Yo tan viejo que estoy y me dan dolores que me desesperan, que no sé qué hacer. Esto no es digno… No aguanto, ni quiero más cosas, no quiero más torturas”. Fue hace algunos meses, es la voz de Ovidio González, quien reclamaba el derecho a la eutanasia. La logró. Fue una victoria de un anciano en la lucidez de sus últimos días frente a un médico que bajo la dictadura de sus convicciones quería vulnerar la libertad y el derecho de un ser atormentado y valeroso. He recordado estas palabras muchas veces. Vinieron a mi memoria cuando la Corte Constitucional dio vía libre a la adopción por parte de parejas gais; cuando Alejandro Gaviria, ministro de Salud, dijo que era partidario de autorizar el aborto en todas las condiciones; cuando salió la noticia de la legalización del uso medicinal de la marihuana, se suspendieron las fumigaciones con glifosato y se hicieron cambios en la política antidrogas; vienen a mi memoria cada vez que se habla de abrir la democracia para que pasen por su aro grupos marginados por la fuerza o por la costumbre de la competencia política. Estos anuncios son de la misma estirpe de aquellas palabras. Hablan de la libertad, del individuo, de las minorías. Han irrumpido con la fuerza de un vendaval en la vida colombiana. Están sacudiendo a la sociedad. En medio de nuestra guerra y nuestra torpe lejanía de la modernidad olvidamos que la democracia tiene su fundamento en una hermosa paradoja: asegura para las mayorías la preeminencia y el gobierno, pero consagra, a la vez, para el individuo y para las minorías el respeto, la tolerancia y el goce de sus derechos. No hay democracia si el gobierno, aún con la legitimidad que le da recibir la votación copiosa de la población, sojuzga al individuo o constriñe y excluye a las minorías. Es un momento virtuoso de la vida colombiana y encarna una reacción frente a la primera década del siglo. Al empezar el milenio una sagaz corriente política, apuntalada en el miedo de una nación agredida y desconcertada, consiguió capturar a la opinión pública y establecer unas cómodas mayorías electorales y prevalida de este poder se propuso esculpir la impronta del conservadurismo y la intolerancia en el rostro adolorido de la sociedad colombiana. Logró bastante. Pero ahora esa marca se deshace poco a poco. La contracorriente no tiene unidad ni signo. Son manifestaciones ciudadanas como la protagonizada por Ovidio González y su familia. O reclamos y demandas como las impulsadas, con una persistencia admirable, por los homosexuales en la lucha por su matrimonio y por la posibilidad de adoptar. O un simple gesto como el de las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez quienes hicieron pública su relación de pareja. O decisiones y declaraciones de funcionarios y de altos tribunales en temas tan sensibles como los cultivos de uso ilícito y el tráfico de drogas o la impresionante recurrencia al aborto ilegal con su secuela de muertes. O la apuesta por la paz en medio de agudas controversias. La batalla seguirá y no soy tan ingenuo para pensar que del lado de la impugnación a estos reclamos y aspiraciones de sectores de la población están solo el procurador Ordóñez y el Centro Democrático. Una parte importante del establecimiento político aún bebe de estas fuentes solo que ahora pasan de agache como ocurrió a la hora de legislar sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, escurrieron el bulto y le dejaron la decisión a la Corte Constitucional. También hay sectores de las Iglesias numerosas e influyentes que cabalgan contra la liberalización de la conciencia y la sociedad. Ya Viviane Morales, una senadora de posiciones progresistas en otros campos, ha insistido en un referendo contra la adopción gay. Ahora bien, para que estas decisiones, iniciativas y declaraciones muestren su bondad y su aporte a una sociedad más equilibrada, más justa y más tranquila es menester que se desaten otras acciones de parte de organizaciones sociales y de autoridades locales y nacionales. Para que se afiance la práctica del aborto en los casos que ahora autoriza la ley y se abra paso la generalización de este derecho es obligatorio comprometer al gremio de los médicos, intensificar la educación sexual para disminuir los embarazos indeseados y mostrar una disminución real del aborto ilegal. También la práctica de la eutanasia requiere la liberalización del cuerpo médico y en eso es clave la labor de los sindicatos. La transformación de la familia y la solución para miles de niños que buscan un hogar es una gran apuesta cultural de los medios y de la escuela. Pero hay algo de urgencia. Desde Washington informan que los cultivos ilícitos están creciendo y esto se convierte en argumento contra los cambios de la política que se han operado. Se necesita un pacto inmediato entre Estado, guerrillas en proceso de paz y organizaciones sociales para detener la siembra, impulsar la erradicación voluntaria y dar los primeros pasos en la aplicación de los acuerdos de La Habana. Columna de opinion publicada en Revista Semana

Foto tomada de www.univision.com Todo lo que buscaba el Estado Islámico con sus macabros actos en París lo ha conseguido. Que Francia se lanzara a atacar ferozmente sus posiciones en Irak y Siria; que 1.000 voces se alzaran para repudiar las migraciones y el nacionalismo tuviera un nuevo aliento; que el miedo se tomara las calles de una ciudad milenaria y entonces el gobierno empezara a restringir libertades tan caras a un pueblo emblema de la democracia; que el mundo viera una vez más cómo la vida sucumbe ante las ideologías; que otra vez exista la tentación de sacrificar la libertad en el altar de la seguridad y de subordinar la agenda de derechos humanos a la agenda antiterrorista. Han logrado que Francia, que se negó a participar en la coalición entre Estados Unidos, España y el Reino Unido, después de la dolorosa tragedia de las Torres Gemelas, convoque ahora a una gran alianza para destruir al extremismo islamista agrediendo de paso a millones de musulmanes que nada tienen que ver con esta violencia irracional; y van a lograr, con seguridad, que se ahonde la brecha entre el gran mundo musulmán (más de 1.000 millones de personas) y Occidente. Es una victoria enorme, difícil, si no imposible, de evitar. La trama está inventada. En un grupo humano dominado por una ideología (en este caso la fusión entre una religión bella y la política adolorida de pueblos invadidos, agredidos y sojuzgados por potencias) quien ostente la consigna más radical y la acción más intrépida y más dura, quien esté dispuesto a inmolarse, tiene las mayores posibilidades de ganar el liderazgo de su bando y de exacerbar y unir a otro grupo diferente o rival. El Estado Islámico anunció como propósito “Acabar con quienes contradicen los preceptos del Corán e instaurar la ley islámica” y tiene como enseña “Golpear la cabeza de los no creyentes”; con esta imaginación van sobre los inermes y sobre su propia vida con la ilusión enorme de estar muy cerca de su Dios. Estas ideas y estas actitudes son poderosísimas en el mar de una ideología. Con solo dos años de proclamado el grupo y bajo la conducción de un líder sin mayores atributos, el inefable Abu Bakr, ya son más de 50.000 los milicianos y controlan una cadena de ciudades ricas de Irán y de Siria. Ya desconcertaron nuevamente a Occidente y lo obligaron a responder con la moneda más pedestre y la más vil, la moneda de la violencia, la exclusión y la restricción de las libertades. Ganaron todo en una noche, en una sola noche apesadumbrada y ciega. Así gana el fanatismo, así gana siempre el fanatismo. Una voz brilló en medio de la tragedia. Un joven francés, Antoine Leiris, que perdió a su esposa en el ataque al teatro Bataclan, pronunció una oración suprema de amor: “El viernes en la noche ustedes le robaron la vida a un ser de excepción, al amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero no tendrán mi odio, no les voy a hacer el regalo de odiarlos”. Y dijo más: “La he visto esta mañana después de días y noches de espera. Estaba tan guapa, tan hermosa, como cuando me enamoré de ella hace 12 años. Por supuesto estoy devastado por el dolor, les concedo esa pequeña victoria, pero será de corta duración. Sé que ella nos acompañara en este paraíso de las almas libres al que ustedes nunca tendrán acceso”. Sentí una gran tristeza, una tristeza enorme, cuando leía en las redes sociales a cientos de personas anónimas y a grandes personajes de la vida nacional de nuestra patria, seguidores de Uribe, invocando el dolor de Francia para proclamar el odio contra la paz que buscamos en Colombia. Decían, con la oscura ignorancia de un fanatismo de palabras, solo de palabras y de incitación, que se debía proceder contra las guerrillas tal cual procedía Occidente contra aquel terrorismo pleno de identidad con el nuestro. Tremendistas huecos que afortunadamente nunca osarían amarrarse a su cintura una sarta de bombas para pagar con su vida un ataque a sus enemigos jurados y gritar con su último aliento un viva a su idea de seguridad y a su líder carismático, cobardes. Pero hacen daño, mucho daño, con la insensatez de sus palabras. Hemos tenido la fortuna en América Latina de que no haya esa fusión aleve entre religión y política y así ideologías de cuño racionalista, sin declinar una grave lesión a la vida, han tenido una ocurrencia temporal y han terminado rindiéndose a la democracia o negociando con ella el final de la aventura. Ni los caudillismos, ni la gama de marxismos, han ido hasta el límite de ofrecer la vida con el entusiasmo de los terrorismos que ahora acosan a Europa y a Estados Unidos. Siempre ha habido un lugar para desistir y negociar. También, debo decirlo, las elites políticas ilustradas se han detenido en algún agujero de la barbarie y han retornado a la civilidad, es así nuestra América. Columna de opinión publicada en Revista Semana

En Colombia se puso de moda la palabra posconflicto, pero por mucho que se hable del tema y se diga que esta etapa en la vida de nuestro país, está muy cerca, muy poco se entiende lo que en realidad significa, sobre todo en las ciudades principales, Bogotá la primera de ellas. Algo que me sorprendió mientras hacía curso la campaña por la Alcaldía Mayor de Bogotá, es que el único que supo contestar la pregunta durante el debate por la Seguridad en Bogotá convocado por el diario El Espectador, FESCOL y la Fundación Paz y Reconciliación, se hizo a los candidatos de que como prepararía a la capital del país para una etapa de posconflicto, fue Enrique Peñalosa, quien en su respuesta prometió la construcción de vivienda de interés prioritario para víctimas de la violencia y desmovilizados de la guerrilla y un paquete de medidas de empleo y educación para estas personas. Ver video https://www.youtube.com/watch?v=bkijXzzYgGs Con la respuesta dada por el electo candidato, me pregunté si en la práctica este era el único que tenía claro que para que Bogotá responda a unos retos que impondría una realidad nacional, se requiere de un paquete de medidas pensadas desde la infraestructura sin meterle tanta filosofía al asunto.En Bogotá se está pensando más en el Metro, que en el posconflicto, cuando en realidad lo segundo llegará primero que el sistema de transporte que por tanto tiempo han esperado los ciudadanos en la capital. Pueda que suene un poco injusto con la capital del país que lleva más de 50 años esperando estrenar su primera línea de Metro, el problema es que muy pocos se han puesto a pensar en que si llega a dar la firma de la paz en Colombia, Bogotá será la ciudad que mayor número de personas desplazadas por la violencia y desmovilizadas de la guerrilla reciba. Por tanto los planes para estas dos poblaciones se deben pensar con anterioridad, cosa de que no termine por convertirse en un problema de grueso tamaño por no haber tenido en cuenta esta posibilidad. La capital del país ya pasó por un amargo momento cuando el entonces presidente Álvaro Uribe trajo a cientos de desmovilizados de los Autodefensas a vivir en albergues en las localidades de Teusaquillo y Chapinero en Bogotá, olvidándose que debían trabajar con ellos y la comunidad que sería su vecina, planes de convivencia porque era claro que se trataba de dos maneras vivir totalmente opuestas y que se podrían generar conflictos al estar en un mismo territorio. Además de lo anterior no tuvo en cuenta tampoco que debía preparar un paquete de medidas que les permitieran sostener a sus hijos y darles educación y vivienda, más allá de las medidas de emergencia que para ellos contemplaba la Ley de Justicia y Paz. Este problema no se puede volver a presentar en Bogotá, por tanto es claro que al Alcalde Electo Enrique Peñalosa, le corresponde trazar una metas a mediano plazo en planes que incluyan vivienda, empleo y educación para estas personas, sin perder la cabeza y sin dejarse llevar por la emoción, como le sucedió a Gustavo Petro, quien incluyó la construcción de 70 mil Viviendas de Interés Prioritario para Víctimas del Conflicto Armado en su Plan de Desarrollo, y hoy cuando estamos a las puertas del final de su administración, no se ha entregado la primera. Tampoco se puede seguir pensando en que la mejor manera de ofrecerles empleo a estas personas es a través de Misión Bogotá, con unos sueldos de miseria mediante Órdenes Prestación de Servicios. Lo ideal es que con el apoyo del Ministerio de Trabajo y el SENA, se busque la manera de vincular a estas personas con la empresa privada, donde se les garantice un contrato con las condiciones que la Ley exige, con un salario que a partir del Mínimo Legal Vigente, se encuentre acorde a su perfil y a su carga académica. Como también es claro que hay que evitar que sean atrapadas por las redes de criminalidad urbana, por eso las medidas que mencioné anteriormente, deben ser complementadas con un planes de seguridad urbana que deben ser apoyadas por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, no solo para que la inseguridad urbana en Bogotá no siga creciendo, sino además para que el conflicto no se traslade del campo a las ciudades. El reto para Enrique Peñalosa en su segunda alcaldía es bastante grande, no solo porque debe arreglar los problemas de movilidad, inseguridad, calidad de vida de los ciudadanos, que hereda de las últimas administraciones, sino además porque debe preparar planes en Bogotá, que permitan enfrentar una realidad de la que la capital parece no ser consciente. @sevillanojarami Columna de opinión publicada en www.eldiariobogotano.com

Pensé mucho en escribir esta columna, no sé si es políticamente correcta, pero explicaré argumentos de muchos analistas y expertos en temas de posconflicto y paz, sobre lo inconveniente de realizar un referendo o plebiscito por la paz, muchos de ellos no se atreven a decirlo públicamente. Actualmente el gobierno nacional planea dos estrategias para la refrendación de los acuerdos: por un lado, el plebiscito por la paz, que cursa en el Congreso de la República y que entre otras medidas plantea la reducción de umbral y la posibilidad de realizar campañas para el SI y el NO de forma equitativa. Por otro lado, en el Congreso también se tramita la creación de una comisión legislativa de alto nivel que se encargaría de aprobar todo lo referente al proceso de paz una vez este se firme, igualmente se le otorgarían facultades extraordinarias al presidente para que emita decretos con fuerza de ley en el marco de la firma de los acuerdos,  estas facultades no le permiten al presidente tocar la constitución o emitir leyes maco. Por su parte las Farc platean la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismos de refrendación popular y para la puesta en marcha de los acuerdos de paz. Sin embargo, es una Asamblea Nacional  Constituyente que se caracterizaría por ser corporativa, donde diferentes estamentos de la sociedad enviarían delegados, como los estudiantes, campesinos, indígenas, trabajadores entre otros. Los cierto es que al día de hoy no hay acuerdo entre las partes sobre los mecanismos de refrendación, sin lo cual es difícil avanzar el cierre de la negociación de paz. En todo caso, hay un debate en torno al plebiscito por la paz y se refiere a la necesidad y conveniencia del mismo. Quienes están a favor del plebiscito básicamente tienen dos argumentos: uno, que fue una promesa del presidente refrendar los acuerdos mediante una expresión popular, para ello se planteó inicialmente un referendo y ante la imposibilidad de realizarlo se optó por un plebiscito. Dos,  el proceso de paz necesita una legitimidad popular, que lo fortalezca y le de legitimidad. Sin embargo, la realización de un plebiscito por la paz es inconveniente. Los argumentos en contra son igualmente fuertes. A continuación expondré tres de ellos. Por un lado, la realización del plebiscito por la paz no es una obligación jurídica del gobierno, fue una promesa del presidente Santos pero este se puede o no hacer. De hecho el presidente Santos ganó en 2014 la elección presidencial con el claro mandato por la paz, la campaña se basó en la polarización entre un proceso de paz con las Farc y la otra opción era no realizarlo. De tal forma que la legitimidad del proceso entre el gobierno y las Farc está dada por mandato popular desde la elección de 2014. El segundo argumento para no realizar el plebiscito por la paz es que no ha habido una estrategia clara de pedagogía para la paz. Bajo el principio de que nada esta acordado hasta que todo esté acordado, ni el gobierno ni las Farc han desarrollado una estrategia de comunicación de los puntos positivos que traerá la firma de la paz al país. Ha sido la oposición del Centro democrático la que ha liderado la pedagogía por la paz sembrando duda y diciendo mentiras sobre el proceso de paz, como por ejemplo, manifestar que en La Habana se negocia la propiedad privada o que el presidente Santos le está entregando el país a las Farc. La conclusión sería que por votación popular Colombia estaría condenada a otros 50 años de guerra A ello se le suma que la sociedad urbana de Colombia no ha vivido de forma directa el conflicto armado y por eso no siente la necesidad de la paz, tampoco le han explicado los beneficios que traería la firma del proceso y por ende las posibilidades del que el referendo no logre la votación necesaria es alta. Más o menos la conclusión sería que por votación popular Colombia estaría condenada a otros 50 años de guerra. El tercer argumento es que el conflicto armado dejó una serie de “ganadores”, muchos de ellos se encuentran en la legalidad, se quedaron con la tierra despojada a campesinos, y saben que si hay proceso de paz les tocará devolver la tierra y decir la verdad. Por eso el proceso de paz vivirá fuertes resistencias en algunas zonas del país, y estos “ganadores”, que son élites políticas y económicas regionales se opondrán al proceso de paz. Alcaldes, gobernadores, algunos ganaderos harán hasta lo imposible para que el plebiscito fracase. Columna de opinión publicada en www.las2orillas.co

Los argumentos de quienes se oponen a una asignación de curules a las Farc tienen mucha fuerza y sentido. Se dice, en primer lugar, que sería torcerle el cuello a la democracia, que las reglas deben ser iguales para todos y las Farc, una vez incorporadas a la vida civil, deben ganarse el favor popular si quieren acceder a los órganos de representación del Estado. Se insiste que es una mala señal para la sociedad que a un grupo que ha causado tanto daño se le premie con ventajas políticas, y más puntualmente se rechaza que a jefes guerrilleros acusados de graves delitos se les permita entrar al Congreso o presentarse a otros cargos de elección popular. Se agrega que antes, mucho antes, del ejercicio político, los miembros de las Farc deben comparecer ante los tribunales de justicia acordados y pagar las condenas que se les impongan. Por último, se recurre a las encuestas que muestran un importante rechazo a la presencia de los insurgentes en el Parlamento. El problema de los dueños de estos argumentos es que saltan por encima de la historia del país y no se detienen a mirar las llagas de nuestra democracia. Volvamos a mirar de dónde viene esta guerra. Empezó cuando varios grupos políticos y sociales fueron excluidos de la vida democrática mediante el acuerdo de Frente Nacional entre liberales y conservadores, y se agrandó y se volvió más cruel después del fracaso del pacto de paz de Belisario Betancur y del genocidio de la Unión Patriótica. Quiero recordarles a los lectores que la Unión Patriótica, hija del acuerdo de paz entre Betancur y las Farc, obtuvo en su primera incursión en el escenario electoral 14 parlamentarios, así mismo 23 alcaldías por mano propia y 102 mediante coaliciones. Arrasaron a tiros con estas conquistas legítimas. Precisamente Iván Marquez, jefe de la delegación de las Farc, había llegado a la Cámara de Representantes en ese experimento y decidió volver al monte cuando empezó la matazón. No se necesita mucha imaginación para concluir que los voceros de la guerrilla piensan en esta tragedia a la hora de solicitar unas curules en medio de este nuevo proceso de paz. Lo hacen además, corrigiendo un grave error de los años ochenta, lo hacen suscribiendo a la vez la decisión de dejar por siempre las armas, no como en aquella oportunidad donde el compromiso era apenas una tregua que podía eventualmente desembocar en el fin del conflicto. No es la única justificación. Las dificultades que tendrán las guerrillas para hacer política serán mil veces más grandes que hace 30 años. Mientras el país se volcó sobre las ciudades los grupos subversivos se replegaron hacia las zonas de periferia y buscaron cobijo entre campesinos cocaleros y colonos marginados de la vida nacional. Ese será su primer entorno electoral. Reducido, precario. Más allá se la tendrán que ver con avezados políticos con los bolsillos llenos de dinero producto de la contratación estatal, del apoyo privado y de los negocios ilegales. Se dirá que esa es la suerte que se merecen, que serán víctimas perfectas de su propio invento. Pero esa no puede ser la lógica de la paz y de la ampliación de la democracia. El país necesita abrir espacios, revitalizar la competencia electoral, impulsar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, superar la exclusión, para que nadie, nunca más, tenga el pretexto de las limitaciones democráticas para alzarse en armas. La Mesa de La Habana ha trabajado con esa perspectiva de apertura democrática y, por eso, en el segundo punto de los acuerdos se anuncian, además de reformas importantes, unas zonas donde se establecerán circunscripciones especiales de paz que se harán realidad en las elecciones de 2018; allí se ampliará el cupo de parlamentarios y se les dará la oportunidad a las fuerzas que surjan de la paz para que elijan su representación. Pero las curules dadas en forma directa son un complemento necesario para que las Farc y probablemente el ELN hagan la transición de las armas y la ilegalidad a la política. De manera inteligente el acuerdo sobre justicia suscrito el 23 de septiembre no condiciona la participación política de las Farc. Eso permite que después de la firma de la paz y una vez se realice la dejación de las armas se puedan habilitar las curules que se convertirán en la única forma de representación de la guerrilla hasta 2018. Ahora bien, es probable que las Farc, si es que obtienen las curules, postulen a personas más allá de sus propias filas. Así lo hicieron hace 30 años. Sería una manera de hacer honor a la Unión Patriótica que trascendió la guerrilla y se convirtió en un movimiento independiente en abierta lucha por la paz del país. Nota. Por fin el gobierno está perfilando un mecanismo idóneo para buscar la refrendación de los acuerdos de paz. Sería bueno que las Farc examinaran el proyecto de plebiscito y se pronunciaran sobre su conveniencia. Columna publicada en Revista Semana

La Fundación Paz y Reconciliación fue creada en abril de 2013, como iniciativa de un grupo de personas como León Valencia, Ariel Ávila, Luis Eduardo Celis, Paola Núñez y Marta Ruiz, quienes deseaban aportarle al debate político nacional, sus investigaciones que sobre las dinámicas del conflicto armado en Colombia han venido realizando. Desde entonces a este equipo de personas se han venido sumando una serie profesionales de distintas matices que han aportado sus conocimientos y capacidades, enriqueciendo la labor de investigación académica que a diario realiza la Fundación Paz y Reconciliación y que han sido motivo de fuertes debates políticos en el ámbito nacional en los dos últimos años. Esta labor comienza a ser reconocida en el nivel nacional y  hoy la Fundación Paz y Reconciliación comienza  a posicionarse como una de las organizaciones de la sociedad civil con mayor grado de importancia, según la reciente Encuesta de Líderes de Opinión de Cifras y Conceptos. Damos las gracias a quienes han puesto su confianza en el trabajo nuestro y reiteramos nuestra disposición para continuar aportándole a nuestra Colombia, una esperanza de paz y reconciliación nacional. A todo el personal de la Fundación Paz y Reconciliación, mil felicitaciones por el desempeño, esfuerzo y dedicación en su trabajo. Descargue Encuesta Líderes de Opinión 2015

Lo voy a decir de una manera cruda: algunos dirigentes políticos se alegran del grave tropiezo que ha tenido la salud del vicepresidente. Lo he sentido así en comentarios que he oído. Me produce una enorme molestia respirar ese aire de mezquindad. Fue un gran acierto de Santos poner a Germán Vargas Lleras en la tarea de superar el gran atraso en las vías del país. Es difícil encontrar tanta energía, tanto liderazgo y tanta eficacia en una persona. Esas cualidades y los cuantiosos recursos que ha recibido para desarrollar su labor lo han convertido en un competidor duro para las elecciones presidenciales de 2018. Tendrá mucho que mostrar, tendrá mucho que decir. Eso es bueno para Colombia. La fortaleza de una democracia se mide, en buena parte, por la calidad de quienes compiten por liderarla, por las virtudes de quienes disputan los puestos de honor en la vida pública. Los rivales o críticos de Vargas Lleras deberían congratularse por tener a un competidor de sus condiciones en la arena política. Es de lamentar cualquier percance que disminuya su actividad y vulnere sus aspiraciones. Por fortuna, según los partes médicos y lo que me ha dicho su esposa Luz María, su recuperación va por buen camino. No se me escapa lo controversial que es la figura de Vargas Lleras. Quienes tienen ahora la ilusión de aclimatar la paz mediante la firma de los acuerdos y el cumplimiento irrestricto de lo pactado pueden sospechar que Vargas Lleras, en una eventual Presidencia, no será fiel a los compromisos. Quienes abogan por una renovación de la política y por una superación del clientelismo y la connivencia con factores de ilegalidad y mafias tendrán cuestionamientos al vicepresidente. Le pregunté de manera directa por los diálogos de La Habana cuando estos apenas comenzaban. Me dijo que no sería protagonista en ese tema, que sería muy discreto, pero en caso de que le correspondiera algún papel se la jugaría para que la paz tuviera éxito y, sin duda, honraría todo lo que Santos acordara. Con esa convicción me ha respondido cada vez que he pedido su ayuda o su consejo. Alguna vez me sorprendió Piedad Córdoba con una afirmación. Me dijo que era evidente que ella tenía muchas diferencias con Vargas Lleras, pero tenía una gran confianza en su palabra, que era de una sola pieza y cumplía punto por punto sus acuerdos y promesas. Que a ella le parecía un gran interlocutor político y un competidor leal. Digo todas estas cosas, que pueden sonar a lambonerías impropias de un columnista que se dice independiente, porque tengo la esperanza de que en las elecciones de 2018 la disputa política se dé alrededor de la mejor oferta para tramitar el postconflicto y la reconciliación nacional, y ahí la voz de Vargas Lleras será de enorme importancia. Será también imprescindible en las discusiones sobre la modernización del país: en vías, puertos, urbanización y nueva vocación productiva. Esta valoración de Germán Vargas Lleras no me ha llevado a callar las críticas a su partido, a la manera como componen las listas y otorgan los avales, a la forma de hacer política en las regiones, a la presencia de personas cuestionadas en sus filas. Se lo he dicho en público y en privado y creo que, en algunas oportunidades, he contribuido a tomar medidas contra jefes políticos comprometidos en alianzas poco deseables. Ahí tiene un gran reto Vargas Lleras para hacer honor al inicio de su vida política, a su bautizo en el movimiento que lideraba Luis Carlos Galán, principal impugnador de la corrupción a finales del siglo pasado. La competencia con el vicepresidente hará más exigente la política para quienes fueron los protagonistas directos de la paz. Para el Partido Liberal que tiene en sus manos las negociaciones de La Habana y la planificación del posconflicto y abriga a Humberto de la Calle y a Juan Fernando Cristo con sus aspiraciones in pectore; para el Partido de la U si encuentra un candidato en sus filas o se decide por uno de los liberales. Para la izquierda y la guerrilla que ya han empezado las aproximaciones en busca de uno o dos candidatos en un ramillete que tiene muchos nombres: Clara, Robledo, Petro, Claudia López, Navarro, Iván Cepeda, quizás el propio Timochenko. Pero también para el Centro Democrático y sectores del Partido Conservador que han estado en el banco de los críticos al proceso de paz y se la jugarán a ponerle condiciones al cumplimiento de los acuerdos en procura de capitalizar el descontento de franjas de la población por las concesiones hechas a las guerrillas. Ahí están Marta Lucía Ramirez, Alejandro Ordóñez, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y quizás alguien nuevo como el senador Iván Duque. Y para los independientes en los cuales se destaca Sergio Fajardo que arranca temprano su recorrido por el país para mostrar sus realizaciones en Antioquia y su filo crítico contra la corrupción; y quizás Carlos Caicedo, quien, amparado en su éxito en la ciudad de Santa Marta, quiere hacer política nacional. Columna publicada en Revista Semana

El pasado fin de semana otras tres personas murieron de hambre en La Guajira, esta vez el Procurador General, la directora del ICBF y otros representantes del gobierno nacional viajaron al departamento para intentar encontrar una solución a un pueblo que muere de hambre. Se ha creado recientemente una hipótesis entre periodistas e investigadores que habla de un abandono estatal y que es un departamento que no recibe recursos económicos y que no le importa a nadie. Sin embargo, la realidad es bastante distinta. El tema no es plata o abandono, es corrupción. La Guajira ha recibido cerca de 3 billones de pesos en regalías y hoy en día ni siquiera Riohacha cuenta con un acueducto. Los municipios y el departamento de La Guajira han recibido billones de pesos en regalías y esta plata se perdió en corrupción, es como si se hubiese botado agua por una alcantarilla. El siguiente cuadro muestra el total de regalías que recibieron los municipios y el departamento por regalías de carbón antes de la reforma a la ley. Nótese como por ejemplo Albania para el 2009 recibió más de 70.000 millones de pesos. Y entre 2004 y 2011 recibió cerca de 300.000 millones de pesos. La primera alcaldesa de este municipio fue Oneida Pinto en 2003, para ese momento Oneida, quien hoy es gobernadora del departamento, estuvo acompañada de versiones que indicaban que su entonces esposo fue el responsable del atentado al candidato contrario Jorge Jiménez. En el hecho Jiménez murió y esto le permitió a Pinto ganar la elección con un 37 % de la votación total. En el cargo de alcalde la sucedió Yankeller Hernández Herazo, quien era conductor privado de Pinto. La actual mandataria ha gobernado este municipio a su antojo y después de una década de existencia hoy no se nota los cerca de 300.000 millones de pesos que ha recibido en regalías. En los últimos 15 años dos casas políticasse han disputado el poder en el departamentoy han despilfarrado los recursos públicos En los últimos 15 años dos casas políticas se han disputado el poder en el departamento y han despilfarrado los recursos públicos. De un lado la famosa casa política que se ha denominado “Nuevo Fuerza Guajira”, liderada por el exgobernador Pérez Bernier, quien gobernó en pleno dominio y expansión paramilitar y fue socio de la hoy prófuga ex alcaldesa de Uribia Cielo Redondo y del actual presidente de la Cámara de representantes Alfredo Deluque. El congresista Deluque ha sido señalado de ser el poder detrás de varias fundaciones que contratan con el ICBF. En esta coalición también se encuentra Bladimiro Cuello quien fue congresista y tenía importantes cuotas política en la primera procuraduría de Ordoñez. Al otro lado, o en el otro bando se encuentra la casa de los Ballesteros, en la que además del anterior gobernador Chemita Ballesteros, hace parte el también el exgobernador Kiko Gómez, hoy preso por relaciones con criminales e investigado por varios homicidios. De este clan es adepta la actual gobernadora, quien dice ser wayuu, pero líderes indígenas como Javier Rojas Uriana lo niegan, de hecho dicen que un certificado wayuu se puede conseguir por 10.000 pesos en Uribia. Estos políticos son los que han gobernado y se han robado el departamento y hoy aparecen en sendas ruedas de prensa criticando instituciones del orden nacional y posando en fotos presidenciales sobre estrategias y anuncios de la creación de Conpes para salvar La Guajira. Tuvieron que morir siete mil niños para que Colombia se diera cuenta de la tragedia y de la corrupción de los políticos guajiros. Vamos a ver si esta vez actúa la justicia. Columna de opinión públicada en las2orillas.co

Llegó el momento de comenzar a decirnos algunas verdades o mejor de comenzar a aceptarlas. El país, a las FARC, le va a pedir que entreguen los secuestrados, que diga dónde quedaron los cadáveres de muchos de ellos, que cuenten todos los delitos que cometieron, y que reconozcan hechos como los del Nogal o las pescas milagrosas, además que pidan perdón por todos crímenes cometidos. Pero también, hay que recordar que las FARC no fueron las únicas responsables de muchos hechos de violencia y crímenes cometidos en este país. Aunque a muchos no les gusté o no estén enterados, al Estado también le tocara pedir perdón y reconocer numerosos crímenes. A ese mundo que se le llama FARC y a su entorno político, tanto la sociedad, como el Estado, además de pedirles perdón deberán hacer acciones de justicia restaurativa. Tal vez una de las acciones más importantes tienen que ver con lo que se podrían llamar la restauración política. Por ejemplo, uno de los grandes debates que existen en la actualidad es si las FARC tendrán algunas curules en el Congreso. Esta realidad qué le cuesta al país aceptar es fundamental y necesaria para sacar adelante los decretos y leyes que surjan de los acuerdos firmados en la Habana, esto lo analizaré en una columna posterior. Pero además esta realidad de verlos en el Congreso por simple lógica de los acuerdos, es también un ejercicio de justicia restaurativa. Desde mediados de la década de los ochentas del siglo pasado o mejor desde 1986 cuando se dio la elección popular de alcaldes y gobernadores hasta 1995, más de tres mil miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados por una acción llevada a cabo por narcotraficantes, paramilitares, agentes estatales y élites locales. Básicamente la elección popular de alcaldes y gobernadores asustó a las élites locales que durante décadas habían gobernado de forma estable. Estas élites ante la llegada de la democracia se aliaron con narcos y paras para asesinar la oposición política. A ese periodo de la historia se le conoció como la Guerra Sucia y a la operación liderada por agentes estatales se le conoció como el Baile Rojo. En el siguiente cuadro se puede observar los niveles de violencia política durante estos años. Desde la elección popular de alcaldes y gobernadores, la guerra sucia fue en aumento, compárese el año de 1985 con 1986. Los anteriores datos fueron presentados en el informe de derechos humanos que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nótese cómo desde 1986 las cifras comenzaron a aumentar vertiginosamente. Se podría afirmar que en las negociaciones de la Uribe, Meta, entre las FARC y el gobierno, que se desarrollaron durante buena parte de la década de los ochentas del siglo pasado, al final hubo una intención clara del grupo guerrillero de negociar, pero en ese intentó el Estado los traicionó y permitió que los masacraran. Producto de esa negociación había surgido la Unión patriótica o UP, que fue en parte conformada por personas cercanas al movimiento guerrillero. La UP en poco tiempo logró 25 alcaldías de forma directa, al menos otras 123 por coalición y cerca de una decena de congresistas. El denominado plan Baile Rojo comenzó en Barrancabermeja el 30 de agosto de 1986 con el asesinato del representante a la Cámara Leonardo Posada. Poco después se supo del asesinato en Villavicencio de otro representante la Cámara, Pedro Nel Jiménez, el 1 de septiembre de 1986. Luego siguió otro congresista Pedro Luis Valencia asesinado en 1987. Luego fue asesinado el representante por el Guaviare Octavio Vargas Cuellar. El propio Iván Márquez hoy jefe negociador de las FARC en la Habana era representante a la cámara por el Caquetá y ante el inició de la guerra sucia fue obligado a irse a la guerrilla nuevamente para buscar refugio e igual sucedió con Braulio Herrera. Más de tres mil miembros de este partido político fueron masacrados, entre ellos dos candidatos presidenciales; Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y uno de los último en ser asesinados fue Manuel Cepeda Vargas en 1994, quien para ese momento era senador. La UP fue un partido político de oposición y las FARC durante el proceso de paz fue solo un componente, es decir, la UP era más que las FARC, pero sin duda este partido fue la primera apuesta política seria del grupo guerrillero, y cuando lo intentaron los masacraron. Así las cosas los crímenes se cometieron de lado y lado, y si bien lo que acabo de narrar no exonera a las FARC de todos los crímenes que cometieron y por los que tienen que responder, también es cierto que tal vez el país tenga que reparar del otro lado y como mínimo el Estado deba considerar la posibilidad de regresar las curules que este partido y sus aliados políticos tenían en el Congreso, cerca de 10 curules para las FARC. La jurisdicción especial para la paz que se firmó el 15 de diciembre de 2015 en el marco de los acuerdos de paz llevará al país a un profunda catarsis social, allí la sociedad se dará cuenta o reconfirmarán que las FARC cometieron muchos crímenes, pero que también políticos, empresarios y diferentes sectores sociales utilizaron la guerra sucia para destruir cualquiera que se les intentara oponer. Columna de opinión publicada en Semana.com

Luego de un proceso de investigación de 12 meses indagando las dinámicas criminales de las estructuras neopa- ramilitares en todo el país, se podría decir que en 2012 se acabó la primera  generación de jefes del neoparamilitarismo,  o como el Gobierno las denomina, Bandas Criminales (Bacrim). Es- tamos hoy ante el cierre de una nueva batalla –casi cíclica– entre las casas matrices del Cartel de Medellín y el Cartel de Cali: “Los Urabeños”, intrínsecamente liga- dos a la casa matriz antioqueña, por lo que su forma de ejercer violencia es territorial y profun- damente violenta y “Los Rastrojos”, herederos del Cartel del Norte del Valle, interesados principalmente en el control económico de las rentas criminales. Hoy ganan “Los Urabeños”, pero “Los Rastrojos” no están definitivamente acabados. “Los  Urabeños”  logran  consolidarse como los vencedores tras una larga dispua con los Rastrojos no sólo por el dominio del narcotráfico en  el Pacífico, sino por el control territorial del país. Estos grupos han aumentado su presencia armada a 337 municipios en 2012, lo que evidencia el crecimiento de la violen- cia asociada a este fenómeno. En 2011 su presencia llegaba a 209 municipios. Aunque el actual gobierno de Juan Manuel Santos parecía avanzar hacia la identificación de las Bandas Criminales como la principal amenaza a la seguridad y en la definición de una estrategia para enfrentarlas, el sector de la defensa se ha quedado corto en comprender la magnitud del fenómeno y la interrelación de estos grupos con poderes políticos locales, construidos en el ejercicio de la violencia paramilitar. La política de seguridad se ha centrado en capturar o dar de baja a los llamados “objetivos de alto valor poli- cial”, jefes visibles de estas bandas, al aumento del pie de fuerza en las regiones con altos índices en delitos de alto impacto, y en la re- producción del Plan Troya en regiones como el nordeste antioqueño, Bajo Cauca y los departamentos de Magdalena y Chocó. Según cifras del Ministerio de Defensa, a lo largo de 2012 au- mentó el número de capturas a miembros de Bacrim. Este pasó de 2.959 en 2011 a 3.292 en 2012, lo cual, aunque es necesario, ha mostrado ser insuficiente para frenar la escalada de violencia rela- cionada con estos grupos neoparamilitares que han hecho gala de una enorme capacidad de recuperación frente a capturas y bajas producidas por enfrentamientos con la Fuerza Pública o con otros grupos armados ilegales, por la facilidad con que construyen y mo- difican las alianzas estratégicas que establecen y por los medios y procedimientos ágiles con los que reemplazan a sus bajas. Descargar informes Descargar

Existen al menos dos grandes discusiones. El primero tiene que ver sobre si el despojo de más de 5 millones de hectáreas a campesinos fue algo planeado, es decir, se hizo de forma sistemática con el fin de apoderarse de la tierra o si por el contrario, como opinan algunos académicos, fue una consecuencia no esperada del conflicto. El segundo debate, es responder la pregunta quien despojó y quien se quedó con la tierra de los campesinos. Sobre este segundo tema nos vamos a dedicar en lo que sigue, los datos son bastante reveladores. Al hablar de hectáreas perdidas por los campesinos se puede hacer dos clasificaciones. Por un lado, el abandono de la tierra y por otro, el despojo. El primero, es aquella situación en la que una familia o propietario se vio obligado a abandonar su tierra debido a situación de riesgo extremo producto del conflicto armado, como por ejemplo fincas enteras minadas, o bombardeos cerca a la casa o combates fuertes. El despojo por el contrario, hace referencia a una situación más o menos planeada de quitar una tierra a una familia o propietario, es decir, hubo una intencionalidad clara. La Fundación Forjando Futuros recientemente publicó un informe bastante revelador. Después de cinco años de implementación de la ley de víctima y restitución de tierras los avances son pobres, de 83.637 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras solo se han publicado 1300 sentencias, para un total de 176 mil hectáreas restituidas, de algo más de 5 millones. Por otro lado, al discriminar los datos sobre el patrón de perdida de tierra de los campesinos y el autor de los hechos los datos dicen lo siguiente. Tanto para el abandono y despojo: Abandono. Despojo. Paramilitares 40% Paramilitares 83% Bacrim 5% Bacrim 3% Guerrilla 16% Gerrilla 9% Enfrentamientos 33% Enfrentamientos 2% Grupos No Definidos 5% Grupos No Definidos 3% Ejército 1% Ejército – Nótese como el 83% del despojo lo cometieron paramilitares y la guerrilla apenas el 9%.   Los datos anteriores vienen a confirmar algo que es aceptado en el mundo de la investigación académica, pero que aún se dificulta aceptar para la población en general y para la prensa colombiana. Y es que la mayor cantidad de tierra despoja se hizo en una alianza entre paramilitares y empresarios o políticos que hoy se encuentra en la legalidad y no la guerrilla. Si bien, la guerrilla también despojó tierra, lo cierto es que en varias zonas del país, paramilitares y empresario se aliaron para usar la estrategia de campo arrasado, aquella frase de “me vende o le compro a la viuda” se hizo famosa  en toda la costa Atlántica. Alías Cadena utilizó las notarías de Sucre para que decenas de campesinos desfilaran a firmar escrituras a cambio de nada con la complicidad de las autoridades. En el Magdalena Jorge 40 y Chepe Barrera hicieron lo propio y en el Cesar en apenas dos años los propietarios de menos de 5 hectáreas se vieron reducidos a la mitad, y esos predios pasaron a formar parte de grandes extensiones de propiedad. Lo complicado del asunto es que esta tierra que despojaron paramilitares, luego de algunos meses y en complicidad con notarios, alcalde y oficinas de registro, se les hizo un carrusel para crear un histórico de propietarios. Es decir, en solo meses estas tierras tuvieron 3 o 4 dueños, con el fin de borrar cualquier relación entre el despojador y el dueño final. Por ejemplo, esto fue lo que pasó en el caso de Magistrado de la Corte Constitucional Pretelt y su esposa Martha Ligia Patrón, quienes adquirieron tierra despojada y luego la englobaron en una gran propiedad llamada La Corona de algo más de 700 hectáreas. En el Urabá esta tierra despojada se llenó de palma, al igual que en el Meta, también se volvieron grandes extensiones para la crianza de ganado y en general para cultivos de tardío rendimiento. Los dueños de estas tierras en su mayoría no son guerrilleros, o paramilitares, por el contrario son personas del mundo político, empresarios rurales y hasta multinacionales. Muchas de estas personalidades se oponen al proceso de paz, pues saben que bajo la Jurisdicción Especial para la Paz deberán decir la verdad y devolver lo que se robaron. Ahora van a comenzar a financiar la campaña del NO en el plebiscito y harán hasta lo imposible para oponerse a la firma de los acuerdos y sobre todo su aplicación. Columna de opinión publicada en www.semana.com

Hace unos días Francisco Gutiérrez Sanín manifestaba que Colombia necesitaba un punto cero, el cual le permitirá al país construir un proyecto político nacional y arrancar un proceso de democratización local. Haciendo una simplificación un poco grosera, se podría decir que el conflicto armado colombiano es producto de una serie de factores y conflictos del siglo XIX, que arrancó a mediados del siglo XX y que hoy en pleno siglo XXI aún no termina. El punto cero significa que estos conflicto derivados de factores políticos y de exclusión social entre liberales y conservadores que dieron origen al conflicto armado colombiano, deben concluir por completo en los próximos meses. No se trata solo de negociar con las Farc, se debe negociar un proceso con el ELN y con ello evitar la historia repetitiva de Colombia y es que siempre se negocia con un actor y se deja a otros de lado, con lo que la negociación de paz no es más que un nuevo ciclo de violencia. Es la puerta a una nueva ola de violencia. Para que Colombia avance en las reformas necesarias para superar años de violencia política, exclusión social y  expansión de economías ilegales debe aceptar la necesidad de abrir un proceso de paz con el ELN, cerrar por fin el conflicto armado que comenzó a mediados de la década del siglo pasado y hacer un punto de comienzo nuevo. Comienzo que llevará al país a un proceso de reformas y apertura democrática, el cual necesitará del apoyo de la gran mayoría de ciudadanos. El gran tema en Colombia es que este proceso de reforma y apertura debe afectar directamente a la dirigencia política y económica del país, principalmente local y regional, es decir, los que hoy día nos gobiernan, y para que estas élites acepten este proceso de cambio de forma pacífica, solo se garantiza si por fin se acaba la disculpa de una amenaza armada al régimen político, situación que se lograría con una negociación con las Farc pero también con el ELN, Y por otro lado con un gran apoyo popular. De hecho,  un par de años después de la firma, muy seguramente  habrá un proceso constituyente, que sirva como cierre de toda la negociación. La negociación con el ELN es necesaria para el punto cero que necesita el país, y para que el posconflicto con las Farc salga bien Así las cosas tanto el ELN como el gobierno deben entender la necesidad histórica de abrir rápidamente la fase pública de las negociaciones e igualmente concluirla ágilmente. La necesidad de esta negociación es en doble vía, por un lado el punto cero que necesita el país, como se vio anteriormente, pero por otro lado una negociación con el ELN, es una necesidad para que el posconflicto con las Farc salga bien. Las probabilidades de que el ELN retome algunos territorios dejados por las Farc son altas y en ese proceso pueden masacrar la base social de las Farc, no se debe olvidar que entre ambas guerrillas hubo una guerra sin cuartel entre 2006 y 2010. Las heridas están abiertas y aún quedan muchas cosas por perdonar. La petición de esta negociación no es un tema de altruismo o un capricho de algunos sectores sociales, es una necesidad manifiesta, sin embargo, el eclecticismo del ELN frente a la paz y el error, tras error, tras error del gobierno nacional frente a esta negociación han llevado a un punto de crisis de este proceso.  Ahora se debe dar un paso hacia adelante entre ambas partes y la sociedad civil y opinión pública deben hacer esfuerzos para que ello ocurra. Si bien ambos procesos no podrán coincidir, es importante que al menos el final del proceso de paz con las Farc coincida con la apertura del proceso con el ELN, solo así se garantizarán unas reglas de juego claras en el posconflicto territorial. Publicidad.-