Las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, deberán acordar lo relacionado con el  fin del conflicto,  los mecanismos de refrendación del proceso de paz, lo mismo que la implementación y verificación de los puntos. Estos son los temas que se discutirán a partir del 13 de enero de 2016: El mecanismo que se deberá utilizar para refrendar lo acordado. Plebiscito para la paz, que está pendiente de la revisión de la Corte Constitucional, pero las Farc insisten una constituyente. Con que herramienta se dará la implementación de  lo que se pacte en el acuerdo final. En el Congreso avanza en la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, un instrumento que  tampoco ha recibido el respaldo de las Farc. Entrega de armas por parte de las Farc. Zonas de concentración para los guerrilleros. Cese bilateral del fuego. Mecanismo de verificación del fuego. Elección de magistrados que conformarían el Tribunal Especial para la Paz. Cómo se realizaría la reparación material por parte de las Farc a la población víctima de sus acciones. Zonas de ubicación de las “circunscripciones transitorias especiales”.. Cuál es la extensión del fondo de tierras acordado en el punto de desarrollo agrario.

En mi última columna del año 2015 escribí sobre el sofisma de los números, y mostré como una reducción súbita de la tasa de homicidios en una ciudad no necesariamente significa un éxito de una política pública, ni una mejor democracia, por el contrario, puede obedecer a que una organización criminal ganó una batalla por el control de mercados ilegales o a un pacto entre las mismas en una ciudad. Un buen ejemplo es el famoso pacto de los fusiles en Medellín, donde un arreglo entre organizaciones criminales ha permitido una reducción histórica del homicidio. Lo anterior era un mensaje a los nuevos alcaldes y gobernadores del país, y llamaba la atención sobre la necesidad de crear nuevos indicadores para medir la presencia de organizaciones criminales. Desde el mes de enero y hasta marzo, los diferentes alcaldes deberán construir el plan de desarrollo del municipio y el PIS o Plan Integral de Seguridad. Es un momento clave, no solo para ir más allá del análisis de la tasa del homicidio, sino para planear un sistema de seguridad para dicho ente municipal que dé cuenta de la nueva realidad del país en su etapa de postconflicto. Desde el momento en que se dio la directriz de que cada municipio debía contar con un PIS; los diferentes mandatarios han contratado consultores, la mayoría abogados, que elaboran documentos sin participación social, sin conocimiento en materia de seguridad y en general analizando los denominados indicadores de alto impacto, pero no van más allá. Estos son entregados a los alcaldes para que los muestren cada vez que acuden miembros del ministerio del interior o la alta consejería de seguridad, a su vez la policía cuanta con un PIS para el mismo ente territorial, el cual no cuenta con la aprobación y participación de la alcaldía, y mucho menos participación social. Por ejemplo, durante el periodo pasado de gobierno, varios municipios del Huila contrataron a un mismo consultor para la elaboración del PIS, y era similar en estos municipios, solo cambiaba el nombre, de hecho en algunos párrafos se mencionaban dos o tres municipios. Ahora, se debe garantizar por parte de los alcaldes entrantes, así como por parte del gobierno nacional que esta situación no se repita, no solo porque el tema de seguridad ciudadana es la principal necesidad que expresan los ciudadanos, sino también porque es hora de ver la seguridad desde otro foco, ya que entramos en una etapa de postconflicto. Los alcaldes deben entender que seguridad no solo son chalecos, gasolina y motos para la policía Tres recomendaciones son importantes a la hora de hacer los PIS. La primera es que los alcaldes deben entender que seguridad no solo son chalecos, gasolina y motos para la policía, la seguridad es más que policía. Igualmente el presupuesto del municipio debe ir más allá de la gasolina para las motos, las cámaras perimetrales y debe contemplar las zonas rurales, no solo las zonas urbanas. Esto significa que debe crearse una concepción integral de seguridad ciudadana, donde la prevención tenga un papel importante. Una segunda recomendación es que los nuevos mandatarios deben distinguir entre los conceptos de seguridad y defensa. Por ejemplo ver policías en cada cuadra, o soldados que levantan el dedo al paso del carro no es seguridad eso es defensa. La seguridad se produce en el momento que no se necesita tanta policía en la calle o cuando no es necesario tener ejército en cada carretera. Los PIS deben estar planeados en etapas y temas y deben ir llevando de un modelo de defensa a uno de seguridad. La tercera recomendación, al menos aplicables a las grandes ciudades que cuentan con presupuestos importantes, es que se deben crear instrumentos de medición y control propios de las alcaldías, fortalecer los observatorios de seguridad, crear mecanismos de seguimientos bajo la modalidad de Metas – impacto a las diferentes políticas públicas. Estas evaluaciones de impacto son fundamentales para fortalecer la política pública y sobre todo para ejercer veeduría sobre la policía, hoy día los observatorios son pieza fundamental de una política pública de seguridad. Columna de opinión publicada en www.las2orillas.co

Muy brevemente y desde una perspectiva legal, teórica y dogmática con base en el derecho internacional, mencionaremos tres aspectos centrales en relación con el debate actual sobre el Estatuto de víctimas y los derechos de las víctimas: En primer lugar, el debate sobre el fundamento legal de obligación de reparar, es decir, si el Estado repara con base en el concepto de su responsabilidad o el deber de garantía, y la relación con la responsabilidad de grupos armados ilegales En segundo lugar, la distinción entre medidas de asistencia o ayuda humanitaria, reparación y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En tercer lugar, la relación entre la reparación vía judicial y la reparación vía administrativa El debate sobre el fundamento legal de la obligación del Estado de reparar En relación con el fundamento legal de la obligación del Estado de reparar a victimas de agentes estatales o grupos armados ilegales, se puede distinguir entre conceptos, que llamaría concepto clásico y concepto moderno. a) El concepto clásico de la reparación: La responsabilidad (internacional) del Estado Según el concepto clásico de la reparación, el Estado repara con base en su responsabilidad (internacional). Para entender este concepto y las diferencias con el concepto moderno, es necesario aclarar cuatro puntos: El término “responsabilidad (internacional) del Estado” es un término jurídico con un significado específico Es importante distinguir entre obligaciones primarias del Estado y obligaciones secundarias, distinción que no puede confundirse con el debate sobre la responsabilidad primaria de grupos armados ilegales y la responsabilidad subsidiaria del Estado La responsabilidad internacional del Estado, como obligación secundaria, surge cuando el Estado, a través de sus órganos, viola una de sus obligaciones primarias que, por ejemplo, en materia de derechos humanos consisten en el deber de respetar y garantizar los derechos humanos. aa). Las normas del derecho internacional de la responsabilidad del Estado Como punto de partida para la concretización de la responsabilidad del Estado pueden servir los principios sobre la responsabilidad internacional de los Estados desarrollados por la Comisión Internacional de Derecho de las Naciones Unidas (International Law Commission, en ingles) y adoptados en el ano 2001 bajo el nombre “Responsibility of States for internationally wrongful acts”. Según estos principios, un Estado es internacionalmente responsable por acciones u omisiones atribuibles al Estado que consisten en la violación de una obligación internacional del Estado El Estado es responsable por los actos cometidos por agentes estatales u otras personas que legalmente ejercen algún tipo de autoridad gubernamental. En relación con delitos cometidos por particulares, estos principios consagran el concepto de la no-atribución de actos de particulares al Estado a través de la llamada “teoría del delito distinto”, según la cual la responsabilidad del Estado solamente surge cuando el Estado, a través de sus órganos, viola sus propias obligaciones en relación con los actos de particulares, como puede ocurrir en los casos de no prevenir o no castigar dichos actos. Esta teoría se distingue de las teorías de complicidad y condonación, pues según esta teoría,  la violación de las obligaciones de prevenir o castigar implica la responsabilidad directa del Estado por considerar los actos de particulares como actos propios del Estado. Sin embargo, la teoría de no atribución de actos de particulares y del delito distinto, admite ciertas excepciones, lo cual significa que los actos de particulares se convierten en actos propios del Estado. Entre estas excepciones se encuentran las siguientes: Los actos cometidos por particulares cuando actúan como agentes estatales de facto. En cuanto a esta excepción existe un debate sobre el alcance de influencia y control que un Estado tiene que poseer sobre los particulares; mientras que la Corte Internacional de Justicia requiere un control específico de los particulares bajo la dirección del Estado, Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia solamente exige un control general sobre grupos paramilitares. Los actos cometidos por particulares que ejercen elementos de autoridad gubernamental ante la ausencia o falta de autoridades estatales y en circunstancias que justifican el ejercicio de tales elementos de autoridad gubernamental Los actos cometidos por particulares que forman parte de un grupo insurgente, siempre y cuando el grupo insurgente se convierta en el nuevo gobierno Los actos cometidos por particulares que el Estado declara y asume como actos propios. Estos principios, si bien tienen sus orígenes en el campo de relaciones interestatales en cuanto a violaciones cometidas contra extranjeros, se han convertido en principios rectores para concretizar la responsabilidad internacional de los Estados y la obligación de reparar los daños causados a la victima. bb) El derecho internacional de los derechos humanos El concepto clásico de la reparación con base en la responsabilidad también se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos. Para dar un ejemplo, el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH),  consagra la responsabilidad del Estado de reparar los daños causados por actos atribuibles al Estado que violan las obligaciones primarias de respetar o garantizar los derechos consagrados en la convención. Según la Corte Interamericana, “un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción.” Sin embargo, refiriéndose a la teoría de no atribución de actos particulares y del delito distinto con respectivas excepciones de los principios sobre la responsabilidad internacional del Estado, la Corte estableció en el caso Velazquez Rodríguez que “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.” La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha senalado que “en cuanto al tipo de responsabilidad debe recordarse que ésta será por omisión cuando se incumpla el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento no sea deliberado, y que no haya participación de agentes estatales en la preparación, cobertura o  encubrimiento. La responsabilidad será por acción cuando agentes estatales estén involucrados en la preparación de los hechos, la participación en los mismos o en el encubrimiento o protección de sus autores.” En este este sentido, el análisis de las sentencias de la Corte Interamericana sobre la responsabilidad del Estado colombiano por masacres cometidas por grupos paramilitares muestra que en los casos de responsabilidad del Estado por acción (como en los casos de Ituango o Mapiripán), los actos de grupos paramilitares son directamente atribuibles al Estado como actos propios del Estado, mientras que en los casos de responsabilidad del Estado por omisión (como en el caso de Pueblo Bello) se le atribuye la responsabilidad al Estado indirectamente en la medida en que éste no adopta diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil. Además, en el caso de la masacre de la Rochela, la Corte determina la responsabilidad estatal como responsabilidad directa al calificar a los grupos paramilitares como particulares que ejercían ciertos elementos de poder gubernamental, dado el marco legal bajo el cual actuaban. Situación similar a la del caso de los 19 comerciantes cc) Derechos Internacional Humanitario El mismo concepto de la obligación de reparar como consecuencia de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en el Derecho internacional humanitario b) El concepto moderno de la reparación: El deber de garantía del Estado Mientras que el concepto clásico de la reparación utiliza la expresión “reparación” solamente en el contexto de la responsabilidad internacional del Estado, es posible encontrar hoy en día un concepto moderno de la obligación del Estado de reparar, basada en el deber de garantía del Estado. Según la Corte Interamericana, según el artículo 2 de la Convención, los Estados tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos humanos en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales. Este concepto de la obligación del Estado de reparar integralmente a victimas de violaciones de derechos humanos y el derechos internacional humanitario se encuentra también en los Principio sobre la Restitución de Viviendas y de Patrimonio (con Motivo del Regreso) de los Refugiados y Desplazados Internos (los llamados Principios de Pinheiro), y sobre todo en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas (de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario) a interponer recursos y obtener reparaciones. Los artículos 15 y 16 de dichos directrices dicen que los Estados deben conceder una reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado, pero también establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones. La distinción entre medidas de emergencia o ayuda humanitaria, reparación y los DESC Este concepto de la reparación basada en el deber de garantía me lleva al segundo punto, la distinción entre medidas de emergencia o ayuda humanitaria, reparación y los DESC. Esta distinción terminológica es defendida por muchos académicos, representantes de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos e instituciones estatales como la Procuraduría y el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. Reconociendo las ventajas de esta clasificación, quiero hacer unas breves reflexiones críticas y tal vez un poco provocantes sobre esta distinción para sugerir una propuesta alternativa sobre como crear un marco conceptual para el derecho a la reparación. La distinción mencionada mezcla, en primer lugar, terminologías de carácter nacional e internacional y, en segundo lugar, conceptos legalmente muy distintos, pues los DESC se refieren a un cierto tipo de derechos humanos, la ayuda humanitaria o de emergencia (Término utilizado en Colombia, pero no necesariamente común a nivel internacional) a un elemento específico de la obligación primaria en relación con la implementación de los DESC, y la reparación a medidas de restablecimiento de los derechos violados. En segundo lugar, no queda claro cual es el fundamento de la obligación de reparar, lo cual puede causar tensiones políticas y debates ideologizados. En tercer lugar, la distinción puede dejar la impresión que las medidas de emergencia y ayuda humanitaria son algo para los tiempos de guerra, los DESC algo para los tiempos de paz, y la reparación algo para los tiempos de transición. En cuarto lugar, muchos actos violatorios cometidos por grupos armados, como el caso del desplazamiento, afectan no solamente derechos civiles y políticos, sino también numerosos derechos económicos, sociales y culturales (Como los derechos a la vivienda, alimentación, salud, trabajo o educación), muestra de la relación estrecha entre los derechos civiles y políticos y los DESC En quinto lugar, muchas medidas de reparación, sobre todo las de restitución y rehabilitación, se refieren prácticamente a los DESC. Por estas razones se propone lo siguiente Las medidas de reparación pueden tener su fundamento tanto en el principio de responsabilidad internacional del Estado como obligación secundaria como en el deber de garantía como obligación primaria, según sea el caso La determinación del fundamento legal para la reparación debe tener en cuenta el papel de los agentes estatales, pues en el caso crímenes cometidos por agentes estatales, la obligación de reparar se base de manera obligatoria en la responsabilidad internacional del Estado. En el marco del deber de garantía como fundamento jurídico de la reparación, y sobre todo en cuanto a los DESC, se debe distinguir entre las medidas de asistencia, ayuda humanitaria o emergencia como medidas de carácter urgente y de corto plazo, y medidas de reparación en un sentido estricto que van más allá de las medidas de corto plazo. Solamente esta distinción respeta los principios internacionales en relación con la implementación progresiva de los DESC, pues si bien la implementación de los DESC se realiza de manera gradual, existen obligaciones inmediatas que el Estado debe cumplir enseguida. En cuanto a la implementación gradual y progresiva de los DESC es importante tener en cuenta que, cuando la reparación se fundamenta en el deber de garantía, el Estado debe garantizar un equilibrio entre las medidas de reinserción a favor de los victimarios y las medidas de reparación a favor de las víctimas; además, las restricciones de la ley de justicia y paz en relación con el derecho a la justicia deben ser compensadas mediante un esfuerzo estatal más grande en cuanto a la reparación. Las consideraciones anteriores no deben ser mal interpretadas en el sentido de que se pueda entender medidas de desarrollo social como medidas de reparación, pues las medidas de reparación tienen fines distintas. Garantizar el goce efectivo de los DESC a través de programas específicas de reparación no se agota en programas generales de desarrollo social. Entender el derecho a la reparación como intrínsecamente vinculado con los DESC en casos, en los cuales no es posible establecer la responsabilidad internacional del estado, trae la ventaja de que una política publica de reparaciones sea más concertada con la implementación de los DESC. La relación entre la reparación vía judicial y vía administrativa Finalmente es necesario hacer un breve comentario sobre la relación entre la reparación vía judicial y vía administrativa. Actualmente existe solamente un Tribunal de Justicia y Paz en todo el país que va a decidir sobre las solicitudes de reparación vía judicial. Por lo tanto es de suma importancia fortalecer el aparato judicial para que las víctimas tengas un acceso efectivo a la reparación vía judicial. Este hecho muestra lo que yo considero como uno de los obstáculos más grande del proceso actual. Muchas veces no hay un problema por la ausencia de leyes, por la aplicación ineficaz o inadecuada de las leyes existentes por falta de un aparato institucional que pueda garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de los ciudadanos. La mejor ley no sirve si no se garantiza su aplicación eficaz. Autor FLORIAN HUBER Jurista Universidad Munich – Alemania

Colombia muy seguramente tendrá las cifras más bajas en homicidios en las diferentes ciudades capitales. Tal vez las reducciones más importantes se presentarán en Medellín y algunas ciudades intermedias, por su parte Bogotá y Cali seguirán a la baja o al menos con una estabilidad que marca la tendencia para los últimos tres años. Muy seguramente la Policía y el Ministerio de Defensa anunciarán a principios del 2016 que Colombia vivió el año con menos violencia homicida en los últimos 30 años. También se dirá que Colombia redujo varios indicadores de violencia gracias a diferentes políticas de seguridad en zonas urbanas, y obviamente los alcaldes salientes comenzarán a dar conferencias por todo el mundo comentando el cómo de la reducción de la violencia. Evidentemente bajo la filosofía de Pambelé “siempre será mejor rico que pobre”, pues siempre será mejor tener menos muertos que más muertos. Por lo tanto esta reducción del homicidio debe celebrarse. Sin embargo, para los nuevos asesores, secretarios de seguridad y altos concejeros, les quiero manifestar dos o tres hipótesis que han surgido en los últimos años y que cuestionan o al menos piden mirar con precaución las reducciones de la violencia homicida. La reducción del homicidio el Medellín, es producto de un pacto entre los diferentes combos y sectores de los Urabeños y la Oficina de envigado La primera hipótesis es que la violencia homicida no es proporcional a la presencia de organizaciones criminales o mejor aun, la violencia homicida no sirve para medir la presencia de organizaciones criminales. Por ejemplo, la reducción del homicidio el Medellín en los últimos dos años, es producto de un pacto entre los diferentes combos y sectores de los Urabeños y la Oficina de envigado, a este pacto se le denominó “le pacto de los fisiles”, básicamente consiste en que las organizaciones criminales utilizaran el homicidio como último mecanismo para solucionar sus disputas, antes intentaran arreglarlo con otra estrategias. De ahí, una ciada impresionante del homicida en la denominada capital de la montaña. En Cali ocurre algo parecido, la reducción del homicidio es producto de una victoria de los Urabeños sobre los Rastrojos y la denomina banda criminal de la Empresa. Es decir, como uno de los bandos gana, pues no hay a quien disputarle el poder. Así las cosas una reducción subida del homicidio no necesariamente significa una mejoría en la seguridad, sino la victoria de un bandido. La segunda hipótesis es que hoy el crimen funciona bajo la modalidad de la subcontratación criminal, como lo ha dicho la Fundación Paz y Reconciliación y como se describe en el libro de Mercados de Criminalidad en Bogotá, las grandes organizaciones criminales, como carteles o bandas Criminales, como los Rastrojos o Urabeños ya no emprenden grandes operaciones para conquistar una ciudad, más bien prefieren contratar pandillas, grupos juveniles violentos y pequeñas estructuras criminales para que operacionalicen mercados u operen acciones criminales en zonas urbanas. Por ejemplo, en Buenaventura la disputa entre Urabeños y La Empresa se hizo en realidad entre pandillas, como los Buenaventureños, los Chocoanitos, los Pulga etc. Estos significa que cada vez más la deferencia entre crimen organizado y delincuencia común es menos clara o en más borrosa. Esta misma subcontratación criminal lleva a que las autoridades piensen que todo se trata de un problema de jóvenes desadaptados o hilos sueltos en el crimen, pero la realidad es más compleja, tampoco se trata que existan bacrim por todos lados. En realidad es que ya las estructuras criminales están desapareciendo y dando paso a redes criminales. Una tercera hipótesis es que hoy día las organizaciones criminales no buscan el control territorial, como hace unos años se enseñaba en la academia a la hora de estudiar la ilegalidad, ahora lo importante es el control de los mercados, así que el control territorial es cada vez menos importante. Además a medida que baja la violencia homicida, suben las estrategias de corrupción. Columna de opinión publicada en www.las2orillas.co

Ver informe completo Las acciones de las Farc se redujeron en un 40%, luego de que estas declararan treguas unilaterales en distintos momentos del año 2014. Por otro lado  la guerrilla de las FARC se ha dedicado, desde finales del año 2013, al trabajo político, a reconstruir su base social y en general a preparase para el postconflicto. Incluso se podría decir que las FARC han comenzado a pensar en opinión pública y ahora sus acciones armadas son calculadas no únicamente desde el punto de vista militar. Durante el año 2014, las Farc no interfirieron en las elecciones tratando de sabotearlas como era su costumbre.  Esto significó que la mayoría de los candidatos a cargos de elección popular,  lograron hacer campaña en zonas que son de presencia fuerte de las guerrillas, como la zona rural de Puerto Asís o en varias zonas rurales del Cauca. Sus acciones bélicas se vieron reducidas al pasar de un total de  2003 acciones en el año 2013, a 1186 en el año 2014. De hecho se puede ver una tendencia al descenso desde el año 2012, año en el que se quiebra la tendencia de aumentó que se venía presentando da partir del  el año 2008. Cabe anotar que a pesar que aunque a nivel general, las acciones armadas de las Farc se redujeron en un 40%, territorialmente hubo diferencias entre una región y otra. Por ejemplo, mientras en el Cauca, el frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas, redujeron drásticamente sus acciones, el Bloque Jorge Briceño, antiguo Bloque Oriental, que opera en el sur oriente del país, al igual que el  Bloque Alfonso Cano o antiguamente denominado Comando Conjunto de Occidente que opera en el sur oriente del país tuvieron  una alta intensidad operativa. Aun así, el nivel de desescalamiento en el país al día de hoy es bastante notorio. ELN se reactiva La Fundación Paz y Reconciliación pudo establecer un  crecimiento progresivo de las acciones, pdel Eln, presentándose en el 2014 un incremento del 43,21% en relación a las acciones realizadas el 2012 y del 14,89% con respecto al 2013. Esto se puede explicar por la intencionalidad de mostrar capacidad militar con el propósito de presionar el inicio de una negociación formal con el gobierno nacional y también como el resultado del reacomodamiento táctico iniciado por el ELN en el año 2009, luego de superar la confrontación con las FARC, lo que le permitió que estructuras que se encontraban inactivas como las del Chocó se reactivaran y ahora tengan mayores niveles de operatividad. La segunda conclusión es el regreso a territorios donde no tenían operatividad desde los 90s. Zonas donde tuvieron una influencia importante en el pasado, pero de los cuales se replegaron luego de confrontaciones con otros grupos armados ilegales y/o con la fuerza pública. Este es el caso de algunas zonas de los departamentos de Caldas, Boyacá, Huila. El retorno a estos territorios se ha dado sin grandes acciones militares. Retos Nacionales y Territoriales del Posconflicto Los procesos de transición, ya sean de una dictadura a una democracia, o en el marco de una guerra civil, o de un conflicto de baja intensidad como el colombiano, han sido caracterizados por la academia desde diferentes ángulos analíticos. En todo caso, la mayoría de estas corrientes analíticas coinciden en cuatro grandes cosas. Por un lado, se entiende el postconflicto como una etapa. Esta va desde el momento en que finaliza el conflicto armado interno y se avanza –si evoluciona favorablemente- hacia una etapa de “normalización”, la cual en sentido estricto debería permitir superar una serie de condiciones que en años anteriores sirvieron como factores detonantes de violencia. Esa “normalización” se medirá en transformaciones institucionales, en desarrollo social, en inclusión, en garantía para el ejercicio de los derechos, en reconciliación y en una nueva cultura política democrática. La etapa del postconflicto se puede dividir en cuatro líneas de tiempo. En algunos momentos estas líneas se sobreponen unas con otras, pero es fundamental distinguirlas. La primera va desde el inicio de las negociaciones de paz hasta la firma de los acuerdos. Este periodo se concibe como de alistamiento, en donde el Estado debería preparar toda una estrategia de intervención para evitar la reaparición de nuevas olas de violencia y profundizar procesos de consolidación estatal. La segunda línea tiempo va desde el anuncio de un cese al fuego bilateral, pasando por la firma de los acuerdos de paz para terminar con el proceso de refrendación, sea cual sea el mecanismo de apoyo popular que se utilice. Dicha etapa generalmente es corta. Incluso en algunos procesos de paz se realiza un cese bilateral y en otras no.  Pero es fundamental para ganar confianza en la población. Es prácticamente un periodo en que la sociedad comienza a apoyar el proceso y vive una serie de beneficios que se observan en los territorios. Igualmente este periodo corto de tiempo es fundamental para re-afianzar la confianza entre las partes que negocian y comenzar a aplicar el proceso de concentración de tropa y dejación de armas. La pedagogía para la paz es fundamental en este periodo, con el propósito de alcanzar una victoria contundente del proceso de refrendación, y un apoyo que permita comenzar a aplicar los acuerdos de paz. En este punto el proceso de paz tiene dos retos, por un lado ganar el proceso de refrendación, pero no es suficiente cualquier victoria, la experiencia internacional muestra que se necesita ganar por mayorías importantes Pero además el reto no solo es ganar dicho proceso popular, lo cual es relativamente fácil, el reto fundamental, en un conflicto armado prolongado de baja intensidad como el colombiano, es lograr el apoyo popular necesario para aplicar los acuerdos de paz. Se debe evitar que las reformas que se comenzarían a aplicar con la firmas de los acuerdos terminen en una contrarreforma. La tercera línea de tiempo va desde la firma de los acuerdos y hasta los siguientes 12 meses. Es lo que se conoce como el “Plan de choque”, el cual se basa en una serie de acciones institucionales que permiten crear confianza en la población, ganar legitimidad al Estado en diferentes territorios e impedir el desarrollo de factores que promuevan una nueva ola de violencia. Este plan de choque se le ha denominado por parte de la Fundación Paz y Reconciliación como las victorias tempranas para la paz. No se trata de las transformaciones estructurales a mediano y largo plazo, pero sí de la creación de condiciones que las prefiguren y contribuyan a la indispensable construcción de un clima de confianza nacional e internacional sobre el proceso. En otras palabras, es una acción comunicativa en la que, aún no habiéndose desarrollado las transformaciones estructurales de fondo, la población logra percibir que algo ha cambiado y, de esta manera, construye esa expectativa favorable que acrecienta la legitimidad del proceso. Charles Tilly, muestra una serie de principios en los que se basa la democratización y tal vez uno de los más importantes lo expone como el paso del abandono de la coerción como mecanismo de relacionamiento entre el gobierno y un grupo de ciudadanos (redes de confianza excluidas), a la construcción de confianza y redes de apoyo públicas. Además añade que para construir estas redes de confianza  se debe caminar hacia 1. La disolución de las redes de confianza segregadas. 2. La integración de redes de confianza antes segregadas. 3. La creación de nuevas redes de confianza políticamente conectadas. La última línea de tiempo va desde la firma de los acuerdos hasta los siguientes 10 años, que es el periodo que permitirá la normalización del país y de los territorios que sufrieron en las olas de violencia más intensas. La segunda coincidencia de los académicos se refiere a la legitimidad. Por un lado, del apoyo popular a los acuerdos y a la aplicación de los mismos, entre ellos los temas de justicia transicional. En segundo lugar, del tipo de alianza que se establezca en las élites nacionales y regionales con respecto a la paz.  Para O`donell es fundamental el papel de las élites dentro de la viabilidad de los acuerdos de paz y el futuro del postconflicto, Incluso, para muchos autores es trascendental el papel de determinados grupos sociales. Por último, igualmente importante es el papel de la comunidad internacional y el apoyo que le den a lo acordado. El tercer punto interesante en el que coinciden varios expertos en temas de transiciones se refiere a que el postconflicto no puede confundirse con la agenda de desarrollo del país. Así las cosas al proceso de paz y la aplicación de los acuerdos no se les puede pedir todo tipo de acciones institucionales o de infraestructura. Un proceso de paz derivado de un conflicto armado de algo más de 50 años puede tener dos objetivos. El primero es solucionar aquello que denominan las causas estructurales del conflicto.  Esta posición parte de la idea de que existen unas condiciones sociales, políticas y económicas que llevaron a que un segmento importante de la población decidiera empuñar las armas; y, mientras estas condiciones no cambien, será difícil llegar a un proceso de normalización democrática, siempre se estará sujeto a oleadas de violencia. Temas de participación política, acceso a la tierra, entre otras, son citados en estos casos.  El segundo objetivo de una negociación es buscar lo que podría denominarse el retorno al punto de partida, es decir, volver al punto en el cual arrancó la guerra, restaurar todo aquello que ocasionó el conflicto. El actual proceso de paz con la guerrilla de las FARC y el que se inicie con la guerrilla del ELN le apunta a una combinación de las dos, aunque es más cercano al segundo objetivo. El último tema indispensable es que el postconflicto tiene o podría tener dos niveles de acción institucional y una institucionalidad transitoria. Statitas Kalivas, uno de los más importantes académicos que estudia las guerras civiles y los conflictos armados, ha llegado a una importante conclusión y es que generalmente las guerras civiles, los grandes movimiento sociales y olas de violencia que invaden un país, aunque podrían agruparse en algunos discursos o causas justificadoras a nivel nacional, en realidad obedecen a múltiples causas locales  o situaciones regionales, las cuales en un momento determinado confluyen en un gran movimiento nacional, tal vez el mejor ejemplo es la revolución China. Así las cosas el posconflicto plantea numerosos retos. Unos son del nivel nacional y otros del nivel territorial. Unos de corto, otros de mediano y otros de largo plazo. Los temas nacionales son mayúsculos, van desde una gran estrategia de reconciliación nacional, hasta la lucha por mitigar los efectos de factores estructurales que promovieron la violencia. En todo caso, la violencia no se desarrolló homogéneamente en el territorio, y los factores estructurales y momentos que influyen en la violencia no son similares en la geografía nacional. Por ello el postconflicto también tiene unos retos territoriales. Estos territorios específicos son transcendentales, ya que allí generalmente se reproduce la economía que creó la guerra. En los conflictos armados prolongados la guerra crea una economía de la cual sobrevive, y esta se desarrolla generalmente en los territorios excluidos, marginados y donde hicieron presencia los grupos armados ilegales. Cultivos de coca, minería criminal, redes de extorsión son solo un ejemplo. Estas economías de no controlarse traerían nuevas olas de violencia. Además estos territorios no están conectados al mercado nacional; ausencia de vías de comunicación, inexistencia de sistemas de integración política y ausencia de infraestructura social los han constituido en una sociedad segregada y apartada. Allí no sólo se deben construir carreteras, acueductos etc., sino reconstruir la organización social y en otros casos ayudar a consolidar esta organización social. Por ello la necesidad de que el Estado responda rápidamente y construya lazos de confianza que permita integrar la población de estos territorios a la vida  nacional. Además de lo anterior, los retos territoriales del postconflicto se explican por dos circunstancias adicionales. Por un lado, a diferencia de procesos de paz anteriores, los hombres y mujeres que salgan de los grupos guerrilleros no se dirigirán a las ciudades a estructurar y crear una nueva vida.   Los guerrilleros se quedarán y realizarán su reinserción en las zonas donde operaban. Esto, significa que al menos inicialmente las dinámicas de postconflicto no se vivirán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, sino en municipios de categoría seis como Puerto Asís, La Macarena en el Meta o San Vicente del Cagüán. La segunda idea, es que a diferencia de los anteriores procesos de paz, la actual negociación con las guerrillas de las FARC y del ELN, tendrá una tercera fase, es decir, un período de aplicación de los acuerdos. En las anteriores negociaciones la tercera fase se circunscribía a algunos puestos laborales, como en el DAS,  dineros para reinserción y entrega de algunos bienes que ayudaran en dicha reinserción. Esta vez se pretende que la tercera fase logre instaurar la base para solucionar lo que se denominan causas estructurales del conflicto y por otro lado saldar una deuda histórica con grandes sectores poblacionales. El equipo de investigación de la Fundación Paz y reconciliación luego de cerca de una década de investigación ha logrado establecer cuáles son los municipios donde se vivirán los retos territoriales del postconflicto. Se tomaron los municipios donde las guerrillas de las FARC y el ELN han hecho presencia en los últimos 30 años. Allí han desempeñado, con altibajos, una labor de regulación social. Los datos muestran que son 281 los municipios del postconflicto, donde deberá hacerse un esfuerzo importante. Descargar el informe completo aquí:

Una vez firmado el acuerdo Colombia ya no será la misma, porque la implementación de los acuerdos  traerá un paquete de acciones institucionales de alto impacto territorial que permitirá crear un ambiente de favorabilidad al proceso. El postconflicto como proceso tendrá diferentes momentos y entre estos se contempla la focalización de las acciones de política pública a los municipios que se han visto más afectados por la violencia. Según la Fundación Paz y Reconciliación,  son 281 municipios en los que se tendrá que aumentar el esfuerzo para evitar nuevas olas de violencia. Por supuesto el primer termómetro para estos municipios fueron las elecciones de las autoridades locales, porque  el apoyo o rechazo de los mandatarios locales para la aplicación del proceso es fundamental para el éxito o fracaso del mismo. De los 281 municipios identificados por la Fundación tres de ellos son categorizados como corregimientos departamentales y por ende no eligen alcaldías, es por esta razón que el análisis de los resultados se enfoca en los 278 municipios restantes, los cuales se agrupan en 25 departamentos. En primer lugar se puede afirmar que el mapa de los 281 municipios coincide con una tendencia nacional, ganaron las coaliciones (sin criterios ideológicos, por supuesto). En total 51 administraciones llegan con el aval de más de una colectividad, fenómeno que se generalizó en las elecciones y que da cuenta de la debilidad de los partidos políticos. No sorprende que dentro de las alianzas sea común encontrar uniones entre Cambio Radical,  Centro Democrático , Partido Liberal u Opción Ciudadana; Partido Liberal, ASI y AICO, en fin, cualquier tipo de coalición es posible en la medida en que las colectividades no representan intereses, objetivos o posiciones comunes y más bien actúan como fábricas de avales. Es en este sentido, rastrear la favorabilidad o el rechazo de la nueva administración en estas 51 colectividades termina siendo un ejercicio difuso,  salvo algunos casos como en Granada (Meta) en donde la elección fue ganada por coalición entre el Partido Conservador y el Centro Democrático, los cuales hicieron explícita la postura de rechazo al proceso de paz.  Poco se conoce de la posición e interés de las demás coaliciones. Para el caso de las colectividades que han mostrado abiertamente el rechazo de los acuerdos, llama la atención el caso de Caquetá, en donde el Centro Democrático ganó dos de las alcaldías más importantes del departamento, (Florencia y San Vicente del Caguán), en donde las campañas se movieron bajo el discurso de la Seguridad Democrática y rechazo al Proceso de Paz.  Si bien el Centro Democrático y buena parte de los sectores del Partido Conservador (en total sumaron 34 alcaldías) se han mostrado en contra del proceso de paz, preocupa más aquellos partidos que desde los directorios nacionales han empujado y acompañado la mesa de negociación,  pero que desde los territorios poco o nada han hecho para fortalecer y acompañar el proceso de paz. Si se hace el ejercicio -simple- de sumar las administraciones que fueron ganadas por los partidos de la Unidad Nacional y movimientos alternativos, se obtiene que en 183 municipios en los que se supone existirá un apoyo decidió al proceso de paz. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. La Fundación Paz y Reconciliación eligió de manera aleatoria 25 planes de gobiernos de los futuros gobernantes, en ninguno de ellos encontró una apuesta hacía el postconflicto, lo que quiere decir que  pese a que este es una realidad y tanto retos como oportunidades para estos territorios son innumerables, los futuros alcaldes no dimensionaron la complejidad del tema y  no conocen los acuerdos, en síntesis, no hay un interés sobre el impacto territorial que tendrá la firma del acuerdo de paz. Adicionalmente, dentro de los candidatos electos al menos cinco de ellos cuentan con cuestionamientos, por mencionar dos ejemplos: en Caucasia el ganador de la contienda electoral fue Oscar Aníbal Suarez quien llega con el aval del MAIS, tres días antes de las elecciones se conoció una denuncia que relaciona al alcalde electo con la muerte de Sergio Guerra. Otro caso  de cuestionados en estos municipios tiene que ver con el alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, quien ganó la alcaldía pese a estar en la cárcel. Torres fue capturado por presuntamente estar relacionado con Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias “Coletas”, quien a su vez tenía vínculos con Daniel Barrera, alias el ‘Loco Barrera’. La sombra de la relación entre las estructuras criminales y los políticos sigue latente en estos territorios y por ende el acompañamiento al proceso de paz y la ejecución del mismo no será en escenario de priorización para la agenda de estas administraciones. Por supuesto, el panorama para la aplicación de los acuerdos en estos municipios no es muy favorable, es urgente que desde ya se establezcan estrategias que permitan hacer acompañamiento técnico y asistencial a los planes de desarrollo y de esa manera se garanticen desde el nivel territorial,  acciones que apalanquen la implementación de los acuerdos  de paz y más urgente de esto, es indispensable que se ahonde en los procesos de pedagogía para la paz. Los acuerdos deben llegar a los territorios y los nuevos mandatarios deben tener la capacidad de dimensionar tanto los retos como las oportunidades que tendrá este proceso en cada uno de los municipios.

Foto tomada de: www.impulsonegocios.com La Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo de la cooperación internacional, ha continuado en la labor de investigar las relaciones entre la política y la ilegalidad a lo largo de estos dos últimos años, con el ánimo de contribuir a la depuración de la democracia tanto en el nivel local, como en el nacional Gracias a este trabajo, hoy por hoy la fiscalía General de la Nación ha realizado  más de treinta capturas en las últimas semanas a personas que tienen relación con actores ilegales en municipios y departamentos y buscaban su elección el próximo 25 de octubre para alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas departamentales. Dentro de estas capturas se encuentras las de Jhon Jairo Torres, candidato a la alcaldía de Yopal; Jorge Coral Rivas, candidato a la gobernación de Putumayo y personas que pertenecen a la red política de Cielo Redondo, madre del señor Luis Enrique Solano Redondo, candadito a la alcaldía del municipio de Uribia en la Guajira. Los anteriores casos fueron denunciados, con las pruebas necesarias  en el primer informe electoral de 2015 que sobre candidaturas con presencia de mafias de corrupción por vinculación con actores ilegales, presentamos en meses anteriores, prueba de que nuestro trabajo no se basa ni en mentiras, ni rumores mal intencionados como lo quisieron mostrar algunos directores de partidos políticos,  cuando la opinión nacional les pregunto si negarían o revocarían los avales a estos personajes. Hoy cuando estamos ad portas de una nueva jornada electoral en la que se escogerán las personas que han de gobernar municipios y departamentos en el país, damos a conocer un nuevo informe en el que alertamos a la sociedad en general sobre la presencia de personas herederas de la Parapolítica y de contratistas locales; Parapolítica;  con relación con grupos armados ilegales (Bacrim, Farc, ELN) y narcotraficantes; con relación con mafias de contratación local y que tienen en su contra investigaciones penales o disciplinarias por apropiación al erario público. Este trabajo de investigación y seguimiento electoral lo realizamos en los departamentos Antioquia, Cesar, Sucre, Córdoba, Bolívar, Valle del Cauca, Santander y Magdalena, en donde detectamos mayores riesgos electorales por presencia de armados ilegales y personas que,  aun sabiendo todo lo que esto implica, continúan con este tipo de relaciones que hacen daño a la democracia a las instituciones públicas en general. Seguiremos con nuestro trabajo independiente y sin ningún interés de por medio, excepto el de  ayudar a que la democracia en nuestro país esté libre de ataduras mal sanas y de mafias vinculadas a la ilegalidad, las que continúan tratando de torpedear nuestra labor con amenazas a nuestras vidas, como la recibida en las últimas horas de parte del grupo que rodea a la señora Cielo Redondo en la Guajira a los señores León Valencia, Ariel Ávila y el periodista Gonzalo Guillen. Una vez más hacemos un llamado a la sociedad en general para que se piense muy b ien en las calidades individuales de las personas por las que van a votar el próximo 25 de octubre, para que ocupen los cargos de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados departamentales y ediles, en una posible etapa de postconflicto en Colombia, que con toda seguridad ha de cambiar los destinos del país. Descargar informes 1. Candidatos cuestionadas 2. ¿A eso le llaman Democracia? 3. Consejo Nacional Electoral. El ratón cuidando el queso 4. Presentación candidaturas cuestionadas

Foto tomada de ElEspectador.com Diversas organizaciones sociales y populares, eclesiales, religiones y espiritualidades, de defensores de Derechos Humanos, étnicas, de mujeres, sindicales y políticas hacen un llamamiento a la sociedad en general para  construir una Mesa Social para la Paz que contribuya a la solución del conflicto social, político y armado. Invitamos a todos quienes estén interesados en la construcción de la paz y la democracia a dar forma a esta iniciativa. Este llamado surge según los convocantes a este espacio, “ante la necesidad y posibilidad de que Colombia profundice la democracia”. Para que ello se haga realidad, el país requiere una amplia reforma política cuyos componentes esenciales son la realización de los derechos sociales y económicos de la población, la superación de la inequidad social y la adopción de transformaciones institucionales y culturales que rompan el largo ciclo de la violencia y la intolerancia políticas que hemos vivido. Esos imperativos solo podrán materializarse con la participación directa, vinculante y decisoria de la sociedad y el compromiso de los actores claves del país. “Nos encontramos en un momento clave para resolver algunos de los conflictos del país, en tanto se desarrollan diálogos entre el gobierno y las insurgencias para terminar el conflicto armado, cuyo éxito depende en gran medida de la realización de transformaciones estructurales. Pero, justo en este proceso se corrobora que su principal debilidad es la escasa participación de la sociedad. Todos hemos resentido esta carencia y reconocido que la participación ciudadana es determinante para darle el impulso que requiere el proceso con las FARC en La Habana, posibilitar los diálogos públicos que se avecinan con el ELN y potenciar los agentes sociales que lideren transformaciones hacia una paz con justicia social”, dicen las organizaciones en su comunicado. Quienes integran este llamado consideran a las regiones como  eslabón determinante para la construcción de una paz estable y duradera en un escenario de posconflicto tras la eventual firma de un acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana, por lo cual se plantea la necesidad de generar espacios de debate sobre temas urgentes que podrían quedar por fuera de la mesa de diálogos de La Habana. En la búsqueda de este propósito, los convocantes consideran  que es el momento de formalizar un espacio de diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia que han  llamado Mesa Social para la Paz. Se trata de un escenario donde se encuentren  cara a cara el movimiento social popular y los poderes institucionales y económicos para debatir sobre los problemas que aquejan al país, tratando de acordar salidas eficaces a los conflictos sociopolíticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz. Esta propuesta busca ser  un espacio complementario a los diálogos con la insurgencia, en la medida que puede abordar y resolver con legitimidad y consenso social problemáticas que no sean abordadas en la mesa entre el Gobierno Nacional y las FARC, así como ser uno de los escenarios de participación decisoria de la sociedad en la perspectiva que han venido acordando el ELN y el Gobierno Nacional. Sin embargo, serán el gobierno y las insurgencias quienes determinen el alcance práctico que tendrán los acuerdos sociales sobre sus propias negociaciones. La Mesa Social para la Paz deberá tener una permanente interpelación con las insurgencias y el gobierno para concertar esas formas específicas de complementariedad. Es así como se espera que se desarrolle una negociación autónoma y transformadora entre el movimiento social, el empresariado, la academia, las comunidades basadas en la fe, los partidos políticos y el Gobierno Nacional en perspectiva de construir la paz y avanzar en grandes transformaciones. De esta iniciativa hacen parte el  Congreso de los Pueblos, la  Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), la Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc), la Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO), el Movimiento de Mujeres por la Paz, el Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic), la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias, Similares de Colombia (Funtraenergética), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Movimiento Campesino de Cajibío, la Casa de la Mujer, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle, la Mesa Ecuménica, la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), la Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz), el Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano, la Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, el Proceso Nacional de Identidad Estudiantil, la Minga Juvenil Nacional, el Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas), la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, el Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol), la Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, el Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP), la Asociación Minga, el Instituto Nacional Sindical (INS), el Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt), Censat Agua Viva, el Colectivo Antonieta Mercury, el Colectivo Profes Nuevos 1278, el Colectivo de la Salud Epitelio, la Corporación Ensayos, Rocaso Estudiantil, la Zona Pública, el Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes –º

Pasaron ya las elecciones y más allá de las evaluaciones sobre los ganadores y perdedores, lo cierto es que la arquitectura institucional a nivel local y regional del Estado colombiano está diseñada para que funcione de forma mafiosa. Mientras dicha institucionalidad no se reforme los mandatarios locales estarán “condenados” a ser corruptos y cada vez que llegue uno nuevo será más corrupto que el anterior. El Estado local funciona de la siguiente forma: cualquier persona que quiera aspirar a una alcaldía o gobernación debe contar con el aval de un partido político y con una suma de dinero que ronda entre los 800 millones y los 9.000 millones de pesos dependiendo de la circunscripción. Por ejemplo, la alcaldía de Policarpa Nariño costó alrededor de los 800 millones y la gobernación de Edgar Martínez en Sucre, quien venció al otrora todo poderoso Yahir Acuña costó alrededor de los 4 millones de dólares. Lo primero que hace un candidato es comprar un aval y entre más conocido a nivel nacional sea un partido más vale ese aval. Por ejemplo un aval del partido de la U es negociado entre un posible candidato y el barón electoral de esa región —que generalmente es un congresista— en cargos burocráticos o en transacciones que significan apoyar ese senador o representante en las elecciones siguientes. Una vez logrado el aval, el candidato se dispone a conseguir los recursos económicos, generalmente en tres fuentes: agentes privados legales, como contratistas de obras públicas o proveedores de alimentación para el sector educativo o de la salud. Una segunda fuente son las administraciones locales, es decir, que alcaldes y gobernadores apoyan candidatos con recursos públicos. Una tercera son los ilegales, como narcotraficantes o mineros ilegales. Estos privados ofrecen un porcentaje de los recursos necesarios para el candidato y el resto sale del patrimonio del candidato o de préstamos bancarios. Así las cosas, faltando cinco o seis meses para una elección ya tiene la administración empeñada, pues el socio político le pedirá cargos burocráticos y sus financiadores contratos, donde cobrarán una comisión de entre el 5 % y 25 % del valor de cualquier contrato. Es decir, utiliza los recursos públicos para pagar las deudas de campaña. Una vez electo el alcalde o gobernador, para garantizar el pago de todos estos favores debe aprobar su plan de desarrollo, y para ello debe lograr mayorías en el cuerpo colegiado, ya sea Concejo para las alcaldías o Asamblea Departamental para las gobernaciones. Esas mayorías las logra ofreciendo contratos para las ONG de concejales, muchas de ellas ficticias, u ofreciendo cargos burocráticos, es decir, empeña aún más su administración. Con estas mayorías no solo logra aprobar el plan de desarrollo, sino que además logra elegir los órganos de control, ya sean personerías y contralorías. Esto significa que los órganos de control son de la coalición de gobierno, es decir, no hay órganos de control. Por tanto, la coalición de gobierno se convierte en una hegemonía política casi total, donde controla casi todos los factores de distribución de poder en esas regiones. Por otro lado, el socio congresista le garantiza a su recién electo alcalde o gobernador absoluta impunidad con el ente de control de la Procuraduría, pues, el procurador es electo por el legislativo nacional y dichos congresistas garantizan la neutralización de la Procuraduría. En los últimos meses de su periodo el alcalde o gobernador escoge a su sucesor y pone todo el aparato estatal al servicio este, repitiendo nuevamente el ciclo. Bajo dichas circunstancias es imposible que exista una competencia política democrática con mínimas condiciones de equidad. Difícilmente a eso se le puede denominar competencia democrática. Si bien existen algunas excepciones en grandes ciudades, lo cierto es que la mayoría de los clanes políticos en el poder logran perpetrarse en alcaldías y gobernaciones con la utilización descarada del aparato estatal. Por ejemplo, los Cotes lograron elegir a Rosa Cotes, los Gnecco a Franco Ovalle en el Cesar, Chema Ballesteros a Oneida Pinto en La Guajira, Álvaro Cruz a Rey en Cundinamarca, entre otros. Mientras esta forma mafiosa de funcionamiento del Estado no se cambie no se verá en el país competencias electorales democráticas y ejercicio transparente de la política por parte de estos clanes y casas políticas. Columna de opinión publicada en www.las2orillas.co

En enero pasado la Organización de Naciones Unidas emitió una lista de 125 municipios, donde posiblemente se concentrarán los pos-acuerdos. Estos territorios fueron escogidos a partir de la presencia histórica de la guerrilla, las acciones armadas, los índices de desarrollo y pobreza, las necesidades humanitarias y las capacidades de cada autoridad local. La idea es que allí se priorice la implementación de la paz territorial. Sin embargo, el reto no es sencillo. En municipios de Caquetá, Nariño, Cauca, Arauca y Norte de Santander, que han sido epicentros de la guerra, fueron elegidos mandatarios que, a juicio de las organizaciones sociales, pondrán más trabas que soluciones para aterrizar los acuerdos. Uno de los casos que cobra más relevancia es el del departamento del Caquetá donde el Centro Democrático ganó dos alcaldías: la de San Vicente del Caguán y la de Florencia. Durante la campaña, ambos aspirantes mencionaron que gobernarán bajo los principios del partido: la seguridad democrática y la confianza inversionista, para regresarle a la región la tranquilidad que, a su juicio, fue usurpada por la guerrilla. Allí, las organizaciones sociales aseguran que en vez de hacer campaña hubo una “contra campaña” hacia los sectores de izquierda, “los candidatos se dedicaron a terminar de estigmatizar a las organizaciones sociales y a ver en nosotros el foco político de la guerrilla, con lo cual generaron, por medio de la intimidación, que las personas  prefirieran votar por la extrema derecha”, afirmó un vocero de Caguán Vive, corporación que trabaja por la defensa de los Derechos Humanos de la región. A pesar de ello, los 50 años de conflicto armado en la zona han dejado otras lógicas de poder local que, como lo aseguró el PNUD, dividen la soberanía del departamento entre guerrilla y Estado. Será difícil que desaparezca el control ejercido por el grupo armado representado en los toques de queda, la restricción a la movilización, el cobro de impuestos y la injerencia en política. En el Catatumbo, donde algunas campañas tuvieron como eje el punto dos de los acuerdos de La Habana (participación política), las alcaldías quedaron divididas entre las Autoridades Indígenas, la Alianza Social Independiente, el Partido Conservador y la U. El Polo Democrático ganó la Alcaldía de El Tarra y la Unión Patriótica, que pretendía llegar a la gobernación con la candidata Judith Maldonado, apenas logró ocupar la cuarta posición. El panorama de estas dos regiones –Caquetá y Catatumbo- deja en el aire una pregunta: ¿qué tan fácil será la implementación de los acuerdos con los nuevos mandatarios locales? La Fundación Paz y Reconciliación, estableció que así los alcaldes electos no estén de acuerdo con el proceso, deben garantizar que a nivel territorial se configure un espacio propicio para que los hombres y mujeres que salgan de los grupos guerrilleros realicen su reinserción en las zonas donde operaban. Aun así, hay otros desafíos por superar. Por ejemplo, 39 de los 40 municipios del Cauca estaban en riesgo por factores de violencia para estas elecciones. Allí la lucha por la tenencia de la tierra ha sido uno de los focos de permanente disputa. En el territorio, a pesar de contar con una fuerte presencia indígena, ganaron las alcaldías, en su mayoría, el Partido Liberal y el de la U. El Movimiento Alternativo Indígena solo logró posicionarse en Toribío, Timbiquí y Jambaló. su vez, algunos campesinos de la región creen que el gobierno manipuló las elecciones desde el inicio de la campaña para perjudicar a varios candidatos de izquierda. “Marino Grueso, que era nuestro candidato en Guapi, fue capturado durante la campaña, lo sindicaron de rebelión y terrorismo. Desde entonces el desprestigio aumentó notablemente incidiendo en la elección”,  dijo Jorge valencia, miembro de la campaña. Al igual que él, son varios los líderes sociales, tanto afros como indígenas, que hoy se preguntan cómo será la puesta en marcha de los acuerdos en un departamento tan convulso como el Cauca. En Arauca y Chocó, donde los actores armados han interferido en la jornada electoral, ya sea afectando el número de votantes (enfrentamientos y desplazamientos forzados) o incidiendo en la elección de candidatos, la situación no dista mucho de los otros territorios. Además, son las mismas regiones sobre las cuales la Misión de Observación Electoral (MOE) había advertido acerca de la posibilidad de que, al menos, 59 municipios estuvieran en “riesgo extremo” por fraude electoral. “Para el caso de Arauca es bien sabido que tanto las Farc como el Eln hablan directamente con los presidentes de las juntas de acción comunal  para decirles por quién votar, no es del otro mundo afirmar que tanto allí como en algunos lugares del Chocó no se toman algunas decisiones sin consulta previa”, señaló la MOE. De acuerdo con Paz y Reconciliación, la guerrilla del Eln opera en 99 municipios, ubicados en 7 regiones del país, con una capacidad de incidencia importante en cuatro de estas zonas, entre ellas el Catatumbo, Arauca y Chocó. Por el lado de las Farc, hacen presencia en 242 municipios de 14 regiones del país, donde vive por lo menos el 12% de la población colombiana, y en por lo menos 112 tienen “una capacidad amplia de injerencia en la vida política y social”. Por ahora, la configuración del nuevo mapa político deja más inquietudes que respuestas entre las comunidades. Aunque las discrepancias frente al proceso de paz son saludables desde el punto de vista democrático, es fundamental que los nuevos mandatarios asuman una posición proactiva una vez se firme el acuerdo final. En sus manos está buena parte del éxito del posconflicto. Nota tomada de www.verdadabierta.com