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P or: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Tiempo Después de varios desplazamientos de la delegación de paz del Gobierno Nacional a Suárez, Cauca, para negociar condiciones para la creación de una mesa de diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), finalmente este martes 19 de septiembre se conoció la fecha de su instalación. Las delegaciones de paz del Gobierno del Cambio y el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, acordaron instalar formalmente la mesa de diálogos el próximo 8 de octubre en Tibú, región del Catatumbo. El anuncio fue dado a conocer mediante una declaración conjunta divulgada a través de la cuenta en X de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Las partes aprobarán el acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese el fuego bilateral temporal de carácter nacional y territorial, así como los protocolos del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, el plan participativo y el cronograma de actividades. El cese el fuego estará vigente por diez meses, del 8 de octubre de 2023 al 8 de agosto de 2024. Las dos delegaciones se reunieron por segunda vez en la vereda Playa Rica, zona rural de Suárez, departamento del Cauca, entre el 17 y 19 de septiembre, esto con el fin de definir la hoja de ruta de este proceso que busca “poner fin a la confrontación armada y propender por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental”, según menciona el comunicado conjunto. El acuerdo logrado establece que, una vez definidos sus protocolos y mecanismos, estos "tendrán como marco de referencia el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en particular al Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, para preservar la vida, los derechos y las libertades de la población civil, en general, y evitar la afectación humanitaria, en particular, a las comunidades y pueblos étnicos, territoriales, campesinos y demás grupos de especial protección". Johanna Paola Torres Pedraza, coordinadora del proyecto comunitario para la paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), resaltó la elevada relevancia de este proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el EMC. Según Torres, este proceso busca establecer un marco de diálogo con la facción disidente más numerosa del país, que cuenta, al 2023, con aproximadamente 3,480 personas, de las cuales 2,149 están armadas y 1,331 forman parte de las redes de apoyo de este grupo. Además, esta disidencia tiene presencia en 22 departamentos y opera en 166 municipios, lo que subraya la magnitud de su influencia territorial. El cronograma de actividades establece que desde ayer y hasta el 8 de octubre entrante se ajustarán los protocolos que queden pendientes para el inicio del proceso, y los lineamientos generales de la agenda temática, la metodología e itinerancia de la mesa. En la reunión del pasado 2 de septiembre, las partes habían acordado definir ocho misiones humanitarias en igual número de regiones del país en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Putumayo y en el sur de Bolívar. En el comunicado conjunto, las dos delegaciones agradecieron a los países garantes y acompañantes de este proceso: Reino de Noruega, Irlanda, República Bolivariana de Venezuela, Confederación Suiza y Unión Europea. "Saludamos el acompañamiento del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias", dice el documento. Y destaca el acompañamiento de las guardias indígenas, cimarrona y campesina, y de la comunidad de Playa Rica, en Suárez Cauca. La negociación en territorio colombiano también tendría que ver con la carencia de una figura política de ese grupo armado, que se creó desde la firma de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC en 2016. En ese sentido, incluir a un país garante como sede significaría una entrega de poder político frente al Gobierno Nacional. Según han expresado algunos miembros de la delegación de paz del Gobierno, se ha logrado preacordar con las disidencias que mesa no se instalará en un único punto. De hecho, se planea que los diálogos se desarrollen en diferentes territorios de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Bolívar, y se manejarían por ciclos, al igual que ha funcionado en los últimos meses con los miembros del ELN. Johanna Paola Torres enfatizó que la historia nos ha demostrado que el diálogo es el medio para poner fin a los conflictos armados. Por esta razón, subrayó la importancia de perseverar en los procesos de paz, a pesar de sus inevitables altibajos, ya que la paz debe ser nuestro objetivo final para poner fin a la conflictividad. Al mismo tiempo, enfatizó que estos procesos ofrecen la oportunidad de construir y brindar nuevas perspectivas a sectores históricamente marginados. Según Torres, el principal desafío de este proceso de paz radica en la capacidad de reunir a los diversos actores armados para entablar un diálogo que permita alcanzar un cese al fuego multilateral. Esto implica abordar temas clave como las economías ilegales, la distribución de tierras y el medio ambiente, todos ellos factores multifacéticos del conflicto armado actual. Cabe recordar que el Gobierno y el EMC ya tuvieron un cese al fuego que comenzó en enero y que fue roto de forma parcial en mayo (antes de que se cumplieran los seis meses fijados) en cuatro departamentos, después de que las disidencias asesinaran a cuatro menores indígenas a los que habían reclutado. El frente Jaime Martínez del EMC anunció el pasado viernes 15 de septiembre una "suspensión unilateral de acciones ofensivas" en su área de operaciones de cara a la reunión que se celebró en el Cauca. No obstante, el EMC ha estado en las últimas semanas bajo el ojo público por un aumento de las acciones ofensivas en el Cauca, donde una oleada de violencia ha atemorizado a comunidades enteras. Las disidencias atacaron estaciones de Policía en las localidades de Buenos Aires, Suárez, Mondomo y Cajibío desde el fin de semana pasado. Estos ataques dejaron un civil muerto y otro herido en Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Sin embargo, previo a la expedición de la declaración conjunta, alias “Andrey”, vocero del EMC de las disidencias de las FARC que dirige alias “Iván Mordisco”, anunció que como gesto de buena voluntad, en los próximos días serán liberados varios militares que permanecen retenidos por las disidencias. Se trata de los soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez reina, secuestrados el pasado 18 de agosto en zona rural de Cumbitara, Nariño, y Juan David Estrada Suárez, retenido desde el pasado 12 de agosto en zona rural entre Santander, Quilichao y Caloto, norte del Cauca. Además, alias “Andrey” aseguró que el EMC se compromete a respetar las elecciones territoriales del próximo 28 de octubre, aunque advirtió que estarán vigilantes de posibles hechos de corrupción. El proceso de paz en Colombia es un asunto de gran relevancia y complejidad, y esta nueva fase de diálogos representa un paso significativo en el camino hacia la paz y la estabilidad en el país. A pesar de los desafíos y las tensiones que han surgido en torno a estas conversaciones, el compromiso de ambas partes de buscar una solución pacífica a través del diálogo es un rayo de esperanza para una nación que ha sufrido décadas de conflicto armado y violencia. La instalación de la mesa de diálogos en Tibú, una región marcada por la presencia de grupos armados y la lucha por el control territorial, es un recordatorio de la importancia de abordar las raíces del conflicto y trabajar en conjunto para construir una paz duradera y justa. La participación de países garantes y organizaciones internacionales, así como el apoyo de las comunidades locales y los grupos étnicos, son elementos clave en este proceso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Expedida y El País En medio de una profunda crisis de orden público que ha convertido al Cauca en la zona más crítica del país en términos de seguridad, la vicepresidenta, Francia Márquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo Bonilla, han emitido órdenes directas para que la Fuerza Pública tome medidas inmediatas en ese departamento. Esta decisión llega después de dos semanas de violencia ininterrumpida que han estremecido a la región. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, donde un carro bomba detonó a tan solo cinco metros de la estación de Policía, cobrando la vida de tres personas inocentes y dejando a otras dos heridas. Estos lamentables sucesos han movilizado a la comunidad local, que ha decidido alzar su voz en contra de la violencia y exigir seguridad. En respuesta a la ola de violencia que ha afectado a la región, los habitantes de Timba convocaron una movilización hoy lunes 27 de septiembre. Luis Alfredo Bonilla, autoridad étnica territorial del Norte del Cauca, ha compartido su perspectiva sobre esta ola de violencia y ha explicado las razones detrás de la convocatoria de esta marcha, así como las expectativas que tienen del Gobierno para hacer frente a la crisis de orden público que sacude al departamento del Cauca. ¿Por qué están marchando hoy? ¿Cuáles son los objetivos y metas que esperan alcanzar con esta movilización? Nos estamos movilizando de manera contundente y masiva para respaldar las reformas agrarias, laborales, de salud y educación. Creemos firmemente que las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional tendrán un impacto significativo, ya sea positivo o negativo, en la población en general. Nuestro objetivo principal en esta marcha es ser escuchados, que nuestras voces y propuestas sean tenidas en cuenta. Una de nuestras metas primordiales es poder coordinar las acciones que el Gobierno está planeando, pero también integrar las perspectivas y enfoques de las comunidades locales. ¿Cuál es el impacto que sienten ante la escalada de violencia provocada por las disidencias de las FARC en el Cauca? La escalada de violencia provocada por las disidencias de las FARC en el Cauca tiene un impacto abrumadoramente negativo. Estamos presenciando pérdidas de vidas humanas, asesinatos y un creciente sentimiento de inseguridad y temor en la región. Además, los actos terroristas indiscriminados están ocurriendo con mayor frecuencia en diversos territorios, lo cual obstaculiza la construcción de una paz sólida y duradera, o lo que podríamos llamar una "Paz Total". ¿Cuál es su percepción sobre el proceso de paz en curso con las disidencias de las FARC? ¿Tiene confianza en que este proceso pueda llevar a una paz duradera? Mi percepción sobre el proceso de paz en curso es preocupante. Existe la sensación de que podríamos repetir los errores del pasado, ya que no contamos con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos en este proceso. Personalmente, no confío plenamente en que este proceso nos lleve a una paz duradera. La durabilidad de la paz depende en gran medida de que se cumplan los acuerdos y compromisos establecidos. Además, es crucial involucrar y negociar con todos los grupos relevantes, ya que de lo contrario, nos enfrentaremos a un ciclo continuo de violencia al tener que hacer acuerdos por separado con diferentes grupos en diferentes momentos. ¿Cuáles considera que son las demandas más apremiantes y las preocupaciones más urgentes de su comunidad en relación con la situación actual? Nuestra principal preocupación y demanda apremiante como comunidad es que no queremos ser arrastrados a una guerra que no hemos provocado. Necesitamos garantías para nuestras vidas, nuestra supervivencia y nuestro arraigo en nuestros territorios. También es esencial que la población civil no quede atrapada en medio de la violencia, y que se aseguren todas las condiciones necesarias en términos de derechos humanos para que podamos continuar nuestras actividades y ejercer nuestro gobierno propio, especialmente en el caso de las comunidades étnicas. Por último, debemos proteger nuestros bienes como patrimonio cultural en nuestros territorios, tanto a nivel municipal como departamental y territorial. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno frente a estas demandas? En cuanto a la respuesta del Gobierno a nuestras demandas, personalmente, siento que se queda corta. La preocupante situación de violencia en la que nos encontramos no está siendo abordada de manera efectiva, lo que nos llena de inquietud. ¿Cómo podría el Gobierno mejorar su apoyo y respuesta a las necesidades de la comunidad en medio de esta situación de violencia? Para mejorar la respuesta del Gobierno a nuestras necesidades en medio de esta situación de violencia, es crucial que recupere el control y actúe de manera sistemática, teniendo en cuenta los contextos territoriales específicos. La situación de violencia puede mejorar si el Gobierno se vuelve más asertivo y pertinente en su enfoque operativo y técnico en la política nacional.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: Alcaldia de Tibú La tan esperada mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC está a punto de convertirse en una realidad palpable. Según lo anunciado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), esta histórica reunión se llevará a cabo en el municipio de Tibú, Norte de Santander, a partir del próximo 8 de octubre, marcando un hito en el proceso de reconciliación en Colombia. Este logro representa el resultado de un arduo trabajo que se ha estado llevando a cabo desde el año 2022, con el apoyo constante de actores internacionales, incluyendo al Representante en Colombia del secretario general de la ONU, la MAPP-OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias. El municipio de Tibú se ha convertido en el epicentro de este importante evento, que busca poner fin a décadas de conflicto y violencia en el país. A pesar de los recientes incidentes de violencia que han tenido lugar en el departamento del Cauca, protagonizados por disidencias de las FARC, así como los desacuerdos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central, la instalación de la mesa de diálogos se llevará a cabo según lo programado. Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha confirmado la fecha de inicio de esta mesa de diálogo, resaltando que es el resultado de un esfuerzo sostenido y el apoyo de la comunidad internacional. El evento de instalación contará con la presencia de representantes de diversos países que han participado como testigos en los preparativos de esta mesa. Además, el Gobierno Nacional se ha comprometido a garantizar la activa participación de la comunidad del Catatumbo, junto con sus autoridades locales y departamentales. El presidente Gustavo Petro destacó que el respeto hacia la población civil y sus derechos son fundamentales para lograr la paz duradera. También enfatizó la importancia de las transformaciones territoriales como un pilar clave en este proceso de reconciliación. En respuesta a la declaración de Iván Lozada en nombre del Estado Mayor Central FARC-EP, en la que reafirma la decisión de mantener un cese de acciones ofensivas hasta la instalación de la mesa de diálogo de paz, el Gobierno ha expresado su apoyo a esta medida positiva, especialmente en medio de las tensiones armadas en el departamento del Cauca. La implementación del cese al fuego bilateral es uno de los temas más polémicos en la agenda de negociación, dado el reciente aumento de la violencia en la región. La eficacia de este cese al fuego dependerá de la seriedad y la capacidad tanto del Estado Mayor Central como del Gobierno Nacional. Según Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la expectativa con esta mesa de diálogo con el EMC es que se pueda proporcionar garantías para reducir la violencia ejercida por dicho grupo en todo el territorio nacional. Sin embargo, existen incertidumbres acerca de si este proceso conducirá a un cese al fuego con el grupo armado. En cualquier caso, Daza explicó que este paso es importante, ya que se suma a la mesa de negociación existente con el ELN y puede sentar bases iniciales para lograr compromisos más sólidos en busca de la paz por parte del Estado Mayor Central. Francisco Daza mencionó que esto cobra especial relevancia dado que nos encontramos cerca de un periodo electoral, y es crucial que, idealmente, esta mesa de diálogo genere acuerdos para evitar sabotajes a las elecciones y la realización de acciones armadas durante este período electoral. Aunque no podemos predecir el resultado con certeza, como en el caso de todos los procesos de paz, existe un amplio interés y expectativas sobre lo que se pueda acordar con este grupo armado, especialmente teniendo en cuenta la persistente violencia en la región. Francisco Daza señaló que en Cúcuta no se observa una presencia destacada del Estado Mayor Central. En cambio, en esta región, la influencia principal recae en el ELN y grupos delictivos organizados como el Tren de Aragua. No obstante, es esencial lograr un acuerdo en el Catatumbo debido a la presencia del Frente 33 del Estado Mayor de las FARC y del ELN. Se espera que dicho acuerdo se traduzca en una disminución de las acciones armadas por parte del Frente 10 en Catatumbo y también del Frente 10 en Arauca, especialmente en lo que respecta a la región fronteriza. Es relevante mencionar que la mayoría de las acciones de estos grupos no están dirigidas exclusivamente contra la fuerza pública, ya que en la actualidad, en Norte de Santander y Catatumbo, prevalece una especie de tregua tensa entre el Estado Mayor Central y el ELN. En contraste, en Arauca, se han observado recientes conflictos complejos entre estos grupos. Por lo tanto, es importante considerar cómo lo acordado con el Estado Mayor Central puede contribuir a un esfuerzo conjunto para suspender las acciones armadas dirigidas hacia el ELN. La Iglesia Católica en Tibú ha desempeñado un papel crucial como garante en este proceso y ha expresado su respaldo a la reconciliación y al diálogo sincero como medios para alcanzar la paz. Monseñor Israel Bravo, obispo de la diócesis de Tibú, destacó: “Esperamos que los resultados en el territorio sean evidentes, que cesen las extorsiones, el reclutamiento de menores y los actos violentos que a veces azotan la región”. A medida que se acerca la fecha de inicio de las conversaciones de paz en Tibú , la comunidad local se moviliza con determinación . Los habitantes de la región, conscientes de la importancia de este diálogo, han unido esfuerzos en múltiples frentes para embellecer su municipio y mejorar su infraestructura. Este compromiso no solo refleja su apoyo al proceso de paz, sino también su deseo de crear un entorno propicio para las próximas negociaciones. Desde diversos sectores económicos y sociales, la comunidad de Tibú ha colaborado activamente para llevar a cabo una serie de mejoras en el municipio. Calles repavimentadas, plazas recién embellecidas y parques revitalizados son solo algunas de las transformaciones que han tomado lugar. El 07 de octubre, en la víspera del inicio oficial de las conversaciones, Tibú se prepara para una serie de eventos que tendrán lugar en su polideportivo. Estos eventos servirán como preludio a la instalación de la mesa de negociación programada para el 08 de octubre. En esta fecha, La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se unirá a este espacio con el propósito de documentar y recopilar las voces de los protagonistas que se han identificado como parte de la sociedad civil, la cual desempeñará un papel fundamental en la inauguración de la mesa. Pares busca capturar las perspectivas tanto de la delegación del Gobierno, como de los delegados del Estado Mayor Central durante la instalación de esta mesa. La intención es realizar un seguimiento exhaustivo de las expectativas en torno a esta instalación de la mesa, cubriendo no solo el acto de instalación en sí, sino también los puntos que se acuerden. Además, se desea registrar las reacciones tanto del Gobierno como del Estado Mayor Central y la población civil que estará acompañando la mesa después de su establecimiento. También, el objetivo es presentar lo que se haya acordado y lo que no, y a partir de ahí, realizar análisis para anticipar lo que podría suceder en función de lo que se acuerde en la mesa de negociación.

Por: Paola Andrea Marín Molano, Investigadora Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Fotografías: Sergio Saavedra El pasado 08 de octubre en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se dio inicio al evento de instalación de la Mesa de Negociación entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. Que, aunque no culminó en la instalación oficial de la Mesa de Negociación ni en el inicio del cese al fuego, representó un paso significativo en el proceso de Paz Total en Colombia, ya que permitió realizar ajustes programáticos y extender por 8 días más la fase de alistamiento que tiene como objetivo poner en marcha todos los mecanismos necesarios para el CFBTNT (Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional y Territorial), con un énfasis particular en la protección de la población civil. Expectativa y entusiasmo La noticia de la instalación de la Mesa de Negociación en Tibú fue recibida con gran entusiasmo por las organizaciones sociales y la sociedad en general. Este entusiasmo se manifestó a través del despliegue organizativo y logístico que brindó la Mesa de Interlocución y Desarrollo al Acuerdo de Paz, una coalición conformada por casi 20 organizaciones del departamento de Norte de Santander. Esta fue la encargada de la instalación de una carpa con capacidad para albergar a 3.000 asistentes, lo que subraya la relevancia y la expectativa que rodeaban a este evento. Además, numerosas organizaciones de la sociedad civil se hicieron presentes en Tibú para expresar sus demandas y propuestas en relación con la instalación de la Mesa de Negociación. Portando pancartas y consignas de paz, y dejando en claro su compromiso con la construcción de un proceso de paz sólido y duradero en Colombia. La seguridad del evento estuvo a cargo de varias entidades, entre ellas la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, la Guardia Campesina del Guaviare, la Guardia Indígena de la Comunidad Motilón Barí y la Fuerza Pública. Estos grupos colaboraron para garantizar que el evento se llevara a cabo en un entorno seguro y en paz, a pesar de los desafíos y tensiones que surgieron a lo largo de la jornada. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial y el compromiso de las organizaciones sociales, la jornada no estuvo exenta de obstáculos y tensiones. Uno de los principales contratiempos fue el retraso en la instalación del evento, que generó inquietud y desconcierto entre los asistentes. ¿Cómo transcurrió la jornada? Al iniciar la jornada, la delegación del Gobierno Nacional parecía tener reservas sobre la duración y el alcance del cese al fuego. Este cambio de opinión sería el resultado del llamado del presidente Gustavo Petro a respaldar las acciones de recuperación territorial desarrolladas por el ministro de Defensa Iván Velázquez en el Cañón de Micay, a través de la Operación “Trueno”, después del atentado ocurrido en Timba, Cauca, ejecutado por el Bloque Occidental del EMC-FARC-EP, un día después del anuncio de la instalación de Mesa de Negociación. Un momento crítico en la jornada se produjo cuando el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Camilo González Posso, se levantó de la mesa de negociación, aparentemente debido a las diferencias surgidas durante las discusiones iniciales. Posteriormente, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se vio rodeado por la comunidad presente en el evento, que le exigió que no abandonara el espacio y que continuara el diálogo como muestra de compromiso y respeto hacia las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, a medida que avanzaba la jornada, las tensiones se fueron disipando y ambas partes llegaron a un consenso. Se acordó que la expedición del decreto definitivo del cese al fuego se llevaría a cabo el 16 de octubre, estableciendo una duración de 3 meses. Según la declaración conjunta de las dos delegaciones, la fase de alistamiento, previa a la instalación, debía prolongarse un poco más, con el fin de "poner en marcha todos los mecanismos para el CFBTNT (Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional y Territorial)”, poniendo un énfasis especial en la protección de la población civil. Declaración conjunta entre la delegación del Gobierno Nacional y el Estado Mayor Centra de las FARC-EP Pares estuvo en la instalación de la Mesa Fotografías: Sergio Saavedra La negociación continúa A pesar de los tropiezos y las tensiones iniciales, es importante destacar que la negociación continúa. Aunque la Mesa de Negociación no se instaló como se había planeado originalmente, el ajuste programático en la agenda permitió fijar una fecha concreta para el inicio del cese al fuego bilateral el 16 de octubre, cuando se emitirá el decreto definitivo de cese. El ajuste también incluyó el compromiso de ambas delegaciones de suspender las acciones ofensivas hasta que se emita dicho decreto. Dicho compromiso estaría blindado por el Decreto 1640 de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional, expedido el 09 de octubre de 2023, por medio del cual “se ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía en contra de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP”. El decreto, firmado por el ministro de Defensa Iván Velázquez, ordena la suspensión de operaciones militares y policiales ofensivas, a partir del 10 de octubre de 2023, hasta las 24:00 Horas del 16 de octubre de 2023, fecha en la cual se iniciaría la Mesa de Negociación. De igual forma, durante la vigencia de este decreto se conformará un equipo especial de contingencias con el fin de hacer monitoreo a la suspensión de las operaciones militares y policiales ofensivas, para prevenir incidentes entre las partes. El equipo contaría un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un representante de la Policía Nacional, un representante de las Fuerzas Militares, un representante de la delegación del Gobierno Nacional y un representante de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC-EP. También se invitará a participar a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), la conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias. Impacto en las Elecciones Regionales La confirmación de la instalación de la Mesa de Negociación crea un ambiente propicio para que las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre transcurran en un clima de tranquilidad y sin la intervención del Estado Mayor Central de las FARC. Esto proporciona garantías esenciales para la realización de un ejercicio democrático y participativo en el que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias políticas de manera libre y segura, especialmente en regiones que históricamente han presentado problemas de orden público y pocas garantías de seguridad para el desarrollo de las elecciones. Mecanismos de seguimiento y monitoreo Este proceso representa una oportunidad crucial para que los equipos negociadores de ambas partes consoliden mecanismos de seguimiento y monitoreo a corto plazo. Estos mecanismos son fundamentales para garantizar la protección de los acuerdos alcanzados y, sobre todo, para asegurar que durante el cese de hostilidades no se produzcan más afectaciones ni victimizaciones a la población civil. Por ahora es fundamental que se tracen límites claros frente a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, lo cual permitiría garantizar la protección de la población civil, prevenir abusos y establecer un marco legal sólido para la resolución del conflicto. Además de ser muestra de compromiso compartido con el respeto a las normas humanitarias y la protección de las comunidades. Finalmente, se espera que estas medidas de alistamiento, que al día de hoy parecen darle más solidez a la mesa de negociación, realmente puedan generar un clima de confianza entre las delegaciones, pero especialmente entre la sociedad civil que, en medio de los tropiezos, espera que la Mesa de Negociación no solo se instale, sino que llegue a una salida negociada y definitiva al conflicto.

Por: Mauricio Valencia, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: Telesur y Radio Nacional de Colombia En las últimas semanas el Sur de Bolívar se ha configurado como epicentro de confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN, quienes se disputan el control territorial sobre la zona. Estos enfrentamientos han derivado en un recrudecimiento de la situación humanitaria en el municipio de Santa Rosa del Sur, el cual se ha extendido hasta los municipios de Cantagallo, Simití, San Pablo, Morales y Arenal, provocando el confinamiento de cerca de 130 familias y más de 300 personas. La defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 034 de 2023, emitida el pasado mes de septiembre, ya había advertido sobre el riesgo inminente de estas afectaciones contra la población civil de estos territorios. Luego de la firma del Acuerdo de Paz y el vacío de poder que dejaron las extintas FARC-EP en esta subregión se produjo una reconfiguración en la presencia de actores armados que operan allí. La incursión progresiva de estructuras criminales como el Clan del Golfo en el sur de Bolívar desde el año 2020 ha desafiado el dominio territorial de otros grupos armados que han hecho presencia históricamente allí como el ELN a través del Frente de Guerra Darío Ramírez, e incluso de estructuras como los Frentes 4, 24 y 37 de las disidencias de las antiguas FARC. Cabe decir que, si bien en los últimos años la estructura del Frente 37 se había estimado como parte de la Segunda Marquetalia, la alerta temprana 034 de 2023 advierte un presunto accionar de esta estructura bajo la línea del extinto Gentil Duarte del Estado Mayor Central (EMC), ahora al mando de Iván Mordisco. A esto se suma el apoyo logístico y militar que se encuentra prestando la estructura del frente 33 del EMC, que opera en Catatumbo, Norte de Santander, a estas estructuras de los Frentes 4, 24 y 37 en el sur de Bolívar. La coexistencia de estos tres grupos ha estado marcada por acuerdos y alianzas que se han ido redefiniendo de acuerdo a los intereses específicos que demanda la coyuntura. En su momento el ELN y el Clan del Golfo mantenían un pacto territorial que se extendía desde el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño hasta el Sur de Bolívar, no obstante, este se rompió en 2021, derivando en confrontaciones entre ambos hasta el día de hoy. Según la Defensoría del Pueblo, en la actualidad se ha logrado constatar una anuencia entre el ELN y el Frente 37 presuntamente del EMC, operando en conjunto no solo para mitigar la consolidación del Clan del Golfo en el Sur de Bolívar, sino para repartirse los réditos de las economías ilícitas que hoy hay en el territorio. Parte de la actual confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN en alianza con el EMC radica en la disputa por las rentas proveniente de la minería artesanal. El sur de Bolívar es una subregión cuya principal vocación productiva se encuentra asociada a la minería artesanal, de la cual dependen la mayoría de familias. En este sentido, para los grupos armados resulta de gran importancia hacerse con el dominio sobre los territorios mineros, pues el control de esta actividad y sus rentas es un mecanismo de control poblacional y de gobernanza criminal que les permite instrumentalizar a la población, similar al control que ejerce el Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño. El último informe de la UNODC sobre monitoreo de cultivos ilícitos en el país en 2022 evidencia una alta concentración de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) especialmente entre Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo. Sin embargo, la minería artesanal no es el único botín que se disputa el Clan del Golfo con el ELN y el EMC, la gran presencia de cultivos de coca en el Sur de Bolívar también se ha constituido en un factor que ha contribuido al recrudecimiento de la violencia. Aunque el departamento de Bolívar registra una reducción de los cultivos de hoja de coca en un 4% respecto al 2021, según el informe de la UNODC la región “Central – Sur de Bolívar” sigue produciendo anualmente un promedio de 263.00 toneladas métricas (tm) de hoja de coca , siendo la cuarta región en el país con mayor producción. De las 10.358 hectáreas sembradas en el departamento de Bolívar durante el 2022 el 81,62% se concentra en cuatro departamentos: San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, y Cantagallo. Precisamente en esta zona se ha configurado uno de los 15 grandes enclaves de producción de coca en el país “San Pablo – Taracué” y es donde se han concentrado los enfrentamientos de los últimos días entre las estructuras armadas que hacen presencia en el territorio. Gráfico No.1 Hectáreas sembradas por municipio en Bolívar (2022- 2023) Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: SIMCI/UNODC Así mismo, la posición estratégica del sur de Bolívar es vital para estructuras armadas como el Clan del Golfo, quienes vienen consolidándose allí dado que representa un corredor estratégico que conecta el occidente y el oriente del país hacía el caribe, posibilitando su tránsito desde Antioquia y sur de Bolívar hacia la región del Magdalena Medio, Santanderes y parte del Cesar, donde ya vienen reforzando su presencia. Pares ha logrado identificar cómo durante el último año el Clan del Golfo viene ampliando su control territorial, especialmente en la subregión de los Montes de María, donde tiene una presencia hegemónica y en el Magdalena Medio, especialmente en Santander, donde vienen ejerciendo una fuerte labor de represión contra los liderazgos ambientales que se oponen a los proyectos extractivistas de empresas transnacionales en la zona. En los últimos meses el Clan del Golfo ha procurado mantenerse al margen de la exposición pública, en tanto viene adelantando un control poblacional en ciertas zonas del país como en los Montes de María . Esto mediante acciones armadas de baja escala como asesinatos y desplazamientos selectivos para evitar el asedio de la fuerza pública y de la institucionalidad, de manera tal que puedan seguir expandiéndose de manera silenciosa. No obstante, los últimos hechos ocurridos en el sur de Bolívar e incluso los recientes enfrentamientos del Clan del Golfo con la Fuerza Pública en Tierralta, Córdoba , ponen de manifiesto la necesidad seguir acentuando la mirada sobre esta estructura criminal, cuando los reflectores hoy se posan sobre otros actores como el ELN y el EMC en el marco de los diálogos con el Gobierno Nacional. Lejos del cese de la violencia, hoy el sur de Bolívar parece avocada a una realidad en la que acechan los fusiles y el sonido de las balas resuena.

Por: Paola Andrea Marín, Investigadora Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: El Colombiano, El País y Zona Cero Las últimas semanas han sido las más críticas en los procesos de negociación que adelanta el Gobierno Nacional con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) en el marco del proceso de Paz Total en Colombia. Sin lugar a duda, son varios los riesgos a los que se pueden enfrentar las mesas de diálogos cuando se negocia en medio del conflicto, pero tras varios meses de negociación con el ELN y la reciente instalación de la mesa con el EMC, es necesario que los equipos delegados tracen aquellos puntos gruesos que pueden poner en riesgo la política de Paz Total. Al secuestro de Manuel Díaz, el padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, perpetuado el 28 de octubre por el ELN, se suma el anuncio de la suspensión de la Mesa de Negociación con el EMC-FARC-EP, lo cual deja serios cuestionamientos y pone en tela de juicio las confianzas entre las delegaciones. Secuestro del ELN en el ojo de la sociedad colombiana El ELN puso el dedo en la llaga, abriendo el debate alrededor de uno de los hechos victimizantes más repudiados por la sociedad colombiana. Con el secuestro del padre de Luis Díaz dio un duro golpe a los avances de la mesa de negociación que había adelantado bastante durante los últimos meses, con espacios de diálogo amplios con diversos sectores de la sociedad civil, de cara a la construcción de mecanismos de participación. En su momento el ELN y el Gobierno Nacional discutieron sobre los métodos de financiación e incluso evaluaron la posibilidad de crear un fondo internacional para solventar la negociación para que el ELN dejara de secuestrar y extorsionar. Sin embargo, es claro que, aunque en el punto 1 del Protocolo de Acciones Específicas para el Cese al Fuego entre el Gobierno Nacional y el ELN, menciona “No realizar las acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en particular las contenidas en el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra”, aún no se ha puesto sobre la lupa el qué hacer con delitos como el secuestro o el reclutamiento. Frente a ello, no es claro si el secuestro del señor Manuel Díaz obedece a una ruptura entre las filas de ELN, dados las recientes declaraciones del comandante militar, Antonio García, quien reconoció a través de su canal privado de Telegram que este hecho sería un error, además de orientar su inmediata liberación. O si es uno de los medios que el ELN utiliza para presionar el avance en la Mesa de Negociación. Con la liberación del señor Manuel Diaz el 09 de noviembre, después de 12 días de secuestro, si bien hay una sensación de felicidad por su regreso a su hogar y comunidad, persisten interrogantes que tienen que ver con los mecanismos y las estrategias que garantizarían la liberación de las demás personas que aún siguen privadas de su libertad. El Alto Comisionado para la Paz, a través de su cuenta de X, publicó que las líneas serían claras y lo que seguiría en el marco del proceso de diálogo estaría relacionado, en primer lugar, con garantizar la libertad para todos los secuestrados, la proscripción de la práctica del secuestro por parte del ELN y la discusión sobre medios de financiación. espacio para que el ELN defina su posición frente a esta práctica y se decida por la abolición del secuestro como medio de financiación. Esto podría representar un gesto clave de voluntad de paz y seguramente fortalecería la confianza tanto de la sociedad civil que reclama que sean liberadas todas las personas que aún siguen secuestradas, como de organizaciones internacionales que tengan la intención de financiar el proceso de negociación. EMC anuncia suspensión de mesa de negociación El 05 de noviembre el Estado Mayor Central publicó a través de su cuenta de X la suspensión y el posible rompimiento definitivo de la Mesa de Negociación con el Gobierno Nacional. De acuerdo con el comunicado, debido a los constantes incumplimientos de los acuerdos y los protocolos concertados entre ambas partes, se hace difícil continuar con la negociación. Resaltando el incremento de pie de fuerza y el no retiro de militares de algunas zonas concertadas. Sin lugar a duda el ojo del huracán se sigue ubicando en el Cañón del Micay, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, en el cual se presenta una pugna por control territorial, dado que concentra aproximadamente el 75 % de cultivos de coca del departamento del Cauca, además de ser un paso estratégico entre el sur y el centro del Cauca, con la Costa Pacífica Caucana. En él se han presentado diversas acciones que van desde la avanzada de las Fuerzas Militares con la Operación Trueno; pasando por los retrasos y los impedimentos para hacer llegar el material electoral en las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre y la confusa invitación al acto de apertura a dichas elecciones; hasta el más reciente hecho ocurrido el 05 de noviembre, cuando miembros del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas fueron cercados por la comunidad, quienes les impidieron seguir con sus labores de seguridad en la zona. Con relación a este último hecho, es importante mencionar que varias organizaciones e instituciones gubernamentales en la zona han denunciado constantes vulneraciones de derechos humanos que incluyen desplazamientos, reclutamientos, confinamientos y otras afectaciones a la población civil de esta comunidad. En el comunicado se expresa que únicamente se podrán reanudar las conversaciones si el Gobierno expide un documento donde se compromete con el cumplimiento de los acuerdos, decretos, protocolos y compromisos que se adopten al interior de la Mesa de Diálogo. De igual forma, el Gobierno tendría que abstenerse de presentar dentro de la mesa documentos que no sean discutidos y aprobados por las partes. El EMC aseguró que, a pesar de la suspensión, no se rompería la tregua y se seguiría respetando el cese. Por ahora, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, hizo una contextualización sobre la situación en el Cañón de Micay, haciendo un llamado sobre la necesidad de avanzar en el punto de sustitución de economías ilícitas y de crear estrategias que den fin de hostilidades a la población civil, dejando claro que “no es posible no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua”. Luces y sombras para avanzar en la construcción de Paz Total Finalmente, en medio de la crisis de las mesas de diálogos, es claro que el Gobierno Nacional tendrá que redefinir su estrategia de negociación, teniendo en cuenta la naturaleza de las dos negociaciones y las complejidades de estas en cada territorio en el cual hacen presencia cada uno de los actores. Son varios los avances que han dejado estos meses de negociación simultánea en materia de construcción de paz y estos puntos críticos se presentan como una oportunidad de pulir los puntos flojos de los diálogos. Frente a ello, en el trigésimo quinto informe del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia , se presentan los hallazgos obtenidos entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023, basados en 1.128 misiones en terreno en 22 departamentos del país. El informe destaca los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y las primeras resoluciones de la JEP. También resalta los esfuerzos del Gobierno en la protección de líderes sociales, la implementación de la Reforma Rural Integral y la creación del Sector Paz. Además, reconoce la urgencia de ajustar la política de lucha contra las drogas y de avanzar en una estrategia de seguridad integral en los territorios, resaltando la disminución de eventos de desplazamiento, en comparación con el año anterior. “Las estadísticas oficiales reportaron una disminución del 58% en los eventos de desplazamiento forzado masivo y del 3% en los homicidios durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado” (p.5). De igual forma, el informe alerta sobre la persistencia del accionar de los Grupos Armados Ilegales (GAI) que genera afectaciones a la población como confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzado, violencia sexual y control social. Esto afecta la seguridad y los derechos humanos de la población civil, especialmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle del Cauca. El documento, también señala que los procesos de negociación, a pesar de sus avances, se enfrentan a desafíos como la falta de confianza, la fragmentación de los grupos, la presencia de disidencias y reincidentes, la persistencia de las economías ilícitas, la estigmatización de los excombatientes y la debilidad institucional. De las 15 recomendaciones realizadas en el informe, siete de ellas estarían dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, a cargo de Danilo Rueda, quien además el 07 de noviembre fue citado a Control Político en el Senado. El documento puntualmente sugiere identificar áreas contaminadas por minas antipersonales, municiones sin explotar y trampas explosivas, además de garantizar la seguridad de las organizaciones de desminado humanitario; avanzar en la construcción de una ruta especial para la atención y protección de Niños, Niñas y Adolescentes involucrados en el conflicto armado con el objetivo de restablecer sus derechos y facilitar su reincorporación o reintegración; definir una estrategia que permita la inclusión y el respeto de las formas naturales y autónomas de organización de las comunidades, así como de sectores que podrían no estar representados en los procesos de participación derivados de la Paz Total; e incorporar en los ceses la definición concreta de los actos prohibidos contra la población civil y las garantías para el ingreso de la institucionalidad encargada de la atención humanitaria y de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista   En el transcurso del año 2023, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) desplegó una serie de informes y acciones encaminadas a promover los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela. Bajo el liderazgo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en alianza con destacadas organizaciones como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú y Provea en Venezuela, Odevida consolidó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales en la región andina. En este marco, destacaron cinco acciones significativas llevadas a cabo por el Observatorio.  La primera de estas acciones fue la publicación, el 08 de marzo, de informes específicos para cada país en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. En el caso de Venezuela, el informe titulado “ Venezuela: mujeres y lideresas sociales y políticas, víctimas de violencia y represión ”   visibilizó la situación de violencia que afecta a las mujeres en el contexto de la crisis venezolana. Odevida acompañó a organizaciones que evidenciaron las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por defensoras en un contexto de represión estatal.  En Venezuela, según la ONG Foro Penal, entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron catalogadas como presas políticas, con un alarmante 33% de ellas reportando haber sido sometidas a torturas. Odevida recomendó acciones concretas, como la eliminación de disposiciones discriminatorias en los códigos civil y penal venezolanos, respaldando la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género.  En Colombia, el informe “ Resistir en la adversidad – Balance de violencia contra mujeres lideresas en Colombia ” reveló que desde 2019 hasta marzo de 2023, 104 mujeres lideresas fueron asesinadas. La región suroccidental del país concentró el 71% de estos casos en 2022, especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. El informe resaltó la persistencia de la violencia contra lideresas, particularmente en contextos de riesgo y presencia de grupos armados.  En Perú, el informe “ Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género ” denunció las discriminaciones sufridas por las mujeres durante las protestas que se presentaron a inicios de esos años. La respuesta de las autoridades, cargada de estereotipos de género, evidenció una cultura patriarcal que perpetúa la violencia diferenciada contra las mujeres en situaciones de manifestación.  Otra acción destacada de Odevida fue el lanzamiento del informe “ Silenciando la esperanza - Situación de violencia letal contra líderes sociales en Colombia 2022-23 ”, publicado en agosto. Este escrito analizó la tendencia al alza en los asesinatos de líderes sociales y la conflictividad en diferentes territorios colombianos, instando a la adopción de medidas para salvaguardar sus vidas.  Otros informes relevantes durante el año 2023 abordaron temas como la “ Situación de las personas defensoras de derechos humanos laborales en Venezuela 2022 ” , en el que se planteó dar continuidad al estudio de la situación de las personas defensoras de derechos humanos laborales en dicho país. En este informe se mencionó que siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados.     Otro informe relevante en ese año fue la “ Situación de las mujeres y el medio ambiente en Venezuela 2022 ,”  publicado el 27 de septiembre. Este documento, elaborado en colaboración entre Clima 21 y Mulier Venezuela, se presentó en el contexto de la revisión del Noveno Informe Periódico del Estado Venezolano (CEDAW/C/VEN/9) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  Dicho informe destacó el resumen de los efectos del deterioro ambiental sobre los derechos humanos de las mujeres venezolanas. Es relevante señalar que, a pesar de haber sido enviado a la CEDAW luego de las fechas inicialmente previstas para recibir contribuciones de organizaciones venezolanas, se consideró como un valioso complemento de apoyo adicional a la evaluación llevada a cabo en dicho evento.  Otro informe significativo para 2023 fue “ Violencia contra personas líderes y defensoras de DD. HH. en Colombia, Venezuela y Perú – 2023 ”.  Este documento proporcionó una visión detallada de los desafíos específicos que enfrentan las personas líderes y defensoras de derechos humanos en medio de contextos locales en estos tres países.  Asimismo, el informe “ Perú: de la crisis política a la represión y violencia contra la defensa de los DD. HH. ”  destacó los desafíos particulares que confrontan las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Perú. Este análisis se desarrolló en el marco de un entorno continuamente adverso para el ejercicio de sus funciones. La presentación de estos escenarios tuvo como objetivo llamar la atención del gobierno peruano y de la comunidad internacional, instando a la pronta implementación de soluciones destinadas a proteger tanto la vida de estas personas como las agendas que promueven.  Finalmente, el 27 de noviembre de este año, se publicó el informe “ Colombia y las paradojas de la Paz Total ”.  Este informe delineó los desafíos particulares enfrentados por las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia durante 2023, en un contexto que continuó siendo adverso para el ejercicio de sus funciones. La visibilización de estos escenarios tuvo como objetivo llamar la atención del gobierno nacional y de la comunidad internacional, instando a la pronta implementación de soluciones destinadas a salvaguardar tanto la vida de estas personas como las agendas que respaldan.  Otras de las acciones cruciales de Odevida consistió en la articulación con organizaciones venezolanas desde Colombia, con el propósito de visibilizar el papel crucial de lideresas indígenas en la defensa de sus territorios ante proyectos extractivistas. Este esfuerzo se tradujo en la producción de cuatro piezas audiovisuales que resaltaron el empoderamiento de lideresas indígenas en Venezuela.  Odevida tiene previsto fortalecer sus lazos con países andinos en el próximo año, centrando su atención en la construcción de una agenda regional por la defensa de los derechos humanos, con énfasis en aspectos ambientales y étnicos. En ese sentido, se proyecta el lanzamiento de un informe especial sobre las dinámicas de violencia en la Amazonía, destacando el impacto de la presencia de grupos armados en la defensa de los derechos humanos en esos territorios.

Por: Paola Andrea Marín, Investigadora Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Foto tomada de: Semana El pasado 14 de enero, fue publicado el Decreto de prórroga del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central EMC, el cual iniciaría a las 00:00 horas del 16 de enero de 2024 hasta las 24:00 horas del 15 de julio de 2024. A pesar de que la prórroga del cese al fuego marca un inicio esperanzador para este año, son varios los retos que afronta la Mesa de Negociación en el 2024. Tras varios tropiezos que llevaron a la Mesa de negociación a un estado crítico, la primera semana de diciembre 2023, se anuncio la designación de Oscar Ojeda, alias “Leopoldo Durán”, como nuevo jefe negociador del EMC. Leopoldo Duran, quien remplazo a Andrey Avendaño, es un hombre mayor, quien estuvo varios años en las antiguas FARC-EP, principalmente en el departamento del Meta, en el Bloque Jorge Briceño. La designación de Duran, inicialmente habría supuesto un reto, debido a las declaraciones realizadas en Caracol Radio [1] , en las cuales el jefe negociador menciono que no tiene la confianza suficiente en el gobierno debido a los impases ocurridos en la comisión de dialogo, que tendrían que ver con la situación de crisis en El Plateado.  Sin embargo, uno de los primeros alivios, fue anunciado por el jefe negociador, señalando el compromiso del EMC frente a la suspensión del Secuestro con fines económicos. Este anuncio, seria crucial en el avance de la mesa de negociación y de la Paz Total, pues tal como se publico en el informe Secuestro: desafío de la paz total [2] , aunque el 60 % de los casos de secuestro registrados entre agosto del 2022 y octubre del 2023, no se conoce el presunto responsable, el 11% correspondería a casos del EMC. Finalización tercer ciclo de diálogos. Finalizado el tercer ciclo de diálogos entre el EMC y el Gobierno Nacional, uno de los mayores logros de estas jornadas, tiene que ver con la prórroga de cese al fuego, firmada por el presidente Gustavo Petro. Con esta prolongación, la comisión en un comunicado conjunto afirma la posibilidad de avanzar en la construcción de una agenda que esboza temas relacionados con las llamadas transformaciones territoriales y la construcción de una ruta para la participación de la sociedad civil. Con relación al tema de participación, la Comisión de Dialogo se compromete en avanzar en la construcción de un Acuerdo Especial para la Participación y Decisiones, junto a un Protocolo de Participación, que vincule y desarrolle iniciativas de dialogo social con varias instancias de la sociedad civil, como autoridades étnicas, organizaciones sociales, servidores públicos, entre otros. Frente a este eje, es importante cuestionar si se realizará una nueva instancia de partición, a la par del Comité Nacional de Participación, creado en el marco de la negociación con el ELN. O si se piensa consolidar una estrategia en la cual dialoguen las dos mesas, pues ya en varias ocasiones, organizaciones de la sociedad civil, han reiterado la necesidad de crear espacios de interlocución entre ambas mesas, especialmente en zonas donde hay presencia de los dos actores. Transformación Territorial. En el marco de las transformaciones territoriales, la Mesa de Diálogos de Paz, ha decidido priorizar áreas donde hace presencia el EMC, como los departamentos del Cuaca, Arauca, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Guaviare. Donde se espera avanzar en la realización de acciones de recuperación de la Cuenca del Río Catatumbo, la concertación de planes sociales para en Norte de Santander, y la concertación de planes socioambientales en regiones del Caquetá. Con el fin de realizar seguimiento y monitoreo a esta propuesta, las partes tendrán que conformar una comisión de evaluación que verifique el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la Inspección de los Pozos, del San Vicente del Caguán, así como los demás acuerdos realizados con el campesinado de Altamira, Villavicencio, La Mona, entre otros. Compromiso socioambiental. La Mesa de Diálogos de Paz reitera la importancia de abarcar una agenda socioambiental que reduzca las afectaciones ambientales, especialmente en la Amazonía. Menciona: “En la Agenda se dará especial atención a los problemas socioambientales de la Amazonia - en sus diferentes dimensiones y conectividades- así como de las demás áreas protegidas del país, reconociendo y fortaleciendo las iniciativas de conservación, recuperación, desarrollo sostenible integral y garantías para sus pueblos, comunidades y economías propias.” Frente a este punto, es importante resaltar que, aunque para el año 2023, el EMC tenia presencia en 166 municipios. Unos de los territorios de mayor influencia son los departamentos del Meta, Putumayo, el Guaviare y el Caquetá, ubicados en el arco de la deforestación Amazónica. Donde el EMC, tienen un fuerte control de las practicas de tala. Según el avance de cifras presentado por la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad [3] , de Alertas Tempranas de Deforestación que son publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023, se presentó una disminución del 70 por ciento, en relación con el mismo periodo del año 2022. Para el 2023 se registraron 17.909 alertas tempranas de hectáreas deforestadas, en comparación 59.345 hectáreas deforestadas en el 2022. Aunque aún no se tiene claridad, sobre las medidas y las acciones que se emplearan en este eje, se espera que en los próximos meses se trace una agenda que dialogue con las comunidades, que aporte a la reducción de los niveles de deforestación y que consolide procesos de protección ambiental, cruciales para estos territorios.   Otras apuestas de la Mesa de Negociación. Sin lugar a duda, uno de los grandes retos para el 2024, será avanzar y dar cumplimiento a la gran amalgama temas propuestas en la Mesa de Diálogos, los cuales incluyen “Tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto armado y social, economías hoy consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo”. De igual forma, la Mesa de Diálogos de Paz, ha incorporado en la agenda el compromiso de protección a la población civil, en la cual se discutirán los derechos de las victimas en el marco del DIH, y lo que se refiere a la vulneración de derechos humanos a causa del Conflicto armado.  Dentro de ello, se espera generar espacios de diálogos en los cuales se tengan presente a organizaciones sociales, firmantes de los Acuerdos de Paz, Comunidades y pueblos étnicos, campesinos, población de protección especial, población en situación de confinamiento y desplazamiento, entre otros. En desarrollo de los objetivos del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial CFNTN, por su parte el EMC, ratifica su compromiso de la suspensión de retenciones con fines económicos, a pesar de la reciente retención a trabajadores de Ara, ocurrida el martes 16 de enero, en el sector Brisas de Tarra, en la vía que de Cúcuta comunica a Ocaña (Norte de Santander). Aunque no hay declaraciones al respecto por parte de la Mesa de Dialogo. La policía de Norte de Santander informó que se entablo comunicación con la Unidad de Policía para la Edición de la Paz, para la activación del Mecanismo de Veeduría, Monitorio y Verificación (MVMV) con el objetivo de verificar si la acción constituye una violación o no al acuerdo bilateral. Finalmente, se ratifica el compromiso de desarrollar acciones de carácter humanitario, relacionado con el retorno de civiles y/o combatientes, la realización de corredores humanitarios y el acatamiento del DIH, en cuanto a la vinculación de integrantes a sus estructuras- reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado- tema, que, aunque no se menciona explícitamente, sigue en la línea gris del acuerdo.   [1] https://caracol.com.co/2023/12/03/gobierno-no-da-confianza-para-dialogos-nuevo-vocero-de-disidencias-de-las-farc/ [2] https://www.pares.com.co/post/secuestro-desaf%C3%ADo-de-la-paz-total [3]   https://www.minambiente.gov.co/ministra-de-ambiente-revela-informe-de-alertas-tempranas-que-muestran-reduccion-del-70-de-la-deforestacion/#:~:text=Durante%20enero%20a%20septiembre%20de,multiplicar%20el%20pago%20por%20esto .

Por: Katerin Erazo, Periodista Este lunes 22 de enero de 2024 marcó el inicio del sexto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana, Cuba. En el corazón de estas conversaciones se encuentran dos temas fundamentales: la extensión del cese al fuego y el cumplimiento de los compromisos relacionados con la abolición del secuestro. Antes de la reanudación de la mesa de diálogo , el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación de paz del Gobierno, expresó sus expectativas para esta fase crucial. “Las expectativas que tenemos es avanzar en este proceso de paz. En el quinto ciclo logramos resultados precisos y concretos, ahora hay que renovar en el alto al fuego y hacer que su prórroga implique un cumplimiento de compromisos muy serios frente a suspender el secuestro y avanzar en la participación social y ciudadana. En fin, es un ciclo que esperamos sea muy exitoso”, señaló el senador. Ambas delegaciones se encuentran en La Habana, Cuba, para abordar los dos temas cruciales para el futuro de este proceso: la prolongación del cese del fuego y los compromisos relacionados con el abandono del secuestro. Ambos aspectos tienen como fecha límite el 30 de enero, ya que el acuerdo del cese del fuego, establecido en junio del año pasado, especificó que esta medida estaría vigente por 180 días a partir del 3 de agosto de 2023. El plazo está a punto de cumplirse el próximo 29 de enero, y José Félix Lafaurie, miembro de la delegación del Gobierno, subrayó en una reciente entrevista con EL TIEMPO que una de las prioridades de este ciclo será establecer el protocolo del cese y su extensión. Este tema se vincula directamente con el acuerdo alcanzado por ambas delegaciones a mediados de diciembre del año pasado. Cabe señalar que Lafaurie subrayó la prohibición de más secuestros a partir del 30 de enero y la liberación gradual de los secuestrados por parte del ELN. Advirtió que la falta de cumplimiento podría configurar el delito de perfidia, ya que el Gobierno firmó el acuerdo basándose en la buena fe de la mesa de diálogo. Por su parte, el presidente Gustavo Petro condicionó la prórroga del cese, afirmando que la decisión dependerá de la voluntad de paz del ELN. Además, propuso que El Vaticano sea un mediador en este proceso. La bilateralidad del cese al fuego, iniciado el 3 de agosto, llega a su fin, lo que hace que ambas delegaciones aborden con determinación este sexto ciclo de diálogos en busca de una renovación. Según Camila Fernández, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en líneas generales, los cese al fuego han sido cumplidos, aunque persisten ciertas victimizaciones debido a que estas medidas no abarcan algunas acciones que continúan afectando a la sociedad civil. Entre estas acciones se encuentra el secuestro, el cual no estaba contemplado inicialmente en el Cese al Fuego. Sin embargo, en el ciclo anterior, se logró un acuerdo para detener los secuestros con fines económicos. Otras acciones contempladas y abordadas por este Cese incluyen las extorsiones y el reclutamiento forzado. Este ciclo busca fortalecer el cese al fuego, evaluando sus impactos y fomentando la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Además, se planea incluir acciones que aún no han sido abordadas por el cese y que continúan afectando a la sociedad civil. Además, un segundo tema central será el fortalecimiento de las zonas críticas tales como Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, priorizadas por la mesa de diálogos. Ver: ( ¿Cómo concluyó el cuarto ciclo de negociación entre el Gobierno y el ELN?) Un aspecto crucial de este sexto ciclo es la incorporación de enfoques diferenciales de género y étnicos. En un hecho histórico, por primera vez, una mujer lidera la delegación de paz en una mesa de diálogo. Vera Grabe, antropóloga, ex militante del M-19 y firmante de paz hace 34 años, dedicó su vida a la construcción de paz y la transición de conflictos armados a negociaciones políticas. En una entrevista con “ El País ”, Grabe destacó la importancia de abordar el futuro de la negociación. “No solo se trata del fin del conflicto, sino de una nueva historia del ELN. Asumir las responsabilidades propias y verse como parte de la solución”, mencionó. Grave enfatizó el objetivo de cumplir los planes acordados, robustecer el cese al fuego, transformar las zonas críticas, desarrollar los temas étnicos y de género, y cesar los enfrentamientos entre grupos armados ilegales a nivel macro. Según la investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, uno de los principales desafíos, no solo en el presente ciclo, sino en el conjunto del proceso de diálogo con el ELN, radica en establecer un objetivo a largo plazo para reducir la escalada de enfrentamientos entre grupos armados. Se reconoce que el cese al fuego, aunque opera entre el grupo dialogante y el Gobierno Nacional, no impide que persistan acciones hostiles entre otros grupos ilegales, generando elevados niveles de victimización, especialmente en términos de confinamiento y desplazamiento. Por ello, uno de los retos fundamentales consiste en transformar los ceses al fuego en ceses de hostilidades, es decir, que aborden acciones que afectan a la sociedad civil más allá de los enfrentamientos con la fuerza pública. Otro desafío crucial es la definición de objetivos a largo plazo, ya que, hasta el momento, la mesa ha abordado temas como la participación, el cese al fuego y la priorización de acciones, pero aún no ha incluido en la discusión la terminación del conflicto con el ELN, el desarme, ni las interrogantes que surgen después del proceso de paz. En vista de los seis ciclos de negociación o diálogo ya transcurridos, resulta imperativo establecer metas a largo plazo, considerando que el Gobierno de Petro cuenta con aproximadamente dos años y medio de mandato. Es crucial dejar bases sólidas en términos de paz con este grupo armado. El encuentro en Cuba servirá para aclarar dudas y definir el rumbo continuo de la mesa de diálogo. Este sexto ciclo de negociación representa un momento crucial para consolidar la paz, renovar el cese del fuego y avanzar hacia compromisos efectivos que contribuyan al bienestar de la sociedad civil y al establecimiento de una paz duradera en la región.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: La Republica y Radio Nacional de Colombia En lo que va corrido del siglo XXI el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 70 documentos en donde se advertía sobre los riesgos que podría correr la comunidad araucana ante la presencia de grupos armados como el ELN, las FARC y los paramilitares. Pocas veces se hizo algo. Impotentes se tuvo que aceptar masacres como la ocurrida en el 2019 donde fueron asesinadas 27 personas en una de las disputas entre grupos guerrilleros en este departamento. El olvido ha sido una constante en estos llanos. En 1963 el entonces presidente Guillermo León Valencia, quien pasaría a la historia no sólo por sus poemas sino por decisiones discutidas como bombardear a mansalva a las guerrillas liberales asentadas en Marquetalia, ordena, a través del INCORA y financiado por el Banco Mundial, ubicar a 5 mil familias de varios departamentos en cien mil hectáreas del Sarare. Esta es una zona selvática que unió a los llanos con Norte de Santander. El Estado volvió a brillar por su ausencia. La reubicación no estuvo sostenida por una adecuada infraestructura. Los campesinos venían de Norte de Santander, sobre todo, y de otros departamentos como el Valle, Tolima y Cundinamarca y fueron dejados en este lugar a su propio arbitrio. Eran campesinos que venían huyendo de la violencia bipartidista, tal y como lo explican en su libro Los retos del posconflicto: justicia, seguridad y mercados ilegales, los investigadores León Valencia y Ariel Ávila. Con el tiempo el gobierno sólo les aseguraría la reubicación y poco a poco los fue soltando de la cuerda. “Entre los colonos se encontraban los hombres que crearían el Frente Domingo Laín Sáenz, del Eln”. Los campesinos esperaban rehacer sus vidas. Recibieron préstamos de la Caja Agraria y herramientas para defenderse y levantar sus casas en este lugar inhóspito. Eran préstamos leoninos, en donde les descontaban plata a los campesinos de entrada. Las familias tenían que abrirse paso en esas tierras a punta de machete, incluso, como narra el artículo Fronteras calientes, Arauca y el frente Domingo Laín escrito por la fundación Nuevo Arco Iris, estas familias tenían que pagarle a los Cadeneros, baquianos expertos en abrir trocha quienes los guiaban 80, 90 kilómetros selva adentro, desafiando ríos crecidos, derrumbes que cobraron la vida de muchos colonos, para poder disfrutar de los que el Estado “les había regalado”. Cuando llegaban al lugar sentían la desazón de los campesinos del cuento de Rulfo Nos han dado la tierra. Tanto desgaste, tanto esfuerzo para nada. La cercanía con la frontera y la riqueza de esta tierra han hecho que las guerrillas de las FARC y el ELN pasten en Arauca desde la década del setenta. Sin embargo fue la presencia del Domingo Laín la que afincaría y aseguraría el terreno para el Ejercito de Liberación Nacional en este departamento. La primera vez que se escuchó sobre las acciones de este frente fue en 1980 cuando hicieron la toma en el corregimiento de Beyotes, en zona rural de Tame. Mataron en esa acción armada a cinco policías. El Domingo Laín estaba integrado por campesinos como Raymundo Cruz, quien llegó al Sarare en 1965 con la experiencia de estar durante dos años en Cuba, allí conoció a los líderes que después conformarían el ELN. Les fue fácil organizarse en ese lugar a donde los envió un gobierno que buscaba olvidarse de ellos. Sesenta años después el ELN y las FARC azotan al departamento de Arauca valiéndose de sus corredores fronterizos por donde pasan coca, fusiles y contrabando, además de gasolina. Ninguna de las respuestas que ha tenido gobierno alguno han sido efectivas. Uno de los periodistas con más experiencia en ese departamento, Nelson Freddy Padilla, cuenta que en 1989, mientras era corresponsal de Colprensa, cuenta el vacuo entusiasmo de un coronel del Ejército Nacional llamado Fernando González Muñoz, mostrando los “resultados operacionales” que indicaban, según el oficial, una intendencia “que ha sido garantía de estabilidad y seguridad gracias al respaldo de la comunidad araucana”. Este optimismo no se reflejaba en la realidad. En las ciudades podría mandar el ejército pero los elenos eran los dueños de las zonas rurales. Arauca es uno de los lugares más ricos del país. Según la revista Cambio Arauca ha recibido, entre los años 1986 y el 2021, 4.2 billones de pesos sólo en renta petrolera. Pero la corrupción no puede ser más galopante. Las calles de pueblos como Tame y Saravena están destapadas. No hay esperanza entre sus habitantes. La clase dirigente ha saqueado hasta eso. El 8 de noviembre del 2023 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal a una pena de seis años de cárcel por la mala ejecución de un contrato. También en el 2023 la Fiscalía acusó por presunta corrupción a otro ex gobernador, José Facundo Castillo Cisneros. Según la W Radio el mandatario “al parecer influyó para beneficiar a una sola empresa con un contrato de 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era hacer la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19”. A pesar de las regalías del petróleo Arauca no ha contado con servicios públicos de calidad, educación de alto nivel, protección para las comunidades indígenas que viven en la zona, una justicia fortalecida y garantías mínimas de seguridad para todos. El saqueo del Programa de Alimentación Escolar ha atentado directamente contra los niños de Arauca. El ELN ha sido un tormento. Entre sus crímenes se encuentran el asesinato el 2 de octubre de 1989 del obispo de Arauca Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, arrojado en una zanja en el camino que comunica al municipio de Arauquita. Sus continuos atentados al oleoducto Cañó Limón Coveñas -descubierto en 1983- , ha dejado incalculables daños ambientales. El ELN ha sido un tormento, pero por supuesto que no ha sido el único. Tal y como lo cuenta Nelson Freddy Padilla en un artículo publicado en El Espectador “Aparte de los crímenes de las guerrillas, incluidos permanentes asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados de pobladores, estos teatros de guerra han causado catástrofes como la ocurrida el 13 de diciembre de 1998 a raíz de combates entre las Farc y las Fuerzas Militares en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, que causaron la muerte de 17 personas, incluidos seis niños, por acción de seis bombas que cayeron sobre la población civil. El resultado de una operación aerotransportada en la que participaron militares estadounidenses con el respaldo de la Fuerza Aérea Colombiana y tropas del Ejército Nacional, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano ante violaciones al derecho internacional humanitario”. La llegada de los paramilitares a comienzos de este siglo disparó aún más la violencia. Las masacres se cuentan por racimos. La situación es más compleja con la cercanía de Venezuela. Sus fronteras difusas se han prestado para que las guerrillas se replieguen a esta zona, sin que necesariamente haya contado con apoyo explícito de un gobierno en particular. El olvido en que el estado colombiano ha sumergido a Arauca es una de las razones por las que la guerra en ese departamento sea eterna. Por eso se hace tan imperioso una salida negociada, una paz total que garantice los principales derechos a esta martirizada población. A mediados de febrero la Fundación Paz y reconciliación, a través de su línea de Paz Territorial y Derechos Humanos publicará un informe sobre este departamento.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Caracol Radio y Opinión Caribe Poco antes de que ocupara su curul en la Cámara de Representantes, en abril del 2018, fue detenido Jesús Santrich. Estaba acusado de haber enviado un cargamento de cocaína a los Estados Unidos después de haberse acogido al acuerdo de paz con el Gobierno Santos. Fue llevado a la Picota. Pasó un año encerrado hasta que lo liberaron. Aún están frescas las imágenes del viejo guerrillero saliendo en silla de ruedas de la cárcel y la orden que dio el entonces Fiscal Néstor Humberto Martínez de recapturarlo. Sin embargo, tanto la JEP como la Corte Suprema de Justicia, no encontraron pruebas suficientes para hacerlo. Así que se fue a la ETCR en Tierra Grata Cesar. Se empezó a hablar de un entrampamiento contra Santrich quien no se sintió seguro y un día decidió cruzar la frontera con Venezuela. Su amigo y compañero desde hacía décadas en las FARC, Iván Márquez, firmante del Acuerdo de la Habana, se le unió. En Venezuela se encontraron con otros dos hombres claves dentro de la guerrilla, Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. Ambos comandantes le habían apostado a la paz hasta el punto de participar en proyectos productivos. Pero se levantaron en armas. El 29 de agosto del 2019 en un video publicado en redes sociales, Iván Márquez anunciaba el surgimiento de la Segunda Marquetalia. A su lado estaban Santrich, el Paisa, y Romaña. Uno a uno sus comandantes fueron cayendo en emboscadas. Las razones y detalles de sus muertes nunca se esclarecieron. El último al que le hicieron un atentado fue a Iván Márquez. Su estado de salud y condición siguen siendo una incógnita. Con la llegada de Petro a la presidencia Márquez usó vasos comunicantes con este gobierno, interesado en participar en la Paz Total. Había varios obstáculos para la negociación. Márquez, como el resto de los comandantes que la fundaron, habían firmado el acuerdo de paz con el gobierno Santos y lo habían incumplido. Desde entonces se inició una investigación, por parte de Antonia Urrejola, experta de la ONU, para determinar si hubo un entrampamiento por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez contra Jesús Santrich. En diciembre del 2023 se presentó un informe preliminar sobre el caso y todo apunta a que existió un uso abusivo de la persecución judicial. La totalidad del informe será presentado en marzo. Aún así el gobierno acaba de anunciar la iniciación de los diálogos con esta guerrilla. Así lo anunció en un comunicado emitido este 1 de febrero la oficina del Alto Comisionado de Paz Otty Patiño: “en la necesidad de llevar a cabo un proceso de paz ordenado, ágil, riguroso y respetuoso, que brinde tranquilidad y certezas a la sociedad colombiana en el compromiso genuino de la solución política y la construcción de la paz”. La Segunda Marquetalia ha sabido instalarse en el sur del país. A diferencia de otras disidencias como el Estado Mayor Central, comandando por Iván Mordisco, cuyas actividades están centradas en el narcotráfico y parece resumir todos los males que le empezaron a quitar credibilidad a las FARC, la Segunda Marquetalia surge de la inconformidad genuina de firmantes de paz por el incumplimiento de los acuerdos. Para Juan Manuel Torres, de la oficina de Pares Pacífico, que se incluya a la SM en la Paz Total es más que positivo: “En buena hora Petro, aún con todos los obstáculos, se sentó a negociar con este grupo. La SM podría pensar en una agenda de país más concreta que el propio Estado Mayor Central. Creo que este proceso puede ser rápido”. No se puede subestimar la influencia y presencia de la SM en Colombia. Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos, hace un paneo de la reconfiguración de este grupo desde su conformación en el 2019:  “Desde el monitoreo realizado por Pares identificamos que para 2023 se encontraba en 55 municipios concentrándose principalmente en el suroccidente del país. En este punto, cabe señalar que su presencia territorial es menor a la de otros grupos armados organizados tales como el EMC, ELN y Clan del Golfo. Esto puede responder tanto al fortalecimiento y expansión de los grupos mencionados como a los golpes que tuvo la SM en la frontera colombo-venezolana con las muertes de “Santrich” “El Paisa” y “Romaña”. La SM se pudo afianzar en el suroccidente del país gracias a muchos disidentes de las estructuras del EMC como del frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Gente de Orden y son conocidas ahora como Coordinadora Guerrillera del pacífico. ¿Qué debería hacer el gobierno para consolidar este proceso? Francisco Daza lo dice: “si se busca instalar una mesa debe crearse una delegación de gobierno, designar un jefe de delegación y, en clave de emular los otros procesos de negociación curso, buscar establecer un cese al fuego con la SM. A esto se suma la gran incógnita de quienes serán los delegados de la SM para este proceso de negociación”. Una de las grandes preguntas que surgen en este momento es si estará en cabeza de ese proceso por parte de la SM Iván Márquez.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Tiempo y TeleSur En Colombia la participación de menores de edad en el conflicto armado ha sido una constante histórica, llegando a una relevancia tal que, el poeta nadaista Gonzalo Arango escribió respecto a alias Desquite, un bandolero hecho guerrillero a los 17 años en la época conocida como La Violencia , que la sociedad le había negado el derecho a ser un hombre.   El reclutamiento de menores ha sido señalado por la costumbre y las normas como contrario a las características del relacionamiento vital que llamamos humanidad. Las normas internacionales vigentes califican el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su asociación (como puede ser por utilización o vinculación) como crimen de guerra, e infracción al derecho internacional humanitario, siendo objeto de penalización para los responsables de tales conductas, sean Estados, Grupos Armados o Autoridades de Facto.   Existen muchas maneras en que los niños, niñas y adolescentes pueden verse asociados con fuerzas y grupos armados. Incluyen el secuestro y el reclutamiento, distintas formas de sometimiento, oferta de rutas para escapar de la pobreza, presentación de la vinculación como opción para defender sus familias y comunidades, como posibilidad de defenderse a sí mismos en contextos de abuso, o a partir de sentimientos de venganza. Son múltiples otras razones. Por ello, el espíritu que motiva las normas nacionales e internacionales es el de proteger a las personas menores de edad, frente a cualquier forma de vinculación, reclutamiento o uso, que ponga en riesgo su vida, capacidad de desarrollo y goce pleno de los derechos que les son naturales.   En diversos momentos del conflicto colombiano, y en diversas agrupaciones armadas, los niños, niñas y adolescentes participan directamente en combates y hostigamientos como soldados armados. Sin embargo, su papel no se limita a luchar. Muchas niñas y niños también son utilizados en funciones de apoyo que entrañan grandes riesgos y dificultades. Sus tareas pueden variar, incluyendo cocineros, espías, mensajeros e incluso esclavitud sexual.   Independientemente de su función, los niños asociados con las partes en conflicto están expuestos a niveles agudos de violencia: como testigos, víctimas directas y participantes forzados. Algunos resultan heridos y tienen que vivir con discapacidades por el resto de sus vidas.   Las niñas y mujeres adolescentes reclutadas y utilizadas por fuerzas y grupos armados tienen vulnerabilidades adicionales por su género y lugar en la sociedad y sufren consecuencias que incluyen, entre otras, violación y violencia sexual, embarazo y complicaciones relacionadas con el embarazo, estigma y rechazo por parte de familias y comunidades.   El Gobierno Colombiano, el pasado 6 de febrero, firmó en el marco de los acuerdos del cese al fuego, un documento que indica que el Ejército de Liberación Nacional se compromete a no reclutar niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Esta afirmación es contraria a las normas nacionales e internacionales, y rompe la protección necesaria que merecen las personas menores de 18 años.   Como afirma Naciones Unidas en los Principios de París sobre la participación de los niños en los conflictos armados, 2007: “Un niño [niña] asociado con una fuerza o grupo armado” se refiere a cualquier persona menor de 18 años que sea o haya sido reclutada o utilizada por una fuerza o grupo armado en cualquier capacidad, incluidos, entre otros, niños, varones y niñas, utilizadas como luchadoras, cocineras, porteadoras, espías o con fines sexuales. No se refiere únicamente a un niño que participa o ha participado directamente en las hostilidades.   Adicionalmente, en 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la participación de menores en conflictos armados para protegerlos del reclutamiento y la utilización en hostilidades.   El Protocolo Facultativo es un compromiso que obliga a que: Los estados no reclutarán niños menores de 18 años para enviarlos al campo de batalla. Los estados no reclutarán soldados menores de 18 años. Los Estados deben tomar todas las medidas posibles para prevenir ese reclutamiento, incluida legislación para prohibir y penalizar el reclutamiento de niños menores de 18 años e involucrarlos en hostilidades. Los Estados desmovilizarán a cualquier persona menor de 18 años reclutada o utilizada en hostilidades y proporcionarán servicios de recuperación física y psicológica y ayudarán a su reintegración social. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un país no deben, bajo ninguna circunstancia, reclutar ni utilizar en hostilidades a menores de 18 años.   El Protocolo entró en vigor en 2002 y ahora ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo. El Congreso de Colombia, mediante la Ley 833 del 10 de julio de 2003, publicada en el Diario Oficial número 45.248 del 14 de julio de 2003, aprobó el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).   La Corte Constitucional, en Sentencia C-172 del 2 de marzo de 2004 declaró exequible la Ley 833 del 10 de julio de 2003 y el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). El 25 de mayo de 2005, Colombia depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el Instrumento de Ratificación del "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 25 de junio de 2005 de acuerdo a lo previsto en su artículo 10(2). El Decreto 3966 de 2005 completa la incorporación del protocolo a la normatividad colombiana.   No solamente resulta incomprensible que el Gobierno Colombiano haya violado las normas internas (incluido el código penal) al firmar como acordado el referido compromiso del día de ayer, sino que incluso si el ELN se declarará en completa ruptura con el Estado Colombiano (y las normas y disposiciones de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), este Grupo Armado está cubierto por la misma prohibición según el derecho internacional.   Las leyes de derechos humanos declaran que los 18 años son la edad mínima legal para reclutar y utilizar niños, niñas y adolescentes en hostilidades. Ciertamente, reclutar y utilizar a personas menores de 15 años como soldados está prohibido por el derecho internacional humanitario desarrollado al terminar la década de 1940 y ajustado en la década de 1970, y en el derecho de la costumbre; y la Corte Penal Internacional lo define como crimen de guerra. Pero, tanto el Protocolo Facultativo referido antes, como la visión amplia de derechos que esperamos tenga la paz posible, como lo han indicado la Corte Constitucional y la JEP, indican que los 18 años es el estándar, es el límite y es la línea roja de aquello que consideramos límite donde se disuelve la humanidad.   El pasado 6 de febrero  volvimos a los años 1970, en una sociedad que espera que la paz le permita vivir los años actuales, incluyendo los desarrollos nacionales e internacionales de los últimos 50 años, que han corrido desde la fecha.