Por: Caracol Radio Las acciones generaron el desplazamiento de 1200 colombianos, otros 400.000 se vieron afectados por los ataques a oleoductos y la contaminación del agua, las pérdidas para el sector petrolero superaron los 101.700.000 millones de pesos, según lo expresó Ariel Ávila,investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Según la Fundación,  las acciones violentas en eso dos meses se triplicaron con respecto a las que hubo durante cinco meses del cese unilateral. «En los dos meses después del rompimiento del cese unilateral del 22 de mayo al 20 de junio, se cometieron 372 acciones armadas legando a los niveles prácticamente de 2011, 1200 desplazamientos, 400.000 personas afectadas de forma indirecta por el tema del rompimiento de los oleoductos o el tema de volamientos de torres de energía, un costo ambiental que todavía es incalculable y sobre todo un costo político en el tema del proceso de paz«. Frente al nuevo cese decretado por las Farc, que comenzó a regir el 20 de julio, Ávila dijo que de la suspensión de los bombardeos por parte del Gobierno dependerá  en gran medida el desescalamiento en el próximo mes o meses que dure el nuevo cese unilateral. «Un cese unilateral tiene unos límites que mantener, por eso hay que hacerle un llamado alGobierno a que comience a desescalar, para llegar en cuatro meses a un cese bilateral». En la presentación del informe, León  Valencia, presidente de la Fundación,  señaló que decretar un cese bilateral antes de las elecciones de octubre, podría asegurar el desescalamiento. «Si las elecciones de octubre nos cogen en un escalamiento del conflicto como el que hay ahora, pues la cosa sería  desbaratar esas negociación, porque además de las Farc está también el ELNy ahora hay una interferencia grande de las mafias en la campaña electoral, que claro queda más al desnudo si las Farc no está en tregua, porque si las Farc no está en tregua todo se lo achacan a las Farc», precisó Valencia.

Parece ser que en Magdalena el fantasma de la parapolítica será uno de los principales protagonistas en las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. O por lo menos así lo ha dejado ver hasta el momento la agitada campaña para la Gobernación del departamento, que en este caso tiene además como telón de fondo las rivalidades políticas dentro de una familia que por años ha ostentado el poder en esa región del país: los Vives. Hasta hace unas semanas, en las calles de Santa Marta y en las de los municipios de la región se decía casi con certeza que la próxima gobernadora del Magdalena sería Rosa Cotes Vives, tía del actual gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, el Mello Cotes. Fue la primera en oficializar su candidatura, avalada por Cambio Radical, y su nombre sonaba para el cargo desde finales del año pasado. Además, desde que su sobrino asumió la Gobernación, Rosa Cotes se había venido desempeñando como gestora social, labor que le dio visibilidad y le valió el reconocimiento como “la primera dama del departamento”. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su candidatura son varios. Es la esposa del exalcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga Riascos, quien en 2009 fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante, luego de que reconociera haber recibido apoyo del jefe paramilitar Hernán Giraldo, cabecilla del frente Resistencia Tayrona de las Auc, cuando aspiraba a la Alcaldía en 2004. Rosa Cotes es la carta del denominado grupo de Los Conejos, liderado por sus dos hermanos Luis Miguel y Álvaro Cotes Vives, este último padre del hoy gobernador, que en su momento no sólo apoyaron la candidatura de Zúñiga, sino también la del exgobernador Trino Luna, igualmente condenado en el proceso de la parapolítica, por sus nexos con Hernán Giraldo y Jorge 40. Quienes conocen el manejo de la política en el departamento dicen que en la Gobernación no se toma una sola decisión sin que pase antes por la aprobación de Álvaro Cotes quien, aseguran, ha sido el que ha manejado los hilos del poder detrás de su hijo. Con la llegada de Rosa Cotes al cargo, la estrategia se mantendría, consolidando así el poder del clan político en el Magdalena. Los Cotes tienen también un importante punto a su favor. Cuentan con el apoyo de los Díaz-Granados, poderosa familia política del departamento que tiene significativa representación local y es cercana al Gobierno Nacional. Incluso, durante la inscripción de su candidatura, Rosa Cotes estuvo acompañada por uno de los más conocidos representantes de la familia, el congresista Eduardo Díaz-Granados. La campaña de la candidata de Cambio Radical también ha sido señalada de incurrir en algunas irregularidades e incluso el pasado viernes la Fundación Paz y Reconciliación denunció la existencia de audios que demostrarían una presunta compra de votos para beneficiarla, además de la supuesta participación del Mello Cotes en el evento político que se realizó para la inscripción oficial de la candidatura de Rosa Cotes. El Espectador intentó en varias ocasiones comunicarse con la candidata, pero fue imposible hablar con ella. Sin embargo, desde la oficina de prensa de la campaña emitieron un comunicado en el que desmintieron los señalamientos hechos por Paz y Reconciliación, asegurando que quien había asistido a la inscripción había sido Álvaro Cotes Habeych, hermano gemelo del Mello. Aunque no se pronunciaron sobre la supuesta compra de votos, aseguraron que se trata de una persecución política en contra de la candidata y que prueba de ello es que en varios medios los han señalado de recibir apoyos “de políticos que en la actualidad tienen supuestos nexos con los paramilitares: infame calumnia”. Hace unas semanas, a través de una carta que circuló en redes sociales, Rosa Cotes también se había pronunciado sobre los supuestos respaldos de parapolíticos a su candidatura, señalando a otros candidatos como receptores de dichos apoyos. Concretamente, Cotes hacía referencia a artículos publicados en varios medios de comunicación en los que se advertía que dirigentes políticos como Miguel Pinedo y Luis Eduardo Vives Lacouture (ambos condenados por parapolítica) estarían uniendo fuerzas para rodear la campaña del candidato por el Partido Liberal Joaquín José Vives Pérez, el más fuerte contendor de Rosa Cotes, y además su primo hermano. A Jotica Vives, como se le conoce en la región al aspirante del liberalismo, también lo cuestionan por supuestamente contar con el apoyo del exdirigente político Jorge Caballero, condenado en 2008 por vínculos con paramilitares del bloque Norte de las Autodefensas, y del excongresista Alfonso Campo Escobar, uno de los firmantes del Pacto de Ralito, suscrito en 2001 por jefes de las autodefensas y más de 50 políticos, con el objetivo de establecer un proyecto para “refundar al país”. Controversias a las que el candidato responde asegurando que no ha hecho alianzas de ningún tipo, aunque desde su campaña se ha trabajado para convocar a todos los sectores y partidos para que acompañen su propuesta. “Si me pregunta si Miguel Pinedo está conmigo, que es lo que ha dicho Rosa Cotes, voy a decir que he hablado con él, pero nunca me ha dicho que va a estar conmigo”, explicó a El Espectador Vives Pérez, manifestando que en efecto se ha reunido con muchos líderes políticos del Magdalena, como cualquier otro candidato. “Me han atribuido a Jorge Luis Caballero y él no está conmigo, que yo sepa está con Rosa”, aseveró insistiendo en que las condiciones de su campaña están puestas por un programa de gobierno al que pueden adherir quienes se sientan representados. “Yo no soy candidato nacido de una coalición de ellos (parapolíticos). Si llegan aquí, llegarán bajo las condiciones que yo pongo, pero no es que se hayan organizado y yo sea la figura de ellos. Lo he dicho públicamente: si creen que van a hacer más de lo mismo, están equivocados”, puntualizó. Para algunos, la candidatura de Jotica Vives es un palo en la rueda para Rosa Cotes, pues se habla de algunas divisiones en las filas de Cambio Radical en el departamento que podrían finalmente favorecer al candidato del liberalismo. El otro contendor en la batalla, Jorge Luis López, del Centro Democrático, aún es visto como un candidato débil, más aun si se tiene en cuenta que su partido no tiene estructuras ni plataformas fuertes en la región que le permitan la construcción de bases para ganar votos en zonas ya dominadas por las otras colectividades. De hecho, no cuentan con candidato para la Alcaldía de Santa Marta. Aunque recién empieza la campaña electoral y aún quedan tres meses para la cita en las urnas, lo cierto es que hay quienes creen que el tema de la parapolítica tocó tanto al departamento que es casi imposible hacer política sin tropezarse en algún momento con el tema pues, a pesar de sus enredos judiciales, los barones que resultaron salpicados por el escándalo aún conservan la capacidad de orientar la opinión pública y mantienen importantes redes electorales en el departamento que serán definitivas a la hora de elegir un ganador.

Por: El Tiempo Se firmen o no los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, las ciudades y no solo las áreas rurales deben prepararse para el posconflicto. Aún más si se considera que el 76 por ciento de los colombianos vive en ciudades, y que para el 2050 se espera que la cifra supere el 80 por ciento, según proyecciones de ONU-Hábitat. Esa fue la principal conclusión del ‘Primer Foro Ciudades y Posconflicto’, organizado por ONU-Hábitat, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y Portafolio, en el que participaron representantes de los ministerios de Interior y Vivienda, alcaldes, expertos y cooperantes internacionales. “Debería ser una política central de aquí en adelante. La agenda del posconflicto debe construirse, no solo para la firma de los acuerdos, sino como una prioridad para la transformación social del país”, aseguró Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior. ¿Cómo lograrlo? Devia asegura que un instrumento imprescindible son los planes de ordenamiento territorial (POT) de cada municipio y ciudad pequeña, intermedia o grande. “La descentralización no es esperar que la Nación les dé dinero, sino gobernabilidad, que los alcaldes construyan ciudad. Cada uno de ellos debe tener un plan para el posconflicto”, agregó. Y esto exige que las ciudades dejen de mirarse en el espejo e incluyan en sus planes las áreas metropolitanas, que articulen a los municipios con los que interactúan por sus dinámicas económicas y sociales. “Deben tener instrumentos de planeación que permitan capitalizar los dividendos de la paz, pero el 75 por ciento de las ciudades tienen el POT desactualizado y el 80 por ciento es de insuficiente calidad”, dijo Augusto Posada, presidente del FNA. Fernando Castro, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que para ello el plan nacional creó una herramienta, un equipo para que los alcaldes construyan sus POT, con su apoyo. Para Alexandra Guáqueta, directora nacional para el posconflicto, entre los retos está el cambio de dinámica en las relaciones de gobernanza entre la Nación y las urbes, así como repensar las estrategias de seguridad y hacer las innovaciones sociales, en educación y salud, para atender a víctimas y reinsertados. Guáqueta señaló además que es hora de hablar del control territorial que los grupos ilegales tienen en algunas zonas de las ciudades, tema al que consideró se le ha dado la espalda, aunque pidió “diferenciar las dinámicas de criminalidad urbana distintas a las del conflicto armado”. Sobre esto, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que es clave que la Nación y que los alcaldes recuperen el control territorial cedido por años a los ilegales: a los grupos armados en el campo y a delincuentes en la ciudad. “Los jóvenes han sido cooptados en las ciudades por grupos criminales, se han apropiado de barrios donde hay debilidad del Estado, pero son actores vitales en la agenda”, anotó Valencia. Un tema clave son los dividendos que dejaría la paz. Elkin Velásquez, director regional de ONU-Hábitat, aclaró que son diferentes para cada país y ciudad y que cada experiencia en el mundo es distinta, pero hay puntos de encuentro. “De entrada, solo se puede decir que un efecto inmediato es el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y una reducción en la desigualdad, pero cada urbe construye eso”, expresó. Pero Guáqueta planteó algunas posibilidades: “Tal vez ciertos productos se abaraten porque se facilitará el transporte desde zonas donde se vivió el conflicto, incluso, porque puede caer la extorsión de los ilegales a los ciudadanos”. Una oportunidad Otra conclusión del panel es que esta es una oportunidad sin precedentes. León Valencia lo resumió así: “En los procesos de paz y desmovilización que ha vivido el país nunca se habló de posconflicto. Tampoco se había visto que los alcaldes hablaran de ello”. Carlos Caicedo, alcalde de Santa Marta, advirtió sobre los riesgos de no afirmar esos pasos y pidió no repetir la historia. “Tras el proceso con los paramilitares y su desmovilización, que dio lugar a bandas criminales que no son otra cosa sino los ‘paras’, la Nación nos dejó el tema social sin acompañamiento y nos tocó vivir, en el 2012, el paro armado de ‘los Urabeños’ ”, recordó. En este sentido, la alcaldesa de Florencia (Caquetá), Susana Portela, asegura que en sus planes urbanos hace falta el apoyo financiero por parte de la Nación. “Tienen una obligación moral con nosotros y es clave, con nuevos recursos de la Nación, poder atraer al sector privado para que tengamos otras fuentes de ingreso para construir mejor ese plan para el posconflicto”, anotó. Hay que fijarse en las raíces del conflicto Jared Kotler, asesor de paz de las Naciones Unidas, pidió “tener procesos que miren los problemas que generaron el conflicto armado”. Por su parte, Carlo Natale, de la Unión Europea, sugirió revisar el caso de Irlanda, cuyo conflicto se dio en el entorno urbano. Víctor Traverso, director de CAF Colombia, enfatizó en que la lucha es contra la iniquidad y en las ciudades intermedias. “Hay que generar identidades barriales en zonas marginales, que nos sean zonas para ocupar, sino para habitar”, puntualizó Ramón Gandarias, embajador de España. Nota publicada en el diario El Tiempo

Foto:  Marco Tulio Ruiz, Nelson Mariño y José Rodolfo Pérez. Tomada de la Silla Vacía.com Falta poco para las elecciones del 25 de octubre, sy en el departamento del Casanare todo hace pensar que la silla de la Gobernación para los próximos cuatro años ya está escriturada.  Tal como ha ocurrido en las últimas dos elecciones – en 2011 y las atípicas de 2013, este puesto será ocupado por el representante del llamado “Clan de la Casita”. El clan de “la Casita” fue conocido popularmente con este nombre desde el año de 2010, cuando sus representantes consiguieron aval del hoy extinto movimiento político AFROVIDES. Para esas elecciones, el símbolo con el que se identificaba la colectividad era una casa, de allí que fueran señalados como el “Clan de la Casita”. Para las elecciones de 2015, este Clan espera mantener el control del segundo departamento con mayor recepción de regalías en el país, por medio de la gobernación, más quince alcaldías municipales. Integrantes del Clan de la Casita: Para este propósito su carta a la Gobernación es Julio Ramos, quien por primera vez participará para aspirar a un cargo de elección popular. Julio Ramos es cercano a una de las cabezas más visibles del Clan de la Casita, Nelson Mariño, quien fue elegido como gobernador en 2011 y posteriormente destituido e inhabilitado por irregularidades en el manejo de contratos relacionados con regalías[1]. Además de Mariño, el poder de la Casita está en manos del actual gobernador Marco Tulio Ruiz y el ex representante a la Cámara, José Rodolfo Pérez, quien luego de dejar 100% Colombia, siguió los pasos de su aliado político Yahir Acuña y buscó aval en Opción Ciudadana, movimiento que respalda la candidatura de Julio Ramos. José Rodolfo Pérez renunció a la curul de representante a la cámara el pasado mes de noviembre, la que había conseguido con el aval del movimiento 100% Colombia, liderado por Yahir Acuña. Luego de renunciar a la curul poco se supo sobre el paradero de Pérez, sin embargo, a la hora de entregar los avales de Opción Ciudadana, José Rodolfo Pérez volvió a ser el referente para este partido político en el  departamento. José Rodolfo Pérez se presenta como el heredero natural de su hermano Miguel Ángel Pérez, quien en 2006 fue condenado a 15 años de cárcel por recibir el apoyo de bloque paramilitar de Martin Llanos. Un año más tarde, José Rodolfo Pérez inició su carrera política en cabeza de Apertura Liberal. Hasta ese año, Pérez no había tenido gran trayectoria en la política local. El único antecedente político que se conoce, previo a la captura de su hermano, fue en 1993, cuando se desempeñó como Secretario General de la Gobernación de Oscar Wilchez, quien también fue condenado a siete años de prisión por parapolítica. En las elecciones legislativas de 2010, José Rodolfo Pérez ganó en la mitad de los municipios del departamento y llegó al Congreso de la República con el aval de Apertura Liberal. Posteriormente, se inició el proceso de consolidación del Clan de la Casita con inclusión del caudal político de Pérez en AFROVIDES, con el que ganaron la Gobernación en 2011, por medio de Nelson Mariño, quien en 2012 fue destituido. Para las elecciones atípicas a la Gobernación, el clan demostró su poder una vez más y mantuvo la Gobernación, ahora en nombre de Marco Tulio Ruiz. Marco Tulio Ruiz, quien cuando decidió aspirar a la Gobernación tampoco registraba alguna participación en política, es reconocido en el departamento como dueño de un número importante de casinos y droguerías, negocios con los que habría conseguido su fortuna. Durante la campaña para las elecciones atípicas, se le vio acompañado de José Rodolfo Pérez y el destituido gobernador, Nelson Mariño, como se puede apreciar en las siguientes fotos  en las que se le vio usar excesivos recursos, al regalar motos, bicicletas, neveras, lavadoras y bonos para mercados. Foto tomada previa a elecciones atípicas. Marco Tulio Ruiz, Nelson Mariño y José Rodolfo Pérez. Búsqueda de un partido político: Ante la desaparición de AFROVIDES y 100% Colombia, el Clan busco aval en Opción Ciudadana y Cambio Radical, de la mano de José Rodolfo Pérez, quien había mantenido cercanía con el polémico ex representante a la Cámara Yahir Acuña. Por medio de esta relación, el partido Opción Ciudadana le entregó el aval a Ramos en reunión en la que estuvo presente Doris Vega, esposa y heredera de la red política de Luis Alberto “el Tuerto” Gil, quien en 2012 fue condenado a siete años y medio de prisión por su relación con paramilitares en el departamento de Santander. En las pasadas semanas, se vio a Yahir Acuña y Luis Alberto Gil dirigiendo reuniones de Opción Ciudadana en el Hotel Stil de Cartagena. Luego de esta reunión se conoció que José Rodolfo Pérez sería el responsable de entregar los avales de esta colectividad en el departamento de Casanare. La campaña política de Julio Ramos inició mucho antes de conseguir el aval de Opción Ciudadana y Cambio Radical, y tal como se puede ver en las siguientes fotos, los eventos su candidatura se caracterizan por el derroche de recursos, los que, según fuentes en campo, no pueden provenir de un lugar diferente que al Clan de la Casita, porque Julio Ramos, abogado de 33 años no tiene ni la trayectoria no el capital financiero para movilizar estos recursos. Se presume que la campaña que estaría siendo financiada con recursos de la Gobernación del departamento. Eventos Nelson Mariño (gobernador destituido del Casanare) – Julio Ramos actual candidato a la gobernación  (eventos públicos)  y el candidato a la alcaldía de Agua Azul Martín Pérez, quien también es apoyado por el Clan. Como era de esperarse, la correría por el departamento ha sido apoyada directamente por Nelsón Mariño, a quien además se le ha visto en eventos oficiales de la Gobernación entregando viviendas en compañía del actual gobernador Marco Tulio Ruiz, lo que demuestra como por medio de los recursos púbilcos el clan sigue haciendo procelitismo político. Así las cosas, no nos debe sorprender que el clan mantenga el poder en Casanare para las próximas elecciones y que de esa manera, pese a todas las irregularidades que rodean al Clan, estos sigan beneficiándose de los recursos del departamento y puedan gobernar en cuerpo ajeno. [1] “Procuraduría confirma destitución del gobernador de Casanare Nelson Mariño” en caracol.com Recuperado en Línea: http://bit.ly/1n8nrDJ

Ver informe completo El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México en 2013 elaboró un informe en el que revela cuales eran en ese entonces las cincuenta ciudades más violentas del mundo. Entre este ranking estaban cinco ciudades colombianas, una de ellas era Santa Marta. Sin embargo en 2014 el distrito turístico dio un vuelco y al dìa de hoy disminuyo sus índices de homicidio en un 50%. Pero ¿qué ha pasado desde ese entonces hasta la fecha en materia de seguridad en Santa Marta?; ¿Por qué mejoraron los indicadores?. La respuesta a estos interrogantes se encuentra en el informe de balance de seguridad y convivencia para el primer semestre de 2015, elaborado por el Observatorio de Seguridad de la alcaldía de Santa Marta (ODSC), donde un punto a destacar es la disminución de los delitos de alto impacto en la comuna 1 de Santa Marta. Este lugar en la ciudad, históricamente ha sido calificado como uno de las más peligrosas de la ciudad, porque venía bajo el control de los grupos armados ilegales que se dedican a la extorsión, contrabando de gasolina y al narcotráfico en el distrito de Santa Marta. Uno de estos actores ilegales eran “Los Urabeños” y “Los Pachencas” que por medios coercitivos e infundiendo el miedo en la comunidad les amedrentaba para que no denunciaran los actos delictivos de los que eran víctimas. Por otro lado esta tendencia de lectura positiva a la baja podría estar relacionada, a las estrategias implementadas por la policía metropolitana en enero del presente año que consistió en la instalación durante quince días de un comando provisional con la presencia de sus diferentes especialidades, realizaron actividades en las que se involucró a la comunidad; y a las “Ferias de la Equidad”[1] que organiza la alcaldía distrital llevando la oferta institucional a los barrios. Otro punto que resalta la baja en inseguridad con el informe del ODSC, habla en el sector de mercado de la ciudad, porque la plaza de Mercado de Santa Marta continúa siendo un punto bastante importante para la administración, por las dinámicas que allí se han venido presentando, donde la tradición era la de arreglar en el mismo mercado las cuentas. Sin denuncias. Quien controlaba la Troncal del Caribe controlaba la plaza de mercado. Sus dinámicas han estado interconectadas con la de los comerciantes del lugar, quienes han venido financiado de manera directa, a través del pago por seguridad a los actores armados ilegales. Por lo anterior en el trabajo con ellos, se ha venido estableciendo confianza y acciones rápidas de la Policía, para que los comerciantes no sientan la necesidad de seguir pagando a los ilegales. Para esto la decisión y la voluntad política de la alcaldía de recobrar el mercado y organizar la plaza debe seguir marcar la diferencia. Descargar Informe [1]La Feria de la Equidad es un programa de la Alcaldía distrital cuyo objetivo es ofertar los servicios de cada una de sus dependencias con acompañamiento de otras entidades como: la Registraduría Nacional del Estado Civil, el SENA, el ICBF, entre otros, para que la comunidad de la zona urbana y rural acceda de forma rápida y gratuita a los beneficios del Estado.

Desde el 22 de mayo de 2015, momento en que se levantó la tregua unilateral decretada por las FARC en diciembre de 2014, varias regiones del país han estado sumidas en una crisis humanitaria debido a las repercusiones de las acciones armadas. En total 372 acciones armadas. Esta escalada ha afectado especialmente a la costa pacífica y en general el sur del país,  donde se han presentado alrededor de 1200 desplazados por los hostigamientos, combates y acciones de sabotaje. En cabeceras municipales se han registrado desplazamientos intraurbanos debido a que las familias que viven cerca de estaciones de policía o bases militares, han abandonado sus viviendas por temor a los disparos y ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública por parte de las FARC. Por ejemplo, en los últimos dos meses se han presentado 29 ataques a la infraestructura energética, lo cual ha afectado la vida de más de 400,000 personas, ya que ha restringido la atención médica, la educación y las actividades del diario vivir. Igualmente se han presentado algo más de 80 acciones contra la infraestructura petrolera del país, lo cual, no solo ha causado un fuerte impacto económico, sino un terrible desastre ambiental. También se han registrado 49 ataques a bienes particulares  dejando a varios civiles heridos, entre estas acciones se incluye la quema de buses de trasporte intermunicipal, camiones de trasporte de alimentos, de gas, de servicio escolar y de carga. La mayoría de estos hechos han sido registrados en el departamento de Antioquia, el temor es tan grande que se le ha dado el nombre de “alto de los muertos” a un sitio en el que es general el ataque a los buses de servicio intermunicipal. Este panorama contrasta con lo que vivió el país los primeros cinco meses del año 2015, momento en el que se desarrolló el cese unilateral indefinido, se produjeron un total de 91 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua por parte de las FARC, entre ellas se cuenta la de Buenos Aires Cauca. Así las cosas durante estos cinco meses el promedio de acciones armadas mensual fue de 18.2. Mientras que para los dos meses en los que no hubo cese, es decir, entre el 22 de mayo y el 20 de julio, el promedio de acciones fue de 186 acciones por mes. Una vista atrás. Para el año 2011, un año antes del inicio de las negociaciones de paz, el promedio mensual de acciones armadas donde se veían involucradas estructuras de las FARC y estructuras de las Fuerza Pública colombiana era de 179, esto incluía bombardeos, campos minados, combates, hostigamientos, entre otras. La siguiente gráfica discrimina el tipo de acción armada que se produjeron durante el 2011. Bases de datos Fundación paz y reconciliación[1]. Igualmente el  año 2012 comenzó como uno de los años más violentos de la última década. Esto producto no solo por el paro armado que desarrollaron los Urabeños en varias regiones del país, sino también por las fuertes acciones de las FARC en algunas zonas de la nación. De hecho, uno de los sucesos más recordados ocurrió el mes de julio cuando el presidente de la república tuvo grandes dificultades para llegar al municipio de Toribio en el Cauca, de hecho su helicóptero fue hostigado por cerca de 2 horas, antes de poder aterrizar. Luego entre julio y septiembre el país vivió una fuerte ofensiva contra la infraestructura energética del país, lo que llevó a pensar a buena parte de la opinión pública que las FARC estaba nuevamente a la ofensiva. La siguiente gráfica muestra el total de acciones de las FARC durante el 2012 discriminada por tipo de hecho. Bases de datos Fundación Paz y Reconciliación[1]. El 2012 hasta el mes de septiembre iba encaminado a ser un año bastante más violento que el año 2011 pero fue la tregua unilateral anunciada por las FARC luego del inicio de las negociaciones la que modificó la tendencia. La siguiente gráfica muestra la evolución mensual de las acciones de las FARC para el 2012.  Debe recordarse que desde el inicio de las negociaciones de paz las FARC declararon un total de 5 treguas, la primera de ellas a finales del año 2012. [1] Las convenciones son: C= Combate; H=Hostigamiento; CM=Campo Minado; B= Bombardeo; AIP= Ataque a la infraestructura petrolera;  AIE= Ataques a la infraestructura energética; F=Francotirador; E= Emboscada;  ABP= Ataques a bienes particulares. Bases de datos Fundación Paz y Reconciliación. Nótese como enero y agosto fueron los meses más violentos con más de 300 acciones cada uno y en los demás meses la tendencia fue bastante similar a excepción de los últimos dos meses cuando se declaró la tregua Unilateral. Esta cifra de enero y agosto llama la atención, pues es la primera vez que se superan las 300 acciones por mes en la última década. Las Cifras del cese unilateral indefinido diciembre de 2014- mayo de 2015. Durante los cinco meses de tregua en total se dieron 91 acciones armadas. De ellas 12 fueron violatorias de la tregua  y las restantes 79 fueron de iniciativa de la fuerza pública. Entre las acciones violatorias de la tregua se encuentra la de Buenos aires Cauca que dejó un total de 11 militares muertos. La siguiente gráfica muestra dicha distribución. Base de datos Fundación Paz y Reconciliación. Así las cosas se pasó de posibles 895, suma que sale del promedio de acciones de 2011 (179), a 91 acciones en los cinco meses de tregua entre finales de 2014 y 2015. Es decir, se presentó una reducción cercana al 90%. El siguiente mapa muestra los municipios donde se presentaron dichas acciones armad La siguiente gráfica muestra el tipo de acción en la que se distribuyeron las 91 acciones realizadas durante la duración de la tregua. Al comparar los primeros 5 meses desde el año 2012 hasta el año 2015, se pueden apreciar los siguientes datos. Base de datos de la Fundación Paz y Reconciliación. Se debe aclarar que durante el año 2014 hubo un total de 5 treguas temporales, por ello una reducción importante en la intensidad del conflicto. Los datos de la Guerra Mayo 22 de 2015- julio 20 de 2015 Una vez levantado el cese unilateral declarado por las FARC el 22 de mayo de 2015, el número de acciones armadas fue incrementándose paulatinamente. El país se había acostumbrado a la paz, y reaccionó fuertemente ante el incremento del accionar militar por parte de las FARC. La siguiente gráfica muestra el tipo de acción militar que se produjeron durante estos dos meses: Base de datos Fundación Paz y Reconciliación. Dos cosas se deben destacar de la anterior gráfica. Por un lado, los más de 100 ataque a la infraestructura económica del país. (83 acciones contra la infraestructura petrolera, 29 energética y 13 contra la infraestructura vial). Desde el año 2008 las FARC adoptaron este tipo de ataques como una estrategia militar, e incluso, crearon las famosas comisiones de mineros, comandos especializados en este tipo de ataques.  Lo segundo, es la reducción importante de los combates, las FARC cada vez combaten menos y se dedican más a la guerra de guerrillas. Los costos económicos de la industria petrolera comparando el primer trimestre del año  2015 con el segundo son los siguientes. Fuente. CAMPETROL. Durante el segundo trimestre del año e incluido los primeros días de julio  los costos en el sector por las acciones suman cerca de $101.700 millones de pesos (en los cuales se incluye reparaciones, descontaminaciones, y pérdida de crudo). Durante el primer trimestre la cifra fue bastante baja como se ve en la anterior gráfica. Este año el sector ha perdido más de 100.000 barriles lo que equivale a $14.560 millones en pérdidas de ingresos por venta de crudo.  Dicho datos salen del informe publicado el 16 de julio del 2015 por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros. Ahora bien, la intensidad de la confrontación armada no fue homogénea en todo el país, fueron 19 departamentos afectados y 100 municipios. De hecho, seis departamentos suman cerca del 80% del total de acciones armadas siendo Putumayo el más afectado, tal como lo muestra la siguiente gráfica. Base de datos Fundación Paz y Reconciliación. El siguiente mapa muestra el total de municipios afectados por las acciones armadas y su ubicación.  Cerca de 10 municipios concentraron más de 80 acciones armadas. [1] Las convenciones son: C= Combate; H=Hostigamiento; CM=Campo Minado; B= Bombardeo; AIP= Ataque a la infraestructura petrolera;  AIE= Ataques a la infraestructura energética; F=Francotirador; E= Emboscada;  ABP= Ataques a bienes particulares.

Los debates de las últimas semanas sobre los avales para las elecciones de octubre y el informe público de actividades de Armando Novoa, miembro del Consejo Nacional Electoral, han dejado ver la incapacidad de los partidos y de los organismos de control y vigilancia electoral, para poner freno a la grave presencia de candidatos relacionados con las mafias y la corrupción en los comicios de octubre. El evento más revelador fue el debate que organizó Diana Calderón en Hora 20 con los directores de los partidos. Estaban presentes Roy Barreras de La U, Horacio Serpa, liberal; David Barguil, conservador; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Antonio Sanguino, verde; Rosario Guerra, del Centro Democrático; y Jorge Enrique Robledo, del Polo. Diana tomó como referencia el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que reseña 140 candidatos a gobernaciones y alcaldías con serios cuestionamientos y preguntó sobre la actitud de los partidos ante estas candidaturas. (Ver informe). Salvo la posición crítica de Sanguino y algunos comentarios de Robledo, los dirigentes de los partidos defendieron a los candidatos de sus filas que resultaban con alguna anotación. Fue un espectáculo lamentable. El argumento, como siempre, fue el de la presunción de inocencia. Si no hay condenas no se deben negar los avales. Lo dicen a sabiendas de que, precisamente, quienes han sido condenados o están en las cárceles tienen la astucia de poner a jugar en las elecciones a personas subordinadas a ellos que aún no afrontan procesos judiciales o disciplinarios. Lo dicen sin reparar en las malas compañías de los postulados y saltan sin ningún rubor por encima de las obligaciones éticas que deben tener los aspirantes a gobernar. Las intervenciones de Barguil y Lara me llamaron la atención. El primero señaló que se había opuesto al interior de su partido a que se le concediera el aval para aspirar a la Gobernación del Caquetá al cuestionado Arnulfo Gasca y había perdido ese pulso. Pero el mismo Gasca hace poco había subido a su Facebook una foto en la que aparece al lado de Barguil y Marta Lucia Ramírez celebrando su presencia en las huestes conservadoras. (Ver foto). El segundo dijo al principio que algunas decisiones polémicas sobre los avales se habían tomado antes de asumir la dirección del partido, pero a renglón seguido se dedicó a defender avales como el de Oneida Pinto en la Guajira, Rosa Cotes en el Magdalena y Luis Pérez en Antioquia. De estos dos jóvenes dirigentes y de Marta Lucía Ramírez se esperaba otra actitud dado su discurso de renovación o sus antecedentes familiares como es el caso de Lara. Ahora bien, la interpelación de Diana Calderón, no ha sido el único llamado de atención que han recibido los dirigentes de los partidos. En El Espectador, en Semana, en El Tiempo, en Caracol Televisión, en RCN, en la W Radio, en los diarios regionales, en columnas de notables formadores de opinión, en fin, en la mayoría de los medios de comunicación, han aparecido serios cuestionamientos de la manera como se están concediendo los avales. Mediante indagaciones propias o haciendo de eco de las investigaciones académicas los medios están ejerciendo el papel crítico que los partidos y los órganos de vigilancia no cumplen. En todo caso es una tarea con muchas limitaciones. La Fundación Paz y Reconciliación, de acuerdo con las donaciones de la cooperación internacional, solo puede hacer un trabajo de terreno en ocho departamentos. Lo que se muestra es poco para el tamaño real del problema como lo señaló María Isabel Rueda el pasado domingo. En la forma como se comportan los dirigentes y en el desempeño del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría General de la Nación se puede ver que hay un pacto tácito de la mayoría de los partidos para mantener este estado de cosas. El consejero Armando Novoa, en un largo informe sobre las actividades, destaca que el organismo que tiene por función regular, vigilar y controlar las actividades electorales no se ha ocupado de responder las consultas sobre inhabilidades para participar en elecciones y ha enviado las peticiones al Departamento Administrativo de la Función Pública. No es lo único en que el CNE es irrelevante, tampoco hace nada para vigilar las enormes sumas de dinero que entran a las campañas. La razón es muy sencilla. El Consejo Nacional Electoral es elegido por el Congreso con base en planchas presentadas por las bancadas partidistas. Es imposible que delegados de los partidos vigilen, controlen y sancionen a sus propias colectividades. También los delegados regionales de la registraduría son cuotas de los jefes políticos y poco pueden hacer para enfrentar las irregularidades que se presentan en la campaña electoral. Están muy mal los partidos y sus dirigentes, pero no es menos calamitosa la situación de los organismos electorales. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Una de las consecuencias de la penetración de los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano en 1994, suceso que en Colombia es conocido bajo el nombre de “Proceso 8.000”, fue la división del Partido Liberal en pequeños grupos o movimientos, uno de ellos el Nuevo Liberalismo (sector galanista), lo que ha impedido que al día de hoy esta fuerza política no haya retornado al poder desde 1998 cuando Horacio Serpa Uribe, candidato a mantenerlo en la Presidencia de la República, es derrotado electoramente por el conservador Andrés Pastrana. Quienes hacían parte de la corriente que en su momento lideró Luis Carlos Galán,  tomaron la decisión de separarse del Partido Liberal, por considerar que sus postulados de transparencia y ética, iban en contravía del escándalo que tuvo que enfrentar por esa época el oficialismo liberal. Es entonces cuando se comienza a gestar la conformación de un movimiento político independiente liderado por antiguos militantes del Nuevo Liberalismo como Alfonso Valdivieso,  Humberto de la Calle Lombana, al Ex Senador Ernesto Rojas Morales, Antonio Álvarez Lleras, Claudia Blun,  Luis Guillermo Giraldo, Inés Gómez de Vargas, Paulina de Castro Monsalvo, Carlos Restrepo Piedrahita, Aurelio Tobón Mejía, Alfonso Gómez Gómez,  Federico Echavarría, Elizabeth Rico, Armando Estrada, Fuad Char Abdala. Juan Carlos López, Nancy Patricia Gutiérrez, María Paulina Espinosa, Leonor Serrano de Camargo, Edmundo Guevara, Roy Barreras, Jorge Mario Istman, Rodrigo Villalba, Mauricio Zuluaga, Néstor Humberto Martínez, Gabriel Rosas Vega, Rafael Pardo, Ernesto Rojas Morales, Augusto Galán Sarmiento, Jaime Vidal Perdomo, Arturo Sarabia, Luis Fernando Múnera, Javier Lastra, Julio Enrique Ortiz y Nelson Pardo. Quienes conforman este nuevo grupo político toman la decisión de apoyar la candidatura presidencial del exfiscal Alfonso Valdivieso, y para esto conforman el movimiento “Valdivieso 98”, con el que más adelante adhieren a la candidatura presidencial de Andrés Pastrana Arango, quien les da juego en su gobierno dejándoles el ministerio del Interior en primer lugar bajo la figura de  Néstor Humberto Martínez,  más adelante en la de   Humberto de la Calle y finalmente en la de  Armando Estrada; en el ministerio de Agricultura a Rodrigo Villalba;  Alfonso Valdivieso como  Embajador en Naciones Unidas; Luís Guillermo Giraldo embajador en Venezuela y Arturo Sarabia embajador en Uruguay. Luego de muchas discusiones, en el año 2000 este movimiento político recibe el nombre de Cambio Radical y decide iniciar la conformación de una futura lista a senado y cámara para las elecciones de 2002, para ese entonces debe jugar con la norma electoral de aquella época, donde cada partido o movimiento político presentaba un número indeterminado  de listas encabezada por una cierta figura o personaje, quien de quedar elegido era el dueño de la curul y tenía la potestad de cederla a quien solo el considerara. Este procedimiento era conocido con el nombre de “Operación Avispa” De esta forma Cambio Radical elige 5 Senadores y 10 Representantes y apoya la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez y se prepara para las elecciones locales del año 2003, en la que  obtiene dos gobernaciones, más de 95 Alcaldías, 11 Diputados y 358 concejales en todo el País. Ilegalidad se filtra en Cambio Radical: Cuando los paramilitares trazan la ruta de su expansión territorial y se dan a la toma del poder público, lo primero que hacen es valerse de la laxitud en la norma electoral, que no estipulaba mayor vigilancia en los partidos y movimientos políticos, para en primer lugar utilizarlos a su favor, inscribiendo a los cuatrillizos (Estanislao Ortiz, César Augusto Andrade, Jesús Doval y Manuel Darío Ávila), para las elecciones legislativas en 2002, luego de que estos pactaran  en el Urabá con  alias el Alemán. Este experimento se repite en las elecciones regionales del año 2003,  entre otras por el afán de los grupos políticos de ganar poder en lo local, hecho al que Cambio Radical no escapa. De esta forma son elegidos por ejemplo a través del movimiento político Cambio Radical para el período 2003 -2007, los alcaldes de Leonel Roberto Torres (Aguazul – Casanare); Aleider Castañenda (Monterrey – Casanare); Iván de León Villa (Fundación – Magdalena); Gustavo Germán Guerra (Arboletes); el gobernador Julio César Acosta Bernal (Arauca), algunos concejales y diputados, que al igual que los primeros, son llamados por la justicia por vínculos con el paramilitarismo. De hecho gracias a la acción de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia se supo que los alcaldes de Tauramena); Raúl Cabrera Barreto (Villanueva);  Henry Montes Montes (Maní); Mauricio Esteban Chaparro (Sabanalarga) y Aleyder Castañeda (Monterrey), todos elegidos por Cambio Radical, fueron firmantes del “Pacto de Casanare”, a través del cual las autodefensas de Martín Buitrago garantizarían el triunfo electoral de los entonces candidatos a alcaldes, y estos a su vez, tras su llegada al cargo se comprometieron entre otras cosas, a darle a los paramilitares el 50 por ciento del presupuesto municipal y un 10 por ciento del valor de los contratos que suscribieran las Alcaldías. Más adelante tras la llegada del liberal disidente Germán Vargas Lleras a Cambio Radical, y el posterior retiro de Rafael Pardo Rueda, este recibe nuevos integrantes tras la entrada en vigencia de la Reforma Política promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que obliga a los candidatos a actuar bajo una lista única por partidos y reduce el número de grupos que competían electoralmente, los que pasaron de 66 a 16 movimientos políticos en 2006. Cambio Radical es uno de los partidos políticos que logra sobrevivir a la Reforma Política que deja con personería a quienes obtengan el 2% del umbral de votos, lo que hace que el resto desaparezcan del escenario electoral. No así la filtración de la ilegalidad en los partidos, entre los que este se encuentra, no desaparece. Es así como en el año 2006, cuando la opinión pública conoce el alcance que tuvo la vinculación de paramilitares y políticos, se supo también que este hecho no se presentó por la supuesta intimidación de las autodefensas hacia ellos, sino también por la complacencia y la afinidad política que algunos líderes regionales tenían con el discurso antisubversivo que pregonaba el grupo armado ilegal. Por tanto no es extraño que los directorios regionales de cada partido, en este caso Cambio Radical, supieran de estas relaciones y no las denunciaran. De los congresistas elegidos por Cambio Radical (15 senadores y 21 representantes a la cámara), la justicia investiga 19, de los cuales 9 son condenados en este período. Para el cuatrienio 2010 -2014, la Corte Suprema de Justicia abre investigación a 4 políticos más de este movimiento. Ilegalidad continúa dentro de Cambio Radical: Como era de esperarse, quienes en Colombia se hacen elegir y por una u otra circunstancia, no les es posible aspirar a una reelección al cargo o a otro que le permita aumentar su caudal de poder, busca continuar en la silla así sea en cuerpo ajeno, porque la norma limita a la persona, pero deja vigente el entorno o la red política  a la que esta pertenece. De esta forma al llegar al cargo bien sea en el legislativo o en lo local (alcalde, concejal, diputado o gobernador), conforma una estructura política y burocrática que le permite alternar el poder en el caso de que este no pueda continuar en el bajo la figura propia, y así controlar la contratación local y los dineros públicos de la región, que son en esencia, la razón por la cual estos luchan por mantenerse en la silla. Es así como a pesar de que la norma actual castiga a los partidos políticos, cuando las personas que son elegidas bajo su tutela presenten vínculos con ilegales, estos poca atención parecen prestarle. Prueba de lo anterior es lo sucedido con Cambio Radical, quien no acaba de salir del escándalo por la firma del aval al exgobernador de la Guajira Kiko Gómez, a pesar de estar advertido de sus vínculos con el narcotráfico, y hoy mantiene el apoyo a la aspirante al mismo cargo a Oneida Pinto, a quien se le han demostrado públicamente sus relaciones con el exmandatario local. Sin embargo el partido político mantiene la misma práctica con la que todos los partidos políticos en Colombia actúan,  se avala para determinada candidatura a una persona que garantice el triunfo, para lo cual esta no debe presentar ningún antecedente en fiscalía, procuraduría y contraloría, requisito que se cumple en la mayoría de los casos. El problema es que los partidos políticos, en este caso Cambio Radical, no se están tomando el trabajo de indagar quien o quienes son el poder detrás de la silla en estas candidaturas. Solo importa obtener mayorías. De esta forma es como por ejemplo, se avaló al exgobernador Kiko Gómez en la Guajira, y así mismo se ha tomó la decisión de apoyar a Oneida Pinto sucesora de este, sacrificando  la dirección nacional de personas como Carlos Fernando Galán, quien buscaba mantener en el partido los principios del galanismo con los cuales fue creado, sin embargo en una lógica de pragmatismo electoral, Cambio Radical le entrega la decisión de otorgar avales a quienes ostenta el poder local, quienes poco les interesa lo que desde Bogotá se pueda pensar, con el argumento de que si no es así, no se gana.

El que el Partido Liberal se vea envuelto en cada escándalo político en el país, se ha vuelto una constante que al parecer es imposible cambiar, no porque la institución como tal sea corrupta, sino por la manera en cómo se han tejido sus redes en la política local desde tiempo atrás, que hace que hoy día le sea difícil, casi que imposible, que este se despoje de prácticas de  politiquería y clientelismo que la opinión pública tanto repudia. Todas estas prácticas de clientelismo burocrático en  las que el Partido Liberal Colombiano ha sido protagonista de primer orden, se han venido conformando desde el Frente Nacional, cuando se pactaron acuerdos para terminar con la violencia partidista,   que establecieron paridad en los cargos de gobierno entre ambos partidos (liberal y conservador) que terminaron por conformar cacicazgos regionales que durante años se apoderaron de la política local, y que al día de hoy han logrado sobrevivir a los cambios que buscaba promover la elección popular de alcaldes en primer lugar y la Constitución de 1991 en segundo lugar. De esta manera es como poco a poco al interior del Partido Liberal van surgiendo liderazgos regionales como los de Bernardo Guerra Serna (Antioquia); Julio Cesar Guerra Tulena (Sucre); José Name Terán (Atlántico); Fuad Char (Atlántico); Julio Cesar Sánchez (Cundinamarca), y un buen número de personajes políticos que en todo el país, logran apoderarse de la función pública en municipios y departamentos con la venia que les deba la normatividad de aquel entonces que permitía la multiplicidad de cargos en una persona. Es así como un político podía ser alcalde y al tiempo gobernador, senador, embajador o ministro, lo que dejaba en sus manos un gran botín para repartirlo a su antojo. De esta manera es como estos personajes logran dominar el mapa político en Colombia y ponerlo bajo el ala de su partido, en este caso el liberal, el cual llega a tener la mayoría de cargos públicos  en el país, incluso luego de que entra en vigencia la elección popular de alcaldes (446 alcaldías según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 1988). Cada uno de estos alcaldes hace parte de la red política de algún cacique regional del Partido Liberal). Es así como se configuran estas redes políticas que elección tras elección, van sufriendo cambios en la medida en que alguna coyuntura política del momento ocurre, siendo el gobierno de Ernesto Samper, con el Proceso 8.000, el inicio de una dispersión de estas redes y cacicazgos regionales. Proceso 8.000, el principio de la caída del liberalismo Luego de las elecciones presidenciales de 1994, el entonces excandidato conservador Andrés Pastrana revela unos cassettes que evidencian el ingreso de dineros del Cartel de Cali en la campaña ganadora del candadito liberal Ernesto Samper Pizano. Hasta antes de  1994, corría el rumor de que los carteles de la droga financiaban campañas políticas  a nivel regional, lo mismo que  al Congreso de la República, sin embargo nunca antes se había presentado una prueba que dejara en evidencia los vínculos de la ilegalidad con la política. Con la grabación de los famosos narcocasetes quedó al descubierto que los traficantes de droga llegaron muy lejos. Según la Fiscalía, el cartel de Cali logró  introducir aportes superiores a los 4.000 millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la Presidencia de Ernesto Samper. El principal perjudicado en el Proceso 8.000 fue el Partido Liberal,  no solo por tener a un Presidente de la República salido de sus entrañas, sino además porque judicialmente comprometió a 16 congresistas (15 liberales y 1 Conservador), de los cuales a 13 fueron liberales se les dictó condena por vínculos con el narcotráfico. Desde ese momento el Partido Liberal comienza a sufrir un fuerte desprestigio en la opinión pública, al punto en que muy pocas personas les gustaba sentirse identificadas públicamente  con el trapo rojo, además de la campaña que en su contra se armó desde sectores de la oposición en cabeza de Andrés Pastrana  y de movimientos independientes en cabeza de la excanciller Noemí Sanín  y el exfiscal Alfonso Valdivieso que también  buscaban llegar a la Presidencia de la República. Es ahí cuando los distintos caciques electorales que ayudaban a conformar la gran fuerza política del Partido Liberal que durante tres cuatrienios gobernó con amplias mayorías en el país, comenzaron a dispersarse en pequeños movimientos de tipo personal, ayudados por la norma que en aquel entonces permitía la conformación de listas al antojo de cada político. Otros en cambio prefirieron quedarse en su interior, pero no integraban el oficialismo que para el siguiente período presidencial, hizo oposición a la administración de Andrés Pastrana Arango, sino que haciendo parte de la bancada liberal, integraron la coalición de gobierno en compañía de algunos exliberales que desde entonces se declararon independientes como la entonces senadora Ingrid Betancourt. Aun así el Partido Liberal en 1998 logra ser mayoría oficial con 2.710.599 votos con los que obtienen 29 curules, mientras el Partido Conservador con 885.263 votos logra 13 curules. A partir de ese entonces se comienza a conformar la primera disidencia en el Partido liberal, pensada desde el sector galanista encabezado por Humberto de la Calle Lombana, Alfonso Valdivieso, Ernesto Rojas Morales, el Representante la Cámara a Antonio Álvarez Lleras;  los Senadores Claudia Blue y Luis Guillermo Giraldo, la  Representante  Inés Gómez de Vargas; Paulina de Castro Monsalvo, Carlos Restrepo Piedrahita, Aurelio Tobón Mejía, Alfonso Gómez y Federico Echavarría, Elizabeth Rico, Armando Estrada, Fuad Char Abdala, Juan Carlos López, Nancy Patricia Gutiérrez, María Paulina Espinosa, Edmundo Guevara, Roy Barreras, Rodrigo Villalba, Mauricio Zuluaga, Néstor Humberto Martínez, Gabriel Rosas Vega, Rafael Pardo, Augusto Galán Sarmiento, Jaime Vidal Perdomo, Arturo Sarabia, Luis Fernando Múnera, Javier Lastra, Julio Enrique Ortiz y Nelson Pardo, consolidando el movimiento político Cambio Radical. El Partido liberal no escapa al escándalo del “Pomaricazo” Durante el gobierno de Andrés Pastrana bajo el ministerio del Interior de Néstor Humberto Martínez, se produce uno de los mayores escándalos en el Congreso de la República por cuenta de una serie de contratos firmados en la Cámara de Representantes, a través del cual se hizo  fraccionamiento de contratos, al dividir, por ejemplo, en dos contratos la impermeabilización de la terraza del edificio nuevo del Congreso, cada uno por 90 millones de pesos. La ley solo permite a la Cámara contratar directamente, es decir sin licitación, hasta por montos que no superen los 96 millones de pesos, cifra cercana a la que se hicieron todos los contratos en diciembre de 1999. Así mismo se denunció sobrecostos en varios de los contratos. También  se violó el artículo 390 de la Ley 5a de 1992 o Reglamento del Congreso, al contratar servicios para el servicio de cafetería y restaurante, aseo, restauración del archivo del Congreso, entre otros, porque  esa es una decisión que deben tomar conjuntamente el Senado y la Cámara, y no solo una de las dos corporaciones, tal como se hizo por parte de la dirección administrativa de la Cámara. El escándalo político del momento conocido con el nombre del “Pomaricazo”, dejó como protagonistas al liberal Armando Pomarico, y los demás integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Representantes Juan Ignacio Castrillón y Octavio Carmona, quienes fueron  a parar a la cárcel, por una contratación irregular de más de 5 mil millones de pesos. También se vieron involucrados el también  Emilio Martínez, Luis Norberto Guerra, Miguel Angel Flórez y Darío Saravia. A todos ellos el Consejo de Estado les quitó la investidura. El escándalo sacudió al país y la crisis no se hizo esperar. Se llegó a  proponer el cierre del Congreso y este último estuvo a punto de estrenar la moción de censura sobre la cabeza de Néstor Humberto Martínez, liberal disidente,  quien  para ese  entonces era  ministro del Interior, por su presunta participación en los hechos. Parapolítica un escándalo más para el liberalismo Aunque la parapolítica no fue un hecho que desde adentro del  Partido Liberal, algunos de sus congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, si acceden al poder con el apoyo de paramilitares avalados por el liberalismo. Es así como a partir del año 1998 cuando se da la expansión paramilitar en Colombia, estos inician también a pactar acuerdos con los políticos locales, con el ánimo de capturar las rentas municipales y departamentales, suceso al  que los líderes regionales del Partido Liberal no escapan. Es así como por ejemplo, de los firmantes en el Pacto de Chibolo de casi 400 asistentes, 121 de estos, se presentaron a elecciones locales avalados por el Partido Liberal en el año 2000, llegando a conformar mayorías en concejos municipales. Así mismo sucedió en el caso de Pivijay, de donde se extiende esta tendencia de lograr acuerdos entre paras y políticos locales para mediante la presión por las armas, obligar a los ciudadanos a votar por estas personas para más adelante apoderarse de las rentas públicas locales. En la medida en que se fueron extendiendo este tipo de acuerdos entre paramilitares y políticos locales, el Partido Liberal se fue llenando de parapolíticos en su interior, sin que necesariamente sus directivas nacionales estuvieran al tanto de estos hechos, porque en primer lugar estos estaban preocupados más por ser mayorías, que por conocer quiénes eran las personas a las que estaban avalando para que en su nombre, se presentaran a unas elecciones. De esta manera bajo las reglas que en su momento permitía la llamada “Operación Avispa”, en 2002,  el Partido Liberal llegó a convertirse en una especie de “fábrica de avales”, que solo se limitaba a firmarle el pasaporte a cuanto aspirante a senado, cámara de representantes, concejo y asamblea, lo solicitara. Este únicamente se tomaba el trabajo de analizar los casos de alcaldes, gobernadores y presidente, antes de otorgar el permiso, y lo daba pensando más  en la conveniencia y la oportunidad de ganar, dependiendo del número de votos que garantizaba y los apoyos políticos con los que contaba, sin pensar en las calidades que este tenía. Es así como Erick Morris, respaldado por el congresista Álvaro el gordo García quien para ese entonces pertenecía a la bancada liberal, fue avalado para que en nombre de la colectividad aspirara a la gobernación de Sucre. El mismo caso ocurrió con Hernando Molina y Trino Luna en el Magdalena, al igual que en otros departamentos donde se presentaron hechos similares. Para el caso del Congreso de la República aunque en menor grado, casas políticas como la de los López Cabrales en Córdoba no escaparon a estos hechos. En este tiempo muchos grupos políticos que hacían parte del oficialismo liberal se dispersaron, algunos conformando su propio movimiento como Mario Uribe por ejemplo, quien conforma Colombia Democrática, Vicente Blel (Colombia Viva); Germán Vargas Lleras se retira de sus filas e integra Cambio Radical; Álvaro Araújo (liberal y Luis Alfredo Ramos (Conservador) integran Alas Equipo Colombia; Luis Guillermo Vélez – Padre, Zulema Jattin, Piedad Zucarddi, Dilian Francisca Toro (Partido de la U), etc., lo que a su vez  de manera involuntaria, ayuda a reducir la participación del liberalismo en el escándalo de la Parapolítica en el nivel nacional, sin embargo, no hay que olvidar que la mayoría de los políticos involucrados tienen origen en las entrañas del Partido liberal. Herencia parapolítica y del 8.000, un problema latente en el liberalismo Uno de los congresistas que durante el período de 1994 -1998, perdieron su investidura como consecuencia de vinculación con el  proceso judicial conocido con el nombre de Proceso 8.000, mediante el cual se investigó los nexos de la campaña presidencial de Ernesto Samper con el Cartel de Cali, fue Francisco José Jattin, liberal cordobés, quien no dudó en dejar su votación y su estructura política en manos de una persona cercana. La escogida para tales fines fue su hija Zulema Jattin, quien aspiró a la Cámara de Representantes reteniendo la curul para su grupo familiar. Así mismo sucedió con cada uno de los políticos que fueron condenados bajo el Proceso 8.000. Buscaron una persona cercana, en este caso un familiar o amigo de su entera confianza, a través del cual pudiesen seguir manejando los hilos del poder en su región e influir en las decisiones que se tomaran en la administración central. Un claro ejemplo es el cacique de origen liberal en el departamento del Valle del Cauca Carlos Herney Abadía,  quien luego de ser condenado por la financiación con dineros del Cartel de Cali, según investigación de la Silla Vacía “puso a su esposa, Esperanza Muñoz, a reemplazarlo en la curul del Senado. En el 2000 consolidó el Movimiento Popular Unido, MPU. Su prima segunda, Dilian Francisca Toro, fue candidata a la gobernación del Valle, pero finalmente se decidió a apoyar a German Villegas, quien ganó esa elección. En el 2000 eligió a su hijo de sangre, Juan Carlos Abadía, y a su hijo político, Juan Carlos Martínez, como diputados de la Asamblea del Valle. En el 2002, su prima Dilian Francisca fue elegida senadora por el Partido Liberal y su ahijado político, Juan Carlos Martínez, senador por el MPU. En el 2003, su hijo de sangre pasó al Concejo de Cali y en el 2007 lo coronó Gobernador del Valle”. Así mismo ha sucedido con quienes han recibido condena en su contra por sus vínculos con el paramilitarismo. Inmediatamente buscan quien les pueda suceder en la curul, para en cuerpo ajeno, manejar la estructura política que desde tiempo atrás les ha acompañado. El mejor ejemplo de esto fenómeno en el Partido Liberal es la actual la congresista Arleth Casado de López, quien aspira heredando la estructura política y electoral de su esposo Juan Manuel López Cabrales, quien durante muchos años manejo los hilos del poder en Córdoba y era conocida su fuerte influencia dentro del  oficialismo liberal. La lógica de dejar a una persona heredando la curul de otro que no puede aspirar, bien sea por sanción disciplinaria o pérdida de investidura tras fallo condenatorio, corresponde a la idea de no perder capacidad de influencia en las decisiones a nivel de gobierno tanto local como nacional, y en el caso de quedar diezmado, luego de sufrir golpe alguno tras la decisión judicial o de Procuraduría, dejar una base así sea mínima que poco a poco le permita resurgir de las cenizas hasta que este grupo logra reorganizarse. Luego de que líderes políticos regionales y nacionales inscritos en el Partido Liberal, han sido condenados o sancionados disciplinariamente, estos han acudido a la lógica de heredar su poder, decisión que ha sido avalado período tras períodos por las directivas nacionales del liberalismo, lo que no le ha permitido al oficialismo renovarse en la política, y que le hace ver a la vista de la opinión pública como un caso perdido, porque teme que si presenta nombres que no le garanticen el triunfo y la posibilidad de obtener mayorías, se le reduzca la capacidad de influir en las decisiones de gobierno, tanto local como nacional.

Para 2011, un año antes del inicio de las negociaciones de paz, el promedio mensual de acciones armadas donde se veían involucradas estructuras de las FARC y estructuras de las Fuerza Pública colombiana era de 179; esto incluía bombardeos, campos minados, combates, hostigamientos, entre otros. Para los primeros cinco meses del año 2015, momento en el que se desarrolló el cese unilateral indefinido, se produjeron un total de 91 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua por parte de las FARC, entre ellas se cuenta la de Buenos Aires, Cauca, que fue el detonante para reiniciar el escalonamiento de la confrontación. Ahora bien, desde el 22 de mayo, momento del rompimiento del cese unilateral, hasta el 8 de julio del presente año se han producido un total de 289 acciones armadas, es decir, en mes y medio se produjeron un 300 por ciento más de acciones armadas que durante los cinco meses del cese unilateral de las FARC. Estos datos permiten concluir que efectivamente, a pesar de muchas opiniones de sectores no afectos al proceso de paz, el cese unilateral funcionó y en muchas zonas del país la población rural bebió los primeros sorbos de la paz. En las encuestas las negociaciones ganaron un apoyo importante. Pero con la reanudación de la confrontación armada, el apoyo que se había ganado el proceso de paz en zonas rurales se evaporó en cuestión de días y la sensación de crisis y de pesimismo se apoderó del país. Ahora, ante la presión de la opinión pública y el llamado de los países garantes del acuerdo de paz, las FARC han anunciado un cese unilateral de hostilidades por un mes a partir del 20 de julio. Es una decisión afortunada para aliviar la presión que hay sobre la Mesa de La Habana. Pero no basta. Es necesario aprovechar ese mes para dar un salto en los temas espinosos que tienen atascada la Mesa: acordar por fin el tipo de justicia transicional que regirá el proceso, definir el detalle de la protección a la vida de los guerrilleros que dejan las armas, concertar su participación política y el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Sobre el avance en esos puntos, volver a desescalar el conflicto hasta llegar a un cese bilateral definitivo de las hostilidades como antesala de la dejación de las armas y del ingreso a la vida civil. El cese bilateral tendría tres objetivos: mostrarle a la población del país los beneficios de la firma de los acuerdos. Iniciar el proceso de concentración de las FARC en distintos sitios del país y poner en marcha los protocolos para la dejación de las armas. Por último, restituiría la confianza en la Mesa sobre la voluntad de paz de las partes. Resolver las diferencias y desescalar y pactar el cese definitivo de las hostilidades es el camino. Ponerle plazos perentorios a las negociaciones no ayuda en nada. En contraste con el alivio que significa el anuncio del cese unilateral de las FARC, el ELN se empeña en intensificar sus acciones y realizar atentados urbanos con gran repercusión en la opinión pública. Presumo que las bombas de Bogotá son de esta organización porque en una declaración del jueves pasado decían que no conocían a ninguno de las personas acusadas, pero por ningún lado negaban la autoría de las acciones. He leído en las conclusiones del quinto congreso del ELN que el objetivo principal de esta guerrilla es fortalecer el movimiento político y social. También oí en estos días el mensaje de Gabino, comandante general de esa guerrilla, conmemorando los 51 años de existencia, y allí dice que el gobierno miente, que no es verdad que ellos estén poniendo como obstáculo para avanzar hacia una mesa de negociaciones el tema de la dejación de armas. Es muy contradictorio y absurdo lo que está haciendo el ELN, pero también tengo la impresión de que la respuesta del gobierno tiene las mismas características. El accionar del ELN por el momento ha suscitado una cacería de brujas que perjudica de manera brutal al movimiento civil Congreso de los Pueblos, 11 de sus principales activistas han sido detenidos. No tienen ninguna disculpa los jefes del ELN. Están muy viejos para no saber que este tipo de acciones en Colombia la pagan los dirigentes sociales. Tampoco tiene ninguna lógica que reconociendo públicamente que es obligatorio hablar de la dejación de las armas no accedan a una fórmula concreta para dar paso a las negociaciones formales. Pero es muy torpe lo que hacen la Policía y la Fiscalía al abalanzarse sobre un conjunto de líderes sociales para conjurar los atentados de la guerrilla y también me ha sorprendido la falta de creatividad del gobierno en la etapa exploratoria al querer aplicar el mismo modelo de negociación de La Habana sabiendo que son organizaciones bastante distintas. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

A pesar de la escala de violencia de las últimas semanas, nunca antes en la historia de Colombia las Farc y el Gobierno Nacional habían avanzado tanto en un proceso de paz como lo han hecho en La Habana.De hecho, la tregua unilateral decretada por las Farc el 20 de diciembre de 2014 y que alcanzó a llegar hasta el 22 de mayo pasado mostró resultados importantes en la reducción de la confrontación armada al pasar de 179 acciones mensuales en promedio durante 2011, antes del inicio de las negociaciones de paz, a 98 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua, lo que da como resultado un promedio  de 18.2 acciones por mes. Desde que las Farc dieron por finalizada la tregua unilateral se han presentado 281 acciones armadas, es decir que en algo más de un mes de reactivación del conflicto se superó el número de acciones que se presentaron durante toda la tregua. La mayoría de estas acciones se han concentrado en afectar la infraestructura energética y de hidrocarburos del país. Hay que decir que la tregua repercutió en la generación de un ambiente más favorable para la negociación, conllevó a la disminución del número de víctimas, al tiempo que permitió vislumbrar en los territorios el efecto inmediato de que las Farc no hicieran uso de las armas. Así, las labores de las organizaciones  de la sociedad  civil que  trabajan en la construcción de paz en las regiones también se facilitó y se dio un respiro para pensar en que un país distinto es posible. Al día de hoy, todo eso está en riesgo. Cuando en diciembre las Farc decretaron el cese de hostilidades y luego lo extendieron por tiempo indefinido  muy pocos sectores de la opinión pública incluido el Gobierno valoraron este gesto. También varios medios tradicionales enfocaron sus informaciones en dar cuenta de las violaciones de la tregua –que la Fundación Paz y Reconciliación cuenta en 12- para recalcar en estas y evaluar las verdaderas intenciones de la guerrilla. Así mismo, sectores políticos del país decidieron hacer sus propias mediciones para exhibirlas a la opinión pública y mostrar que la tregua no había tenido ningún efecto. La situación actual pone en peligro los avances concretos de la negociación en La Habana y pueden mantener al país en el ostracismo en el que se ha detenido los últimos 60 años. Por eso es importante el anuncio realizado hoy por las Farc en el sentido de que retomarán el cese del fuego unilateral el próximo 20 de julio. Ojalá como sociedad aprendamos a valorar los momentos de silencio de los fusiles para que esto que aún es un sueño, pueda ser en un futuro cercano una realidad. Columna de opinión publicada en Revista Reconciliación Colombia

Por: Ariel Ávila Martínez En los últimos días, en redes sociales han circulado alrededor de 22 vídeos donde grupos de personas de diferentes ciudades golpean presuntos ladrones, personas acusadas de violación o personas que debido a su comportamiento trasgreden ciertas normas sociales, como el consumo de licor. En todos estos vídeos tres cosas parecen comunes. Por un lado, los ciudadanos se alientan unos a otros para golpear a los presuntos ladrones o agresores, como si se tratara de una competencia de quién es el más fuerte. Lo segundo, es que las autoridades policiales parecen impotentes ante las agresiones de la comunidad y en muchas ocasiones deben proteger al ladrón o agresor. En varios de estos vídeos parece que la policía se ha convertido en un cuerpo para evitar linchamientos. Por último, en la conducta de los ciudadanos parece existir una cierto sentimiento de desespero. Son comunes las frases como “para que no lo vuelva a hacer”, “denle para que coja escarmiento”, “la policía nunca hace nada” entre otras. Todos estos comportamientos no son un problema únicamente de una emoción que invade a personas durante un corto periodo de tiempo, o de falta de cultura ciudadana. El tema parece ser más complejo, y gran parte de la responsabilidad de este tipo de comportamientos estaría del lado institucional. Varios datos indicarían esta situación.La más reciente encuesta de Gallup, más allá de la imagen del Presidente, o de alcaldes y candidatos a alcaldías y gobernaciones, entrega varios datos interesantes. Por ejemplo, la ciudadanía en un 83% percibe que el tema de corrupción está empeorando en el país, mientras que solo el 9% percibe que mejora. A largo plazo se ve una tendencia sostenida de crecimiento de la percepción negativa. Otro de los datos interesantes se refiere a la sensación de inseguridad, ya que el 84% de los ciudadanos cree que está empeorando y solo el 10% considera que mejora. La encuesta se realizó en las grandes ciudades, por lo que los resultados de la percepción de inseguridad se refieren a temas de delincuencia urbana y crimen organizado y no tanto a la presencia de grupos armados ilegales. Al igual que en el caso de corrupción se viene presentado un incremento constante en los últimos años. Luego se dan otra serie de datos interesantes y en cierto sentido dramáticos. Por ejemplo, el 46% de los encuestados estarían de acuerdo en perder libertades para mejorar la seguridad. Igualmente para el 79% de los encuestados la imagen del sistema judicial es desfavorable. Los datos anteriormente expuestos no solo permiten concluir la gran desconfianza de la ciudadanía hacia ciertas instituciones estatales, sino que además se percibe la ineficacia del Estado para contrarrestar la inseguridad o la corrupción. Así las cosas estos linchamientos no necesariamente significan una descomposición social, aunque podrían llevar a ello si se suman otros ingredientes. Este tipo de comportamientos por el contrario tendrían cuatro explicaciones Por un lado, todo parece indicar que el problema central se encuentra en la ausencia de respuesta a la ciudadanía. Por ejemplo, en diferentes entrevistas realizadas, las habitantes de Bogotá manifiestan que la Policía no llega cuando se llama al 123 o NUSE o al número telefónico del cuadrante. Igualmente existe una queja constante en que los trámites para interponer una denuncia son complicados y dispendiosos, además los casos generalmente nunca se cierran y la ciudanía no recibe una respuesta rápida. Esto lleva a una sensación de abandono e impotencia de la ciudadanía. Adicionalmente en muchos casos la respuesta rápida no pasa más allá de una notificación. Según estadísticas del NUSE el hombre que llega borracho a su casa y agrede a su esposa o hijos generalmente lo repite en promedio seis veces en el año. Las seis veces, los vecinos o familiares llaman a la policía y esta puede llegar pero más allá de molestar al agresor, o trasladarlo a la UPJ, no pasa nada, de hecho la esposa o compañera del agresor generalmente no interpone denuncia, y al otro día el agresor queda en libertad. En segundo lugar, en muchos casos la ciudadanía no entiende cómo funciona el Estado de derecho, por ejemplo una persona que consume marihuana no es un delincuente o algunas contravenciones no necesariamente significan cárcel. Para una buena parte de la ciudadanía esto se trata de corrupción o de indiferencia institucional, ya que no se entienden los principios de garantías al debido proceso, la presunción de inocencia entre otros. Además la población percibe que la ley es bastante laxa a la hora de combatir el crimen, lo que causa una percepción negativa de la ciudadanía frente a la institucionalidad. En tercer lugar, se comprueban casos de corrupción delicada en la institucionalidad. En diciembre pasado fueron capturados 46 personas en Antioquia, 19 de los cuales eran policías que al parecer pertenecían a una banda dedicada al narcomenudeo, el mes pasado (mayo), otros nueve policías fueron capturados esta vez en Ibagué que trabajaban para una banda conocida como La Mina. Esta situación hace aún más complejo la intención de que la ciudadanía acuda a la institucionalidad en caso de algún delito. Por último, existe una crisis del sistema judicial en todo el país, malos procedimientos, colapso del sistema carcelario, ausencia de investigación en los casos y escándalos de corrupción han hecho que sencillamente la ciudadanía no crea en el sistema judicial. *Ariel Ávila: Politólogo, Master en Sociología. Coordinador del Observatorio Paz y Reconciliación y consultor internacional