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Por: Katerin Erazo, Periodista Gustavo Petro sorprendió a la nación al designar a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, como gestor de paz. Según las declaraciones del mandatario, esta decisión busca agilizar el proceso de esclarecimiento de verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado, sobre todo del paramilitarismo. Recordemos que los gestores de paz son figuras clave, exmiembros de grupos armados ilegales o miembros activos, designados por el presidente para facilitar e implementar acuerdos humanitarios y acercamiento para diálogos con estructuras criminales. En este caso, el interés de Petro al nombrar a Mancuso gestor de paz es avanzar en la verdad que, según el mandatario, los paramilitares aún le deben al país, lo que ha hecho que estos grupos se reciclen y sigan teniendo poder en estructuras como el Clan del Golfo. Es importante señalar que este nombramiento no implica amnistía ni indulto, tampoco conlleva un acuerdo laboral o la entrega de salarios a Mancuso por parte del Estado. Sin embargo, la noticia ha abierto múltiples incógnitas en la sociedad colombiana. Muchos se preguntan sobre las implicaciones éticas y morales de dialogar con un exparamilitar y si esto podría socavar los cimientos de la justicia y la reconciliación en un país que ha vivido décadas de conflicto armado. Ante la polémica generada por el anuncio de Petro, León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), expresa su opinión al respecto. ¿Cuál es su opinión sobre la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz? Considero que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz es una medida audaz de Petro. El personaje en cuestión es quizás el más importante para brindar información sobre los grupos paramilitares en Colombia, dado que fue miembro de la élite en Córdoba y luego participó en la conducción de las Convivir, además de hacer un pacto con políticos. A pesar de que esta situación me parece muy controversial, creo que puede contribuir a darle continuidad y concluir el proceso de paz que inició Uribe y que él mismo rompió con la extradición. Por otro lado, también puede ayudar en los esfuerzos para desmantelar al Clan del Golfo y sacarlo de los negocios ilegales ¿Cuál es la importancia de seguir dialogando con los paramilitares en el contexto de la búsqueda de la paz? Es una cuestión que se encuentra rezagada en este momento. Los procesos de diálogo con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC ya han comenzado y avanzado, pero aún quedan dos procesos pendientes: el del Clan del Golfo y la situación extraña relacionada con la nueva Marquetalia de las disidencias de las FARC, que fue liderada por Iván Márquez. Actualmente no existe una mesa negociadora formal con el Clan del Golfo ni un marco legal establecido, dado que la ley de sometimiento de la justicia aún no ha sido tramitada en esta legislatura. Esta falta de avance está generando perturbación, ya que el Clan del Golfo continúa expandiéndose y ocupando territorios, lo que afecta los acuerdos de cese bilateral con el ELN y el Estado Mayor Central. Es necesario que el Gobierno tome decisiones rápidas respecto a cómo abordar la situación del Clan del Golfo, ya que su presencia perturba considerablemente los demás acuerdos de paz. A pesar de esta realidad, seguir dialogando con esta fuerza paramilitar es una necesidad, y se ha enunciado la importancia de negociar con una estrategia sólida en mente. ¿Cuáles son los aspectos pendientes del acuerdo de paz de 2005, conocido como la Ley de Justicia y Paz, que fue establecido entre Uribe y los paramilitares? En mi opinión, quedó como un proceso fallido en algunos aspectos. Si bien logró la desmovilización de algunos paramilitares, estos individuos no tuvieron un adecuado reingreso a la vida civil, ya que muchos de sus jefes fueron extraditados, y gran parte de los líderes intermedios terminaron vinculados a las organizaciones criminales que surgieron posteriormente. Para concluir este proceso de manera efectiva y lograr una verdadera reconciliación, es fundamental recuperar y reintegrar a aquellos mandos que aún se encuentran en la clandestinidad o participando en estos grupos criminales. Es importante abordar el tema de los bienes y la economía que generaron, muchos de los cuales ahora están en manos de testaferros. Es necesario evaluar cómo se puede recuperar. Además, el aspecto de la verdad quedó a medias en este proceso de paz. Nunca se logró un cierre adecuado en términos de conocer todas las verdades sobre las acciones de esta fuerza paramilitar. Es crucial seguir trabajando en este tema para garantizar que se conozcan y se asuman las responsabilidades por los crímenes cometidos, brindando así una verdadera justicia a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. ¿Cree que podría haber algunas implicaciones de incluir a exparamilitares en el proceso que está llevando a cabo Petro con la Paz Total? Creo que la propuesta de Paz Total anunciada por Petro brinda una oportunidad para abordar diversas cuestiones, incluyendo la conclusión de procesos antiguos, como es el caso de los exparamilitares. Además, esta iniciativa puede permitir retomar y completar adecuadamente el proceso de paz con las FARC, que sufrió una interrupción significativa durante la administración de Duque. Asimismo, la idea de Paz Total abre la posibilidad de llevar a cabo nuevos procesos de paz con los actores que actualmente están involucrados en conflictos armados. Sin embargo, es importante destacar que este proyecto es muy ambicioso y presenta diversas dificultades para su desarrollo, ya que la tarea de lograr la paz en todos los campos no es sencilla. ¿Qué seguirá para Mancuso tras asumir este rol? Se espera que Salvatore Mancuso continúe compareciendo ante la justicia a pesar de su designación como gestor de paz. La opción más favorable para que pueda desarrollarse en su rol de gestor de paz es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acepte. Si la JEP lo acepta, su caso y todo el proceso judicial ordinario pasarán bajo la jurisdicción de la JEP. Creo que este camino sería el más adecuado tanto para Mancuso como para los objetivos de la propuesta de Petro.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto: El País Cali En un evento público histórico en Corferias, el Gobierno de Gustavo Petro y la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) oficializaron el cese al fuego bilateral que entra en vigencia hoy jueves 3 de agosto, marcando un hito en la búsqueda de la paz en Colombia. Tras casi 30 años de intentos de negociación, este acuerdo de seis meses representa el más largo jamás pactado con esta guerrilla, y será verificado por Naciones Unidas. Con la presencia del presidente Gustavo Petro y más de 2,000 personas provenientes de diferentes territorios del país, el evento en Corferias se convirtió en un símbolo de esperanza para una nación que ha padecido décadas de conflicto armado. La tarima, dispuesta con 14 puestos, acogió a las delegaciones de ambas partes y a los organismos acompañantes, así como a los 81 delegados del Comité Nacional de Participación, quienes representan a 30 organizaciones y sectores de la sociedad civil. Ver: (Petro firma decreto de cese al fuego con el ELN en medio de un incremento de acciones armadas) El Comité Nacional de Participación es una pieza clave en este proceso de paz, ya que su función principal será la de recolectar y sistematizar las propuestas de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar una paz duradera. El plan de trabajo del Comité abarca hasta mayo de 2025, y se compone de cuatro fases claramente definidas. La primera fase se enfocará en la realización de 15 encuentros nacionales y nueve regionales, en los que se recopilarán las iniciativas más importantes de los distintos territorios. Cabe recordar que en total fueron nueve puntos los consignados en el documento del cese, en el que se explican temas importantes como: el papel de la Iglesia; el monitoreo y verificación; prórroga y suspensión del cese al fuego; seguridad y protección; veeduría; pedagogía; seguridad al ELN; comunicación; y rol de la mesa. Estos puntos serán verificados desde nueve oficinas regionales y locales, las cuales serán fundamentales en el seguimiento. En los protocolos también se establece cómo se podrían romper dichos acuerdos del cese al fuego por parte de algún tipo de incumplimiento entre las partes. Ver: (Claves para entender los protocolos del cese al fuego firmado por el Gobierno y el ELN) Aunque la sede principal del Comité estará en Bogotá, también se prevé la realización de sesiones en diferentes partes del país, con el apoyo de un representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal. La participación de la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, es un respaldo significativo para el proceso de paz en el país. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció la ampliación del mandato de la Misión que opera en Colombia, con el fin de verificar el cese al fuego bilateral con el ELN. Para llevar a cabo esta labor, se enviarán 68 observadores adicionales al país, quienes integrarán el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) en las instancias nacional, regional y local. La Misión será portavoz del MMV y trabajará en conjunto con la fuerza pública, delegados del ELN, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Conferencia Episcopal. Ver: (¿En qué consiste el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego con el ELN?) Es relevante recordar el contexto histórico del ELN, el cual es considerado como la guerrilla activa más antigua del continente americano, con más de 50 años de historia en Colombia. Durante su existencia, ha sido señalado por cometer múltiples crímenes de guerra y abusos contra civiles, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños, según un reporte de Human Rights Watch de 2021. El líder actual del ELN es Eliécer Herlinto Chamorro, conocido como “Antonio García”. Chamorro asumió el liderazgo del grupo en junio de 2021, sucediendo a Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, quien había estado al frente de la guerrilla desde la década de 1970. “Antonio García” ha sido considerado uno de los miembros más radicales de la organización, enfocado en aumentar la capacidad militar del grupo. A lo largo de su existencia, el ELN ha pasado por distintas etapas y ha enfrentado diversos retos. En la década de 1980, se destacó por especializarse en el secuestro y obtener ingresos a través de rescates. En la siguiente década, el grupo atacaba regularmente los oleoductos más grandes del país y cobraba impuestos a cultivadores de marihuana y coca, especialmente en el departamento de Bolívar. Sin embargo, el ELN también ha tenido varios intentos de negociar un acuerdo de paz con los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que no llegaron a buen puerto. Un punto crítico se dio en 2019, tras un ataque con carro bomba en una escuela de Policía en Bogotá que dejó 21 muertos y alrededor de 80 heridos. En los últimos cuatro años, el ELN ha sido considerado presunto responsable de cerca del 10% de las acciones violentas durante el Gobierno de Iván Duque, según un informe de Indepaz. Los responsables materiales de estos actos han sido, en su mayoría, grupos armados ilegales, narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo, grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las FARC-EP, y la fuerza pública. En contraste, una investigación de Indepaz señala que el ELN enfrenta ahora un declive de carácter institucional y que la legitimidad que tenía en algunas zonas del país se ha ido estancando. El punto de ebullición fue la reanudación de los diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, tras la suspensión de las negociaciones en 2019. El cese al fuego bilateral es una apuesta central para alcanzar la paz y reconciliación en Colombia. Algunos frentes del ELN han manifestado su deseo de acatar y respetar el acuerdo, suspendiendo todas sus operaciones ofensivas contra la población y la fuerza pública. Es un paso significativo hacia la paz que, sin duda, demandará esfuerzo, diálogo y compromiso de ambas partes. El proceso de paz en Colombia enfrenta desafíos y obstáculos, pero la instalación del Comité Nacional de Participación y el inicio del cese al fuego son señales de que el país avanza hacia la construcción de una sociedad más justa y en paz. La colaboración de la comunidad internacional, representada por Naciones Unidas, también es vital para garantizar la implementación y verificación del acuerdo. La paz en Colombia no será tarea fácil, pero este cese al fuego bilateral representa un paso esperanzador en el camino hacia la reconciliación y la transformación de una nación que ha vivido múltiples conflictos. Con el respaldo de la comunidad internacional y el compromiso de todas las partes involucradas, se vislumbra un futuro más prometedor para el país sudamericano. Es momento de dejar atrás décadas de violencia y trabajar juntos por una Colombia en paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista Han pasado seis días desde la entrada en vigor del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el marco de los acuerdos negociados. Este cese al fuego, con una duración de seis meses hasta el 3 de febrero de 2024, busca reducir la violencia en el país y sentar las bases para la paz. Sin embargo, ya se vislumbra tensión en esta tregua, debido a las declaraciones que realizó el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, quien informó el pasado 7 de agosto, durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá y el aniversario del Ejército, que se han presentado presuntas violaciones al cese por parte del ELN. Estas alegaciones involucran homicidios y ataques a la fuerza pública en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño, a pesar de la vigencia del cese al fuego. Las declaraciones del general Giraldo han generado controversia, ya que se considera que los protocolos establecidos por las delegaciones de paz en Cuba indican que el único portavoz autorizado del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) es el delegado de la Misión de Verificación de la ONU. El MVMV, compuesto por entidades como la ONU y la Iglesia Católica, tiene la responsabilidad de evaluar y calificar los incidentes que puedan considerarse violaciones al cese. Según Camila Fernández, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la cuestión del cese al fuego con el ELN está en sus primeras etapas de desarrollo. Fernández resaltó que es inapropiado que el comandante de las fuerzas militares emita comunicados o juicios sobre presuntas violaciones al cese, ya que esa no es su función. Camila Fernández explicó que, aunque las fuerzas militares participan en el mecanismo de monitoreo y verificación que supervisa el cese al fuego, no es parte del protocolo que las partes anuncien públicamente las violaciones al cese. En su lugar, existen canales de comunicación entre las partes involucradas, en este caso, las fuerzas militares encabezadas por el comandante Helder Giraldo y el ELN. La comunicación se canaliza, como se mencionó anteriormente, a través de la ONU y su misión de verificación, cuyo propósito es prevenir incidentes y supervisar el cumplimiento del cese mediante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV). La investigadora de Pares subrayó que el protocolo no establece que las partes deban informar públicamente sobre violaciones al cese, sino que dicho proceso se maneja a través del Mecanismo, ya que esta instancia es la encargada de evaluar cualquier incidente o riesgo de violación al cese de acuerdo con criterios específicos y mecanismos de seguimiento. Fernández aclaró que, hasta el momento, no es válido afirmar que el ELN ha violado el cese, ya que esta determinación recae en el portavoz único designado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y no en las partes involucradas ni en la opinión pública. Por otro lado, la respuesta del ELN a las declaraciones del general Giraldo ha sido contundente. La organización ilegal afirmó que dichas alegaciones socavan la confianza entre las partes y las comunidades afectadas por el conflicto. El ELN sostuvo también que el MVMV debe ser el único organismo autorizado para comunicar y evaluar los hechos que puedan considerarse violaciones al cese al fuego. Además, el grupo guerrillero denunció una supuesta violación al cese al fuego por parte de las fuerzas militares. Según un comunicado del frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del ELN, militares atacaron a una comisión del frente Cacique Calarcá en el departamento del Chocó. Por esta razón, el ELN subrayó que los protocolos de seguridad establecidos para controlar posibles violaciones están siendo vulnerados. Es importante tener en cuenta que en total fueron nueve puntos los consignados en el documento de los protocolos del cese al fuego, en el que se explican temas importantes como: el papel de la Iglesia; el monitoreo y verificación; prórroga y suspensión del cese al fuego; seguridad y protección; veeduría; pedagogía; seguridad al ELN; comunicación; y rol de la mesa. Ver: (Claves para entender los protocolos del cese al fuego firmado por el Gobierno y el ELN) Cabe recordar que este no sería el primer mecanismo de monitoreo implementado en el país. Después del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se estableció un sistema de verificación para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes. Dicho mecanismo de monitoreo estuvo compuesto por algunos componentes pilares: Comisión de Monitoreo y Verificación (MM&V; Mecanismos de monitoreo local, Informes y reuniones; y Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MTMV). A pesar de los desafíos iniciales y las acusaciones de las partes, el presidente de la República, Gustavo Petro, resaltó la importancia histórica del cese al fuego con el ELN. En un discurso reciente, enfatizó la relevancia de trabajar en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y destacó la participación de todas las estructuras del ELN en este cese al fuego. Mientras el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MVMV) trabaja para evaluar las alegaciones de violación al cese al fuego, la incertidumbre persiste. La paz en Colombia sigue siendo un objetivo difícil, pero el compromiso de ambas partes en este cese al fuego podría marcar un paso significativo hacia la estabilidad y la resolución del conflicto armado en el país, por lo tanto, se espera que el MVMV evalué las presuntas violaciones y esclarezca las declaraciones por ambas partes.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fuente: Vicepresidencia Venezuela Las delegaciones de paz del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han inaugurado su cuarto ciclo de negociaciones en la ciudad de Caracas, Venezuela. Un evento importante en los esfuerzos continuos por resolver décadas de conflicto armado que han afectado profundamente a la nación. La ceremonia de apertura, que reunió a representantes de ambas partes, garantes internacionales y acompañantes, comenzó con el firme compromiso de seguir cumpliendo los acuerdos previamente pactados en los diálogos. Monseñor Darío Monsalve, el representante de la Iglesia Católica en las negociaciones , reiteró la necesidad de que esta ronda de conversaciones sea productiva y conduzca a acuerdos sustantivos, poniendo en el centro de la discusión a quienes han padecido las consecuencias del conflicto armado (Ver: Los 10 logros más importantes del tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN ). Fuente: Vicepresidencia Venezuela En este evento , que tuvo lugar en Caracas como sede de esta fase de las negociaciones, se presentó la hoja de ruta para el proceso que se extenderá hasta el 04 de septiembre. Durante este período se espera que las partes trabajen para desarrollar y fortalecer los acuerdos recientes, incluido el cese al fuego de 180 días que comenzó el 03 de agosto. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, destacó la profunda convicción de la guerrilla en lograr una solución política después de más de 70 años de enfrentamientos. En su intervención, Beltrán hizo alusión a los desafíos que enfrenta este proceso, haciendo énfasis en que "siempre ha habido oponentes", aunque señaló que esos opositores son cada vez menos significativos en comparación con el creciente apoyo hacia la paz. Una de las innovaciones más notables en esta fase de negociaciones ha sido la creación y puesta en marcha de un Comité Nacional de Participación (CNP), diseñado para involucrar a la sociedad civil en el proceso de paz. Esta iniciativa ha sido vista como un "salto de calidad" en el enfoque de las conversaciones, al permitir una participación más amplia y diversa en la construcción de soluciones. En un contexto en el que la paz sigue siendo el objetivo central, el ELN manifestó su deseo de que este ciclo de conversaciones pueda llegar a las regiones más afectadas por el conflicto, y espera que se pueda brindar ayuda humanitaria a estas áreas en necesidad urgente. Tanto las delegaciones como los garantes internacionales expresaron su agradecimiento a Venezuela por hospedar y facilitar las conversaciones. Cabe recordar que las negociaciones se reanudaron en Venezuela el 21 de noviembre después de cuatro años de pausa bajo el anterior Gobierno de Iván Duque (2018-2022). La construcción de confianza y la mitigación de la violencia han sido puntos críticos en el proceso. El cese al fuego ha sido particularmente relevante en este sentido, y se han implementado mecanismos de comunicación para evitar enfrentamientos. Además, se celebró la extensión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país, lo que contribuirá a mejorar la situación humanitaria en las áreas afectadas. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfatizó la importancia de excluir a los "enemigos de la paz" de las conversaciones y reafirmó el compromiso de Venezuela como país garante en apoyar la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió una cálida bienvenida a las delegaciones de Colombia y el ELN, así como a los países garantes y acompañantes del proceso de paz. Maduro enfatizó que la paz en Colombia no solo beneficia a la nación andina, sino también a toda la región, consolidando a América Latina y el Caribe como un área de paz y prosperidad. En este ciclo de negociaciones la dinámica ha cambiado hacia una aproximación continua, en la que las delegaciones trabajarán de manera constante en la construcción de acuerdos y en la implementación de iniciativas. Esta modalidad permitirá una evaluación constante del cese al fuego y una adaptación flexible a los desafíos que puedan surgir. Uno de los temas centrales en la agenda es el punto cuatro, que aborda la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición. Además, se explorarán transformaciones para la paz y la participación de la sociedad civil en la construcción de soluciones duraderas. La búsqueda del fin del conflicto armado y la renuncia al uso de las armas por parte del ELN también están en el centro de las discusiones. Con el inicio de este cuarto ciclo de negociaciones, Colombia avanza en su camino hacia la reconciliación y la paz duradera. La comunidad internacional observa con atención y se espera que este ciclo de conversaciones contribuya a establecer los cimientos para un futuro más estable y pacífico en el país. Teniendo en cuenta el inicio del cuarto ciclo de negociaciones con el ELN, en una conversación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) con Ligia Bolívar, presidenta de Alerta Venezuela, se destacó el informe “Una tragedia ignorada. La afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela” publicado por esta organización, que profundizó en la situación de los grupos armados de origen colombiano en territorio venezolano. Uno de sus enfoques se dirigió hacia las actividades del ELN y las disidencias de las FARC. Bolívar, durante la entrevista, resaltó que la presencia de estos grupos no se limita únicamente a la frontera con Venezuela, sino que se ha expandido más allá de esa región. En sus palabras, estos grupos armados han arraigado con mayor fuerza y han logrado una penetración más profunda en diversas áreas del país. A continuación la entrevista completa hecha por Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) a Ligia Bolívar:

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. Fotos tomadas de:Semana y Telesur Es importante seguir recordando cómo y por qué el departamento del Cauca ha sido víctima constante de las diversas dinámicas del conflicto armado que se han presentado en Colombia: se debe a su ubicación geográficamente estratégica y a sus recursos naturales, lo que ha impulsado el posicionamiento de diversos actores armados que disputan el control de corredores y territorios del Cauca. En el marco de este análisis, la lupa se enfocará en lo que han sido las acciones de violencia perpetradas por parte de las estructuras armadas del Estado Mayor Central de las disidencias y el ELN, durante el mes de julio y lo que va del mes de agosto del 2023. El departamento del Cauca -en especial las subregiones norte, centro y sur- ha vivido un incremento en las acciones de violencia, ejercidas en su mayoría por los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño que hacen parte del Estado Mayor Central de las disidencias de FARC. Es importante tener presente que el EMC es la estructura más fuerte en el departamento, teniendo presencia en 36 de sus 42 municipios. Esta presencia ha generado hechos de violencia que en los últimos meses evidencian un incremento de los hostigamientos en el territorio: el secuestro de uno de los hijos del alcalde de Rosas , repetidos atentados realizados a estaciones de policía de Popayán, Timbío, Santander de Quilichao (Mondomo), Cajibío (El Carmelo), Buenos Aires (Timba); atentados a patrullas de policía en Morales; la instalación de retenes (vía Corinto-Miranda) y enfrentamientos con la Fuerza Pública y el ELN por el control territorial de zonas del norte (Caldono- Silvia-Jambaló) y el sur (Balboa, Argelia, Cañón del Micay) del departamento. Estas acciones han incrementado a su vez los desplazamientos y confinamientos. Esto da cuenta de la dinámica de violencia que está ejerciendo el EMC con dos posibles objetivos: primero, evidenciar su fuerza de ataque hacia la estructura del Estado Colombiano, representado en la fuerza pública y los civiles, a través de atentados y hostigamientos, que llevarían a instar al Estado a avanzar en los primeros acuerdos del nuevo escenario de diálogo –la instalación de una mesa de diálogo con este grupo en el marco de la Paz Total–; y, segundo, un componente de estas acciones puede ser de carácter “defensivo”, pues desde el Ministerio de Defensa, se han realizado acciones para debilitar esta estructura desde lo militar y económico . Con relación al primer objetivo, encontramos una relación estrecha entre el actual accionar de la extinta guerrilla con sus acciones durante los años 90 en la implementación de su “plan Estratégico para la toma del poder”, objetivo máximo desde la séptima conferencia de las FARC. Dentro de ese plan, las acciones estaban encaminadas a atacar las estaciones de policía, las patrullas móviles y avanzar en el control territorial. Las acciones actuales pueden buscar asimilarse a las de ese momento, ya que hoy por hoy esta estructura busca reafirmar su carácter político frente a un contexto que impulsa diálogos de paz con el peso de una historia reciente que posiciona su estructura como una disidencia lejana a los principios rectores que la catalogaban como organización insurgente. En relación a esto, desde la Fiscalía General de la Nación, el pasado 21 de julio, se presentó un documento de alerta indicando que el Estado Mayor Central tendría un plan de ataques sistemático en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, haciendo un llamado a salvaguardar la integridad de la población civil y extremar medidas de seguridad a funcionarios públicos. Dado el escalamiento de los hostigamientos en el departamento del Cauca, el presidente Petro convocó un Consejo de Seguridad en Popayán y presentó el plan de acción del Gobierno para los próximos días : Sustitución con dinero público de economías ilícitas, especialmente cocaleras, por economías lícitas. Presencia militar para respaldar esa política en zonas prioritarias con el objetivo de paralizar la economía ilícita, y propiciar que la ciudadanía pueda transitar hacia economías lícitas Frente a las negociaciones con grupos armados: antes que un cese al fuego, debe haber un cese de hostilidades a la sociedad civil. En ese Consejo, el presidente afirmó que “ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte es combatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas a sus autoridades afros o mestizas pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz”. La mesa de diálogos con el EMC será instalada el 17 de septiembre a la par del inicio de un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal CFBNT con este grupo que tendrá una duración de seis meses. Mientras este grupo armado tensiona la relación con el Estado por medio del escalamiento de acciones violentas en el territorio caucano, la mesa tendrá como reto la generación de condiciones para el diálogo con la puesta en marcha de acuerdos que bajen la intensidad de la violencia y sean la puerta de entrada de una negociación exitosa. En el Cauca se requiere la evidencia de voluntad de paz del Estado Mayor Central que está ad portas de iniciar un proceso de paz y actualmente es el grupo que mayores afectaciones a los derechos humanos tiene en el departamento.

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. Fotos tomadas de: El Tiempo Los recientes hechos de violencia armada registrados en Nariño plantean dos escenarios de la confrontación que es necesario diferenciar. Por un lado, las masacres, desplazamientos forzados, víctimas de Minas Antipersona (MAP), reclutamiento forzado de menores y asesinatos selectivos ocurridos en la costa pacífica Nariñense corresponden, fundamentalmente, a las variaciones espaciotemporales de la confrontación armada entre el Estado Mayor Central de las FARC (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM), siendo esta la principal confrontación en el departamento al día de hoy. Esta confrontación activa, relacionada con la pugna por el control de las rutas del narcotráfico hacia el Ecuador, las rentas ilícitas de toda la cadena del narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilícita de madera, entre otras, es la que ocasiona la continuidad y agravamiento de la emergencia humanitaria en el pacífico nariñense que viven, especialmente, comunidades negras y pueblos indígenas. Una emergencia humanitaria que se observa, de manera particular, en los 16.258 desplazados (registrados) que han tenido que dejar sus hogares en los primeros seis meses de este año en esta subregión. Esta cifra representa que más de la mitad de los desplazamientos forzados de todo el país ocurrieron en solamente ocho municipios del pacífico nariñense, según el último informe de situación humanitaria de la OCHA . Otro evento que permite evidenciar la alta afectación del Pacífico Nariñense por esta confrontación es el aumento de accidentes con Minas Antipersona o Munición Sin Explotar. El 47% de accidentes y víctimas del país entre marzo de 2022 y febrero de 2023 ocurrieron en esta sub región. Un dato que el Representante del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas en Colombia califica como “dato perturbador”: Esta confrontación, que corresponde más a una permanencia que a una situación emergente, por ahora se expresa de manera directa en los municipios del Triángulo de Telembí y en la vía Tumaco -Pasto, incluido el municipio de Ricaurte. El EMC ha venido ganando territorio especialmente en los municipios del norte de la costa nariñense o subregión de Sanquianga, en donde ha estabilizado su dominio con estructuras provenientes de la costa Caucana, planteando el escenario de avance de sus estructuras por la costa hacia la ciudad de Tumaco y la frontera con Ecuador, y la activación de otros frentes de confrontación. Es importante tener presente la importancia de esta frontera, por donde transita el 30% de la droga colombiana hacia las rutas en Ecuador, así como la situación de violencia acrecentada que vive el país vecino, especialmente la Provincia de Esmeraldas, limítrofe con Tumaco. El otro escenario de confrontación se caracteriza por los ataques armados a la fuerza pública, en su mayoría atribuidos directamente (o reconocidos) por estructuras del EMC. Estas acciones han tenido un incremento considerable desde mediados de agosto: el día 13 detonó un artefacto explosivo en horas de la tarde, aproximadamente en el km 94 de la vía Tumaco – Pasto, el cual dejó un militar herido y ocasionó el cierre temporal de la vía. La noche del 14 de agosto se presentaron diferentes hechos en municipios del norte, centro occidente y costa del departamento de Nariño: la explosión de una moto bomba en La Llanada, activada al paso de unidades de la Policía; el ataque con una granada a la subestación de Policía del corregimiento El Remolino del municipio de Taminango, que dejó heridos a dos policías y ocasionó un incendio en las instalaciones; el hostigamiento armado contra la fuerza pública en Leiva; el secuestro de dos Policías y el asesinato de uno de ellos en inmediaciones del km 97 de la vía Tumaco – Pasto cuando transitaban de civil en motocicletas. Posteriormente, la noche del 16 de agosto es incinerado un bus de servicio público de pasajeros en el km 92 en la vía Tumaco – Pasto; el 18 son secuestrados dos soldados en Cumbitara; y el 21, hacia las 5 de la tarde, se realiza un ataque con explosivos a una tanqueta del ejército en el km 95 de la vía Tumaco- Pasto. Estas acciones armadas expresan unos mecanismos y objetivos diferentes al escenario de confrontación entre el EMC y la SM. En primer lugar, por el uso preferente de explosivos, en segundo por ser ejecutados directamente hacia la fuerza pública y finalmente por su activación coincidente temporalmente (14 de agosto) con las acciones armadas ocurridas en el departamento del Cauca. Aunque algunos de estos ataques se han relacionado con retaliaciones de las estructuras ante incautaciones y capturas llevadas a cabo en esta región, la activación simultánea de dichas acciones armadas en dos departamentos limítrofes no puede leerse de forma aislada. Claramente corresponden a un propósito de manifestación de fuerza por parte del Estado Mayor Central, en el marco de la divulgación (el 12 de agosto) del acuerdo logrado entre los delegados del Gobierno y del EMC respecto a la instalación de la mesa de diálogos, el anuncio de inicio del cese al fuego bilateral, nacional y temporal para el 17 de septiembre, y un posible cese de operaciones ofensivas a partir del 17 de agosto. Sin embargo, vale la pena revisar el comportamiento de las estructuras del EMC más allá de la coyuntura operacional de los últimos días. Según registros de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) de acciones armadas y seguimiento al cese al fuego con este grupo armado durante el primer semestre del año, el 49% de las acciones de incumplimiento al cese al fuego y de hostilidades ejercidas por el EMC fueron ejecutadas por el Bloque Occidental, que precisamente hace presencia en estos dos departamentos. Sumado a esto, este bloque emitió un comunicado amenazante contra Leonardo González, sobrino de Camilo González, el jefe negociador del Gobierno con el mismo EMC. Las estructuras del EMC, especialmente en el suroccidente del país, han tenido un crecimiento considerable; sin embargo cabe preguntarse si es un crecimiento que responde al volumen de municipios en los que hacen presencia y personas en armas, y no a la cohesión que pueden llegar a tener las subestructuras frente a las decisiones de sus mandos en la mesa que se instalará a mediados de septiembre. Esto es importante leerlo también a la luz del origen e historia de conformación del mismo EMC como grupo disidente que no firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y estableció estructuras que con el histórico Frente Primero se fueron expandiendo hasta consolidarse hoy en 166 municipios del país. El EMC es una organización que muy rápidamente ha pasado de ser una subestructura disidente de los acuerdos, a intentar un mando y estructura centralizada, colectiva y vertical, que intenta mostrarse cohesionada y con un carácter político frente a los escenarios de diálogo y la propuesta de Paz Total del Gobierno Nacional. A dos semanas de la instalación de la mesa de diálogos con este grupo y un nuevo cese al fuego es preciso preguntarse si esta mesa representa a las diferentes subestructuras que tienen presencia territorial. El accionar del Bloque Occidental puede provenir de un acuerdo interno y general del EMC en función de la demostración de fuerza para el inicio de la mesa de diálogos, o puede por el contrario estar constituyendo una manifestación de fuerza interna, es decir, del Bloque frente al mismo Estado Mayor Central. Lo cierto es que por ahora estos son cuestionamientos que a partir del 17 de septiembre con la instalación formal de la mesa y el inicio del cese al fuego con este grupo, momento en el que se verá qué tan cohesionado está el EMC y qué voluntad tienen estructuras como el Bloque Occidental de avanzar hacia un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. Por ahora es vital establecer unos mínimos para la negociación, especialmente en términos del desescalamiento de las acciones armadas que afectan a la población civil y que en el último mes han incrementado considerablemente.

Por: Redacción Pares Semana del 28 de agosto al 03 de septiembre del 2023 Sigue la dinámica de trabajo compartido entre el Gobierno Colombiano y el ELN en la ruta trazada de participación de la sociedad y aclimatación del cese bilateral en funcionamiento desde el pasado 03 de agosto, cese sobre el que, al cumplirse un mes, hay reportes en los que se evidencian logros y dificultades a superar. De lo más destacado de la semana está la presencia de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, en la ronda de Caracas, el ciclo número cuatro de diálogos y negociaciones, en el cual presentó la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y, como este es una apuesta por el desarrollo de los territorios más marginados y la superación de exclusiones y brechas que están a la base de las violencias que persisten, igualmente presentó el compromiso de colocar al equipo técnico del Departamento Nacional de Planeación de cara a las transformaciones que se pacten en el proceso de participación que va a iniciar en los primeros meses del año 2024. Esto es un importante referente para darle sustento técnico al proceso de paz con el rigor de un organismo de amplia experiencia en los temas de planificación, políticas públicas y desarrollo territorial, como lo es el DNP. Una alta funcionaria de la administración del presidente Biden se refirió en términos positivos al proceso de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Eso abre la posibilidad de un involucramiento directo del Gobierno de los Estados Unidos, como las dos partes han propuesto desde noviembre pasado en comunicación pública, solicitando un enviado especial que haga seguimiento a este proceso de paz y participe de manera directa, lo cual es necesario y deseable. La conformación de las oficinas locales y regionales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese bilateral sigue su curso y ya se cuenta con nuevos equipos en funcionamiento. Esto le da capacidad al Gobierno Colombiano y al ELN junto a la Misión de Naciones Unidas y a la Conferencia Episcopal para darle fuerza a la tramitación de los conflictos y situaciones delicadas que se presenten en esa amplia geografía donde permanece el ELN. Hay nuevas situaciones humanitarias de desplazamientos, confinamiento de poblaciones y enfrentamientos armados en los que participa el ELN, todas situaciones delicadas que deben ser atendidas por las autoridades de gobierno y los organismos que acompañan a las comunidades, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y ese solidario mundo de la atención humanitaria. Inicia la Semana por la Paz y hay múltiples procesos de movilización ciudadana, expresiones culturales y de pedagogía frente a este enorme reto de una Colombia en Paz, y de manera particular de apoyo al proceso de paz en curso entre el Gobierno Colombiano y el ELN. Este lunes 04 de septiembre culmina en Caracas el cuarto ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN, esperemos nuevas iniciativas y derroteros de actuación conjunta. 1. El director del DNP, Jorge Iván González, viajó a Caracas para socializar las propuestas de cambio y paz del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN. Aquí su resumen de la jornada. 2. Comunicado conjunto No. 17: plena disposición del DNP de acompañar, con su capacidad técnica, con la información de la que dispone y con sus instrumentos de planificación, los proyectos, acuerdos y transformaciones. 3. “Alta funcionaria del gobierno Biden elogió diálogos entre el gobierno Petro y el ELN, esto fue lo que dijo”, W Radio: https://www.wradio.com.co/2023/08/30/alta-funcionaria-de-gobierno-biden-elogio-dialogos-entre-gobierno-petro-y-eln-esto-dijo/?s=09 4. "La alerta del fiscal y otros incidentes: así fue el primer mes del cese al fuego con ELN", El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cese-al-fuego-con-eln-balance-del-primer-mes-plan-atentado-del-fiscal-barbosa-y-secuestro-de-soldado/ 5. "Instalan otras 6 sedes regionales de mecanismo de verificación de cese al fuego con ELN”, El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cese-al-fuego-con-eln-instalacion-seis-sedes-regionales-del-mecanismo-de-monitoreo-y-verificacion/ 6. "La participación es el corazón del proceso de paz": 7. “La paz no es un acuerdo en un papel, sino un proceso de creación de nuevas circunstancias”, entrevista de La Tizza con Antonio García, Primer Comandante del ELN: https://medium.com/la-tiza/la-paz-no-es-un-acuerdo-en-un-papel-sino-un-proceso-de-creaci%C3%B3n-de-nuevas-circunstancias-90922d37b8f2 8. "Enfrentamientos FARC y ELN dejan más de mil desplazados en Puerto Rondón, Arauca": 9. "FARC le dice al ELN en Arauca: "Esta guerra es absurda": Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Verdad Abierta y Diario del Cauca La región del Cauca se encuentra inmersa en una crisis desencadenada por la escalada de violencia protagonizada por las disidencias de las antiguas FARC-EP. Esta situación ha llevado al Ejército Nacional a poner en marcha la operación militar conocida como "Trueno", con el objetivo de restablecer el completo control sobre el municipio de Argelia. Desde hace aproximadamente unas semanas, alrededor de mil hombres han sido desplegados en esta zona. A partir del pasado 22 de agosto, un grupo de fuerzas especiales estuvo preparando su equipamiento para, posteriormente, cumplir con la orden de despliegue en el territorio. Estos enfrentamientos han llamado la atención del presidente Gustavo Petro, quien ha destacado que esta no es una lucha fácil ni comparable con los bombardeos del pasado. La operación militar busca no solo restaurar la seguridad en la zona, sino también transformar la economía ilícita de la región en una economía lícita basada en la producción de café y cacao, con un enfoque en la participación activa del campesinado y las etnias locales. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), enfatizó que el conflicto en el Cauca debe entenderse en un marco temporal más amplio, considerando el período post-acuerdo posterior al acuerdo final con las FARC-EP. Durante este tiempo, el Cauca ha sido testigo de una dualidad histórica entre la paz y la resistencia, siendo escenario tanto de conflictos resueltos como de la incubación de nuevos ciclos de violencia. La actual crisis que se ha venido gestando durante al menos cuatro o cinco años, representa una oportunidad perdida después de que los indicadores de violencia y victimización disminuyeran drásticamente tras el acuerdo de paz con las FARC en 2018. Es importante destacar que la región del Cauca es muy diversa en términos culturales y geográficos, abarcando desde la Costa Pacífica hasta zonas montañosas, selvas amazónicas, páramos y valles interandinos. Esta diversidad a menudo se subestima, ya que la atención suele centrarse en el norte del Cauca, donde se encuentran las organizaciones campesinas, indígenas y afro más influyentes, y donde la infraestructura y el desarrollo están más presentes. La confrontación se concentra en el corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, donde la subestructura Carlos Patiño, vinculada a las disidencias de las FARC, ha establecido un centro de acopio de cocaína producida en la región. Utilizan las montañas circundantes como rutas para el transporte de la droga hacia el Pacífico, lo que ha creado una situación tensa marcada por disparos ininterrumpidos y la presencia de trampas explosivas. Las investigaciones han revelado que este grupo delictivo ejerce control sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico y coaccionaba a la población local mediante el uso de la violencia y amenazas. Las operaciones militares en curso tienen como objetivo desmantelar estas estructuras criminales que han ocupado territorios de manera violenta, restableciendo así la seguridad y el orden en las regiones afectadas. A pesar de los riesgos inherentes, las fuerzas armadas se mantienen comprometidas en garantizar la tranquilidad de las comunidades afectadas por estas disidencias. El general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante General de las Fuerzas Militares, ha ordenado el aumento de las operaciones en El Plateado, con el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. El coordinador de la Oficina Pacífico de Pares informó que, según sus estimaciones, entre 1.800 y 2.000 hombres armados están actualmente presentes en la región del Cauca. Además, hizo énfasis en que la Operación “Trueno” ha sido posible en parte gracias a un cambio en la relación entre el Ejército y las comunidades locales. Torres explicó que se ha construido un mayor nivel de confianza, lo que ha permitido que el Ejército actúe dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, facilitando así las operaciones militares destinadas a desmantelar las estructuras criminales, como el Bloque Occidental de las disidencias de las FARC, que ha adquirido un gran poder militar y capacidad de reclutamiento en la región. Alias "Kevin", líder de la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las FARC, es señalado como el responsable de las acciones criminales en la zona. Este grupo continúa coaccionando a la población civil mediante la violencia y la limitación de servicios básicos, con el propósito de instrumentalizar a las comunidades en contra del Ejército Nacional y la institucionalidad del Estado. Además, obstaculizan la comunicación de los pobladores, afectando el suministro eléctrico y colocando artefactos explosivos improvisados en los alrededores de los municipios, lo que amenaza el desarrollo cotidiano de la vida en estas comunidades. El comandante del Ejército, general Luis Ospina, ha ratificado el compromiso de las tropas de mantener su presencia constante en el Cauca y continuar con los operativos hasta lograr un control total en El Plateado. La situación en la región también ha sido presentada ante el Congreso de la República, donde el representante a la Cámara, Jorge Bastidas, ha hecho un llamado al Gobierno para tomar medidas en los municipios ubicados en la cordillera occidental, incluyendo Argelia, El Plateado, El Tambo y el Cañón del Micay, donde miles de personas viven bajo el constante temor de la violencia. Juan Manuel Torres subraya que el proceso de pacificación y reconciliación en el Cauca es un desafío complejo y que se necesita una estrategia integral que involucre a las comunidades locales y aborde las causas subyacentes del conflicto. También destaca la importancia de la diversidad cultural y geográfica del Cauca, y la necesidad de considerar todas las regiones en la búsqueda de soluciones. Finalmente, Torres destaca que los recientes acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central se llevaron a cabo en medio de la operación militar “Trueno” y enfrentamientos en varios municipios. Estas operaciones del Ejército pretenden demostrar su capacidad militar y pueden influir en la disposición de las disidencias a negociar. La crisis en Cauca es un recordatorio de los desafíos persistentes que enfrenta Colombia en su búsqueda de la paz y la estabilidad en las regiones afectadas por grupos armados ilegales. Mientras que la operación “Trueno” busca restaurar el control en Argelia, la atención se centra en la transformación de una economía basada en actividades ilícitas hacia una economía lícita que promueva el desarrollo sostenible y la participación activa de las comunidades locales.

Por: Nataly Páez, Asistente de Investigación Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: El Colombiano Tras la culminación del primer mes de cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN, evidenciamos una reducción significativa de acciones armadas durante el mes de agosto. De acuerdo a los registros adelantados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), durante el mes de agosto se perpetraron cuatro combates en los que participó el ELN, los cuales generaron 3 hechos de confinamiento, 1 de desplazamiento y 1 hostigamiento a la fuerza pública. El proceso para obtener este avance ha representado un extenso trayecto, permeado por escenarios de tensión en la mesa de diálogos, así como intensificación de hostilidades en algunos meses y reducción de acciones violentas en otros. A continuación, analizaremos los hechos contextuales bajo los cuales se enmarcan cada uno de estos periodo de auge y disminución de acciones armadas del ELN, considerando el periodo enero-agosto 2023: Durante los primeros tres meses del año las acciones armadas perpetradas por el ELN en promedio estuvieron por mes entre 16 y 28 acciones en total, entre las cuales se incluyen: enfrentamientos, ataques a la fuerza pública y ataques a la población civil. En el mes de enero, este actor armado se enfrentó principalmente con la fuerza pública y consumó 7 ataques a la población civil, fue tal vez uno de los meses más polémicos, en el que se generó tensión entre las partes debido a la declaración del cese al fuego bilateral anunciada por Gustavo Petro y refutada por el ELN como un anuncio unilateral no pactado en la mesa de diálogos. Para el mes de febrero, el Comando Central del ELN denunció la ejecución extrajudicial de siete guerrilleros a manos de integrantes de las Fuerzas Armadas, a orillas de río Raposo (zona rural de Buenaventura). Este hecho generó indignación por parte del grupo armado y pese al descenso de combates a lo largo de ese mes, se evidenció un aumento de ataques a la fuerza pública. En el mes de marzo, durante el desarrollo del segundo ciclo de diálogos, incrementaron considerablemente las acciones ofensivas a un total de 28. Este incremento de hostilidades se enmarca bajo un escenario de indignación nacional frente al ataque del ELN en contra de la fuerza pública en Villanueva, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Integrantes de la Segunda División del Ejército fueron atacados con explosiones de tatucos y ráfagas de fusil a las 3:00 am mientras dormían. En el hecho fallecieron nueve soldados, de los cuales siete se encontraban prestando servicio militar y uno de los heridos era perteneciente al pueblo wayúu. El ELN se refirió a este ataque por medio de un comunicado afirmando que era una respuesta a la militarización de la región y, por otra parte, se refirió a lo ocurrido el anterior 28 de enero en zona rural de Buenaventura, en donde siete de sus integrantes fueron asesinados, por ello, aseguró que mientras continuaran aterrorizando y asesinando a la población civil, seguirían combatiendo militarmente a la fuerza estatal. Asimismo, Antonio García, comandante del ELN manifestó a través de Twitter que: “Desde enero del presente año el ELN ha recibido una serie de ataques y jamás existió pronunciamiento alguno ni de funcionarios del gobierno ni de los medios de información, señalando dichos ataques contra el ELN como atentados contra la paz”, y por consiguiente “El ELN tiene el derecho de responder los ataques que recibe [...]”: En consecuencia, a lo largo del mes de abril continuaron las hostilidades, registrando un total de 27 acciones armadas, en las cuales aumentaron los combates y disminuyeron los ataques a la fuerza pública pese a las declaraciones ofensivas por parte del ELN. No obstante, el panorama es alentador durante el mes de mayo, en el cual se evidencia una reducción de acciones armadas a un total de 16, esta reducción coincide con el desarrollo del tercer ciclo de diálogos, en el cual se pactaron los avances más históricos entre el ELN y el Gobierno Nacional; se acordó el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) y se pactó la creación del Comité Nacional de Participación (CNP). Nuevamente, para el mes de junio, después del tercer ciclo de negociación en la Habana, aumentaron a 20 las acciones violentas perpetradas por el ELN. incrementaron los combates y los ataques a la población civil, y disminuyeron los ataques a la fuerza pública. El aumento tanto de enfrentamientos y ataques a la población civil responde a la disputa por el control territorial de esta guerrilla con el Clan del Golfo, principalmente en el departamento de Chocó. Durante el siguiente mes, se conmemoraron los 59 años de la fundación de este grupo armado, de manera que se evidenció una intensificación en el accionar armado, aumentando tanto los ataques a la Fuerza Pública como a la población civil. Al igual que en años anteriores, esta conmemoración no es más que una muestra probablemente de fortaleza y simbolismo asociado a la identidad del grupo. En síntesis, a lo largo del año se han presentado periodos de intensificación y disminución en el accionar armado por parte del ELN, lo cierto es que tras el cese al fuego bilateral que entró en vigor el pasado 03 de agosto, las acciones disminuyeron un 63% con respecto al promedio de acciones registras entre enero y julio. Pese a esta desescalada de violencia, es necesario preguntarse: ¿el carácter bilateral de este cese al fuego solo comprende a la fuerza pública?, ¿cómo se relaciona este proceso con la presencia de otros grupos en territorios de disputa armada? En ese orden de ideas, es esencial buscar sincronicidad y coexistencia frente a los nuevos escenarios de diálogo con otros grupos armados ilegales, esto teniendo en cuenta la disputa territorial de esta guerrilla con otros actores armados. Asimismo, es indispensable la vocación de continuidad de este cese al fuego bilateral con el ELN, que permita una disminución de hostilidades de tal manera que no solo se alivien los escenarios de violencia que padecen las comunidades, sino que también se genere un espacio más propicio para el diálogo, en donde las partes aborden las causas del conflicto así como las consecuencias del mismo, en el cual las víctimas participen de forma activa, de manera que sus experiencias y vivencias desempeñan un papel fundamental en la construcción de una paz posible y duradera.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El País Este lunes 11 de septiembre, se llevó a cabo la presentación oficial del informe titulado “Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia 2022” por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este documento revela datos que arrojan luz sobre la situación actual del cultivo de coca en el país. El informe de la UNODC, basado en datos recopilados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) hasta el 31 de diciembre de 2022, pone de manifiesto una realidad alarmante: Colombia ha vuelto a superar cifras récord en el cultivo de coca. En 2022, se registraron un total de 230.000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un aumento del 12,7% con respecto al año anterior y un asombroso 43% más que en 2020. El informe también destaca que este aumento desproporcionado no es homogéneo en todo el país. En las zonas fronterizas, la variación del área sembrada fue del 21%, mientras que hacia el interior del país, a 10 kilómetros de la frontera, se concentró cerca del 50% del incremento neto. Esto plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y el control institucional en estas regiones, donde los cultivos de coca siguen floreciendo. Uno de los hallazgos más inquietantes es que la producción potencial de clorhidrato de cocaína ha alcanzado las 1,738 toneladas métricas, manteniendo una tendencia al alza que se ha consolidado desde 2013. Esto subraya la magnitud del problema del narcotráfico en Colombia y su impacto en la escena internacional. En cuanto a la distribución geográfica de los cultivos de coca, el informe resalta que el mayor aumento se registró en el departamento de Putumayo. A nivel municipal, Tibú, en Norte de Santander, lidera con aproximadamente 22.000 hectáreas cultivadas, manteniendo cierta estabilidad en comparación con 2021. Tumaco, en Nariño, y Puerto Asís, en Putumayo, le siguen en términos de área cultivada con coca, habiendo aumentado conjuntamente su superficie en más de 6.500 hectáreas con respecto al año anterior. Además, se revela que el 49% de los cultivos de coca se encuentran en zonas de manejo especial, incluyendo tierras de comunidades negras, reservas forestales, resguardos indígenas y parques nacionales naturales, y que el 65% del total de los cultivos se concentra en Putumayo, Nariño y Norte de Santander. El informe también identifica la creación de un nuevo enclave con 1.436 hectáreas entre los límites de Cauca y Valle del Cauca, denominado “Timba-Jamundí-Buenos Aires”. El Catatumbo, por su parte, alberga el enclave con la mayor área de coca, registrando cerca de 28.000 hectáreas, lo que representa el 30% del total de enclaves y el 12% de los cultivos en todo el país. La situación en Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador, es especialmente crítica, con un aumento del 77% en los cultivos de coca. Sin embargo, el aumento en el área cultivada en el resto de Colombia, excluyendo Putumayo, fue de apenas el 3%. Nueva política de drogas de Petro En medio de este panorama desafiante, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el pasado sábado 09 de septiembre una nueva política nacional de drogas. Este ambicioso plan tiene como objetivo reducir la producción de cocaína en un 40%, pasando de las 1.738 toneladas métricas actuales a 900 toneladas al año. Además, busca disminuir las hectáreas cultivadas en un 40%, de 230.000 a 150.000 hectáreas. La nueva política de drogas de Petro se basa en ocho ejes estratégicos: Transformación territorial: busca apoyar la transición de economías ilícitas a legales en las áreas afectadas por el cultivo de coca. Mitigación de impactos ambientales: aborda las consecuencias ambientales de la producción ilegal de drogas. Atención a población vulnerable: se centra en brindar atención a comunidades afectadas por el mercado urbano de drogas. Enfoque en salud pública y derechos humanos: ofrece medidas para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Afectación de actores estratégicos: se dirige a desmantelar las estructuras criminales del narcotráfico. Regulación terapéutica y médica: busca avanzar en los usos terapéuticos, científicos y médicos de las sustancias. Promoción de información basada en evidencia: busca cambiar la percepción pública sobre las drogas. Participación en discusiones globales: aboga por revisar las normativas internacionales sobre drogas. Una de las características más destacadas de esta política es el enfoque en la persecución de las mafias de narcotraficantes y del lavado de activos, mientras que se propone dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de hoja de coca, en su mayoría personas de bajos recursos. Se ofrecerá a estos campesinos una variedad de opciones para la transición hacia actividades económicas legales, como apoyo a negocios y otros cultivos, terrenos de reforma agraria y el uso de hoja de coca para fines no narcóticos. A pesar de estas medidas, algunos críticos han señalado que la política podría ser más audaz, despenalizando sustancias como la marihuana o incluso la cocaína. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que esto se debe a que la legislación internacional aún no permite tal regulación, y el Código Penal colombiano prohíbe el consumo de drogas. No obstante, Osuna indicó que el país está dispuesto a liderar cambios en la regulación internacional en el futuro. La lucha contra el narcotráfico y el cultivo de coca en Colombia es un desafío complejo y multifacético. La presentación del informe de la UNODC y la nueva política de drogas de Petro son pasos en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Sin embargo, queda por verse cómo se implementarán estas medidas y si lograrán revertir la tendencia preocupante en el aumento de los cultivos de coca en el país. Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó que la política de drogas actual no está intrínsecamente vinculada a una reforma social, ya que no requiere necesariamente la aprobación del Congreso. De hecho, subrayó que, como se ha informado en varios medios, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene previsto implementar esta política a partir de mediados de octubre. Además, señaló que se ha llevado a cabo un proceso de consulta con más de 2,500 personas para su formulación. Valencia explicó que esta política se enmarca en el lanzamiento del informe de SIMCI y la UNODC y se relaciona con la política de drogas que cada Gobierno presenta. Sin embargo, solo podría considerarse una reforma en la medida en que el plan integral que se propone lo permita. Según el investigador nacional, esta política es viable, pero es crucial examinar la asignación de recursos previstos para su implementación, ya que involucra la colaboración de múltiples instancias, como el Consejo Nacional de Estupefacientes. La coordinación con otras entidades puede dar lugar a procesos burocráticos, algo común en políticas de esta envergadura. Aunque se reconoce su enfoque integral centrado en las comunidades, se plantea una meta ambiciosa de reducción de 90.000 hectáreas para 2026, lo que equivale a una disminución del 43%. Aunque es una meta encomiable, también podría representar un desafío para el Gobierno. Las estrategias clave de esta política se centran en reducir la dependencia de las comunidades de los cultivos de coca como fuente de sustento en las zonas marginadas, así como en abordar directamente los enclaves de cultivo de coca y otros cultivos ilícitos, como se observa en el suroccidente, específicamente en la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que ha emergido como un nuevo enclave para el narcotráfico y el cultivo ilícito. Es importante considerar la complejidad de implementar esta política, dado el interés de algunos grupos armados que se financian a través de actividades ilegales. En particular, en el suroccidente, donde hay una proliferación de grupos armados. Cabe resaltar que históricamente, la política de drogas de Colombia ha estado influenciada por los intereses de Estados Unidos y su financiamiento, por lo que la falta de resultados podría resultar en una reducción de la financiación. Es crucial evaluar la cantidad de financiamiento disponible por parte de los Estados Unidos y otros actores internacionales.

Por: Redacción Pares Semana del 11 al 17 de septiembre del 2023 El Comité Nacional de Participación deberá presentar en los próximos días la programación de los eventos sectoriales y regionales para adelantar la consulta de cómo debe ser la participación y desde esos insumos construir el plan nacional de participación que deberá ser llevado adelante en el 2024. La semana pasada se dieron varios espacios de intercambio sobre este proceso entre el Gobierno y el ELN: en el Calima hubo una reunión con liderazgos del mundo afro e indígena, en la que participaron integrantes de la delegación de diálogo del Gobierno y de los gestores de paz del ELN, así como foros en la Universidad Pedagógica, en Cúcuta, por mencionar algunos. Esto muestra que se viene desplegando un proceso de diálogo, formulación de propuestas de participación y expectativas frente a este proceso de paz. En varias regiones persisten graves situaciones humanitarias producto de la continuidad de los enfrentamientos entre el ELN y otras organizaciones con las que se disputa la presencia territorial, entre las que sobresalen los choques en Samaniego, con disidencias de las FARC, al igual que en Arauca. El martes 12 de septiembre la estructura del Frente de Guerra Occidental entregó en el Medio San Juan a dos civiles que estaban en su poder y que acusan de trabajar con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Para esta liberación fue clave la mediación de las organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. No hay noticias sobre el proceso de completar el mecanismo de verificación del cese bilateral y sigue la expectativa por la llegada de un grupo de verificadores internacionales que se integrarán a la Misión de la ONU para poder adelantar a cabalidad está importante tarea. 1. Políticas Públicas. Senador Iván Cepeda habla de la negociación con el ELN: 2. Otty Patiño: "uno comprueba si una paz es buena si las mujeres dejan de sufrir": https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/otty-patino-uno-comprueba-si 3. Podcast. Espacio sobre el Comité Nacional de Participación de la Mesa de diálogos Gobierno Colombiano – ELN: 4. Procuradora sobre proceso de paz con ELN: “a pesar del cese al fuego, seguimos recibiendo noticias de alteraciones al orden público”: https://www.semana.com/nacion/articulo/procuradora-sobre-proceso-de-paz-con-eln-a-pesar-del-cese-al-fuego-seguimos-recibiendo-noticias-de-alteraciones-al-orden-publico/202323/ 5. Zona del Bajo Calima será el primer territorio de paz del proceso de diálogo Gobierno-ELN: https://news.eseuro.com/local/2243105.html 6. “Hay una clara complicidad de ejército y paramilitarismo”: ELN en Chocó. https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/hay-una-clara-complicidad-de-ejercito-y-paramilitarismo-eln-en-choco/ 7. Las nueve zonas de Colombia en riesgo extremo para las elecciones del 29 de octubre”: https://caracol.com.co/2023/09/16/las-nueve-zonas-de-colombia-en-riesgo-extremo-para-las-elecciones-del-29-de-octubre/ 8. Petro pide sacar a Cuba de lista de países que apoyan el terrorismo: https://caracol.com.co/2023/09/16/petro-pide-sacar-a-cuba-de-lista-de-paises-que-apoyan-el-terrorismo/ 9. Más de 1400 personas a la deriva por nuevo desplazamiento forzado de comunidades en Nariño: https://cambiocolombia.com/pais/mas-de-1400-personas-la-deriva-por-nuevo-desplazamiento-forzado-de-comunidades-en-narino 10. Nariño, Chocó y Cauca: los departamentos más afectados por la violencia en Colombia: https://noticias.caracoltv.com/colombia/narino-choco-y-cauca-los-departamentos-mas-afectados-por-la-violencia-en-colombia-rg10 11. ELN en Arauca: enorme desafío para la política de paz total: https://cambiocolombia.com/conflicto/eln-en-arauca-enorme-desafio-para-la-politica-de-paz-total Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: periferiaprensa.com En el corazón de un país marcado por décadas de conflicto, un rayo de esperanza emerge en la región del Bajo Calima, ubicada en el Valle del Cauca de Colombia. Esta región, una vez asolada por la violencia y el desplazamiento forzado, se está transformando en el primer territorio de paz gracias al acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el cuarto ciclo de negociación. (Ver: ¿Cómo concluyó el cuarto ciclo de negociación entre el Gobierno y el ELN? ) Desde los primeros diálogos entre las partes involucradas, uno de los acuerdos más destacados se centró en la implementación de alivios humanitarios en zonas específicas de alta intensidad de conflicto. El Bajo Calima, que había sufrido durante años la confrontación entre esta guerrilla y la fuerza pública, se convirtió en un punto clave para la entrega de estas medidas de paz. Horacio Guerrero, miembro de la delegación del Gobierno Nacional, reveló que esta región sería la primera en experimentar un cese al fuego y se convertiría en un faro de paz en medio de las conversaciones en curso, cuyo quinto ciclo se llevaría a cabo en México. Según Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), un territorio de paz es el resultado de una política de paz integral. Torres señaló que Buenaventura ha sido designada como el punto de partida para esta política de paz integral, un proceso altamente específico en el ámbito urbano. Además, subrayó que se ha identificado la existencia de tres conflictos en Buenaventura: uno urbano, otro relacionado con los ríos del sur, que involucra a las disidencias y al ELN, y un tercero en el norte, específicamente entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El coordinador de la Línea Pacífico destacó que el primer territorio de paz, conocido como Bajo Calima, es de gran importancia debido a su vasta extensión y a su papel crucial como nexo entre Buenaventura, en el Valle del Cauca, y el sur de Chocó. Estas dos cuencas, la del río Calima y la del Bajo San Juan, tienen una relevancia estratégica en esta iniciativa. Por lo tanto, la selección de este primer territorio de paz se basa posiblemente en la idea de abordar una región que ha experimentado un rápido deterioro en los últimos dos años y que comparte historias entrelazadas. A pesar de su lejanía y el hecho de que se les haya considerado zonas marginadas con una economía arraigada, Torres cree que estos territorios pueden ser el punto de partida adecuado para la implementación de la política de paz integral. El coordinador también resaltó el papel de la iglesia, la sociedad civil y las comunidades étnicas que han estado trabajando activamente para alcanzar la situación de establecer esta región como un territorio de paz. En consecuencia, Juan Manuel Torres recibe positivamente esta iniciativa. El proceso hacia la paz en el Bajo Calima comenzó con un importante hito en septiembre: un diálogo conjunto entre las comunidades étnicas de la zona. El principal objetivo de este encuentro era garantizar el retorno de estas comunidades a sus hogares, después de años de desplazamiento forzado debido al conflicto armado. Esta reunión tuvo lugar en Las Colonias, cerca de la entrada del río Calima, donde los miembros de los pueblos raizales e indígenas expresaron la urgencia de establecer condiciones de seguridad que les permitieran regresar a sus territorios, reanudar sus proyectos productivos y asegurar el acceso a servicios básicos. Horacio Guerrero destacó que estas medidas de paz no se limitaban al Bajo Calima, ya que también se estaban implementando alivios humanitarios en el Medio San Juan, ubicado en el Chocó. En ambas zonas, las delegaciones de ambas partes trabajaron juntas para supervisar la implementación del cese bilateral al fuego y escuchar las preocupaciones de las comunidades afectadas por la violencia. El negociador del ELN anunció con optimismo que los miembros del pueblo Wounaan comenzarían su proceso de retorno a sus tierras a partir del 12 de octubre. Se espera que para fin de año, todas las comunidades desplazadas en la región regresen a sus lugares de origen. Este compromiso es particularmente significativo, ya que más de 20 comunidades negras y ocho comunidades indígenas están ansiosas por regresar a sus raíces, restaurando así sus lazos con la tierra y la cultura que han sido interrumpidos por décadas de conflicto. El acuerdo en el Bajo Calima es el resultado del “marco político para la realización de acciones humanitarias”, el primer acuerdo pactado en Caracas al cierre del cuarto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Este marco establece los principios que guiarán la implementación del cese al fuego, incluyendo la creación de “zonas críticas para las acciones humanitarias” en el Bajo Calima, San Juan, Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. En estas áreas, se llevarán a cabo acciones humanitarias para garantizar el cumplimiento del cese al fuego bilateral y la participación activa de las comunidades en proyectos de paz y desarrollo social, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación. Juan Manuel Torres explicó que la identificación de zonas críticas involucra una combinación de múltiples factores, entre los cuales se destaca la presencia y la influencia del ELN, particularmente en actividades de organización y resistencia en colaboración con las bases sociales, así como el establecimiento de relaciones con diversas comunidades étnicas. Torres mencionó que existen varias zonas críticas, como Bajo Calima y Bajo San Juan. Bajo Calima fue la primera en ser designada como zona crítica antes de ser transformada en un territorio de paz, marcando así una transición significativa. El coordinador de la Línea pacífico señaló que estas áreas incluyen el Bajo Cauca, el Nordeste, el Sur de Bolívar, Arauca, y aunque en menor medida, también han sido objeto de acciones humanitarias, resultado de lo que ahora se denomina “alivios humanitarios”. Por lo tanto, se están abordando situaciones más integrales que buscan aliviar las condiciones actuales. Torres sugirió que la elección de estas zonas en lugar de otras responde a decisiones políticas y estratégicas. Además, el coordinador de la Línea Pacífico de Pares destacó que se ha llevado a cabo un seguimiento riguroso del Cese al Fuego bilateral. La implementación de acciones humanitarias y la designación de territorios de paz se consideran enfoques esenciales para verificar y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Torres también hizo énfasis en el retorno de comunidades indígenas y afrodescendientes, subrayando que desde hace dos años han estado en Buenaventura debido a los enfrentamientos. Para el coordinador, los alivios humanitarios pueden contribuir al cumplimiento del Cese al Fuego bilateral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen otras organizaciones actuando en cada una de las regiones. En el caso del Bajo Calima, se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con quienes se ha perdido cualquier tipo de acercamiento. Torres considera que es necesario establecer una estrategia de diálogo con estos actores si se desea que estas zonas se conviertan verdaderamente en territorios de paz. Además, el coordinador mencionó que hay una serie de actores en juego y que se abordarán numerosos temas en estos territorios de paz. Finalmente, uno de los desafíos que podría enfrentar la implementación de las acciones humanitarias es la presencia de otros actores armados, que han causado impactos humanitarios significativos. Juan Manuel Torres explicó que durante dos años, la población se vio obligada a desplazarse, prácticamente viviendo como refugiados en Buenaventura debido al acoso que sufrieron en su infraestructura pública. Esta situación resultó en un notable éxodo de la población. Un ejemplo concreto fue en la colonia, la población tuvo que convivir con estos grupos armados en medio de su comunidad. Por lo tanto, es crucial considerar la presencia de actores armados, los graves impactos humanitarios ocurridos, y especialmente, la constante falta de cumplimiento de compromisos en regiones como esta. Además, estas áreas presentan desafíos adicionales debido a su difícil acceso, la escasez de infraestructura y la persistente pobreza, lo que complica aún más la situación. El Bajo Calima se perfila como un faro de esperanza en un país que busca poner fin a décadas de conflicto armado. Este acuerdo puede ser un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de una paz duradera en Colombia. A medida que las comunidades étnicas regresan a sus hogares y se reanudan proyectos productivos, el Bajo Calima se convierte en un símbolo de lo que es posible cuando se prioriza el diálogo y la cooperación sobre la violencia y la confrontación.