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Por: Redacción Pares Foto tomada de: Voz de América Justo en el cierre del VI ciclo de negociaciones con el ELN, cuando se presentan avances importantes como la prórroga al cese al fuego durante seis meses más y, en contraste, golpes a la credibilidad de los diálogos como el paro armado decretado en Chocó, aparece el informe de inteligencia de la Policía Nacional en donde se ponen a rodar rumores que le podrían hacer daño a los diálogos de cara a la opinión pública.  Una de las afirmaciones más graves que trae el informe es el manto de duda que le ponen a la implementación de un Fondo Multidonante anunciado justo la semana pasada: “Según nuestras fuentes de inteligencia, el grupo terrorista ELN está planeando generar una estrategia de financiamiento utilizando recursos del Estado”. El informe plantea que esta guerrilla, con el beneplácito del gobierno, va a utilizar el Fondo Multidonante para la causa armada. La Fundación Paz y Reconciliación explicó en su momento que este es un mecanismo “compuesto por el gobierno, las Naciones Unidas y la cooperación internacional, con la participación de la sociedad civil, con reglas y destinado únicamente a financiar actividades para la paz”. Francisco Daza, coordinador de la línea Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación, sobre este informe presentado por la policía, afirma que el Fondo Multidonante lo que busca es “Potenciar el proceso de paz con el ELN. No se habla de financiación para dejar de secuestrar o extorsionar ni nada de eso”. Otra de las graves aseveraciones que vienen en el informe es el de señalar una campaña del ELN que busca acabar con la confianza que se tiene en las instituciones del Estado. “Mediante el uso de propaganda, desinformación y campañas de difamación, el grupo terrorista busca sembrar la incertidumbre en la sociedad, cuestionando la actuación de las fuerzas de seguridad generando descontento hacia el Gobierno”. Colombia tiene una historia de más de sesenta años de guerrillas. Desde su creación las operaciones de información contra las instituciones han estado en la agenda de todos los grupos armados para ganarse a la población que está en los territorios en donde estos tienen influencia. En la actualidad grupos como el Estado Mayor Central y el propio Clan del Golfo también lo hacen. Sin embargo, en el marco de los avances que se han tenido en la mesa de negociación sería un error que el ELN adelante este tipo de acciones. El gobierno debería, desde ya, implementar un proceso pedagógico para contrarrestar la información que hace circular esta guerrilla en los territorios que controlan. La estigmatización a líderes sociales ha sido una constante de la Fuerza Pública. Además de no proporcionarle la protección que necesitan ante las amenazas que los rodean, están los señalamientos y la calumnia que caen sobre ellos. En el 2023 asesinaron en todo el país a 188 líderes. Un punto del informe presentado por la policía es particularmente peligroso: " Es importante destacar que el ELN está invirtiendo recursos del Estado para ejercer influencia y manipulación sobre líderes sociales en diferentes regiones, con el fin de utilizarlos como instrumentos para sus actividades terroristas y minar el tejido social”. Sobre este punto la línea de Paz territorial y derechos humanos de Pares advierte que en el informe en ningún momento se aclara de qué forma se están adquiriendo estos recursos para ejercer influencia en líderes sociales “de alguna forma se estigmatiza a los liderazgos sociales que conviven en las áreas de influencia del ELN”. Otro punto álgido del informe es el de la infiltración en instituciones gubernamentales para buscar información privilegiada que les permita perpetrar sus golpes militares. El informe no viene respaldado con la información que evidencia este punto tan grave. Lo que si es cierto es que el ELN está usando el cese al fuego para fortalecerse militarmente. Es que al no haber confrontación directa con el Ejército esto se aprovecha para una reorganización. La publicación de este informe, justo en este momento, según Francisco Daza “pone un manto de duda sobre el proceso de negociación con el ELN, este informe, antes de ser publicado, debería estar avalado por el Ministerio de Defensa para llamar la atención sobre los riesgos que puede tener la negociación”. En las próximas horas se espera una reacción del propio ELN a través de un comunicado. La línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la fundación Paz y Reconciliación presentará un informe sobre el ELN en Arauca. * Nota aclaratoria: La delegación del gobierno en la mesa de negociación, negó la veracidad de este informe y lo llamó apócrifo. Este es el trino donde se hace la aclaración

Por:Redacción Pares Foto tomada de: Infobae La influencia de los paramilitares en Valledupar empezó a sentirse con fuerza en 1996. El auge de las AUC en el César tuvo como excusa los continuos secuestros, chantajes y asesinatos que las FARC les perpetraba a los ganaderos del departamento. Pronto la causa antisubversiva se degeneró en otra cosa. Los abusos de comandantes de las AUC, despojo de tierras, masacres, narcotráfico, expuso los dientes del monstruo. Los paras, además, aspiraron al poder político haciendo elegir sus fichas en el congreso durante las elecciones del 2002. El hombre fuerte de los paras en Valledupar era Jorge Tovar Puppo, mejor conocido como Jorge 40. Hijo de la distinguida señora de la ciudad, Cecilia Puppo, en su primera juventud se caracterizó por su espíritu parrandero. En ningún momento dejó escapar alguna inquietud política. Su personalidad quedó plasmada en la novela de Alfonso Sánchez Baute, Líbranos del mal. En uno de sus capítulos muestra la perplejidad de los amigos de papa -apodo con el que lo conocían desde que era niño al comandante de las AUC- vestido de camuflado y diciendo ante una cámara de televisión un discurso complejo “¿Y desde cuándo a este le gusta la política?” se preguntaban. Niño bien del colegio Nacional Loperena y del Club Social de Valledupar cultivó, entre sus más disímiles amistades, la de Ricardo Palmera, a quien los años lo pondrían al otro lado de la guerra, siendo el comandante de las FARC Simón Trinidad, quien hoy continúa encerrado en una cárcel en los Estados Unidos. Jorge 40 fue el temible comandante del Bloque Norte de las AUC. A todos sus crímenes, masacres, extorsiones, desapariciones, se suma la de la paraeconomía y la parapolítica. El computador de su mano derecha, Don Antonio, ayudó a quitarle la máscara a fichas claves del uribismo como el ex director del DAS, Jorge Noguera, implicado en asesinatos tan atroces como el del profesor Jorge Correa de Andreis. Ese festín de sangre y corrupción no le quitó las ganas de la parranda. A Jorge 40 le gustaba el vallenato. Según rumores que circulan en Valledupar llegó a ser cercano de Poncho Zuleta. Declaraciones de un exparamilitar, publicadas en Verdad Abierta, afirmaban que hombres pertenecientes a los gaitanistas, adeptos a Jorge 40, habrían hecho varias reuniones con ganaderos y comerciantes para fortalecer el apoyo a su causa  en la finca de este ídolo del vallenato. “Por estas declaraciones, la Fiscalía expidió una orden de captura contra el músico el 9 de enero de 2010, pero que fue suspendida porque Zuleta aseguró que estaba dispuesto a colaborar con la justicia para desvirtuar todos estos señalamientos”. Poncho incluso ha sido asociado con el temible sicario de Kiko Gómez, Marquitos Figueroa. Zuleta siempre se ha defendido de estas acusaciones. Sin embargo hay una grabación que podría ser la prueba de su afinidad con los paramilitares. En el año 2003, durante un concierto en Astrea, César, se escuchan tres ráfagas de ametralladora y en seguida la voz de Zuleta que dice "Nojoda, viva la tierra paramilitar, vivan los paracos". Poncho siempre dijo que esa no era su voz, que se trataba de un montaje. Jorge 40 amaba a Diomedes Díaz. Cuando éste fue condenado a doce años por la muerte de Doris Adriana Niño un juez le dio casa por cárcel por haber sido diagnosticado con la enfermedad de Guillan-Barré. La fiesta le duró a Diomedes sólo dos meses ya que otro juez revocó la decisión. Pero el ídolo quería seguir fuera de la cárcel de Valledupar así que le pidió ayuda al comandante del Bloque Norte de las AUC. Uno de sus hombres de confianza, David Hernández Rojas, alias 39, lo sacó a escondidas de su casa y desde entonces un grupo armado, a las ordenes de Jorge 40, cuidó a Diomedes y lo mantuvo lejos de la cárcel. El comandante paramilitar por esos años le dio una hacienda a su ídolo llamada Las Nubes, 351 hectáreas arrebatadas a sus verdaderos dueños, la familia González Hinojosa, en donde gozó de una inmerecida libertad. Después de la muerte de Diomedes, en diciembre del 2013, empezó una pelea entre los 18 hijos reconocidos del cantante por el terreno. Cinco años después la Unidad de Restitución de Tierras dejó viendo un chispero a los herederos ya que les devolvió la tierra a sus legítimos dueños. La relación de los vallenateros con la delincuencia a quedado plasmada en varios saludos en sus canciones. En El gavilán mayor, Diomedes saluda a Santander Lopezsierra, mejor conocido como el Hombre Marlboro. Jean Carlos Centeno y Silvestre Dangond estaban dando un concierto en el matrimonio de alias “Fritanga” cuando éste fue sorprendido por la policía. En la canción Descarga de besos, Jorge Oñate nombra al temible Marquitos Figueroa. A Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira, señalado de ordenar el asesinato de más de cincuenta personas, el cantante Beto Zabaleta le dedica una canción. Una relación complicada la que tienen criminales como Jorge 40 con el vallenato, a quienes no pueden juzgarse por esto, ya que no está estipulado como delito por la ley colombiana.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Corillos En la madrugada de este martes 13 de febrero el Ejército y la estructura Ismael Ruiz del Estado Mayor Central sostuvieron un combate en Santamaria Huila. En las imágenes difundidas se puede ver como los uniformados prestan ayuda médica a los insurgentes respetando sus vidas. Mientras esto sucedía el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, estalló contra el ELN y el paro armado en Chocó. Al final del Sexto Ciclo de negociaciones con esa guerrilla se había acordado la ampliación del cese al fuego por seis meses más. Considera una deslealtad que el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional se alzara en el Chocó. Mientras tanto el Estado Mayor Central ha producido ataques en las últimas horas en Jamundí y en Nariño lo que ha generado desplazamientos masivos de personas. Lo más grave que sucedió fue un ataque del EMC a un vehículo de transporte escolar en el municipio de Piamonte, Cauca, que dejó heridas a dos personas entre los que se cuenta un menor de edad. Las extorsiones por parte de este grupo armado no cesan. En Cauca la incursión armada provocó desplazamientos masivos. La furia del Comisionado de Paz también tiene que ver con el incumplimiento del Pacto Territorial Por la Vida y por la paz, una apuesta en la que también está comprometido el gobernador Luis Alfonso Escobar. Con respecto a lo ocurrido en Piamonte, no hay consenso sobre el grupo armado que realizó el ataque a la ruta escolar, a pesar de que el Alto Comisionado de Paz lo adjudicó al EMC. Pues días antes del ataque, siete familias fueron desplazadas forzadamente de este municipio de la Baja Bota Caucana y aseguraron que los Comandos de Frontera, adscritos a la Segunda Marquetalia, fueron responsables. Este grupo tiene presencia en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas y el norte de Nariño. Informes de la Defensoría afirman que estarían detrás de desapariciones y homicidios de líderes sociales en sus zonas de influencia. Su origen es de noviembre de 2017, un año después de que las FARC firmaran los Acuerdos de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Entre sus líderes estaban Pedro Oberman Goyes, mejor conocido por su alias de “Sinaloa”. Sus propios hombres lo habrían asesinado en el año 2019. Son 80 hombres comandados en la actualidad por Giovanny Rojas, alias “Araña”. En el 2020 se habrían adherido a la Segunda Marquetalia, el grupo que conformó Iván Márquez, Jesús Santrich, alias “Romaña” y el “Paisa” en el 2019. Cabe señalar que hay fuentes que cuestionan la seguridad con la que Otty Patiño le adscribe el ataque al EMC. El grupo armado con el que se disputan el territorio, La Segunda Marquetalia, anunció a finales de la semana pasada su intención de sentarse a dialogar con el Gobierno de Petro. Un gran obstáculo persigue a la Segunda Marquetalia y es el haber sido conformada por comandantes guerrilleros que le faltaron al Acuerdo de Paz suscrito con el Gobierno Santos. Una delegada de la ONU está detrás de la investigación que permita aclarar si existió un entrampamiento por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez contra algunos de sus miembros como fue el caso de Jesús Santrich. En caso de que se compruebe la persecución judicial contra ellos la Segunda Marquetalia tendría luz verde para arrancar un proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

Por: Katerin Erazo, Periodista El próximo 26 de febrero, la ciudad de Pitalito, en el departamento del Huila, será el epicentro de un encuentro crucial para evaluar las medidas y acciones tomadas por diversas entidades estatales, departamentales y locales frente al continuo flagelo del asesinato de excombatientes de las FARC. La c onvocatoria , realizada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), busca examinar los resultados y avances de las investigaciones judiciales relacionadas con hechos victimizantes cometidos contra ex miembros de las FARC en la región del Sur, abarcando los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Asimismo, se pretende conocer las acciones emprendidas para desmantelar las organizaciones criminales responsables de estas agresiones. En un auto de 24 páginas que cita a esta trascendental diligencia, se destaca la necesidad de poner en marcha el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) como una estrategia interinstitucional. Este plan tiene como objetivo primordial garantizar una protección integral a aquellos individuos que han renunciado a las armas y están inmersos en su proceso de reincorporación a la sociedad. Diversas entidades han sido citadas para rendir cuentas sobre la implementación del PESP, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las alcaldías de los municipios más afectados por esta problemática, como Florencia, La Montañita y San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Asís y Mocoa (Putumayo); Neiva y Pitalito (Huila); e Ibagué, Planadas e Icononzo (Tolima). Asimismo, se espera la participación de los gobernadores de Tolima, Caquetá, Putumayo y Huila, así como de representantes de la sociedad civil. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según la misión de verificación de la ONU, más de 400 excombatientes han sido víctimas de asesinato, subrayando la urgencia de acciones concretas para proteger a este grupo vulnerable. Además de evaluar el estado de implementación del PESP, la JEP indagará sobre la ejecución de la Política Pública y Plan de Acción para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, así como sobre los compromisos de grupos ilegales en el marco de la Paz Total para proteger a los excombatientes. Para ello, se ha citado al Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, así como a diversas figuras clave como el Fiscal General de la Nación, el Director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre otros. La presencia de instituciones como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Directora de la ARN, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIPRAT), entre otros actores relevantes, garantiza un enfoque integral en la búsqueda de soluciones efectivas para esta problemática. Este encuentro representa una oportunidad única para evaluar, coordinar y fortalecer las medidas encaminadas a proteger la vida y la integridad de quienes han optado por el camino de la paz. La sociedad civil también tendrá un papel fundamental en este proceso, participando activamente en la búsqueda de soluciones que contribuyan a la construcción de un país más seguro y justo para todos sus ciudadanos.

Por: Andrés Paternostro enlace territorial de Bajo Cauca. Línea de Paz, Posconflicto y DDHH. Foto tomada de: El Tiempo Tras combate entre el Clan del Golfo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), Antioquia vuelve a estar en el ojo del huracán, debido al aumento de hechos violentos en el departamento. En medio de los enfrentamientos, ocurridos el pasado 9 de febrero [1] en zona rural del municipio de El Bagre, al menos 12 familias tuvieron que desplazarse, dejando serios cuestionamientos frente al avance de la política de Paz Total en la región.   Los desafíos que suscitan preocupación para la actual vigencia tienen su génesis en los enfrentamientos armados entre distintos grupos organizados que operan en el departamento de Antioquia. Según el último reporte de presencia de actores en Antioquia, realizado por PARES, en el año 2023, el actor más preponderante la región es el Clan del Golfo, el cual se encuentra en 59 municipios, seguido por el ELN en 31 municipios y el EMC en 19 municipios. Tales enfrentamientos son motivados principalmente por la disputa por el control territorial, una contienda que se intensificó después de los acuerdos de cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, así como entre el Gobierno y el EMC; pues el Clan del Golfo ha venido aprovechando los ceses bilaterales como una oportunidad para expandir su influencia en áreas que históricamente estuvieron bajo el control de grupos guerrilleros como el ELN y el EMC.   Estas disputas territoriales han desencadenado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos (DDHH). Entre las consecuencias más preocupantes se encuentran el desplazamiento forzado, situaciones de confinamiento y el asesinato de varios líderes sociales en subregiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. Según las cifras reportadas por la Unidad de Victimas, para el año 2023, se reportaron 15.207 víctimas por ocurrencia en el departamento, siendo los municipios de Cáceres, Segovia, Caucasia, El Bagre y Turbo, los que cuentan con más afectaciones.   El asesinato de cinco líderes sociales en los primeros dos meses del 2024 ha generado una creciente preocupación en el departamento, ante el aumento significativo de la violencia que afecta a esta población. Al comparar estos eventos con los datos proporcionados por el seguimiento de asesinato a lideres y lideresas sociales, realizada por la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de PARES, para los meses de enero y febrero en 2023 y 2022, se registraron dos asesinatos de líderes sociales por año, la situación actual es motivo de alarma. La escalada de homicidios en tan corto periodo de tiempo ha suscitado inquietudes sobre la seguridad y la protección de la vida de defensores de derechos en la región.   Esta problemática se refleja también en un incremento no insignificante en las cifras totales de líderes asesinados, según los registros de PARES. En el año 2022, se reportaron 17 líderes sociales asesinados, y para el 2023, esta cifra aumentó a 21 personas, evidenciando un crecimiento en dos dígitos. La persistencia y magnitud de este fenómeno plantean serios desafíos para la seguridad y la protección de los líderes sociales en el departamento de Antioquia.   Así bien, la consolidación de la política de Paz Total tiene de cara al 2024 grandes retos y desafíos en el departamento de Antioquia. El aumento de la violencia, los enfrentamientos entre grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y el EMC, así como el alarmante incremento en el asesinato de líderes sociales, crean un escenario preocupante que pone a prueba la capacidad del gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar la seguridad y protección de la población.   La disputa por el control territorial ha intensificado las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, manifestándose en desplazamientos forzados, confinamientos, además de la pérdida de vidas de líderes sociales en diversas subregiones. Estos hechos evidencian la complejidad de la situación y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para abordar las causas subyacentes de la violencia y promover un entorno seguro para la construcción de la paz.   En este contexto, la persistencia de la tendencia al alza en el asesinato de líderes sociales, como se refleja en las cifras de PARES, subraya la urgencia de acciones concretas y coordinadas para contrarrestar esta problemática. La comunidad internacional y los actores locales e incluso las organizaciones armadas que se encuentran en búsqueda de una salida negociada al conflicto, deben unir esfuerzos para abordar las raíces de estos problemas, fortaleciendo estrategias de prevención y protección, y trabajando en la construcción de un tejido social resiliente que permita a las comunidades tener condiciones de vida digna en los territorios. [1] https://caracol.com.co/2024/02/09/reportan-nuevos-desplazamientos-por-combates-entre-ilegales-en-el-bagre/

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Nacional El viernes 9 de febrero la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel estaba a punto de dejar Venezuela, se disponía a tomar un avión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas cuando fue detenida por el régimen de Maduro. Durante 72 horas no se supo de ella. Estuvo incomunicada. Sin demasiadas pruebas fue acusada de encabezar un golpe que buscaba asesinar a Nicolás Maduro. Su familia también fue detenida por unas horas. Este atropello levantó las voces de Aminstía Internacional y de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La respuesta del régimen no pudo ser más violenta. A través del canciller Yvan Gil, se anunció que el gobierno venezolano suspendería las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Venezuela. Esta oficina estaba desde el 2019 en el país, arrancó con dos funcionarios y ahora ya tenía trece. Era una oficina con muy bajo perfil, con limitaciones en cuanto a trabajo en terreno y en la efectividad que podría tener a la hora de resolverle los problemas a las víctimas. Y con las uñas igual trabajaban. Se hizo un recorrido por varias cárceles del país ya que el hacinamiento en ellas es otro de los males en materia de derechos humanos que tiene ahora Venezuela. Se mantenía un contacto directo con funcionarios, voceros y representantes de las Instituciones Públicas. Oscar Murillo, nuevo coordinador general de Provea, da su opinión sobre este nuevo golpe a las libertades en el vecino país: “Esta salida abrupta profundiza la desprotección de las victimas en el país y genera un corto circuito de mediación con el sistema de desprotección con derechos humanos. Evidentemente es un retroceso, más allá de las diferencias y el desempeño de la oficina”. Para el canciller Gil esta oficina “es una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”. Y además se refirió a la ONU como una institución “colonialista”. Mientras tanto esta oficina contestó ante esta nueva afrenta: “Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”. La persecución hacia la oposición política y civil a lo que ellos llaman Revolución Bolivaria es una constante en Venezuela. El caso de la detención arbitraria de Rocío Sanmiguel y la posterior expulsión de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, es una muestra de su talante autoritario y déspota.

Por: Katerin Erazo La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) anunció con entusiasmo hace unas semanas a los ganadores del codiciado Premio WOLA de Derechos Humanos 2024, destacando su dedicación ejemplar en la promoción de los derechos humanos en todo el continente americano. La entrega de estos premios se llevará a cabo durante la Gala Benéfica de los Premios de Derechos Humanos en el 50 Aniversario de WOLA, programada para el 9 de mayo en la capital estadounidense, Washington D.C. Este evento conmemora cinco décadas de incansable activismo en pro de la justicia y la democracia en la región. Entre los distinguidos galardonados figura el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una organización no gubernamental que se describe a sí misma como un ejemplo de coraje sobresaliente en la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Venezuela. Reconocida por su firme compromiso con la protección de los derechos humanos y los valores democráticos en su país, Provea se alza como un faro de esperanza en medio de desafíos y adversidades. Desde su fundación en Caracas el 15 de octubre de 1988, Provea ha sido un pilar fundamental en la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Con sus fundadores, Ligia Bolívar, Dianorah Contramaestre y Raúl Cubas, a la cabeza, la organización ha enfrentado valientemente la represión y la injusticia, abogando incansablemente por la igualdad y la justicia para todos los venezolanos. La misión de Provea va más allá de la mera defensa de los derechos humanos; se trata de una pasión ardiente por construir una sociedad justa y equitativa. A través de la documentación, la investigación y la denuncia de violaciones de derechos humanos en Venezuela, Provea ha desafiado a los poderes establecidos y ha dado voz a los más vulnerables. Con objetivos claros y determinación inquebrantable, Provea se ha convertido en un bastión de esperanza para miles de venezolanos que luchan por un futuro mejor. Su alianza estratégica con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) desde el año 2021, cuando se comprometieron a crear en Venezuela el Observatorio en Defensa de la Vida (ODEVIDA), que actuaría en conjunto con observatorios similares en Colombia y Perú, ha fortalecido aún más su capacidad para abordar las injusticias y los abusos en el país, trabajando en conjunto para crear el Observatorio en Defensa de la Vida en Venezuela. Raúl Cubas, coordinador del Observatorio en Defensa para la Vida en Venezuela, resalta la importancia de esta alianza y el impacto positivo que ha tenido en la protección de los derechos humanos en el país. Desde la capacitación de líderes indígenas de cuatro estados del país (Zulia, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) hasta la creación de una red de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y ambientales, Provea y PARES han demostrado su capacidad para generar un cambio real y duradero. Según Raúl Cubas, la perspectiva más destacada de este proyecto radica en su capacidad para generar un impacto a nivel internacional sobre la situación en los tres países de la región. Actualmente, tienen planificado para este año 2024 la elaboración de informes sobre la Amazonía en Venezuela, Colombia y Perú. Esto busca resaltar la problemática que afecta a estos países, cada uno con sus particularidades. En Colombia y Perú, los principales infractores de los derechos humanos y ambientales suelen ser empresas transnacionales que operan en la región amazónica, mientras que en Venezuela, es el propio Estado venezolano, a través de su Gobierno, el que ha implementado políticas extractivistas en el Arco Minero del Orinoco y en el estado Amazonas, llevadas a cabo de manera ilegal. Es importante destacar que, en el caso venezolano, todas estas actividades son realizadas por el Estado en colaboración o con la aquiescencia de grupos irregulares armados de origen colombiano, que tienen una presencia fundamental en la práctica de la minería extractivista en los estados Amazonas y Bolívar. En cuanto a las estrategias a futuro, Raúl Cubas mencionó que, según lo discutido y acordado en la reunión donde se elaboró el Plan de Acción del año 2024, Pares también está interesado en que Provea participe en otros proyectos además del Día de Vida. Estos podrían incluir temas relacionados con el monitoreo de procesos electorales. Cabe recordar que, en Venezuela, este año se llevará a cabo un proceso electoral que, como es de conocimiento general, se prevé que sea complicado debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, se está considerando un proyecto para monitorear la presencia de lo que se denomina "economías criminales" en los tres países, donde Venezuela tiene mucho que aportar. Este tema también está siendo debatido. Además, se está considerando la posibilidad de asociarse en un trabajo binacional para monitorear los problemas fronterizos en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas en Venezuela, así como en La Guajira, Norte de Santander, Arauca y la región fronteriza con Amazonas en Venezuela. Por esta razón, el reconocimiento de Provea con el Premio WOLA de Derechos Humanos 2024 es un testimonio de su dedicación y sacrificio en la búsqueda de un mundo más justo y humano. En la Gala Benéfica de los Premios de Derechos Humanos del 50 Aniversario de WOLA, se celebrará la valentía y el compromiso de Provea, reafirmando el compromiso compartido con la justicia y la igualdad en las Américas. Para obtener más información sobre los informes, notas y el Observatorio para la Defensa de la Vida en Venezuela, visite la página web de Pares www.pares.com.co  y seleccione la pestaña ODEVIDA .

Semana de19 al 23 de febrero El principal hecho de la semana en este proceso de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, fue el paro armado promovido por el Frente de Guerra Occidental del ELN, en los Rios San Juan y Baudó, lo cual fue respondido por el Alto Comisionado de Paz Otty Patiño, con una declaración en la que señaló que este paro es un incumplimiento del compromiso pactado en el VI encuentro, sobre cese bilateral de fuego y hostilidades. En el Chocó se vive una crítica situación humanitaria en varias de sus subregiones: Atrato, El San Juan y El Baudó, donde se mantienen confrontaciones entre el ELN y las AGC, esta continuidad de las violencias la sufren las comunidades negras e indígenas. El paro armado fue levantado, las confrontaciones siguen en varios puntos del Chocó, esta situación ha sido respondida por la delegación de gobierno, con una jornada de trabajo este sábado 17 de febrero, liderada por la jefa de la delegación Vera Grabe, hay que ver que sale de esa jornada de trabajo, como cambios en el Chocó, en una perspectiva de alivios para las comunidades. Esta jornada del sábado 17 de febrero tuvo la presencia de la Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, varios alcaldes y representantes de las organizaciones afro e indígenas. Los hechos del Chocó, evidencian las dificultades que afronta la política de seguridad y la política de Paz Total: la continuidad de las violencias organizadas, en este caso en el Chocó, los vínculos de agentes estatales, trabajando de manera coordinada con las AGC, ya lo hemos mencionado en esta Bitácora en anteriores oportunidades, denuncia hecha por los obispos del Pacifico en reiteradas ocasiones, no es un tema fácil y muestra los enormes retos en los que se mueve este proceso de paz con el ELN.  Si las situaciones de violencias en los territorios no mejora, es muy difícil que la política de Paz Total avance, se requiere distensiones y  respeto por las comunidades y allí el desempeño de la fuerza pública es muy importante y debe ser acompañada por acciones que vayan a los temas centrales del territorio, otro punto clave en el cual el gobierno aún no envía señales contundentes: ¿Qué significa asumir la construcción de estado de derecho en los territorios donde permanecen las violencias organizadas, y en este caso donde permanece el ELN? Antonio Garcia y Pablo Beltran, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, han sido enfáticos en que se requieren transformaciones, que construyan una visión compartida de paz, como quedó establecido en la agenda pactada en México en marzo del año pasado, sin transformaciones pactadas entre Gobierno Colombiano y el ELN, en una amplia participación, no hay nada sustancial, lo cual nos lleva a afirmar que este proceso va muy lento, que el tiempo pasa y aún no tenemos en Plan nacional de participación y este solo estará formulado en Mayo, lo cual nos deja la preocupación por las transformaciones y los tiempos y recursos para llevarlas adelante. En el debate público siguen los temas de secuestro y el Fondo Bilateral para financiar el proceso de paz, estos temas requieren mejor comunicación por parte del gobierno y mucha acción pedagógica en los territorios, de allí la importancia de la presencia de la delegación del gobierno en el Chocó, lo cual debe ser norma de acción en el gobierno, ir a las regiones a comunicar y motivar el involucramiento de las sociedades regionales en este propósito de construir un conjunto de transformaciones, que hagan posible la construcción del estado social y de derecho. Declaración del Alto Comisionado de Paz Otty Patiño Hormaza "Vera Grabe, jefa de la delegación de gobierno en los diálogos de paz con el ELN, hace un balance de la jornada realizada con autoridades locales y comunidades en Quibdó, Chocó". https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/expertos-opinan-sobre-los-pros-y-contras-del-fondo-multidonante/ EXPERTOS OPINAN SOBRE LOS PROS Y CONTRAS DEL FONDO MULTIDONANTE Delegación del Gobierno ante ELN, en Chocó - Noticias Uno Al Aire Negociadores del Gobierno con ƎLИ viajaron a Chocó para revisar efectos del paro ARM4D0 Iván Cepeda, negociador del Gobierno con el ELN, dice que el cese al fuego es “imperfecto” Una región colombiana marcada por la guerrilla y a merced de las bandas del narco Paro armado no quedó incluido como una violación al cese del fuego: José Félix Lafaurie Segundo día de "paro AЯMAD0" de ƎLИ en Chocó. No hay comida | Noticias UNO ELN suspende paro armado en Colombia tras duras críticas del gobierno ¿Es el momento para garantizar fondos para el ELN? Entrevista a Antonio Garcia, Primer comandante del ELN -  ENTREVISTA PARA EL MEDIO BERRIA DE EUSKALERRIA - FEBRERO 2024. https://telegra.ph/ENTREVISTA-PARA-EL-MEDIO-BERRIA-DE-EUSKALERRIA---FEBRERO-2024-02-12 Dialogo en la Red X con Pablo Beltrán, desde la Plataforma de Isegoria de la Universidad de Antioquia https://alairenoticias.com/blog/noticias-arauca-ultima-hora/eln-en-arauca-dice-que-si-apoya-proceso-de-paz/ ELN en Arauca dice que sí están representados en la mesa y apoyan el Proceso de Paz https://ultimasnoticiasarauca.com/director-de-pares-insta-a-comunidad-a-presionar-por-dialogos-de-paz-en-arauca/ Director de Pares insta a comunidad a presionar por diálogos de paz en Arauca En este momento en el #ELN hay una sincronización orgánico política en todas las estructuras y ahí está el #FGOELN , nos sentimos representados en la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional https://twitter.com/fgoriental_eln Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Razón Pública Hacía unos días el ambiente no podía ser mejor. Terminaba el VI ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN y se llegaban a acuerdos fundamentales para avanzar en los diálogos de paz, la prórroga al cese al fuego por seis meses más, o las tentativas para llegar al fin del secuestro invitaban al optimismo. Este grupo guerrillero, fundado en 1964 por campesinos de Santander y sacerdotes, se ha caracterizado por su radicalidad a la hora de la negociación. Son incontables las veces que se ha intentado llegar a acuerdos con gobiernos pasados, pero todos estos intentos han naufragado. Después de terminar el VI ciclo se dieron algunos hechos que terminaron siendo los primeros nubarrones de la tormenta que se sobrevendría. El anuncio de un paro armado en Chocó crispó los nervios del actual comisionado de paz Otty Patiño quien calificó de “traición” las acciones armadas del ELN. Los cuestionamientos a un Fondo Multidonante, un supuesto informe de seguridad de las Fuerzas Armadas en donde se denuncia que el ELN ha usado el proceso para fortalecerse, además del acercamiento al frente Comuneros del Sur que opera en Nariño en un intento del gobierno por acercarse aún más a los territorios afectados por el conflicto, fueron minando la confianza del COCE. En la noche del 20 de febrero lanzaron un comunicado cargado de frases tajantes:  “Habiendo pactado un proceso nacional de participación de la sociedad, ahora monta un diálogo regional en Nariño por fuera y desconociendo la delegación del ELN y la mesa donde participa la comunidad internacional oficiando como garantes, así como la ONU y también la Conferencia Episcopal Colombiana". O esta otra donde prácticamente congelan las negociaciones con el gobierno: “Al hacerse público tal montaje, disfrazado de diálogos regionales, el proceso entra en abierta crisis y nos vemos en la obligación de llamar a consultas a nuestra delegación. Sin ser responsabilidad lo acontecido, los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional entrarían en una fase de congelamiento mientras el Gobierno se disponga a cumplir lo acordado". Se estaba en un punto crucial en la mesa y justo en este momento aparece el tema de la participación en la sociedad civil que estaba engavetado en la mesa, ya existe un comité nacional de participación, se habían adelantado proceso de territorialidad de comité que se esperaba se articulara a la mesa. Pero el problema que apareció fueron los tiempos: el gobierno tiene unos, el ELN y los territorios otros. Los combates del ELN con otros grupos armados en estos lugares provocan la desesperación de los civiles en el conflicto que no le ven la luz al final del túnel. Para el coordinador de la línea Paz Territorial y Derechos Humanos, de la Fundación Paz y Reconciliación, Francisco Daza “En la mesa de negociación los ciclos se han realizado fuera del país y estos tiempos convocan a que se empiecen a territorializar en Colombia. Lo de Nariño es un llamado de atención a la sociedad civil a la mesa para pisar un poco el acelerador”. Es apenas lógico que la sociedad civil en el territorio que vive el conflicto quiera que se acelere el fin del conflicto. El ELN debería avalar y aplaudir este tipo de iniciativas territoriales de paz donde buscan que haya un diálogo más cercano con la gente y no saltar y decir que los están excluyendo. Sobre si hay una división dentro del ELN Francisco Daza dice: “Antonio García dice que el ELN está cohesionado bajo la batuta del COCE, por ese lado no es la cosa y sí me parece bien la lectura que hace el gobierno frente al comunicado del ELN que es señalar que se sigue adelante con el proceso, queremos cumplir y endilgarle la responsabilidad al ELN”. Analistas afirman que se le acaban los tiempos al ELN, que se comprometan en enfocar los diálogos en territorio, la próxima semana en Bogotá se desarrollarán actividades del comité nacional de participación y será vital este encuentro para aterrizar a la mesa de negociación las necesidades del territorio que debe ser lo más importante.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El País A comienzos de febrero el grupo disidente liderado por un disminuido Iván Márquez anunció su voluntad e intención de unirse a la Paz Total propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. La ONU ha lanzado una investigación para comprobar si este grupo, conformado en su momento por firmantes de paz que renegaron del proceso, como Jesús Santrich, alias Romaña o el Paisa, sufrió una persecución judicial, un entrampamiento por parte de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. En caso de que sea así podría tener una segunda oportunidad en un proceso de negociación. La Segunda Marquetalia a diferencia del Estado Mayor Central, se distanció de los acuerdos de la Habana firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en noviembre del 2016, por los problemas de implementación que se terminaron de ahondar durante la presidencia de Iván Duque. Tiene un componente mucho más político que los disidentes bajo el mando de Iván Mordisco. Mientras tanto la guerra continúa. Desde mediados de febrero el EMC y la Segunda Marquetalia, se vienen disputando palmo a palmo las orillas del rio Orteguaza en Caquetá. Uno de los medios que más a estado pendiente de estos enfrentamientos es El Espectador. Ellos denunciaron que desde hace cerca de un mes cinco mil habitantes siguen confinados en estos sitios. La Segunda Marquetalia se afincó en Caquetá por los Comandos de Frontera. Según InSitght Crime este grupo está compuesto “por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y La Constru, un grupo posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que  busca mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador”. Los Comandos Frontera, adscritos a la Segunda Marquetalia, tienen entre sus funciones supervisar toda la cadena de producción de la coca. A punta de intimidación acorralan al que cultiva la planta. Ejercer control además sobre los cristaladeros y monopolizan la compra de la pasta base. Entre sus cabecillas están Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”. En el Putumayo el grupo con el que se pelea el territorio de manera encarnizada es con otra disidencia FARC, el frente Carolina Ramírez quien le rinde cuentas a Gentil Duarte. Ahora este campo de batalla se ha trasladado al Caquetá. En este momento hay cinco mil personas a orillas del rio Orteguaza en Caquetá. Una de las afectadas por la situación fue entrevistada para el reportaje publicado hace unos días en El Espectador titulado Así se vive la guerra de la Segunda Marquetalia y el EMC por el control del Caquetá:  “Ya no sabemos qué hacer. Vamos a cumplir un mes quietos, sin producir nada para pagar el arriendo y los servicios, ni para un mercadito, y nadie sabe cuándo van a dar permiso para volver a navegar”. Las confrontaciones arrancaron en esta zona en enero. El 22 de ese mes circuló un panfleto en donde se prohibía a embarcaciones navegar por los ríos Orteguaza y Caquetá. Los puertos de la zona ya empiezan a verse afectados. Se teme que pronto haya desabastecimiento de alimentos. Se desconoce el número de bajas que ha habido en estos combates, lo único cierto es que la población está pidiendo que los dejen y que necesitan vivir en paz. En el marco de las negociaciones el territorio necesita tener la certeza de que ellos son lo más importante.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Infobae y El Tiempo Los medios de comunicación tomaron como una noticia pintoresca la orden que dio la JEP de que el general en retiro Henry Torres Escalante pagara sus crímenes sembrando árboles en Sumapaz. No todos estaban contentos con la decisión. Algunos estaban indignados. Sobre todo las víctimas. Una de ellas era Yohana Torres. La brigada XVI que comandaba el general asesinó en Casanare a su papá, Daniel Torres Arciniegas y a su hermano, Roque Julio Torres Torres en el 2006. La razón del asesinato fue denunciar las atrocidades que estaban sucediendo en la vereda Aguazul donde su vecino, Hugo Araque, fue asesinado por soldados de la Brigada. Lo torturaron, lo amarraron en un árbol antes de balearlo. Los uniformados intentaron torcer su versión. Según ellos Araque era un guerrillero del ELN. Ellos sólo cumplían con su deber. Los soldados de ese batallón siguieron matando gente en esa vereda. Así cayó otro inocente, Fredy Sanabria, un campesino que se había ido de una fiesta a llevarle un plato de comida a un amigo. En el camino se encontró con soldados de la Brigada 16, comandada por el general Torres Escalante. Al campesino lo arrodillaron y luego le dispararon a mansalva. Los Torres, Padre e hijo, lo vieron todo. La versión entregada por los uniformados hablaba de que Sanabria era un reconocido extorsionista del ELN. Tiempo después se conocería la verdad. Pero, en ese momento, los únicos que señalaban estos crímenes como obra de miembros del ejército eran los Torres. Les empezaron a llegar amenazas. Que mejor se callaran, que no se metieran donde no los han llamado. Que cerraran la jeta. El 12 de noviembre del 2006 soldados de la Fuerza de Tarea Oro Negro llegaron hasta la finca el Triunfo, propiedad de los Torres, y les dijeron, pistola en mano, que si seguían hablando los mataban. A Daniel no le importó y siguió denunciando. Bastante había tenido toda su vida con tenerle miedo a los paracos y a los guerrillos que se disputaban la zona como para temerle ahora a la advertencia del ejército. Dejó claro que si le pasaba algo los culpables eran los uniformados. El ejército tenía paciencia. Les montaron una trampa. A su finca llegó herido Bernabé Castro, supuesto guerrillero del ELN. Tenía el cuerpo cortado con machete. Los Torres lo atendieron, le prestaron ayuda y esta fue la excusa que necesitaba la Brigada para ir con todo contra padre e hijo. La operación estuvo a cargo del subteniente Marco García, perteneciente a la Brigada 16. Años después, en el 2012, confesó todo ante la Fiscalía: "el 15 de marzo de 2007 fui llamado al COT, eso es de comunicaciones (sic), en donde se iba a planear una operación dirigida hacia la vivienda del señor Daniel Torres (…) De acuerdo a lo que planeó, por orden directa del comandante de la Brigada, en ese entonces coronel Torres Escalante, se trataba de ir y dar de baja estas dos personas”. Los mataron delante de su familia, de su hija Yohana Torres. La orden del asesinato de los Torres la dio el general Torres Escalante. Las pruebas eran abrumadoras contra él pero la justicia se movió lento. Incluso de sus familiares, entre las que estaba su hija, Johana Torres. Ella tuvo que ver como, hasta el 2015, el general Torres Escalante era condecorado, premiado y hasta se le dio la deferencia de estar al frente del Comando Conjunto No 2 del Sur Occidente. Allí duró hasta el año 2016 cuando la mano de la justicia por fin lo alcanzó. Siete años después, en el 2023, reconoció ante la JEP estar implicado en 146 crímenes que condujeron a casi 300 falsos positivos. El afán por conseguir resultados en tiempos de la Seguridad Democrática llevó a este general, comandante de la brigada XVI en Casanare, a exigir litros de sangre. Se hizo justicia pero Torres Escalante no pagará su pena en una cárcel común. Se acogió a la justicia restaurativa y por eso parte de la condena será reforestar el páramo de Sumapaz. Torres Escalante participará junto a otros 40 miembros de la Fuerza Pública que estarán en un polígono de 15 hectáreas sembrando 2.800 árboles. Torres estará al lado del mayor retirado Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre los años 2006 y 2007, implicado también en el caso de falsos positivos en ese departamento. Este es un ejemplo de cómo se puede reparar. Sin embargo hay dudas. Yohana Torres está de acuerdo con que el asesino de su papá trabaje en restauración ambiental, pero cree que estaría mejor que esta restauración se hiciera en el lugar donde ellos cometieron sus crímenes. Además de que deben presionar a estos oficiales para que digan en donde están los cuerpos de las decenas de las personas que permanecen desaparecidas en el lugar donde se desarrollaron los hechos. En los años en los que Torres Escalante compareció ante la JEP se le vio distante, frío con las víctimas. Las verdades que dio no fueron suficiente para que sus víctimas le crean. Yohana Torres sobre esto le dijo a El Tiempo: “Una persona que no ha sido sincera con las víctimas diga que las va a restaurar con este acto. El primer paso es que él siente y sea sincero, que asuma no sólo por omisión, y luego si pase a restauración”. No deja de ser histórico que la JEP le aplique la justicia restaurativa a un general que hizo tanto daño. Pero la víctimas, como Yohana Torres, inevitablemente, pondrán reparos ante estas medidas.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: El Heraldo En un hito trascendental para la historia contemporánea de Colombia, el próximo 3 de marzo marcará el inicio del cuarto ciclo de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este encuentro, que se llevará a cabo en San José del Guaviare, se posiciona como un paso significativo hacia la consolidación de la paz en un país que durante décadas ha sido afectado por el conflicto armado. El proceso de paz entre el Gobierno y el EMC ha sido caracterizado por una serie de acontecimientos relevantes que han delineado su evolución y alcance. Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarca, y Ciro Alfonso Romero Ospina, alias “Willy”, como representantes de la disidencia de Iván Mordisco en la mesa de diálogo. Esta incorporación, anunciada por Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno, se produjo luego de la suspensión temporal de las órdenes de captura en su contra, conforme a una resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 16 de enero de 2024. La resolución de la Fiscalía, respaldada por el Decreto 1081 de 2015, refleja un compromiso con el proceso de paz al suspender las órdenes de captura de los miembros-representantes del EMC, reconociendo así la importancia de su participación en las negociaciones lideradas por el Gobierno Nacional. Este gesto de confianza mutua allana el camino para un diálogo constructivo y fructífero, donde las partes pueden abordar de manera efectiva los desafíos y oportunidades que se presentan en el proceso de paz. El EMC, surgido en 2016 como una facción disidente de las FARC durante las negociaciones de paz, representa un grupo que optó por mantenerse al margen del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno y la mayoría de la guerrilla. Con una estimación de al menos 3.400 integrantes, de los cuales más de 2.100 están armados, el EMC ha emergido como un actor significativo en el panorama político y social de Colombia, desafiando las narrativas convencionales sobre el posconflicto. Desde sus primeros encuentros, el Gobierno y el EMC han logrado avances significativos en el proceso de paz, marcados por la firma de varios acuerdos que abordan aspectos clave para la estabilidad y la reconciliación en el país. Entre los acuerdos más destacados se encuentra el compromiso del EMC de renunciar al secuestro con fines económicos, un paso fundamental hacia la construcción de una paz duradera y sostenible. Además del cese al fuego, que actualmente está vigente hasta el 15 de julio de este año con posibilidad de prórroga, se han firmado acuerdos relacionados con la protección a la población civil, la participación de la sociedad civil, la intervención territorial y el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Estos acuerdos reflejan el compromiso conjunto de ambas partes de abordar los desafíos más urgentes y sentar las bases para una paz inclusiva y perdurable. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en los últimos seis meses se ha observado una disminución en las acciones armadas relacionadas con ataques a la fuerza pública y a la población civil. Sin embargo, se han registrado picos de confrontación, como por ejemplo, la crisis en el Cañón del Micay, un escenario de larga data en cuanto a presencia histórica. También se han identificado disputas en Arauca entre el Frente Décimo del EMC y el Frente Domingo Laín del ELN. Registro de acciones del EMC durante el Cese al fuego octubre2023- febrero 2024 Además, Marín destacó que en relación con la mesa de negociación, es importante subrayar que, a diferencia de la mesa con el ELN, esta cuenta con un despliegue territorial que ha permitido trazar una hoja de ruta de acciones en los departamentos de Cauca, Arauca, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Guaviare. Se espera avanzar en la realización de acciones para la recuperación de la Cuenca del Río Catatumbo, la concertación de planes sociales en Norte de Santander y la elaboración de planes socioambientales en regiones del Caquetá. El respaldo internacional ha sido fundamental para el éxito y la legitimidad del proceso de paz en Colombia. Países como Irlanda, Suiza, Noruega y Venezuela han actuado como garantes del proceso, brindando su apoyo y asistencia técnica para facilitar las conversaciones y garantizar su cumplimiento. Asimismo, organizaciones internacionales como la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias, la MAPP-OEA y las Naciones Unidas han desempeñado un papel crucial como acompañantes del proceso, proporcionando orientación y supervisión para asegurar su integridad y transparencia. El proceso de paz no se limita únicamente a las conversaciones formales entre el Gobierno y el EMC, sino que también incluye una serie de diálogos sociales que se han llevado a cabo en diferentes regiones del país. Estos encuentros, que han tenido lugar en Norte de Santander, Cauca y Arauca, entre otros lugares, han permitido la participación activa de la sociedad civil en la construcción de la paz, proporcionando un espacio para el intercambio de ideas, preocupaciones y aspiraciones.