilar ensayos e investigaciones de León Valencia, Camila Obando, Ariel Ávila, Juan Diego Castro, Magda Paola Núñez, Carlos Montoya Cely y Naryi Vargas, sobre diversas temáticas y actores claves para la construcción de la paz en los territorios. Por eso, nuestra primera manifestación se relaciona con el interés y la importancia de los problemas abordados en el estudio que se presenta. Los colombianos llevamos muchas décadas enfrentados en un grave conflicto armado y son múltiples las visiones e interpretaciones sobre éste, sus consecuencias y derivaciones. En hora buena, la academia y los investigadores vuelcan su interés sobre temas de tanta latencia y tanta trascendencia, como el de la culminación de la guerra y el necesario proceso de reconciliación de los colombianos. Todo esfuerzo por enriquecer el análisis, por contribuir con ideas y fórmulas realizables, sobre todo en el campo de la investigación y la academia, en donde necesariamente la pasión política ha de morigerarse ante el rigor científico, merece nuestro reconocimiento y aplauso. El análisis de la dramática realidad que ha dejado la guerra, así como la exploración de propuestas alternativas a la confrontación, siempre serán componentes fundamentales para ayudar a la solución de toda esta problemática. Mucho más, cuando nuestro país se encuentra en estos momentos pasando por una encrucijada histórica entre los defensores y amigos de la solución política, dialogada y civilizada a la confrontación interna, y quienes se inclinan por dificultar la misma, e insistir en el despeñadero belicista. Creemos que investigaciones como la que hoy se presenta, refuerzan el campo de quienes no queremos más soluciones violentas. Así que este sólo hecho hace meritorio a este trabajo de nuestro reconocimiento, dado que las FARC-EP hacemos parte del contingente de los que trabajamos por la paz. Desde luego que son muchas las temáticas y los enfoques posibles para la investigación y el análisis del conflicto colombiano. Los autores de PARES, que llevan a cuestas un largo repertorio de estudios e investigaciones, han escogido esta vez, ahondar en las que consideran preocupaciones vitales de lo que ellos y muchos, denominan  el “post conflicto”, entendido este como la etapa que se supone ha de seguir a la firma del Acuerdo Final y que debe terminar con la normalización de la vida nacional. Difiriendo de este término tan difundido hoy, nosotros preferimos hablar del post acuerdo, por cuanto consideramos que la confrontación armada es apenas la más aguda de todas las contradicciones que conforman el grave conflicto colombiano. Firmado el Acuerdo Final, cesará el enfrentamiento armado, pero el conflicto social, económico, político y cultural, propios de nuestro proceso de formación como nación, seguirán latentes, desarrollándose en formas de expresión distintas. De hecho, este mismo libro que hoy comentamos, intenta dar cuenta de otras vetas de conflictividad y confrontación que permanecerían o se potenciarían, una vez la Mesa de La Habana llegue a feliz término. En nuestra modesta opinión, el concepto de “postconflicto” apunta a desconocer, o a maquillar dolorosas realidades, cuando de lo que se trata es de permitirles brotar tal cual son, sin que pueda ensombrecérselas con el expediente de que se trata de manipulaciones de la subversión o el terrorismo. En las FARC-EP estamos perfectamente claros de que con el fin de la confrontación armada, el conflicto no va a desaparecer, sino que va a seguir manifestándose, incluso a exacerbarse, pero en formas incruentas, en nuevos espacios y oportunidades en las que buscará ser atendido y solucionado. La lucha seguirá, sólo que deberá excluir la apelación al uso de  las armas para la política por todos los que hemos recurrido a esta práctica. Nuestra honda aspiración estriba en que con el Acuerdo Final de Paz, se abran los espacios para el más amplio ejercicio democrático en Colombia, con garantías plenas, respeto por la vida, la integridad y la tranquilidad de los opositores políticos. De ahí nuestro afán porque en la Mesa de Conversaciones de La Habana no queden registradas simples manifestaciones de buena voluntad, sino decisiones que obliguen al Estado, que sean vinculantes y que no puedan soslayarse. Estamos ad-portas de un gran acontecimiento histórico, de ver por fin a nuestra patria unida, reconciliada y en Paz. Por eso tenemos que garantizar que nunca más se volverán a repetir experiencias como el genocidio de la Unión Patriótica, la guerra sucia, el terror paramilitar, los falsos positivos, las casas de pique y todos los horrores que nos ha dejado la guerra Por eso nos parece más que relevante y tal vez constituya ésta la parte más interesante del libro, el énfasis puesto por los autores en el análisis y en la búsqueda de soluciones a lo que ha sido señalado como el obstáculo principal, como la más grande talanquera  que impide el logro y la consolidación de la paz de nuestro país: El fenómeno del paramilitarismo; entendido éste en sus conexiones con los poderes económicos y políticos regionales y nacionales, en sus vínculos e inter-relacionamiento con la fuerza pública, en sus redes de corrupción tendidas por diversas esferas tanto políticas como privadas y del Estado. El paramilitarismo no es un fenómeno casual, ni es cosa del pasado. Es un hecho real, una realidad tangible y monstruosa, que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Allí reside el mayor de los riesgos para la sociedad colombiana, para la democracia colombiana y para la consolidación de una paz estable y duradera en nuestro país. En ese sentido, podemos decir que nos identificamos plenamente con las ocho estrategias planteadas en uno de sus capítulos, dado que la inmensa mayoría de ellas coinciden con nuestros planteamientos en la Mesa de Conversaciones, junto a otras, que por discrepancias con nuestros interlocutores, no nos han permitido sellar un acuerdo pleno sobre este tema. Compartimos también, que el reto de la derrota de la corrupción y de la criminalidad política en todas sus dimensiones, es una necesidad inexorable para la efectiva democratización de nuestro país. Valoramos igualmente la importante y copiosa recolección de información sobre la que descansan los análisis contenidos en la obra que estamos comentando, así como las apuestas por construir indicadores complejos para acercarnos a la comprensión de la problemática territorial de la guerra y la construcción de la paz en Colombia. Pensamos que tanto los datos como los instrumentos que nos ofrece el texto de “Retos del Posconflicto”, van a ser  interlocutores y puntos de referencia necesarios en los debates que se aproximan. No obstante, sea también ésta la oportunidad para esbozar varias diferencias de enfoque frente al trabajo de PARES. En su prólogo titulado “No cometer los errores del pasado”, los autores exponen que en 2.016 se cumplirán los cinco pasos que nos pondrán a las puertas del postconflicto: “Uno, firma del acuerdo de paz. Dos, concentración de las Farc en diversos lugares del país e inicio del cese bilateral definitivo de las hostilidades. Tres, refrendación de los acuerdos mediante votación ciudadana. Cuatro, conversión de los acuerdos en leyes y decretos por parte del presidente Santos y de la Comisión Especial legislativa. Cinco, dejación de las armas por parte de las FARC.” Por la forma como está planteado en el texto, pareciera que se hablara de axiomas incontrovertibles,  meros asuntos de procedimiento, o de cosas ya consensuadas, y, que bastaría con firmar en esos mismos términos  unos cuantos compromisos, para dar por concluido el acuerdo final. Pero ocurre que en la realidad, los mecanismos de refrendación, los poderes extraordinarios del Presidente y la creación de una Comisión Legislativa Especial, ni siquiera han sido discutidos en la Mesa, habiéndose creado todo un imaginario que los da ya como realidades inevitables que las FARC debemos aceptar por simple inercia publicitaria. Esta premisa de partida bien merecería ser revaluada, en cuanto apenas nos disponemos a asumir los debates pertinentes sobre Implementación, la Verificación y la Refrendación en la Mesa de Diálogos, siendo obtuso para cualquiera de las partes, y errado para los analistas y  para la academia, tener en cuenta solo una de las trayectorias posibles para el cierre del Acuerdo Final. Tal vez el denodado esfuerzo de los autores por la precisión en ciertos aspectos propios de la implementación del Acuerdo Final, eclipsa dentro del texto, el trasfondo para la comprensión de la guerra y la paz en Colombia,  y, tal vez sin querer, se minimizan variables estructurales e históricas que han engendrado y catalizado el conflicto interno colombiano, cuya resolución será sustancial para el triunfo de la paz, por encima de cualquier filigrana técnica, administrativa o procedimental. Los conflictos armados y su resolución, como la tan anhelada etapa del post-acuerdo colombiano, no pueden ser homologados en miradas genéricas universales que nieguen su particularidad histórica, ni tampoco pueden ser reducidos a meras lógicas de resolución de conflictos, mirando de soslayo los factores reales de poder, de exclusión, de clases y de élites políticas. Firmado un acuerdo final, vendrán nuevos retos, vendrá la batalla política por su cumplimiento, por su implementación, por su desarrollo, por la reconciliación y por la expansión de la democracia en nuestro país. Ese es el reto que afrontamos. Por ello, pensamos que este esfuerzo de PARES, coincidente con esta etapa culminante de Los Diálogos de Paz, es apenas un abrebocas de lo que esperamos sea un intenso debate académico, intelectual y político, acorde a la nueva etapa histórica que nos ha correspondido vivir y nos ha correspondido labrar. Bienvenido entonces el debate sobre la Colombia del post- acuerdo. En él, León Valencia,  Ariel Ávila  Camila Obando, Juan Diego Castro, Magda Paola Núñez, Carlos Montoya Cely y Naryi Vargas, tienen mucho por aportar. Por nuestra parte, las FARC-EP, con más de 50 años de intenso trabajo de campo en las comunidades y en los territorios, aspiramos a ser partícipes también, con nuestros aportes desde la investigación social y el análisis político, -que desde siempre ha formado parte de nuestro accionar-, en la construcción de los diagnósticos, de los estudios, las discusiones y las reflexiones que se requieran para construir el edificio de  la paz y  de la reconciliación de todos  los colombianos. Muchas gracias.

Por: Alfredo Molano El 23 de septiembre de 2015, cuando Gobierno y Farc anunciaron el acuerdo alcanzado en materia de justicia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que, con el comandante máximo de las Farc habían acordado una fecha límite para firmar el acuerdo final: el 23 de marzo de 2016. Con el paso de los días, esta promesa se empezó a empantanar. Primero porque entre el anuncio del acuerdo de justicia y el texto definitivo pasaron tres meses, y después, porque no fue posible alcanzar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. En buena medida, lograr la segunda meta dependía del trabajo de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, instalada en agosto de 2015 para que diez militares activos y diez comandantes guerrilleros diseñaran las bases del cese al fuego, conjuntamente con la dejación de armas y las garantías de seguridad. El 23 de enero de 2016, la Subcomisión Técnica, encabezada por el general Javier Flórez y el miembro del secretariado de las Farc, Carlos Antonio Losada, entregaron a la mesa de conversaciones la hoja de ruta para alcanzar el objetivo. Fuentes consultadas por El Espectador revelaron que en ese documento se estableció en primer término, como parte de las garantías de seguridad, el propósito de desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Aunque ese espinoso tema está avanzando en otra subcomisión que presiden el general (r) Óscar Naranjo, por el Gobierno, y Pablo Catatumbo, por las Farc, con la asesoría técnica de la abogada Mónica Cifuentes, los asesinatos de líderes sociales de las últimas semanas enrarecieron el panorama. Este escollo quedó en evidencia 24 horas antes de la fecha límite, cuando  Catatumbo, durante el lanzamiento del libro Los retos del posconflicto, de los analistas León Valencia y Ariel Avila, expresó: “El paramilitarismo no es casual ni cosa del pasado, es un monstruo presente (…) y justamente discrepancias sobre este tema con el Gobierno no han permitido que ya esté firmado un acuerdo final”. Timochenko se encargó de ratificarlo al advertir que las Farc se van a reinsertar a la vida política y necesitan garantías para hacerlo y conservar la vida. Un tema que trascendió la mesa e incluso, como se ha revelado, se abordó durante el encuentro, por separado, de las delegaciones del Gobierno y las Farc con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Según se ha dicho, el alto funcionario de Estados Unidos admitió su preocupación por la seguridad de quienes dejen las armas y ofreció apoyo irrestricto a la implementación de medidas para garantizarlo. En otras palabras, la amenaza latente del paramilitarismo fue la primera razón por la que se aplazó la firma del acuerdo final. El segundo aspecto que entrabó el plan del 23 de marzo fue el de la dejación de armas, enmarcado en el mismo propósito del cese bilateral y de las garantías de seguridad. La guerrilla siempre ha sido enfática en que este objetivo tiene que ser concebido como un proceso y no como un evento especifico. De alguna manera, la esencia misma de la guerrilla son las armas con las que se alzaron contra el Estado. Por eso, su dejación es viable siempre y cuando se dé progresivamente, en la medida en que se vayan cumpliendo los acuerdos suscritos. Las diferencias con el Gobierno también fueron notorias. De hecho, en su declaración del pasado 23 de marzo, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, insistió en “un proceso de dejación de armas con plazos fijos. Sin zonas grises. Sin mezcla de armas y política. Una dejación que se hará ante el componente internacional en forma totalmente transparente. No puede quedar duda sobre la decisión de desechar las armas, proceder a su destrucción, clausurar las fábricas de armamento no convencional y abstenerse de nuevas compras de armas y pertrechos”. No obstante, desde el pasado 7 de marzo, un mensaje radial de Timochenko a sus tropas, interceptado por el Ejército, ya había desnudado la crisis causada por los desacuerdos respecto a la dejación de armas. “Pusieron a seis generales casi un año con el comandante del Estado Mayor al frente de un equipo de coroneles y capitanes a que botaran corriente con los nuestros, a sabiendas de que lo que de ahí saliera no iba para el acuerdo final. Estamos ante una situación crítica”. El motivo de la discordia: la dejación de armas. En el fondo Timochenko se refería a un documento entregado por la delegación del Gobierno un día antes (6 de marzo), que trazó su propuesta para la creación de las zonas de concentración para la dejación de armas. Cayó tan mal la fórmula del Ejecutivo, que Timochenko manifestó: “Preparémonos por si Santos nos hace una jugada sucia”. Y más adelante explicó que el documento los devolvía al primer día y aclaró que si el Gobierno se mantenía en la raya, no había más que hacer que continuar con lo que habían hecho por más de 50 años. Esa propuesta del Gobierno, además, de restringir el porte de armas al 5 % en las zonas de concentración y la entrega del resto a un componente internacional, delimitaba a 11 su número en una extensión no mayor a 10 kilómetros cuadrados. Asimismo, la fórmula planteaba que debía ser en regiones con la menor población posible, sin escuelas y con Policía comunitaria realizando libremente sus funciones. De igual modo, en las zonas de concentración, el Gobierno podía promover jornadas de salud, alfabetización y cedulación. La idea del Gobierno que produjo el distanciamiento con las Farc se complementó prohibiendo la realización de reuniones con población civil dentro de las zonas de concentración y el condicionamiento de hacer proselitismo político únicamente con autorización del Ejecutivo. Por supuesto, las órdenes de captura contra los guerrilleros quedaban suspendidas dentro de las zonas y, para salir de ellas, se propuso un permiso del Gobierno y de la ONU. Finalmente, la fórmula gubernamental daba un tope temporal: 31 de diciembre de 2016. El rechazo de la guerrilla se explica en la declaración de Timochenko del 7 de marzo, cuando dijo: “Nos fue leído el documento que borra de tajo todo lo consensuado en 8 meses, durante una larga discusión entre los militares activos y los mandos nuestros”. Y se revela también en la declaración de Humberto de la Calle, del 23 de marzo, cuando calificó de falso que se haya descartado el trabajo de la Subcomisión Técnica. El jefe negociador del Gobierno aseguró que ese esfuerzo cuenta con todo el respaldo, pero admitió que son temas “extraordinariamente sensibles”. La intención de las Farc es que las zonas de concentración tengan vías de comunicación, que se ubiquen entre veredas definidas por accidentes geográficos y suministro de Agua, y que se puedan realizar reuniones con la población civil en un número no mayor a 300 personas. De igual manera, que las armas se depositen en almacenes referenciados dentro de las zonas, con procesos técnicos de identificación, entrega de un porcentaje a la ONU y otro para la seguridad de los excombatientes. Además, en un proceso gradual, conforme al cumplimiento de los acuerdos. Así las cosas, era claro que el acuerdo final no podía estar listo para el 23 de marzo, y menos aún cuando acercándose a la fecha, el asunto alcanzó tal tensión que las delegaciones trabajaron 11 días por separado. También salta a la vista que las diferencias no son de poca monta y, por el contrario, son claves para dar el paso definitivo hacia el cese al fuego y de hostilidades bilateral, con determinaciones claras en la dejación de armas, zonas de concentración y garantías de seguridad con evidencias del desmantelamiento del paramilitarismo. El trabajo de la Subcomisión Técnica constituida por militares activos y jefes guerrilleros es determinante para alcanzar el acuerdo final, pero sus aportes para el cese bilateral o la dejación de armas están amarrados a otras materias igualmente trascendentales. Por ejemplo, que se defina cuanto antes el alcance de la amnistía e indulto planteados en la Jurisdicción Especial de Paz, el sistema de elección de los magistrados del tribunal o los mecanismos de tratamiento diferenciados para agentes del Estado y terceros civiles. Existen otros aspectos técnicos complementarios, pero no menos importantes, como la evaluación de la situación de las personas privadas de la libertad por tener nexos con la guerrilla, la forma de consultar a los pueblos étnicos las decisiones fundamentales en materia logística o los cronogramas para la verificación con el diseño de los mecanismos mínimos y necesarios. Es decir, trabajo es lo que tienen por delante las delegaciones del Gobierno y las Farc, con un 70 % ya concluido, como lo reconoció Timochenko en entrevista con Univisión. En resumidas cuentas, ya el 23 de marzo pasó, también la turbulencia, y lo que viene es recobrar la senda trazada por la Subcomisión Técnica con todos sus componentes y sin fórmulas de última hora. Todo lo anterior, antes de entrar en otro componente neurálgico para la paz. La refrendación de los acuerdos, que el Gobierno por ahora quiere a través de un plebiscito, mientras las Farc insisten en que sea a través de una constituyente. Con un aspecto en exploración: elevar el acuerdo final a rango constitucional, suscribiéndolo como un Acuerdo Especial Humanitario en el marco de las Naciones Unidas. Las lecciones de Conejo Uno de los episodios fundamentales para entender las diferencias entre el Gobierno y las Farc es lo ocurrido en Conejo, La Guajira. Hasta allí se trasladó una delegación de la guerrilla, encabezada por Iván Márquez, con el objetivo de hacer pedagogía con sus tropas. El problema se presentó por cuenta de que el evento se realizó en el casco urbano del municipio, con presencia de civiles y guerrilleros juntos, y con discursos políticos a favor de la constituyente. El Gobierno asegura que se violó el principio acordado y que no permitirá, bajo ninguna circunstancia, la mezcla entre políticas y armas. El episodio desató una turbulencia que la mesa sorteó, con la ayuda de los países garantes del proceso de paz, pero dejó un precedente: se deben definir con claridad los contornos del ejercicio político, la labor pedagógica y la relación entre la guerrilla y la sociedad civil. Avances en la búsqueda de los desaparecidos Una de las medidas de construcción de confianza que ha avanzado en la mesa de diálogos es la de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una subcomisión que ha estado adelantando funciones para amainar el sufrimiento de las víctimas de este delito, que según información oficial es de más de 50.000 personas. Durante el ciclo 37, que terminó el pasado miércoles, la mesa de diálogos recibió la visita del director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien entregó el tercer informe sobre exhumaciones de cuerpos de personas desaparecidas, en el que señala que se encontraron más de 100 nuevos cuerpos en fosas de Nariño y Santander, a los cuales se les suman a los 170 restos ya identificados en estas labores en cementerios de Cimitarra (Santander) y Bocas del Satinga (Nariño). La Comisión Especial trabaja de la mano de la Fiscalía General de la Nación y su labor servirá para plantear los lineamientos de las estrategias para esclarecer lo ocurrido en más de 50 años de conflicto. Nota publicada en el diario El Espectador

Los colombianos deben entender al menos dos cosas sobre las zonas de ubicación de los dispositivos militares de las FARC. La primera, es que estas zonas de ubicación no son un invento colombiano, de hecho, es un mecanismo recurrentemente utilizado para consolidar procesos de paz. En África y Asia se han utilizado. Lo segundo es que las zonas de ubicación se hacen bajo la perspectiva de un proceso de paz entre dos partes y no de un sometimiento de una de ellas. Así las cosas, estas zonas son un mecanismo que ayuda a la dejación de armas, pero no son cárceles. Se podría decir que estas zonas de ubicación ya están inventadas al igual que su funcionamiento. En un proceso de paz como el colombiano tendrían cinco características. En primer lugar, la seguridad de estas zonas tiene tres componentes; 1. El grupo armado ilegal se provee seguridad dentro de dicha zona mientras se da la dejación de armas. 2. Además con un espacio prudente de varios kilómetros, los componentes militares de la Fuerza Pública mantienen la seguridad en el territorio aledaño. Y 3. El componente o mecanismo de verificación internacional supervisa tanto a las FARC como a la Fuerza pública, es decir, no es solo para las FARC es para ambas partes. En segundo lugar, estas zonas de ubicación son temporales, es decir no van a ser permanentes. Por ello es que compararlas con la zona del Caguán o de Ralito, no tiene sustento. No debe olvidarse que por ejemplo la zona del Caguán era para comenzar la negociación y no tenía una fecha de terminación clara, en el caso del proceso de paz de la Habana son para finalizar el conflicto y para dejar las armas, así que estas durarán no menos de 4 meses y no más de 18 meses. En tercer lugar, estas zonas de ubicación deberán tener dos perímetros; el perímetro estrecho y el perímetro ampliado. El primero, se podría describir como un espacio en el cual van a residir los componente militares de las FARC, y el segundo como un espacio dos o tres veces mayor que el primero y allí entra el mecanismo de verificación internacional, además solo con acompañamiento de este, excepcionalmente, puede entrar la Fuerza Pública. Debe tenerse en cuenta, que esto es así, ya que incluso en ese momento es posible que las negociaciones fracasen y ese espacio es dejado para que el grupo armado ilegal se repliegue en caso tal. Por ejemplo, en caso de que se realice el plebiscito y este fracase, pues la conclusión será que por mandato popular Colombia debe seguir la guerra otros cuantos años. En ese caso las FARC deben salir de las zonas de ubicación y volver a la guerra. Así que el perímetro ampliado o zonas colchón son normales en estos escenarios. En cuarto lugar, estos espacios se encuentran en las zonas históricas donde han operado las FARC o el grupo armado ilegal en concreto. Por tanto, en ellas hay población civil y existe una probabilidad alta de existencia de economías ilegales. En este caso Colombia es bastante excepcional, ya que la proliferación de estas economías criminales hace que el proceso de dejación de armas y en general el posconflicto tenga un grado de complejidad importante. De tal forma que la convivencia con la población y con estas economías ilegales debe estar acompañada de protocolos claros de comportamientos. Las FARC por ejemplo tienen un base social importante, compuesta por guerrilleros, padres y madres de los combatientes, sus hermanos, y en general los familiares, además redes de apoyo, población que se ha beneficiado de ellos e incluso simpatizantes. Es normal que esta población busque a las FARC para hablar sobre el proceso de paz. Por tanto estas zonas de ubicación si bien son para el componente militar de las FARC, no significa que la población civil no pueda entrar o incluso estar en esos territorios. Por último, las zonas de ubicación serán no más de 30 y no menos de 20. Igualmente no cobijarán grupos de municipios enteros como en el Caguán, más bien, cobijaran zonas rurales de algunos municipios. Pero allí seguirá habiendo institucionalidad. Las zonas de ubicación irán despareciendo a medida que la dejación de armas avance. La primera zona de dejación de armas desaparecerá algunos días después de la votación del plebiscito, y la última lo hará unos 12 meses después de dicha votación. Así las cosas, las zonas de ubicación están inventadas, este no es un problema. Sé que a la sociedad le cuesta entender esta figura y en gran parte debido a las experiencias de la Zona de Caguán y Ralito, pero las zonas de ubicación son diametralmente diferentes y necesarias. En cambio la discusión profunda, está en el modelo de seguridad que se dé por fuera de estas zonas de ubicación, en donde habita la base social de las FARC, hay presencia de economías ilegales, también población que ha padecido a las FARC, y otra población que ha padecido a la Fuerza Pública. El modelo en estas zonas de postconflicto es el verdadero debate, lo otro es una discusión para bobos. Columna de opinión publicada en Semana.com

Por: El Colombiano Tumaco, Nariño, es uno de los municipios con riesgo extremo, allí delinquen los principales grupos ilegales. En un posible escenario de posconflicto y tras la firma de un acuerdo de paz con las Farc, el 25,5 % de los municipios del país tendrá algún tipo de vulnerabilidad. La presencia de otros grupos armados ilegales, como bandas criminales o el Eln, es uno de los factores por los que 281 poblaciones, en 26 departamentos, podrían continuar con diversos riesgos o viviendo épocas violentas. Las diferentes condiciones sociales y la poca presencia estatal harían de estas zonas el territorio perfecto para los nuevos fenómenos de violencia. La fundación Paz y Reconciliación lo dejó consignado en su investigación “Los retos del posconflicto”. León Valencia, director de la entidad, explicó que se hizo una clasificación de las zonas de alto riesgo. “Esos 281 municipios han vivido el conflicto en los últimos 30 años, nos fijamos en varios indicadores como la ilegalidad, qué actividades ilícitas se practican en esas poblaciones, qué condiciones sociales hay, necesidades básicas insatisfechas, condiciones de acceso y cuál es la presencia institucional. De acuerdo a eso, dividimos esos municipios por riesgo, cuáles son los de un caso extremo, en donde aun con un acuerdo de paz, la violencia no reduzca; también hay riesgo alto y medio. La idea es que las acciones del Gobierno deben dirigirse, por lo menos los primeros 18 meses, a esos municipios con riesgo extremo”. La economía ilegal es otro de los factores que mantiene la alerta o enciende las alarmas en esas 281 localidades. El riesgo de que otros grupos al margen de la ley se aprovechen de los recursos que genera la economía ilícita podría generar nuevos conflictos. Valencia asegura que en otro estudio que se está adelantando se evidencia la cantidad de empleos que dan las actividades por fuera de la ley. La caficultura, que es la principal fuente de trabajo en el campo, emplea unas 550 mil familias, la ganadería 450 mil familias, y lo que hasta el momento les ha arrojado el estudio es que la economía ilegal puede llegar a destinar a más personas que los sectores antes mencionados. “Son muchas actividades ilícitas, como la minería ilegal, narcotráfico, contrabando, trata de personas. Es un mensaje claro que dice que no es solo negociar con estos 20.000 guerrilleros y milicianos o con las bandas criminales. Si no hay alternativas buenas a esas economías ilegales, es prácticamente inviable el posconflicto”, asegura León Valencia. No es solo el acuerdo “El posconflicto necesita más discusión, más preparación. No solo se trata de firmar un acuerdo con las Farc, también de mirar con detenimiento esas comunidades afectadas por el conflicto y con alto riesgo de seguir sufriendo”, son las palabras de Francia Márquez, líder afro e integrante del Proceso de Comunidades Negras. Para esta mujer, son de celebrar los avances de los diálogos de paz y la voluntad de superar el conflicto que hay entre el Gobierno y las Farc, sin embargo siente que “se está pensando solo en esa firma, pero no se está teniendo en cuenta lo que puede pasar en los territorios”. Asegura que las violaciones a los derechos humanos continúan y tienen que ver con intereses económicos que hay en sus tierras. “De eso no se está haciendo una discusión estructural”. Por su parte, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena (Onic), dice que el proceso de paz es un avance significativo para consolidar la terminación del conflicto armado en Colombia, “pero también es cierto que se tiene una gran preocupación de que persistan las violaciones a los derechos humanos, porque van a surgir nuevos actores o seguirán los mismos que no han llegado a un acuerdo para negociar la paz, como es el Eln y las bandas criminales. No se puede descartar también que queden reductos de las Farc en algunas zonas del país”. El líder indígena pide desarticular de manera eficaz el paramilitarismo y todas las rentas criminales “para poder pensar en cosas diferentes”. Estrategia del Gobierno El trabajo del Estado no solo debe enfocarse en la labor de las Fuerzas Armadas para reducir la capacidad delictiva, y la economía ilícita de la que viven los grupos armados ilegales; la presencia del Gobierno también debe llegar con proyectos sociales y programas que den nuevas y mejores oportunidades a los habitantes de esas regiones afectadas por el conflicto. La Presidencia de la República, por intermedio de varios ministerios como Defensa, Agricultura, Educación, Interior, Justicia y Posconflicto, tiene en marcha una estrategia compuesta por 19 programas que buscan llegar a esos 281 municipios, y que fue obtenida en exclusiva por El COLOMBIANO. Paquete de asistencia agropecuaria Se realizarán despliegues masivos de técnicos agropecuarios, campañas de acceso a crédito y entrega de kits en más de 50 municipios. Atención socio económica y mejoramiento En diferentes regiones se hará construcción o mejoramiento de pequeña infraestructura social y económica y oportunidades de empleo. Atención económica en vías veredales Cerca de 800 mil millones de pesos en la construcción o mejoramiento de vías secundarias y terciarias en las zonas rurales de los 50 municipios más afectados por el conflicto armado en el país. Prevención de reclutamiento forzado En zonas rurales se desarrollarán programas de prevención al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Programas de ayuda alimentaria Estrategia de ayuda alimentaria, medidas contra la desnutrición y alistamiento para decisiones de seguridad alimentaria. Unidad de restitución de tierras Asegurar capacidades institucionales de la Unidad de Restitución de Tierras para actuar en el sur del país. Atención Económica en ciudades medias Crear estrategias y programas para la generación de recursos en entornos urbanos (ciudades medias). Lanzamiento programa “manos a la paz” Con el programa Manos a la Paz, el Gobierno busca que universitarios voluntarios hagan trabajos en el sector público y privado en regiones que han sido afectadas. Jornadas para realizar trámites oficiales Se realizarán Ferias municipales de trámites y jornadas móviles de 20 trámites seleccionados en 93 municipios. Mejoramiento de las juntas comunales Se harán jornadas de capacitación en conciliación a más de mil juntas de acción comunal en todo el país, con énfasis en las que son controladas por la guerrilla en zona de conflicto. Celeridad en procesos para reparación En 28 municipios se dará celeridad en los procesos de reparación a víctimas de grupos armados ilegales, como Eln y Farc. Focalización y reparación individual Se dará un enfoque especial en 100.000 cupos para las reparaciones individuales de víctimas en diferentes regiones. Desminado, señalización y educación En más de 20 municipios se realizará desminado, señalización de zonas contaminadas, y en otras 179 poblaciones se dará educación en riesgo de minas. Casas de justicia y jornadas móviles Jornadas móviles de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana y de otros servicios de justicia formal y alternativa. Nuevos comités locales de justicia Se crearán y se fortalecerán los comités locales de justicia en 50 municipios. Seguridad y convivencia en municipios Promover mejor uso de recursos y cambios en la priorización para dar cuenta de las necesidades de la comunidad. Fortalecimiento de la policía rural Fortalecimiento del enfoque de género en la Policía Rural, para atender mejor violencia sexual y violencia intrafamiliar. Ajustes en la Unidad de protección Ajustes en procesos de investigación y judicialización de amenazas en la Unidad Nacional de Protección. Tecnología para prevenir delitos Capacidades y metodologías en investigación criminal y judicial frente al problema de la extorsión, y promoción de actividades de prevención a través de las TICS. Foto: Donald Zuluaga

Uldarico Toloza comenzó su carrera política como candidato a la alcaldía de Barranco de Loba en el sur de Bolívar en 1995, luego  del trágico suicidio en condiciones muy extrañas  del entonces alcalde Demóstenes Fonseca, quien se enfrentó a los clanes políticos tradicionales del sur de Bolívar. Demóstenes murió ahorcado, según personas cercanas, por la presión que significaban el manejar un municipio endeudado y con poco apoyo de los clanes políticos que manejaban la región. Fue así como usando el nombre del fallecido alcalde, como nombre del movimiento político que lo avaló – Movimiento Cívico: Demóstenes Fonseca – Uldarico se lanzó como candidato único para las elecciones, y ganó. Para ese entonces Toloza Tundeno pertenecía a las toldas del partido Liberal, liderado por el entonces senador Juan José García Romero y su hermano Álvaro García Romero.  El primero condenado por peculado por apropiación, y el segundo condenado a 40 años en prisión por la masacre de Macayepo. De tal manera que con el amparo de la casa García Romero, Uldarico manejó la alcaldía de Barranco de Loba, una de las zonas de minería de oro más apetecidas del país. Al finalizar  su mandato, y como ficha clave de los García Romero en el sur del Bolívar, Toloza Tundena, fue nombrado director de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar, entre 1998 y 2000. Acto seguido en 2001 entró como cuota de  los García Romero a la Gobernación de Luis Daniel Vargas Sánchez, en el cargo de  asesor de la Secretaria del Interior. Vale la pena recordar que Vargas Sánchez fue destituido e inhabilitado por 13 años por la Procuraduría  por irregularidades en licitación durante su mandato, y fue denunciado por entregar el negocio del chance a Enilse López “La Gata”, tras el pago de una coima. El Pacto de Barranco Para el 2003 tras ejercer como asesor de la Gobernación, Uldarico Toloza se prestó para convocar junto con el ex alcalde de Morales, Héctor Rodelo, la reunión conocida como el “Pacto de Barranco”, en Barranco de Loba en agosto de 2003. Esta reunión contó con la presencia de los congresistas Vicente Blel y Miguel  Ángel Rangel, los candidatos a la gobernación Alfonso López Cossio y Libardo Simancas, y de los alcaldes y candidatos a la alcaldía y concejos de los municipios del sur de Bolívar, entre otros. La cita , en la que participaron más de 1000 personas según fuentes que estuvieron presentes, hubiera sido una reunión política como cualquier otra,  de no ser por la presencia de alias Ernesto Báez, jefe político del Bloque Central Bolívar, quien por varias horas dio cátedra anti insurgente, y facilitó (en primera instancia) el proceso de selección de respaldo para la candidatura a la gobernación de Alfonso López Cossio. Según versiones del portal Verdad Abierta, en la reunión se decidió apoyar inicialmente a Simancas, pero el candidato no podía pagar el aporte por la gestión a las AUC, de tal manera que se decidió por López Cossio. En las semanas posteriores a la reunión, apareció una publicación El Universal, en la que candidatos a alcaldías y líderes sociales de todo el departamento ratificaban su apoyo para Alfonso López Cossio. En la siguiente foto se puede observar el presunto apartado de la relatoría de la reunión, la cual está firmada por Uldarico Toloza, ex alcalde de Barranco de Loba. Seguidamente, en una reunión en Ralito, la empresaria del chance, Enilse López “La Gata”, intervino ante jefes de las AUC para sacar adelante la candidatura de Simancas, razón por la cual Salvatore Mancuso reunió a todos los líderes del sur de Bolívar para presionar el apoyo a la candidatura de Simancas. Consecuentemente Libardo Simancas ganó la elección como Gobernador de Bolívar. Dicha situación llevó a que Toloza fuera cuestionado por la Corte Suprema de Justicia en la investigación en contra del senador Miguel Rangel, razón por la cual la Corte solicito investigar a Toloza, ya que – bajo gravedad de juramento – aseguro que Ernesto Báez no participo en la reunión.  Sobre este punto la Corte se pronunció de la siguiente manera: “Sobresalen dentro de estos testigos, el señor Uldarico Toloza Tundeno, quien se desempeñó como Secretario de la denominada «Asociación de Municipios del Sur de Bolívar» y por ello fue testigo presencial y permanente no solo de la reunión del 9 de agosto de 2003 en Barranco de Loba y las posteriores, como Pueblito Mejía y en las que se escuchó a cada uno de los candidatos a la Gobernación, aun así negó rotundamente bajo juramento, la presencia de ‘Ernesto Báez’ en dicha reunión de Barranco de Loba y la de cualquier otro paramilitar. Igualmente negó que en Pueblito Mejía había una base paramilitar y en general la presencia de dicha agrupación ilegal. Resulta tan absurdo e inverosímil su testimonio que aún siendo Secretario de dicha asociación no tiene conocimiento de quién organizó la misma, ni quien costeó la alimentación, agua y refrigerios (min.00:45:00…), para cerca de 2000 personas, lo que indudablemente permite concluir que falta a la verdad en todas sus aseveraciones, motivo por el cual se compulsarán copias para la investigación correspondiente. La Gloria de Macaco Luego del triunfo de Simancas a la Gobernación, Toloza fue nombrado en la dirección de la Secretaria de Minas y Energía de Bolívar en 2006, cargo  que habría utilizado para mantener los títulos mineros de la empresa de extracción de metales preciosos de la esposa de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe militar del Bloque Central Bolívar. Acta de posesión de Uldarico Toloza como Secretario de Minas y Energia de Bolívar La empresa era llamada, Sociedad Minera Grifos S.A.S, y su mayor accionista era Rosa Edelmira Luna (esposa de Macaco). Esta empresa recibió un título minero para la explotación de la mina, La Gloria, en el municipio de Barranco de Loba en 2004, con la “venia” de la Secretaria de Minas de la Gobernación de Simancas.  Debe resaltarse que según entrevistas de la revista SEMANA con mineros del municipio, la mina fue otro botín de guerra de las AUC, pues con su llegada desplazaron a los mineros tradicionales cuando la mina comenzó a producir, y trajeron a gente de Antioquia y Valle, y al que se robara algo de tierra, lo amenazaban. A la llegada de Toloza a la Secretaria de Minas, se revisan los contratos y títulos jurisdicción de la entidad – como en el ejercicio de cualquier empalme de un nuevo Secretario – pero ningún pronunciamiento o acción se dio sobre el título de Grifos SAS, aun ante las denuncias de mineros por extorsión y por las condiciones laborales en la mina. Pasado un año de la posesión de Toloza, a finales de 2007, la Fiscalía incauto los bienes de la empresa Grifos SAS, dejando al descubierto los lazos entre el paramilitarismo y las empresas mineras. Hoy día la mina está dentro del Área de Reserva Especial Minera, y su titulación debe ser otorgada a víctimas del paramilitarismo que operó en la zona. Por su lado Uldarico se retiró de su cargo como Secretario de Minas al finalizar la gestión de Simancas y  procedió a continuar en su carrera política. Para 2011, Uldarico se volvió a lanzar como candidato a la alcaldía de Barranco de Loba, esta vez de la mano del condenado por parapolítica y narcotráfico Juan Carlos Martínez Sinisterra, y su movimiento MIO. En esa ocasión Toloza perdió la elección por un poco menos del 1% (41.63% contra 42.43%). Uldarico vuelve por La Gloria Para 2015, sin importar la investigación de la Corte Suprema, y sin importar sus vínculos con los parapolíticos más infames de la región, Uldarico se lanza una vez más a la alcaldía de Barranco de Loba, esta vez con el partido Cambio Radical, con quien triunfa en su aspiración con el 54% de los votos. Toloza regresa al escenario de la política local del sur de Bolívar, a donde fuentes de terreno nos cuentan cómo viene gestionando la interlocución a favor de una asociación de mineros, sobre la aspiración de otra asociación de mineros víctimas de las AUC, reclamante de los títulos. Toloza también ha sido visto con la actual Secretaria de Minas del departamento, en rondas por la región. Sobra decir que levanta sospecha la gestión de Toloza frente a la concesión de la mina La Gloria, teniendo en cuenta su pasado como ficha clave de los clanes parapolíticos de la región y su paso por una Secretaria de Minas que en su momento fue cooptada por las AUC.