Foto tomada de Blueradio.com Cuando se habla de los clanes de familiares del departamento del Atlántico los más nombrados son los Name y los Char, y en algunas ocasiones se habla de los Gerlein, muy a pesar de que para nadie es un secreto que gran parte de las decisiones en materia de contratación y manejo de cargos públicos pasa por sus manos. Del grupo familiar de los Gerlein, el personaje más visible es el actual Senador de la República y próxima cabeza de lista del Partido Conservador, Roberto Víctor Gerlein Echeverría, quien lleva más de 40 años en el congreso, en donde ha sido autor de proyectos como el que buscaba establecer procedimientos abreviados para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble, por ejemplo. También ha sido protagonistas de grandes polémicas, la última de ellas, en la que aseguró con frases poco amables en medio de un debate en la Comisión Primea de Senado, no estar de acuerdo con el matrimonio para parejas del mismo sexo. Los Gerlein combinan la actividad política con la económica, razón por la que aprovechan su gran influencia en la vida pública nacional para jalonar contratos de concesión vial a la firma Valorcon. En la línea empresarial de esta familia se encuentran los nombres de Julio y Enrique (este último papá de Roberto). El primero de ellos fue el fundador de la zona franca de Barranquilla y gerente. Además, fue miembro del Comité Olímpico internacional. Un hombre con grandes conexiones, según publicación del diario El Tiempo en octubre de 2013. Ambos son hijos de Julio Gerlein Guell, abuelo de Roberto y comerciante destacado en su época en Barranquilla. En la actualidad el ala política de los Gerlein es liderada por el senador Roberto Gerlein, quien ha venido participando en la vida pública desde el gobierno del expresidente Alfonso López Michelsen en 1974, quien lo nombra en el cargo de gobernador del Atlántico. Desde ese momento su nombre se proyecta al interior del Partido Conservador, en donde ha hecho política junto con su familia y por el cual es elegido en diferentes corporaciones de elección popular como el Concejo de Barranquilla (1964); Representante a la Cámara (1968) y Senador de la República (1974 hasta la fecha). Roberto Gerlein hizo parte del gabinete ministerial de Belisario Betancur, quien le nombra al frente de la cartera de Desarrollo y en el gobierno de Ernesto Samper. A pesar de estar en el Partido Conservador, quien oficialmente le hizo oposición a la administración de aquel entonces, este parlamentario hizo una férrea defensa del primer mandatario en el legislativo durante el Proceso 8.000, por lo que se ganó el calificativo de “Lentejo”. Su hermano Jorge le acompañó en el legislativo como fórmula a la Cámara de Representantes, a pesar de que su profesión de odontólogo no tiene nada que ver con las actividades políticas, ni se relaciona con las ciencias políticas. Actualmente Roberto Gerlein aspira a la reelección como Senador de la República, encabezando la lista del Partido Conservador, quien le postula al ser la única figura fuerte que le garantice un amplio números de votos a los azules en la próxima contienda legislativa, donde deben pelearle los votos a la lista del expresidente Álvaro Uribe Vélez con quien comparten electores. A pesar de que Gerlein hizo parte de la coalición de la seguridad democrática del gobierno de Uribe en el Congreso de la República, hoy día es un férreo defensor de Juan Manuel Santos y es de los conservadores que se inclinan por continuar dándole su apoyo y no irse a la oposición. Tan incrustados se encuentran los Gerlein en la vida pública y económica en el departamento del Atlántico, que en la actualidad hacen parte del Carnaval de Barranquilla, en donde han elegido cinco soberanas incluyendo a la actual, dando una clara muestra de que los reinados de belleza, no están libres de la política. Ver infografía de los líderes del Clan Gerlein

Hace 25 días las FARC anunciaron que daban por finalizado el cese unilateral indefinido que habían declarado el 20 de diciembre de 2014, decisión que tomaban después de un bombardeo realizado por la Fuerza Pública en Guapi, en el departamento de Cauca, el 21 de mayo de 2015, acción  que terminó con la vida de 27 guerrilleros, dos de los cuales habían actuado como negociadores. Los datos del cese unilateral mostraron resultados importantes en lo que a reducción del conflicto se refiere, de hecho a pesar de que algunos sectores políticos intentan minimizar dicha situación, los resultados en los municipios históricamente afectados por el conflicto eran incuestionables. Así por ejemplo, el año anterior a que se abrieran las negociaciones, es decir, en el año 2011, se produjeron un total de 2148 acciones en el año, para un promedio de 179 acciones es por mes. Estas 179 acciones hacen referencia a cualquier tipo de actividad armada que involucra estructuras de las FARC y de la Fuerza Pública. La siguiente gráfica muestra la evolución anual de acciones armadas entre la Fuerza Pública y las FARC. Ver gráfica  Acciones Armadas de las FARC. 1997-2014. Para el año 2014  se presentaron un total de 1186 acciones, se debe recordar que durante dicho año se produjeron varias treguas unilaterales por parte de las FARC, en total 45 días de tregua. El promedio de acciones armadas fue de 98 por mes. Durante el cese unilateral indefinido declarado por las FARC en diciembre de 2014 y que se prolongó hasta el 22 de mayo de 2015 (5 meses en total), se presentaron 91 acciones armadas que involucraban estructuras de la Fuerza Pública y estructuras de las FARC, de ellas 12 fueron violatorias de la tregua entre ellas la de Buenos Aires Cauca que dejó 11 militares muertos. Así las cosas el promedio mensual de acciones armadas fue de 18,2. La cifra más baja durante los últimos 30 años de conflicto. La siguiente gráfica muestra la distribución de acciones armadas durante el cese unilateral declarado por las FARC. Las acciones militares se refieren a aquellas que fueron iniciadas por la Fuerza Pública, mientras que las violatorias abarcan todas las acciones iniciadas por las FARC. Ver Gráfica comparativo de acciones Una vez finalizado el cese unilateral el número de acciones armadas comenzó a aumentar de forma significativa, en su gran mayoría eran ofensivas de las FARC. Entre el 23 de mayo y el 16 de junio se presentaron un total de 147 acciones armadas, es decir, en 25 días se superó el total de acciones realizadas durante los cinco meses de cese unilateral, de hecho hubo un aumento del 60%.  La siguiente gráfica muestra discriminada por tipo de acción la actividad armada de los 25 días. Ver gráfica tipo de acciones El siguiente cuadro muestra los promedios mensuales para los períodos mencionados previamente y el total de acciones armadas durante los 25 días después del cese.AñoAcciones x Mes2011179201498201518,22015147 Con los datos mencionados anteriormente surgen cinco conclusiones. En primer lugar, es que efectivamente el cese unilateral de las FARC,  sí mostró resultados importantes en la reducción de la confrontación armada, es decir, si estaba funcionando en lo que a desescalamiento del conflicto se refiere. La segunda conclusión, es que las acciones armadas en los 25 días luego del levantamiento del cese unilateral no necesariamente significan una ofensiva de las FARC. Sí las acciones se comparan con los primeros cinco meses el año 2015 o con el año 2014, es posible concluir que si existe una ofensiva, pero a largo plazo lo que se ve es que se regresaría a los promedios mensuales del año 2011 y 2010. Es decir, los promedios antes de la negociación. En tercer lugar, como lo Fundación paz y Reconciliación lo había advertido luego de múltiples investigaciones, el saboteo a la infraestructura energética es la estrategia militar de las FARC desde el año 2008.  Será muy difícil que el Estado Colombiano logre poner un soldado cada 10 metros de un oleoducto o en todas y cada una de las torres de energía en las zonas de conflicto. En cuarto lugar, no se puede hablar de una crisis de seguridad en el país producto de los ataques recientes de las FARC. Como lo muestra el siguiente mapa  las 147 acciones armadas se han registrado en 45 municipios. Si bien preocupan casos como los del municipio de Medina departamento de Cundinamarca las zonas afectadas por las FARC,  no son nuevas comparadas con lo que venía sucediendo los últimos años. Por último, se logra establecer que las FARC aún tienen una capacidad de daño importante, así como de adaptación militar en el terreno. Si bien se podría hablar de una derrota estratégica de las FARC en la medida que el objetivo de la toma del poder es inviable, aún falta mucho para una derrota militar. Ver mapa de Reanudación de acciones de las Fa

Una vez más se abre el debate nacional por cuenta de las candidaturas a cargos de elección popular, que comienzan a ser señaladas por la opinión pública, por sus posibles vínculos directos con actores ilegales,  mafias de corrupción política y relaciones con organizaciones político económicas que se han tomado la contratación pública en los niveles departamental y municipal. Estas tres modalidades de captura del poder local, logró incrustarse de tal forma en la gobernabilidad territorial, que difícilmente Colombia la podrá superar, si desde el poder nacional no se hace lo necesario en materia de normatividad, vigilancia y control para que esto no siga sucediendo. De nada entonces han de servir las veedurías ciudadanas que desde la sociedad civil se hacen, si no se cuenta con entidades lo suficientemente fuertes, que hagan respetar las elecciones  de este tipo de organizaciones que encontraron en lo local el multivitamínico que les fortalece período tras período. Si nuestro país desea en realidad superar temas de corrupción política como la Parapolítica y sus herederos, Carrusel de la Contratación, vínculos con narcotraficantes, etc., lo primero que debe hacer es fortalecer la entidad que oficialmente vigila y controla las elecciones, es decir al Consejo Nacional Electoral (CNE). Inexplicablemente una posible reforma  al Consejo Nacional Electoral es un tema  que no se ha tocado en las discusiones que se han dado en los últimos años que tienen que ver con Reforma Política, Reforma a la Justicia y Equilibrio de Poderes, donde se ha discutido sobre la manera de arreglar las falencias en los partidos políticos,  órganos de control y las altas cortes, que no permiten una mayor transparencia y eficacia en la aplicación de la justicia, lo mismo que en la vigilancia e inspección en la función pública, sin siquiera mencionar lo que tiene que ver con el CNE. El CNE es un órgano que ejerce control y vigilancia en los distintos períodos electorales que hay en Colombia, donde debe inspeccionar con ojo de lupa la financiación de campaña y las posibles inhabilidades que puede tener determinado aspirante a elección por voto popular. Para cumplir con esta tarea, esta entidad cuenta con 9 magistrados, que son elegidos por la plenaria del Congreso de la República (Cámara y Senado), entre un grupo de candidatos sugeridos por cada partido político. Esta elección de naturaleza política, hace que sea difícil que el CNE logre ejercer control y vigilancia a los candidatos a elecciones, porque deben hacerlo sobre los organismos que en primer lugar candidatizaron y dispusieron a sus miembros en senado y cámara para que los eligieran. Este ejercicio terminó por desatar una práctica malévola de “Yo te elijo, tú me cuidas”. De esta manera es como el CNE comienza a quedar maniatado porque en lugar de blindar las elecciones de las mafias de corrupción políticas, lo mismo que de los grupos ilegales, termina secundando este tipo de vínculos que en ocasiones se tejen desde las redes que cada político tiene en las regiones, y que son avaladas por los partidos políticos en su afán por ganar mayorías. Es necesario entonces que se piense en corregir estos errores en el sistema electoral colombiano, en donde en primer lugar un órgano como el CNE que maneja un presupuesto de 7 mil millones al año, no pueda ejercer su labor principal, porque la labor de sus magistrados se encuentran hipotecada al partido que lo postuló y le eligió para el cargo, y en segundo lugar porque gran parte de sus funcionarios son nombrados no por su dirección administrativa, sino por la Registraduría Nacional y por los políticos que le son cercanos, conformando así una red, que en lugar de evitar que la corrupción se filtre en las elecciones, más bien permite que esta pueda acceder a ellas, sin ningún tropiezo.

Ver informe completo El reciente análisis realizado por la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación Forjando Futuro, concluye que no es cierta la versión que ha corrido en la opinión pública y el panorama nacional, que ha hecho creer que existe un cartel de falsas víctimas reclamantes de tierras. Este informe señala que de un total de mil sentencias analizadas, el 98% de los reclamantes de tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces. El 2% restante no demostró su relación jurídica con el predio o no demostró que la venta de este, fuera consecuencia del conflicto armado. En contraste, el estudio señala que el 89% de los opositores adquirió los predios aprovechándose de las condiciones de violencia; lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios y que la versión de existe un cartel de falsas víctimas reclamantes de tierras, lo que ha provocado es que conforme una cortina de humo que solo favorece a las empresas ocupantes, despojadores y opositores del proceso. El informe menciona dentro del grupo de empresas opositoras a Continental Gold Limited Sucursal Colombia Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., Sociedad Las Palmas Limitada, Agropecuaria Palmas de Bajira S.A, Inversiones Futuro Verde S.A., Palmagan S.A.S y A. Palacios S.A.S. Finalmente el documento concluye que el mayor obstáculo en el Proceso de Restitución de Tierras, sigue siendo la microfocalización y que de no abolir el decreto que la permitió, Colombia tardará 529 años en finalizar esta deuda con los colombianos despojados de sus fincas y parcelas.

Foto: diarioadn.co El desplazamiento intraurbano que se ha venido presentando en la ciudad de Santa Marta en los últimos cuatro años, no ha sido mayoritariamente registrado en las bases de datos en las instituciones públicas territoriales.  Se podría concluir que  se le resta atención y sus víctimas estarían siendo ignoradas, aunque esto no le resta la responsabilidad que le cabe a la persona  desplazada, por no  acudir a las oficinas de los entidades que manejan el tema,  para que estas le den la categoría de víctima del desplazamiento, en este caso, intraurbano. Para el 2012 en Santa Marta hubo una escalada de violencia por la disputa territorial  entre el clan Giraldo y los Urabeños, que  se dio  en primer lugar  en la  zona rural,  a enfrentamientos en los que la  población civil quedó en medio del fuego cruzado. Para esto los armados ilegales se dieron a la utilización de inmuebles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como medios de transporte, escuelas, etc. Para esta época se presentaron  desapariciones forzadas, homicidios selectivos y  una masacre en Pericoaguao. De esta situación se declaró un desplazamiento masivo desde Guachaca hasta Santa Marta de cerca de 300 personas. Para atender la urgencia humaniaria, se  contó con todo el acompañamiento de rigor tomando  medidas para retomar el orden público y  militarizando la zona, etc. En   la zona periférica de Santa Marta, más exactamente  en las comunas 6, 8 y 5  ocurrieron  hechos similares que dispararon los homicidios selectivos, por sicariato y atentados con artefactos explosivos, el ataque con granadas de fragmentación contra bienes civiles se registró en varias oportunidades. En 2012 ocurrieron 6 de estos atentados,  que se presentaron en los barrios La Florida, Los Ángeles, Curinca, Avenida del Ferrocarril, Ensenada de Santa Mónica. De igual modo, se registraron varios atentados en La Gaira, El Pantano, San Francisco, San Pedro Alejandrino y dos establecimientos comerciales, uno en el centro y otro en el mercado. En algunos casos este tipo de hechos  han ocasionado la muerte de pobladores. El 23 de octubre de 2012, la granada lanzada contra el supermercado Rapimercar, ubicado en el sector del mercado público, dejó tres personas muertas, entre ellas una niña de 6 años. En enero y febrero de 2013 se presentaron dos atentados con granadas en el barrio Timayui. El último de ellos estaba dirigido al parecer contra el comandante de los Urabeños en el sector y otros miembros del grupo ilegal. Este atentado dejó como resultado tres personas heridas. En la disputa territorial por el control de zonas en Santa Marta se registraron enfrentamientos que dejaron víctimas mortales. En los barrios Pescadito, Ondas del Caribe, Los Fundadores y Timayui, entre otros, se  presentaron  cruces de disparos. En diciembre se reportaron dos episodios de este tipo entre los grupos ilegales que operan entre los barrios Timayui y María Cecilia. Este último habitado en su mayoría por desplazados por la violencia, donde presuntos miembros de los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas Colombianas,  transitan armados con fusil y disponen de una red de informantes (campaneros)  que advierten la presencia de la policía. Este escenario llevo a que el Distrito Turístico  registrara  225 muertos en el año 2012. Las personas que se vieron afectadas con estos hechos se cambiaron de barrio. Algunas de esas personas denunciaron  atentados en su contra, donde según ellos,  les habían arrojado una granada o porque les habían desaparecido un familiar. Sin embargo, esto no significó el éxodo  de la ciudad, sino más bien el traslado de zona.  Se llegó a conocer casos de núcleos familiares que tuvieron que cambiar de residencia en varias ocasiones,  por la ola de violencia que para ese entonces se tomó a Santa Marta. En esta disputa territorial, al interior de  la comuna 6,  lugar desde donde operó  de ex comandante paramilitar Hernán Giraldo Serna, territorio estratégico que conecta a Santa Marta con tres de sus corregimientos (Minca, Guachaca y Bonda) y  la vía alterna que va a la Troncal de Oriente. Los Urabeños entraron a irrumpir en la zona, instalando  puestos de control, extorsionado a los pobladores. También delimitaron territorios con fronteras invisibles, restringiendo la movilidad e imponiendo toques de queda. Además de lo anterior,   se apoderaron de las plazas de vicio, con lo que se puede concluir que se  instauró un nuevo orden. Este nuevo orden conllevo a desplazamientos intraurbanos, los paramilitares, ahora reencauchados en las Bacrim,  se instalaron en las casas que quedaron desocupadas. En barrios como María Cecilia, a los hombres jóvenes, sus padres los sacaron primero, pensando que así no serían reclutados y de esta manera  sus familias serían golpeadas en menor medida. Sin embargo la lección fue otra,  las mujeres fueron hostigadas, maltratadas, abusadas, utilizadas en tareas domésticas.  Sus padres tardíamente optaron por sacarlas y enviarlas a casas de familiares en otras comunas de la ciudad, o entregarlas a los pastores de otras zonas para que cuidaran de ellas (en su mayoría venía de familias cristianas y/o evangélicas). En esta comuna las jóvenes eran sacadas de sus casas utilizando la violencia física. Luego eran regresadas por su victimario a su familia (Un delito en la impunidad total) las familias no denunciaron estos hechos y algunos de esos simplemente aceptaban su dolor como una pena impuesta. El desplazamiento intraurbano en este territorio afectó de manera directa a los y las adolescentes y jóvenes quienes fueron obligados a dejar sus familias, su cotidianidad, sus amigos y tuvieron que desplazarse a otros lugares. La Defensoría del Pueblo es tal vez la institución que puede dar cuenta de este fenómeno, pues recibe las declaraciones en mayor medida que las personerías. El registro de estas denuncias son importantes para diagnosticar el contexto de este desplazamiento en los barrios de la ciudad.   La Defensoría del Pueblo  plasma el fenómeno en documentos serios, verificables, con metodología clara y constatación directa a las fuentes y en el territorio. Estos documentos poseen  tres características, la primera de ellas es  el riesgo de inminencia; segundo,  el  riesgo coyuntural  y un tercero,  la periodicidad.  Estos no tienen la posibilidad del monitoreo permanente, solo se recurre a él cuándo en la ciudad se suman escenarios que comprometen graves violaciones al DIH, el último documento fue escrito en abril del 2013 y los que lo antecedieron en septiembre  del 2012 y septiembre de 2009. Con ocasión al escenario plasmado, fue una necesidad para el distrito crear un Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia -ODSC- construido  en alianza  con la Fundación Paz y Reconciliación, para monitorear las dinámicas de seguridad urbana y crimen organizado en el territorio, sin dejar de hacer seguimiento a la zona rural por la estrecha relación que se comparte por la supervivencia del conflicto armado y la presencia de actores armados ilegales. El  ODSC  brinda herramientas prácticas al Alcalde Distrital para la toma de decisiones en tiempo real, coordinando estrategias con los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, en pro de la estabilización del territorio e identificando esos silencios que terminan siendo un secreto a voces en el territorio como lo es el  desplazamiento intraurbano.

Por: Ariel Ávila Martínez Al secuestro de dos agentes del CTI durante ocho horas, en el pleno centro de la ciudad, en el sector conocido como el ‘Bronx’, se suma el aumento de las zonas de venta y expendido de droga. Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, en Bogotá se han detectado en total 618 zonas de venta de estupefacientes. Para el 2010 eran 425, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, Bogotá tiene una tasa de homicidios que se incrementó marginalmente comparando los años 2013 y 2014. Pasó de 16,7 por cada 100.000 habitantes a 17,4. Algo que llama la atención es que el incremento del 0,7 por ciento fue producto del sicariato. En el 2013 se produjeron 94 casos, mientras que en el 2014 fueron 215. El mapa muestra los sitios de mayor concentración de los homicidios en la capital. Todo parece indicar que dicho aumento fue producto al menos de dos circunstancias. Por un lado, la guerra por la herencia de los negocios de Víctor Carranza, y, por el otro, una guerra subterránea por las zonas de venta de drogas en diferentes puntos de la ciudad, que pocos perciben. Hasta el 2009, el negocio de la droga en la capital se manejaba por medio de una concentración de la distribución. Existía un total de 26 ‘ollas madres’, es decir, grandes zonas de consumo y venta de droga, como el ‘Bronx’, o en su momento El Cartucho o cinco huecos. Después de la intervención en El Cartucho, y más recientemente en el ‘Bronx’, el negocio de la droga comenzó un proceso de descentralización en el que las localidades empezaron a llenarse de pequeñas zonas de venta y consumo. Ese negocio en la ciudad se maneja por medio de ‘marcas’, llamadas popularmente ganchos. En total son 28; gancho rojo, blanco y azul son las más conocidas. Los ganchos desde las ‘ollas madre’ distribuían droga a los jíbaros barriales. Desde el 2009, estos se expanden hacia los barrios cooptando o eliminando los jíbaros y apoderándose de las pequeñas ollas. Esta expansión ha aumentado el sicariato en varias zonas de la ciudad. Por ejemplo, el homicidio aumentó significativamente en el centro, en localidades como Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal, La Candelaria y Antonio Nariño. En la actualidad, quedan seis ‘ollas madre’ –entre ellas el ‘Bronx’– que son custodiadas por estructuras ilegales de seguridad privada, conocidas como ‘Sayayines’. Estas estructuras de seguridad habrían sido las responsables del secuestro de esos dos agentes del CTI. Son grupos de entre 30 y 50 personas que controlan dónde funcionan los grandes sitios de venta de droga. Solo en los últimos meses, 30 habitantes de calle han sido asesinados en la zona. Nota publicada en el tiempo.com

Por: Confidencial Colombia El agarrón entre Oneida Pinto y Carlos Fernando Galán confirma que hay serias diferencias al interior de Cambio Radical. Ciertamente, Galán no se ‘tragó el sapo’ de aceptar que su partido le entregara el aval para la gobernación de La Guajira a Pinto, señalada de ser la ‘heredera’ del exgobernador del departamento, Francisco ‘Kiko’ Gómez. El senador ya había alertado que si el cuestionado aval seguía en pie, él abandonaría la dirección del partido pues, según explicó, hubo irregularidades en la entrega del documento. La advertencia surtió efecto y en la mañana de este jueves Galán dejó la jefatura, argumentando que su renuncia puede servir como un “campanazo de alerta para quienes creen todavía en el partido y en su potencial para transformar al país”. Por su parte Pinto aseguró que no es ‘heredera’ del exgobernador Gómez, que tampoco sostuvo vínculos con él y retó al senador Galán a que presente las pruebas que sustenten su denuncia. A pesar de que el ‘acto la buena fe’ de Galán da señales de que en el partido rige la honestidad y la transparencia, el pulso que hoy en día protagoniza con Pinto deja aún más vulnerable a Cambio Radical, ya que cada vez coge más fuerza el enunciado de que están avalando a candidatos corruptos, aunque existe la posibilidad de que haya  injusticia en el caso de Pinto. Cualquiera de estos dos escenarios deja mal parados a los dirigidos de Vargas Lleras y más cuando en La Guajira ya han tenido complicaciones luego del escándalo de ‘Kiko’ Gómez, hoy detenido y sindicado de homicidio. Pero aparte de Pinto, otros candidatos de Cambio Radical figuran en la lista negra. De acuerdo con Ariel Ávila, coordinador del observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación, existen “casos dramáticos”. Por un lado está Luis Pérez Jiménez, quien en las elecciones del año pasado habría tenido el respaldo de los combos de la ‘oficina de envigado’. Menciona Ávila que ellos le hicieron campaña a Pérez y no dejaron entrar a otros candidatos a su territorio. El candidato ya no va por firmas sino que tiene el aval del Partido Liberal y también tuvo el respaldo de Cambio Radical, según investigaciones de Paz y Reconciliación. Luego está Rosa Cotes de Zúñiga, candidata a la gobernación del Magdalena por Cambio Radical. Su esposo es José Francisco Zúñiga, elegido alcalde de Santa Marta en 2004 y hoy condenado por parapolítica. Según Ávila, Cotes de Zúñiga cuenta con el apoyo de ‘Poncho Campos’, Jorge Caballero y Trino Luna, los tres vinculados con ‘paras’. Ella es tía del actual gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes, quien recientemente fue absuelto por la Procuraduría tras una serie de presuntas irregularidades en la contratación de la Vía de La Prosperidad. Respecto a Oneida Pinto, Ávila asegura que ella es la socia histórica de ‘Kiko’ Gómez. De hecho, cuenta que tienen un video donde ella aparece junto al exsenador y figura de Cambio Radical, Miguel Pinedo Vidal, hijo del exgobernador de La Guajira  Miguel Pinedo Barros, quien, según Ávila, era el protector de las mafias del departamento. Pinto contiende por la gobernación con el guajiro Ovidio Mejía, quien a pesar de no ser de Cambio Radical, es apoyado por Cielo Redondo, exalcaldesa de Uribía, acusada de ser socia política de la estructura criminal de alias ‘Pablo’, jefe de la ‘bacrim’ de la alta guajira. “Las investigaciones de la parapolítica funcionaron en algunos departamentos pero por extrañas circunstancias no lo hicieron en La Guajira, ni en el Casanare y el Meta. De ahí es que hoy en día se den este tipo de casos de corrupción y por eso Oneida Pinto representa a esa mafia”, concluye.

El diario El Espectador en alianza con la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación  Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia – FESCOL, celebraron el primer debate temático con los candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá, donde la seguridad ciudadana fue  motivo de discusión entre los aspirantes que se dieron cita en las  instalaciones del Complejo Caracol (Caracol Tv, El Espectador y Blu Radio). El evento contó con la moderación del jefe de redacción del diario El Espectador Elber Gutiérrez y las preguntas elaboradas por el subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila. Evocando la frase que tanto repitió el expresidente Álvaro Uribe durante la campaña presidencial del año 2002, “de ser el primer soldado en Colombia”, el candidato del Centro Democrático Francisco Santos, prometió ser el primer policía en la ciudad de Bogotá, donde según él, se debe recuperar la autoridad de gobierno, que a su modo de ver, ha permitido que el caos reine en la capital y permita que a través de este, se filtre la delincuencia. Para Santos es evidente el delicado estado de la seguridad en Bogotá. Según el, “a una madre de familia le da bastante miedo llevar a su niño al parque del barrio, porque con toda seguridad se va encontrar con el hampa rondando en el sector”. Contrario a lo anterior Maria Mercedes Maldonado opinó que aunque es evidente la inseguridad en Bogotá, no resulta para nada responsable el tratar de sembrar pánico ciudadano para ganar adeptos en la campaña política. La precandidata del movimiento Progresista considera necesario, buscar un equilibrio en la lucha contra la delincuencia organizada y la delincuencia común, perseguirla, y abogar al gobierno nacional para que implemente una reforma a la justicia que corrija las falencias que permiten que un criminal sea capturado y al otro día sea dejado en libertad. Enrique Peñalosa considera que el desorden que reina en la ciudad es la cuna para la delincuencia en Bogotá, por eso cree necesario retomar el rumbo perdido en materia de urbanismo que permita recuperar el espacio público en primer lugar, para que no se conformen esas zonas de miedo que generan inseguridad en la ciudad, que son manejadas por empresas del crimen, que es necesario perseguir. Para Clara López, candidata del Polo Democrático Alternativo,  “es iluso pensar que en Bogotá no existe actividad de bandas criminales, aquí está centrado el poder y la compra de armas más grande del país. Sin lugar a dudas el microtráfico responde a esas lógicas, lo mismo que el delito del contrabando de armas. Hay un problema delicado de fronteras que corresponde al Gobierno. En el concejo de seguridad de Bogotá están sentadas las autoridades nacionales y distritales y si vamos a dar al traste con microtráfico que afecta a Bogotá y aumenta la inseguridad hay que darle un viraje a instituciones que se reúnen para la lucha antisubversiva y dedicar grandes esfuerzos a desmantelar las organizaciones en las calles”. Carlos Vicente de Roux, candidato de la Alianza Verde,  coincidió con sus rivales en afirmar que en Bogotá  hay bandas criminales y que es deber del  Gobierno Nacional y de las Fuerzas Militares”, ayudar al Distrito Capital a desmantelarlas. De Roux propone la creación de la Secretaría de Seguridad. “Se tiene que enfrentar con modalidades de acción diferentes, la macrodelincuencia que va por debajo tiene que ser enfrentada por policía bajo la dirección del Gobierno y el delito en calle que afecta a la gente ante todo es responsabilidad de autoridades locales, los dos mundo están interconectados”. En el debate no fue posible escuchar las propuestas e ideas de  los candaditos del Partido Liberal Rafael Pardo y el precandidato del Movimiento Progresistas Hollman Morris, quienes con anterioridad se habían excusado por no poder asistir. Se espera contar con todos los aspirantes a la alcaldía mayor de Bogotá en una próxima cita.

Por: Ariel Ávila Martínez Los tráficos de drogas, gasolina y mercancías son los principales motores de la banda criminal los ‘Urabeños’, que ahora cuenta con una verdadera federación en el norte del país. En dos reuniones realizadas en marzo y julio del año 2014, obligaron a cerca de 19 bandas locales a unirse a su federación. Algunos opositores de esta organización se agruparon en la denominada oficina del Caribe, la cual se prepara para expandirse por la costa. La Fundación Paz y Reconciliación documentó, a través de un trabajo de investigación in situ en qué consiste el complicado entramado de relaciones de estos grupos criminales y en cuáles son las zonas de operación. El crimen organizado en Colombia vive una etapa de reacomodo. Todo parece indicar que la ruta de salida de droga por el mar Caribe se encuentra en uno de sus picos más altos de uso, y es desde hace un año la zona de mayor salida de droga hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2014 las mayores incautaciones fueron en los puertos Cartagena, Santa Marta y Barranquilla 6.910, 2.012 y 1.988 kilos de coca en cada incautación respectivamente. La Fundación Paz y Reconciliación indagó sobre una posible explicación y encontró que la banda criminal los ‘Urabeños’ habría creado una federación criminal con organizaciones de toda la costa atlántica en dos reuniones realizadas en Barranquilla, una en marzo del 2014 y la otra en julio del mismo año. De hecho, algunas fuentes de la región explican que la captura de Marcos Figueroa en Brasil en octubre del año pasado obedeció a la delación de los ‘Urabeños’ ante su negativa a someterse o trabajar para dicha organización criminal. Algunas disidencias de esta federación estarían reorganizándose en otra federación criminal denominada La Oficina del Caribe. La puja por el control de alimentos El surgimiento de diferentes mercados ilegales como el de gasolina, narcotráfico y más recientemente el contrabando de alimentos, son otros de los fenómenos que han provocado una feroz competencia de grupos delincuenciales por el control de la costa atlántica y, principalmente, por la frontera entre Colombia y Venezuela. La porosidad de esta zona limítrofe y la oprotunidad derivada de la diferencia cambiaria ha alentado a las organizaciones criminales (y a ciudadanos del común de manera espontánea) a aprovechar la oportunidad que da el tráfico de alimentos. Este fenómeno ha llevado consigo la cooptación de agentes institucionales, quienes piden dinero a cambio de permitir la entrada ilegal de mercancías. Recientemente el Diario del Nortemostraba una foto donde una serie de personas dedicadas al contrabando de gasolina bloqueaban una vía en Albania municipio de La Guajira, protestando por los cobros altos de extorsión que debían pagar a la Policía colombiana para que les dejara pasar gasolina de contrabando. Un documental emitido hace una semana en la cadena estatal de televisión española, de la serie Fronteras al Límite, demostró con imágenes cómo la Policía permitía el ingreso de mercancías (muchas escasas en Venezuela) a Colombia a cambio de que esta se quedara con una parte de la incautación. La Fundación Paz y Reconciliación ha corroborado a través de testimonios en la región la descripción de este fenómeno. Este contrabando de alimentos se puede clasificar en dos grupos: Primero, el que hace cualquier ciudadano que compra una serie de productos del lado venezolano y luego los pasa a territorio colombiano, que generalmente este es el tipo de contrabando que incautan las autoridades de ambos países. En segundo lugar, un contrabando más especializado, llevado a cabo por organizaciones criminales locales que se encargan del paso de alimentos en vehículos hurtados o de modelos antiguos de cualquiera de los dos países. El paso de estos vehículos escoltados por las propias organizaciones criminales de la zona es lo que se conoce como caravanas de la muerte. Un ‘dato’ preocupante Otro tipo de contrabando, que la Fundación Paz y Reconciliación ha documentado ampliamente en otras investigaciones, es el de la gasolina y de alimentos a gran escala. En este también hay organizaciones criminales que median la compra y la distribución de esta mercancía. No obstante, la Fundación corroboró que las organizaciones criminales en connivencia con el SENIAT (el equivalente a la DIAN colombiana) entran al país camiones cisterna o tractomulas con gasolina y alimentos. Los camiones salen de SENIAT custodiados o vigilados por las redes de corrupción de la policía local y una vez salen del centro urbano son custodiados por la Guardia Nacional (venezolana). Hay varios pagos de ‘vacuna’ que deben hacer los grupos ilegales. Uno directamente a las autoridades venezolanas, que se hace antes de la salida del camión cisterna o en la alcabala, que es el mismo retén en Colombia. Una vez pasa la frontera, pagan a agentes de la Policía Colombiana en los retenes. A veces, pueden hacer entre tres o cuatro pagos. Las mercancías y la gasolina entran por las vías principales de la frontera entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Los productos llegan a las ciudades de Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Cartagena y principalmente a Barraquilla. Los precios de los alimentos, entre otras mercancías, son entre entre 15 % y 20 % más baratos que los productos vendidos en condiciones legales. La leche en polvo, entre otros productos subsiados por el gobierno de Venezuela, entra al país 40 % más barata. Pequeñas tiendas, grandes supermercados y ventas ambulantes se lucran de este mercado ilegal. En Barranquilla los productos de la canasta familiar venezolana se venden en grandes súpermercados. La Fundación Paz y Reconciliación recorrió algunos lugares como el Mercado Público de Miami, el supermercado el Poleo y el supermercado el Titán, donde encontró varios de estos productos de fabricación venezolana, que incluso tienen sus precios en bolívares. En un momento en el que el estado fronterizo venezolano padece desabastecimiento, los grupos ilegales (principalmente los Urabeños) han encontrado una manera de financiarse a través del contrabando de alimentos lo que agrava la situación del país vecino. Este contrabando, además, impacta a los pequeños productores de alimentos colombianos y en últimas el Estado colombiano pierde dinero. Como si fuera poco, la corrupción está devorando la institucionalidad fronteriza colombiana. Finalmente, estas rutas de contrabando de alimentos y gasolina también allanan el camino a otros tráficos de mercancías ilegales como drogas y armas (de los que la Fundación se ha ocupado en otros trabajos) que engruesan las arcas de los delincuentes y, lo que es peor, atentan contra la seguridad de personas que viven a los dos lados de la frontera. Foto: noticias.univisión.com Nota publicada en www.semana.com

Por: El Espectador La campaña electoral ya empezó. ¿Qué lo preocupa? Que vuelven las mismas casas políticas ligadas a la parapolítica, que surgen nuevas casas financiadas con recursos enormes e ilegales, que aparecen unos personajes vinculados a la corrupción administrativa y tienen posibilidades de llegar al poder. ¿En estas elecciones también van a presentar la lista negra? Sí, en julio saldrá. Vamos a hacer una radiografía de los herederos de la parapolítica. A denunciar a quienes vienen a competir electoralmente con el apoyo de las maquinarias ilegales. Y aunque en muchos casos ellos directamente no tienen cuentas pendientes con la justicia ni impedimentos legales, vamos a demostrar que detrás hay intereses ilegales. Vamos a investigar también a gente que no es muy conocida, pero que al parecer está recibiendo dineros ilegales. Y vamos a señalar a los aspirantes que hayan tenido relaciones con la corrupción. Presentaremos también un informe sobre el comportamiento electoral de los 281 municipios con presencia de las Farc. Ya han empezado a surgir denuncias. ¿Qué ha visto? En Antioquia vuelve a competir gente de casas ligadas a la parapolítica. El caso de Luis Pérez es problemático, pues en las elecciones de 2011 lo frenaron las denuncias por sus relaciones, y ahora vuelve por la Gobernación de Antioquia, con una paradoja: lo apoya el Partido Liberal. Está Lilian Rendón, ligada a la casa de Luis Alfredo Ramos, juzgado por parapolítica. También hay un hecho escandaloso con la alianza de Angelino Garzón y Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca. La mafia del Valle la señala como beneficiaria suya. ¿Qué otros casos han identificado? En los departamentos de la Costa hay unos clanes disputándose el poder. En La Guajira está la gente de Kiko Gómez contra los de Redondo; en Magdalena, la tía de los Cote va por la Gobernación; suena un Araújo para la Alcaldía de Valledupar; en Meta y Casanare también hay personajes cuestionables. Y el problema es que allí se condena a uno y surge otro. Mire en el Huila: el hermano de Cielo González está en la disputa también. El panorama es preocupante porque son las regiones más fuertes… Con excepción de Bogotá, en todas las regiones los actores vinculados a las mafias disputan la política. En muchas partes han ganado y han consolidado un poder considerable. Hay gente con muchos cuestionamientos pero mucho poder. Le pongo el ejemplo de Yahir Acuña en Sucre; ahora vamos a ver si se lanza o lo hace su esposa. Parece imbatible. La acumulación de poder de este personaje, que fue aliado de la Gata y del exgobernador Salvador Arana, es mucha. Construyó un poder muy rápido, con mucha habilidad. Tiene partidos, candidatos y mucha financiación. Pero lo peor es que van a ganar… Es que en Colombia todavía no hay una sanción social o política. La gente sigue votando por ellos. Pero cómo no, si las redes económicas de estos personajes son muy grandes. La Gata ponía tantos votos porque tenía miles de empleados del chance. Controlan grandes redes sociales, dándole empleo a la gente. El otro factor es la connivencia de los directores de los partidos. Uno va a donde ellos y les dice que tal o cual es sospechoso, y la respuesta es que no están condenados. Como si el único argumento que le vale a un partido para retirar un aval es que esté condenado. Los partidos debían reservarse el derecho de admisión. Son tan descarados que le dicen a uno: no está condenado, tiene muchos votos y mucha plata. ¿Será que es por falta de controles? En Colombia no hay investigación seria sobre la financiación de las campañas. Cómo será que los candidatos mandan un informe electoral que muestra que ni siquiera reportaron los gastos más conocidos. Uno se aterra de ver gente que gasta miles de millones y reporta cifras irrisorias. Y el Concejo Nacional Electoral, que es el encargado de investigar, es un organismo nombrado por los partidos. Así que representa a los políticos que tiene que vigilar. Allí nunca ha prosperado una investigación, es un tribunal inocuo. ¿Qué costo ha tenido para ustedes hacer estas denuncias? Terminamos viviendo unas confrontaciones públicas muy grandes y con amenazas. Con la última investigación, en la que alertamos sobre Kiko Gómez, terminamos obligados a salir del país Claudia López, Ariel Ávila y yo. Y es curioso, porque alertamos sobre Kiko Gómez antes de que llegara a la Gobernación; sin embargo le dieron el aval y ganó. De los 130 aspirantes cuestionados en 2011, seis gobernadores y 30 alcaldes fueron destituidos o judicializados. Pero, en general, cuando hacemos una investigación recibimos una presión muy grande. A pesar de las denuncias, los partidos los avalan y la gente los elige. ¿Cómo enfrentar eso? Hay muchos caminos. Uno es la reforma de los órganos electorales. Ampliar el espectro de estos delitos, darle unidades especiales a la Fiscalía, a la Unidad de Delitos Financieros. Construir un entramado desde el Estado. Y en la opinión pública crear una masa crítica. Pero también tiene que haber responsabilidad de los partidos. ¿Cómo definiría el panorama electoral? Lo que se ve es que otra vez los candidatos de las mafias van a tener protagonismo en las elecciones. Segundo, que en el tema de paz va a haber una disputa muy dura por las zonas donde en los últimos años se ha vivido el conflicto armado. Y lo tercero es que en este momento el Estado y los partidos no están preparados para enfrentar esta problemática. Por la importancia de estas elecciones para el proceso de paz, ¿cree que va a haber participación electoral de las Farc? Si para las elecciones del año pasado hubo tanto movimiento, respecto a los territorios donde se concentra el conflicto, me imagino que en estas se va a incrementar. Las Farc siempre habían tenido una política de sabotear las elecciones, pero en las pasadas se vio un incremento en las votaciones del 25% en los territorios de su influencia. Lo que indica que el hecho de que las Farc estén en proceso de paz aumentó la votación. También hemos detectado las zonas de disputa por la ilegalidad, que son: la región Pacífica, las fronteras y las zona antioqueña del Bajo Cauca.