Durante la primera semana de marzo del presente año hubo tres hechos que impactaron sustancialmente el proceso de paz en la Habana y que dejan ver el duro camino que traerá el postconflicto. El Primero tiene que ver con la información que llegó desde la zona metropolitana de Medellín. Como se recordará, hace algunos días el gobierno colombiano indultó 30 guerrilleros. Varios de ellos se desplazaron a sus zonas de origen, tres llegaron a Medellín y los municipios aledaños. La semana pasada la alcaldía de Medellín tuvo que sacar de improvisto a una de estas personas indultadas pues apenas a hora de haber llegado a su casa fue amenazada y estuvo a punto de sufrir un atentado. No debe olvidarse que durante el año 2015, en dos oportunidades, hombres armados, de camuflado y portando prendas de uso privativo de las fuerzas militares; emitieron comunicados, uno de estos mediante un video en junio del año pasado, en los que decían que masacrarían a cualquier desmovilizado o personas cercanas a las guerrillas que llegaran al Valle de Aburrá luego de la firma de los acuerdos de paz. Hechos que no han sido direccionados únicamente a la posibilidad de asesinar sistemáticamente a los hombres de las FARC que dejen las armas, sino también a líderes de derechos humanos. Tal como se puede apreciar en la siguiente foto, el panfleto amenaza a defensores de derechos humanos en la ciudad en Barranquilla en los primeros días del mes de febrero del año en curso. La posibilidad de que ocurra nuevamente una guerra sucia salta a la vista. (Izquierda: foto BACRIM Medellín. Fuente: www.pacifista.co Derecha: panfleto amenaza líderes de derechos Humanos en Barranquilla, febrero de 2016. Fuente: Fundación Paz y Reconciliación). El segundo hecho, fue un pronunciamiento judicial a mediados de febrero del año en curso en el que se dice que la masacre de más de 4 mil militantes de la UP o la Unión Patriótica no fue un crimen de guerra, dejando la posibilidad de que estos asesinatos queden en la impunidad. Un último hecho, es que se cumplen 30 años de la elección popular de alcaldes y gobernadores, que fue posible por primera vez en 1986 y que abrió la puerta a un proceso, doloroso y truncado, de democratización local. Estamos a semanas de que se firme el proceso de paz. De no cumplirse la fecha del 23 de marzo, hay algo seguro. En el primer semestre del 2016 la firma del acuerdo de la Habana será una realidad y el país tendrá una ventana de oportunidad para comenzar a realizar cambios sustanciales y mejoras a la democracia. En todo caso, fantasmas del pasado, pueden truncar este sueño de ver una Colombia en paz. Quisiera recordar esa tragedia que fue la masacre de la Unión Patriótica, que significó la muerte en menos de 10 años de cerca de cuatro mil militantes de este partido, en un plan que se fraguó por agencias de inteligencia del Estado, políticos locales y grupos paramilitares. A ese periodo se le conoció como la Guerra Sucia o el Plan del Baile Rojo. A mediados de los años 80 del siglo XX, producto del avance de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, nació la Unión Patriótica (UP). En esta unión confluían miembros cercanos a las FARC, el Partido Comunista y organizaciones sociales y cívicas. Por esas mismas fechas la presión social por el cambio político era importante y ante esta presión se permitió que los alcaldes y gobernadores fueran elegidos popularmente, mediante el voto. Los resultados para la UP fueron increíbles: 25 alcaldías de forma directa, 123 por coalición y llegaron a tener 14 congresistas, además de cientos de concejales y decenas de diputados a las asambleas departamentales. Esta victoria, sumada a logros locales de movimientos sociales y políticos, como Causa Común en el Cesar, literalmente asustaron las élites. Los políticos y líderes económicos en las regiones buscaron escuadrones privados de seguridad, o paramilitares, para masacrar estos nuevos movimientos que estaban pateando el tablero político regional. En 1986 comenzó la masacre. Las elecciones parlamentarias se dieron el 11 de marzo de 1986, en las cuales la UP logró 5 senadores y 9 representantes a la Cámara. Semanas después, cayó el primero. El Representante Leonardo Posada fue acribillado el 30 de agosto de 1986. Unas horas después, el 1 de septiembre de 1986, cayó Pedro Nel Jiménez, otro congresista. Pedro Nel Jiménez murió mientras se alistaba para ir al sepelio de su compañero Posada. Al día siguiente, el 2 de septiembre de 1986, durante el entierro de Jiménez en Villavicencio, seis hombres armados se llevaron del cementerio a Jaír López y Críspulo Hilario, dos militantes de la UP del Guaviare que asistían al funeral. A continuación se muestra un mapa de homicidios, el cual fue construido con los datos del Centro de Memoria Paz y Reconciliación del distrito de Bogotá sobre la masacre de la UP. En esta masacre no sólo cayeron militantes de la UP, sino también otros líderes de izquierda. Por ejemplo, uno de los hechos más recordados fue el ocurrido en Medellín en 1987. El 14 de agosto de ese año, luego de liderar una marcha, fue asesinado Pedro Luis Valencia quien era profesor de la Universidad en Antioquia y senador de la UP. Unos días después, fue asesinado Luis Felipe Vélez, presidente de Adida, sindicato de maestros de Antioquia. Este asesinato se cometió en la mañana, y a las 5 de la tarde, es decir horas después, fueron asesinados Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancourt mientras acudían al velorio. El escritor Héctor Abad Faciolince recordaría a su padre en “el olvido que seremos”. El mapa a continuación muestra un recuento de militantes de la UP desaparecidos durante estos años. Recientemente, Don Berna, jefe paramilitar, recordó que el propio Carlos Castaño dijo que él mismo había asesinado a Héctor Abad Gómez. También mencionó que el general Yanine Díaz fue clave en toda la masacre de líderes de izquierda. Dijo Don Berna: “Este General era clave en la lucha antisubversiva y en el apoyo a las autodefensas, en asuntos logísticos, de relaciones con otros oficiales y con información”. Pero no sólo se cometieron asesinatos y desapariciones, las masacres estuvieron a la orden del día. Quisiera nombrar dos de ellas. La primera fue la masacre de Segovia, el 11 de noviembre de 1988. El determinador fue el político y congresista César Pérez García. Allí murieron 43 personas y quedaron decenas de heridos. La masacre fue producto de la perdida de las elecciones de Pérez García en dicho municipio, ante lo cual se alió con Fidel Castaño y contó con la anuencia del ejército para cometer la masacre. A continuación se muestra las masacres que se cometieron contra la UP. Los datos con los que se construyeron los mapas salen del Centro de Memoria Paz y Reconciliación en Bogotá. Otra de las masacres ocurrió en Bogotá el 27 de febrero de 1987. En un restaurante del sur de Bogotá fueron acribillados Teófilo Forero, líder agrario y obrero, su esposa Leonilde Mora y dos militantes más de la UP, Antonio Sotelo y Antonio Toscano. Esto fue un genocidio político cayeron más de 4 mil militantes de la UP y la impunidad es cercana al 99%. Esperemos que la historia no se repita y que lo ocurrido en Medellín la semana pasada sólo sea una excepción. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto tomada de El Espectador.com El Movimiento 19 de abril (M -19) nace como protesta ante el supuesto fraude electoral de las elecciones del 19 de abril de 1970, que llevaron a la presidencia a Misael Pastrana Borrero. Sin embargo, más que por su causa, el M-19 se hizo famoso por sus tácticas de terrorismo urbano desconocidas en  el país para ese entonces. Sus fundadores fueron  Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, José Gregorio Lozano y Luis Otero Cifuentes, junto con Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Almarales, Everth Bustamante García, e Iván Jaramillo, quienes se declararon rebeldía no solo por considerar sospechoso el triunfo presidencial de Misael Pastrana, sino también al no estar de acuerdo con la decisión de Samuel Moreno Díaz de buscar acercamientos con el Partido Conservador. En adelante el grupo guerrillero desde la clandestinidad,  inicia una campaña publicitaria en varios periódicos de Bogotá a través de anuncios de fondo negro que contenían una pequeña frase relacionada con enfermedades como «falta de energía… inactividad? espere», «parásitos… gusanos? espere», «decaimiento… falta de memoria? espere» o «ya llega», seguidas todas por un símbolo de dos triángulos unidos y la sigla M-19. Este grupo estuvo integrado por Jaime Bateman Cayón, Carlos Toledo Plata, Guillermo Elvecio Ruiz, Carlos Pizarro, León Gómez, Germán Rojas Niño, Antonio Navarro Wolff, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, Luis Otero Cifuentes, Rosemberg Pabón, Gustavo Petro, Vera Grabe, Andres Almarales, Carlos Alonso Lucio, Alfonso Jacquin, Ariel Sánchez, Irma Franco, Clara Helena Enciso, Gustavo Alvarado, Natalia Mendoza Arias, Diógenes Benavides Martinelli, Dora Jiménez, Marcela Sosa, Libardo Parra, Ligia Vásquez, entre otros. Dentro de las acciones más recordadas del M-19 están: Robo de la espada de Bolívar, 17 de enero de 1974. Secuestro de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Febrero de 1976. Robo de armas al Cantón Norte en Bogotá, 31 de diciembre de 1978. Toma de la embajada de la República Dominicana. 27 de febrero de 1980. Secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de Fabio Ochoa Vásquez, Juan David Ochoa y Jorge Luis Ochoa, conocidos como los hermanos Ochoa. Toma al Palacio de Justicia, 6 de noviembre de 1985. Secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. El proceso de paz que llevaría a la desmovilización del M -19, se comenzó a incubar luego del secuestro del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, hecho que según sus autores, se dio como respuesta a las desapariciones de algunos militantes del M-19. Un grupo que se autodenominó “Colombianos por la Salvación Nacional” anunció que lo tenía en su poder y que iba a liberarlo sin contraprestación política o económica. Su propósito, según manifestó a través de un comunicado público, era que por intermedio de ese cautiverio la sociedad se reconciliara con las familias de los desaparecidos y se manifestara contra el estado de sitio, las masacres o las detenciones arbitrarias. Por las particularidades de la declaración, los organismos de inteligencia concluyeron que se trataba del M-19. Pero antes de que se gestara un proceso de confrontación, el M-19 hizo público un documento de 11 puntos para ventilar una propuesta política: la firma de un acuerdo de cese al fuego por 60 días entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y la realización de una cumbre por la salvación nacional en la sede de la Nunciatura Apostólica, hasta encontrar una salida a la guerra. El gobierno de Virgilio Barco dio una respuesta negativa a la propuesta, más adelante dio paso a una  negociación política en Bogotá y Panamá que, permitió la liberación de Gómez Hurtado. A partir de entonces, de conformidad con la llamada Acta de Panamá, empezó a prepararse la Cumbre de Salvación Nacional, que se realizó el viernes 29 de julio, a la que asistieron voceros de los partidos políticos, de la iglesia y de las organizaciones de derechos humanos. El M-19 envió un mensaje para expresar sus puntos de vista acerca de la paz y un video para pedirle al gobierno respuestas. El gobierno de Virgilio Barco dio a conocer un documento donde propuso iniciar un proceso de desarme en tres fases: una etapa de distensión para consolidar un ambiente de entendimiento, un momento de transición con un manual de procedimientos para la ubicación temporal de alzados en armas, y una fase de incorporación definitiva a la vida democrática con una ley de indulto incluida en el plan de paz. La idea fue discutida en reuniones clandestinas, despertando el interés por una desmovilización que fue finiquitado, tras la intervención del exministro Álvaro Leyva, quien presentó un nuevo plan de paz. Más adelante el presidente Barco hizo público que entablaría diálogos con el M-19. Es entonces cuando esta guerrilla inicia contactos con el gobierno nacional, siendo Rafael Pardo, para entonces Consejero de paz, el delegado para estos asuntos desde el Estado.Después vendrían varios acuerdos, en los cuales el M-19 aceptaba las condiciones de política de paz del gobierno y reconocía que el diálogo debía llegar a la desmovilización de su cuerpo armado. Por su parte el gobierno aceptaba que se abrieran espacios para discutir los problemas del país y creó las condiciones para su inserción a la política. Fue así como en la Constitución de 1991,  se estableció ampliar los cupos del Congreso para grupos guerrilleros que hubieran hecho la paz con el gobierno nacional. No obstante, por razones externas al proceso, el acceso al Congreso fracasó y, sin embargo, la desmovilización se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990, dos días antes de las elecciones presidenciales. La entrada a la vida civil del M-19, demostró a otros grupos guerrilleros que se podía ganar respeto político. De hecho, el del M-19 fue el primer proceso de paz con una guerrilla ideológica que ahora entraba a la política colombiana. En esos años, y con Antonio Navarro a la cabeza, el M-19 llegó a ser coautor de la Constitución dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ese momento integrantes del M-19 han ocupado altos cargos del nivel político y administrativo en la vida nacional: Antonio Navarro, por ejemplo, ha sido candidato a la Presidencia de la República en tres ocasiones, gobernador del departamento de Nariño, alcalde de la ciudad de Pasto, representante a la cámara, senador, ministro de Salud y secretario de Gobierno de Bogotá. Gustavo Petro ocupó el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá, senador, representante a la cámara y agregado diplomático en Bruselas. Vera Grave, fue senadora y candidata a la vicepresidencia de la República.  Rosemberg Pabón, ocupó una curul en la Asamblea Nacional Constituyente, senador y director  director del departamento administrativo de Economía Solidaria.

La reciente captura de Santiago Uribe, hermano menor del actual senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, reabre el debate en torno a las relaciones directa o indirecta del expresidente con sectores de la ilegalidad. Las versiones han sido múltiples, entre otras, por ejemplo se le acusa de haber participado en la masacre del Aro y de haber tenido que ver directa o indirectamente con lo sucedido en la Hacienda Guacharacas y La Carolina. Y sobre todo de haber gobernado con las estructuras políticas del paramilitarismo. A Álvaro Uribe se le acusa de ser el padre del paramilitarismo, lo cual es falso, los grupos paramilitares se crearon y sobrevivieron más allá de Uribe, igualmente se le acusa de que ganó en 2002 la presidencia con el voto paramilitar, y si bien en los distritos electorales los paras votaron masivamente por el expresidente, este habría ganado, en todo caso, de forma más cerrada la presidencia en 2002. Pero de lo que sí es culpable Uribe es que, durante su gobierno, legalizaron las élites y volvió importantes varias estructuras criminales y políticas que de ninguna otra forma habrían pasado de ser caciques regionales. Durante los ocho años de Uribe tuvieron alcance nacional. Los datos así lo manifiestan. Durante estos años una serie de políticos y estructuras políticas regionales dieron un salto a la arena nacional, por ejemplo, la familia Araújo era una expresión regional, pero después de la elección del confeso parapolítico Álvaro Araújo, su hermana Consuelo llegó a ser canciller, de hecho, tuvo que renunciar a su puesto después de que se comprobara que Álvaro Araújo se benefició del paramilitarismo. Igualmente, durante estos años, criminales de la Oficina de Envigado como alías JOB, entraban y salían de palacio sin problemas, se reunían, con miembros del alto gobierno, a planear conspiraciones contra las altas cortes. 61 congresistas que ejercieron sus funciones entre el año 2002 y 2010 han sido condenados por tener vínculos con grupos paramilitares, todos ellos declarados uribistas y de la bancada de gobierno Hay tres ejemplos de lo que sucedió durante estos años de gobierno Uribe. El primero tiene que ver con el escándalo de la parapolítica. En total 61 congresistas que ejercieron sus funciones entre el año 2002 y 2010 han sido condenados por tener vínculos con grupos paramilitares, todos ellos declarados uribistas y de la bancada de gobierno. Incluso el primo del expresidente Uribe, Mario Uribe, fue condenado por concierto para delinquir. Es decir, durante estos años, el Congreso tuvo mayoría mafiosa. Esta bancada de la parapolítica aprobó leyes como la 1182 de 2008 o de saneamiento de la propiedad falsa, con la cual se legalizaron miles de hectáreas despojadas a campesinos. El segundo ejemplo tiene que ver con los hombres de la seguridad del expresidente Uribe. Dos de sus edecanes, el general Santoyo y Buitrago, están presos por narcotráfico. El primero de ellos fue extraditado a los Estados Unidos. Nunca antes, ni siquiera en el proceso 8000, los jefes de seguridad de un presidente habían sido capturados por estos delitos. Ni que decir del DAS, que fue utilizado para perseguir la oposición política y el poder judicial sin ningún cuidado. El organismo de seguridad de convirtió en una policía política del presidente. Pero tal vez el ejemplo más complejo durante los años de gobierno Uribe tiene que ver con los falsos positivos. Los datos hablan por sí solos. Durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990 fueron asesinadas tres mil personas, es decir, en 17 años. Durante los ocho años de gobierno Uribe se asesinaron cerca de cuatro mil personas que habrían sido víctimas de los falsos positivos o las denominadas ejecuciones extrajudiciales. Así las cosas, en ocho años de democracia se superaron las cifras de asesinatos de una dictadura de 17 años. Para estos casos si bien se han condenado algunos soldados y coroneles los altos mandos siguen en la total impunidad. Publicidad.-

Hasta hace unos meses, quizás antes de las elecciones locales, veía que el Centro Democrático y el expresidente Uribe podrían entrar en cualquier momento al proceso de paz. Había cierto interés de Santos, había interés del gobierno de los Estados Unidos, menudeaban los llamados de sectores de la opinión pública. Eso se ha desvanecido. El uribismo, que había tenido una gran presentación en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014, sufrió una estruendosa derrota en las gobernaciones y alcaldías y quedó por debajo, muy por debajo, de los partidos de izquierda. La firma del acuerdo de paz con las Farc está muy cerca. Santos ha logrado comprometer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la verificación del cese al fuego y en el proceso de desarme; ha logrado también reunir a todos los demás partidos en un pacto nacional; los uribistas han perdido toda iniciativa en el debate y solo reaccionan cuando las Farc o el gobierno se salen del libreto y cometen algún error visible para el país, han perdido también el apoyo que tenían entre las Fuerzas Armadas. Los gringos comprendieron que era inútil su esfuerzo después del desplante de Uribe en la celebración de los 15 años del Plan Colombia. El acuerdo entre Santos y la izquierda es ahora más sólido que el alcanzado en la pasada segunda vuelta presidencial. La izquierda ha logrado comprender que no hay una contradicción insoluble entre apoyar la paz y empujar la movilización y la crítica contra la política económica y social del gobierno. Santos sabe que necesita a la izquierda para la refrendación y la paz y está abriendo las puertas, incluso, para un nuevo gabinete ministerial. Antes, una visita a Palacio de los dirigentes de la izquierda y la sola mención de la palabra pacto suscitaban una cascada de reacciones y críticas en sus filas, eso no ha ocurrido en estos días. Santos acaricia la posibilidad de darle la puntada final al uribismo en el acto de refrendación, por eso defiende con tanta vehemencia el plebiscito; porque el mecanismo, tal como está concebido, lo tiene todo para dejar en los huesos al Centro Democrático; si este promueve la abstención, difícilmente logra aminorar la votación para no pasar el umbral, y si promueve el ‘No’, aumenta el caudal electoral con muy escasas posibilidades de derrotar el ‘Sí’ a los acuerdos de La Habana. El presidente ha sido implacable en la disputa con el uribismo y creo que ahora hará todo lo que esté a su alcance para no dejar colar en el proceso de paz a este sector político. Los esfuerzos de Carlos Holmes Trujillo y de los sectores moderados del Centro Democrático por acercar a Santos y a Uribe resultarán inútiles, ya no solo por la intemperancia del expresidente sino por el completo desinterés de Santos. No me alegra para nada esta situación. El año pasado gasté parte de mi tiempo en reuniones con el procurador Alejandro Ordóñez, con Carlos Holmes Trujillo, Marta Lucía Ramírez, David Barguil, Clara López y dirigentes de otros partidos para buscar un pacto nacional que incluyera a todos los críticos de las negociaciones de La Habana. No fue posible. La premisa era aprovechar la oportunidad para superar de una vez por todas la violencia política y la polarización del país, buscar que no hubiese lugar para el incumplimiento de los acuerdos o para la controversia internacional sobre ellos. En el gobierno había cierto interés, no demasiado, pero algo. Solo que no estaban dispuestos a hacer concesiones que acrecentaran las dificultades en unas conversaciones ya bastante complicadas con las Farc. En el uribismo, la iniciativa la tenían los sectores más radicales, que planteaban condiciones que en la práctica llevarían a una ruptura de las negociaciones, querían que Santos asumiera la política de rendición de las guerrillas que le había fracasado a Uribe en sus dos mandatos. Fue imposible en estas circunstancias encontrar aproximaciones. Esto, creo, se va hasta la refrendación y hasta la dejación de las armas, sin el concurso de Uribe, del Centro Democrático y de sectores del Partido Conservador. Pero quiero insistir en un punto: estas fuerzas, en especial Uribe, son indispensables para el posconflicto y la reconciliación y en el futuro tendremos que volver sobre el asunto. Nota. Fue una enorme equivocación del ELN conmemorar los 50 años de la muerte de Camilo con acciones armadas. No pudieron ver la dimensión de la figura de Camilo, la importancia que tiene para sectores del país que no están con la lucha armada; que están muy lejos de la violencia; que valoran la trascendencia política, religiosa, intelectual y moral de un sacerdote que rompió todos los moldes de la Colombia aldeana, pacata, injusta y desigual de los años sesenta. No saben los del ELN el gran impacto que hubiese tenido el anuncio de la apertura de las negociaciones el 15 de febrero acompañado de un cese temporal de hostilidades. Se habrían anotado un impresionante hit político. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Se han puesto de moda, al menos, en las principales ciudades del país, una serie de iniciativas en materia de seguridad, una misma receta con la cual se plantea combatir todos los males de la inseguridad y el crimen en las urbes. Tres son las medidas comunes. La primera tiene que ver con la creación de la Secretaría de Seguridad y en general nuevos diseños institucionales; la segunda es la focalización de las zonas de mayor inseguridad, se les ha llamado puntos críticos, zonas calientes, y obviamente, la tercera estrategia es el mayor pie de fuerza de la policía. Nos centraremos, en el texto, en entender qué tan necesario y benéfico podría ser la creación de una Secretaria de Seguridad para Bogotá. Básicamente se podría decir que el debate sobre la creación de dicha institución es inocuo  o simplista. El tema de la seguridad en Bogotá no pasa por la creación de más burocracia o de instituciones, si bien, existen temas institucionales que se deben resolver, lo cierto es que una Secretaria por sí sola no resuelve nada, y por el contrario, complicaría la gestión de la seguridad.  Así que anuncios, como estos, si bien dan buena imagen y votos, no sirven de mucho por si solos. Antes de que Bogotá se plantee la creación de una Secretaria de Seguridad, se deben resolver cuatro asuntos esenciales. En primer lugar, la ciudad necesita una claridad en los temas de Inspección, Vigilancia y Control el IVC. Este tema, para muchos es desconocido, pero es la base con la que funciona la ciudad, es como su sistema circulatorio. El IVC, básicamente tiene que ver con la regulación de prácticas o acciones de los ciudadanos, por ejemplo, la venta de licor, el excremento de los perros, la contaminación visual o auditiva, la salubridad de establecimientos comerciales,  y otros temas que hacen parte de la cotidianidad de las relaciones entre los ciudadanos. Estas funciones de IVC son realizadas por las entidades del distrito pero ejecutadas por las alcaldías locales. Los alcaldes, de las diferentes localidades, tienen 154 funciones, de las cuales 122 son de IVC. Para ejecutarlas tienes apenas uno o dos funcionarios, por tanto están colapsados. Lo que ha habido es una descarga de funciones en funcionarios locales sin apoyo o infraestructura institucional para realizarla. Por ende antes de hablar de Secretaría de Seguridad la ciudad debe tomar una decisión de fondo. O bien, convertimos los alcaldes locales en una figura de administradores principales de la seguridad, con lo cual se podrían anclar a la lo que sería la futura figura de la Secretaria de Seguridad y por tanto se debe realizar un fortalecimiento institucional profundo. O se toma la decisión de convertir las alcaldías locales en entidades que velen por el desarrollo económico del territorio, por lo que tocaría darles la personería jurídica y profundizar el modelo de descentralización administraba, pero sobre todo financiera de la ciudad. Un segundo tema a resolver es la forma como deben engranarse una serie de figuras públicas en las localidades. Particularmente esto se refiere los inspectores de policía, esta figura es la encargada de administrar justicia policiaca básica, y hoy día ni siquiera obedecen a los alcaldes locales, son ruedas sueltas, ya que estos funcionan en lo local pero dependen de la Secretaria de Gobierno. De hecho, muchos de estos inspectores de policía son acusados de estar aliados con las famosas bandas de Tierreros y de estar inmiscuidos en caso de corrupción.  Igual sucede con los inspectores de obras. Un tercer tema a resolver, antes de hablar de una Secretaría de Seguridad, es la relación con la policía metropolitana. A la fecha si bien la ley manifiesta que el alcalde de la ciudad es el jefe de la policía, lo cierto es que sobre la realidad esto no sucede. Si bien existen espacios de coordinación y se acuerdan algunas acciones territoriales, la Policía obedece a los lineamientos del mando de línea y no al alcalde. Así por ejemplo en varias localidades de la ciudad el comandante de la estación ni siquiera acude a las reuniones con el alcalde local. Incluso, la propia Policía acuerda acciones institucionales rectores de colegios, sin que lo sepa el alcalde local o el director local de educación, son acuerdos entre al policía y el rector de un colegio, por tanto la desarticulación es mayúscula. Además, los temas de justicia deben ser abordados de inmediato por el nuevo alcalde, por ejemplo se puede pensar que mediante convenio Bogotá financie fiscales especializados para la ciudad y con ellos descongestionar procesos de investigaciones y disminuir índices de impunidad. Se debe pensar igualmente en resolver los temas de infraestructura penitenciaría que está a punto de colapsar. Y claro, lo más urgente es la actualización tecnológica del número único de emergencia, que cuesta no menos de 50 mil millones de pesos. Mientras estos dilemas no se resuelvan, una Secretaria de Seguridad está condenada al fracaso. Más bien el debate está en la priorización de acciones y el fortalecimiento de la gobernabilidad local y la participación ciudadana. Columna de opinión publicada en Semana.com

En la Foto: Carlos Medina viceministro de Justicia, Luis Fernando Velasco presidente del Senado, Elber Gutiérrez jefe de redacción del diario El Espectador, León Valencia director de la Fundación Paz y Reconciliación, Jorge Perdomo Vicefiscal General de la Nación y Ariel Ávila subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “Nosotros deberíamos decirlo claramente, frente al crimen organizado o las bandas criminales, tenemos que combatirlo con toda la fuerza de la institucionalidad y, si acaso, someterlas”. Estas fueron las palabras con las que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo abrió el debate que sobre el tema organizaron ayer El Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación. Esa es su posición frente al futuro de las bacrim, como se conoce a estos grupos ilegales. Frente a la pregunta que se planteó como eje central del encuentro: “Escenarios de lucha contra las bacrim en el posconflicto. ¿Desmovilización o sometimiento?”. La primera no es la opción que está estudiando la Fiscalía para frenar un fenómeno que, según cifras del Ministerio de Defensa, tiene presencia en más de 491 municipios de Colombia y que, a pesar de las capturas o muertes de sus máximos cabecillas, su poder sigue imperando en el país. La polémica sobre cómo el ente investigador va a seguir la lucha contra el crimen organizado, una amenaza que podría ser letal para un escenario de posconflicto, comenzó en 2014. En sus inicios, el vicefiscal explicó que el ente investigador planeaba un proyecto para el sometimiento de las bandas. En el encuentro de ayer, Perdomo explicó que se trata de un cambio para los sometimientos que tendrá dos fases. La primera es que los integrantes de un grupo que se quieran someter en conjunto lo pueden hacer y un fiscal estudiará a profundidad el contexto del grupo: cuántos son, qué hacen, dónde operan y qué delitos están dispuestos a confesar. La segunda parte será el sometimiento individual, pues la Fiscalía es consciente de que no siempre toda una banda criminal comete los mismos delitos. Lo novedoso de este sistema, dijo el vicefiscal, es que hasta ahora no existe la posibilidad jurídica de un sometimiento colectivo. Esto, según Perdomo, hará más sencillos los procesos judiciales y, sobre todo, ayudará a investigar más a fondo la composición, estructura y la manera en que las bandas criminales delinquen en todo el país. Para todos los panelistas del foro, esta carencia de información es uno de los errores más graves que ha tenido la lucha contra el crimen organizado. “Este nuevo fiscal, que llamaremos negociador, tendrá la autoridad para suspender órdenes de captura para poder negociar con los integrantes de la banda. Vamos por el segundo debate en la Cámara para poder seguir al Senado. Pero no habrá justicia transicional”, agregó Perdomo en el foro, haciendo especial énfasis en que a sus integrantes se les aplicarán los mismos mecanismos que la justicia permite en la actualidad: principio de oportunidad, preacuerdos con la Fiscalía y la reducción de hasta el 50% de su condena si aceptan cargos. Además de la cuota de la Fiscalía, en la mesa de panelistas del encuentro de ayer participaron el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco; el viceministro de Política Criminal y Justicia, Carlos Medina, y el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. La nueva estrategia de la Fiscalía contra las bacrim es puramente judicial. Con el mismo objetivo, el ente investigador anunció en diciembre pasado que había firmado una directiva, la 003, en la que, dentro de otras cosas, le daba luz verde a la Fuerza Pública para bombardear a grupos jerarquizados y con poder militar. En ese momento, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le agradeció al fiscal general, Eduardo Montealegre, porque con esta medida por fin se aceptaba que Colombia está frente a una nueva realidad. Pero no todos piensan igual (ver en esta edición la entrevista con el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo). De acuerdo con lo planteado por Perdomo en el foro de ayer, ese nuevo panorama tiene que ver con el alto nivel organizacional de las bacrim y las preocupantes características de sus hostilidades. “Esos son los dos elementos que se han consagrado en el ámbito internacional –derecho internacional humanitario– para determinar objetivamente que hay un conflicto armado. No es necesario que un gobierno lo acepte o no. No hay necesidad de un reconocimiento político como estábamos acostumbrados”, agregó Perdomo, a quien le preguntaron si en Colombia se ha entendido bien el DIH: “Es una pregunta difícil de responder incluso para la Fiscalía”. “Si esto se va a aplicar, lo importante es que se haga teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en años anteriores, y con base en eso la lección es que cuando el Estado se propone unas metas para cumplir, termina desviándose”, señaló el viceministro de Política Criminal y Justicia, Carlos Medina, quien además advirtió que es necesario adoptar medidas para evitar que la lucha contra las bacrim derive (como ocurrió con la guerra contra las Farc) en casos tan dolorosos como los de los falsos positivos. Los panelistas del foro estuvieron de acuerdo en que una de las prioridades para desmantelar a esas estructuras ilegales es atacar sus estructuras económicas. El afán de reducir el impacto de las grandes bandas criminales, que según datos de la Fundación Paz y Reconciliación son 31 en todo el país –el mismo número que existían en 2008 cuando se empezó a identificar este fenómeno– es apremiante. Uno de los acuerdos que se ha logrado en La Habana apunta a que el Estado garantizará la protección íntegra de los miembros de las Farc que regresen a la vida civil. Pero la presencia de bacrim en el país y el anuncio de varias de ellas de declarar como “objetivo militar” a los excombatientes, hace pensar que las medidas que se tomen para acabar con esta guerra son las que definirán el rumbo del país en el posconflicto.

Por: León Valencia y Carlos Montoya. En agosto de 2007 a través de la Policía Nacional el gobierno del presidente Uribe acuñó la denominación Bandas Criminales –Bacrim-para designar a los diversos grupos del crimen organizado que aparecieron en el país después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Dijo en su momento que se trataba de organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico que nada tenían que ver con los antiguos paramilitares. Quería el gobierno despojar a estas expresiones delincuenciales de cualquier connotación política y social. Quería señalar que la negociación con las Autodefensas había sido un éxito completo y bien podíamos doblar la página del paramilitarismo en Colombia. A partir de esas definiciones el general Óscar Naranjo, en ese entonces Director Nacional de la Policía, trazó una estrategia de Combate a las bandas criminales cuyo elemento central era la captura o baja de objetivos de alto valor. Se trataba de perseguir a las cabecillas de estos grupos mediante sofisticadas operaciones de inteligencia y dar partes de victoria con mucha frecuencia. Naranjo que, además de haber liderado la inteligencia desde los años noventa, es un comunicador excepcional, logró un gran impacto en la opinión pública y generó confianza en la ciudadanía con la captura de más de una centena de jefes de las bandas. Se pensó entonces que le estábamos ganando la batalla al crimen organizado y que era cuestión de pocos años la desaparición o reducción definitiva de las grandes estructuras criminales. Pasados siete años, por encargo de Conflict Prevention, nos hemos ocupado de hacer un estudio de la situación de las bandas criminales para descubrir la presencia territorial, los mercados y rentas que controlan, la influencia social y política que tienen y la manera como están asumiendo las negociaciones de paz que el gobierno nacional adelanta con las guerrillas. Sobre esa base queremos contribuir a dibujar una política del Estado colombiano y de la comunidad internacional frente al crimen organizado en función del postconflicto con las guerrillas. El estudio ha tomado los departamentos de Valle, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Meta y Magdalena como casos a partir de los cuales hacemos una radiografía general del fenómeno. Se realizaron entrevistas con autoridades locales o con líderes sociales y políticos de las zonas más afectadas por las bandas, se establecieron contactos con personas cercanas o participes de ellas, se recogieron los informes que entidades públicas y privadas han hecho sobre las bandas en estos últimos años y se utilizaron los estudios y reportes que año tras año ha hecho el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación que es el mismo que antes le hizo el seguimiento a este tipo de organizaciones desde la Corporación Arco Iris. Las conclusiones no son muy alentadoras. Ahora podemos decir que la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un carácter parcial y que los mandos medios y los reductos paramilitares que persistieron después de cerrado el ciclo de negociación fueron el reservorio de las nuevas bandas criminales. Estas fuerzas florecieron en la mayoría de los territorios donde dejaron las armas los bloques paramilitares, sólo que ahora ponen mayor atención a los centros urbanos y han cambiado sus modalidades organizativas acudiendo a un funcionamiento en red en vez de las estructuras verticales que habían tenido en la fase anterior. Persisten en el negocio del narcotráfico, pero derivan con gran eficacia hacia el microtráfico en las grandes ciudades y al tiempo han ampliado su participación en la minería ilegal, en el contrabando de muy diversos productos, en la trata de personas, en la extorsión, en el robo de celulares y de autopartes, componiendo un portafolio diverso y potente. Insisten en la infiltración y en la cooptación política y social en varias regiones del país, sólo que en las elecciones de 2010, 2011 2014 la forma principal de su influencia fue la movilización de grandes sumas de dinero en función de candidatos afines a sus intereses y no la presión violenta. Las amenazas y la muerte a líderes de la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y a promotores de las negociaciones de paz, son actividades que ligan, abiertamente, a las Bandas Criminales con el pasado paramilitar, pero ahora sólo, en ocasiones, apelan a un discurso antisubversivo y en algunas zonas son palpables las alianzas con las FARC y el ELN. También hubo variaciones en el entronque con el crimen transnacional y acoplándose a las nuevas realidades nacionales ampliaron sus alianzas con los carteles mexicanos de las drogas y migraron hacia al sur del continente participando en redes criminales tanto en la Zona Andina como en Brasil y Argentina. Lo encontrado en las seis monografías regionales dice entonces que hay a la vez continuidades y diferencias entre las Bandas Criminales de hoy y la organización que adoptó el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia a finales del siglo pasado y principios de este. La minimización de las continuidades y la exageración de las diferencias de estas organizaciones con los antiguos paramilitares, ha llevado a los organismos de seguridad del Estado y a la dirigencia política del país a cometer errores en las estrategias para Combatirlas. Asignarles el rol exclusivo de narcotraficantes y no ver la diversidad de negocios que tienen en sus manos y el control social que ejercen en muchas zonas del país, lo mismo que las diversas relaciones que ostentan con sectores políticos y empresariales y con miembros de la Fuerza Pública a los más altos niveles, ha limitado el alcance de las estrategias para buscar el desmonte de estos grupos. La presencia territorial Fue Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien le advirtió al Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, en una carta enviada desde la Cárcel de Itagüí, en diciembre 28 de 2006, que una parte de los paramilitares se había quedado por fuera del proceso de paz y estaba dando vida a nuevas organizaciones criminales, le decía: “En fin, en medio de este panorama de equivocaciones tampoco podría sustraerse usted a sus propias equivocaciones entre las cuales brilla, por su inexactitud, aquella de afirmar en su entrevista que el paramilitarismo se había desmontado y que sus jefes están en la cárcel. Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las AUC, 19 están detenidos, esto indica que más del cincuenta por ciento de estos altos mandos, gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las AUC. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de mil mandos medios. Nadie como usted en el fondo sabe, que las mal llamadas bandas emergentes, nos son más que grupos paramilitares reconstituidos por muchos de los grandes jefes que huyen prófugos del incumplimiento, de la burla y del sueño destruido de la paz”. Báez ponía el dedo en la llaga. Las Autodefensas Unidas de Colombia habían logrado reunir a la gran mayoría de narcotraficantes y paramilitares del país en una confederación liderada por los hermanos Castaño, formados al lado de Pablo Escobar fundador y principal jefe del Cartel de Medellín. El Cartel de Cali se había disuelto y para reemplazarlo se habían desarrollado el Cartel de Norte del Valle, del cual se derivaron posteriormente los “Machos” y los “Rastrojos”. Estos grupos habían tenido alguna relación con las Autodefensas de Castaño contribuyendo a la conformación del Bloque Calima de las Autodefensas. Algunos miembros de estos grupos vallunos alcanzaron a cobijarse en las Autodefensas y entraron al proceso de paz. Pero la gran mayoría persistieron en el crimen organizado y una vez desmovilizadas las Autodefensas Unidas de Colombia vieron la oportunidad de reconquistar otra vez la hegemonía que habían logrado entre la criminalidad en los años que siguieron a la muerte de Pablo Escobar. Entre 2007 y 2011 asistimos a este proceso. La Policía Nacional que había advertido las pretensiones de los del Valle se lanzó sobre los “Machos” y capturó a sus principales jefes. No obstante al lado estaban los “Rastrojos” que tomaron un vuelo inusitado. Esta vez fueron los llamados hermanos Comba quienes lideraron la expansión de esta organización criminal. Empezaron por acabar con los rivales al interior del grupo. Fue así como uno de los “Comba”, Javier Antonio Calle Serna, persiguió hasta Venezuela a Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”, en ese entonces principal capo de los Rastrojos, lo asedió, lo mató y se apoderó de su imperio. A la cabeza de los Rastrojos desafiaron a la “Oficina de Envigado” y a los “Urabeños” y entre 2008 y 2011 se extendieron por todo el país matando a quienes se atravesaban en el camino. En la monografía sobre el Valle, realizada por Elizabeth Escobar, está bien descrita esa expansión. Los Rastrojos pasaron de tener actividades en 6 departamentos en 2008 a hacer presencia en 22 departamentos en el 2010. Su área de influencia se amplió desde el Valle y Risaralda hacia la zona suroccidental, hasta la frontera con Ecuador y Perú y hacia el Norte, incluyendo a Antioquia, Chocó, los departamentos de la Costa Atlántica y Norte de Santander. La característica principal de los Rastrojos ha sido, sin duda, la de traficar con cocaína, pero en años recientes ha sido evidente su dedicación a la extorsión y a la captura de rentas muy diversas en el litoral pacífico donde ha tenido su mayor influencia. Este grupo es el que más se parece a la caracterización inicial que hizo el gobierno de Uribe de estas fuerzas criminales, ya que ha mantenido como renta principal la derivada del tráfico de drogas. Una de las personas que sirvió de intermediario entre los hermanos Comba y el gobierno del presidente Santos para buscar el sometimiento a la justicia de los Rastrojos le comentó a los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación que uno de los delegados de la Banda Criminal le había dicho con desparpajo que en Colombia no era posible separar cocaína y política, que estas dos cosas estaban indisolublemente ligadas y por eso acudían al alto gobierno y no directamente a la Fiscalía para buscar caminos de sometimiento. Después vendría el escándalo en el que Calle Serna señalaría, desde una cárcel de los Estados Unidos, que le había dado 12 millones de dólares a JJ Rendón y a Germán Chica, asesores de Santos en la campaña electoral, como estipendio para lograr la negociación con el gobierno, cosa no del todo creíble, pero reveladora de los alcances políticos que tiene el entramado criminal en el país. El reinado de los Rastrojos duró hasta 2011. Las bandas criminales con asiento en Antioquia, una vez culminada la desmovilización de las Autodefensas, se trenzaron en agudas confrontaciones, en peleas a muerte por la sucesión del mando que habían dejado los grandes jefes paramilitares, por el dominio territorial, por el control de rentas y la influencia social. Los herederos directos de los Castaño reaparecieron con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. En los medios de comunicación los llamaron comúnmente “Los Urabeños”. En Medellín persistió la Oficina de Envigado y es Carlos Mario Aguilar Echeverri quien sucede a alias Don Berna en la jefatura. También aparecen “Los paisas”, que tienen todas las trazas de ser una derivación rural de la Oficina de Envigado, encargados de hacer presencia en el Bajo Cauca antioqueño y en el Sur de Córdoba. Estas organizaciones cumplieron la misión de repeler la ofensiva de los Rastrojos que intentaron llegar a las Comunas de Medellín y a Córdoba y Urabá y de hecho hicieron presencia en esos lugares por cerca de dos años. También afrontaron la ofensiva de la Fuerza Pública que somete a presión a estas organizaciones y logra capturar a alias Don Mario y obliga a varios mandos de la Oficina de Envigado a negociar con Estados Unidos el sometimiento a la justicia. Paralelamente se desarrolla una intensa disputa por la jefatura y el control de los grupos que da como resultado la subordinación de la mayoría de los integrantes a los Urabeños bajo la férula de los hermanos Úsuga, Juan de Dios y Dairo, antiguos guerrilleros del EPL y también largamente vinculados a los hermanos Castaño en los tiempos de las Autodefensas. El detalle de estos reacomodos y confrontaciones está en la monografía de Antioquia a cargo de Juan Diego Restrepo. La presentación pública del grupo se había dado el 1 de octubre de 2008 cuando convocaron a un paro armado en la región de Urabá para protestar por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos de paz con las Autodefensas. Con eso reafirmaron su origen en los antiguos paramilitares, pero también mostraron una característica esencial: su capacidad de control social y de influencia política. Lograron paralizar la región al viejo estilo de las guerrillas y de las propias fuerzas de los Castaño. Ahora bien, esto fue sólo el arranque. El primero de enero de 2012 fue la constatación de que habían logrado reunir a los mandos medios y a los reductos que habían quedado por fuera del proceso de paz de las Autodefensas y querían mantener su connotación política y social. Es decir, se estaba cumpliendo lo que Ernesto Báez le dijo al comisionado Restrepo a finales de 2006. Ese día con el pretexto de rechazar el asesinado de Alias Giovanni, uno de los hermanos Úsuga, convocaron un paro armado que tuvo impacto en siete departamentos y alcanzó a generar una parálisis total de las actividades en la ciudad de Santa Marta en plena temporada turística y en varias comunas de Medellín. Las indagaciones de ese entonces y los trabajos monográficos recientes nos mostraron que los Urabeños habían formado una organización de alcance nacional. Pero pudimos ver también que no se trataba del mismo tipo de organización que se generó alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los Urabeños buscaban subordinar a la fuerza o establecer alianzas con los grupos locales sin que estos perdieran su condición, incluso, en algunas zonas donde empezaron a hacer presencia directa dieron en utilizar otros nombres para realizar sus actividades delincuenciales. Por ejemplo, para amenazar a líderes sociales y políticos utilizaron en algunas zonas el nombre de Águilas Negras, una denominación que le ha servido también a sectores de inteligencia de la Fuerza Pública para amedrantar y crear confusión, en especial, en los últimos dos años a raíz de los avances en el proceso de paz. A la vez que reconstruían sus nexos y sus alianzas en el norte del país, los Urabeños se extendían hacia la frontera con Venezuela desde la Guajira hasta Norte de Santander donde libraron una disputa con los Rastrojos que habían alcanzado una presencia importante allí. Empezaron a llegar también a Cali y a la Costa Pacífica desde el Chocó hasta Nariño. Particular mención merece el caso de Buenaventura. De esa ciudad se había apoderado una banda criminal llamada “La empresa” que en principio tenía nexos con los Rastrojos. La llegada de los Urabeños significó una confrontación con esta organización que dejó decenas de muertos y una tragedia espantosa que los medios de comunicación reflejaron a la largo de 2013 y 2014. Fue en esa ciudad donde se descubrieron las llamadas “casas de pique”; lugares tenebrosos donde se descuartizaba a seres humanos. A finales de 2014 los Urabeños habían logrado establecer su presencia en ocho de las doce comunas de la ciudad y “La empresa” se había refugiado en cuatro. Lo mismo había ocurrido en la ciudad de Cali. La capital del Valle fue escenario otra vez del enfrentamiento del crimen organizado en la disputa feroz por las zonas de Siloé y Agua Blanca. El Arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, denunció una y otra vez la desmesura de esta lucha y el daño inmenso que le estaba haciendo a la juventud de la ciudad. Al finalizar 2014 es posible afirmar que los Urabeños son la banda criminal más extendida, la de mayor número de miembros y la que ha tejido una red de alianzas más diversa y compleja, incluso con las FARC con quien, en algunos lugares, tienen pactos de respeto y división de territorios para controlar mercados ilegales. Los Rastrojos no han desaparecido, mantienen su presencia con pequeños grupos en algunos sitios del país, pero se han debilitado ante la ofensiva de los Urabeños. El momento del declive de los Rastrojos estuvo signado por la entrega a las autoridades de Estados Unidos de Javier Antonio Calle Serna, quién después de intentar una negociación con el gobierno colombiano decidió colaborar con la justicia del país del norte. Estas, sin embargo, no son las únicas bandas con poder, mando y autonomía. La monografía sobre el departamento del Meta da cuenta de la labor criminal de “Libertadores del Vichada” y el “Boque Meta”, herederos del Ejército Revolucionario Anticomunista –ERPAC- . Una extraña negociación de sometimiento a la justicia dio por disuelto a este agrupamiento, pero dejó vigentes a estas bandas en los llanos orientales. Particular importancia tienen los Libertadores del Vichada que están controlando los negocios del narcotráfico en la frontera con Brasil, en el municipio de Cumaribo. La captura de Francisco Kiko Gómez, gobernador de la Guajira, y de su aliado Marquitos Figueroa, dejó al descubierto ante las autoridades judiciales, la trama criminal que se había fraguado en los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira, especialmente en este último con conexiones importantes en el lado venezolano y en Brasil. Era algo que los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación habían advertido desde las elecciones de 2011. Siempre se ha hablado poco de la potente estructura mafiosa que organizó Víctor Carranza alrededor del negocio de las esmeraldas, del narcotráfico y el lavado de activos, pero últimamente a raíz de la muerte de Carranza y de la disputa a muerte que se libra en Boyacá, los llanos y la propia Bogotá, por el control de los territorios, las redes y el dinero ligados a este jefe mafioso, han saltado a la prensa las noticias de este gran poder criminal. Menos notorias que estas organizaciones existen alrededor de 90 grupos en todo el país, algunos como la Banda la Cordillera con asiento principal en Dos Quebradas y Pereira han ganado nombre y cierta independencia por su actividad en el microtráfico y la extorsión, pero buena parte de estos grupos, como lo muestran las investigaciones, mantienen lazos con las grandes bandas, especialmente con los Urabeños. En los tres últimos años han proliferado en diversos lugares del país panfletos con amenazas de muerte a líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas de la paz, firmados por las Águilas Negras. El surgimiento de este grupo se dio a comienzos de 2005 en Norte de Santander. Un mes antes, el 10 de diciembre de 2004, se había realizado la ceremonia de desmovilización del Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso. Pero, según versiones en esa región, la desmovilización no fue completa y Mancuso le entregó a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un grupo de hombres y las rutas del narcotráfico hacia Venezuela y fue ese reducto el que continuó las actividades criminales después de la desmovilización y tomó el nombre de Águilas Negras. Pero esta banda no mantuvo su autonomía y muy pronto se vinculó a las filas de las Rastrojos. Ahora el nombre de las Águilas Negras es utilizado tanto por grupos ilegales como por sectores de la inteligencia policial y militar para amenazas, presiones y atentados a líderes sociales y políticos. Sobre la presencia de las Bandas Criminales en el territorio nacional hay distintas valoraciones en la Policía, la Fiscalía y las organizaciones no gubernamentales. La Fundación Paz y Reconciliación ha detectado actividades de estas fuerzas en 275 municipios de 27 departamentos. En una entrevista con una persona ligada de mucho tiempo atrás a las Autodefensas y conocedora de primera mano de los Urabeños, decía que esta banda criminal estaba organizada de la siguiente forma: un primer núcleo conformado por 50 comandantes vinculados de manera estrecha con Dairo Usuga, alias Otoniel. Después 2900 integrantes que componen la fuerza directa y propia de los Urabeños y luego nexos y alianzas con diversos grupos que pueden tener 12.000 integrantes. Estos números se pueden prestar para muchas discusiones. Hay, desde luego, una volatilidad enorme de estos grupos por las capturas, las muertes y las disoluciones de estructuras, pero lo que está plenamente demostrado es que el número y la extensión de los Bandas Criminales exceden bastante los cálculos que tiene la Fuerza Pública que registra unos 4900 miembros en estas organizaciones. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación. Las Bandas Criminales mostraron desde 2008 una tendencia a intensificar su penetración en las ciudades. Bogotá es un caso especial. En los años noventa y a principios del siglo, cuando el gran negocio era el tráfico de drogas hacia el exterior, la Capital era atractiva para el lavado de activos y las inversiones; pero al decaer este negocio y emerger el microtráfico y otros mercados ilegales, Bogotá adquirió una importancia notoria. Una población que se acerca a los ocho millones de habitantes y un crecimiento importante de las clases medias, la convirtieron en objetivo del crimen organizado. La investigación sobre los mercados de la criminalidad en la ciudad realizada por el equipo que hoy trabaja en la Fundación Paz y Reconciliación mostró el entramado mafioso que se había generado en siete puntos clave del territorio y las conexiones de estos nodos con grupos criminales asentados en Medellín, Cali y el Eje Cafetero. Al principio estas organizaciones se contenían para no desatar oleadas de violencia, pero a medida que va pasando el tiempo se registran más y más episodios violentos ligados a estas organizaciones. En el 2014 se contaron 215 casos de homicidio por sicariato. La situación dista mucho de lo que aconteció en Medellín y Cali, pero es bastante preocupante por la resonancia nacional e internacional que puede tener un crecimiento inusitado de la disputa mafiosa en la ciudad capital. Además de privilegiar algunas ciudades para su expansión el crimen organizado ha dedicado especial atención a los puertos y fronteras en esta nueva etapa de vinculación a mafias transnacionales. Las investigaciones dieron seis lugares principales de enlace: Buenaventura, Tumaco, Urabá, la frontera con Venezuela en la conexión entre la Guajira y Maracaibo y también la región del Catatumbo, así mismo la salida por el Vichada y Putumayo hacia el sur. La diversificación de las rentas Hacia finales de los años noventa del siglo pasado Colombia alcanzó la hegemonía completa en el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína. El momento más decisivo de esta hegemonía fue año 2001 cuando el país llegó a las 160.000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca, a la exportación de setecientas toneladas de cocaína y al involucramiento de cerca de un millón de personas en todas las fases del negocio. Fue también el momento de auge de la fuerzas paramilitares y la antesala de las elecciones del 2002 y 2003 donde se gestó el fenómeno de la parapolítica y el control de una tercera parte del congreso, de 250 alcaldías y 12 gobernaciones por parte de esta alianza entre políticos y fuerzas ilegales. Aún en ese tiempo el narcotráfico no era la única renta. Mauricio Romero (2001) en su libro sobre las Autodefensas muestra la importancia que ya tenía la venta de seguridad a particulares y los jugosos recursos económicos que salían de las empresas para las arcas de los paramilitares. Los casos más sonados, ahora bien documentados, son las contribuciones de las empresas del banano y del carbón en las zonas costeras, casos especiales el de Chiquita Brands y la Drummond. No se quedaban ahí y lograron capturar rentas públicas impresionantes como quedó demostrado en la investigación realizada sobre los recursos de la salud transferidos a las EPS y ESE que terminaron en manos de los políticos ligados a los paramilitares organizados en flamantes cooperativas, que significaron una quiebra en el sistema y una tragedia social impresionante en lugares como Barranquilla donde se instaló el llamado paseo de la muerte, es decir, el deambular de los pacientes por clínicas y hospitales que se habían quedado sin posibilidades de atender a los usuarios. Para el año 2005 empezó a cambiar la economía del crimen organizado. Cayó la hegemonía colombiana en el cultivo, el procesamiento y el tráfico de cocaína. Los cultivos de coca se redistribuyeron en Perú, Bolivia y Colombia. Los carteles mejicanos entraron a comandar el tráfico. Las organizaciones mafiosas colombianas asumieron la segunda línea de mando en el procesamiento y el tráfico. Las hectáreas cultivadas se redujeron a una tercera parte y las toneladas de cocaína destinadas a la exportación disminuyeron a la mitad. En cambio se incrementó el consumo interno de las drogas ilícitas y el microtráfico. Hubo entonces una reestructuración de las organizaciones mafiosas. Encontramos en los estudios de los mercados criminales en Bogotá que alrededor del microtráfico se establecieron las llamadas “ollas” en diversos lugares de la ciudad que además del expendio de drogas asumían el control de otros negocios ilegales, especialmente la extorsión, el robo de celulares, el contrabando, el trasiego de autopartes. Situaciones similares hayamos en Medellín y Cali. Corabastos, La central de abastos de Bogotá y el llamado “Hueco”, el gran centro comercial de Medellín, son lugares que ilustran hasta dónde ha llegado la mano larga de las mafias en los negocios. Todas las investigaciones destacan la gran influencia de las organizaciones ilegales en las centrales de abasto y en lugares clave del comercio urbano. Mención especial merecen los cambios en la geografía de la extorsión. El cobro de dinero con la promesa de proteger o dejar operar a las empresas y a los medianos y grandes negocios en el campo se trasladó a las ciudades como un hecho generalizado y corriente. Ahora los pequeños negocios, el transporte, todas las actividades económicas, en zonas populares de por lo menos 30 ciudades del país están obligados a pagar una cuota mínima para poder funcionar. Cobran hasta por permitir el paso de las personas de un barrio otro en algunos lugares de Medellín. Las tarifas van desde mil pesos hasta cien millones. Es lo que encontramos en las monografías realizadas. Pero ya un informe del diario el Tiempo del 19 de marzo de2013 había cuantificado en dos billones de pesos el dinero obtenido por las organizaciones criminales en esta modalidad delictiva. Por su lado la encuesta nacional de victimización de 2012 calculó en 125.000 las personas golpeadas por este flagelo. La disminución de las entradas de dinero a las mafias por tráfico de drogas hacia el exterior coincidió también con una mayor demanda del oro y un alza inusitada de su valor en los mercados internacionales, que en algún momento elevó el precio de la onza hasta 1800 dólares. El negocio del metal se avivó en Colombia. Vinieron las compañías extranjeras a buscar títulos mineros y se intensifico la explotación ilegal facilitada por una muy deficiente legislación y una precaria institucionalidad en el sector. Una investigación de la Contraloría General de la Nación coordinada por Luis Jorge Garay señala que el 63% de la explotación minera no es legal y de esta una parte importante es abiertamente criminal, es decir, ligada a organizaciones del crimen organizado o a las guerrillas. La hipótesis que se mueve ahora entre los expertos es que la principal fuente de financiación de estas organizaciones es la minería ilegal y no el narcotráfico. Un escándalo reciente parece darle mucho sentido a la hipótesis. A mediados de enero de 2015 se tuvo la primera noticia sobre una gran operación de lavado de activos realizada por la empresa Goldex dedicada el negocio del oro. A la cabeza estaba Jhon Uber Hernández y su esposa quienes fueron capturados al lado de otras 30 personas. El reporte de las autoridades señala que en los papeles de Goldex figuran compras de oro a veinte empresas, muchas de ellas ficticias; dice, igualmente, que el monto de las operaciones ascendió a 2.3 billones de pesos y buena parte de ese dinero fue a parar manos de las bandas criminales y de su entorno político y eventualmente a las arcas de las guerrillas. Las investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación, especialmente un largo trabajo de indagación sobre la explotación minera realizado para AngloGold Ashanti, en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, apuntan en la misma dirección. La explotación y el comercio del oro están en el centro de los negocios de las bandas criminales. No es la única industria extractiva que le sirve de fuente de recursos al crimen organizado. Las monografías del Magdalena y de Norte de Santander, lo mismo que la investigación realizada para el libro La Frontera Caliente (Ávila, 2012), muestran como el contrabando de gasolina desde Venezuela se convirtió en un codiciado botín para las bandas criminales. El transporte de combustible no se limitó a las ciudades fronterizas. Las indagaciones mostraron que llegaba a Santa Marta y a ciudades del interior, especialmente a Medellín, atravesando varios departamentos lo que implica una complicidad abierta de una red de miembros de la Fuerzas Pública. No es menos de un millón de barriles de gasolina al año lo que llega a Colombia de manera ilegal, dejando ganancias cuantiosas a las mafias. El contrabando desde Venezuela no se limita a la gasolina, por esa frontera porosa entra whisky, cigarrillos y salen alimentos, en una variada amalgama de negocios que lideran las organizaciones ilegales del país y cuentan con la complicidad de personas y autoridades del vecino país. Las investigaciones judiciales sobre Enilse López, alias la Gata, mostraron que las Apuestas Permanentes, o Chance, como se le llama popularmente, era un negocio al que tenían fácil acceso las organizaciones ilegales. Anclada en este negocio “La Gata” forjó un gran imperio económico, político y social. La historia de alias la Gata señala una ruta que va desde dineros venidos del narcotráfico, pasando por inversiones en las cooperativas de salud y por la toma de las apuestas permanentes en varios departamentos de la costa, hasta llegar a una inversión especial en la política y a una movilización de los trabajadores de sus negocios para obtener alcaldías, influir en gobernaciones y lograr que su hijo y sus aliados llegaran al congreso de la república. No es el único caso. Las apuestas permanentes y los casinos son otro lugar importante del lavado de activos y de movilización del dinero de las fuerzas ilegales. En los tiempos de las Autodefensas Unidas de Colombia algunos investigadores le siguieron la pista al dinero que salía de los negocios ilegales y llegaron a la conclusión de que algunos jefes de las mafias blanqueaban estos recursos a través de cooperativas financieras que tenían un menor control. Luego estas cooperativas podían mover en los grandes bancos estos capitales. Pero en el año 2012, Simón Gaviria, en ese entonces representante a la cámara y jefe único del Partido Liberal, en una denuncia que no tuvo la repercusión que merecía, señaló que la mitad de los comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia se prestaba para lavar dinero de las organizaciones mafiosas. Esto significaría, de ser cierto, nada más y nada menos, que los dineros mafiosos estarían entrando por la principal puerta de las inversiones en el país. En todo caso la dificultad para establecer la magnitud de los dineros mafiosos y para conocer el circuito que recorren es mayor. El crimen organizado cuida más este aspecto que cualquiera otro. La forma como se comportaron los jefes paramilitares en el proceso de justicia y paz retrata de cuerpo entero la situación. En las audiencias, los postulados de las Autodefensas, confesaron crímenes de una atrocidad impresionante pero tendieron siempre a ocultar el botín de guerra: las tierras despojadas, los bienes esquilmados, la gran riqueza acumulada en las jornadas de violencia. Las cifras oficiales sitúan en seis millones las hectáreas de tierras abandonadas y despojadas, la Contraloría en un estudio reciente habla de siete millones y medio de hectáreas y el Superintendente Nacional de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en conversación para esta investigación, se atrevió a decir que en su criterio las hectáreas despojadas y abandonadas rondan los diez millones. En el seguimiento que la organización Forjando Futuros realiza a la restitución de las tierras despojadas se ha descubierto que ocho personas se vienen presentando como opositoras a la restitución predios y repiten una y otra vez su demanda. El indicio es que obedecen órdenes de los despojadores que luego acuden a una nube de abogados para impedir la aplicación de la ley. Entre tanto ha crecido el número de asesinatos de líderes de la restitución, ya son setenta y dos las personas sacrificadas en la lucha por que se cumpla la ley de víctimas y restitución de tierras. Los panfletos que circulan en muchas zonas con amenazas a reclamantes de tierra y a funcionarios del estado muestran que las Bandas Criminales no son ajenas a esta disputa. La influencia política y social Las cifras son asombrosas. 61 parlamentarios han sido condenados por vínculos con los paramilitares y 67 más han estado en investigaciones por nexos con estos grupos. Así mismo cerca de 500 dirigentes políticos regionales y locales –entre gobernadores, alcaldes y concejales- han sido vinculados a procesos judiciales acusados de ser aliados a miembros de estas organizaciones ilegales. Es el fenómeno de la parapolítica del que los investigadores de Arco Iris tuvieron noticia en el 2004 cuando adelantaban una indagación sobre las dimensiones territoriales y sociales del paramilitarismo, con el fin de que el gobierno del presidente Uribe tuviera una mirada completa de la contraparte en la mesa de negociaciones de Santa Fe Ralito. Han pasado diez años desde aquellas primeras investigaciones y el grupo que hoy hace parte de la Fundación Paz y Reconciliación ha realizado reportes sobre cuatro elecciones parlamentarias y tres elecciones locales. En todas ha detectado la huella indeleble de la influencia de las organizaciones ilegales sobre grupos políticos y candidatos, muchos de los cuales han sido elegidos y reelegidos. La investigación realizada para las elecciones locales de 2011 se le entregó completa al presidente Santos en una reunión en la que participaron el Ministro del Interior y el de Defensa, los altos mandos de las fuerzas militares y de policía, también miembros de los organismos de inteligencia y la fiscalía. En el reporte sobresalían 130 candidatos a gobernaciones y alcaldías con el algún nexo con fuerzas ilegales. Esta información les fue enviada a los partidos políticos y sirvió para intentar retirarles el aval a varios candidatos, pero las disposiciones legales impedían que esto se hiciera después de estar inscritos ante el registrador. Las consecuencias vinieron después. En los últimos tres años han sido destituidos, de esa lista, cuatro gobernadores y treinta alcaldes. Para las elecciones parlamentarias de 2014 la Fundación Paz y Reconciliación se propuso investigar qué candidatos a Cámara y a Senado eran herederos directos de los parlamentarios condenados, es decir, cuales aspirantes eran familiares o allegados políticos que se basaban en las estructuras electorales y en los dineros que habían forjado los dirigentes políticos condenados por vinculación con organizaciones ilegales. También nos propusimos indagar qué candidatos podrían recibir ayuda de las bandas criminales ahora asociadas al narcotráfico, a la minería ilegal y a rentas derivadas de la contratación con el Estado. Igualmente estudiamos la manera cómo estas casas o clanes políticos con herencias ilegales accedían y utilizaban los llamados “Cupos Indicativos” o recursos de inversión pública en función de sus intereses electorales. El resultado es descorazonador. Setenta de los 263 congresistas elegidos tienen serios cuestionamientos por estas vinculaciones indebidas o ilegales. Así fue consignado en el libro Los Herederos del Mal (Valencia y Ávila, 2014) . La realidad es contundente. La vinculación entre líderes políticos y fuerzas ilegales no es un dato aislado, es un hecho en el corazón de la vida pública colombiana. Lo cual indica que no bastan las reformas que se han hecho y los controles que se han derivado de esas medidas. Tampoco es suficiente con la acción de la justicia, que en el caso de los parlamentarios ha sido francamente admirable. Se necesita algo más y ese algo está en el escenario político y en la ciudadanía. Los partidos políticos, con contadas excepciones, continúan cobijando a líderes con nexos actuales, o en el inmediato pasado, con fuerzas ilegales. Lo saben y lo toleran con argumentos diversos. Dicen los jefes de los partidos para justificar su actuación que no se puede excluir a nadie por sus vínculos de sangre, pasando por encima de la demostración palpable de que son esos vínculos los que les permiten triunfar en la política. O, aún, de manera más cínica, dicen que si no hay condena judicial no es posible cerrarle las puertas nadie así sea un secreto a voces sus acciones ilegales. La responsabilidad no es sólo de los partidos. La ciudadanía también es culpable de ese desastre. Las votaciones por estas personas son enormes. El caso de Yahir Acuña es emblemático. Estuvo al lado de las Autodefensas Unidas de Colombia desde su época de estudiante y después en el ejercicio de la política fue aliado del exgobernador Salvador Arana condenado por asesinato y alianzas con paramilitares, fue de las huestes de Enilse López, alias la Gata, y de Juan Carlos Martínez Sinisterra, también preso por parapolítica. Salió electo a la Cámara de Representantes por Sucre en una lista del movimiento Cien por Ciento Colombia que obtuvo 126.000 votos con lo cual metió a otro de su grupo al Congreso. Por ese movimiento obtuvo otra curul en el departamento del Casanare. También apoyó la lista de la suscripción especial para negritudes y obtuvo dos curules que aún están en litigio. Además hizo acuerdos para ponerle votos a siete de los senadores elegidos. Es decir, hay por lo menos 9 parlamentarios que tienen algún compromiso con el señor Acuña quien acaba de retirarse del Congreso para aspirar a la gobernación de Sucre. Un capítulo aparte merece la relación de las Bandas Criminales con la Fuerza Pública. En el 2014 fueron capturados 57 miembros de la Policía acusados de pertenecer a estas organizaciones. Es la punta del iceberg de un fenómeno profundo. La corrupción ha sido uno de los factores determinantes en el crecimiento del crimen organizado tanto en el tiempo de las Autodefensas Unidas de Colombia como en la actualidad. En la época de los paramilitares al vínculo entre agentes del Estado y organizaciones ilegales se le daba una explicación ideológica, se lo justificaba señalando que se trataba de alianzas para perseguir a la subversión armada. Ahora ha quedado el desnudo como un mal endémico cuya erradicación implica una drástica reforma en las fuerzas policiales y militares. La influencia social de las fuerzas ilegales no es menor. En los primeros días de enero de 2012 se discutió en los medios y en los corrillos políticos sobre el real alcance del paro convocado por los Urabeños. El balance de ese paro fue una sorpresa. En Córdoba, Urabá, Santa Marta y en una parte de los barrios de Medellín hubo cese de actividades en el comercio y en el transporte. Operaba, desde luego, la intimidación, pero era innegable el respaldo de sectores de la población al llamado del grupo ilegal. El control social de las fuerzas ilegales tiene una causa básica y elemental: en muchas zonas del país son proveedores de empleo. La gobernadora de Córdoba, Martha Sáenz, causó un gran revuelo cuando le dijo al presidente Santos que en su departamento las bandas criminales eran las principales empleadoras de los jóvenes. Las críticas llovieron, pero en la opinión quedó la sensación que había mucho de verdad en esta declaración. Alrededor de todos los mercados ilegales o de los mercados legales influenciados por las mafias se articulan millones de personas. Algunos sociólogos han dado en llamar “capital social perverso” las redes sociales que se tejen en función del narcotráfico y el microtráfico, de las minerías ilegales, del contrabando, de los juegos y casinos, de explotaciones agrícolas controladas por mafiosos, de centros comerciales y cooperativas de seguridad con nexos ilegales. En todo caso estas redes han hecho demostraciones de poder nada desdeñables en acciones sociales o en eventos electorales. Lo pueden hacer porque las Bandas Criminales y las mafias son depositarias de importantes experiencias de movilización y organización social que gestaron las guerrillas o las organizaciones de izquierda y porque responden a necesidades de encuentro y protección de la población, en especial de los jóvenes. De manera que los parches, las pandillas, los combos, incluso las barras de los equipos de fútbol, son población objetivo de las organizaciones ilegales. Las dos caras de una misma tragedia la han tenido en los últimos dos años Urabá y Buenaventura. Urabá tiene ahora la más baja tasa de homicidios de su historia, quizás la más baja de todo al país si pudiéramos hacer comparación entre regiones. Se debe a un pacto implícito entre las fuerzas de seguridad y todos los actores ilegales para no agredirse y para no permitir que la población lo haga, entre tanto funcionan a la perfección todas las actividades económicas ilegales. En cambio Buenaventura tiene la más alta tasa de homicidios con manifestaciones inconfesables de crueldad producto de la aguda disputa que se presenta entre las bandas criminales en medio de la mirada impotente de las autoridades nacionales. En ambos casos las fuerzas ilegales arrastran a importantes sectores de la población en sus decisiones. Más allá del sometimiento a la justicia Hace tres meses el Fiscal General de la Nación, con el ánimo de enviar un mensaje al crimen organizado y buscar camino para el desmonte de estas organizaciones delictivas, anunció el nombramiento de un fiscal negociador con las bandas criminales. Al instante se generó un debate sobre las pretensiones del Fiscal y cundió el temor de que se estuviera urdiendo algún tipo de negociación política con estas fuerzas ilegales. Las aclaraciones posteriores del Fiscal mostraron que se trataba de aplicar la figura de sometimiento a la justicia, es decir, de ofrecer incentivos judiciales a la vez que se demandan compromisos serios de las bandas en el desmonte de sus estructuras y de sus negocios. El episodio evidenció que en el país existe una gran sensibilidad al respecto y que la opinión pública estará vigilante de las estrategias del Estado para conjurar el peligro de que estas organizaciones tengan un nuevo impulso después de la firma del acuerdo de paz con las guerrillas. Pero el reto del presidente Santos va más allá de contener el desarrollo de estas fuerzas. Tiene la oportunidad de reducirlas a una mínima expresión y de bajar los índices de violencia, llevando al país a un estado de normalidad democrática. Los acuerdos de paz firmados en Colombia han disminuido temporalmente todas las violencias y han creado un ambiente de esperanza. Esa es una conclusión inapelable que se saca al mirar las estadísticas. Fue así después del acuerdo del Frente Nacional. Desde 1958 -que fue el punto culmen de la violencia partidista- se empezaron a reducir los homicidios hasta finales de los años setenta. Sólo a principios de los años ochenta, con la aparición de organizaciones criminales ligadas al tráfico de cocaína y con la intensificación del conflicto con las guerrillas, empezó nuevamente a crecer la violencia y se gestaron los magnicidios y se desató la agresión a los partidos de la izquierda. El acuerdo con el M19 y seis grupos guerrilleros más, la muerte de Pablo Escobar y la promulgación de una gran reforma constitucional a principios de los años noventa, volvieron a reducir significativamente las violencias entre 1991 y 1995. Lo mismo ocurrió después de culminada la desmovilización de los paramilitares. Todo esto se puede ver en estas dos gráficas, la una elaborada por el Grupo de Memoria Histórica con base en datos del Iepri la Universidad Nacional y del Cerac; y la otra elaborada por el equipo de la Fundación de Paz y Reconciliación con base en los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y la Policía Nacional. Evolución de Civiles Muertos en el Conflicto Armado en Colombia, 1958-2010. Fuente: Base de Violencia política Letal del IEPRI. Actualizada y depurada por el GMH/Base de datos del conflicto armado colombiano de CERAC. Versión 11.2 Tasa de homicidio en Colombia 1990 – 2010 Fuente: Procesado por Fundación de Paz y Reconciliación con base en los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y la Policía Nacional. ¿Qué ocurrió después de los acuerdos? ¿Por qué no se mantuvo la disminución de la violencia? La respuesta no es difícil. Porque los acuerdos de paz no cobijaron a todos los grupos que participaban en el conflicto y porque no se desarrolló un plan nacional integral de postconflicto con énfasis especial en los territorios. Por esas dos cosas, pasado un tiempo, se gestó otro ciclo de violencias. Ahora las cosas parecen ir en una dirección contraria. En el gobierno hay conciencia de que es necesario tener un plan integral de paz que incluya acuerdo político con las guerrillas, sometimiento a la justicia de las bandas criminales y una movilización del Estado y la sociedad para el postconflicto. También las bandas criminales dan señales de querer el sometimiento a la justicia. Tanto el gobierno nacional como el Fiscal General de la Nación han recibido mensajes de los urabeños para adelantar contactos con miras a negociaciones de tipo judicial. Se está poniendo de presente en estos mensajes que estas organizaciones ven el riesgo de que luego de terminado el conflicto con las guerrillas la presión del Estado se concentré en ellos. Es esa una ventana de oportunidad que el gobierno no puede dejar escapar. Ahora bien, si para el caso de la negociación con las guerrillas se ha necesitado una fina y sofisticada planeación con la participación de importantes asesores internacionales y con una aplicación extraordinaria de un grupo de experimentados líderes y funcionarios del gobierno, para trazar una política de sometimiento a la justicia y una estrategia de desmonte del crimen organizado es necesario hacer una cosa parecida. De la negociación con los paramilitares no se ha podido hacer una evaluación equilibrada, una reflexión que ponga en la balanza los aciertos y los errores. Es bueno hacer eso antes de tomar una iniciativa seria con las bandas criminales. Pero hay algo que serviría de punto de partida de la evaluación. No puede haber ambigüedad en el tipo de negociación que se establezca y tiene que haber completa transparencia. El gobierno del presidente Uribe cometió un grave error al ilusionar a los paramilitares con una negociación política. El comisionado Luis Carlos Restrepo se inventó la idea de que los paramilitares podrían ser considerados sediciosos y por esa vía podría darles un status político. La Corte Constitucional en la sentencia C 340 tumbó completamente esa pretensión en la ley de justicia y paz. Fue el momento en el que una parte de los paramilitares empezó a desistir del proceso tal como lo enuncia Báez en su carta. Otra cosa atrabiliaria que se hizo en esa negociación fue excluir el delito de narcotráfico de los beneficios jurídicos. Nadie puede entender cómo se negocia con un grupo manifiestamente vinculado al narcotráfico y se excluye este comportamiento criminal de la ley que los cobija. Por eso después se acudió al expediente de que una parte de los jefes paramilitares desde las cárceles seguía en el negocio y con esa acusación se les envío en extradición hacia los Estados Unidos. La trampa fue tan grande que ahora, si se quisiera, se les podrían abrir investigaciones a todos los paramilitares que están a punto de salir de las cárceles colombianas por cumplimiento de sus penas para mantenerlos allí. Nada de eso puede ocurrir en esta coyuntura vital para el país. Desde el principio las reglas tienen que estar claras: no cabe la negociación política, y es indispensable que haya un sometimiento a la Justicia. Pero no puede ser sólo sometimiento a la justicia porque la naturaleza de estas organizaciones es más compleja que la proclamada al momento de roturarlas como bandas criminales. Es preciso que el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación tengan un diagnóstico y un mapa de las bandas criminales antes de abordar el sometimiento a la justicia y un proyecto integral para desmontar o reducir drásticamente el crimen organizado. Deben saber cuántos son, dónde están, qué actividades realizan, en qué tipo de estructuras se han organizado, cuáles son las rutas y los territorios que controlan, qué alianzas tienen, qué incentivos esperan del Estado para su entrega y a qué compromisos están dispuestos. Para que el proyecto de superación de las bandas criminales se eficaz tiene que haber ocho estrategias: Persistir en el debate global sobre la liberalización de las drogas sicoactivas y alucinógenas y avanzar en nuestro país por ese camino de acuerdo a las posibilidades que ofrezca la comunidad internacional. Un plan consistente de sometimiento a la justicia. Un diálogo nacional para buscar un pacto en torno a las industrias extractivas que ofrezca alternativas sociales a las comunidades. Un compromiso entre los partidos para cerrarle las puertas a militantes y candidatos que presenten indicios de vinculación a organizaciones ilegales. Un proyecto de depuración y reforma de la Fuerza Pública. Una intervención en los juegos de azar para le regularización y depuración de estas rentas. Una línea de perfeccionamiento de los acuerdos entre los gobiernos y las policías de toda América Latina para atacar al crimen transnacional. Una ofensiva policial y militar que eleve la presión sobre todas las estructuras de las bandas criminales una vez firmado el acuerdo de paz con las guerrillas. Le recomendamos: Video: debate, lucha contra las bacrim en el posconflicto REFERENCIAS Libros Astorga, L. (2007). Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra. México, D. F.: Tusquets. Ávila, A. (2012). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. 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Tal vez el mayor reto en materia de seguridad en el país, hoy en día, son los denominados grupos surgidos luego de la desmovilización paramilitar o bacrim y sus redes operacionales en las ciudades. Y es que los datos son alarmantes, según la Policía Nacional en poco más de 100 municipios de los 1102 que tiene el país existe presencia de bandas criminales; sin embargo, la propia base de datos de la Policía Nacional deja ver que en los últimos dos años se han registrado capturas de miembros de estas organizaciones criminales en cerca de 400 municipios. Por otro lado, en una buena cantidad de zonas donde operó el paramilitarismo como en el Sur de Bolívar, Córdoba, Pacífico Colombiano, Sur del Meta, Bajo Cauca Antioqueño, entre otras, las poblaciones aun hablan de paramilitares, no han sentido un cambio sustancial en materia de seguridad aun después de casi 10 años de la desmovilización. En cerca de un 45 % de las zonas donde operan las Farc y el ELN estos grupos también hacen presencia, lo cual podría significar que de no crearse un modelo de seguridad para el posconflicto lo suficientemente robusto e integral que impida que estos grupos retomen los territorios de las guerrillas una vez las Farc dejen las armas, será difícil evitar una nueva ola de violencia y una masacre de los reinsertados de las guerrillas. En todo caso, la forma de operar de estas organizaciones criminales no es como en la época paramilitar. Valdría la pena destacar tres cambios sustanciales. Por un lado, la violencia se convirtió en una herramienta excepcional en la disputa territorial y de mercados. De la violencia generalizada se ha pasado a una violencia selectiva y racionalizada, donde se privilegian los famosos homicidios “ejemplarizantes”, como los descuartizamientos en Buenaventura o Tumaco, con ello se mandan mensajes fuertes a la población, a la vez que se evitan disparar los indicadores de violencia. Es por esta razón que zonas como el Urabá tiene los indicadores más bajos de homicidios en años, pero se encuentran sometidos a la voluntad de estas bacrim. Las redes criminales han entendido que al Estado no se le gana una guerra y por eso su estrategia principal es infiltrarlo y corromperlo En segundo cambio significativo es que las bacrim o grupos nacidos luego de la desmovilización paramilitar ya no son organizaciones jerarquizadas, uniformadas y con cadenas de mando claras. Por el contrario, son redes de organizaciones criminales con una división del trabajo excepcional. Algunos custodian los cargamentos, otros lavan, otros cortan la mercancía cerca de las ciudades, pero una misma organización no hacen todo a la vez, más bien son redes de operadores para cada parte del mercado ilegal.  De hecho, hoy día estructuras como los Urabeños contratan pandillas y crimen común en las ciudades para que sean sus operadores, y cuentan con una fuerza élite para someter estas redes urbanas en caso que se salgan de las manos. Un último cambio es que estas redes criminales han entendido que al Estado no se le gana una guerra y por eso su estrategia principal es infiltrarlo y corromperlo. La financiación de campañas, las nóminas paralelas de las fuerzas de seguridad del Estado y la infiltración a empresas y comerciantes es la modalidad primordial de actuación. Cambiaron la violencia por la corrupción. Así las cosas, estas estructuras criminales son hoy la principal amenaza para el posconflicto, ya que en un intento por tomar los territorios dejados por las guerrillas pueden masacrar a los reinsertados o a la base social e las Farc y el ELN. Además los niveles de infiltración institucional como en el Urabá hacen difícil  que la democracia colombiana mejore y permita la inclusión de nuevas fuerzas políticas. Incluso el riesgo de que las élites políticas utilicen estos grupos para destruir la oposición política como ya ocurrió en los años ochenta del siglo pasado es una posibilidad latente en varias regiones del país. Columna de Opinión publicada en www.las2orillas.co

El comienzo del año 2016 llegó con una agitada agenda política para el país. La posesión de alcaldes y gobernadores arrancó con el anuncio de un centenar de investigaciones contra estos funcionarios públicos, que advierten sobre la posibilidad de que al menos 350 mandatarios tengan cuentas pendientes con la justicia y no puedan terminar sus periodos. A esta polémica se ha sumado una nueva: la elección de contralores departamentales. Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación ha abierto 135 investigaciones relacionadas con los procesos de elección de contralores, quienes serán los máximos responsables del control fiscal de las administraciones departamentales y municipales en el país. La elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo de los recursos de la nación, ha estado marcada por el interés de políticos que buscan bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales. La manipulación de esta figura de control se ha llamado: contralores de bolsillo. En 2015 la reforma de equilibrio de poderes introdujo cambios en la elección de contralores y personeros con el propósito de hacer de la elección un proceso más transparente y meritocrático. El proceso de selección de candidatos cambió,  pasó de ser elegido por ternas integradas por dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo, a ser un proceso de selección de méritos por concurso público que debía ser evaluado por medio de un examen de conocimiento y entrevistas. Sin embargo, las casas políticas se las ingeniaron para burlar y corromper la elección a su favor, de nuevo bajo el esquema “yo te elijo, tú me cuidas”. Vale la pena destacar, que a pesar de los esfuerzos en el cambio de la configuración de los postulados, la responsabilidad final de la elección se mantiene en los concejos municipales y las asambleas departamentales, factor que permite la injerencia de los políticos en la elección de estos órganos. Entre los casos recientes que han alertado a las autoridades se pueden destacar al menos cuatro: la elección de Emilio Otero en Córdoba, César Cerchiario en Cesar, Ricardo Salinas en Magdalena y Miguel Arrázola Sáenz en Sucre. La expectativa por que la elección de los organismos de control estuviera menos viciada y politizada que en anteriores ocasiones era alta, en tanto una de las mayores transformaciones de la reforma política de 2015 fue la modificación en los mecanismos de elección de este órgano. Córdoba Emilio Otero, fue elegido por unanimidad (con 13 votos) en la asamblea departamental de Córdoba. Fue exsecretario del congreso durante diez años consecutivos, y en este tiempo acumuló 10 denuncias penales y disciplinarias documentadas en su contra. Ninguna avanzó, pese a la rigurosidad de las pruebas, actualmente es reconocido hombre de confianza de la red política de Bernardo el “ñoño” Elías. El escándalo inició desde que la asamblea decidió contratar el proceso de evaluación con la Corporación Unificada de Educación Nacional (CUN) entidad que suscribió contratos por un valor de 56 mil millones de pesos a manos de la administración de Alejandro Lyons, aliado de Musa Besaile y de Bernardo Elias. En el mes de diciembre, la oficina de transparencia de la Presidencia de la Republica se pronunció sobre los intereses que tenían estos dirigentes políticos de hacer la contratación con CUN y verse favorecidos, como justamente sucedió. La elección de Otero es otra muestra del poder departamental de los “Ñoños” quienes con la elección de Otero se blindan de cualquier investigación que puedan tener en su contra y así favorecer a la red de contratistas que les ha permitido crecer en los últimos años. Se ha podido establecer que la elección de Otero, impulsada por Bernardo Elías, hace parte de la repartición burocrática que ha hecho Musa y Elías, quienes se unieron para apoyar la elección de Edwin Besaile (hermano de Musa), con el objetivo de mantener todo en familia. El Cesar En el departamento del Cesar, la elección de César Cerchiario se dio en medio de serios cuestionamientos que impedirían el ejercicio de contralor por conflictos de interés. Cerchiario fue gerente de la campaña de Francisco Ovalle, actual gobernador. Además hace parte de la casa Gnecco, la cual apoyó con recursos de la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco y de la cual fue secretario general. En Valledupar, capital del Cesar, el concejo eligió a Álvaro Luis Castilla, quien figura como uno de los aportantes a la campaña de Augusto Ramírez Uhía, actual alcalde y sobre quien pesan investigaciones por el favorecimiento de terceros en el despojo de las propiedades sabana 1 y sabana 2, donde en 2011 firmó ante notaría pública un documento que lo comprometía a invertir recursos públicos para favorecer a los invasores. Por supuesto, la elección de Castilla debió ser anulada tan pronto se conoció que él fue uno de los financiadores de la campaña de Uhía. Hechos similares ocurrieron en la elección del contralor de Magdalena y Sucre. Magdalena En el primer caso, Ricardo Salinas fue elegido con el visto bueno de la familia Cotes, el abogado Salinas sería muy cercano al ex gobernador Luis Miguel Cotes, sobrino de la actual gobernadora Rosa Cotes, una de las gobernadoras más cuestionadas en las elecciones pasadas. Sucre Mientras tanto, en el departamento de Sucre, el contralor resultó electo Miguel Arrázola Sáenz, quien fue el ex abogado del actual gobernador Édgar Martínez. Tolima El cuestionado gobernador del departamento del Tolima, Óscar Barreto, quien enfrenta más de ocho procesos penales, es otro de los mandatarios que aparentemente tuvo injerencia en la elección del contralor departamental. Edilberto Pava Ceballos, quien estuvo frente a la campaña de Barreto, fue elegido con 11 votos de los 15 diputados que conforman la asamblea del departamento del Tolima. Queda claro que el esfuerzo de la reforma política ha sido anulado, y los clanes políticos regionales se han quedado no solo con los puestos de elección popular sino también con los organismos de control. Hecha la ley, hecha la trampa.