Luego de un proceso de investigación de doce meses, en los cuales se indagó sobre las dinámicas de las bandas criminales en el país, se puede establecer que actualmente en las zonas de presencia de estas organizaciones hay dos tipos de estructuras: La primera y más poderosa hace referencia a aquellas que se dedican a la extracción de rentas derivadas de la extorsión, la minera criminal, el contrabando, el tráfico de armas y el control de rutas del narcotráfico. El segundo tipo, más descentralizado mantiene una oferta criminal relacionada con el sicariato y, en especial, con la intimidación a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; podría decir que este último tipo de estructura criminal vende servicios de seguridad privada ilegal a cualquier postor. De acuerdo a estos dos tipos de estructuras, se pueden establecer al menos cuatro conclusiones que a su vez se diferencian por el carácter rural y urbano que tienen las bandas criminales en sus lógicas de operación. La primera conclusión está relacionada con los efectos externos que han tenido los avances logrados en la mesa de negociación que se adelanta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Esta situación ha hecho que se presente un aumento progresivo en las amenazas a líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras, organizaciones sociales y líderes de opinión que respaldan el proceso de paz. Este hecho se constituye como un riesgo en el que las bandas criminales buscan entorpecer el proceso de paz y amedrentar a fuerzas emergentes que puedan entrar al escenario político en las elecciones locales de 2015. La segunda conclusión tiene que ver con el proceso de descentralización de las bandas criminales y la reducción de las tasas de homicidio y delitos de alto impacto en los grandes centros poblados. Tal fenómeno hace que por lo menos en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, la presencia de las denominadas BACRIM se haga por medio de la subcontratación de grupos delincuenciales. Esta estrategia maximiza la capacidad de las bandas para extraer rentas, abriendo una serie de servicios criminales como el sicariato, el cobro de extorsiones y el control del microtráfico. Este mecanismo de operatividad trajo consigo dos elementos importantes para el análisis: por un lado, las BACRIM, al hacer uso de organizaciones delincuenciales locales, evita el aumento de los índices de violencia homicida en las capitales, ya que la entrada de estas a las ciudades no se hace por medio de la confrontación armada, sino por medio de la subordinación; de otro, desvían la atención de las autoridades, en tanto, las bandas criminales que se benefician de estos servicios quedan relativamente blindadas, ya que muchos de los delitos son atribuidos a los grupos delincuenciales que están a su servicio. Tercero, mientras que en los grandes centros poblados las bandas criminales operan en forma de red, en donde los nodos son los grupos delincuenciales, que les aseguran operatividad en estas zonas, en las áreas rurales y rutas de comercialización de drogas, las BACRIM mantienen estructuras más sólidas y lineales de mando, esto con el objeto de asegurar la influencia que ejercen sobre la minería ilegal y el narcotráfico. Y cuarto, la influencia de las bandas criminales en la vida política en algunas regiones se mantiene; si bien las estrategias de cooptación del Estado han cambiado drásticamente cuando se compara con el proceso de la parapolítica, en 2014 hay hechos que dejan en evidencia la relación entre estas estructuras y algunas autoridades locales, como también con algunos sectores de la fuerza pública. Así mismo, la sombra de la parapolítica sigue latente, para las elecciones parlamentarias de 2014, la Fundación Paz & Reconciliación, encontró que 70 de los 263 parlamentarios elegidos tienen serios cuestionamientos por tener posibles vínculos con estructuras criminales, entre ellos, los herederos de los condenados por la parapolítica. Descargar informes

¿Cuál será la trascendencia de la firma de un acuerdo in-tegral de paz? ¿Qué está en juego en la actual coyun-tura del país? Nos hacemos estas preguntas al analizar todas las cifras, todos los hechos que ha recogido la Fundación Paz y Reconciliación desde el 2012 para sus informse sobre el conflicto armado y violencia. Recorrimos un poco la historia y retrocedimos veinte años para mirar situaciones similares a la actual. Encontramos un gran parecido entre el periodo que se inició en el 2010 y la situación que vivió el país entre 1990 y 1994. Voy a tratar de resumir las preocupantes conclusiones que sacamos. Me perdonan amigos lectores este ladrillo. La década del ochenta se cerró con un dramático y doloroso baño de sangre que incluyó una racha asombrosa de magnicidios. El presidente Cesar Gaviria se propuso entonces mantener la presión sobre los carteles de la droga y las guerrillas y, a la vez, desarrollar un proceso de paz, impulsar una reforma política y desatar una apertura económica. Los resultados fueron de verdad impactantes. Se firmó la paz con el M-19 y otros cuatro grupos guerrilleros. Se dió de baja a Pablo Escobar y se desmanteló el temible Cartel de Medellín. Se aprobó la Constitución de 1991. Se dió un salto en la modernización de la economía colombiana. Todos los índices de violencia se redujeron, especialmente el homicidio que había tenido su punto más alto en 1989. El país respiraba un aire nuevo. Pero en 1995 la situación de seguridad se deterioró y entre ese año y el 2005 se desató el más grave ciclo de violencias de la historia contemporánea del país. El 60% de las víctimas que Colombia ha acumulado entre 1958 y el día de hoy, se produjeron en esos diez años. ¿Qué pasó? La paz fue parcial. Las FARC y el ELN no accedieron al acuerdo y se lanzaron a golpear con una dureza inusitada a las Fuerzas Ar-madas al final del siglo. Los restos del Cartel de Medellín mutaron en paramilitares mediante una alianza con políticos y empresa-rios, y fueron artífices de un ver-dadero holocausto. El Cartel de Cali logró una pavorosa infiltra-ción en la contienda presiden-cial. Los cambios políticos y la apertura económica no se com-plementaron con unas reformas sociales y con una transforma-ción de las Fuerzas Militares, con lo cual se ahondó la miseria en el campo y se disparó la vio-lación de los derechos humanos. En esas estuvimos hasta el 2005. La situación mejoró a partir de allí. La duplicación de la Fuerza Pública y de la inversión en defensa alcanzadas en las ad-ministraciones de Uribe y Santos hicieron el cambio. Los homici-dios, las masacres, los secuestros y el desplamiento forzado, han disminuido en proporción a lo ocurrido a principios de los años noventa. Santos, con igual pers-picacia que Gaviria, comprendió que no bastaba una persecusión endemoniada sobre las fuerzas irregulares. Supo que era obliga-torio, además, un gran proyecto de paz, de integración interna-cional, de reformas y de reconci-liación. Lo ha puesto en marcha. Pero todo está apenas arrancan-do. Y aquí viene la gran preocu-pación. Las cifras recogidas por la Fundación Paz y Reconciliación muestran algo muy peligroso: Las FARC, que iniciaron su reestructuración en los tiempos de Uribe, realizaron en 2012 un poco más de 2100 acciones y le produjeron cerca de 2.500 bajas a la Fuerza Pública entre muertos y heridos, al tiempo que el ELN aumentó su operatividad. Las bandas criminales, herederas de los paramilitares, han ido creciendo y se expandiéndose de manera asombrosa. En 2012 pasaron de tener presencia en 209 muncipios a tenerla en 337, impactando a Cali y a Medellín. Producen el doble de eventos de violencia que las guerrillas. Otra vez estamos en la encrucijada de principios de los noven-ta. Podemos ir hacia una paz duradera o hacia un nuevo ciclo de violencias. Santos y la dirigencia política tienen en sus manos la vida de millones de colombianos. También los jefes guerrilleros. No le pueden fallar al país. La firma de la paz y el inicio de un proceso de reconciliación con reformas sociales y un ambicioso plan para reducir el narcotráfico y el crimen organizado cambiará la historia nacional

Cuando el ex fiscal Mario Iguarán hizo su última rendición de cuentas,  en medio de su discurso declaró que según las investigaciones de la para política que se desarrollaron durante su período al frente de la entidad, se pudo constatar que no fueron los paramilitares quienes buscaron a la clase política en las regiones donde tenían sus operaciones, sino muy al contrario, como lo establecieron también los análisis y estudios del tema que desarrollaron el director de la Fundación Paz y Reconciliación  León Valencia y la senadora Claudia López,  fueron  las elites de la política regional quienes acudieron en su ayuda,[i] con el fin de resistir a la descentralización política y administrativa que trajo consigo, no solo la constituyente del 91, sino también la elección popular de alcaldes, aprobada en 1986. Lo anterior lo explican León Valencia y Claudia López en su estudio, “Paramilitares y Políticos, La Ruta de la expansión paramilitar”, a través de  la tesis de  Eduard Gibson quien desarrolló un  trabajo comparativo en transiciones democráticas. Este investigador logra demostrar que cuando se produce un cambio político en el sistema democrático en determinado país, las elites regionales que vienen del antiguo régimen, se resisten a esos cambios  y organizan lo que se conoce con el nombre de autoritarismos subnacionales, constituyendo fuerzas locales  para impedir  el  surgimiento de una nueva clase política. Es entonces cuando se comienza a  tejer el  maridaje entre el paramilitarismo y las elites locales, llegando a consolidar acuerdos en el nivel regional hasta llegar al  nivel nacional. En el año de 1991 se celebró la constitución que rige en la actualidad, en donde se promovió la separación de poderes, pero además mediante  el artículo 128 del capítulo II [ii], y el numeral 8 del  artículo 179[iii]  del capítulo IV,  puso a los representantes de la democracia y a todos los funcionarios públicos en Colombia, en un solo cargo,   eliminando  lo que sucedía en la constitución anterior, la que  permitía que un senador o representante ocupara al mismo tiempo el cargo de ministro, embajador, alcalde, gobernador o concejal, favoreciendo a los caciques regionales concentrar poder en sus lugares de orígenes, lo que facilitó  que se consolidaran aún más los  grupos o familias electorales en cada uno de los departamentos del país y concentraran poder territorial. Era difícil imaginar que con la entrada en vigencia de una nueva carta política en Colombia,  la concentración del poder se iría extinguiendo con el paso de los años. Tal hecho nunca sucedió y muy por el contrario, evitó que nuevas fuerzas políticas surgieran en el mapa electoral. ¿Que pudo suceder para que el cambio no fuera realidad? Una de las banderas democráticas que los movimientos populares y progresistas agitaban la década de los 80,   fue la de la elección popular de alcaldes, permitida por la ley 78 de 1986, con lo cual se abriría el paso a la descentralización político y administrativa del Estado y su posterior modernización, a la cual se opusieron Julio Cesar Turbay Ayala, Víctor Mosquera Chaux y el Conservatismo en pleno con excepción de Álvaro Gómez. El  proyecto fue  liderado por el entonces ministro del interior Jaime Castro, quien lo concibió como inicio de la descentralización política y administrativa que regía a Colombia con anterioridad a la constitución vigente. Tal centralización permitía que los gobernadores, intendentes y comisarios fueran nombrados por el Presidente de la República y estos a su vez eligieran a los alcaldes municipales, los que en su mayoría hacían parte de acuerdos políticos a favor de quien los nombraba en el cargo. Estos en mayor cantidad representaban a los dos partidos mayoritarios en Colombia (liberal y conservador),  quienes fueron concentrando el poder en el nivel local gracias a que la anterior carta magna les permitía a sus miembros  la multiplicidad en los cargos. Es así como un senador podía ser nombrado ministro,   embajador, gobernador y alcalde,  y al tiempo ser elegido concejal y diputado. Buena parte de las relaciones que existían entre los dirigentes políticos y los representantes del gobierno nacional y departamental,  tenían que ver con el tema de la concesión de ayudas o auxilios y el nombramiento de alcaldes. En efecto, los congresistas y diputados se veían obligados a hacerles antesala a los funcionarios de turno con el fin de obtener recursos o aprobación de obras en sus regiones. Esas decisiones dependían de la buena voluntad del funcionario quien se valía de la falta de normas o reglas de juego en la materia,  que estableciera derechos u obligaciones sobre el particular y  que definiera su conducta para el manejo de esa clase de relaciones. Era natural que los funcionarios buscaran precio para su generosidad y que lo consiguieran. Dicho precio no era otro que la hipoteca de la voluntad política de congresistas y diputados. En el nuevo orden desaparecen los dos condicionamientos señalados: los alcaldes fueron elegidos popularmente y para la ejecución de obras y la prestación de servicios locales se dispusieron recursos a disposición de la comunidad. La reforma que consagró la elección popular de alcaldes se propuso contribuir al proceso de paz  promovido por la administración del ex presidente Belisario Betancuort y así mismo propiciar el incremento de la participación política. La norma también se concibió como un instrumento capaz de ampliar el espectro de fuerzas y movimientos, más allá del esquema bipartidista. Los resultados  que arroja esta primera elección plantean un fenómeno esencial: si bien es cierto que irrumpieron nuevos actores sociales y políticos en distintos municipios y regiones, la presencia y el arraigo local de los partidos tradicionales continúa siendo uno de esos rasgos esenciales del régimen político.  La votación por partido para elegir alcaldes en las 32 circunscripciones regionales del país indica, de manera clara, que la geografía política que conocemos de tiempo atrás no varió sustancialmente y  tampoco superó, ni mucho menos cumplió con  las expectativas que en tal sentido se había planteado con la reforma. Este suceso lo explica el ex ministro Jaime Castro como la muestra clara de la lucha que se dio entre la clase política regional para no dejarse quitar el poder en sus departamentos por su rival y tampoco permitir el asentamiento de uno nuevo. Se estrenan las elecciones para alcaldes y se inicia una guerra sucia contra una nueva clase política: Cuando se inicia la correría electoral de quienes ostentaban el poder regional, para hacerse electoralmente a los municipios de los departamentos que controlaban,   de forma paralela   desde finales de 1986, cuando se iniciaron las campañas electorales, un total de 140 alcaldes y concejales en ejercicio, candidatos a las alcaldías y concejos, consejeros intendenciales, comisariales y diputados, fueron asesinados. De ellos, 50 eran de filiación liberal, 46 pertenecían a la Unión Patriótica y 39 al Partido Conservador. A estas cifras debe sumarse la lista de muertes aún en la impunidad  de cerca de 500 activistas, dirigentes comunales y campesinos que también perdieron la vida en forma violenta. La violencia política se recrudeció de manera significativa en los dos meses anteriores a los comicios de marzo. Aunque en términos globales,  la Unión Patriótica ha sido el movimiento más afectado por la escalada de crímenes políticos, todos los partidos fueron  víctimas de esta especie  de guerra sucia». El número de candidatos a las alcaldías asesinados hasta diciembre de 1986, once en total -seis de la UP, cuatro del socialconservatismo y uno del Partido Liberal-, en marzo se elevaron a 21 con la eliminación de cinco más de la UP y cuatro liberales. Así lo señalan las cifras presentadas y los cálculos realizados por el Departamento de Derechos Humanos del CINEP (Cuadro No. l), con los cuales se da cuenta del número de atentados efectuados contra los distintos partidos políticos entre el 1 ° de enero y el 13 de marzo de 1988. El clima de violencia que antecedió a la primera elección de mandatarios locales también se vio recrudecido por la barbarie de las masacres colectivas contra campesinos y trabajadores agrícolas en el Meta, Urabá y Córdoba. En estas regiones, el derecho a participar en las elecciones se convirtió en una temeraria osadía. Dentro de las nuevas fuerzas que pretendían posicionarse en el mapa político  se encontraba la  Unión Patriótica (UP)  a quien Iván Cepeda en su documento “GENOCIDIO POLÍTICO: EL CASO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA EN COLOMBIA*, define como  una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980,  entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC). La UP fue el primer movimiento político al que claramente se le hacía oposición por la vía armada, generando así una especie de resistencia a través de un sabotaje promovido por fuerzas oscuras. Surgimiento de la Unión Patriótica: En 1984,   como fruto de los diálogos entre gobierno y Farc, las partes acordaron  varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad,  consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles[i]. Es entonces cuando miembros de la UP y algunos de sus simpatizantes son asesinados en forma violenta, de los cuales algunos  han sido reconocidos por los ex jefes de las AUC a través de las versiones dentro de la Ley de Justicia y Paz:  “HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y  pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP. Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a la zona. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes”. [ii] El ex constituyente y ex ministro Jaime Castro, define este fenómeno como crímenes políticos, por tratarse de actores con militancia y formación de izquierda, los que fueron perpetrados por actores armados de derecha extrema quienes para ese entonces se hicieron mostrar como fuerza contra insurgente que no estaban de acuerdo con   que un movimiento político inspirado por la guerrilla de los años 80  se tomara el poder en Colombia. En su momento cumbre como  partido político, la UP logró elegir 16 alcaldes y 256 concejales, y eligió 16 representantes al Congreso de Colombia. Sin embargo, en dos décadas de ejercicio político más de 3 mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales y 13 parlamentarios. ¿Porque atentar contra miembros de la UP? Varios factores conspiraron para que el proceso de la UP no fuera exitoso. Por un lado, sectores del establecimiento (políticos y militares) así como empresarios y ganaderos nunca creyeron en la real voluntad política de la guerrilla y vieron al nuevo partido como una extensión de la lucha armada. La incapacidad del Estado para  combatir a la insurgencia propició el surgimiento de grupos de extrema derecha financiados por ganaderos, comerciantes, parte del estamento político y un sector de las Fuerzas Militares que se supone quisieron contener el  accionar de la guerrilla, que se traducía en un orden público deteriorado por los secuestros, asesinatos y extorsiones, en zonas como el Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Es precisamente en estos lugares donde  la UP comenzó a hacer política y se convertían en los lugares donde más ganaba adeptos. El estadounidense Steven Dudley en su libro,  Armas y urnas – Historia de un genocidio político,  señala que “los enemigos del proceso no se detuvieron a escuchar la plataforma de la UP,  ni se preocuparon por comprender sus motivos, simplemente los igualaron con las FARC y procedieron a eliminarlos”. En el corazón de Colombia, en Puerto Boyacá, ganaderos y comerciantes reaccionaron a estos acuerdos políticos con la insurgencia armada, mediante la creación de Acdegam, una asociación sin ánimo de lucro, que serviría como fachada a las autodefensas. Otro factor en esta historia es la alianza entre narcotraficantes y paramilitares. Como ejemplo está la creación del grupo Muerte a Secuestradores como retaliación al secuestro de   Martha Nieves Ochoa (hija del caballista Fabio Ochoa y hermana de los capos que lideraban el Cartel de las drogas de Medellín),  ejecutado por la guerrilla, A finales de 1986, revela Dudley que “la UP envió a Salazar, jefe de propaganda del movimiento político, a negociar con Gonzalo Rodríguez Gacha para tratar de pactar una tregua. Gacha le propuso a las FARC que lo dejaran trabajar, ya que para este momento el grupo guerrillero empezaba a meterse en el multimillonario negocio de las drogas. No obstante, las FARC no aceptaron la tregua con el mexicano y este les  declaró la guerra, con lo que se recrudecieron los ataques a los miembros de la UP”. Entre tanto, la guerrilla intensificó los ataques a la fuerza pública, lo que ocasionó que el gobierno Barco les diera un ultimátum: “Si las FARC no se desarman y no se desmovilizan, la única opción que tiene el Gobierno es exterminarlas militarmente”. Como respuesta, las FARC dieron por terminado el proceso de paz y retiraron a sus líderes de la UP (Braulio Herrera e Iván Márquez) quienes volvieron a comandar frentes guerrilleros. El mexicano en retaliación ordenó el asesinato del senador de la UP, Pedro Nel Gómez. Los paramilitares que ya contaban con 5 mil unidades realizaron una de sus primeras masacres en el municipio de El Castillo, en el corregimiento de Vista Hermosa, en el Meta, en donde asesinaron a 17 militantes de la UP. Mientras que en esta misma línea, los hermanos Fidel y Carlos Castaño, empezaron a conformar grupos de autodefensas en la Zona bananera de Urabá, como reacción al asesinato de su padre y al control, extorsiones, asesinatos y secuestros que cometían  las FARC en la zona. La forma que optaron para causarle daño al grupo guerrillero fue precisamente atacar a la UP. El naciente grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá inició el exterminio sistemático de los militantes de la UP, a quienes veían como la extensión política de las FARC. Dudley cuenta que desde 1983 el grupo de Fidel Castaño “mató gente sin piedad, en grupos de ocho y diez personas, algunos de ellos mujeres y niños, utilizando armas primitivas, como machetes. Los militares no solamente les permitieron actuar y hacer el trabajo sucio, sino que desde entonces les brindaron protección”. Es entonces cuando nace el  grupo de Los Tangueros, en referencia a la finca de Castaño llamada Las Tangas, en donde el grupo fue entrenado y al tiempo sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas, incluso muchas víctimas fueron enterradas en estas tierras. En 1987, los paramilitares junto con dos narcotraficantes (Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha) financiaron la contratación de cinco mercenarios israelíes, entre ellos Yair Klein, para impartir un curso de contrainsurgencia a un grupo de 50 de sus mejores hombres. Entre los entrenados aparece el Negro Vladimir, un ex guerrillero de las FARC que se convertiría en uno de los más temibles y sanguinarios comandantes paramilitares del Magdalena Medio y quien después confesaría el asesinato de unos 800 militantes de la UP. A finales de 1988, los paramilitares escogieron a la población de Segovia como su primera advertencia a las FARC y a la UP. Allí fueron asesinados 43 campesinos, con la complicidad de la  policía y el ejército, como fuera demostrado posteriormente por la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión. Por esta misma época, en el Magdalena Medio, las Autodefensas comandadas por Henry Pérez habían “limpiado” a municipios como Puerto Boyacá. Además habían creado el movimiento Político Morena. En 1987 se registró el asesinato de 111 miembros de la UP;  en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales. Otro de los hitos en la historia política de la UP, fue el asesinato del candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, ejecutado por paramilitares. Ante la ya evidente campaña contra el movimiento político, su sucesor en la dirección del partido y candidato presidencial, Bernardo Jaramillo, solicitó mayores garantías al gobierno de Barco, al tiempo que se distanciaba de las FARC. Para tratar de lograr una tregua con los paramilitares, el nuevo candidato a la presidencia por la UP se reúne con Pablo Escobar, a quien le solicita que medie con Gonzalo Rodríguez Gacha para terminar con el exterminio. Escobar le asegura que de su parte no tienen nada que temer; el problema era con El Mexicano y Fidel Castaño. El primero no era inconveniente para el capo, pero de Castaño no podía asegurar nada. Al final  Jaramillo no pudo establecer una tregua con los grupos paramilitares, encabezados, y más adelante sería asesinado por orden de Carlos Castaño. En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda. El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quita la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Ese sería el final jurídico de este movimiento y el de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del país[iii] [iv] [v]. Resultados electorales. Resumen comparativo 1986 -1988 La Constituyente de 1991 un segundo cambio al que era necesario resistir: Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se permite  la elección popular de gobernadores,   se facilita la creación e institucionalización de nuevos partidos y movimientos políticos mediante la ley 130 de 1994;  se  pone fin a  la multiplicidad en los cargos gubernamentales y  se  transforman  los territorios nacionales (Intendencias y Comisarías) en departamentos. En tales cambios políticos comienzan  a jugar los desmovilizados del M-19, desde 1991 y más adelante harían lo mismo quienes desde otros grupos armados dejarían las armas para regresar a la vida civil. Durante la década de los noventa el panorama electoral estuvo regido por la Ley 130,  la que permitía que los  partidos y movimientos se conformaran luego de la recolección de un  determinado número de firmas. Elección tras elección, estos aparecían y desaparecían del panorama electoral, sin que las autoridades correspondientes se percataran de donde o como habían surgido. Tanto creció el número de movimientos políticos que en el año 2002 compitieron más de 60 partidos y movimientos políticos para las elecciones de cámara y senado. Junto a esto la llamada operación avispa que hizo carrera en el liberalismo durante las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, se hizo extensiva a los demás partidos y movimientos políticos. Esa estrategia, que consistía en dividir listas al Senado y  Cámara para alcanzar el mayor número de curules, se tomó prácticamente la campaña electoral de 1994. Como resultado de las fórmulas que adoptaron cada partido y movimiento que lanzó candidatos para congreso, los liberales y conservadores siguieron dominando el capitolio nacional,  mientras que la AD M19, después de colocar 9 parlamentarios en la Cámara Alta, no alcanzó ni uno. Entre los grupos religiosos, la Unión Cristiana, también vio reducido el número de votantes, al bajar de 67.882 votos en el 91 a 54.679. En estas elecciones algunos caciques electorales que en un tiempo se jactaban de su alta votación, comenzaron a ver reducido su caudal electoral. Es así como Bernardo Guerra Serna, varón electoral de Antioquia, no superó los 35 mil votos. También fue  vertical la caída de Alberto Santofimio, quien después de haber obtenido 108 mil votos en las elecciones de 1986, pasó a 50 mil en 1991 y luego descendió a 29.701. Otros mediante alianzas y cambio de casas políticas aumentaron su caudal. En 1994 cuando ya el Congreso de la República  se alistaba para iniciar su labor como ente de control legislativo y el presidente Ernesto Samper emprendía su trabajo como primer mandatario, el ex candidato presidencial y primer adversario político del ejecutivo, Andrés Pastrana,  da a conocer al país las cintas en audio que comprometerían al primer mandatario con el cartel del Cali y por el cual 9 políticos en su mayoría del Partido Liberal,  fueron condenados por la justicia. Este suceso judicial  conocido con el nombre de proceso  8.000, marcó la historia política del país, por tratarse de la primera vinculación oficial de altos funcionarios del  Estado con un actor ilegal. Por este hecho el liberalismo ha sido castigado en las urnas por la opinión pública, por lo que hasta el momento no le ha sido posible su regreso a la silla presidencial, sumado al  escalonado desmembramiento de sus listas al congreso. Al tiempo en que este fenómeno político sucedía, los paramilitares quienes desde el año 1988,  llevaban  a cabo una  escalada de violencia en algunos lugares del país, para este entonces acrecientan el número de acciones contra la población civil, coincidiendo además con la época en que se celebraba otro acercamiento de paz con las Farc, y  mediante las cuales inician su expansión a lo largo y ancho del Territorio nacional . (Ver cuadro No 4) Cuadro No  4 masacres de los paramilitares: MasacreDepartamentoFechaHonduras y la Negrazona bananera de Urabámarzo de 1988SegoviaAntioquianoviembre de 1988La RochelaSantander enero de 1989La mejor esquinaCórdobamarzo de 1988SimacotaSantanderenero de  1989Puerto BelloAntioquiaenero de 1990PaimeCundinamarcaseptiembre de 1990SoachaCundinamarcajunio de 1993PichillínSucrediciembre de 1996MapiripánMetajulio de 1997MirafloresGuaviareoctubre de 1997El AroAntioquiaoctubre de 1997TocaimaCundinamarcaNoviembre de 1997Puerto AlviraMetaNoviembre de 1998Santo DomingoAraucaDiciembre de 1998CurumaníCesarenero de 1999ApartadóAntioquiaenero de 1999La HormigaPutumayoenero de 1999TibúNorte de Santanderagosto de 1999CatatumboNorte de Santanderagosto de 1999AstreaCesarenero de 2000El saladoBolívarfebrero de 2000El TarraNorte de Santanderfebrero de 2000MacayepoBolívaroctubre de 2000GranadaAntioquianoviembre de 2000Sitio NuevoMagdalenanoviembre de 2000Ciénaga GrandeMagdalenanoviembre de 2000Carmen de BolívarBolívarabril de 2000ColosoSucremarzo de 2000Trojas CatacaMagdalenanoviembre de 2000El PeñolAntioquiaenero de 2001ChengueSucreenero de 2001CalimaValle del Caucaagosto de 2001BugaValle del Caucaoctubre de 2001BojayáChocómayo de 2002SegoviaAntioquiaagosto de 2002ValleduparCesardiciembre de 2002TierraltaCórdobamayo de 2003BuenaventuraValle del Caucajunio de 2003 Mediante estas acciones violentas los paramilitares se acentúan en estos lugares como la primera autoridad militar y civil, por lo que no es de extrañar que cualquier asunto debiera pasar por sus manos, pero además toda persona que tenía intenciones de realizar actividades proselitistas a su favor debía contar su aval.  Es así como a partir de  1998 quienes tenían aspiraciones políticas se dan a la tarea de tejer acuerdos con el fin de verse favorecidos por la intimidación armada que llevaban estos a cabo,  estableciendo pactos, algunos de los cuales quedaron escritos, más sin embargo a pesar de que en todos se buscaba el apoyo del proselitismo armado de las AUC, la contraprestación política era distinta. Establecimiento de acuerdos entre el paramilitarismo y la clase política: En noviembre de 2005, a través de un estudio realizado por Claudia López, publicado en  la Revista  Semana, Colombia supo que los paramilitares en el 2002, luego de sembrar el terror en algunas zonas del país, a través de incursiones armadas en su mayoría en los lugares mencionados en el cuadro anterior,  realizaron una estrategia que les permitió apoyar y  elegir no menos de la tercera parte de los congresistas. Mediante este trabajo se  observó que en los sitios donde las autodefensas colombianas cometieron masacres, hubo  candidatos que en algunos casos se presentaban por primera vez a unas elecciones para congreso  obteniendo votaciones atípicas y algunos de los que repetían campaña crecían exageradamente en número de votos. Con el estudio se comprobó lo que hasta el momento había sido un rumor que desde el año 2002 iba y venía en los medios de comunicación: “Los paramilitares estaban apoyando candidatos en las elecciones para senado y cámara”, y que tales apoyos los otorgaban luego de establecer acuerdos de los cuales el primero en conocerse fue el que se llevó a cabo en Santa Fe de Ralito. El Pacto de Ralito  no fue el único que se llevó a cabo entre el paramilitarismo y algunos políticos locales y nacionales, con anterioridad se habían firmado otros en el nivel regional que les permitió capturar el poder local y entrelazarse con las elites regionales que se resistían a compartir el poder con una clase emergente. Estos hechos se fueron  conociendo en la medida en que se fueron dando las versiones libres y los organismos de seguridad e investigación realizaron algunas incautaciones como el computador de Jorge 40 y Don Antonio, en los que  encontraron información que permitió comprobar la penetración del paramilitarismo en el poder público local, la captura de las rentas regionales y su estrecha relación con el narcotráfico. Ahora se sabe que estos pactos significaron mucho más que una estrategia de constreñimiento al elector y un cambio del mapa político. En las versiones libres de los jefes paramilitares en el marco de la ley de justicia y paz se ha dibujado un cuadro macabro: más de 21.000 asesinatos y desapariciones, cientos de secuestros y reclutamiento de menores, más de 3.200 fosas comunes identificadas, millones de desplazados. Es decir,  la captura del Estado en las regiones y la gran influencia en la política nacional,  se hizo sobre la base de una crisis humanitaria de proporciones gigantescas.  Ni las dictaduras del Cono Sur ni las guerras centroamericanas registran tamaña tragedia. Los siguientes son algunos pactos entre políticos y paramilitares  que se han dado a conocer a la opinión pública: Pacto de Ralito: El Pacto de Ralito, es el nombre con el que se le conoce al pacto secreto, firmado en el año 2001 entre jefes de grupos paramilitares colombianos y más de cincuenta políticos de diferentes regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes para un proyecto político que prometía «refundar al país». La revelación de la existencia del documento constituyó uno de los episodios más sonados dentro del llamado escándalo de la Parapolítica. El acuerdo se firmó en Córdoba en el 2001, por fuera del marco legal del proceso de paz que adelantaba el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Al darse a conocer en el 2006, se produjo un escándalo nacional que dejó como protagonistas a congresistas, en su mayoría uribistas, y permitió tener una prueba documental del alcance y penetración política de las AUC en las distintas instancias de la vida nacional y regional Según investigaciones del diario «El Espectador», el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico. Los políticos fueron convocados por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC; ‘Don Berna’, inspector general de las AUC, y ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba «refundar nuestra patria» y hacer «un nuevo contrato social». La mayor parte de los políticos firmantes del documento y de los demás involucrados en el escándalo de la para-política son de departamentos que han sido azotados por la violencia, en los cuales algunos  luego de establecer dicho acuerdo logran un buen caudal electoral, mientras otros lo reafirmaron. El 20 de marzo de 2007 el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, llamó a indagatoria a 20 políticos y un periodista firmantes del pacto. La Corte Suprema por su parte llamó a indagatoria a los  congresistas: José de los Santos Negrete, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de la Espriella, por el delito de concierto para delinquir. El 14 de mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra esos congresistas y la Fiscalía contra la ex representante Eleonora Pineda. Todos fueron acusados del delito de concierto para delinquir agravado, ya que existían indicios y pruebas sólidas que demostraban  que los firmantes se habían beneficiado políticamente del acuerdo y que lo habían suscrito voluntariamente. Hasta el momento las decisiones judiciales respecto a los firmantes del Pacto de Ralito han dejado un rastro de incoherencia y casuística. Las investigaciones de William Montes y José de los Santos Negrette fueron precluidas con el argumento de que la sola firma no constituye delito alguno. Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda fueron condenados porque se comprobó que no sólo con la firma del pacto sino de otras maneras se beneficiaron electoralmente del accionar paramilitar. Reginaldo Montes y Juan Manuel López Cabrales se encuentran en la etapa de juicio. Es política y jurídicamente dudoso, además de grave, que se descarte como delito la suscripción de pactos y documentos, de manera clandestina, con una organización responsable de crímenes de narcotráfico y de lesa humanidad, con fines que interfieren la acción política y constitucional del Estado. El debate al respecto continúa en instancias nacionales y no se descarta que llegue hasta instancias internacionales. Pacto de Chivolo: En un allanamiento a una de las fincas de alias Jorge 40, comandante paramilitar del Bloque Norte, se encontraron varios documentos suscritos por éste con políticos locales y regionales. Uno de ellos fue el llamado Pacto de Chivolo, que se habría realizado el 28 de septiembre del 2000, al que asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas. La reunión, realizada en el municipio de Chivolo en Magdalena, fue al parecer una ‘gran convención’ del movimiento regional ‘ Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida’, impulsado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. En el pacto quedó establecido que  ‘Provincia Unida’ apoyaría para la gobernación del Magdalena, en las elecciones locales del año 2000, al liberal y ex alcalde de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta. A la decisión se llegó mediante una votación de los participantes y candidatos del proyecto “Provincia Unida” en la que Dávila Armentó obtuvo 266 sufragios, el candidato José Alfredo Ordoñez 138 y 6 votos fueron anulados. El manuscrito sirvió de base para la elaboración de un comunicado a la opinión pública del Magdalena, confirmando la creación del movimiento regional hecho por una ‘convención’ de representantes de 15 municipios. Uno de los compromisos adquiridos fue luchar porque la capital del departamento se traslade a uno de esos municipios. Dávila Armenta fue electo gobernador del Magdalena en el 2000. Además del ganador a la gobernación de Magdalena, el Pacto de Chivolo escogió candidatos a la Asamblea Departamental y las Alcaldías y Concejos municipales de los municipios de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón, que conforman más de la mitad de los municipios del departamento del Magdalena.  El experimento  electoral estaba tan bien conformado y organizado, que en esa fecha, septiembre de 2000, escogieron candidato a la alcaldía de Zapayán, municipio que fue creado después de suscrito el pacto. De los 410 dirigentes políticos que suscribieron el acuerdo, a la fecha se adelanta investigación penal contra menos de 10, entre los cuales se encuentra Ricaurte José Ternera, entonces candidato al concejo de Sabanas de San Ángel y los ex diputados Edgar Manuel Castro, Fernando Jesús Mozo, Franklin Lozano y Jorge Vega Barrios. Pacto del Magdalena o San Ángel: En una operación del Gaula del Ejército en la finca Nueva Roma, en San Ángel, Magdalena entre los elementos personales de Darío Alberto Laíno Escopeta,  aliado de Jorge 40, se incautó un computador portátil y algunos documentos, entre los cuales, hallaron el original de un acuerdo político firmado en 2002 por aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes del Magdalena, para hacer una «parcelación electoral» que les garantizaría una curul a por lo menos tres caciques de la Costa. En uno de los puntos, Castro se compromete a entregar 100 millones de pesos para la campaña de Maloof al Senado en el 2002.Como contraprestación, Maloof pediría una licencia y, así, le daría a Castro una ‘palomita’ de un año. Pacto de Granada: En marzo del año 2000 el Colegio La Inmaculada-Carrisola, de la vereda Nueva Granada, jurisdicción de Tierralta sirvió como escenario para lo que algún día se conocería como el Pacto de Granada mediante el cual Salvatore Mancuso decidiría quienes serían los tres próximos alcaldes del municipio de Tierralta. Cumbre de Caramelo: De este encuentro poco se sabe, la opinión pública pudo conocerlo mediante la publicación  del 24 de marzo de 2008 de la Revista Semana.com, en el que dice que  este encuentro se dio entre jefes de las AUC con políticos que ya tienen procesos judiciales por parapolítica, bien sea de manera preliminar o formal. Con el titular La cumbre de Caramelo, la revista semana,  da cuenta de lo dicho por Rocío Arias, quien dio a conocer los pormenores de esta reunión de la que no quedó documento firmado.[1] Pacto de Puerto Berrio: La Fiscalía concluyó que existen evidencias del pacto político que selló el grupo de senador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto  Gil,  con las autodefensas en el departamento de Santander. Testimonios relacionan a Gil en reuniones con jefes paramilitares. La primera se efectuó en diciembre de 2001 en un conocido restaurante de Medellín, en El Poblado, y a ésta asistió Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. La Fiscalía documentó un segundo encuentro, en enero de 2002, entre Gil y los ‘paras’ Báez y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. A la reunión, llevada a cabo en Puerto Berrío, Antioquia, también acudieron varios concejales de Barrancabermeja que fueron convocados, según declararon al ente acusador, para que el Movimiento Alternativo Regional (MAR) apoyara a Nelson Naranjo, segundo renglón de José Manuel Herrera a la Cámara de Representantes. Así lo testimoniaron ex concejales como Morgan Egea Sánchez, Jesús Sanabria y José Agustín Quecho. [2] Reunión de Coordinación: En el documento de 17 puntos, denominado ‘Reunión de Coordinación’,  seis  candidatos a alcaldías se obligan, explícitamente, a seguir las directrices del jefe paramilitar del Casanare, uno de los que no se acogieron al proceso de paz. Entre los compromisos acordados  con las autodefensas, se encuentra  el plan de Gobierno y permitir que «la organización fiscalice los proyectos de inversión». ‘Martín Llanos’ también exigió «destinar tres cargos para gente seleccionada por la organización y disponer de una persona como oficial de enlace con las ACC». El documento, según confirmaron investigadores, corresponde a una reunión realizada el 23 de agosto del 2000 en algún lugar del Casanare. [3] Pacto de la Lorena: Los paramilitares Juan David Betancourth, alias ‘Walter’, Ricaurte Soria, alias ‘Orlando Carlos’, Jhon Freddy Rubio, ‘Mono Miguel’ y José Bedoya, ‘Moisés’, aseguran que en la mítica finca La Lorena, en la vereda Luisa García,  el ex congresista Emilio Martínez,  hizo un pacto con el Bloque Tolima para que protegiera y respaldara a sus candidatos. «La reunión, en la que se trataron temas políticos, se realizó unos días después de la masacre de La Chamba (14 de noviembre de 2000). [4] Pacto del Chocó El reconocido ex jefe de las Auc, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, entregó a la Corte Suprema de Justicia una lista de nombres de 23 políticos que presuntamente fueron financiados y apoyados políticamente por las Autodefensas. Según la información presentada por la FM,  existió un plan del bloque Élmer Cardenas de las AUC encaminado a crear proyectos políticos en Antioquía, Córdoba y Chocó con el fin de tener un respaldo completo en el Congreso, gobernaciones, alcaldías y asambleas.[5] Dentro de ese grupo de mencionados de Rendón se encuentran el Gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez,  los representantes a la Cámara por el Chocó,  Odín Sanchez  Edgar Ulises Torres, Julio Ibargúen;  el  ex gobernador. Carlos Escobar, y  el candidato a la gobernación. Iginio Mosquera. El Sindicato: Salvatore Mancuso habló del tema a mediados de 2007, revelando a la Fiscalía que en la época de elección de gobernadores del 2003, seis congresistas conformaron un grupo denominado «el sindicato» y lo buscaron a él con el objetivo de proponerle que apoyara a un candidato de ellos en Córdoba y así acabar con el dominio tradicional de la familia López Cabrales, cuyo candidato era Libardo López. Mancuso afirmó que los seis congresistas que integraban el ‘sindicato’ eran Zulema Jattin, Julio Manzur,  Miguel de la Espriella y  Eleonora Pineda. [6] Urabá: El político de Urabá  Dagoberto Tordecilla denunció que Rubén Darío Quintero y Humberto Builes hicieron parte de un pacto político con el comandante paramilitar Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, del que él mismo sacó provecho, al recibir un contrato como asesor en el Congreso. El denunciante dijo además que en ese pacto habían participado también los ex alcaldes  Estanislao Ortiz Lara de Turbo, Edison Yanez Tirado de Necoclí, Gustavo Germán Guerra de Arboletes y Hugo Caballero Ballesteros de San Pedro de Urabá. De ellos, aseguró que participaron en la reunión realizada en el 2001, en la escuela de Pueblo Nuevo, Necoclí,  en la que se acordó que los paramilitares apoyarían una lista al Congreso para el periodo 2002-2006. Según Tordecilla, en esa misma reunión estuvo presente alias ‘El Alemán’ quien avaló los nombres de Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz  y Cesar Augusto Andrade para la lista a la Cámara, con el acuerdo de que cada uno se rotaría un año, como en efecto ocurrió. Según documentos en poder de las autoridades, los hermanos de  alias ‘el Alemán’, hicieron parte del convenio. La lista de Cámara salió electa y apoyó al Senado a la lista encabezada por Rubén Darío Quintero, quien también resultó electo. Todos los participantes de este pacto están siendo investigados. Pivijay: El 20 de septiembre de 2001, en  Monterrubio, zona rural de Pivijay, Magdalena, se dio la primera reunión a la que llegaron una serie de personas entre quienes se encontraba Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como ‘Sonia’.  La reunión, de la que también participaron concejales y políticos locales, tenía como propósito, según consta en la providencia de 17 páginas, divulgar el mensaje y los objetivos perseguidos por ‘La Provincia Única’ movimiento impulsado por Jorge 40, además de apoyar de manera incondicional la gestión de Karelly Lara Vence, quien para ese entonces se desempeñaba como alcaldesa del municipio de Fundación, Magdalena, (2001 – 2003).[7] Eje Cafetero – Caldas: En el mes de septiembre de 2008, mediante el titular “Así se repartieron Caldas”,  el Espectador habló sobre la manera como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, dividió el departamento en distritos electorales,  para apoyar candidatos a las distintas corporaciones en el departamento y tejer una red que respaldara aspiraciones tanto a Cámara como a Senado,  al mejor estilo de Jorge 40 con la Guajira, Cesar y Magdalena, según la sentencia judicial conocida por el diario.[8] Estas investigaciones en Caldas dejan, hasta ahora, como principales involucrados a los ex congresistas Dixon Ferney Tapasco y Emilio Enrique Ángel. Otra de las personas investigadas es la senadora Adriana Gutiérrez, pupila del hoy Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, quien ocupó el cargo de senador en el periodo 2002 -2006 por el movimiento Convergencia Popular Cívica, promovido  por alias “Ernesto Báez” y por el cual aspiró y ejerció como senador Carlos Clavijo, condenado por parapolítica.  El Ministro fue investigado por su presunta vinculación política con la red política paramilitar del Magdalena Medio. El 9 de julio de 2008 la Fiscalía General de la Nación mediante el Auto Inhibitorio No 1135-10 señaló que luego de escuchar varios testimonios, entre otros los de Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Ramón Isaza Arango y la ex parlamentaria Rocío Arias, no encontró ningún tipo de vinculación política o personal del Ministro de Hacienda con las mencionadas personas. Reunión de las Canarias Según las investigaciones de la Fiscalía, Salvatore Mancuso lideró un primer pacto con empresarios, ganaderos y políticos de Sucre y Antioquia, al cual  le llamó la reunión de las Canarias. Esta cita contó con la presencia de sesenta personalidades de los municipios de Antioquia y Sucre,  entre las cuales se encontraba Miguel Nule Amín, Joaquín García, Humberto Vergara Tamara, Jaime Isaac, Rodrigo Montes, Juan Diaz Yepes, Alfonso Olivares, Ramón Villegas, Eduard Cobos, Javier Piedrahita, Elías Valdez, Ángel Villareal, Luís Eduardo Martinez, Arutro Cumplido, Armando Seguera, Victor Guerra de la Espriella, etc. En la reunión se acordó, según la versión libre de Salvatore Mancuso,  la financiación y operación de las AUC en los departamentos de Sucre y Antioquia y la manera en que se convertirían en  confederación. En el encuentro Ernesto Báez, propone aprovechar la presencia ganada en el territorio nacional para buscar el estatus político, para lo cual idearon el plan de infiltración de los poderes políticos en sus regiones. Las Contraprestaciones que se lograron a través de estos pactos: Los diferentes pactos evidencian que por parte de los paramilitares la imposición de candidatos a todos los cargos y corporaciones de elección popular tenían como objetivo  ganar la  representatividad política y   capturar las funciones del gobierno que tendrían los candidatos que resultaran elegidos. De una parte, al conquistar posiciones locales y regionales podrían ascender más fácilmente a instancias nacionales, como en efecto lo lograron masivamente en el 2002 y 2006. De otro lado, podrían hacerse a varios negocios públicos y privados que diversificarían sus fuentes de ingreso y, en algunos casos, incluso lavar más fácilmente los ingresos de negocios ilícitos. Salvatore Mancuso a través de las versiones libres reconoció  que promovió por lo menos 3 candidatos a Congreso, alcaldes y concejales, influyó en la designación  del personal directivo y administrativo de  la Universidad de Córdoba. Otro tanto logró en la gobernación del Departamento, en donde  impuso al menos a dos secretarios de despecho, entre ellos el de salud y, aunque no ha dado nombres específicos, reconoció sobornar a miembros de la fuerza pública y afirmó genéricamente que por cada kilo de coca invertían al menos un millón de pesos en sobornos. Lo mismo  puede decirse de alias “Jorge 40” en Cesar y Magdalena. Aunque “Jorge 40” prácticamente no confesó nada en sus declaraciones, la incautación de material documental y de computadores de su pertenencia o de algunos de sus más cercanos lugartenientes, dejaron al descubierto su impresionante penetración en la Costa Atlántica. Esas incautaciones sirvieron de prueba reina para demostrar hasta donde los paramilitares se repartieron la administración y el presupuesto del municipio de Soledad en el Atlántico, lo que terminó por hundir a los  ex alcaldes Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Arraut Valero, con quienes trabajaron en conjunto para hacerse a la contratación de obras públicas, educación, los hospitales, los servicios públicos, entre otros. Lo mismo sucedió en los departamentos del  Cesar, Magdalena y la Guajira. Los famosos computadores también pusieron en evidencia la infiltración paramilitar en negocios privados, como el caso de la cooperativa distribuidora de leche en la región-Coolechera , la que por su tamaño y rendimiento financiero era de gran importancia en departamentos como Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y Atlántico[9] . Se inician las investigaciones judiciales: La Corte Suprema de Justicia empezó las investigaciones de parapolítica en junio de 2006, ordenando la detención de tres congresistas por concierto para delinquir agravado y en el caso de Álvaro García  por presunta  participación en crímenes de lesa humanidad.  . Ante una posible apertura de investigación judicial y su posterior juzgamiento, los congresistas optaron por diferentes estrategias.  En el caso  del Representante a la Cámara por el Magdalena Jorge Caballero, huyó del país antes de que la Corte dictara orden de captura en su contra y más adelante se entregó a la justicia. Otros, como los senadores Luis Eduardo Vives,  Mauricio Pimiento y Juan Manuel López Cabrales, acataron  la decisión de la Corte. En cambio  Álvaro Araujo, Carlos García,  Zulema Jattin, entre otros,   optaron por renunciar a su curul, aduciendo que como ciudadano del común tenía más garantías, dado que podía optar por una instancia de investigación en cabeza de la Fiscalía, y otra instancia de juzgamiento en cabeza de un juez y que además tendría recurso de segunda instancia a la decisión del juez e incluso recurso de casación ante la Corte Suprema, en tanto que como congresistas la misma Corte actuaría como investigador y juez y además sus decisiones no tenían segunda instancia. Esta última decisión abrió el debate de si renunciando a la curul, un congresista podía a su vez renunciar al fuero y la Corte perdía competencia para investigarlo, ó sí podía renunciar a la curul, pero no al fuero y por lo tanto la Corte no perdía competencia. La propia Corte Suprema se pronunció al respecto en dos oportunidades, estableciendo que al renunciar a la curul, el congresista perdía el fuero y por tanto la Corte la competencia. Desde entonces los congresistas tuvieron claro que contaban con la opción de renunciar, evadir la Corte y acudir a la Fiscalía, en caso de que ésta les abriera investigación. La Fiscalía General de la Nación se da también a la tarea de asumir los casos de los congresistas que renunciaran  a su curul, muy a pesar de que en comparación con la Corte Suprema de Justicia se encontraba en desventaja porque mientras que en la primera  hay una investigación colectiva de la sala penal, para mitigar las presiones sobre un magistrado, en la Fiscalía la investigación queda a cargo de un solo fiscal, mucho más vulnerable a la presión externa. En segundo lugar la sala penal de la Corte cuenta con un equipo de fiscales de muy alto nivel con dedicación casi exclusiva, que apoya la labor de la sala penal; en la Fiscalía la investigación queda a cargo de fiscales y agentes del CTI que tienen una altísima carga laboral y apenas una dedicación parcial a los casos de parapolítica. En tercer lugar, la Corte cuenta con un coordinador de las investigaciones de parapolítica que conoce el detalle de los casos y orienta jurídicamente las investigaciones a cargo de la Corte; la Fiscalía en cambio no tiene una real coordinación jurídica de las investigaciones de parapolítica, que además están desperdigadas en varias dependencias. En cuarto lugar, la Fiscalía recibe los casos con términos más reducidos, dado que los plazos empiezan a correr desde que se abre la investigación en la Corte; los congresistas saben que la Fiscalía está contra el tiempo. En quinto lugar, los congresistas tienen mayor grado de influencia en la Fiscalía, donde han tenido desde su creación influencia en la designación de cuotas burocráticas, que a la postre pueden influir a su favor en el trámite de sus investigaciones.  En sexto lugar, mientras que los recursos en la Corte se hacen ante la misma sala penal que adelanta la investigación, en la Fiscalía algunos recursos los ha resuelto el Vicefiscal, quien en varias oportunidades ha decidido en favor de los congresistas investigados, como en los casos de William Montes  y Mario Uribe. En el caso de Mario Uribe, a través de un polémico fallo del entonces vice fiscal y hoy Fiscal General Interino,  Guillermo Mendoza Diago, se ordenó la libertad del ex senador por considerar  que las pruebas finales no tenían la suficiente contundencia. [10] La decisión de la Fiscalía de ordenar su captura estuvo sustentada en que Uribe Escobar obtuvo una votación considerable en zonas de influencia paramilitar de Córdoba, y en las declaraciones de Mancuso, según las cuales les pidió a personas que vivían en zonas dominadas por las autodefensas que votaran por Mario Uribe[11]. El entonces vicefiscal, Mendoza Diago, dijo que la excarcelación de Uribe »no significaba una absolución» y explicó que el ex parlamentario sigue siendo investigado[12]. El pasado 8 de julio, la Procuraduría General de la Nación pidió  a la Fiscalía General de la Nación llamarlo a juicio  por sus presuntos vínculos con paramilitares. De acuerdo con el Ministerio Público, hay razones suficientes para demostrar que el ex congresista tuvo vínculos con las Autodefensas, de manera que éste podría ser objeto de una resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir agravado[13] . Mientras el hoy Fiscal Mendoza Diago ordenaba la libertad de Uribe Escobar, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a cargo de Julio Roberto Ballén Silva, consideró que no había méritos para condenar al ex congresista William Alfonso Montes Medina, pese a haber firmado el Pacto de Ralito y asistido a otra reunión en el Caramelo (Córdoba) con varios comandantes de las Auc y a muy a pesar de que la Fiscalía pidió que fuera condenado por el delito de concierto para delinquir, porque aseguró que Montes tuvo contactos desde el año 2001 con las autodefensas, de lo que se infería que su campaña fue avalada y patrocinada por dicho grupo al margen de la ley [14]. Estas decisiones junto con otras más como la de Luis Humberto Gómez Gallo, a quien se le dictó absolución unos días antes de que su caso precluyera, generó suspicacias en el círculo de juristas, quienes fueron  consultados por El Espectador, y aseguraron al diario: “existen suspicacias sobre algunos expedientes de parapolíticos que fueron favorecidos con fallos controvertidos o en los que no existió un análisis juicioso de sus procesos”[15], por lo que la Corte Suprema de Justicia  en un cambio de jurisprudencia, anunció que seguirá con los procesos de los congresistas vinculados a la parapolítica y en el escándalo de las notarias, así renuncien a su curul. Este cambio fue hecho tras la ponencia del presidente de la Corte Augusto Ibáñez. El magistrado Ibáñez contempla que los congresistas investigados son funcionarios con fuero, y que, en el caso de la parapolítica, se aliaron con grupos ilegales al margen de la ley para que les ayudaran en las elecciones y se reunieron con ellos para delinquir y cambiar leyes a su favor, también señala que en algunas de las normas que aprobaron en el Congreso pudieron haber influido estos grupos al margen de la ley. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de retener el fuero a los congresistas deja a la Fiscalía con la tarea de investigar a congresistas de períodos anteriores, no reelectos, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y funcionarios públicos inmersos en la parapolítica. El aporte de la ley de justicia y paz al proceso de la parapolítica: Luego de las precisiones que le hizo la Corte Constitucional a la ley 975, cuando pasó a sus manos para revisión, después de ser aprobada por el Congreso de la República, contempló penas alternativas de ocho años  de cárcel para aquellos paramilitares  que confesaran sus crímenes, ayudaran a esclarecer la verdad de lo sucedido e hicieran la devolución de los bienes robados y contribuyeran a la reparación de las víctimas. Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido por ley,  la Fiscalía General de la Nación creó la Unidad de Justicia y Paz que hoy tiene 58 fiscales. Su tarea ha sido conducir el proceso jurídico de los desmovilizados de las Auc, que incluyen una confesión o versión libre del postulado. Cada fiscal tiene a cargo investigar uno o varios bloques o estructuras de las Auc y organizar las versiones libres de cada postulado en tres etapas: El desmovilizado cuenta su rol y la estructura del grupo paramilitar, el mando, las funciones, finanzas, cómo fueron utilizados los recursos, los bienes a nombre de los jefes o sus integrantes y anuncian los hechos que va a confesar. La Fiscalía lo interroga sobre los hechos delictivos en los que estuvo involucrado, los lugares, las víctimas y sus cómplices (otros paramilitares, civiles, militares y funcionarios públicos). La Fiscalía recopila la información para después confirmar los hechos. Durante las versiones que sean necesarias responde cuestionamientos de las víctimas o sus familiares. La Fiscalía le pregunta sobre crímenes que han sido investigados, en los que supuestamente participó y sobre los que el paramilitar no se ha auto inculpado. En esta etapa se le da la posibilidad de confesar. Las víctimas también tienen la oportunidad de preguntar sobre crímenes no confesados. La Fiscalía investiga los hechos confesados y formula los cargos (imputación) contra el versionado ante el Magistrado de control de garantías de Justicia y Paz. En audiencia pública éste, vigila que no se haya violado el debido proceso y, si el desmovilizado acepta los cargos, el magistrado abre un incidente de reparación integral en el que las víctimas o sus representantes legales o el Ministerio Público debe expresar qué tipo de reparación pretenden. Pueden conciliar esta reparación con el desmovilizado, y luego de que el  juez falle o dictamine la manera cómo se ha de reparar a las víctimas, y le fija una condena al procesado. Ésta pena se suspende si se considera que el desmovilizado ha cumplido los postulados de la ley y merece la pena accesoria, entre cinco y ocho años. Si no lo considera apto para el beneficio, su caso pasará a la justicia ordinaria. Cuando el fiscal encargado de indagar lo que determinado desmovilizado confiese en su versión libre, encuentra meritos en su versión libre para investigar si hubo algún tipo de vinculación con la función pública o la clase política, compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia si el involucrado es algún congresista o ministro, para que inicie la respectiva investigación preliminar o si de trata de otro clase de funcionario público o político, lo hace la misma Fiscalía. Es así como a través de las versiones libres se han iniciado la mayoría de vinculaciones judiciales por parapolítica, las que de encontrarse con pruebas lo suficientemente contundentes, se les abre la respectiva investigación formal o instrucción. Es ahí   cuando se comenzaron a conocer de manera oficial las vinculaciones de funcionarios públicos de distintos órganos del Estado con los paramilitares. Salvatore Mancuso por ejemplo en su primera versión libre de más de ocho horas ante los tribunales de justicia y paz reveló como el mayor Walter Fratini, un oficial del Batallón Junín que falleció en un combate con el Epl en 1993,  les dio a las nacientes autodefensas armas cortas y largas con salvoconductos. También se le escuchó decir que los ‘paras’ daban información a los militares sobre presuntos auxiliadores de la guerrilla que luego aparecían muertos. Esta revelación sobre vínculos con algunos miembros de la Fuerza Pública ya fallecidos va en la línea con  otras declaraciones de jefes ‘paras”, como la de  Ramón Isaza, quien  aseguró que su grupo coordinaba operaciones con el desaparecido general Alfonso Manosalva, ex comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, y con el mayor David Hernández, quien murió siendo conocido como el jefe paramilitar ’39’ [16]. Justamente en esa versión libre el ex líder paramilitar justificó su accionar en las zonas en donde operaron el y sus hombres “Mancuso empezó a usar el computador en el que viene preparando su defensa. En él leyó páginas enteras sobre el abandono del Estado y la desprotección de los ganaderos de Córdoba frente a las Farc y el Epl. Recordó la carta que en los 90 le envió al ex ministro de Defensa Fernando Botero pidiendo protección, dijo que había sido policía cívico y que estuvo en las Convivir. También mencionó centenares de cabezas de ganado que supuestamente le robó la guerrilla. Después hizo referencia a analistas y columnistas de periódicos y revistas para apoyar su tesis de que fue el abandono del Estado lo que llevó al surgimiento del paramilitarismo”. [17] Pero si la primera versión de Salvatore Mancuso fue explosiva, la segunda en mayo de 2007, lo fue aún más. En esa ocasión el ex jefe paramilitar no solamente salpicó a los  senadores Mario Uribe, Armando Benedetti, Zulema Jattin, Julio Manzur,   Reginaldo Montes, Javier Cáceres,  el ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suarez Corzo, sino también al hoy Presidente de la República  Juan Manuel Santos,  de quien aseguró que había buscado a Carlos Castaño para pactar un acuerdo con el fin de sacar del poder al ex presidente Ernesto Samper en 1997. Ese mismo día, Mancuso  aseguró que el ex vicepresidente Francisco Santos les pidió su ayuda para crear el bloque capital en Bogotá.[18] Otra de las versiones libres que ha servido para destapar la parapolítica en los distintos departamentos son las de  Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, Eugenio Reyes “Geño’ y Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’, las que le han dado impulso a la Fiscalía para investigar a más políticos en el departamento de Bolívar. El desmovilizado Eugenio Reyes “Geño’ por ejemplo,  denunció a la Fiscalía General que por presión de la empresaria Enilse López decidió apoyar al Gobernador del Partido Liberal Libardo Simancas en su campaña a la gobernación en 2003. Por el mismo conducto los ex paramilitares Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, y Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’ señalaron al empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, el gran financiador de campañas en ese departamento y  de colaborar con las Auc. Lo mismo han hecho con políticos locales en Bolívar. Por su  parte Hernán Giraldo,  ex jefe conocido como ´el Patrón´, jefe de los grupos paramilitares que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, había dicho ante la fiscalía, en la audiencia correspondiente al procedimiento previsto en la ley de Justicia y paz, que trece de los políticos más destacados del departamento del Magdalena hicieron acuerdos con él para lograr su apoyo en los procesos electorales. Dentro de las personas citadas por Giraldo se encontraba el alcalde de la capital José Francisco Zuñiga, a quien la  Fiscalía General de la Nación ordenó su detención por vínculos con las AUC que operaban en el departamento del Magdalena.[19] Ever Veloza García, alias ‘HH’, ex jefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima de las AUC reveló en los tribunales de Justicia y Paz que los narcotraficantes Huber González Rivas, Dagoberto González Rivas y Holmes Durán Ibargüen le solicitaron a él, apoyo político para el senador Juan Carlos  Martínez en su aspiración al legislativo[20]. En otra de las versiones libres, ex paramilitares entre los que se encontraban José Wilton Bedoya Rayo, alias ‘Moisés’, del bloque Tolima de las Auc, señalaron al ex senador Luís Humberto Gómez Gallo de realizar  aportes económicos a los paramilitares con recursos del presupuesto del municipio. ‘Moisés’ le dijo a magistrados de la Corte que el senador participó en un plan para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño, cuando corría el año 2001.[21] De la misma manera ha sucedido con la mayoría de los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas militares y de la policía  que tienen investigación por parapolítica. En otros casos las pruebas más dicientes salen de los computadores incautados por las autoridades como el de Jorge 40,  en donde se ha encontrado información valiosa para los  casos como los de   Zulema Jattin, senadora del Partido de La U; Dieb Maloof, senador de Colombia Viva; David Char, senador de Cambio Radical y quien aparece como receptor de beneficios económicos del Bloque Norte de las AUC, es decir el brazo militar de ‘Jorge 40’. [22] Tropiezos en el proceso judicial: Desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia se toma en serio la labor de investigar a los congresistas elegidos para el período 2006 -2010 y lo mismo haría la Fiscalía con el resto de personas implicadas, comenzaron los enfrentamientos con el ejecutivo quien primero  los tildó de hacer justicia selectiva y desde entonces ha puesto como blanco favorito de sus dardos al  ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia  Iván Velázquez, a quien el país entero le reconoce su coraje y valor para asumir la labor de investigación para este tipo de casos. Proyecto de Sedición, primera manzana de la discordia: El gobierno nacional ha demostrado un interés particular por darle una mano a los parlamentarios que se han  visto procesados por parapolítica en la medida en que no solo se ha enfrentado verbalmente con la Corte Suprema de Justicia, sino que a través de su ministro del Interior y del entonces Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo les hizo propuestas encaminadas a esos fines. En junio de 2007 a través del entonces ministro del Interior Carlos Holguín Sardi presenta a consideración el proyecto de ley con el que buscaba solucionar la situación que se presentaba  con 18 mil desmovilizados de las autodefensas que se acogieron al proceso de paz con el Gobierno,  mediante el cual  se reformaba el artículo 468 del Código Penal, cambiando el concepto de Sedición, el que de haber sido aprobado hubiese quedado así: “Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigentes, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incrementados en los términos de la ley 890 de 2004. Incurrirán en las mismas penas quienes, mediante el empleo de las armas, constituyan grupos ilegales con la pretensión de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados organizados al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión”.[23] En otras palabras el proyecto ponía en el  mismo nivel a paramilitares y guerrilleros por lo que la Corte Suprema de Justicia se pronunció diciendo que:  “aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo, sino, también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad”.[24] A tal posición de la Corte Suprema de Justicia en declaraciones a Caracol Radio, el presidente Uribe respondió diciendo que: “Las Cortes tienen una independencia relativa”, argumentando además que para él no es lógico que se le dé a la guerrilla un tratamiento político,  pero no se haga lo mismo con los ex ‘paras’ que están en un proceso de paz. De hecho, insistió en la tesis de que el delito político no debe existir en Colombia[25]. Sorpresivamente la posición del gobierno encontró un aliado: El ex fiscal general de la nación, Mario Iguarán, quien confirmó que hay un problema jurídico para resolver la situación de casi 18 mil desmovilizados. “En algunos casos no se puede descartar que sean considerados como tales (delincuentes políticos), pero cada caso debe ser estudiado a la luz de las leyes”[26] La oposición al gobierno de Uribe se manifestó en contra de la propuesta porque según ellos, la idea obedecía a las presiones de los ex paras, pero que además a futuro podría convertirse en una especie de salvavidas para los parapolíticos. Finalmente en agosto de 2007, el entonces ministro del interior Carlos Holguin retiró la propuesta argumentando que en adelante se la jugaría por el concierto para delinquir simple, mediante la cual pretende definirles la situación jurídica a unos 19 mil ‘paras’ desmovilizados que no han sido acusados de delitos atroces. El complot de alias Tasmania: La edición no 14 de la Revista Arcanos en donde la Corporación Nuevo Arco Iris hace un  el balance del conflicto armado  a 2008, en el que realiza un habla de los sucesos que rodearon la parapolítica en ese año, resume la manera como el  país entero se sorprendió cuando el 9 de octubre de 2007, el presidente Uribe públicamente aseguró que había recibido una carta del ex paramilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, según la cual el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que involucrara al Presidente Uribe en relaciones con los paramilitares. Esa denuncia se hizo poco después de que la Corte abriera investigación contra al primo del Presidente, el senador Mario Uribe, por supuestos vínculos con paramilitares.  La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación de la denuncia del Presidente. Ante tales acusaciones de parte del primer mandatario la Corte en su conjunto respaldaron la labor del magistrado auxiliar Iván Velásquez y a través de un comunicado de ocho puntos, aseguró que todas sus decisiones son fruto de un estudio colegiado y no de la labor de un solo funcionario. También desaprobó cualquier acto de injerencia en sus investigaciones que lleve a desconocer la independencia de los administradores de justicia y expresó su preocupación porque las recientes declaraciones del mandatario generen en la opinión pública un «errado entendimiento de la función» de la Corte. Meses después, el paramilitar denunciante, “alias Tasmania”, se retractó de lo dicho en la carta y declaró que la carta la había firmado sin leerla, por recomendación de su abogado, Sergio González, quien le prometió que los señores Santiago y Mario Uribe lo ayudarían y que “alias el tuso”, narcotraficante del que también era abogado, lo recompensaría con una casa. En declaraciones públicas, Santiago Uribe, hermano del Presidente, reconoció que Mario Uribe, el senador y primo del Presidente, le manifestó que lo de la carta era muy importante y aceptó que él le entregó la carta al Presidente, es decir, la famosa carta fue redactada supuestamente por el abogado González, promovida por “alias el tuso”, fue conocida por Mario Uribe, entregada por Santiago Uribe y divulgada por Álvaro Uribe. La Fiscalía precluyó la investigación contra el magistrado Iván Velásquez y dijo que se trató de un complot en su contra y que el Presidente fue engañado. Lo que nunca estableció la Fiscalía es quién engañó al Presidente: ¿su hermano?, ¿su primo?, ¿alias el tuso?, ¿el abogado González, que prestaba sus servicios tanto a “alias el Tuso” como a “alias Tasmania”? ¿todos al tiempo?.  Alias el tuso” fue extraditado  a  los Estados Unidos, hecho que dejó en ascuas estos interrogantes.[27] Sin embargo en este enfrentamiento el presidente Uribe ripostó asegurando que  magistrados que eran unos clientelistas, se quejó de que se creyeran “intocables” y recordó que el magistrado Sigifredo Espinosa, “que ahora sale a quejarse de que yo estoy obstruyendo a la justicia”, fue a visitarlo a Palacio para pedirle favores para un pariente suyo.[28] Uribe denuncia al presidente de la Corte Suprema de Justicia Cesar Julio Valencia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: El 26 de septiembre de 2007, cuando el presidente Uribe se encontraba en la Asamblea General de la Naciones Unidas, la Corte Suprema de Justicia vinculo judicialmente al senador Mario Uribe, quien es además familiar  del primer mandatario. Este desde Nueva York donde se encontraba,  llamó al entonces presidente del alto organismo judicial Cesar Julio Valencia, quien en entrevista al diario El Espectador, aseguró que Uribe cuando le hablo le pregunto por el caso de su primo. El Presidente montó en cólera, negó tales hechos, asegurando que el motivo de la llamada fue  para conocer la evolución del caso de alias Tasmania. El rifirrafe pasó entonces  a los estrados judiciales. Uribe lo denunció por calumnia e injuria en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y quién dijo miedo. Valencia contrató tres prestigiosos abogados y se ratificó. Poco tiempo después, la Corte Suprema le pidió información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre denuncias contra Uribe Vélez “por sus supuestos vínculos con paramilitares o financiación del terrorismo, a lo cual funcionarios del gobierno contestaron que tal requerimiento era  una clara intromisión de la Corte en las funciones del órgano investigador.  [29] La oposición al gobierno de Álvaro Uribe pide reformar la comisión de acusación de la Cámara de Representantes: La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural tanto del presidente Uribe como de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la actualidad está integrada en su mayoría por congresistas que apoyan la gestión del actual mandatario, por lo los resultados de la denuncia interpuesta por el Jefe de Estado por las declaraciones del magistrado Cesar Julio Valencia en entrevista con el Espectador con seguridad sería a favor del Álvaro Uribe, motivo por el cual la oposición al gobierno propuso que su composición fuera reformada. A través de un comunicado de la Casa de Nariño el Presidente de la República mostró su inconformidad por la forma como asumió su cago el nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Castillo Rugeles quien asumió  ante cuatro testigos en la Corte Suprema de Justicia. Esto fue interpretado al seno del Ejecutivo como una forma de retar al mismo Jefe de Estado Nacional.  En el comunicado del Gobierno se recordó a la Corte que: “el artículo 78 de la Ley Estatutaria de la Justicia señala que los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la República y permanecerán en el ejercicio de aquellos durante el tiempo para el cual fueron elegidos, mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso». En el momento de asumir sus funciones como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Castillo Rugeles tiene más de 65 años de edad, por lo cual el Ministro de Interior y de Justicia y el Secretario Jurídico de la Casa de Nariño se reunieron con el para plantearle que pospusiera  su posesión mientras se efectuaban las consultas jurídicas pertinentes.  A pesar de todo el magistrado asumió su cargo.[30] Gobierno filtra informe sobre fiesta para Yesid Ramírez organizada por Ascencio Reyes: A José Obdulio Gaviria, para entonces Consejero Presidencial, se le atribuyó la filtración a la revista Semana de una información sobre la relación entre el recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, y su coterráneo huilense el empresario Ascencio Reyes. El artículo enlodaba el nombre del Magistrado, vinculándolos a él y al resto de la Corte con un hombre poco conocido pero con estrechas relaciones con el mundo judicial y la Fiscalía. Ascencio Reyes es un empresario de Neiva, dueño de una agencia de viajes, que organiza excursiones turísticas para ver al Atlético Huila. También organiza agasajos. Fue el financiador de una lujosa fiesta en Neiva a la cual fueron invitados, con todos los gastos pagos, los magistrados de la Corte para celebrar el nombramiento de Ramírez como Presidente de la Corte. Ascencio Reyes, que no está judicializado, era amigo de Giorgio Sale, actualmente preso por ser un supuesto testaferro de Mancuso. Sale le regaló un reloj Rolex a Yesid Ramírez. El DAS ha dicho que a raíz de su relación con Sale y Ascencio Reyes, comenzó a investigar al magistrado Ramírez.[31] Gobierno autoriza la extradición a los Estados Unidos de 13 ex jefes de las Auc: Cuando los ex jefes de las Auc se alistaban para entregar información sobre sus nexos con  funcionarios del Estado, políticos, empresarios y militares,  el Presidente Álvaro Uribe Vélez autorizó esta madrugada la extradición a EE.UU de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (alias ‘Don Berna), Hernán Giraldo, alias ‘Pablo Sevillano’ y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, quienes fueron pedidos por el gobierno norteamericano por delitos relacionados con el narcotráfico. La Corte Suprema colombiana ya había autorizado la extradición de estos líderes, pero su entrega fue suspendida porque se encontraban negociando el proceso de Justicia y Paz con el Gobierno. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño  citadas por el diario El Tiempo relataron  que todos los trasladados incumplieron los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, en particular la entrega de bienes para la reparación de sus víctimas. Además, sostuvieron  que han mentido en sus declaraciones ante las autoridades. El pasado 7 de mayo del mismo año  fue extraditado Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, al parecer tras conocer que seguía delinquiendo desde prisión.[32] Visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional y el juez Baltazar Garzón a Colombia: Cuando los enfrentamientos verbales entre el presidente y las altas Cortes se encontraban un punto álgido, se presentó la visita Luís Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional  quien junto al juez español Baltazar Garzón preguntaron por las extradiciones de los 15 ex jefes paramilitares a los Estados Unidos y conocer más de cerca los procesos judiciales que se seguían por  crímenes de lesa humanidad y a políticos por nexos con algunos ex jefes de las Auc. En entrevista con el diario el Tiempo, el fiscal Moreno dijo: «Sabemos que, en buena medida por las versiones libres de los desmovilizados, surgió información que comprometía a otras personas que están siendo procesadas», «Estas personas también pueden tener más responsabilidad en los crímenes, por lo que a nosotros nos interesa. Seguimos cómo la justicia de Colombia procesa ese tipo de casos. Nosotros estamos chequeando. También recibimos listados de investigaciones sobre las Farc y los otros grupos guerrilleros. Estamos buscando información de muchas clases de delitos».[33] Reunión en la Casa de Nari: Justo cuando el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicia su visita a Colombia, para observar el estado de los procesos judiciales al paramilitarismo y la ‘parapolítica’, los colombianos se enteran de que funcionarios cercanos al Presidente Uribe  recibieron visitas del abogado de alias ‘don Berna’ y de un desmovilizado (que, a pesar de ser uno de los jefes del Cacique Nutibara, nunca fue postulado a Justicia y Paz) que entregarían información que comprometería a la Corte Suprema de Justicia en una conspiración contra el presidente Uribe. La Revista Semana.com en su edición del 23 de agosto de 2008 publicó los audios y videos que fueron entregados al jefe  de prensa y el secretario jurídico de la presidencia que revelan cómo el jefe paramilitar ‘Don Berna’ y sus hombres de confianza diseñaron un maquiavélico plan que consistió en grabar clandestinamente a miembros de la Corte -y otras personas- con el fin de llevarle las grabaciones al gobierno a cambio de beneficios[34]. La Corte Suprema denunció un presunto complot de paramilitares y un sector del Gobierno para afectar su funcionamiento y anunció que acudiría a estrados internacionales para defender su institucionalidad. El presidente Álvaro Uribe en rueda de prensa respondió  que la reunión que sostuvieron sus secretarios de Prensa y Jurídico con emisarios de “alias Don Berna” buscaba recibir información sobre el manejo de orden público y sobre supuestos complots contra el Presidente, y que la reunión no fue clandestina, para lo cual  mostró como prueba los registros de seguridad de la Casa de Nariño, los que mostraron que alias Job ingresó por el sótano del Palacio de Nariño, pero curiosamente sin registrarse como lo exigen las normas de seguridad de la Presidencia. La senadora Nancy Patricia Gutiérrez graba de manera clandestina a un ex funcionario de la Corte Suprema de Justicia: La Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, en su afán por demostrar su inocencia en la investigación preliminar por parapolítica que le adelanta la Corte Suprema, hizo una grabación clandestina a Juan Carlos Díaz Rayo, ex miembro del grupo de investigador  de la Corte Suprema sobre el proceso judicial, quien dice que existe un proceso llamado 26.625, a través del cual se llevan a cabo pruebas generales, sin que se adelante algo contra alguien en particular. La senadora dijo en La FM de RCN que el proceso “26.625” es alterno a las investigaciones que se conocen por el escándalo de la parapolítica y que no se permite el acceso a los abogados ni a los congresistas y que violaba el debido proceso; además ratificó supuestas denuncias de abuso de poder el magistrado Iván Velásquez”, de quien sin mencionar su nombre asegura que la estaba chantajeando, lo cual es reafirmado por el presidente Uribe quien públicamente dice que le aconsejo denunciarlo. La Corte Suprema defendió nuevamente a su magistrado y demostró que en la Corte no existen investigaciones fantasmas de ningún tipo, ni violaciones al debido proceso y le pide al primer mandatario  respetar las labores judiciales. El gobierno nacional presenta a consideración del Congreso de la República un proyecto de Reforma a la Justicia: El presidente Uribe nombra en su gabinete ministerial a Fabio Valencia Cossio como ministro del Interior y de la Justicia a quien le encarga labor de presentar a consideración del Congreso un proyecto de reforma judicial en el que proponía la reforma  a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el argumento de que «hoy el problema es que elegidos los magistrados de esta Sala hay un divorcio, debido a que no interpreta el querer ni las necesidades de las Cortes en materia de recursos para la rama judicial«; aumentar la edad para poder ser magistrado y que pase de 35 años a 45 y contar con 20 años de trayectoria en el ejercicio del derecho, la docencia o en la carrera judicial. Además de lo anterior,  el retiro forzoso sería a los 70 años y no a los 65; las Cortes dejarían de participar en la elección del Contralor y el Procurador, lo que a juicio de Valencia «se busca fortalecer esta decisión en manos del Congreso»;  aumentaba el periodo del Fiscal, Procurador y Contralor a ocho años y no cuatro años como se encuentra en la actualidad; el Auditor General de la Nación debía ser elegido por la Cámara de Representantes y no por el Consejo de Estado como funciona con la legislación vigente; la implementación de la doble instancia para los congresistas, tanto para procesos penales como para la pérdida de investidura. Según dijo el ministro del interior,  “lo que se debe hacer es respetar el fuero de congresista que es otorgado por la voluntad popular» Para ello explicó que:  «la primera instancia, para los casos penales, estará en manos del Tribunal Superior de Bogotá y la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia«.  En el caso de la pérdida de investidura: «La primera instancia estaría  bajo la responsabilidad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, la segunda, la Sala Plena del Consejo de Estado».[35] Relator de la ONU para la independencia de la Justicia llega a Colombia: La Corte Suprema de Justicia solicitó la presencia de un relator de la ONU para la Independencia de la Justicia por la creciente tensión entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.  El organismo internacional atendió la solicitud y envió  a Leandro Despouy. Durante la visita el presidente Uribe dijo que: “Quiero que el delegado de Naciones Unidas antes de dar declaraciones que creen suspicacias sobre el país, estudie bien los temas», tales afirmaciones las hizo  por las criticas de magistrados de la Corte Suprema a un proyecto de reforma judicial que acababa de presentar el Gobierno.[36] La Revista Semana revela que el Das chuzaba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y les hacía seguimientos: Tras varias semanas de incertidumbre, de informes periodísticos y reportes parciales de investigaciones de la Fiscalía que daban cuenta de graves irregularidades cometidas por funcionarios del DAS en contra de magistrados, periodistas y miembros de la oposición, aparecieron interceptaciones telefónicas y más registros de seguimientos que de manera ilegal se realizaron durante al menos las últimas cuatro administraciones en esa institución. Pero las revelaciones iniciales se quedaron cortas y todo parece conducir a un orquestado plan sistemático que se desplegó con amplitud durante la campaña presidencial y que, según el ex director de inteligencia del DAS, vincularía a dos altos funcionarios de la Presidencia de la República de Álvaro Uribe. Varias grabaciones divulgadas por la FM de RCN constituyen la punta del iceberg de este escándalo. De acuerdo con la emisora, más de 100 personajes de la vida nacional fueron ‘chuzados’ entre abril y mayo de 2006, ad portas de las elecciones presidenciales y en momentos en que el ajedrez político movía sus fichas de manera estratégica, bien para apoyar la reelección del Jefe de Estado, o bien para tratar de impedirla. El personaje que más fue chuzado fue el magistrado auxiliar Iván Velásquez a quien le apareció un rastreo a más de  2.000  llamadas y decenas de reuniones. La Corte Suprema de Justicia pidió entonces el respectivo pronunciamiento de presidente Uribe sobre el suceso, hecho que nunca se dio y en cambio cuando el escándalo se había apabullado, la Revista Semana, en su edición del 21 de febrero denuncia que las interceptaciones en el organismo de inteligencia continuaban, pero además sacó a la luz pública la manera como los trabajos de seguimientos fueron puestos al servicio de  narcos, paras y guerrilleros, por el que el órgano pidió al gobierno resultados de las investigaciones por las interceptaciones ilegales que el DAS hizo a magistrados, periodistas e integrantes de la oposición. [37] Seguimiento a los magistrados de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF) A las chuzadas del Das se suman la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF), quien  le envió a la Fiscalía el 16 de mayo de 2008, un informe sobre el que pesan serios cuestionamientos, no solamente por las dudas que tenía  dicha unidad para escarbar las cuentas de los magistrados sin orden judicial previa sino también por el uso que presuntamente ha venido haciendo el Gobierno del mismo para debilitar las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia que le afectan directa o indirectamente. Ante este hecho las altas cortes se declaran insatisfechas con los documentos que le envió el Gobierno sobre los seguimientos de la Uiaf a los movimientos financieros de algunos magistrados. Ellos pedían conocer las órdenes jurídicas que permitían los seguimientos. En sus últimas declaraciones sobre el tema el presidente Uribe aseguró que  las acusaciones de interceptaciones y seguimientos ilegales solo buscaban desacreditar su administración y las instituciones nacionales Sus últimos cuatro directores están siendo investigados por presuntos vínculos con paramilitares y por las escuchas ilegales a distintas personalidades, entre ellas varios aspirantes a la presidencia, magistrados de la Corte Suprema, periodistas, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos. Se desata la Yidispolítica: En mayo de 2008 la ex representante Yidis Medina denuncia en entrevista con Daniel Coronell en Noticias Uno, que el gobierno del presidente Uribe le ofreció dadivas a cambio de su voto favorable para la primera reelección del primer mandatario. A raíz de esta revelación la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía inician las respectivas investigaciones de las cuales el primer de estos dicta fallo en contra de la ex parlamentaria y pide a la Corte Constitucional revisar el acto que permitió el segundo mandato del Uribe por considerar que su trámite estuvo viciado. El Comisionado de Paz denuncia a algunos magistrados por nexos con grupos ilegales: Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia por la Yidispolítica, el primer mandatario monto en cólera, citó a los medios de comunicación y entrevistó directamente la ministro de salud Diego Palacios quien no dudó en hacer acusaciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en acto seguido el entonces Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo en ánimo revanchista denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes presuntos nexos de algunos miembros del alto organismo judicial con grupos ilegales. Finalmente el pronunciamiento de la Corte Constitucional fue a favor del acto que permitió la reelección argumentando que ya era cosa fallada por lo que los ánimos en el Palacio de Nariño volvieron a calmarse. Se inicia la cuellopolítica: Cuando se presentó nuevamente un proyecto de reforma  que permitía una segunda reelección que fue aprobado por el senado y posteriormente por la Cámara de Representantes, los ánimos volvieron a calentarse luego de las denuncias esta vez por cuenta de la denuncia hecha ante la Corte, en julio pasado, por el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute. El ex funcionario, como lo reveló la Revista Semana, contó los pormenores que rodearon la entrega de notarías a por lo menos 30 congresistas como ‘pago’ por haber votado la reforma para la reelección. Para sorpresa de los investigadores, la que parecía una diligencia de rutina terminó siendo extremadamente reveladora. Debido a  las declaraciones, los investigadores de la Corte solicitaron las órdenes judiciales respectivas y allanaron la casa del senador Alirio Villamizar en un exclusivo barrio de Bucaramanga,  en donde  encontraron una caja fuerte en donde estaban guardados 730 millones de pesos y 13.000 dólares. Villamizar no logró explicar a los investigadores el origen del dinero, ni las razones para guardar semejante suma en efectivo en su vivienda. Por esta razón la plata fue incautada, al igual que dos computadores y tres agendas. Lo encontrado por los investigadores de la Corte les da credibilidad a las denuncias de Cuello y deja en serios aprietos no sólo a por lo menos otros 30 políticos que aparecen en la lista de los beneficiados con notarías, sino que también compromete a altos funcionarios del gobierno.[38] Ante este hecho y en medio de la discusión por una posible aprobación del referendo que permitiría la segunda reelección del presidente Uribe,  el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero instaura una demanda en la Corte Suprema de Justicia  contra 86 de sus colegas  con el argumento de  que los políticos incurrieron en prevaricato al aprobar un proyecto que no contaba con el visto bueno de la organización electoral que aún revisa la legalidad de la recolección de las firmas, la que al parecer fue financiada por la captadora ilegal DMG. El organismo judicial da credibilidad a la denuncia e inicia la respectiva investigación preliminar contra 86 congresistas, quienes fueron animados por el gobierno nacional para que hicieran caso omiso a la advertencia judicial y dieran el visto bueno para que Uribe pudiera  presentarse a una segunda reelección. El partido de la U propone un alto tribunal para juzgar a los congresistas: Luego de lo anterior el partido de la U, a través del senador Hernán Manrique Rosero y la vocería de su director, el ex comisionado Luis Carlos Restrepo propuso la creación de un nuevo tribunal que siguiera los procesos de los legisladores indagados, con el argumento de evitar un choque de trenes entre el Congreso y la Corte que se juzgan mutuamente. Dicha Corte, estaría conformada «por juristas del más alto nivel», resaltó el jefe de la bancada uribista. «Se sugiere en principio que sean nombrados por una instancia como el Consejo Superior de la Judicatura.».[39] Al final del mes de septiembre la propuesta fue retirada del congreso y el ministro del interior Fabio Valencia Cossio anuncio ante las cámaras de televisión el 1 de octubre de 2009, que el gobierno discutiría en compañía de la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de una segunda instancia para los congresistas, pero además, que esto sería  luego de una reunión entre Uribe y el entonces presidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez. En que terminó la parapolítica: La Corte Suprema de Justicia en cabeza del magistrado Augusto Ibáñez dio un giro al procedimiento que se le seguía al proceso de la parapolítica, primero con el cambio de jurisprudencia mediante el cual les retiene la facultad de investigar y juzgar a los congresistas que renuncien a su curul y segundo al determinar a quienes se les encuentren vínculos con el paramilitarismo podrían ser procesados por delitos de lesa humanidad. En el segundo caso el Alto Tribunal, a través de su presidente, el magistrado Augusto Ibañez, informó que durante la última reunión de la Sala Penal, la mayoría de los integrantes de esa colegiatura optaron por adaptar los parámetros de juzgamiento de la corporación a los estándares internacionales, al considerar que quienes establecieron alianzas con grupos armados ilegales hacen parte del aparato de guerra de tales organizaciones. Con la parapolítica cada quien ha cumplido con el papel que le corresponde, es decir, las ONG’S y la academia, cumplieron con la tarea de estudiar y analizar el caso, los medios de comunicación con denunciar los hechos, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia con iniciar los procesos judiciales. Sin embargo,  para asegurar una no repetición de estos hechos, faltó  la ayuda de la sociedad colombiana, quien muy poco cumplió con la responsabilidad que en adelante le correspondía. Esta responsabilidad consistiría en castigar electoralmente a quienes tejieron este tipo de alianza en las elecciones que en adelante se harían, no elegiendo a los familiares y amigos de quienes  acordaron tratos con los paramilitares valiéndose de sus acciones. Actualmente se tiene no solamente a senadores y representantes cuotas de estos personajes, sino además, familiares y amigos en los cargos de alcaldes y gobernadores, configurando unas “Redes de Corrupción”, difícil de expulsar de las administraciones locales y de los aparatos de control político y fiscal. Oscar Fernando Sevillano Artículos relacionados Parapolítica, La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos We’re a custom essay writing service that connects vetted academic writers with students for high-quality writing and editing assistance. De Convergencia al PIN Parapolítica proceso judicial que no termina La Tercera generación de la parapolítica [1] La Cumbre  de Caramelo, www.semana.com, 24 de abril de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111234 [2] Las ‘vueltas’ de Gil con las Auc, www.elespectador.com, 25 de noviembre de 2008 http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso93534-vueltas-de-gil-auc [3] Investigan Otra Cita De Políticos De Casanare Con ‘Paras’ De ‘Martín Llanos’, www.eltiempo.com, 7 de marzo de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2408531 [4] Cuatro ex jefes ‘paras’ dicen que ex representante Emilio Martínez hizo acuerdos con Autodefensas, www.eltiempo.com, 16 de octubre de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3768302. [6] Supuesto pacto entre Mancuso y políticos para ganar gobernación de Córdoba enreda a Zulema Jattin, www.eltiempo.com, 12 de mayo de 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/supuesto-pacto-entre-mancuso-y-politicos-para-ganar-gobernacion-de-cordoba-enreda-a-zulema-jattin-_5179297-1 [7] Chivolo y Pivijay, los otros pactos, www.elespectador.com, 15 de julio de 2008. http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-chivolo-y-pivijay-los-otros-pactos [8] Así se repartieron Caldas, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-asi-se-repartieron-caldas, 23 de septiembre de 2008. [9] La ordeñada de los paras, www.semana.com, 14 de octubre de 2006. [10] Fiscal Iguarán acepta renuncia del encargado de la investigación contra, 1 de septiembre de 2008. www.terra.com.co, http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu14563.htm [11] Mario Uribe y William Montes, en libertad, www.elespectador.com, http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso-mario-uribe-y-william-montes-libertad [12] Ordenan libertad para Mario Uribe, investigado por ‘parapolítica’, www.terra.com.co, 20 de agosto de 2009. http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu14215.htm [13] Procuraduría pide enjuiciar a Mario Uribe, www.elespectador.com, 8 de julio de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo149633-procuraduria-pide-enjuiciar-mario-uribe [14] Mario Uribe y William Montes, en libertad, www.elespectador.com, http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso-mario-uribe-y-william-montes-libertad [15] Quienes se van, www.nuevoarcoiris.org.co, http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=es/node/513 [16] Versión libre de Salvatore Mancuso ante fiscales de justicia y paz se reiniciará el 15 de enero, 20 de diciembre de 2006. www.eltiempo.com. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3373052# [17] Versión libre de Salvatore Mancuso ante fiscales de justicia y paz se reiniciará el 15 de enero, 15 de enero de 2006. www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3373052# [18] Salvatore Mancuso vincula a más políticos con las autodefensas, www.semana.com, 16 de mayo de 2007. http://www.semana.com/noticias-on-line/salvatore-mancuso-vincula-politicos-autodefensas/103672.aspx [19] Detenido ex-alcalde de Santa Marta por «parapolítica», www.lapalabradigital.com , http://www.lapalabradigital.com/inicio/index.php?Itemid=47&id=1799&option=com_content&task=view [20] ‘HH’ asegura que el senador Martínez se benefició del paramilitarismo , www.elpais.com.co http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Julio112008/hhsalpi.html [21] Capturado Luis Humberto Gómez Gallo, ex presidente del Congreso, por ‘parapolítica’, www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3854398 [22] “El computador de ‘Jorge 40’ puede ser el inicio de un nuevo proceso 8.000”, www.semana.com, 10 de octubre de 2006, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=97456 [23] http://web.presidencia.gov.co/especial/sedicion/index.htm [24] Corte aclara sobre el delito de sedición, www.elpais.com.co, http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre122007/nac02.html [25] Se calienta el pulso por sedición, www.eltiempo.com, 28 de julio de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2591024 [26] Se calienta el pulso por sedición, www.eltiempo.com, 28 de julio de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2591024 [27]  2008 En que está la Guerra. Otras tácticas de defensa de la parapolítica: Los  complots y las amenazas. El Complot de alias Tasmania: Los Uribe vs Iván Velásquez. Balance Político de la Parapolítica, Revista Arcanos, Página  78 [28] Pulso Corte-Gobierno puso en crisis institucionalidad del país, Cronología del enfrentamiento www.elespectador.com, 28 de junio de 2008. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,2 [29] Pulso Corte-Gobierno puso en crisis institucionalidad del país, Cronología del enfrentamiento. www.elespectador.com, 28 de junio de 2008. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,2 [30] Puja entre Gobierno y Altas Cortes por posesión de magistrado Castillo Rugeles, www.elespectador.com, 1 de abril de 2008. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-puja-entre-gobierno-y-altas-cortes-posesion-de-magistrado-castillo-rugele [31] El último incidente entre la UIAF y la Corte Suprema es solo el capítulo más reciente de una pelea que arrancó en 2006, Gobierno filtra informe sobre fiesta para Yesid Ramírez organizada por Ascencio Reyes. www.lasillavacia.com, http://www.lasillavacia.com/historia/2379 [32] Uribe ordena la extradición a EE UU de varios jefes paramilitares presos, www.elpais.com, 13 de mayo de 2008 http://www.elpais.com/articulo/internacional/Uribe/ordena/extradicion/EE/UU/varios/jefes/paramilitares/presos/elpepuint/20080513elpepuint_11/Tes [33] Corte Penal Internacional sigue pista a la parapolítica, asegura su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3776563, 22 de octubre de 2007. [34] El complot de los paras, www.semana.com 23 de agosto de 2008. http://www.semana.com/noticias-nacion/complot-paras/114756.aspx [35] Detalles del proyecto de reforma a la justicia reveló Mininterior a Comisión Primera del Senado, www.eltiempo.com , http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-29/detalles-del-proyecto-de-reforma-a-la-justicia-revelo-mininterior-a-comision-primera-del-senado_4415957-1 [36] El último incidente entre la UIAF y la Corte Suprema es solo el capítulo más reciente de una pelea que arrancó en 2006, Relator de la ONU para la independencia de la Justicia llega a Colombia, www.lasillavacia.com, 10 de junio de 2009. http://www.lasillavacia.com/historia/2379 [37] El DAS sigue grabando, www.semana.com, 21 de febrero de 2009. http://www.semana.com/noticias-nacion/das-sigue-grabando/120991.aspx [38] Empieza la ‘cuello-política’, www.semana.com , 22 de agosto de 2009. http://www.semana.com/noticias-nacion/empieza-cuellopolitica/127671.aspx [39] Proyecto de ley le quitaría facultad a Corte Suprema de investigar , www.caracoltv.com, 9 de septiembre de 2009, congresistashttp://www.caracoltv.com/noticias/politica/articulo151874-proyecto-de-ley-le-quitaria-facultad-a-corte-suprema-de-investigar-congresistas [i] http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html. [ii] El exterminio, www.revistacambio.com. http://www.cambio.com.co/paiscambio/750/3814991-pag-2_2.html [iii] El saldo rojo de la Unión Patriótica , www.verdadabierta.com, http://www.verdadabierta.com/web3/nunca-mas/asesinatos/union-patriotica [iv] Citado por Medina Gallego, Carlos (1990), Autodefensas, Paramilitares y Narcotraficantes en Colombia, Documentos Periodísticos. [v] Datos tomados de N.C.O.S –SAGO – (1995) Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitares y operaciones encubiertas en Colombia. [i] «Paramilitares no fueron quienes buscaron a los políticos»: Fiscal General, www.elespectador.com, 28 de julio de 2009. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo153083-paramilitares-no-fueron-quienes-buscaron-los-politicos-fiscal-general [ii] Constitución de Colombia, artículo 128, http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf [iii] Constitución de Colombia, artículo 179, numeral 8, http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf

Sin embargo, los primeros movimientos del nuevo alcalde tienen bastantes cuestionamientos. Destacaré tres de ellos. Tal vez uno de los casos que más llama la atención es el del nombramiento de Consuelo Araujo en la Secretaría de Integración Social, la cual es la entidad distrital encargada de la atención a la población más vulnerable de la ciudad. Este nombramiento es cuestionado por dos razones. En primer lugar, Consuelo Araujo pertenece a una de las familias que tuvo mayores relaciones con grupos paramilitares. Su hermano Álvaro Araujo llegó al senado después de que los paramilitares le colocaron miles de votos en la denominada estrategia que ideó Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las AUC, de los Distritos Electorales, donde básicamente el departamento del Cesar fue dividido en grupos de municipios y a cada político que negoció con Jorge 40 se le asignó un número determinado de municipios, en ellos los paras obligaban a la población a votar sólo por ese candidato y sacaba más del 70% de los votos en ese municipio. También otro miembro de esa familia Araujo, en la época en que Jorge 40 era amo y señor de la Costa Atlántica, Hernandito Molina, primo hermano de los Araujo, fue gobernador del Cesar y fue candidato único a esa gobernación, puesto que los paras obligaron a los demás candidatos a renunciar. Hernandito Molina no era sólo aliado político, era miembro de las AUC, conocido con el alias de 35. No se debe olvidar que este Bloque Norte de las AUC cometió más de 300 masacres, aún en plena negociación de Ralito, cuando supuestamente estaban en cese al fuego, asesinó más de 2000 personas, entre ellas al profesor Correa de Andreis uno de los académicos más brillantes de la Costa. Su hermano Sergio Araujo fue intermediario entre el gobierno de Uribe y Jorge 40. Según Sergio, esta intermediación se hizo para facilitar las conversaciones, aunque, nunca fue capaz de salvar una vida, de impedir un asesinato o de cuestionar públicamente las masacres de las AUC. Tal vez se dedicó a tomar Whiskey con su gran amigo Jorge 40. De hecho fue gracias al poder de los Araujo, a su votación y a su influencia en decenas de alcaldías, que el entonces presidente Uribe nombró a Consuelo Araujo como canciller de la república. Era una de las protegidas del actual senador del Centro Democrático. Se podría decir que la prueba reina de que el uribismo, nuevamente dejó botado a Pacho Santos la última semana antes de elecciones y apoyó a Peñalosa, fue el nombramiento de Consuelo Araujo. En segundo lugar, la secretaria Araujo, aunque es la encargada de la atención a población vulnerable, seguramente nunca ha visto un pobre a menos de 5 metros de distancia, no debe saber nada de política social. Pero lo que más ofende de este nombramiento es que es una bofetada a las víctimas del conflicto armado, pues demuestra que a pesar de que en Bogotá hay decenas de miles de víctimas del conflicto, al actual alcalde le importa un bledo este tema y obvio el tema de paz. Otro de los casos a mencionar es la cercanía del actual alcalde con personas cuestionadas del partido Cambio Radical. No me refiero a la esposa de Álvaro Cruz, el ex gobernador de Cundinamarca, preso por participar en el carrusel de la contratación de Bogotá – esta señora, Luz Zoraida Rozo, fue condenada por presionar funcionarios de la justicia colombiana para que no investigaran y durante años ha sido la mano derecha del alcalde Peñalosa. Por el contrario me refiero al concejal Julio Cesar Acosta, hijo del ex gobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal. Acosta Bernal está siendo procesado por relaciones con grupos paramilitares, además diferentes versiones lo sindican de ser responsable de una serie de homicidios. No se debe olvidar que el comandante militar del Bloque Vencedores de Arauca era alias Tolima o Félix Bata, que había sido durante años jefe de escoltas de Julio Acosta Bernal. Además, el ingreso de los grupos paramilitares entre los años 2001 y 2002 coincidió con el empoderamiento de Acosta Bernal como cacique político del departamento. En el siguiente video se ve a Enrique Peñalosa promocionando al candidato Julio Cesar Acosta, uno de los concejales más votados el pasado 25 de octubre de 2015. Julio Cesar Acosta además es esposo de la Hija de Plinio Olano, político cuestionado del departamento de Boyacá y hermano del confeso político German Olano, quien fue procesado por participar en el carrusel de la contratación en Bogotá. Acosta, nunca tuvo una trayectoria política o pública en Bogotá, sin embargo luego de alianzas con caciques Bogotanos resultó elegido como concejal, apoyado y financiado por su padre. Hoy está entre los 5 más votados en Bogotá. Un último caso que valdría la pena referenciar, es el nombramiento del secretario de ambiente Francisco Cruz. El senador Lizcano manifestó que este señor durante su gestión en Aerocáfe tuvo comportamientos cuestionables en la administración del dinero. Al respecto el senador señaló que; “El mayor responsable del fracaso de Aerocafé en Caldas es Francisco Cruz, él fue uno de los primeros gerentes a los cuales se les entregó recursos de la Nación, más o menos 250 mil millones de pesos, en el gobierno de Álvaro Uribe, donde se hizo la pista de Aerocafé que tuvo varios cuestionamientos de tipo contractua y además dos o tres terraplenes hechos se cayeron”. Así pues comienza el Equipo que va a Recuperar a Bogotá. Columna de opinión publicada en Semana.com

Hace unos meses estuve en Argentina, me habían invitado a un congreso sobre temas de seguridad urbana y crimen organizado, allí con uno de mis grandes amigos entablamos una conversación y de ella se derivó una afirmación que era parafraseada de un libro, a propósito de los recientes nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo que se habían encontrado. Me dijo, “si solo un argentino justifica lo que pasó en la dictadura es porque aún estamos enfermos, es una sociedad enferma, solo nos podremos curar de esas heridas el día en que reconozcamos lo que se hizo en los años en que gobernaron los militares y se reconozca en que eso se hizo con un gran apoyo social a los crímenes”. También esta semana recordé una de las primeras conferencias a las que asistí hace una década cuando era estudiante universitario, por ese entonces tenía 22 años, y el departamento de historia de la Universidad Nacional había organizado una conferencia sobre la Guerra de Corea. La universidad logró traer un importante profesor, quien analizó la evolución de ambas Coreas después de la guerra. Al final de la conferencia un estudiante le preguntó sobre la posibilidad de que algún día la península coreana se unificara nuevamente y la respuesta de aquel profesor fue asombrosa. Dijo que la península solo sería un país nuevamente, el día en que la generación que hizo la guerra y sus hijos muriera, que solo una tercera generación podría dar ese salto de unir las dos Coreas en un solo país. Durante las últimas dos semanas en Colombia tres hechos han mostrado lo enferma de esta sociedad. Una mujer de más de 70 años fue violada, los datos de violencia contra la mujer y los feminicidios dejan ver un panorama complejo sobre los niveles de impunidad de los agresores y el patriarcalismo violento que se consume esta sociedad, y el defensor del pueblo, aquel que dirige la institución de la magistratura moral del país, selló su salida con una frase de un enfermo “mi único error fue enamorarme”, como quien dice, ya que me enamoré puedo agredir, acosar y violentar la mujer, todo eso por el amor. Una frase machista y brutalmente sexista. Una humorista de televisión despotricó del proceso de paz, repitiendo la palabra impunidad El acuerdo firmado en La Habana garantiza que no la habrá. Es un acuerdo centrado en las víctimas. También esta semana una humorista de televisión haciendo alarde de su ignorancia comenzó a despotricar del proceso de paz, y repetía la palabra impunidad. Se vio que no se había leído la Jurisdicción Especial para la Paz y, claro, por eso no entendía que el acuerdo firmado en La Habana sobre el tema de víctimas y justicia es uno de los más completos y que sobre todo garantiza que no habrá impunidad. Es un acuerdo centrado en las víctimas. Sin embargo, esta actriz no lo leyó y aun conociendo lo que significa este acuerdo de paz para el país habla desinformadamente. Lo dramático del asunto es que sus diatribas hicieron eco, y cientos de colombianos la apoyaron. Pareciera que este sector de la población quisiera seguir en guerra y que su mensaje fuera “sigamos en guerra que eso de la paz es muy complicado”. Es tan dramático el asunto que si el gobierno no idea una estrategia para la refrendación de pedagogía para la paz, el plebiscito se puede perder y Colombia pasará a la historia como uno de los pocos países donde sus ciudadanos decidieron continuar en guerra y rechazaron la paz. En Colombia se dice que los desplazados son unos vividores perezosos, se justifica la violencia contra el que piensa diferente o tiene gustos diferentes… En fin, una sociedad enferma.

Foto: Vecinos del barrio María Paz y Patio Bonito protestan por la presencia de pandillas y combos. Septiembre de 2010. Hace días se conoció la historia de una señora que estaba prácticamente secuestrada en su casa. No podía salir por miedo a una pandilla que operaba en el sector. Además, su familia había sido amenazada y varios de sus miembros habían huido para proteger sus vidas. Sobre estas situaciones existían versiones fuertes en varias zonas de la ciudad, pero no había una confirmación, al menos visible. Pero al tratar de verificar esas historias y ahondar en el fenómeno del pandillismo y las bandas delincuenciales de la ciudad, la realidad es compleja. Aunque las pandillas de Bogotá en nada se parecen a los combos de Medellín, en donde las fronteras invisibles son territorios históricamente demarcados; ni a las pandillas en Cali, donde los niveles de violencia en Terrón Colorado o Siloé evocan una escena de algunos países centroamericanos, las que operan en la capital se podrían definir como grupos juveniles con potencial violento. Al menos, estas son algunas de las conclusiones de la investigación sobre pandillismo que adelanta la Fundación Paz y Reconciliación. La situación de pandillismo en Bogotá es la siguiente. En total hay 146 pandillas, ubicadas en 14 localidades. Se cuentan 13 bandas delincuenciales, como los Pascuales o los Luisitos, que utilizan pandillas violentas para operar, y cuatro organizaciones criminales, que también acuden al servicio de estos grupos conformados por adolescentes o adultos jóvenes. De todos los grupos que se identificaron en el Distrito, al menos 30 tienen comportamientos violentos y criminales, es decir, abiertamente delictivos. Las otras, aunque también pueden tener comportamientos violentos y esporádicamente ilegales, no manejan mercados criminales ni tienen una agresividad territorial constante. Todas empiezan con estructuras que inicialmente son parche de amigos, que evolucionan a combo (donde ya existe identificación en el vestuario y el lenguaje) y pasan a ser pandillas. Estos grupos tienen tres características: que duran más de dos años; tienen vocación de control territorial, es decir, disputan territorio con otras pandillas, y generan mecanismos de autofinanciación para la sostenibilidad de las actividades del grupo. Esta financiación puede ser legal, como venta de camisas o gorras, pero la mayoría de las veces lo hacen con actividades ilegales. Y aunque es claro que las pandillas no son homogéneas, la mayoría tiene ritos de iniciación y mecanismos similares de reclutamiento, ya sean en fiestas juveniles o en las mal llamadas chiquitecas, o a partir de membresía en barras futboleras o parches barriales. Tradicionalmente, todos los parches, combos o pandillas tienen como punto común que la mayoría comienza como enclaves territoriales en alguna zona de la ciudad, ya sea en el barrio, en la cuadra o en el colegio. Crimen y delincuencia En la historia de las pandillas se tiene que muchas surgieron luego de crear identidad a partir de comportamientos y estilos de vida juveniles globalizados, como su forma de vestir, los cortes de cabello, los gestos o señales distintivas. Luego, muchos jóvenes empezaron a ingresar a las pandillas para defenderse de otras personas. Es decir, las pandillas, además de ser un mecanismo de construcción de identidad (tanto ética como estética), se volvieron un mecanismo de defensa grupal. Sin embargo, en la última década, muchas de las pandillas en Bogotá han trascendido ese nivel y se han visto permeadas por los mercados ilegales. Aunque esta situación se identificó desde 2007, se hizo más evidente a partir de 2011, cuando las autoridades intervinieron varias zonas del centro, como la calle del Bronx. Desde ese momento, las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes trasladaron sus centros de expendio a las localidades, instalaron sus ollas y empezaron a usar las pandillas para el microtráfico y la prestación de seguridad. Uno de los ejemplos de esta situación es lo que ocurre en la UPZ Diana Turbay, con la pandilla BXRS, o Banda Extrema de Ratas. Se trata de una pandilla conformada hace más de seis años, con comportamientos delictivos importantes y que controla la venta de drogas en la parte alta de esta zona de la ciudad. Otro ejemplo es la pandilla La 29, ubicada en la UPZ Gran Yomasa, en la localidad de Usme. Es bastante agresiva y controla y defiende territorios con grados altos de violencia. De acuerdo con las investigaciones, la integran al menos 200 miembros. Los integrantes de mayor jerarquía controlan ciertos mercados ilegales, mientras que los recién vinculados, que por lo general son menores de edad (entre 14 y 17 años), no participan en estos mercados, pero son los que actúan violentamente. Esta pandilla ha creado vestuario, identidad propia y hasta un himno que los identifica. Entre los temas que también marcan diferencia, en la forma de operar de algunos de estos grupos, está el de los niveles de control dentro de las mismas pandillas. Por ejemplo, en una pandilla como los Homis o La Continental existe una estructura piramidal fuerte y los jefes logran controlar y ordenar los movimientos de los miembros de las pandillas. Algo diferente se vive en la pandilla La 29 o en La 32, donde existe una gran autonomía de sus miembros y parches. Por ejemplo, en La 29 los parches están distribuidos por colegios, barrios o parques y cada uno goza de cierta autonomía. En La 32 la distribución es barrial. Es por ello que estas pandillas son tan grandes y se pueden encontrar en zonas diferentes de la ciudad bajo el mismo nombre. Otro es el panorama con las bandas delincuenciales, como las que operan en la parte oriental de la localidad de Usaquén. La más conocida es los Luisitos. En el año 2012 les ganaron la guerra a los Pascuales, que eran sus rivales de patio, y se quedaron con el control de la extorsión y de la venta de drogas en el norte de la ciudad. Además ofrecen servicios de sicariato. Desde esa fecha los Luisitos utilizan tres pandillas para la venta de drogas, entre ellas la de los Pitufos. Y no menos importantes son las redes independientes a las pandillas, que están manejando el negocio de las drogas de nueva generación (como las sintéticas), comercializando su mercancía en bares y discotecas estrato 5 y 6, y desde allí dispersan el negocio hacia el sur de la ciudad. Estos grupos están en negocios de menor complejidad, como el hurto de celulares, el atraco callejero y la venta de drogas tradicionales como marihuana, bazuco o cocaína. Los mercados criminales como el fleteo, el hurto a viviendas o la piratería urbana los monopolizan grupos criminales especializados, que no tienen una demarcación territorial concreta. Una última situación que vale la pena aclarar es que es recientemente que las pandillas han comenzado a incursionar en mercados ilegales como el narcomenudeo o la extorsión. Antes, si bien participaban en el hurto de celulares o bicicletas, no había una vinculación con el crimen regional o nacional. Algunas de estas pandillas han sido subcontratadas para participar en estos mercados ilegales. Pero el problema no son los jóvenes, son los mercados y quienes los manejan, de ahí que se requiera una intervención urgente para evitar que estos grupos afecten en mayor medida las condiciones de seguridad. Análisis publicado por el diario El Espectador

Foto: Quintín Lame. Tomada de www.centrodememoriahistorica.gov.co En el pasado los territorios indígenas en Colombia se vieron gravemente afectados, cuando terratenientes en departamentos como el Cauca, buscaron apropiarse de sus territorios, librando crueles enfrentamientos entre estos grupos étnicos y quienes respaldaban estas intenciones, entre ellos miembros del Ejército y la Policía, hacendados, autoridades locales  y demás personas que de una u otra forma podían tener interés en apoyar este tipo de despojos. Es entonces cuando en medio de la inconformidad al no ser escuchados por el Gobierno Central, un grupo de indígenas liderados por Manuel Quintín Lame Chantre, hijo de  Mariano Lame (de origen nasa) y Dolores Chantre (de origen guambiano misak), se agrupan con el ánimo de iniciar la defensa de los intereses de sus grupos bajo las siguientes premisas: La defensa de los resguardos indígenas y el rechazo a las leyes de extinción de los Resguardos. La negativa a pagar terraje y el rechazo a la servidumbre. La afirmación de los cabildos como centros de autoridad autónoma de los indígenas y como base de organización. La recuperación de las tierras usurpadas por los terratenientes desconociendo todos los títulos que no se basaran en Cédulas Reales. La afirmación de los valores culturales indígenas y el rechazo de la discriminación racial y cultural en contra de los indígenas colombianos. La unificación de los Resguardos del Cauca y del país para constituir la “República Chiquita” al margen de los blancos, con un cacique general. Representación especial de los indígenas en Consejos, Asambleas y Congreso. El movimiento nace en el año de 1910 y para el año de  1913 comienza a tomar  fuerza en las poblaciones de Polindara, San Isidro, Totoró, Paniquitá, Pisojé, Miraflores, Coconuco, Guare, Poblazón y Silvia, uniéndose además indígenas de otros resguardos que al igual que los primeros, se oponían a la ocupación de sus territorios. En adelante se presentan distintos enfrentamientos entre estos y quienes representaban al Estado en ese entonces, lo que le vale a su líder principal Maunel Quintim Lame,  la detención por espacio de nueve meses en enero de 1915, siendo liberado en el mes de septiembre y desde ese momento se dedica a reorganizar el grupo. A pesar de que tanto Quintim como sus más cercanos compañeros de lucha son puestos bajo prisión en varios momentos de sus lucha, estos no desisten y en  1984  tras el asesinato del sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué en Santander de Quilichao (Cauca) en unos hechos en los que, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,  en el hecho se encontraban involucrados dos agentes del grupo F-2 de la Policía Nacional con la participación de terratenientes y políticos de la región, deciden conformarse como grupo insurgente y el 5 de enero de 1985 salen  a la luz pública como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Para ese momento el grupo era integrado por  139 hombres y mujeres, principalmente indígenas nasa, quienes tomaron el nombre del representante y defensor de los cabildos indígenas del Cauca que libró una lucha jurídica en los primeros 20 años del siglo XX en defensa de los resguardos indígenas,  no sólo del departamento del Cauca,  sino también del Tolima. El movimiento guerrillero, integró la Coordinadora Guerrillera   junto a las Farc, el ELN, el M 19 y el EPL. El Quintín Lame se distingue de otros grupos armados del momento por su enfoque multicultural, debido a que  el grupo estaba integrado por indígenas de diferentes comunidades del sur del país. Hasta principios de la década del 80, el Quintín Lame actuó en la defensa de los territorios tradicionales y hacía uso de las  armas, únicamente en los momentos en que su autonomía territorial y política se veía amenazada. Su primera ofensiva militar tuvo lugar en 1984 con el asalto a Castilla, un pequeño poblado del sur del Cauca y la toma del municipio de Santander de Quilichao. La estructura orgánica del Quintin Lame contemplaba la existencia de dos niveles al interior de la organización: la primera era el Comando Quintín Lame la segunda era las Autodefensas o grupos de apoyo. El Comando Quintín Lame tenía a su cargo las acciones militares y de control territorial en las distintas zonas de operaciones. Su máxima autoridad era la Dirección Política quien tenía dentro de sus responsabilidades, diseñar la estrategia militar y política; adelantar acuerdos y mantener relaciones con otros grupos insurgentes o con organizaciones políticas y sociales; nombrar al Comandante General,  los comandantes de zona y a los responsables políticos de zona; refrendar las decisiones operativas adoptadas por el Comandante General  y aprobar las decisiones de tipo  disciplinarias para sus integrantes. El Comandante General del Quintín Lame era nombrado por un período indefinido por la Dirección Política,  siendo responsable de las columnas armadas del grupo guerrillero y el encargado de tomar las decisiones operativas. Para algunas decisiones debía apoyarse  en las Dirección Política y en el Estado Mayor Central. Este último estaba integrado  por el Comandante General, el responsable político central y por los comandantes de zona. Su función principal era la de apoyar al Comandante General en la toma de decisiones operativas, las  orientación del Quintín y mantener la coordinación entre los distintos niveles de la organización,  para lo cual debía reunirse por lo menos cada dos meses.  También designaba  a los segundos comandantes de zona y a los comandantes de escuadra y tomaba decisiones disciplinarias en caso de faltas al reglamento que por su gravedad eran consideradas como delitos. El Quintín Lame operó en cuatro zonas. Una primera a la que denominaron Zona Norte y comprendía los territorios de Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caldono y Morales. Una segunda denominada como la Zona de Tierradentro, que comprendía los territorios de Paez, Inzá, Toribío y Jambaló. Un tercero que era  la zona centro, con los territorios de  Silvia, Piendamó, Totoró, Coconuco, Popayán y Paispamba y una última zona llamada Zona Urbana, conformadas por redes urbanas que operaban en Cali. Las Autodefensas o grupos de apoyo servían como una especie de enlace o contacto entre las comunidades y el cuerpo militar del Quintín Lame. Estas eran integradas por ocho miembros y un primer y segundo responsable nombrados por el mando correspondiente del grupo armado. Regreso a la vida sin armas: En mayo de 1991 el Quintín Lame firma la paz y retorna  a la vida sin armas, bajo el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo quien se compromete a permitir que sus integrantes retornen a sus territorios de origen, manteniendo presencia activa en la vida política local, quienes aprovecharon los beneficios políticos que se derivaron de los programas de inversión acordados, que facilitaron el reencuentro con sus bases sociales. El Quintín Lame participa en la Asamblea Nacional Constituyente, escenarios donde promueve importantes cambios para la comunidad indígena en Colombia, siendo el reconocimiento a partir de la Constitución, el de su identidad y los derechos derivados de su cultura, el más importante. Tras la desmovilización del Quintín Lame, surge la Alianza Social Indígena como fuerza política que al día de hoy se mantiene en el escenario nacional, donde participa en el debate político de los grandes temas del país.

14 de enero de 2013 Las Farc insisten en la redistribución de la propiedad y no hablan de la erradicación del latifundio persé, sino del que sea «improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso». 15 de enero de 2013 El entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo defendió la ley de tierras del gobierno nacional y la intención de presentar un proyecto de desarrollo rural a consideración del legislativo. 27 de enero de 2013 Policía responsabiliza a la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc del secuestro de dos policías en inmediaciones de las poblaciones de Florida y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca. 31 de enero de 2013 Miembros delegados de las Farc en La Habana negaron tener información sobre dos policías secuestrados en el Valle del Cauca.. 31 de enero de 2013 En una operación de la Policía y de las Fuerzas Militares en el Nudo del Paramillo entre Antioquia y Córdoba, es dado de baja alias ‘Jacobo Arango’, por quien el Gobierno ofrecía una recompensa de 400 millones de pesos. ‘Arango’, quien es identificado como Luis Carlos Durango, lleva 37 años en esta guerrilla y es considerado uno de los hombres más cercanos a ‘Iván Márquez’. 31 de enero de 2013 Enrique Santos, hermano del primer mandatario se mostró preocupado y dijo que «Llevamos cinco meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar el primer punto (el agrícola). 4 de febrero de 2013 El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que un eventual acuerdo de paz con las Farc no se puede sacrificar la justicia y agregó que, “quienes tengan condenas no pueden participar en política”. 6 de febrero de 2013 Las Farc presentaron un documento con su propuesta de ocho puntos para el uso de la tierra, donde proponen legalizar la marihuana, amapola y la coca. 3 de marzo de 2013 Un grupo de congresistas, Roy Barreras, Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda, Alfonso Prada y Guillermo Rivera viaja a La Habana para reunirse con los líderes de las Farc. 25 de marzo de 2013 El presidente de Venezuela Nicolás Maduro reitera el apoyo de su país al proceso de paz entre el gobierno y las Farc. 5 de abril de 2013 Humberto de la Calle anuncia que las Farc tendrán que reparar a las familias de las víctimas de las minas antipersonal. 7 de abril de 2013 Al grupo de negociadores de las Farc se unen ‘Victoria Sandino Palmera’, ‘Freddy González’ y ‘Lucas Carvajal’. 3 de mayo de 2013 Termina el octavo ciclo de negociaciones en La Habana y el presidente Santos invita a las Farc a cambiar las balas por votos, a lo que las Farc responden asegurando que “el que debe pedir perdón es el Estado.” 26 de mayo de 2013 El Gobierno y las Farc logran llegar a un acuerdo sobre política agraria integral. 28 de mayo de 2013 El presidente Santos explicó los cuatro pilares de la reforma rural integral. 22 de junio de 2013 Gobierno y Farc entregaron el primer informe tras siete meses de diálogos. 2 julio de 2013 Se inicia discusión del segundo punto de la agenda “Participación política”. 3 de julio de 2013 Las Farc piden al Gobierno iniciar diálogos de paz con la guerrilla del ELN 6 de julio de 2013 El ELN responde a las Farc ratificando sus intenciones de estar en diálogo de paz con el gobierno. 9 agosto de 2013 Las Farc proponen curules directas para la guerrilla una vez se firme el proceso de paz. 20 de agosto de 2013 Los negociadores de las Farc en Cuba admiten que han dejado dolor y víctimas en medio de la confrontación armada. 22 de agosto de 2013 El presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno nacional presentaría una ley estatutaria con mensaje de urgencia al Congreso de la República, para que en el caso de ser aprobado un acuerdo de paz, se pueda consultar a los ciudadanos si están o no de acuerdo. 23 de agosto de 2013 Las Farc se levantan temporalmente de la mesa de diálogos para estudiar referendo. El mismo día el presidente Juan Manuel Santos le ordena a los negociadores de paz del gobierno volver a Colombia. 26 de agosto de 2013 Las delegaciones de paz vuelven a la mesa para continuar con el diálogo. 4 de septiembre de 2013 Las Farc pidieron que una comisión del Congreso se traslade a Cuba para evaluar los distintos mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz, diferentes al referendo. 8 de septiembre de 2013 Se reanudan diálogos con meta de tomar decisiones en el ciclo número catorce de los diálogos de paz que finalizaría el 19 de septiembre. 10 de septiembre de 2013 Las Farc presentaron nueve propuestas sobre participación política, mientras que la Procuraduría abrió una investigación preliminar por viajes de congresistas a La Habana sin permiso del gobierno nacional. 25 de septiembre de 2013 El jefe máximo de las Farc alías “Timochenko” a través de un comunicado amenaza con romper la confidencialidad del proceso de paz. 26 de septiembre de 2013 El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle le responde a alías “Timochenko” sobre su amenaza de romper con la confidencialidad de los diálogos de paz. 27 de septiembre de 2013 «Alias «Timochenko» reconsideró revelar las negociaciones confidenciales, mientras que el presidente Juan Manuel Santos indicó que “no se le debe parar bolas”. 3 de octubre de 2013 Se inicia el ciclo número quince de negociaciones entre el gobierno y las Farc. 12 de octubre de 2013 El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, hace un llamado para que las Farc agilicen el trámite de los acuerdos. 13 de octubre de 2013 Durante la presentación del balance del cierre del ciclo, la guerrilla, a la cabeza de Iván Márquez, arremetió contra el pronunciamiento que hizo el jefe negociador del gobierno, Humberto De la Calle el día anterior. 20 de octubre de 2013 En el marco de la cumbre iberoamericana en Panamá el presidente Juan Manuel Santos admitió que el proceso de paz no terminaría en el mes de noviembre. ​23 de octubre de 2013 Alias “Timochenko” culpó al presidente y a su intensión de reelegirse por entorpecer el proceso. 31 de octubre de 2013 Humberto de la Calle anunció que el ciclo se prolongaría hasta el lunes 4 de noviembre para lograr concretar acuerdos. 4 de noviembre de 2013 El director del Centro de Pensamiento Colombia Primero revela fotos de los delegados de las Farc descansando en un yate, provocando una polémica en el escenario político nacional. 4 de noviembre de 2013 Las Farc confirman las fotos de sus delegados descansando en un yate, y su negociador Rodrigo Granda, asegura que «un guerrillero tiene derecho a descansar». 6 de noviembre de 2013 Las delegaciones de las Farc y el gobierno dan a conocer el acuerdo al que se llegó en la mesa de negociaciones. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, asegura que el acuerdo busca que la política quede libre de la violencia. 24 de marzo de 2014 Se delega a Luis Eduardo Garzón la función de impulsar y estructurar el Consejo Nacional de Paz. 27 de marzo de 2014 Piedad Córdoba propone papeleta electoral que le permita a los colombianos votar a favor o en contra de un mandato para la paz. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, se refirió al tema y dijo que para que esta iniciativa tenga fuerza jurídica se necesitaría una ley expedida por el Congreso. 1 de abril de 2014 El vicepresidente Angelino Garzón pide a las Farc dejar de reclutar menores para la guerra 30 de abril de 2014 El Procurador Alejandro Ordoñez manifiesta su desacuerdo con la propuesta del Fiscal General de que jefes de las Farc paguen sus penas con servicio social. 3 de mayo de 2014 Farc dinamitan una torre de energía a un kilómetro de la zona urbana de Chaparral, en la salida al municipio de Ataco, donde dos cargas derribaron la estructura de 115.000 voltios dejando sin servicio de energía eléctrica a los municipios de Chaparral, Ataco, Roncesvalles, Rioblanco, San Antonio y Planadas. 7 de mayo de 2014 Fiscalía allanó el centro de operaciones, que funcionaba en el segundo piso de un lujoso edificio del sector del Chicó, en el norte de Bogotá, y el apartamento de Sepúlveda, en la carrera 19 con calle 104. Toda la información recabada llevó al fiscal Montealegre a asegurar que con las interceptaciones ilegales realizadas por Sepúlveda y su equipo –hay otras cuatro personas vinculadas a la investigación– se pretendía “interferir y afectar el proceso de paz”. 17 de mayo de 2014 El mismo día en que las Farc y el Eln anunciaron cese del fuego para el periodo electoral, los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla sellaron el acuerdo en el cuarto punto de la agenda, el tercero en discusión, sobre el narcotráfico y cultivos ilícitos. 11 de junio de 2014 Se anuncia el inicio de una fase exploratoria con la guerrilla del ELN con miras a iniciar unos diálogos de paz. 30 de julio de 2014 Las Organizaciones de víctimas de las Farc anunciaron que reciben como hecho positivo el anuncio de la Delegación de Paz del Gobierno, de no vetar a los soldados y policías víctimas de este grupo, en las audiencias que se realizaran en la Habana. 30 de julio de 2014 La cadena de atentados de las Farc contra la infraestructura energética del país, que mantuvo sin luz a Buenaventura (Valle) y a Orito (Putumayo), pusieron el proceso de paz con esta guerrilla en uno de los puntos de más alta tensión. 1 de agosto de 2014 Las Farc lanzan un ‘tatuco’ en la población de Miranda en el Cauca. Como resultado de estos hechos una niña de 2 años pierda la vida, su madre queda herida y su hermanito de 4 años aturdido. 7 de agosto de 2014 Corte Constitucional, declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz, con lo cual el Congreso podrá, una vez se firme la paz con las guerrillas, definir en una ley estatutaria cuáles son en Colombia los delitos conexos del delito político y, en consecuencia, cuáles desmovilizados de esos grupos podrían llegar a participar en política. 4 de septiembre de 2014 Farc aseguran que Clara Rojas no tiene derecho a declararse como víctima por lo que el jefe negociador Humberto de la Calle, pidió a las Farc “claridad sobre su sinceridad al acordar principios de reconocimiento y responsabilidad frente a las víctimas”. 10 de septiembre de 2014 Viaja a la Habana el segundo grupo de víctimas integrado por Gloria Gómez, Gabriel Bisbicus, María Choles, Teresita Gaviria, Reynel Barbosa, Esaud Lemus, Esperanza Uribe, Marleny Orjuela, Consuelo González, Marisol Garzón, Juanita Barragán y Yéssika Hoyos. 9 de octubre de 2014 Se instala el Consejo Nacional de Paz que busca promover la construcción del posconflicto en las regiones y potenciar los espacios de participación de la sociedad civil en la terminación del conflicto armado. 10 de octubre de 2014 Se levanta la polémica en Colombia por presencia de alias Timochenko en Cuba, lo mismo que jefes de la guerrilla del Eln. 28 de octubre de 2014 Alejandro Ordoñez presenta la idea de blindar el Proceso de Paz mediante un pacto entre sectores políticos y sociales. El Partido Conservador es el primero en apoyar esta propuesta. 14 de noviembre de 2014 El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que las víctimas son “elemento central de la negociación, la estrella polar” y les pidió a las Farc evitar la volatilidad de sus manifestaciones en torno al reconocimiento de sus víctimas. 15 de noviembre de 2014 Las Farc confirman que tienen en su poder a dos militares secuestrados durante un asalto que el grupo rebelde organizó contra una patrulla del Ejército en el departamento de Arauca. 17 de noviembre de 2014 El presidente Santos suspende el Proceso de Paz, luego de conocerse que el General Rubén Darío Alzate, había sido secuestrado por el frente 34 de las Farc en el corregimiento de las Mercedes en el Chocó. 18 de noviembre de 2014 En un nuevo comunicado, el bloque Iván Ríos, de las Farc reconoció que tiene en su poder al general Rubén Darío Alzate. 25 de noviembre de 2014. Las FARC liberaron a los soldados César Rivera y Jonathan Díaz secuestrados en el departamento de Arauca. 30 de noviembre de 2014 Las Farc liberal a general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez, en un operativo de rescate liderado por la Cruz Roja Internacional. 30 de noviembre de 2014 Gobierno anuncia viaje a Cuba de sus jefes negociadores para reanudar los diálogos de paz. 1 de diciembre de 2014 El general del Ejército Rubén Darío Alzate anunció su solicitud de retiro del servicio. No pasaron dos horas desde su anuncio cuando el presidente Juan Manuel Santos confirmó que aceptaba la baja del general. 2 de diciembre de 2014 El soldado profesional Díaz Franco, quien estuvo 16 días en poder de las Farc y liberado posteriormente, denunció que la muerte del soldado Milton Ruiz Caicedo, ocurrida el 9 de noviembre en Arauca, en los mismos hechos en los que fueron secuestrados los soldados Jhonatan Andrés Díaz y Paulo César Rivera, no habría sido en combate sino una ejecución a sangre fría. 3 de diciembre de 2014 Santos dijo que es necesario ampliar el “concepto de delito político y, sobre todo, los delitos conexos”, que “pueden ser narcotráfico o beneficio del narcotráfico”. El pronunciamento abrió el debate nacional entre los sectores que apoyan el proceso y los que no. 3 de diciembre de 2014 La plenaria del senado prorrogó la ley 418 para habilitar a la Fiscalía para que suspenda las órdenes de captura a los jefes de la guerrilla que están sentados en la mesa con los negociadores del Gobierno. 3 de diciembre de 2014 Corte Penal Internacional advierte a Colombia que ningún proceso de paz puede generar impunidad para los graves crímenes cometidos en el conflicto en Colombia. 5 de diciembre de 2014 Fiscalía le imputó cargos por terrorismo, tentativa de homicidio y homicidio agravado y concierto para delinquir al intendente Buenaventura Orobio Caicedo, detenido este jueves por la Dijín como cómplice de las Farc en el atentado contra el puesto de Policía de la isla Gorgona. 9 de diciembre de 2014 El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton está de acuerdo con que el narcotráfico se pueda incluir como delito político y anunció que Estados Unidos podría apoyar esta iniciativa en caso de que el país logre un acuerdo definitivo con las Farc. 15 de diciembre de 2014 Con estas 12 personas se completa el grupo de las 60 que se acordó para representar a las más de seis millones de víctimas del conflicto armado colombiano. De esta comisión hicieron parte Piedad Córdoba, Jairo Barreto, Camilo Villa, María Susana Portela, Juan Manuel Hernández, Domingo Tovar, Gloria Cecilia Londoño, Francia Márquez, Mauricio Armitage, Nilsón Antonio Liz Marín, Isabella Vernaza y Magda Correa de Andreis. 17 de diciembre de 2014 Las Farc anunciaron el cese del fuego “unilateral e indefinido” durante el cierre del ciclo n.° 31 del año 2014. 20 de diciembre de 2014 Frente amplio por la paz promete hacer veeduría al cese al fuego unilateral anunciado por las Farc. 29 de diciembre de 2014 Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’ –jefe del Bloque Sur de las Farc, se vinculado a la mesa de negociación en la Habana – Cuba. 13 de enero de 2015 El exalcalde Antanas Mockus anuncia que promoverá una marcha por la vida e invita al expresidente Álvaro Uribe y al senador Iván Cepeda a unirse a la iniciativa. 18 de enero de 2015 Fundación Paz y Reconciliación presenta balance de la Tregua Unilateral de las Farc, donde demuestra que las Farc cumplieron a cabalidad con el cese al fuego. 20 de enero de 2015 El presidente del Partido de la U, senador Roy Barreras, propone impulsar una Séptima Papeleta para refrendar los acuerdos de paz. 20 de enero de 2015 El fiscal General Eduardo Montealegre señaló en ‘La W Radio’ que se debe descartar que se refrenden los acuerdos de paz en La Habana (Cuba) y explicó que los acuerdos finales con las Farc se tendrán que traducir en una ley estatutaria, que cambia la Constitución, la cual deberá ser aprobada por el Congreso. 22 de enero de 2015 El senador de ‘la U’ Armando Benedetti desempolvó una entrevista que publicó en el 2003 el diario El País, de España, en la que el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo dijo que “nuestra idea es que haya una alternativa a la pena de cárcel”. El excomisionado de paz, en la entrevista, aseguró que “lo importante no es castigar al victimario, sino reparar a la sociedad y a la víctima”, y también insistió en una opción diferente para pagar penas de prisión. 26 de enero de 2015 El presidente Juan Manuel Santos abre el debate sobre la posibilidad para que desmovilizados de las Farc que dejen las armas tras el proceso de paz, puedan hacer parte de las filas de la nueva policía rural, que se conformaría durante el posconflicto para garantizar la seguridad de las regiones que más han sido golpeadas por la guerra. 27 de enero de 2015 El Procurador General de la Nación se muestra en desacuerdo con la posibilidad de que desmovilizados de las Farc, integren la policía rural, en caso de que se llegue a crear. 27 de enero de 2015 El presidente Santos responde a las críticas del Procurador General y del Centro Democrático por la propuesta de la creación de una policía rural. 28 de enero de 2015 La excandidata presidencial Ingrid Betancourt respalda la idea de que guerrilleros de las Farc puedan participar en política, una vez se desmovilicen. 4 de febrero de 2015 Las Farc proponen que el fondo de reparación de las víctimas del conflicto colombiano comprenda un monto equivalente al 3 por ciento del PIB y se nutra de diversas contribuciones, como la reducción del gasto militar, compensaciones de EE.UU. y donaciones internacionales. Según las Farc, los recursos para este fondo saldrían de la «reasignación del impuesto al patrimonio», la creación de un impuesto a los dividendos, hasta un 30 % del fondo del Sistema General de Regalías, y «contribuciones especiales de grandes propietarios de tierra y de empresarios del agro» 11 de febrero de 2015 La encuesta mensual del Centro Nacional de Consultoría (CNC) divulgada e por el noticiero CM&, según la cual el 71 por ciento de los consultados aprueban que el Jefe de Estado haya comenzado la negociación con las Farc. La cifra revela un incremento de tres puntos con relación al mismo estudio del mes pasado, cuando ese respaldo era del 68 por ciento. 13 de febrero de 2015 El ministro del Interior Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a las Farc para que avancen “rápidamente” en el “desminado humanitario” como parte del desescalamiento del conflicto armado. 23 de febrero de 2015 En enfrentamientos entre tropas del Comando Conjunto del Suroccidente y miembros de las Farc que operaban en la vereda Negrital, del municipio de Francisco Pizarro (Nariño), muere ‘Oliver’, segundo jefe de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, junto con otros dos miembros de esa estructura que opera en Nariño y Cauca. 25 de febrero de 2015 Antanas Mockus invita a las Farc a participar en la ‘Marcha por la vida’. 2 de marzo de 2015 El general Javier Flórez, otros dos generales del Ejército, Martín Fernando Nieto y Alfonso Rojas Tirado; uno de la Fuerza Aérea, Oswaldo Rivera; uno de la Policía, Álvaro Pico, y el contralmirante de la Armada, Orlando Romero, son escogidos para dialogar con las Farc en la mesa de la Habana para tratar temas relacionados con el desescalamiento del conflicto. 3 de marzo de 2015 La guerrilla de las Farc advirtió que «no es posible» sellar un acuerdo de paz para Colombia que contemple «un solo día de cárcel» para los guerrilleros, luego de que aumentara la presión por justicia para las víctimas del conflicto armado. La guerrilla hizo esta advertencia luego de que aumentara la presión nacional e internacional para que acepten juzgar a los involucrados en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el marco del conflicto armado. 7 de marzo de 2015 En un comunicado conjunto, leído por Dal Halvor Nylander, delegado del gobierno de Noruega, las Farc y el gobierno nacional anunciaron el acuerdo que permitiría quitar del territorio nacional toda las “minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra”. 8 de marzo A la marcha convocada por el exalcalde Antanas Mockus asiste una multitud de colombianos que en varias ciudades y poblaciones se manifestaron a favor de la paz. 11 de marzo El presidente Juan Manuel Santos les ordenó a las Fuerzas Militares suspender todo bombardeo contra los campamentos de las Farc, como una medida más en el desescalamiento gradual del conflicto armado. 18 de marzo de 2015 La guerrilla Farc reconoció este miércoles su responsabilidad por la muerte en combate de un soldado del Ejército el pasado fin de semana e instó a un cese al fuego bilateral para impedir más víctimas en este conflicto de más de medio siglo. 22 de marzo de 2015 El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo señaló que entre el 20 de febrero y el 19 de marzo de 2015 no se registraron “ataques armados con efectos indiscriminados, ni atentados con artefactos explosivos contra la infraestructura vial, energética y petrolera”, y manifestó su preocupación por que en dicha tregua se presentaron siete accidentes e incidentes con minas antipersonal y con activaciones de artefactos explosivos. 27 de marzo de 2015 El procurador Alejandro Ordóñez respondió al mensaje que le envió el presidente Juan Manuel Santos en el que le pidió que dejara ‘de meterse’ en el proceso de paz. El jefe del ministerio público aseguró que no está impedido para hablar sobre el tema y que lo seguirá haciendo. 10 de abril de 2015 Las Farc le insisten al Gobierno que abra archivos secretos. La guerrilla volvió a hacer la petición en Cuba, donde se reanudaron los diálogos de paz. 15 de abril de 2015 Diez militares murieron en un ataque adjudicado por las autoridades a guerrilleros de las Farc en la vereda La Esperanza, del corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, norte caucano. l general Mario Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, reveló que los uniformados fueron atacados con “artefactos explosivos, granadas y armas de fuego” por la cuarta comisión de la columna móvil ‘Miller Perdomo’ de las Farc sobre las 11:30 de la noche del martes. 15 de abril de 2015 El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe, propuso que las Farc se concentren en un sitio en Colombia con verificación internacional, así los delitos que se cometan fuera de ese sitio, ya no habría duda de que no son cometidos por las Farc. 15 de abril de 2015 El presidente Juan Manuel Santos ordenó este miércoles reanudar los bombardeos contra las Farc en todo el territorio nacional, luego del ataque de la guerrilla que dejó a 11 militares muertos en el Cauca. 16 de abril de 2015 La Unión Europea (UE) indicó que el ataque de las Farc en Cauca, en el que murieron once militares, es un «obstáculo a la reconciliación» y les instó nuevamente a renunciar a la violencia. 16 de abril de 2015 La guerrilla de las FARC criticó que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenara reanudar los bombardeos contra campamentos rebeldes y negó haber violado su tregua unilateral en un ataque que dejó 11 militares muertos. 30 de abril de 2015 De 69 % a 52 % se redujo el apoyo de los colombianos al proceso de paz, según encuesta Gallup. La encuesta revela que la desaprobación de la gestión del presidente Santos pasó del 53 al 64 por ciento. La aprobación cayó al 29 por ciento. 6 de mayo de 2015 La guerrilla de las Farc solicitó que se comience a discutir la liberación de los guerrilleros presos, como parte del trabajo de la subcomisión que discute el punto sobre la terminación del conflicto. Dicha discusión se encuentra en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto con el que se dio paso al proceso de paz en La Habana. 22 de mayo de 2015 Las Farc anunciaron a través de un comunicado que suspenden el cese unilateral del fuego, acordado desde el 20 de diciembre del año pasado, luego del bombardeo del Ejército contra el frente 29 que dejó 26 guerrilleros muertos. 23 de mayo de 2015 Un nuevo bombardeo por parte de aviones de la Fuerza Aérea dejó como resultado diez integrantes de las Farc muertos. Es el segundo operativo que se efectúa en tres días y que completan 36 guerrilleros muertos. Las operaciones fueron efectuadas por el Ejército y la Policía en el sector conocido como Alto la Cruz, municipio Segovia (Antioquia) en una ofensiva contra guerrilleros del frente 4, del Bloque Magdalena Medio de las Farc. 27 de mayo de 2015 Alan de Jesús Jiménez García, quien integró una de las delegaciones que viajó a La Habana el año pasado, murió en bombardeos el pasado lunes 25 de mayo en el río Chimilindó, específicamente en el municipio de Riosucio, departamento del Chocó. 28 de mayo de 2015 Seis fueron los combatientes muertos en el ataque que las Farc, con apoyo del Eln, realizaron este contra una unidad militar que se encontraba en el sitio rural conocido como Tropicales, situado entre los municipios de Tame y Arauquita, en Arauca. En el ataque habrían actuado en conjunto subversivos de la Comisión Camilo Cienfuegos, del Eln, y de las compañías Jainover García y David Cárdenas del Frente 10 de las Farc. 1 de junio de 2015 La torre 17, en la zona Llano Bajo que fue dinamitada por las Farc y dejó sin el servicio a los cerca de 400.000 habitantes en Buenaventura. 6 de junio de 2015 Daños materiales en la sede del acueducto y el muro del colegio Juan XXIII dejaron dos ataques con explosivos en la zona urbana del municipio de Algeciras (Huila). A través de un comunicado, la Quinta División y la Novena Brigada del Ejército atribuyeron los ataques a la segunda compañía Ayiber González, que hace parte de la columna móvil Teófilo Forero, de las Farc. 9 de junio de 2015 Guerrilleros del frente 48 de las Farc, del bloque Sur, interceptaron una caravana de 25 tractomulas que transportaban crudo y obligaron a 23 de ellas a derramar su contenido sobre la vía, según informaron fuentes militares. Los vehículos se movilizaban por la vía que de Puerto Vega conduce a Teteyé, en el Putumayo. El hecho se presentó en la vereda Las Cabañas, jurisdicción de Puerto Asís. 9 de junio de 2015 Tumaco estuvo desde el martes pasado sin el servicio tras la voladura de la torre 310 por parte de las Farc en la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorente. 12 de junio de 2015 Tras el atentado de las Farc a la infraestructura energética del Caquetá, que dejó sin el servicio a los 16 municipios del departamento, el fluido eléctrico ya fue restablecido en la zona, luego de que estuvieran sin luz por cerca de 36 horas. 17 de junio de 2015 Guerrilleros de la Farc dinamitaron el Oleoducto Caño Limón Covenñas en inmediaciones de la vereda Filo Guamo, zona rural del municipio de Teorama en la región del Catatumbo, Norte de Santander. 19 de junio de 2015 Un policía murió luego de un ataque de las Farc en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta. Se trata del patrullero Alexis Pulido Sánchez, de 21 años y oriundo de Bogotá, quien llevaba dos meses trabajando en la estación del Ariari. 22 de junio de 2015 Autoridades interceptan correo de alias Timochenko donde ordena aumentar acciones armadas. 23 de junio de 2015 El general Emilio Torres, comandante de la Cuarta División del Ejército, informó que al parecer, guerrilleros del frente séptimo de las Farc instalaron cargas explosivas en un poste ubicado en entre los kilómetros 8 y 9 del fluido eléctrico, entre Puerto Concordia y San José del Guaviare (Guaviare). “La explosión se escuchó en Puerto Concordia y San José. Tropas del Batallón Joaquín París llegaron al sitio y encontraron 200 metros de cable detonante», dijo el oficial. 25 de junio de 2015 Farc provocan derrame de 410.000 galones de crudo en el municipio de Tumaco – Nariño, lo que a su vez causa daño ambiental sobre el rio Mira. 5 de julio de 2015 El Jefe Negociador Humberto de la Calle les dice a las Farc que el Proceso de Paz está llegando a su final, “por bien o por mal”. 5 de julio de 2015 En una declaración oficial leída por el vocero de las Farc Carlos Antonio Lozada, la guerrilla dice que para “sentar las bases de una paz estable y duradera”, se tiene que encontrar una solución “definitiva” al problema de las drogas en el país. 8 de julio de 2015 El Frente 32 de las Farc secuestra al subteniente Cristian Moscoso Rivera, cuando este se enfrentó con sus hombres a guerrilleros de las Farc que pretendían cometer un atentado contra la infraestructura petrolera en la vereda El Líbano, zona rural de Puerto Caicedo, Putumayo. 9 de Julio de 2015 Las Farc anuncian una tregua unilateral y reiteran su disposición de dejar las armas. Así mismo recuerdan que debe existir una «garantía previa para que puedan los militantes de las Farc incorporarse a la vida civil sin riesgo para sus vidas», al recordar que en un intento similar hace casi tres décadas fueron asesinados unos 3.000 militantes del partido Unión Patriótica, creado por políticos de izquierda y guerrilleros desmovilizados. 12 de julio de 2015 El Gobierno y las Farc acuerdan que trabajarán en un proceso para desescalar el conflicto y avanzar en el cese bilateral, con el objetivo de «fortalecer la confianza de los colombianos, agilizar la construcción de acuerdos y crear las condiciones para la puesta en marcha del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo», según señala el comunicado conjunto. 17 de julio de 2015 Un patrullero de la policía murió y dos más resultaron heridos. Este ataque, ocurrido en zona rural de Tame (Arauca), se produjo en el sector Sácama-La Cabuya. En Nariño, por otro lado, se registró un ataque contra el oleoducto Trasandino –el décimo quinto ocurrido contra esa infraestructura en ese departamento–. Ecopetrol informó que el atentado se presentó en el kilómetro 19 del tramo entre Pasto e Ipiales y que el derrame de crudo afectó al río Guaítara, con influencia en siete municipios. 19 de julio de 2015 Por medio de un comunicado las Farc ordenaron a toda su estructura “que a partir de las 00:00 horas del 20 de julio rige la orden de cesar toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas armadas del Estado y la infraestructura pública y privada”. En el mensaje, la guerrilla afirma que cada uno de los mandos e integrantes de las Farc son responsables del “estricto” cumplimiento de la orden de cese del fuego, que se extenderá por un mes, a partir de la fecha. 3 de agosto de 2015 Los senadores Horacio Serpa (Liberal); Alfredo Rangel (Centro Democrático), y Antonio Navarro (Alianza Verde) junto a los representantes a la Cámara David Barguil (Conservador); Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Alirio Uribe (Polo) se mostraron de acuerdo con la manifestación del jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, en el sentido de que un cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, en opinión del Gobierno, debe ser «el fin mismo del conflicto» 19 de agosto de 2015 La Cámara de Comercio de Bogotá reveló la segunda encuesta empresarial sobre la percepción frente al proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con las Farc. Uno de sus principales resultados es que el 65 por ciento de empresarios no conocen los acuerdos alcanzados hasta ahora en La Habana con las Farc. Solo el 12 por ciento dice que han sido divulgados correctamente. 26 de agosto de 2015 Las Farc se muestran en desacuerdo con iniciativa “unilateral” del Gobierno para implementar los acuerdos de paz. 13 de septiembre de 2015 Sectores políticos apoyaron el planteamiento del Gobierno de no incluir a los miembros de las Farc en la Comisión Legislativa que se encargará de crear las leyes para implementar los acuerdos de paz. 24 de septiembre de 2015 Gobierno y Farc dan a conocer el acuerdo sobre justicia que se logró sobre la base de proporcionar la máxima compensación a las víctimas del conflicto armado, cumplir los estándares de la justicia internacional y, al tiempo, facilitar la dejación de armas de las Farc. El anuncio se hizo desde Cuba con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de la Farc, alias Timochenko. 24 de diciembre de 2015 El fiscal General Eduardo Montealegre aseguró que podrían ser amnistiados más de 15.000 miembros de las Farc por delitos conexos con el delito político» 29 de septiembre de 2015 La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, propuso que dentro de la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc se construya una «institucionalidad especial» para llegar a las zonas en las que no hay Estado. 1 de octubre de 2015 La Unión Europea anunció el nombramiento del ex vice primer ministro irlandés Eamon Gilmore como enviado para el proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el Gobierno y las Farc. 15 de octubre de 2015 El jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño alias Timochenko, afirmó que las aspiraciones de la guerrilla van “más allá de una curul en el Congreso”. Las afirmaciones de Timochenko se dan luego de la polémica que se presentó por la ponencia para el segundo debate del acto legislativo para implementar los acuerdos de paz, que incluye facultades para que el Presidente elija a algunos de los miembros, no congresistas, que conformarían la comisión especial que este proyecto crea. 17 de octubre de 2015 Los negociadores del Gobierno y de las Farc acordaron trabajar en un mecanismo para “aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas”. Ambas partes se pusieron de acuerdo para intercambiar información sobre las víctimas del conflicto. 19 de octubre de 2015 El sector empresarial colombiano, representado en el Consejo Gremial, respaldó la negociación que se adelanta con las Farc con el objetivo de dar por terminado el conflicto con esa organización. 29 de octubre de 2015 El presidente Juan Manuel Santos anunció que cudirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que se le otorgue un mandato que le permita acelerar la negociación de ese punto en lo relacionado con el monitoreo y verificación de un cese al fuego bilateral. 30 de octubre de 2015 El grupo de congresistas que se reunió con la delegación de paz de las Farc en La Habana, pidió a la guerrilla tomar en cuenta el plebiscito como posible mecanismo de refrendación de los diálogos de paz. 31 de octubre de 2015 A través de un comunicado, publicado la guerrilla de las Farc indicó que las recientes acciones militares emprendidas por el Ejército, en las cuales fallecieron 4 guerrilleros y dos subversivas fueron capturadas, «amenazan contra el cese al fuego unilateral decretado por el grupo subversivo. 31 de octubre de 2015 El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas respondió a las Farc a través de un comunicado, en el que les dice que las acciones que se emprendieron en Cartagena del Chairá, Caquetá, entre tropas de la Fuerza de Tarea Omega y la comisión de finanzas y extorsión del frente 14 de las Farc, que dejó como saldo la muerte de cuatro guerrilleros, corresponde a enfrentamientos que se presentaron tras encontrarse a los subversivos sembrando minas antipersonas. 7 de noviembre de 2015 La guerrilla de las Farc propuso, a través de un comunicado, la asignación directa de curules en el Congreso de la República durante al menos dos períodos, así como en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. 11 de noviembre de 2015 La encuesta bimestral de Gallup revela que el 52 por ciento de los encuestados creen que esta vez sí se llegará a un acuerdo con las Farc para ponerle fin al conflicto armado. 15 de noviembre de 2015 Las Farc le pidieron al Gobierno Nacional la excarcelación de 81 de sus integrantes que están detenidos y que, según ellos, están enfermos. 16 de noviembre de 2015 El presidente de la Comisión Primera de Cámara, Miguel Ángel Pinto, anunció que propondrá que la comisión legislativa de paz –que se creará para implementar los acuerdos– esté integrada solo por miembros de las comisiones primeras del Congreso y que se excluya a los 12 congresistas restantes que la compondrían. 16 de noviembre de 2015 El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró que el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y crea algunas reglas para el plebiscito solo se aplicará para el que se quiere hacer a fin de refrendar el proceso de paz. 18 de noviembre de 2015 Colombia obtuvo el apoyo de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ese organismo emita un mandato para monitorear y verificar el cese bilateral del fuego definitivo entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. 18 de noviembre de 2015 Las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes dan las primeras aprobaciones para convocar a un Plebiscito para la Paz. En el proyecto se estable Bajar el umbral al 13% lo cual implica que se acerquen a las urnas 4’396.625 ciudadanos; el Acuerdo será vinculante en el cumplimiento por parte del Estado; la publicación integra del acuerdo final y sus documentos anexos; no habrá voto obligatorio; no se extenderán las votaciones por varios días. 25 de enero de 2015 El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de una misión política que ayude a supervisar el alto el fuego definitivo negociado entre el Gobierno y las Farc. Los quince miembros del Consejo adoptaron una resolución en la que encargan al secretario general de la organización, Ban Ki-moon, que inicie «inmediatamente» los preparativos para poner en marcha ese operativo, que tendrá un mandato inicial de 12 meses.

Como en ningún otro momento de los casi seis años de gobierno de Juan Manuel Santos, ha quedado en evidencia lo que algunos han denominado las incoherencias en el actual gobierno. Para una serie de periodistas, analistas, y políticos de profesión, lo acontecido las últimas semanas como la venta de Isagén o las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), que entrega una serie de baldíos a los más ricos y no a los desplazados pobres, contrasta con el fuerte impulso y esfuerzo que realiza el presidente Santos en pro de la paz. Parecen ser situaciones incompatibles o al menos contradictorias en un mismo gobierno. Para este público un discurso de la paz, progresista y con ciertos grados de reformismo es arrollado días después por la idea de que la economía crece ayudando a los más ricos con la idea de que algún día ellos distribuirán la riqueza, que lo público es malo y siempre será mejor entregar la administración de los recursos estratégicos a privados, e incluso, que los pobres son el problema, que son improductivos, malos administradores, y por ende no podrán tener propiedad. Lo cierto es que no hay nada incompatible. Estamos en un momento en el que el gobierno de turno pertenece a una de las familias que gobernó el país en el siglo XX y que  decidió tener como aliados a la élite  urbana, un poco más modernizante que aquella rural que fue la aliada de Uribe. Además, el proceso de paz ha llevado a que Santos habrá la puerta en ciertos aspectos y le dé un tinte de democratización local en el país. Este proceso no es para ayudar a las Farc, ni pactar una paz con 8000 guerrilleros, es pactar la paz con la Colombia profunda, con aquellos campesinos sin tierra ni oportunidades de progreso Pero el gobierno de Santos no pasará a la historia como una era revolucionaria o modernizante, tampoco debemos esperar los grandes cambios por iniciativa del presidente. Por el contrario, lo que debe entender la sociedad colombiana es que el motor de cambio puede ser el proceso de paz. Este proceso no es para ayudar a las Farc, no es para pactar una paz con 8000 guerrilleros, es pactar la paz con la Colombia profunda, con aquellos campesinos sin tierra, sin oportunidades de progreso que han sido excluidos por más de 50 años, aquellos que viven en zonas de conflicto. Esta paz con la Colombia profunda puede ser o no ser un motor de oportunidad para cambiar algunos temas estructurales que han perpetuado estas élites en el poder y que han hecho de Colombia uno de los países más desiguales del mundo, donde pensar diferente puede significar la muerte. El proceso de paz solo dará unos mínimos, en temas de tierras, acceso a crédito, participación política y con ello el estatuto de la oposición. Y sobre todo, acabará con la justificación política de la lucha armada. Pero para aquellos que piden de todo al proceso de paz la noticia es que no será posible, y para aquellos que han saqueado el país y que quieren que el proceso de paz salga gratis, también la noticia es que no será así. Esta negociación dará unos mínimos y de ahí en adelante, será la sociedad la encargada de impulsar los otros cambios. Una sociedad que debe empoderase, debe marchar, protestar, ser activa, hacer veeduría y control político y sobre todo debe aprender a votar, solo así se lograran los cambios esperados. Pero este anhelo choca con el conformismo y apatía característicos de la sociedad colombiana.  Colombia es un país donde la población protesta por un concurso de belleza, o una jugada en un partido de fútbol, e incluso por que dos personas del mismo sexo quieren compartir su vida. Pero no protesta por los niños que mueren de hambre en La Guajira, ni por la miseria del campesino, por la venta de los recursos de la nación o por la corrupción. Columna de opinion publicada en www.las2orillas.co

Un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), encabezados por Enrique Flórez, firmante del acuerdo de paz de Don Gabriel hace 25 años, conversó con El Espectador. Las memorias del proceso de paz que empezó con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987 y concluyó con la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 tienen una sorprendente identidad con lo que ocurre hoy. No solo hacen parte de la misma escena política personalidades como Humberto de la Calle, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Bell, Eduardo Verano de la Rosa oRafael Pardo Rueda, sino que el diagnóstico social de la guerra continúa inmutable. El PRT fue una guerrilla de cerca de 200 hombres en armas que se fundó en 1983. Adquirió su mayor fuerza en la costa Atlántica, especialmente en los Montes de María. Participó de los movimientos de paz que empezaron en el Gobierno de Belisario Betancur y asistieron con un cupo, con voz y sin voto, a la Constituyente. Las armas de esta guerrilla fueron lanzadas al mar el 26 de enero de 1991, un día después de firmar el acuerdo final de paz. Hoy, de cara a un acuerdo de paz con las Farc, estos exdirigentes guerrilleros hacen un balance de su proceso, de los aciertos y desaciertos, y esperan que su experiencia sea tenida en cuenta en La Habana. ¿Qué era el PRT? Era una organización político-militar que desde comienzo de la década de los 80 se configuró, producto de las disputas internas del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) y creamos el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eso fue en el 83. Básicamente agrupó sectores campesinos, del magisterio, liderazgo sindical, estudiantil, sectores de lo que se llamó el sindicalismo independiente. Alcanzamos a tener presencia en el Valle, en Cauca, Nariño, Antioquia. ¿Cuántos hombre tuvieron? Nos desmovilizamos 200 hombres. Pero nuestra estructura política fue más amplia. ¿Cómo fue la negociación? Arrancó dentro de la Coordinadora Guerillera Simón Bolívar después de la desmovilización del M-19. En la Coordinadora se venían haciendo reuniones para ver la posibilidad de hacer un acuerdo unidos, pero no se logró. El M-19 salió con su proceso y la Coordinadora Guerrillera hizo que nos agrupáramos el Epl, el Quintín Lame y el PRT, quienes nos encontramos con la misma decisión: transformar el acumulado militar que teníamos en fuerza política. El proceso del M-19 y la simpatía que consiguió en la población y el rechazo a la lucha armada nos impulsaron a hacer una reunión los tres grupos con Rafael Pardo Rueda y dimos inicio al proceso de paz. En esa declaración adherimos a la iniciativa de paz del gobierno de Virgilio Barco, expresamos nuestra decisión de dejar las armas y de concentrar los frentes en distintas zonas del país donde tenía influencia cada grupo. La decisión de dejar las armas y la promesa de una Asamblea Nacional constituyente permitieron que la negociación fuera rápida. ¿Qué se negoció en ese momento? 25 años después nos damos cuenta de que en ese proceso de paz no hubo temas sustantivos a las necesidades de cambio que tenía el país, a diferencia de lo que hoy ocurre con las Farc en La Habana. En la mesa llegamos al convencimiento de que esas exigencias debían ser llevadas a la Constituyente. Entonces el acuerdo se limitó a establecer las condiciones para la reintegración de los grupos a la vida política y social del país. Un primer componente del acuerdo fueron las condiciones de la desmovilización, otro de garantías de seguridad, garantías económicas para los guerrilleros y se le puso especial atención a engarzar ese proceso a las regiones donde teníamos arraigo. Allí se hicieron planes regionales de desarrollo y se creó la Comisión de Derechos Humanos en la costa Atlántica. ¿Cómo fue la participación del PRT en la Asamblea Nacional Constituyente? Con el acuerdo se nos dio la participación en la constituyente con voz pero no voto. En ese momento se nos dijo que no nos daban voto porque se producía un desequilibrio en las fuerzas de la constituyente dado el fervor que estaba teniendo la Alianza M-19. Fue una actitud mezquina la del Gobierno en ese momento. ¿Cómo fue la desmovillización? Lo primero fue un cese unilateral del fuego y hacer una declaración de nuestra voluntad de dejar las armas. Luego nos concentramos en un campamento en la Haya, en el municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar. De ahí nos desplazamos al municipio de Ovejas, en el corregimiento de Don Gabriel, en Sucre. Ahí, en el casco urbano, se desarrolló todo el proceso de negociación. Establecimos un área en que no podía haber Fuerza Pública y había una vigilancia y unos protocolos de acceso y de salida del perímetro pactado. ¿Cómo se monitoreó la concentración? Con un dispositivo del Ejército y dentro del casco urbano la policía. Ahí estuvimos seis meses. Luego vino la discusión sobre la dejación de las armas. Y se impuso el criterio de que las armas no se le iban a entregar al Estado. Que nosotros no estábamos derrotados, que había temas de dignidad de combatientes, que la gente debía entender que esto no era la derrota de la guerrilla, sino la transformación de una fuerza militar en una política. Y llegamos a la decisión de botar la armas al mar. Quemamos los uniformes y destruimos las municiones el 25 de enero de 1991, y al siguiente día nos llevamos las armas, que eran aproximadamente 100 fusiles, y las lanzamos al mar cerca de Cartagena. Lo hicimos en una ceremonia simbólica con invitados como Orlando Fals Borda, Eduardo Verano de la Rosa, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Bell. Simbólicamente las armas ya no servían y las echamos al mar. ¿Y cómo fue la reinserción? Bastante traumática. En esa época no había la institucionalidad que hay hoy ni los estándares internacionales. Nosotros fuimos la prehistoria de los modelos de DDR. Hubo muchos traumas por el incumplimiento. No estaban preparadas para reinsertar 200 hombres y se improvisó mucho. Desde el subsidio por combatiente hasta los proyectos productivos fueron muy difíciles. El programa de reinserción pasó por mil entidades del Estado y tenía principios de corresponsabilidad y cogobierno. Teníamos un comité de voceros de cada guerrilla, incluyendo al M-19. Entonces se empezaron a crear oficinas y ONG para mover los programas. El balance fue traumático. Nuestra proyección era que el proceso tardaría dos años y nos demoramos trece. De 1991 a 2003, cuando el ministro Londoño puso punto final a los acuerdos. ¿Qué rescata de ese modelo de reinserción? En una primera, entre el 91 y el 94, se creó el Fondo de Paz, que permitió desarrollar foros de desarrollo y paz en los municipios que nos permitieron ubicar las necesidades territoriales. Creamos un Consejo de Normalización que actuaba como interlocutor entre el nivel municipal y el nacional. Pero la respuesta institucional era muy lenta. Todas las demandas que recibimos en ese momento aún están vigentes. Otro de los logros fue la creación de la primera empresa de salud regional y el proceso de vivienda. Eso nos empezó a proyectar política y en el fervor de la constituyente hubo una movilización social por llegar al poder político local. Entonces creamos los comités cívicos y a conquistar alcaldías. Conseguimos Corozal, Chalán y empezamos a emerger en el poder local. Pero entonces se vino la arremetida paramilitar. ¿Cómo fue eso? Entre 1991 y 1994 tuvimos nuestra primavera política. Despertamos fervor y conseguimos apoyo, pero a partir de 1994 se produjo la alianza entre los sectores políticos locales que estaban perdiendo espacio y sectores oscuros del militarismo. Hoy ya se sabe, después de Justicia y Paz, que de esa alianza participaron El Gordo García, los Nule y Mancuso. Eso terminó en el exterminio del PRT. En 1995 empezaron a matar a nuestra dirigencia. Fueron asesinados cerca de 30 dirigentes y 40 militantes, es decir, 70 de 200. La alianza de políticos locales, paramilitares y Fuerza Pública tenía como objetivo aniquilar a la dirigencia social de los Montes de María, y no solo del PRT. De ahí viene esa tragedia de los Montes de María, que ha dejado 250 mil desplazados y más de 2.000 líderes asesinados. Ahí se truncó la paz. Esa fue la paz territorial que no fue posible. El Estado fue incapaz de garantizarnos la vida. Del PRT nos salvamos los que nos desplazamos. ¿Y qué pasó con la gente del PRT? Precisamente estamos buscando hacer un balance detallado 25 años después de la firma del acuerdo de paz. Vamos a convocar a nuestros sobrevivientes, vamos a volver a nuestras regiones para recoger nuestra historia. Queremos reconstruir nuestra experiencia para que sea tenida en cuenta en este nuevo impulso de paz. ¿Cuáles son esas lecciones? Hay que decir que una de las diferencias entre la paz de ese momento y la que se negocia hoy era un ambiente respaldo social. Hoy hay mucha polarización. Pero veo como ventaja la atención que se le ha prestado a la paz territorial. Es que si no se eliminan las causas sociales de la violencia, no va a haber paz. Se necesita desarrollo. Un tercer elemento es el peligro que significa para la paz el entronque entre poderes locales y poderes mafiosos. Hay que evitar la reacción paramilitar. Y lo último es que la institucionalidad tendrá que hacer un gran esfuerzo para recibir la paz. Las Farc exigen el desmonte del paramilitarismo y usted me dice que una de las principales causas del fracaso del acuerdo de paz de ustedes fueron esas fuerzas oscuras. ¿Cómo hacerlo? Hoy hay una alianza entre élites locales, factores criminales del narcotráfico y sectores corruptos de la Fuerza Pública. Esa es la alianza que hay que desarticular. Y atacar esa cultura de las élites políticas de aniquilar a sus oponentes. A nosotros nos mataron alcaldes, concejales y a nuestros mejores líderes. Y para lograr desarticular eso se necesitan dos cosas. La más importante: la verdad. Y la segunda: la justicia. ¿Cómo fue su relación con el Eln? Con ellos configuramos la trilateral: PRT, Mir Patria Libre, PRT. Confluimos en el proceso de paz de Batancur que el gobierno buscaba derrotar por la vía legal a la guerrilla. Por eso dijimos no. Tuvimos muchas discusiones que impidieron la integración. Sobre todo, la manera como ellos tramitaban las diferencias internas. El caso de Ricardo Lara nos tocó mucho, porque terminó siendo asesinado por el mismo Eln. Hoy que se busca una mesa con el Eln, ¿qué mensaje les manda? El Eln puede jugar un papel muy importante en el proceso de paz. Es la fuerza que hace falta para concretar el cuadro. Ellos deben dejar sus temores y sincronizarse con lo que está ocurriendo en La Habana. La paz de Colombia necesita el Eln. ¿En qué quedaron las luchas del PRT por la transformación del campo? La violencia cerró los espacios organizativos. Hoy se necesita retomar esos caminos organizativos de los campesinos. En los montes de María hay dos zonas de reserva campesinas, pero no han tenido desarrollo las propuestas. La economía campesina de la costa Atlántica ha retrocedido 90 %. Y uno de los problemas fue que se crearon expectativas que no se cumplieron. Y espero que no se vuelva a producir ese error de entregar beneficios solo a las guerrillas y sus desmovilzados, pues se necesita beneficiar a toda la población. ¿Qué va a pasar con los sobrevivientes del PRT? Hoy nos reafirmamos en que fue una decisión política acertada dejar las armas, quien no ha cumplido ha sido el Estado. Los movimientos que dejamos las armas hemos cumplido y hemos puesto una alta cuota de sacrificio. Es el Estado el que no ha cumplido y ha dejado esa paz de los 90 inconclusa. El PRT ha está empezando un proceso de reagrupamiento y estamos reconstruyendo nuestra historia. Y lo primero será llevar nuestro caso a la CIDH, porque vivimos un exterminio y nadie nos ha contado ni qué pasó ni por qué. @AlfredoMolanoJi / @luchoceliscnai Artículo publicado en El Espectador

Julián Bedoya Pulgarín con tan solo 34 años y en menos de seis años,  se ha convertido en el barón electoral de uno de los departamentos más importantes del país. Inició su carrera política al lado de Eugenio Prieto Soto, senador y excandidato a la alcaldía de Medellín, quien le dio el aval para aspirar a la Asamblea de Antioquia en 2011. En su primera aspiración política obtuvo 25.037 votos, siendo el quinto diputado más votado del Partido Liberal, desde entonces se perfiló como un fenómeno electoral en el departamento. Hoy es el actual Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Bedoya Pulgarín comenzó a demostrar de lo que es capaz políticamente desde su cargo como diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, desde donde quiso dar un Golpe de Estado al presidente de la corporación Héctor Jaime Garro, mediante una jugada jurídica, revocada más adelante por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Esta mala jugada que quiso dar,  provocó su expulsión del Liberalismo Socialdemócrata. Una segunda jugada que lo pondría en la picota pública  fue las infiltraciones al  consejo de redacción del noticiero Teleantioquia Noticias, orquestadas por Adolfo León Palacio, su socio político, discípulo político del excongresista Cesar Pérez García, condenado a 30 años de prisión por la masacre de 43 campesinos en Segovia, Antioquia en 1988. Con dichas grabaciones pretendieron tumbar al entonces director del noticiero, Juan Pablo Barrientos, hecho que fue calificado como “un grave atentado a la libertad de prensa”. Durante el tiempo en que ocupó el cargo de  diputado de Antioquia,  Julián Bedoya se encargó de fortalecer su equipo político y aceitar la burocracia con la elección de Luz Elena Arango Cardona, Contralora General de Antioquia,  por la coalición de seis partidos: Liberal; Conservador; de la U; Cambio Radical; Polo y ASI. Siendo el promotor de la candidatura de la contralora Arango,  hizo nombrar a sus copartidarios como contralores auxiliares, entre ellos Gabriel Jaime Ramírez Villegas, exalcalde de Santa Bárbara, y a Gustavo Andrés Monsalve, quien renunció en 2014 para aspirar a la alcaldía de Cisneros. Bedoya Pulgarín renunció a la asamblea para aspirar a la Cámara de Representantes, haciendo equipo con Adolfo León Palacio, sumando un número importante de alcaldes, como lo denunció en su momento la senadora Sofía Gaviria Correa, a quien “le han llegado denuncias según las cuales Bedoya presiona y atemoriza a los alcaldes de la región a través de supuestas fichas políticas [de] la Contraloría de Antioquia (El Espectador: 6/3/2015). Al final fue electo para la Cámara con 33.624 votos, incrementando su caudal electoral en 8.587 sufragios. Su imagen de congresistas no es mejor que la de diputado: La imagen que tiene el país del congresista Bedoya Pulgarín no es la mejor. No es claro aún si es  Abogado titulado  de la Universidad de Medellín. Según  denunció La FM, el parlamentario solo estudió la mitad de la carrera, tema que tampoco supo  aclarar en la entrevista que le concedió el representante a Yamit Amat, en CM&: “¿usted es abogado”, a lo que él respondió: “estudiamos Derecho en la Universidad de Medellín”, pero “¿es abogado? Sí”, respondió Bedoya. Más adelante La FM radio, pudo establecer que   Bedoya fue expulsado de la Escuela de Oficiales General Santander de la Policía en el año 2000 en un supuesto intentó de quedarse con un arma oficial. Los resultados para Cámara del congresista Bedoya Pulgarín, contrastados con los resultados de 2011 para la Asamblea, muestran una alta atipicidad, teniendo en cuenta que no estuvo más de dos años como diputado. Fuente: Paz y Reconciliación Los municipios en donde Bedoya obtuvo una votación importante para el Congreso y que en 2011 fue escasa:Municipio20112014Betania19941Cáceres65426Carepa291057Caucasia1341308Hispania58409La Estrella561070Nechí8624Necoclí382773Peque2125Puerto Nare76398San Pedro de Urabá1641634San Vicente16497Titiribí7190Yolombó18896Zaragoza16799 Fuente: Paz y Reconciliación La atipicidad más alta para Congreso que obtuvo Bedoya,  se presentó en municipios del Urabá como Carepa y San Pedro Urabá, en donde obtuvo más del 70% de la votación para las elecciones parlamentarias. En Carepa el candidato del Partido Liberal, conocido como ‘El Amiguito’, de acuerdo a fuentes de terreno fue financiado por Luis Orlando Padierna Peña, alias “Inglaterra”, quien le ayudó para que hiciera la campaña un año antes, con el cartel del TLC (tejas, ladrillos y cemento), haciendo obras de caridad y rifando neveras, lavadoras y ventiladores. En varios eventos pudo verse la presencia del connotado congresista Bedoya Pulgarín. El gran elector de 2015 Para las elecciones locales el grupo de Renovación Liberal, como se llama el equipo de Julián Bedoya, decidió apoyar los  avales a veintinueve (29) candidatos a la alcaldía que representarían al Partido Liberal, de los cuales resultaron electos quince (15). En La Estrella por ejemplo,  el candidato Jhony Alexander García, pese a ser liberal, fue inscrito por el Partido de la U, contando con el apoyo de Bedoya. Estos fueron los alcaldes avalados por el Partido Liberal para el periodo 2016-2019, y que son el fortín político del fenómeno electoral de Antioquia, como lo han llamado algunos analistas políticos: #MunicipioNombre1Santa Fe de AntioquiaSaulo Armando Rivera Fernández2BelmiraJorge Ignacio Londoño Londoño3GiraldoWillmar Adrián Manco Hernández4La EstrellaJhonny Alexander García Yepes5NecoclíJaime López Pacheco6San Pedro de UrabáJorge David Tamayo González7Santa BárbaraMónica María Ocampo Restrepo8VegachíJosé María Ochoa Muñoz9CáceresJosé Mercedes Berrio Berrio10TarazáGladis Rebeca Miguel Vides11FredoniaGabriel Ignacio Muñoz Gómez12PequeAdalberto Valle David13Puerto NareDiana Carolina Duque Cano14UrraoJhon Jairo Higuita Rueda15La Estrella Jhony Alexander García Fuente: Fundación Paz y Reconciliación La fórmula política aplicada por Julián Bedoya y Adolfo León Palacio, diputado, para que éste aspirara al Concejo de Medellín, replanteó la candidatura a la Asamblea para el periodo 2016-2019, postulando al exsenador Rubén Darío Callejas, quien en las elecciones del pasado 25 de octubre obtuvo 32.305 votos. El diputado Palacio falló en su intento por llegar a la corporación. La Fundación Paz y Reconciliación publicó el listado de los candidatos cuestionados para las elecciones 2015, de los cuales resultaron electos dos: José Mercedes Berrio y Gladis Rebeca Miguel Vides, siendo ella elegida alcaldesa de Tarazá, con el apoyo del exalcalde Miguel Ángel Gómez, condenado por enriquecimiento ilícito al comprobarse que era testaferro del paramilitar ‘Cuco Vanoy’. La candidata Miguel Vides, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, está involucrada en el homicidio del periodista Luis Carlos Cervantes. La dupla de Julián Bedoya y Adolfo León Palacio,  pensó hacer moñona para las elecciones de alcaldía de Medellín, en donde apoyaron a Gabriel Jaime Rico, dada la enemistad irreconciliable de ellos con Eugenio Prieto Soto y para la gobernación dieron su apoyo irrestricto a Luis Pérez Gutiérrez, candidato oficial del Partido Liberal. El grupo político de Renovación Liberal obtuvo quince alcaldías, una curul en la Asamblea y la elección de Pérez Gutiérrez, lo cual les dará burocracia en la gobernación, en donde está más que seguro el nombramiento de Adolfo León Palacio en una de las secretarias, a cambio de la Contraloría General de Antioquia, en donde mandó cuatro años Bedoya, la cual le será asignada a la casa Suárez Mira, para Olga Suárez y Germán Blanco, quienes tienen a su jefe Óscar prófugo de la justicia. Así es como se teje la estructura política del nuevo barón electoral de Antioquia.

A este punto es imposible pensar en una confluencia en el tiempo del proceso de paz entre las Farc y el gobierno, con el proceso de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Aunque expertos en temas de seguridad y secretores de la sociedad civil buscaron esta confluencia nos llegó el 2016 y el proceso con el ELN no arrancó. Para los expertos en seguridad había una necesidad palpable de que la diferencia en tiempo entre el inicio de la dejación de armas de las Farc con la del ELN fuera ojalá de semanas o algunos pocos meses. El argumento era que en la mayoría de territorios donde opera el ELN hay presencia de las Farc o en el mejor de los casos esta presencia es muy cercana de una estructura militar a otra. De tal forma que la probabilidad de que la guerrilla que se quede en armas masacre aquella que va a la paz es alta, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia de Colombia, verbo y gracia lo ocurrido con el EPL en los años noventa del siglo pasado. Además en muchos de estos territorios existe presencia de economías ilegales por lo que los riesgos de la llegada de nuevos grupos armados ilegales a tomar estas economías que van a dejar libre las Farc causarían olas de violencia, incluso superiores a las vividas en el conflicto armado, aunque de otro tipo. Esto no sería homogéneo en el país, pues hay territorios con mayor riesgo que otros. Para los sectores de la sociedad civil, la necesidad de acercar en el tiempo estos dos procesos de paz tenía dos postulados. Por un lado, se buscaba un cierre definitivo y total del conflicto y evitar los riesgos de hacerlo parcialmente como había ocurrido en otros momentos de nuestra historia. Por ejemplo, en los años noventa del siglo pasado en la negociación con el M-19, el EPL, la corriente de renovación socialista, se dejó por fuera al ELN y las Farc, y años después se entró nuevamente en un ciclo de violencias. Por lo tanto, haber tenido dos mesas simultáneas era un factor de disminución de riesgos. Por otro lado, es claro que varios de los puntos avanzados con las Farc son un insumo importante para la negociación con el ELN. Basta tener en cuenta que al final de todo el proceso solo habrá un modelo de justicia transicional, no habrá uno para el ELN, otro para las FARC y otro para las Fuerzas Militares, deberá ser uno solo para todos los actores en conflicto, como un solo el modelo en  los temas de reparación a víctimas y derecho a la garantía de no repetición. Muy seguramente en las próximas semanas comenzará el ciclo abierto de la negociación con el ELN y tardará no menos de dos años Al final no se logró el objetivo, los errores de los encargados de paz del gobierno fueron inmensos:  error tras error, tras error. Por otro lado, los debates internos del ELN han imposibilitado que este grupo tenga posiciones fijas sobre el tema de paz. Muy seguramente en las próximas semanas comenzará el ciclo abierto de esta negociación y tardará no menos de dos años y la de las Farc terminará seguramente en el primer semestre de 2016.  Es decir, una diferencia de no menos de 18 meses. Así las cosas los riesgos son múltiples, pero se pueden mitigar o diseñar estrategias que posibiliten una transición pacífica en los territorios donde ambos grupos armados ilegales confluyen. Por ejemplo, será indispensable que la negociación con el ELN comience donde termina la de las Farc. Ya que para garantizar un posconflicto pacífico se necesitaría un cese bilateral entre el gobierno y el ELN, al menos en las zonas donde operan ambas guerrillas. Se requiere que el dispositivo internacional que verificará la dejación de armas de las Farc ayude también a la verificación del cese bilateral con la guerrilla del ELN.