Hace 25 años, durante la primera semana de marzo de 1991, unos 2.200 combatientes del Ejército Popular de Liberación (Epl) sellaron un acuerdo de paz con el Estado y dejaron sus armas. Los fierros de la guerra fueron fundidos y se construyó una obra de arte en honor a las víctimas del conflicto armado. En aquellos tiempos, los derechos de las víctimas no era un referente internacional, aunque sí tenían figuración varios de los dirigentes que hoy buscan la paz. Por ejemplo, Rafael Pardo, actual ministro para el Posconflicto, ofició como negociador y Humberto de la Calle, vocero del Gobierno en los diálogos de La Habana, era el ministro de Gobierno. La Asamblea Constituyente era el centro de debate con las guerrillas. Un cuarto de siglo después, cinco comandantes del antiguo Epl recordaron esos días en los que se firmó la paz, para reflexionar sobre los que se vienen. No se veían desde hace mucho tiempo, pues su reencuentro con la vida civil los condujo hacia proyectos distintos. Sin embargo, hoy coinciden en el interés por construir memoria histórica y trabajar con las comunidades. En sus rostros se advierten las huellas del paso del tiempo, pero sus recuerdos siguen intactos. Por eso, rememoran emocionados los debates internos que los acercaron a firmar la paz, sin olvidar tanto los relatos de los combates como de los días en que buscaron a Rafael Pardo para negociar. Se les quiebra la voz cuando hablan de dos de sus figuras más importantes: Óscar William Calvo y Ernesto Rojas, dos hermanos que alcanzaron la comandancia del Epl y que murieron asesinados antes de cumplir su sueño: hacer política democrática. El Epl, como las Farc y el Eln, nació a mediados de los años 60, en los Llanos del Tigre, en el departamento de Córdoba, influenciado por las experiencias revolucionarias de Cuba, la Unión Soviética y China. Según cuenta Álvaro Villarraga, uno de sus dirigentes políticos, “el Epl surgió en diciembre de 1967, realizando una reforma agraria de hecho, creando microgobiernos con lo que llamaron las juntas patrióticas populares en diferentes regiones: el alto Sinú, el alto San Jorge y el bajo Cauca, con influjo en Urabá y el nordeste de Antioquia”. Al tiempo que este movimiento guerrillero se desarrolló militarmente, también se organizó como partido político clandestino bajo el nombre de Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Durante sus 23 años de vigencia hizo especialmente presencia en Valle, Antioquia, Córdoba y Sucre, y llegó a ser una fuerza armada más grande que el M-19. “Entre el año 67 y el 71 hubo una confrontación bélica muy intensa con las Fuerzas Armadas. En esa etapa murieron la mayoría de los fundadores de la organización o dirigentes del partido. No obstante, a lo largo de la década de los años 70 tuvo un notorio desarrollo militar, sobre todo en los departamentos de la Costa Atlántica. El proyecto tuvo muy buena acogida en núcleos estudiantiles, en sindicatos, en campesinos y obreros rurales. Hacia el año 1980 se incrementó el accionar político y la dirigencia se concentró en consolidar un amplio frente político de izquierda. En esa época, el Epl se extendió a varias zonas del Eje Cafetero, la región del Catatumbo y el Putumayo”, explica Álvaro Villarraga, quien hoy está convertido en un auténtico historiador de los procesos de paz en Colombia, refiere que fue en esa época que comenzaron los vientos de cambio. En el año 1984, como los demás grupos guerrilleros, el Epl negoció acuerdos de cese el fuego con el gobierno de Belisario Betancur y participó en las primeras negociaciones de lo que posteriormente fue la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. “En ese momento hicimos la propuesta de que la solución política con la insurgencia era desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente. Los voceros fueron Óscar William Calvo y Ernesto Rojas. De hecho, ellos firmaron la tregua de 1984. Nosotros queríamos la constituyente como una opción para toda la insurgencia. Sin embargo, en aquella época no se respetó la tregua, porque la Fuerza Pública no la acogió ni se dieron las reformas exigidas”, añade Villarraga. Entonces lo interrumpe Jaime Fajardo Landaeta, otro de los históricos dirigentes y constituyente en 1991: “Hubo sectores de los militares, los políticos o los empresarios que se opusieron siempre a la negociación y empezaron a impulsar el rompimiento. Óscar siempre decía: nosotros no vamos a romper la negociación, que lo hagan ellos. Pero se aprovechó el terrible suceso del Palacio de Justicia. A los ocho días mataron a Óscar William Calvo en Bogotá y todo se fue al traste. El rompimiento de la tregua se vino encima sin que lo previéramos. Tanto que no hicimos una retirada estratégica, como sí lo hicieron las Farc. Nosotros quedamos por fuera y nos mataron mucha gente. En 1985 asesinaron a nuestros cuadros principales. A Ernesto Rojas lo capturaron en Bogotá, lo asesinaron y fue presentado como muerto en combate. Lo más doloroso es que dijeron que lo habían matado en un combate, y lo pusieron manejando un carro con una pistola en su mano derecha. Pero él no sabía manejar y era zurdo. Con esas acciones se golpeó a lo más democrático de la insurgencia”. Y agrega detalles a su interpretación. “El problema de la tregua fue que Belisario no sabía para dónde iba. En la comisión negociadora le planteamos qué cual era la posición del gobierno para hallarle una salida al conflicto armado y dijo que lo importante era que la gente nos conociera y se diera cuenta que no éramos ni tan malos. Nosotros dijimos que eso no era lo que veníamos a negociar. Que lo que queríamos era resolver las causas del conflicto. Y ese asunto nunca se resolvió, el Gobierno solo quería hacia comisiones que nunca terminaban en nada”. Todos hoy coinciden en que la constituyente fue una idea nacida de los hermanos Calvo y se convirtió en la bandera del Epl. Por eso, en tiempos de Barco y Gaviria, cuando se recobraron los diálogos de paz y se abrió la opción de citar a una constituyente, la organización no dudó en reiniciar contactos de paz. “La decisión fue buscar a Rafael Pardo. Yo lo llamé y le dije que queríamos hablar con él. Así se dio la primera cita en Antioquia. La siguiente fue en Bogotá con Bernardo Gutiérrez. Éramos tres del Estado Mayor y el hombre se sorprendió. Le dijimos que era en serio, que queríamos negociar. En esa reunión llegamos a tal nivel de entendimiento que cuando íbamos a pagar la comida, Pardo lo hizo. Nosotros aceptamos, pero lo que él no sabía era que además de los tres dirigentes había un poco de gente de seguridad que también comió. Le tocó pagar un billete largo. Desde ese día la consigna fue dejar las armas a discreción de la constituyente”, resume Fajardo Landaeta. En ese momento interviene Darío Mejía, también excomandante del Epl y constituyente en 1991, para reflexionar sobre el presente: “La génesis de la constituyente fue el debate interno analizando el momento político que se vivía. Un Estatuto de Seguridad muy fuerte. Persecución, asesinatos, torturas. Un episodio muy oscuro de la vida nacional. En ese momento Óscar William y el PCML empezamos a plateamos un diálogo nacional para sumar a la gente. También trazamos que ese diálogo nos debía conducir a una apertura democrática. Se necesitaba abrir canales de participación”. Los recuerdos de Mejía lo traen al debate que hoy vive el país por cuenta del proceso de paz con las Farc y relata que lo que ocurrió hace unas semana con un grupo de guerrilleros haciendo pedagogía de paz en La Guajira fue muy similar a lo que ellos hicieron en sus días de negociaciones. “Nosotros hicimos lo mismo en los años 84 al 86, que desde Teque nos trasladamos en carros, armados, a través de un cordón militar hasta Nutibara, en Frontino”. También se ve en el espejo cuando las Farc dicen que no van a dejar las armas. “Yo recuerdo ese mismo momento. Fue un tránsito difícil. Cuando usted le ha dicho a la gente que las armas son del pueblo, que valen mucha sangre, que han costado sacrificio, pues no es tan fácil decir, de buenas a primeras, que hay que entregarlas. Eso es un proceso, porque significa replantear aspectos constitutivos del adn del guerrillero”. El proceso de negociación se extendió por 11 meses, entre mayo de 1989 y febrero de 1991. El acuerdo luego se ratificó en asamblea de combatientes y en actos simultáneos el 3 de marzo se hizo la dejación de armas. Interrumpe el diálogo Villarraga para precisar los datos: “Nos desmovilizamos 2.200 combatientes y 6.400 cuadros y militantes clandestinos. Eran 18 frentes rurales que hacían presencia en casi todos los departamentos. Nos concentramos en diez zonas que se redujeron a seis. Quedó una pequeña disidencia, pero el grueso de nuestros militantes entra a la vida política nacional. Hemos tenido constituyentes elegidos por la guerrilla en votación, otros dos elegidos en alianza con sectores. Hemos tenido senadores, representantes a la cámara, asambleísta, concejales, alcaldes e inserción en la vida social del país”. Otro detalle sobre la historia del Epl fue el tránsito ocurrido respecto a su identidad con los grupos armados. Esta guerrilla nació siendo prima del Eln, luego rompe con este vínculo y se acerca más a las Farc. Al final firma la paz junto al PRT, el Quintín Lame y el M-19. Y en la historia también quedó rastro de que tras su desmovilización, muchos de los exguerilleros del Epl terminaron integrando los grupos paramilitares de Carlos y Vicente Castaño. Un tránsito que sólo entienden quienes han vivido las turbulencias de la guerra. Darío Mejía retoma la palabra para aportar una anécdota sobre los encuentros con Rafael Pardo. “En una de las reuniones lo trasteamos por todo Bogotá y cuando nos bajamos en el sitio dela reunión se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que estábamos a tres cuadras del Palacio de Nariño. Allí tuvimos la primera reunión, lo acompañó Ricardo Santamaría y Carlos Eduardo Jaramillo. La segunda conversación fue también en Bogotá, y en la tercera nos lo llevamos a los llanos del Tigre, en Córdoba. En ese sector hacemos el primer acuerdo, en 7 y 8 de junio de 1990”. Villarraga insiste en traer las historias del pasado al presente y explica las diferencias entre el proceso de paz del Epl con el que se desarrolla con las Farc en La Habana. “La característica de nuestras negociaciones fue que se hicieron de manera itinerante. Primero en Bogotá. La segunda en Córdoba. El siguiente fue un acuerdo en Urabá. Luego, en Labores, Antioquia. Después volvimos a Urabá. Y los acuerdos finales fueron en Juan José (Córdoba), en Bogotá, Medellín y distintos campamentos”. También explica que el acuerdo final fue tener dos constituyentes plenos en la Asamblea Nacional; Desarrollo regional en las zonas de presencia histórica; recursos para los concejos de normalización; participación política; amnistía e indulto para los miembros de la guerrilla; y una serie de comisiones en derechos humanos, superación de la violencia. También un programa de atención de las víctimas; y garantías para el rencuentro de los combatientes con la vida civil. Y concluye Villarraga: “La aplicación de los acuerdos fue muy traumática. El montaje institucional fue muy lento y eso incentivo las disidencias. El punto más grave fue la seguridad. Las guerrillas del 90 tuvieron el 20% de muertos. El Estado no garantizo la seguridad en los territorios. La zonas que estaban en control de las guerrillas fueron ocupados por los paramilitares. Tuvimos más de 600 muertos; documentamos más de 300 combatientes. Tuvimos una tragedia humanitaria. El Estado no impidió que otros atacaran a la población de excombatientes. Nos atacó las Farc, el Eln, los paramilitares. El Estado fue incapaz de cumplir el acuerdo en los territorios. Fue un proceso muy traumático. El resultado es de muchos grises, pero en general: hubo cumplimiento. Hay elementos exitosos en un panorama muy complejo”. Dos mujeres lo interrumpen para complementar su visión sobre la guerra y la paz. Son Myriam Criado y Neila Hernández. La primera tuvo funciones políticas en el partido clandestino. La segunda fue jefa y combatiente. “El 20 de mayo de 1990 se dio el primer acuerdo. En el EPL había una ilusión enorme por hacer política democrática. Así que cuando surge la posibilidad de una negociación lo vivimos como si hubiéramos firmado el acuerdo final. El modelo de negociación, igual al de hoy, sigue siendo negociar con base en la relación hombre-arma. El Estado negocia con quien tiene el arma, no con quien desarrolla la idea.”, advierte Criado como una forma de criticar el único afán del Estado. Y cierra la charla Neila Hernández: “Lo que entonces vivimos en los campamentos es parecido a lo que puede estar pasando hoy con las Farc. El Gobierno no cuenta el número de hombres, sino el de las armas. Y reduce los diálogos a eso. Pero el espacio es para la política y es el camino correcto para llegar a la paz”. Nota tomada del Espectador.com Lea también: La trágica historia del EPL  en Urabá

Hace unas semanas la administración de Enrique Peñalosa anunció con bombos y platillos cuatro estrategias de seguridad. Se aspira que estas comiencen a dar resultados dentro de los primeros cien días de gobierno. En su momento se dijo que eran novedosas y que seguramente funcionarían desde el primer día. Estas estrategias de seguridad se planearon bajo el viejo principio de la concentración del delito. Igualmente, hace apenas cuatro días se publicó el proyecto de Plan de Desarrollo, en donde se continúa con la vieja política de reducción del delito y se le agregan algunos temas en prevención, equipamientos y focalización de población sujeta de protección. Las cuatro estrategias son: 1. Atacar el crimen y el delito en 750 puntos críticos o segmentos de calle. Básicamente el subsecretario de seguridad, basado en un modelo en boga en varios países, logró mapear las zonas más conflictivas y violentas de la ciudad. Se detectó que en el 98% de la ciudad se cometen pocos delitos y que estos, en cambio, se concentran en un 1.5% de la ciudad, algo que se sabía desde hacía años. A esos sitios se les denominó segmentos de concentración de crímenes. 2. Atacar el crimen del centro de la ciudad. Para ello se diseñó una estrategia que permitiera intervenir la zona ampliada del Bronx. Así como zonas aledañas del centro de la ciudad. 3. Estrategia de recuperación de parques, ya que se presume que estos están tomados por las pandillas y el micro-tráfico. 4. Estrategia de fortalecimiento de la policía. A Cambio de una priorización de estos segmentos del crimen y el centro de la ciudad, la alcaldía se compromete a priorizar y ayudar a suplir las necesidades de la policía. La primera conclusión, luego de analizar estas iniciativas en materia de seguridad, es que todo esto ya se ha hecho en administraciones pasadas, con escalas y énfasis diferentes, pero con una estrategia similar. En todas las ocasiones se muestran resultados importantes los primeros meses y, luego, la ilegalidad y el crimen se acomodan y los índices de crímenes regresan a los números que había antes de la intervención. Así, por ejemplo, dependiendo de cada administración se denominó diferente a la focalización de las zonas. En la época de Lucho Garzón se les denominó “zonas de gestión social integral”, durante la época de Samuel Moreno se les llamó “zonas críticas”, en la época de Gustavo Petro se les conoció como el plan “setenta y cinco-cien” o “75-100” donde el segmento a intervenir eran las manzanas barriales. Vale la pena aclarar, en todo caso, que la apuesta de Enrique Peñalosa llega a una micro-focalización aún menor que cosiste en los segmentos de calle. Sin embargo, concentrar la actividad de diferentes instituciones distritales y nacionales sobre determinadas zonas de la ciudad, como vemos, no es nuevo. Es algo así como creer que se descubrió que el agua moja. Incluso, las Zonas Críticas y el Plan 75-100 contemplaban una intervención integral, en la cual estaban involucradas diferentes entidades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social, el IDIPRON (Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud), entre otros. Sin embargo, la intervención de Enrique Peñalosa es únicamente policíaca, y si las anteriores tuvieron problemas, a esta no se le auguran mejores resultados. La enseñanza tanto de este tipo de intervenciones a nivel nacional como de las experiencias internacionales es que los primeros cuatro meses, aunque desgastantes, muestran resultados positivos. Luego, durante los siguientes seis meses los indicadores mejoran sustancialmente y permanecen con una tendencia al descenso, algunos indicadores mejor que otros, y luego de 10 ó 12 meses de la intervención, los indicadores comienzan nuevamente a empeorar. De hecho, en algunas zonas la mejora es permanente, pero se produce el “efecto bomba”, es decir, que el crimen se desplaza a zonas aledañas a las que se intervino. En otras palabras, se mejoran dos barrios para que los dos barrios vecinos empeoren. El tema con estas intervenciones es que en la mayoría de los casos son de choque, es decir más policía, cámaras de vigilancia, operativos sorpresa, restricciones a comportamientos ciudadanos y aumento del número de capturas. En las administraciones de Garzón, Moreno y Petro se hizo igualmente una intervención social. Las intervenciones de reacción y de reducción del delito requieren esfuerzos muy grandes, como más policías, cámaras de vigilancia, funcionarios distritales… Es decir, el esfuerzo económico es inmenso, pero estos niveles de inversión necesitan ser sostenidos en el tiempo, por más de dos años, cosa que en muchos casos las entidades distritales no están dispuestas a aceptar, ya que la inversión es mucha para intervenir solo el 2% de una ciudad de más de 9 millones de habitantes. Además, con el déficit del pie de fuerza de la policía, difícilmente este esfuerzo se mantendrá más allá de dos meses: a duras penas la policía puede mantener la lógica de cuadrantes, mucho menos una focalización de cuadras. Por otro lado, la intervención en parques es una buena idea, pero bastante simplista a la hora de comprender el crimen en la ciudad. Desde el año 2010, la venta de drogas en la ciudad se transformó. Las “ollas” tradicionales comenzaron a desaparecer para maximizarse la venta de drogas en parques, calles y zonas de rumba, bajo el famoso modelo del “taquilleo”. A su vez, los grandes jibaros comenzaron a utilizar pandillas, grupos juveniles violentos y delincuencia común para esta venta al menudeo, quienes ya no actúan directamente sino mediante la contratación. Así las cosas, la recuperación de los parques puede sacar a estos jóvenes, que son los que operacionalizan el mercado, pero no va a solucionar el problema a largo plazo. Nuevamente se requiere una inversión sostenida y algo que debe entender la administración de Peñalosa es que no todo se soluciona con policía. Muchos de los parques tomados por la venta de drogas son los denominados “parques de bolsillo”, es decir, aquellas pequeñas zonas que se encuentran en equinas o en medio de complejos de apartamentos. Estos parques están a cargo de las alcaldías locales, las cuales no tienen presupuesto para su intervención debido a que los Fondos de Desarrollo Local tienen muchas prioridades y los parques son algo secundario. La inversión sería millonaria y plata no hay. Otros temas que si necesitan mucha prioridad son secundarios en el Plan de Desarrollo. Por ejemplo, el tema del Plan Maestro de Justicia. En la ciudad hay una crisis en la justicia. La impunidad es rampante y la ciudadanía está llegando al extremo de tomarse la justicia por sus manos con los famosos linchamientos. En este punto, la estrategia no es clara y es poco coherente. En segundo lugar, otro tema prioritario es el del Número Único de Emergencia o “123”. Bogotá pasó de tener un único número de atención a tener 1052 números de emergencia. Es decir, el 123 y los 1051 números de cuadrantes. Esto es inviable para una ciudad pues hace imposible el seguimiento y control a la acción institucional. Así las cosas, generar tantos números de atención de emergencias fue un retroceso desastroso ya que impide una buena gestión de la seguridad. La actualización tecnológica del 123 es una inversión millonaria pero necesaria y el Puesto Único de Mando es otra de las inversiones necesarias. Sería importante que la administración Peñalosa entendiera que el mundo no nació con ellos, que aprenda de las experiencias pasadas para no repetir errores, que entienda que la seguridad no son solo números pues la numerología no soluciona las demandas de seguridad de la ciudad. En fin, todo parece indicar que esta es una administración que cree que inventó que el agua moja y que la candela quema. Columna publicada en Semana.com

El proceso de paz con las Farc, no es una negociación con 8.000 guerrilleros, o 20.000 personas si se cuenta milicianos y estructuras de apoyo logístico. La verdad es que el proceso de paz es mucho más que eso. La negociación con las Farc significará el encuentro de una sociedad urbana con cerca de un millón de personas que viven en las zonas donde operan las Farc, y esta población no es de las Farc, pero esta guerrilla nació de dicha situación de marginamiento social de este millón de personas. Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX se produjo el más grande proceso de homogenización política, miles de campesinos y población pobre salió del municipio donde vivió producto de la guerra entre liberales y conservadores. Así por ejemplo, en Boyacá, un municipio como Güicán era conservador y el Cocuy liberal.  Los liberales de Güicán fueron expulsados y muchos encontraron refugio en el vecino Cocuy, y a la inversa. Pero la gran mayoría no tenía contactos en los municipios de su militancia partidista y quedaron sin nada. Así las cosas, este universo de campesinos dejó su tierra abandonada y comenzó a deambular por las ciudades. Colombia es un país que se ha urbanizado con olas de violencia. Muchos de estos campesinos al no encontrar un proyecto de vida viable en zonas urbanas, comenzaron a marchar hacia las zonas selváticas del país, a tumbar monte y crear propiedad, es decir, a colonizar. A ese fenómeno se le llamó las “columnas en marcha”, cientos de campesinos; entre los que había mayoritariamente niños, mujeres, ancianos, ya que los hombres se habían quedado en la guerra, cogían sus pertenecías e iniciaban la colonización. Alfredo Molano describiría esto en su ya famoso relato de Selva adentro. A medida que las “columnas en marcha” de campesinos se adentraban en la selva,  la población se iba quedando y formaba caseríos, muchos de ellos corregimientos llamados Nueva Esperanza, Nuevo Porvenir A medida que las columnas en marcha de adentraban en la selva, la población se iba quedando y formaba caseríos, las enfermedades tropicales impedían la marcha, por ello es que muchos corregimientos del Caquetá, o sur del Meta o Putumayo se llaman: Nueva Esperanza, Nuevo Porvenir. Esta colonización quedaría inmortalizada en la canción El Barcino de Jorge Villamil, donde Tirofijo atravesaría el Pato (Norte del Caquetá) y el Guayabero (sur del Meta). De este proceso de colonización, que en gran parte fue dirigido por las entonces guerrillas liberales y sobre todo por las Autodefensas Campesinas que había formado el partido comunista, nacieron las Farc. Para mediados de la década de los años cincuenta el Partido Liberal se dividió en dos. Los Limpios y los Comunes. Los primeros fueron aquellos que dejaron las armas luego de la amnistía finales de los años cincuenta, y los segundos no obedecieron la dirección liberal y se quedaron en armas.  De hecho, Manuel Marulanda era guerrillero liberal y se alcanzó a desmovilizar. Sin embargo, muchos exguerrilleros liberales que dejaron las armas, es decir, los limpios, comenzaron a asesinar por orden de los políticos liberales a sus antiguos compañeros que ahora eran comunes. A estos mercenarios a sueldo se les denominó pájaros. Al final las guerrillas liberales que no dejaron las armas y las autodefensas de partido comunista confluyeron y de ese proceso en 1960 se creó el Bloque Sur y en 1964 nacieron las Farc. Así que esta población marginada, este millón de colombianos de esa Colombia profunda es la que debe ser integrada al circuito nacional, se le debe legalizar la propiedad, entregarles el derecho al voto, en fin hacer parte de la ciudadanía Colombiana. Negociar con las Farc es la oportunidad de saldar la deuda social con esta población que lleva más de cincuenta años sufriendo la violencia.

Aunque el cese al fuego bilateral aún no se firma, no es desconocido que los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc tuvieron una disminución significativa desde que el proceso de paz entró en su recta final, y también desde que ese grupo guerrillero decretó un cese de hostilidades unilateral. Investigaciones de entidades como el Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de conflictos), reportan que en el último año en Colombia, específicamente en los últimos siete meses, se ha vivido el periodo de menor intensidad en 51 años de conflicto, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y acciones violentas. Las miras de las fuerzas armadas ya apuntan a otros objetivos. Las Farc ya no están en ese primer lugar, ahora el Eln y las bandas criminales exigen todo el esfuerzo de los soldados colombianos. Así se lo confirmó una alta oficial del Ejército a este diario. “Desde el mes de septiembre nos dieron una orden y es de no hablar nada que esté relacionado con las Farc. Ni siquiera se pueden seguir haciendo campañas de desmovilización en contra de esa guerrilla por las emisoras del Ejército”, precisó. Un claro ejemplo de lo que podría ser ese nuevo rumbo del conflicto son las Fuerzas de Tarea, las cuales fueron creadas, en su mayoría, con la misión de contrarrestar cualquier intención de avance de las Farc en las diferentes regiones del país, ahora ya se habla de la desaparición de algunas y otras enfocan sus actividades a otros fenómenos criminales. La Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo es una de las más importantes, y aunque fue creada para combatir a los frentes quinto, 18, 36 y 58 del bloque noroccidental de las Farc, ahora se concentra en el frente de guerra Jesús Ramírez Castro del Eln, y las bandas criminales como “los Urabeños”. Hasta hace unos meses, la sede principal de esta fuerza de tarea quedaba en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, una de las entradas al parque nacional Nudo de Paramillo, sin embargo fue trasladada a Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, desde donde se manejan todas las operaciones contra los nuevos objetivos. El Comando de Transformación Ejército del Futuro (Cotef), será la unidad encargada de adelantar toda la transformación en esa institución. La principal misión de este comando, tal y como aparece en la pagina del Ejército, es “promover y liderar todas las iniciativas destinadas a transformar la institución, las relaciones, la estructura de mando y control, unidades de Combate y las capacidades del Ejército, teniendo como criterios de desarrollo, temas estratégicos, relaciones civiles-militares, transición y equipo pensando en la optimización de las áreas orientadas al Ejército 1.0, 2.0 y 3.0”. Llega la reestructuración Para expertos en temas militares e incluso exintegrantes de la milicia, lo que se viene para el Ejército y las Fuerzas Armadas de Colombia es una reestructuración, que incluso ya se está aplicando en el interior del Ejército. Vicenç Fisas Armengol, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, cree que como ocurre en todos los países del mundo, el papel de las Fuerzas Armadas es dedicarse a la defensa territorial fronteriza. “Deben cumplir funciones diferenciadas a las de la Policía. En Colombia, tras el acuerdo final con las Farc, creo que sería oportuno hacer una reforma del sistema de seguridad en profundidad, y diferenciando las tareas de las Fuerzas Armadas de las de la Policía. Al margen de lo que suceda con el Eln, pues se intenta abrir una negociación formal con ella, y eso puede condicionar las tareas de la Fuerza Pública, Colombia tiene un gravísimo problema de criminalidad organizada, que debe combatirse apuntando a la corrupción generalizada y al clientelismo, y las vinculaciones de esa criminalidad con el narcotráfico”. Para cumplir con la anterior tarea, dice Fisas, se debe contar con buenos servicios de inteligencia y una policía especializada, “pero no es habitual que sea una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No se puede combatir esa criminalidad con aviones de combate ni con tanques”. Por su parte, John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, asegura que el cambio será sustancial y los divide en tres aspectos: El primero será un cambio de doctrina: “ya los propios mandos del Ejército han anunciado que va a ver un cambio, eso a mi modo de ver es coincidente con un requerimiento de las Farc en La Habana, que dijeron que era necesario que las Fuerzas Armadas cambiaran la doctrina contra insurgente”. La reestructuración pasará también en un cambio del dispositivo, es decir, una reestructura de las estructuras funcionales del Ejército, “ya también eso fue anunciado por los comandantes e incluso está en desarrollo. El Estado Mayor ya se reconfiguró con nuevas células, nuevas funciones”. Y le tercero. explica Marulanda, vendrá tras darse los dos primeros cambios, en el que habrá un giro en las responsabilidades y funciones. “Las Farc también pidieron que el Ejército debe volver a custodiar las fronteras, que salga de la lucha contra insurgente y el Gobierno está dando pasos en esa dirección. La creación del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de un policía y el énfasis que se les está dando a las actividades criminales terroristas o insurgentes así lo hace prever”. Esos son los tres cambios que Marulanda cree van a significar el cambio en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, asegura que hay varios problemas, uno de ellos es el presupuestal, “si bien ya hubo recortes dramáticos y se ha dicho que seguirán, el presupuesto será solo para mantenimiento, no para inversión”. Sobre el presupuesto, Vicenç Fisas Armengol, argumenta que el gasto militar se debe reducir para invertir en otras problemáticas sociales que sufre el país. “En un escenario de posconflicto armado, finalmente, el tamaño y el presupuesto de las Fuerzas Armadas deberán reducirse notablemente, situándose en los estándares medios de la región. Eso liberaría una gran cantidad de recursos que podrían ponerse a disposición de las necesidades básicas que tiene el país, ya sea en educación, vivienda, infraestructuras, población desplazada, marginación, etc., así como para financiar la gran transformación agraria que necesita el país. En el primer punto de la agenda acordada con las Farc, ya hay una orientación bastante precisa de cómo empezar en este punto”. Primeros retos Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, los cambios que se vienen para el Ejército tendrán entre sus primeros retos prestarle vigilancia a las zonas de ubicación donde estarán los guerrilleros. “Así como el Ejército fue organizado para la guerra, se puede organizar para la paz. Si se crearon unidades para enfrentar la guerrilla, se pueden crear unidades que puedan proteger los territorios donde estarían los guerrilleros concentrados después de una firma. La idea es que el Gobierno se de cuenta que la Fuerza Pública tiene que cambiar su rol”, agregó. Según el analista, desde Cuba ya se está trabajando en una de las comisiones lideradas por alias “Carlos Antonio Losada”, de las Farc, y el general Javier Flórez,del Ejército, para encontrar la fórmula que permita que militares y guerrilleros puedan incluso trabajar de manera conjunta para brindar seguridad en zonas que históricamente fueron dominadas por ese grupo guerrillero. Asegura Valencia: “no sería audaz que el gobierno limite al Ejército a zonas fronterizas, ya que por la geografía del país hay áreas donde otros grupos delincuenciales aprovecharán para actividades ilícitas y son puntos donde el Ejército debe actuar”. El capitán (r) Juan Alfonso Fierro, presidente de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Pública, fue enfático en decir que es un “inmenso error” quitarle fuerza al Ejército o a cualquier otra fuerza. La amenaza, dice Fierro, sigue latente por lo que se necesita de una Fuerza Pública con mayor capacidad. “La debilidad de los estados nunca ha dado buenos resultados. El Estado debe ser fuerte para hacer cumplir la Constitución y las leyes, si no hay una mano fuerte que pueda intervenir en cualquier momento todo el mundo se va a burlar de la Constitución de las leyes, como ocurre ahora”. Asevera Fierro que a Colombia, en ese escenario, no la va a defender un juez o un congresista, pero sí los uniformados de siempre, esos que están hasta ocho meses en la selva o en una carretera aguantando agua y sol y que aún son mal pagados. El papel del Ejército en el posconflicto es uno de los asuntos que más genera posiciones encontradas en el país. En algunas esferas se habla de retroceso, incluso de equipararse con las Farc; en otros se habla de una fuerza preparada para la paz pero listas para enfrentar la guerra.

La historia de la guerra sucia no se puede repetir, pero se está repitiendo. El 7 de marzo, sicarios mataron a William Castillo en El Bagre, Antioquia. Era activista de derechos humanos, cercano a la Marcha Patriótica, y lideraba un movimiento que se opone a la minería a gran escala y a la ilegal en su región. La víspera, en plena cancha de fútbol en Soacha, Cundinamarca, desconocidos mataron a bala al joven comunista Klaus Zapata, comunicador social que colaboraba con publicaciones de izquierda y se había convertido en activista del proceso de paz. Una semana antes, el 1 de marzo, en el Cauca asesinaron a Maricela Tombe, líder campesina, en Tambo, quien era cercana al movimiento Congreso de los Pueblos, y en Popayán caía también bajo las balas Alexander Oime, líder indígena. El viernes esta ola de crímenes cerró con la muerte en Arauca de Milton Escobar, también de filiación comunista. Eso no es todo. En Putumayo han acabado con la vida de nueve personas de movimientos sociales de base. En Tumaco han vuelto las oleadas de homicidios. Una líder del Catatumbo tuvo que huir de la región por amenazas. En Chocó y Bajo Cauca se han presentado combates entre fuerzas conjuntas de Farc y ELN contra el llamado Clan Úsuga, y en el Baudó hay desplazamientos masivos como no se veían desde hace casi una década. Las alarmas están encendidas. “No tengo duda de que se ha activado un plan para matarnos”, dice César Jerez, vocero de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina y militante de la Marcha Patriótica. Los movimientos sociales y de izquierda, entre ellos la UP, claman una reacción menos burocrática del gobierno y la Justicia. En redes le imploran al gobierno que no los deje a merced de las fuerzas oscuras. “El gobierno tiene la misma posición de siempre. Dice que son casos aislados, que son las bacrim”, se queja Jerez. Y agrega: “¿Cómo es posible que con toda la tecnología militar que tienen no puedan neutralizar a estos grupos? ¿Por qué nunca se investigan las amenazas en nuestra contra?… Al hijo de Uribe lo amenazaron por internet y al otro día estaba detenido el culpable. Eso nunca ha ocurrido con nosotros”. Mientras todo esto pasa en Colombia, en la Mesa de La Habana se discute sobre el fin del conflicto y uno de los puntos cruciales son las garantías de seguridad para las Farc, para los movimientos sociales donde tienen influencia, y para las regiones epicentro del conflicto. En realidad, para todo el país pues las bandas criminales, según reportes del año pasado de la Fundación Ideas para la Paz, están en 338 municipios de 23 departamentos. Y siguen creciendo y mutando. Los miembros de las Farc temen que los asesinen cuando dejen las armas. El gobierno les promete que no será así. Pero si la guerrilla se desarmara hoy, aquel difícilmente podría cumplir su palabra. ¿Qué son? El paramilitarismo, tal y como lo conoció el país en décadas pasadas, ya no existe. No hay un Carlos Castaño con cananas y fusil al hombro, con un incendiario discurso de derechas. El fenómeno criminal que se expresa hoy es más complejo y menos controlado, pero no por eso menos preocupante. El gobierno se niega a llamarlo paramilitarismo, pero sectores de la institucionalidad piensan que si no se actúa de manera rápida y eficaz, sí puede terminar como un nuevo esquema paramilitar que sabotee el proceso de paz. Sean o no un fenómeno político, estos grupos están salidos de madre y las estrategias para combatirlos que el gobierno ha probado hasta ahora son insuficientes. Para Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, las bandas criminales actúan en tres modalidades. 1) Algunas de ellas son grupos similares a las antiguas autodefensas, casi siempre comandadas por exmiembros de las AUC, que tienen relaciones con políticos, mando de tropas, que incluso disputan territorio en combate con las guerrillas u otras bandas, y que cuidan intereses de testaferros de los negocios ilícitos. Esta modalidad corresponde, según el analista, al 40 por ciento de lo que hoy son las bacrim. 2) Un 30 por ciento son grupos regionales que están solo para cuidar las rentas ilícitas, cada vez más jugosas. 3) Pero otro 30 por ciento, según Ávila, es el más delicado. Son mercenarios y asesinos a sueldo cuyo principal negocio es ‘vender’ violencia al mejor postor. Estos se prestan para matar a líderes sociales que resultan incómodos para los intereses de algunos grupos de poder en las regiones. El problema es que el Clan Úsuga –o Urabeños–, la más grande de las nueve bandas que hay en el país, usa las tres modalidades según la zona. Así como en Chocó entran en combate con las Farc y el ELN, en Buenaventura o Barrancabermeja controlan bandas locales pequeñas y fragmentadas. Y cuando se trata de hacer limpieza social o guerra sucia contra la izquierda se hacen llamar Águilas Negras. Una caracterización similar a la de Ávila tiene la Policía. Aun así, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, le dijo a SEMANA que las bacrim “no son una amenaza para la seguridad nacional y su capacidad de afectación ha sido disminuida en los últimos cinco años. Sí pueden ser una amenaza en algunas zonas del país para efectos de la consolidación de los acuerdos de paz”. Esto es grave porque tal como ha constatado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en cabeza de Todd Howland, se está produciendo un vacío de poder en muchas regiones, que están llenando otros actores, sean bacrim, ELN o EPL. La pregunta es ¿dónde está la fuerza pública? ¿Qué está haciendo el casi medio millón de efectivos militares y de Policía? Los saboteadores Es cierto que en todo proceso de paz hay saboteadores, y estos grupos son parte de ellos o actúan como instrumento de quienes no quieren una paz en los territorios. Si se revisa la historia de anteriores negociaciones con la guerrilla, hay razones para preocuparse. Tal como documentó María Teresa Ronderos en su libro Guerras recicladas, la primera época de paramilitarismo en Colombia fue una respuesta de ganaderos, militares, mafiosos y políticos que vieron amenazado su statu quo con una posible entrada de las Farc a la política mediante la Unión Patriótica, durante el proceso de paz de Belisario Betancur. Ese desangre, entre otros factores, conspiró para que ese intento de paz nunca llegara a feliz término. Casi dos décadas después, cuando Andrés Pastrana intentó un nuevo proceso de paz en el Caguán, el paramilitarismo se expandió a sangre y fuego por el país y logró montar un proyecto político de captura del poder regional, que se conocería como la parapolítica, cuyo objetivo también era impedir que la guerrilla entrara a la vida política. La pregunta es si hoy, cuando parece inminente el desarme de las Farc, se puede seguir mirando la violencia emergente como una actividad criminal o si habría que considerarla una nueva guerra sucia encaminada a boicotear la apertura democrática y los cambios que prometen los acuerdos de La Habana, que tocan intereses de poderes mafiosos instalados de facto en muchos lugares del país. Mapa de influencia del Clan Úsuga ¿Está fracasando el Estado? En La Habana este tema causa una comprensible inquietud. Algunos de los negociadores de las Farc comentan preocupados, sin ironía, que si el Estado no es capaz de doblegar a Otoniel Úsuga, jefe de los Urabeños, luego de más de un año de haber prometido hacerlo, está quedando en ridículo. “Puede que el Estado no venza a una insurgencia, pero a un delincuente del común es increíble que no lo haga”, dicen. En el caso de las bandas criminales, las autoridades han capturado a más de 20.000 personas en los últimos diez años, y han muerto en acciones de la fuerza pública varios mandos importantes como Cuchillo, Megateo, Pijarvey y Puntilla. Sin embargo, está claro que las bandas son como la cola del lagarto, que luego de cortada vuelve a salir. Y es inexplicable que por tantos años se actúe con la misma estrategia, aunque esta haya demostrado ser, por decir lo menos, insuficiente y fallida. Algo similar está ocurriendo con las incautaciones de drogas y de máquinas de minería ilegal. Esos resultados operacionales engrosan cifras, pero en la realidad los cultivos de coca están disparados, como reconoció el propio ministro de Defensa. De hecho, se espera que las cifras de 2015 superen las 100.000 hectáreas, cifra cercana a la que tenía el país antes del plan Colombia. La minería ilegal sigue galopante. A eso se suma el incremento de la extorsión, el microtráfico, el jugoso negocio de la trata de personas, y una duplicación de todas estas rentas por cuenta del precio del dólar. Más plata para estas mafias significa más armas, más control territorial, más capacidad de corrupción y más alianzas macabras. La captura de los verdaderos responsables de este sistema criminal es la excepción y no la regla. Como en la lucha contra las drogas, se está afectando el eslabón más débil de la cadena. Mientras tanto, el problema sigue imparable y con un horizonte de incertidumbre sobre qué tanto van a crecer y qué tanto daño están en capacidad de producirle a un país que lucha por entrar en una etapa de construcción de paz territorial. El viceministro Fernández de Soto asegura que hay un cambio de estrategia y que los esfuerzos recientes están dirigidos a los eslabones fuertes de estos grupos. Pone de ejemplo la captura de Eduardo Otoya, que lavaba activos del Clan Úsuga en el nordeste de Antioquia, quien llegó a ser presidente de la Frontino Gold Mines en Segovia, y de Continental Gold en Buriticá, Antioquia. Pero algunas voces críticas creen que hay problemas más de fondo. Howland, por ejemplo, piensa que el asunto más complicado es la corrupción. “Cuando se desmovilizaron las AUC no se logró romper el vínculo entre fuerza pública y la ilegalidad. Esa es la raíz del problema. Si no hay una fuerza que actúe con transparencia, hay un problema muy serio dentro del Estado colombiano y los grupos van a seguir”. La corrupción también se convierte en obstáculo para desarrollar un factor clave: la participación de las comunidades en el problema de la seguridad de las regiones, pues, sin confianza en las instituciones, la gente no puede dar información. Para Howland, así como para otros organismos internacionales, como la misión de la OEA, la estrategia que se adopte para reconocer las diferencias regionales es clave y debe atacar el problema desde sus particularidades, porque en cada zona actúan de manera diferente. Por eso, la corrupción, en tanto lesiona la legitimidad del Estado, se está convirtiendo en un problema de seguridad ciudadana. A eso hay que sumarle que esta también campea en los sectores de la Justicia y la política en zonas de alta influencia de la economía ilegal y de grupos armados. Es decir, el coctel molotov del reciclaje de la violencia está servido, aun antes de que se firme el fin de la guerra con las Farc. Actuar rápido y con nuevas estrategias ¿Qué se plantea en la mesa de La Habana sobre el neoparamilitarismo? Aunque la opinión pública se ha concentrado en el problema del cese del fuego y de la dejación de armas, el punto tres de la agenda de La Habana, sobre el fin del conflicto, tiene varios ítems que se refieren a las garantías de seguridad, combate al crimen organizado y esclarecimiento del paramilitarismo. Una subcomisión, en cabeza de Óscar Naranjo por parte del gobierno y de Pablo Catatumbo por las Farc, viene trabajando en fórmulas que, de aplicarse, le darían un vuelco a lo que ha sido hasta ahora la lucha contra las bacrim. Estas son algunas de las ideas que hay sobre la mesa. 1. Casos ejemplarizantes. Tomar una región y enviar cuerpos elites de fuerza pública, jueces, fiscales y funcionarios a prueba de corrupción para demostrar que con transparencia se pueden obtener resultados. 2. Que se cree un grupo multidimensional para afrontar el problema, con jueces especializados e itinerantes. Esto incluye una fuerza de reacción rápida para identificar y capturar a los promotores de estos grupos que son invisibles, apoyado en una unidad especial de lavados de activos. 3. Control y veeduría a la seguridad privada y a servicios de inteligencia. Para las Farc, la seguridad privada y la falta de información sobre las actuaciones de los organismos de seguridad son riesgos potenciales para su futuro. 4. La creación de un Consejo Nacional de Seguridad para el posconflicto con réplicas regionales, en el que estén las Farc, el gobierno y la comunidad internacional. 5. Un proyecto que permita el sometimiento a la justicia de manera colectiva para las bacrim –con algún modelo de reinserción–, y no solo incentivos individuales para acogerse al principio de oportunidad. 6. Que la institucionalidad cope el territorio con participación de las comunidades. Ello implica desarticular las economías ilegales y, por tanto, darle también una dimensión social al problema. 7. Lograr acuerdos regionales para la convivencia y realizar diálogos entre diferentes sectores para ponerle freno a la violencia emergente.

El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se inició en el 2002 entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez  y los voceros o representantes de ese grupo armado al margen de la ley,  generó la desmovilización de los integrantes de algunos bloques y frentes, y el desmantelamiento de los mismos, en virtud de los acuerdos políticos celebrados entre las partes. Dicho marco jurídico quedó consagrado  en la Ley 975 de 2005 y en sus decretos reglamentarios. El objetivo de esta norma fue la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales. También buscó garantizarles a las víctimas los derechos a la verdad, justicia y reparación. Este proceso tuvo su origen en 2002, cuando de manera discreta la administración de Uribe inició conversaciones con los jefes de las Autodefensas que llevara a su desmovilización. Es entonces cuando en diciembre de 2002 Las Autodefensas Unidas de Colombia declaran un cese unilateral de hostilidades y más adelante, el 23 del mismo mes, el primer mandatario sanciona la ley 782 de 2002, mediante la cual el gobierno queda facultado para iniciar negociaciones de paz con grupos que no tuvieran estatus político, lo que abrió  las puertas para iniciar diálogos con los grupos paramilitares. Sin embargo, como la legislación vigente de ese entonces (Ley 782 de 2002) solo preveía la amnistía y el indulto para delitos políticos y conexos cometidos por los miembros de organizaciones ilegales, era necesaria una nueva ley que como herramienta jurídica abriera el camino para la paz al facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los desmovilizados de las AUC, y garantizar los derechos de las víctimas, pero sin someter al “perdón y olvido” las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Fueron esas las razones tenidas en cuenta por el Congreso de la República al aprobar la Ley 975 de 2005 que establece, el procesamiento y sanción de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley, así como también la reparación integral a las víctimas. La discusión de una norma que permitiera esta desmovilización, comenzó una iniciativa que  constaba de 19 artículos, repartidos en tres capítulos: definiciones, mecanismos procesales y penas alternativas a la prisión. El artículo 2 del Capítulo II (Mecanismos procesales), contemplaba la «suspensión condicional de la ejecución de la pena para miembros de grupos armados organizados al margen de la ley cuando estos  se encontraran  comprometidos con  la paz nacional». Esta suspensión sería ordenada por un juez, previa solicitud «exclusiva y discrecional del Presidente», siempre que se cumplan siete requisitos, entre otros, que el condenado se comprometa a no delinquir y ejecutar actos que contribuyan efectivamente a la reparación de las víctimas, la superación del conflicto y la paz. Más adelante, en el artículo 6 se establecían  un total de ocho «mecanismos de reparación a las víctimas, superación del conflicto armado o consecución de la paz», sin perjuicio a la indemnización a que hubiera  lugar. Estos eran: La reparación a las víctimas, de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley; realización de trabajo social a favor de la recuperación de las víctimas; colaboración activa y efectiva con instituciones que se dedicaran  al trabajo social por la recuperación de las víctimas; aporte de bienes a instituciones que se dediquen al trabajo social por la recuperación de las víctimas; La entrega de bienes al Estado para la reparación de las víctimas. Para este efecto se daba pie a la creación del Fondo de Reparación. El Gobierno nacional reglamentaría  la organización y funciones del Fondo. En el Capítulo III (penas alternativas a la prisión), el artículo 11 contenía  una gama de siete posibilidades para evitar que los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad fueran  a una cárcel. Las penas alternativas contempladas en el proyecto eran: La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La inhabilitación para el acceso a cargos de elección popular. La prohibición del derecho a la tenencia y/o porte de armas. La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros. La prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas. La restricción geográfica de la libertad. Contrario a lo que pensaba  y argumentaba el entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, este proyecto no era un instrumento eficaz para la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional y más bien parecía, una iniciativa de perdón, olvido e impunidad para favorecer a los responsables de abusos contra el DH y el DIH. La propuesta levantó un fuerte debate entre el Gobierno Nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales quienes se opusieron a la aprobación de esta idea, porque le consideraban como algo inaceptable para muchas de las víctimas de crímenes atroces en Colombia y para la misma comunidad internacional. Para ese entonces la cartera del Interior y de Justicia era ocupada por Fernando Londoño Hoyos, quien reconoció que el proyecto de alternatividad penal que estudiaba el Congreso de la República contenía un pequeño grado de «impunidad» para los autores de delitos atroces que entren en un proceso de paz. «Todo armisticio implica un poquito o un mucho de impunidad. No se castiga pero a cambio se consigue la paz», explicó el entonces funcionario. Sin embargo ante la avalancha de críticas que desde la oposición y la comunidad internacional se hacía al proyecto de ley, la Administración Uribe Vélez  toma la decisión de no incluir la extradición en el proyecto de alternatividad penal. En cambio, si acordaron incluir la creación de un tribunal de verdad, justicia y reparación que se encargará de rendir conceptos al presidente Álvaro Uribe acerca de los beneficios que podrán obtener los desmovilizados con la alternatividad. Adicionalmente, propusieron restricciones a la libertad a los autores de delitos de lesa humanidad, quienes  deberán cumplir penas en centros de reclusión por un tiempo que oscilaría entre cinco y 10 años. En abril de 2004, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez  introduce modificaciones al proyecto de ley sobre ‘Alternatividad Penal’ y le cambia el nombre a la iniciativa por el de proyecto de ley de ‘Justicia y Reparación’ y en mayo del mismo año el Gobierno y las AUC firman el acuerdo que establece la Zona de Ubicación en Tierralta, Córdoba. Su extensión es de 368 kilómetros cuadrados,  con una vigencia de seis meses prorrogables. La Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el Congreso de la República en junio de 2005, no sin que se hayan presentado fuertes debates durante su discusión, uno de ellos el del “delito político” o “sedición”, en el que el director de la Fundación Paz y Reconciliación participó diciendo a los medios de comunicación que “una de las principales razones por las que la Corte Suprema de Justicia ha determinado no calificar de delito político la actividad paramilitar es porque este estatus se les da a las “fuerzas que se enfrentan al Estado o a fuerzas que representan una amenaza subversiva para el Estado, ya por que tratan de intervenirla, o tratan de derrocarla”. En palabras del analista político, “Los paramilitares no se enfrentaron al Estado, sino que más bien convivieron con él en su interior”. Otorgarle el  estatus político a los paramilitares abría  la posibilidad de concederles una amnistía, que no sólo lavaba los delitos, sino que les daba la posibilidad de participar, más adelante en política. A esta norma se le introdujo un componente de reparación a las víctimas del paramilitarismo, para lo cual los desmovilizados que se sometieran a ellas, debían contar la verdad de los hechos ante los tribunales de Justicia y Paz. Esquema_Ley975_Justicia_Paz (1)

Se acerca el final de la negociación de paz con las Farc y el punto que aún queda por tratar, de forma completa, es el mecanismo de refrendación. Por un lado, el gobierno tomó la decisión de refrendar los acuerdos vía plebiscito y mediante la creación de la comisión legislativa para la paz. Por otro lado, las Farc se van solo por un mecanismo de refrendación que es la asamblea constituyente. Al final del partido lo que Colombia tendrá es un proceso de paz con múltiples vías de refrendación. Muy seguramente habrá plebiscito, comisión legislativa para la paz y más temprano que tarde se producirá una asamblea constituyente. En cuatro o cinco meses tendremos el plebiscito, votación en la que el gobierno espera tener más de 10 millones de votos y con ello garantizar una fortaleza política para los acuerdos que se pactaron en La Habana. Para muchos analistas y miembros del gobierno la votación será fácil y contundente. Pero en las regiones se vive otra realidad. La Fundación Paz y Reconciliación en el último mes ha visitado 31 alcaldías en diferentes regiones del país, desde la costa pacífica nariñense, hasta el sur de Córdoba, pasando varios municipios de Antioquia y Tolima, entre otros.  Allí al menos se perciben cuatro cosas. En primer lugar, el 99 % de la población no conoce los acuerdos de paz, de hecho, se extiende la versión de que hay una negociación por debajo de la mesa, que en La Habana se negocia desde la propiedad privada hasta el modelo económico y que Santos le esta entregando el país a las Farc. Al momento en que se les manifiesta que los acuerdos de paz están publicados y cualquier persona los puede consultar, que en realidad al Estado la paz con las Farc le salió barata y se les explica lo que se negoció, la población reacciona diciendo, “por qué no se nos dijo esto antes”, “nos habían dicho otra cosa”. Ha sido la oposición la que la liderado este proceso de pedagogía, como en el Huila donde el senador Macías del Centro Democrático ha dicho todo tipo de mentiras. Los políticos locales entienden la paz como un festín de recursos y prácticamente pretenden condicionar al gobierno nacional el apoyo al plebiscito a cambio de dádivas y apoyos políticos Una segunda cosa notoria en estos territorios es que los políticos locales entienden la paz como un festín de recursos e incluso varios de ellos manifestaron que los habían citado a una reunión en Cartagena y que allí le pedirán al gobierno nacional de todo, y si no les entrega lo que ellos piden no le harán campaña al SI. Prácticamente pretenden condicionar al gobierno nacional el apoyo al plebiscito a cambio de dádivas y apoyos políticos. También resultó sorprendente que la mayoría de alcaldes de estas zonas —en el mejor de los casos— solo han recibido una hora de charla sobre el proceso de paz, pero nadie ha hecho pedagogía con ellos. No saben ni siquiera los beneficios que traerá la paz a futuro. En tercer lugar, al personal de las alcaldías, de los partidos de la Unidad Nacional y a sus militantes nadie les ha hecho pedagogía, y los pocos que saben del proceso de paz y sus reales alcances no les gusta socializar este conocimiento. La mayoría de ellos cree o percibe que la población los verá como aliados de las guerrillas si apoyan o difunden los acuerdos de paz. Además, dicen que apoyar la paz es signo de debilidad “lo que da votos es la guerra compa”, me decía uno de ellos. Se podría decir que a algunos les da hasta vergüenza apoyar la paz. Los únicos que apoyan la paz abiertamente y que intentan socializar, en la mayoría de los casos sin conocimiento profundo de los acuerdos, son los partidos y movimientos de izquierda. Por último, lo que sí quedó claro en los viajes a todos estos municipios, es que los enemigos de la paz están muy organizados, aquellos que se beneficiaron del conflicto, que despojaron la tierra han montado toda una campaña invisible de desprestigio a los acuerdos de paz, y han convencido a muchos sectores sociales de lo malo que sería una firma de los acuerdos. Esta campaña invisible son cadenas de chat, videos en los que se ha llegado a decir de Santos es comunista, y hay gente que lo cree aunque suene loco. Estos enemigos incluso se están armando.