Search this site

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Universal En diciembre del 2023 el senador Antonio José Correa Jiménez le envió al secretario general del senado, Juan Gregorio Eljach, la radicación del proyecto “Reforma a la ley de justicia y paz, segundas oportunidades y acogimiento de nuevos grupos”. Con él se buscaba desentrabar la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro para iniciar negociaciones con todos los grupos armados, indistintamente de la agenda política qué estos tengan. En esto radica uno de los grandes obstáculos. Los primeros esfuerzos en el legislativo para la ley de Paz Total dejaron por fuera a dos jugadores importantes. En primer lugar, al Clan del Golfo, nacido de las disidencias que en el 2006 dejó la desmovilización de los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y en segundo lugar a las propias disidencias de las antiguas FARC: El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. El congreso se centró en el debate de cuán políticos son los grupos disidentes y si el Estado debe entrar a hacerles concesiones o por el contrario forzarlos al sometimiento. Esto claramente echó por la borda la idea de negociaciones socio jurídicas o similares con el Clan del Golfo, pero también hizo que las negociaciones con las disidencias quedaran sin un piso jurídico claro. En los inicios de la campaña presidencial la Paz Total era novedosa. Incluso después de que una investigación de Ricardo Calderón para Caracol Noticias reveló en plena campaña presidencial que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro y el hoy ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, visitaron diferentes cárceles del país proponiéndole a diferentes representantes de grupos armados ingresar en una negociación de paz, el hoy presidente los respaldó asegurando que una sociedad como Colombia necesita de un perdón generalizado. Dijo en su momento el presidente: "¿Podríamos pensar que es posible que, a Colombia, después de dos siglos de guerras perpetuas le ha llegado un momento de perdón social generalizado? Yo pienso que sí". Ante la polémica, los congresistas encargados decidieron engavetar la propuesta de ley de sometimiento. Pero en diciembre, cuando la Corte salvó el proyecto de la Paz Total, Antonio José Correa revivió la reforma que le daría segundas oportunidad y acogería a grupos armados. Pero el senador Correa no está exento de polémica y críticas que pueden afectar el trámite de la ley. Correa, a pesar de ser del partido de la U, es cercano al gobierno. Está en la Comisión Segunda del Senado, encargado de la política internacional y seguridad. Se ha mostrado incluso dispuesto a apoyar la reforma a la salud. A sus 48 años este médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla ha estado metido en varias polémicas. Es que arrancó su carrera como funcionario público de la mano de Enilce López, la “Gata” fallecida recientemente. La reina del chance le dio la secretaría de salud de Magangué mientras su hijo, Luis Alfonso López, condenado por homicidio, fue alcalde del municipio. Es imposible desligar el nombre de Antonio José Correa del de la “Gata”. En el 2010 llegaría al senado con 56 mil votos. La mitad, 22 mil de ellos, vinieron de Sucre. Según lo reveló en su momento el portal La silla vacía, Correa contó con la ayuda de su mentora política “López puso a su estructura a conseguirle votos a Correa. De hecho, el senador aceptó que en 2010 recibió 200 millones del hijo de EnilCe, Alfonso López”. El año pasado la Corte Suprema acusó a Correa de los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en unos contratos celebrados con Coldeportes. El marco jurídico de este proyecto de ley beneficiaría a ex paramilitares, quienes están pendientes de que se les definan sus condenas, que quedarían muy reducidas, y además les serviría a grupos como el Clan del Golfo o los Pachenca, pero también contribuiría a destrabar la negociación con la segunda Marquetalia. Las penas que tendrían que pagar estos grupos estarían de la mano de la justicia restaurativa buscando beneficios para la sociedad en materia de verdad y de reparación. Lo cierto es que no es la primera vez que se trata de tramitar una ley que contribuya a someter a grupos con profunda relación con el narcotráfico y la extracción de rentas ilícitas. Incluso no sería la primera vez que el Estado Colombiano diera concesiones en estas negociaciones a cambio de que se desmovilizaran estos grupos. Pese a que por ejemplo en el Caso de las AUC la disminución de la violencia fue evidente, hoy el Clan del Golfo tiene presencia en 233 municipios, de acuerdo con la base de datos de la Fundación Pares. El debate hoy va a estar centrado en la figura del senador Correa, por su polémico pasado, pero también otra vez revivirá el “politicómetro”. No obstante, los retos para el país de una ley de esta naturaleza no están necesariamente relacionados con la desmovilización de grupos en lo que el país ha sido exitoso, sino en la prevención de nuevas violencias y de aparición de nuevos aparatos criminales. En eso, el proyecto presentado es bastante precario.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Cambio Colombia Cuando todos aplaudían a Mancuso, se rendían a sus pies, Gustavo Petro permanecía con los brazos cruzados y la mirada gacha. Era julio del 2004 y el hoy presidente pertenecía en ese momento a la bancada del Polo Democrática. Uribe era el que mandaba y había metido al país en el rocambolesco proceso de paz con las AUC. Dos de las congresistas que fueron escogidos gracias a la presión de los paramilitares en los territorios que controlaban, Rocío Arias del Bajo Cauca y Eleonora Pineda, de Tierralta, Córdoba, fueron el puente para convencer a Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, entraran al Congreso y fueran aplaudido a rabiar por la mayoría de senadores. En el sector de prensa Iván Cepeda, a los gritos, protestaba por la infamia. El congreso le rendía homenajes a los jefes del grupo que asesinó a su padre -con complicidad del Estado- diez años atrás. Con los paras allí, en el salón elíptico, se comprobaba que había acabado la guerra y los ganadores eran los malos. Una vez terminaron de hablar los comandantes, Petro, como uno de los líderes de la oposición, tenía la réplica. Mancuso, displicente, imperial, se fue del recinto. Petro se comió el sapo del desplante y tomó la palabra, denunciando lo que una investigación de la Corporación Arco Iris catalogaría con el nombre con el que pasaría a la historia: La Parapolítica. Diecinueve años después, el miércoles 16 de agosto del 2023, Mancuso estaba en una cárcel en Georgia, Estados Unidos. A este país llegó en el 2008. Su extradición a EEUU fue considerada una traición por parte de Uribe al proceso de paz con los paras. Las víctimas afirmaban que Mancuso tenía verdadera intención de ayudar. Con mapa en mano identificaba, incluso, los lugares en donde había enterrado a centenares de desaparecidos de las AUC. Tenía voluntad, pero estaba hablando demasiado y Uribe decidió callarlo entregándoselo a la justicia gringa. Mancuso ya era otra persona, no tenía la mirada altiva, el traje Armani, los sueños de poder. Ahora sólo quiere salvar el pellejo. A Petro ya no lo mira por encima del hombro. Es más, en la videollamada que realizó desde Georgia aceptó, casi que con humildad, la propuesta que le hacía el presidente de ser Gestor de Paz. “Quiero decirle al país y al Presidente que yo honro mi palabra y acepto la designación que me hace para trabajar de la mano de la OACP (Oficina del Alto Comisionado de Paz) en la búsqueda de la paz total en la que creo (...) Lo hago para ayudar a buscar esa paz total que necesita Colombia”. Aplaudió la decisión de hacer una paz que incluya a todos los grupos armados, incluso dio especificaciones de en qué consistiría su trabajo, siempre al lado de la víctimas de desaparición en Colombia y en otros países vecinos en donde habrían fosas comunes de cuerpos sin identificar. Mancuso ya había cumplido con su condena en Estados Unidos en el 2020 -está bajo custodia del servicio de inmigración de EEUU-. Desde ese año su primera estrategia jurídica, a cargo de su abogado, Jaime Paeres, fue apelar a su nacionalidad italiana e irse a vivir a Calabria, morir en la tierra de sus ancestros. Pero cambió de parecer y decidió que para redimir sus culpas lo mejor era regresar al país y dar la cara. Y contar la verdad, algo que debió haber hecho hace 16 años. Inmediatamente se anunció que Mancuso regresaría al país como Gestor de Paz el uribismo en pleno gritó aterrado. Ellos, los que alguna vez le abrieron las puertas del Congreso a los paras, ahora se rasgan las vestiduras y consideran que darle la palabra a Mancuso es permitir que “un asesino” “un despojador” hunda con sus “mentiras” a colombianos de bien. Inevitablemente Mancuso dará su versión de los hechos. Es probable que testifique en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, que siga diciendo sus versiones, como la que dijo en el 2023 donde afirmó que desde el DAS, cuando estaba de director de ese organismo Jorge Noguera, puesto allí por orden de Álvaro Uribe, había un plan para callar a balazos al entonces senador Gustavo Petro. Para Isaac Morales, coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, las declaraciones de Mancuso podrían hundir a poderosos de la Costa como “El ex gobernador López Cabrales, la familia Manzur, los Jattin, los que participaron en el pacto de Ralito, y la relación que tenía él con ellos. Y claramente, por lo que se supo con las audiencias con la JEP, la mención que se hizo a Uribe y la relación con su gobierno y lo que sabía del paramilitarismo en su gobierno. Además de nombres del mando militar. Y, principalmente, las verdades que debería aportar tendrían que estar relacionadas con reparar a sus víctimas, así como aportó su verdad sobre hechos tan escabrosos como los hornos crematorios”. En un vuelo charter, acompañado de un centenar de deportados, Salvatore Mancuso aterrizará en Colombia a las 3 de la tarde. En el aeropuerto será recibido por agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Migración Colombia quienes lo trasladarán a los calabozos de la DIJIN. Mancuso debería responder por múltiples crímenes cometidos en el país, desapariciones, narcotráfico, masacre, pero esto podría atenuarse abrazándose a la JEP en donde Colombia espera que, en su papel de Gestor de Paz, no sólo sea un puente con grupos armados que quieran adherirse a la Paz Total sino que cuente su verdad. El lugar de reclusión de Mancuso será la cárcel La Picota en donde estará estrictamente vigilado y también protegido. Hay fuerzas oscuras que no quieren que el excomandante paramilitar hable.

Por: Redacción Pares Semana 26 al 1 de marzo La semana anterior se vivió la cuarta crisis de este proceso de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, la primera fue el anuncio de "cese bilateral" anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre del 2022, el cual fue desmentido por el ELN y se resolvió con una reunión extraordinaria de las dos delegaciones en Caracas, la segunda fue cuando el presidente Petro en una intervención en la Escuela Superior de Guerra, dijo que el ELN participaba del multicrimen y debía escoger si seguía el camino altruista del sacerdote Camilo Torres Restrepo o el del narcotraficante Pablo Escobar, estas declaraciones produjeron por parte de la delegación del ELN, la suspensión de las sesiones del III Ciclo en la Habana, las cuales se retomaron luego de dos días de parálisis y el trabajo de buenos componedores de los países garantes, acompañantes y la facilitación de la Misión de la ONU y la iglesia Católica, la tercera crisis y quizás la más grave hasta el momento fue en octubre pasado, cuando el gobierno afirmó -con razón- que el ELN era el responsable del secuestro del ciudadano Luis Manuel Diaz y que exigía su liberación, lo cual se dio con el acompañamiento de la Misión de la ONU y la Iglesia Católica y la cuarta -y con seguridad no será la última- la acabamos de vivir la semana pasada, cuando el Comando Central del ELN, llamó a consultas a su delegación y afirmo que el proceso podría ser congelado, ante la situación que se viene presentando con la estructura de esta organización en el Departamento de Nariño, el Frente Comuneros del Sur. El Frente Comuneros del Sur, del ELN, se formó a principios de los años noventa y ha tenido su epicentro de actuación en los municipios de Samaniego, La Llanada, Santa Cruz y Ricaurte y se proyecta hacia el pacífico Nariñense por Barbacoas, Roberto Payan y Tumaco, es un Frente persistente en su actuación y con una amplia experiencia en este territorio, donde la victimización ha sido enorme sobre la comunidad indígena Awa y las comunidades negras. El Frente Comuneros tiene diferencias con el COCE del ELN, que se hicieron evidentes con su interés de participar del proceso de diálogo para la transformación del territorio que ha convocado el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, como parte del proceso de formulación del Plan Departamental de Desarrollo, lo cual ha sido interpretado por la dirección del ELN, como una operación del gobierno y sus organismos de seguridad para dividir al ELN, lo cual ha sido respondido por el Gobierno, como un asunto al interior del ELN que ellos deben resolver. El Comando Central, ante la situación de Nariño y la postura del Frente Comuneros del Sur, llamó a su delegación de diálogos a consultas y afirmó que el proceso podría entrar en una parálisis, situación por supuesto de la mayor gravedad. Del sábado 24 al lunes 26 de  febrero se llevó a cabo una reunión extraordinaria entre la delegación del gobierno colombiano y el ELN, por solicitud de los países garantes y acompañantes, Misión de Naciones Unidas y la Iglesia Católica en el que parece que "las aguas vuelven a su curso" o por lo menos hay un compás para encontrar salidas a la situación de crisis. Ante la situación planteada por el Frente Comuneros del Sur, se pueden visualizar los siguientes escenarios: el Frente amplia su distancia con el COCE y es expulsado o decide su separación, situación que será criticada por el ELN como operación de división orquestada por el Gobierno Colombiano -sobre lo cual no hay evidencia-, el gobierno colombiano "mete en el congelador" una posible participación del Frente Comuneros del Sur en el proceso de diálogo territorial, con lo cual "le echa una mano" al ELN, escenario en el cual el gobierno gana puntos de credibilidad con el conjunto del ELN o el peor de los escenarios, esta crisis sigue por semanas, lo cual por el tono del comunicado de la reunión extraordinaria, no parece ser el más viable. No sabemos los resultados de la reunión extraordinaria, lo que sí sabemos es la fecha del VII ciclo, que se realizará en Caracas entre el 8 y el 22 de abril. El acuerdo de agrupar trescientos presos y presas del ELN, en ocho centros penitenciarios, se viene llevando adelante, es una medida humanitaria importante, luego que cerca de seiscientos presos y presas de esta organización que estaban en 28 centros penitenciarios a lo largo y ancho del país, ahora van a estar más cerca de sus familias, con esta medida se evidencia que son muchas las iniciativas que las dos partes pueden emprender, igualmente se habla de medidas frente a lisiados, integrantes del ELN, cuyos cuerpos pueden ser rescatados y entregados a sus familias y acción humanitaria y de involucramiento en este esfuerzo de paz con los presos y presas del ELN. Los encuentros preparatorios para la construcción del Plan Nacional de Participación, se siguen realizando y vendrán otros en las próximas semanas, para cumplir con todos los programados y tener el plan nacional de participación definido en el mes de mayo. Así empezó esta crisis el pasado 29 de enero. https://www.pares.com.co/post/informe-especial-de-la-fundaci%C3%B3n-paz-y-reconciliaci%C3%B3n-sobre-el-proceso-de-paz-con-el-eln Informe Especial de la Fundación Paz y Reconciliación sobre el proceso de Paz con el ELN https://www.pares.com.co/post/el-proceso-con-el-eln-entra-en-fase-de-congelamiento El proceso con el ELN entra en fase de congelamiento https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/alejo-vargas-fin-del-conflicto-armado-y-dialogos-regionales-CK23833166 Fin del conflicto armado y diálogos regionales

Por: Iván Gallo Foto tomada de: El Heraldo A Edwin Ariel López Granados diez hombres armados le rompieron la puerta de su casa en la ciudadela Juan Atalaya, lo sacaron a rastas y lo metieron en una camioneta. A pesar de los gritos ningún vecino miró para afuera. Fue en la madrugada del 13 de abril del 2003. Los paracos mandaban en Cúcuta. A Edwin todos lo conocían. Era director de teatro, actor y hasta coreógrafo. Escribía poesía y era terco cuando opinaba. Era el artista de la Universidad Francisco de Paula Santander. El contestatario, el corazón del movimiento estudiantil. Y por eso los paracos lo tenían en la mira. Edwin apareció muerto dos meses después. Lo encontraron junto a otro estudiante, su amigo Gerson Gallardo Niño, ambos metidos en un cajón pintado con los colores del ELN en el ardiente kilómetro 18 de la vía Tibú-La Gabarra. Los dos tenían 23 años. Todos sabían lo que pasaba pero nadie hizo nada. Todos sabían que el que mandaba era el Bloque Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su jefe era Jorge Iván Laverde. Le decían el Iguano, pero también le podrían decir Satanás. Llenaba lagunas artificiales con babillas y allí echaba a sus enemigos. Hizo algo peor, adecuó dos ladrilleras que encontró en el municipio de Juan Frío, en Villa del Rosario, y las convirtió en hornos crematorios. Quemó más de 500 cuerpos allí. El punto de quiebre del horror en Norte de Santander fue el 21 de agosto de 1999. Ya las AUC habían entrado con todo a Tibú en mayo, haciendo una de sus masacres. Pero se quitaron la máscara en La Gabarra. Los sobrevivientes aún recuerdan esa madrugada. Se fue la luz desde temprano. Todo estaba oscuro cuando los paras entraron. La base militar, que quedaba al lado del río Catatumbo, a unos cuantos metros del casco urbano, no se movió. Bueno, sí se movió. Empezó a lanzar bengalas que estallaban sobre el pueblo iluminándole el paso a los paras que, lista en mano, iban sacando a la gente de las casas, los ponían bocabajo en su propio antejardín y le estallaban la cabeza de un balazo. La dueña del hostal que aún presta su servicio frente a la cancha central recuerda que las cabezas sonaban “como las guanábanas que caen al piso cuando maduran del árbol”.  Como sucede con la mayoría de masacres en Colombia nadie sabe la cifra exacta. Unos hablan de 39, otros de más de setenta. Es que no se contaron los que, desesperados, se botaron al río Catatumbo porque preferían morir ahogados a ser torturados por los hombres de Mancuso. Porque fue orden de Mancuso establecerse en Cúcuta y quitarle a las FARC y a otros carteles el monopolio de la droga. Se estima que en la Gabarra se podrían mover 30 millones de dólares al año en coca. Su cercanía a Venezuela, por el Catatumbo, lo convertía en un corredor de oro para llevar y traer gasolina, alimentos, licores y droga, todo de contrabando. La reunión clave se dio en 1997, en un prostíbulo llamado Rumichaca, cerca de San Antonio del Táchira. Allí, en medio de tragos y vallenatos, se estableció la meta de convertir a Norte de Santander en un fortín paramilitar. Se inauguraba el Bloque Fronteras de las AUC. La Gabarra sólo fue un punto más en el mapa. Al Tarra le dieron durísimo, a Herrán, el Carmen, Ocaña, Lourdes, San Calixto, Puerto Santander, Cornejo y Cúcuta. Las cifras son escalofriantes. Según el diario La Opinión existe un archivo en donde están reseñadas 13.919 personas muertas entre los años 1997 y 2005, plena hegemonía paramilitar. Fueron más de 1.000 hombres de las Autodefensas. El Iguano no fue el único comandante. Son muchos los habitantes del Catatumbo y Norte de Santander que recuerdan con horror los nombres de Albeiro Valderrama Machado, alias Piedras Blancas; Lenin Giovanni Palma Bermúdez, alias Álex y José Mauricio Moncada, alias Mocoseco, quienes estuvieron al frente del despojo, las desapariciones, las masacres, las torturas, los desmembramientos que vivió Norte de Santander y su capital. En Cúcuta mataron a líderes políticos como el poeta Tirso Vélez, aspirante a la gobernación de Norte de Santander quien fue baleado por sicarios en pleno centro, un mediodía. En Cúcuta desaparecieron estudiantes, torturaron líderes barriales, violaron mujeres, extorsionaban el comercio y controlaban a los políticos. Lo que ha pasado esta semana en el Cementerio de Cúcuta se explica en esos años de horror absoluto. La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hicieron una inspección en el cementerio central de la ciudad. Lo que encontraron les heló la sangre. 3.800 cuerpos metidos de manera irregular en bolsas de polietileno. La UBD constató que hasta el momento se han logrado identificar 211 restos de personas que figuraban como desaparecidas. En Norte de Santander hay reportadas más de 4.000 personas como desaparecidas. El hallazgo en el cementerio central demuestra no sólo las malas prácticas administrativas de la ciudad sino la complicidad que hubo entre alcaldía, gobernación y las Autodefensas. El cementerio central de Cúcuta es uno de los 20 en los que JEP y la UBD han intervenido para lograr encontrar los cerca de 80 mil desaparecidos que dejó el conflicto en Colombia. La búsqueda continúa. Se espera tener resultados tangibles el próximo 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto armado. Es hora de que los familiares de los desaparecidos apaguen su dolor y puedan tener el derecho a llorar sobre sus muertos.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El País El domingo 3 de marzo, el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC) dieron inicio a la cuarta ronda de negociaciones para la paz, prevista para extenderse hasta el próximo sábado 9 de marzo. Durante este período, se abordarán temas cruciales como las transformaciones territoriales y la participación social en el proceso de paz. Estas negociaciones no solo representan un avance significativo con este grupo armado, sino que también marcan un hito importante en el proceso de paz. Además, el pasado viernes 1 de marzo, el Gobierno de Gustavo Petro oficializó el inicio de los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, disidencias de las extintas FARC lideradas por Iván Márquez. El anuncio oficial se realizó a través de la resolución 064 del 28 de febrero, en la cual se autoriza la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con las autodenominadas Segunda Marquetalia. Esta resolución, sustentada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones, marca un hito en el intento por alcanzar una solución política y construir la paz en el país. La resolución emitida por el Gobierno designa a Armando Novoa como el jefe negociador en esta mesa de diálogos de paz. La designación de Novoa como jefe negociador fue formalizada mediante un comunicado oficial, donde se destaca su experiencia como exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El enfoque de la mesa de diálogos estará dirigido a buscar soluciones al conflicto armado, la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el respeto y la protección de los derechos humanos, así como el cese de las afectaciones a la sociedad civil. Se espera que estos diálogos conduzcan a acuerdos de paz que faciliten el desarme y la desmovilización del grupo armado en cuestión. La resolución también aborda la fórmula que el Estado colombiano ha encontrado para iniciar diálogos políticos con la Segunda Marquetalia, basada en disposiciones legales y constitucionales que permiten llevar a cabo negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley. La oficialización de esta mesa de diálogos se realizará a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dando así un paso significativo hacia la consecución de la paz en Colombia. El anuncio de estos diálogos se produce poco después de que el presidente Petro reconociera a ocho miembros de la Segunda Marquetalia como representantes del grupo armado para la negociación. Entre los integrantes destacados de esta lista se encuentran José Aldinever Sierra Sabogal, también conocido como "El Zarco Aldinever", quien fuera exjefe del Frente 53 de las extintas FARC.  Asimismo, figura José Vicente Lesmes, alias "Walter Mendoza", reconocido como un histórico líder de las FARC, habiendo participado en la creación de las columnas móviles de esa guerrilla y sido uno de los fundadores del Comando Central de las FARC. Otro miembro relevante es Alberto Cruz Lobo, conocido como Enrique Marulanda, quien es uno de los 13 hijos de Manuel Marulanda Vélez, también conocido como Tirofijo, fundador de las FARC. La Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, surgió en 2019 como una disidencia de las FARC, en desacuerdo con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno colombiano. Desde entonces, el grupo ha mantenido presencia en varias regiones del país, generando preocupación por la seguridad y estabilidad en la región.   ¿Quién es Armando Novoa? Armando Novoa García es un destacado jurista colombiano con una amplia trayectoria en el ámbito público y político. Su carrera inició durante la Constituyente de 1991, donde fungió como asesor de la Alianza Democrática M-19, uno de los grupos con mayor representación en la redacción de la actual Constitución de Colombia. Posteriormente, participó en el llamado 'Congresito', el órgano legislativo temporal que operó tras la Constituyente. Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, Novoa ocupó el cargo de magistrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se destacó por su labor en investigaciones sobre financiamiento irregular de campañas, incluyendo el caso de los fondos de Odebrecht en las elecciones de Santos y Óscar Iván Zuluaga. Recientemente, Novoa aspiró a dirigir la Registraduría General del Estado Civil, aunque no resultó seleccionado. Su nombramiento más reciente ha sido como presidente de la Mesa de Diálogos de Paz con las autodenominadas Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC. Esta designación llega poco después de que se revelaran los representantes de dicho grupo en la mesa de diálogos. Su experiencia en negociaciones de paz, incluyendo su participación en los Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC, respalda su papel en este nuevo proceso de diálogo. Armando Novoa es reconocido por su habilidad jurídica y su compromiso con la construcción de la paz en Colombia.

Por: Redacción Pares Semana 4 a 8 de marzo 2024 La crisis producida por la iniciativa del Frente Comuneros del Sur del ELN, de participar del proceso de diálogo convocado por el gobernador de Nariño, Luis Fernando Escobar, fue tramitada en una reunión entre gobierno colombiano y el ELN, en una reunión en La Habana, no se conocen detalles de las "fórmulas" que las dos partes han conversado, al parecer la crisis no está resuelta y veremos cómo evoluciona esa iniciativa de participación del Frente Comuneros del Sur, veremos si participa de la convocatoria de diálogo regional o estará ausente. Gobierno y ELN, han anunciado que el proceso de liberación de veintitrés personas en poder del ELN, secuestrados por motivos económicos, han sido liberados, el ELN, ha sido preciso en informar desde su Comando Central, que una vez revisada cada una de sus estructuras, ya no hay personas en poder de ellos "por motivos economicos", lo que se puede leer como que si tienen personas en su poder por otros motivos, tema delicado y sin duda un logro del proceso que exista un compromiso de suspender la criticada practica del secuestro, un paso importante en el camino de construir nuevos referentes para salir de esta persistente violación de los derechos de ciudadanos y comunidades. En la reunión de la Celac, el gobierno Colombiano recibió un amplio respaldo al proceso de paz que adelanta con el ELN y al conjunto de la política de Paz Total:  “ Reafirmamos nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, así como el compromiso de avanzar en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, y otros actores armados” , cita el punto 71 de la Declaración de Kingstown. Continúa el proceso de participación para construir el Plan Nacional de Participación, que debe estar formulado en el mes de mayo y donde debe desplegarse la más amplia y diversa participación que formule las transformaciones que hagan viable la construcción de este acuerdo de paz. Al parecer ya concluyó la reubicación de trescientos integrantes del ELN, acuerdo logrado en el VI Ciclo y una medida importante que pretende que estas personas estén más cerca de sus familias, una medida de distensión y de generación de nuevos referentes de acción conjunta entre el gobierno colombiano y el ELN. El VII ciclo será en Caracas del 8 al 22 de abril. Comunicado conjunto de las delegaciones de Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional- ELN para la Mesa de Diálogos de Paz. Lee la nota completa aquí Vuelven los encuentros de participación en los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN #Bogotá #CNP #AvanzaLaPaz Tal y como lo había anunciado nuestra jefa de delegación, Vera Grabe, hechas las respectivas verificaciones la información disponible indica que el ELN ha dejado en libertad a todas las personas que tenía en su poder por secuestro con fines económicos. Así lo sostiene también el COCE en declaración de ayer. Un indudable avance en el proceso de paz con esta guerrilla. El ELN liberó a todos los secuestrados que tenía hasta 2023, según Vera Grabe https://www.radionacional.co/actualidad/celac-respalda-colombia-y-dialogos-de-paz-con-eln CELAC respalda a Colombia y diálogos de paz con el Eln https://www.colombiainforma.info/aunque-el-eln-cumple-con-los-acuerdos-persiste-tension-en-la-mesa-de-dialogos/ Aunque el ELN cumple con los acuerdos, persiste tensión en la mesa de diálogos https://www.contextoganadero.com/columna/informe-onu-gobernabilidad-en-riesgo Informe ONU: ¿Gobernabilidad en riesgo? - Por José Félix Lafaurie Rivera  https://www.semana.com/nacion/articulo/que-hay-en-los-331-municipios-que-controla-el-eln-segun-el-mapa-que-revelo-jose-felix-lafaurie-presidente-de-fedegan/202436/ Qué hay en los 231 municipios que controla el ELN, según el mapa que reveló José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán El ELN tiene que dar señales Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, periodista Foto tomada de: El Tiempo La oscura sombra del crimen organizado se cierne nuevamente sobre Colombia, y esta vez encuentra su nido en el municipio de Jamundí, donde las disidencias de las FARC están escribiendo un nuevo capítulo de terror y violencia, según reveló el medio de comunicación SEMANA en una investigación. Detrás de una fachada de poder y cogobierno en el Valle del Cauca, estas organizaciones criminales han establecido su imperio, con dos modernas estaciones de gasolina ubicadas estratégicamente en La Liberia y La Cabaña. Pero no se trata solo de un negocio lucrativo: la gasolina se convierte en el combustible que alimenta la maquinaria destructora de una carretera ilegal que pretende conectar con el Naya y el Pacífico, dejando a su paso un rastro de deforestación y desolación en la reserva natural de los Farallones de Cali. El control de la zona no se limita a la economía ilegal. Los habitantes de Jamundí viven bajo el yugo de la "ley" impuesta por estos grupos armados, donde la guerrilla es la única autoridad reconocida. Retenes ilegales, secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, emisión de tarjetas de identificación y exigencia de permisos de circulación son solo algunas de las prácticas aberrantes que someten a la población a un clima de terror constante. Hay algunos videos que circulan en redes sociales donde se puede observar a los guerrilleros patrullando las calles armadas sembrando el miedo entre la comunidad. Ciclistas detenidos en retenes improvisados son obligados a mostrar documentación bajo amenaza, mientras que las señales de advertencia colocadas en la carretera indican claramente quién tiene el control absoluto: "territorio de Mordisco". Pero el horror no termina ahí. Para transitar libremente por estas tierras controladas por las disidencias de las FARC, los habitantes deben portar un carnet de movilidad expedido por la columna criminal Jaime Martínez. Aquellos que se aventuran sin él enfrentan consecuencias desgarradoras: desde fuertes multas en efectivo hasta ser sometidos a trabajos forzados en la misma carretera que están construyendo los criminales para acelerar el paso de la droga hacia el Pacífico. Ante esta escalofriante situación, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha hecho un urgente llamado al Gobierno Nacional para acabar con la inseguridad que asola a los habitantes del sur del departamento. Exige claridad sobre el actuar de las autoridades frente a los grupos armados incluidos en el Proceso de Paz, quienes están sembrando el terror en Jamundí y otras comunidades vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2024 el pasado 1 de marzo, resaltando los riesgos que enfrenta la población de Jamundí debido a la presencia del frente Jaime Martínez de las disidencias. Este grupo, principalmente activo en la zona rural del municipio, representa una amenaza para diversas comunidades, incluyendo los resguardos indígenas de Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa, así como para familias campesinas y habitantes de varios corregimientos. Cabe destacar que en un comunicado emitido el pasado 1 de marzo, la Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2024, destacando la preocupación por la seguridad de la población de Jamundí debido a la presencia del frente Jaime Martínez de las disidencias. Principalmente, se señala el riesgo que esto implica para los habitantes de los resguardos indígenas de Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa, así como para las familias campesinas de diversos sectores del municipio y los habitantes de los corregimientos Timba y Potrerito. Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, resaltó la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a los ciudadanos frente a las amenazas planteadas por este grupo armado. Entre las violaciones documentadas por la Defensoría se encuentran retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, extorsión y presunto reclutamiento forzado, entre otros. Además, se alerta sobre la instalación de retenes ilegales en vías terciarias, donde se exige a los transeúntes el carné de las juntas de acción comunal como requisito de paso. Camargo destacó que aquellos que no puedan demostrar su residencia en la zona pueden ser sometidos a retenciones prolongadas, multas e incluso trabajos forzados. La Defensoría también ha registrado casos de homicidios y atentados con explosivos, con efectos que podrían violar el derecho internacional humanitario debido a su impacto indiscriminado en la población civil. En respuesta a esta situación, se ha solicitado a las autoridades reforzar la seguridad en Jamundí y llevar a cabo acciones de carácter social para prevenir el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Se hace énfasis en la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas entidades para abordar estas problemáticas de manera rápida y eficiente. La Defensoría del Pueblo insta a la comunidad a mantenerse alerta y a colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad y protección de todos los habitantes de Jamundí en medio de esta situación de riesgo. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), diversas organizaciones indígenas, sociales e incluso la Defensoría del Pueblo han lanzado alertas frente a la accionar. Esta acción incluye dinámicas de control social en el territorio, como el incremento de retenes en vías terciarias y la solicitud de que las personas carguen el carnet de las Juntas de Acción Comunal para acreditar su pertenencia o vecindad en las regiones.  Además, se observa una dinámica de instrumentalización de la población civil, solicitándoles que informen sobre movimientos de la fuerza pública o presencia de personas extrañas en el territorio. Estas medidas afectan las dinámicas de la población local, que se ve involucrada en conflictos ajenos. Marín explica que Jamundí es un lugar estratégico, ya que funciona como un corredor de movilidad que conecta los municipios de Suárez y Buenos Aires con Buenaventura, es decir, el Cauca con el Valle del Cauca. Esto facilita el movimiento de miembros y materiales de grupos armados, principalmente del Estado Mayor, que tiene una mayor presencia en este territorio. Las dinámicas de control social también incluyen la utilización de panfletos y pancartas con imágenes alusivas al Frente Jaime Martínez, como parte de una campaña de socialización para demostrar su presencia y capacidad territorial. En el marco de las negociaciones y el cuarto ciclo que adelanta el Estado Mayor con el Gobierno Nacional, la investigadora de la Línea de Pares explicó que es importante centrar la atención en territorios donde este grupo tiene mayor presencia, evitando disputas con otros grupos armados y promoviendo la interacción con la población civil en estas dinámicas de control social. Territorios como Jamundí, Suárez, Buenos Aires, López de Micaí en el Cauca, Putumayo y el río del Naya son puntos que requieren seguimiento y monitoreo por parte del Gobierno Nacional. Esto debe trascender el control militar por parte del ejército, considerando que pone en riesgo a la población. Además, su ubicación estratégica proporciona acceso al mar y sirve como entrada a la región del Naya y al Parque Natural de los Farallones.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Colombia Reports El 16 de agosto de 1987 a Yadis Dominguez se le acabó el mundo que conocía. Esa noche ella tuvo consciencia de que el mundo, a veces, podía ser un infierno. El Frente 36 de las extintas FARC atacó con todo lo que tenía al corregimiento de Colorado, zona rural del municipio de Nechí, pleno Bajo Cauca antioqueño. En la toma la guerrilla mató a cinco personas, entre ellas a una mujer embarazada. Además de vivir el terror de la guerra esa noche Yadis fue víctima de violencia sexual.. Tenía apenas 13 años. El Bajo Cauca antioqueño es uno de los lugares en donde más se ha sentido la violencia en el país. Según la Unidad de Víctimas hasta octubre del 2020 los seis municipios que conforman el Bajo Cauca sumaron 203.318 casos de personas afectadas por el conflicto. Lo terrorífico es que el total de habitantes de esta zona es de 260.681. Esto quiere decir que el 80% de las personas le vieron los dientes al monstruo de la guerra. Después de ese ataque ni Yadis ni su familia pudieron vivir más en Colorado. Se fueron con lo que les alcanzó a caber en las manos hasta Caucasia. Fue durísimo adaptarse. En el colegio la matoneaban porque ella no era de allí, porque los grupos armados le habían quitado todo. No era ni digna de pesar. Pero ella se recompuso. Sus dotes de líder le ayudaron a cerrar las heridas. Con su familia ayudó a fundar, en el año 1994, el barrio El Paraíso. Ella fue presidente de la Junta de Acción Comunal pero su camino está sembrado de piedras. Yadis vio como en el barrio que ella misma ayudó fundar le mataron a su hermana y, unos años después, al papá de sus tres hijos. Y nada le hizo bajar la frente a esta guerrera. Ser líder social en Colombia es un oficio de alto riesgo. Ser líder en el Bajo Cauca puede ser de las vocaciones más peligrosas del mundo. El Bajo Cauca tiene un gran potencial agrícola sin embargo, desde la década del setenta, grupos armados como el EPL, el ELN, las FARC, los paramilitares, sobre todo los Bloques Mineros y el Bloque Central Bolívar, se cebaron contra esta población. La coca y la extracción ilegal de oro se convirtieron en los bastiones de la economía. Ni siquiera la desmovilización de las FARC o de los grupos de Autodefensa han hecho que la violencia cese. Acá la violencia nunca termina, sólo se transforma. En el Bajo Cauca delinquen los Caparros, el Clan del Golfo, y las disidencias de las FARC. Además está el perenne olvido del Estado. El papel de Yadis ha sido meter el dedo en la llaga y recordar que ellos también son Colombia. Ella fue la creadora de la Asociación de Víctimas Constructoras de Paz (ASOVICPAZ). Según se lo dijo a los investigadores de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, está cansada de la falta de inversión en su territorio de que, a pesar de todas sus limitaciones, el Estado sólo les envíe fuerza pública, soldados, policías, represión, cuando lo que necesitan son escuelas, carretera, infraestructura. Yadis Dominguez es una de las protagonistas de Nadar contra la corriente, el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que recorre el duro camino de ser líder en los lugares de Colombia que el mismo Estado ha apartado. Este es el informe:

Por: Katerin Erazo foto tomada de: Oficina del Alto Comisionado para la Paz Este domingo 10 de marzo marcó el final del cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC. Durante siete días, las partes se reunieron en San José del Guaviare, reiterando sus compromisos en pos de un proceso de paz continuo. Este ciclo se desarrolló en un contexto de cese al fuego bilateral, vigente hasta el 15 de julio, confirmado desde el pasado 14 de enero. A pesar de algunas denuncias de incumplimiento entre las partes, el diálogo ha persistido con el objetivo de avanzar hacia una paz duradera. Entre las conclusiones destacadas de esta etapa de negociaciones se encuentran medidas especiales para fortalecer el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), así como la implementación inmediata de acuerdos en regiones clave donde las disidencias de las FARC tienen influencia, como Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Meta y Caquetá. Según un comunicado conjunto emitido al final del ciclo, se ha acordado atender de manera positiva las propuestas inclusivas y las demandas de participación efectiva de las comunidades y líderes locales. Las partes planean reunirse nuevamente en Ocaña (Norte de Santander) en abril para continuar avanzando en el proceso. Además, se ha puesto énfasis en la importancia de los diálogos sociales en regiones como Nariño, Putumayo y Arauca, con el objetivo de establecer nuevos acuerdos. Se ha ratificado un acuerdo especial para transformaciones en la cuenca del río Micay y el cumplimiento de compromisos anteriores definidos desde octubre de 2023 en el corregimiento El Plateado, zona rural de Argelia (Cauca). Durante el encuentro, se presentó el segundo informe del MVMV, el cual ha contribuido a evaluar el proceso del cese al fuego y ha permitido definir un cronograma para la instalación de instancias locales antes del próximo ciclo en áreas prioritarias. Las representaciones del Gobierno y del EMC reconocieron las desigualdades regionales y nacionales, así como la necesidad de corregir y fortalecer los protocolos de comunicación, pedagogía del proceso y garantías para los diálogos. Se han aprobado varios documentos para aplicar correcciones y fortalecer el proceso, incluyendo protocolos de comunicación, pedagogía de los diálogos de paz, acuerdos sobre transformaciones territoriales y la creación de una Comisión Mixta Jurídica y de Garantías de Seguridad.   Camilo González Posso, jefe del equipo negociador del Gobierno, expresó su satisfacción por los resultados alcanzados en este ciclo, resaltando los compromisos para la transformación territorial y el desarrollo sostenible en las regiones afectadas por el conflicto. Por su parte, el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, hizo un llamado a acelerar los acuerdos que beneficien a la población civil y destacó la importancia de escuchar las necesidades de las comunidades en medio del proceso de paz. En la próxima reunión de la mesa de diálogos se espera seguir avanzando en la agenda para el desarrollo del quinto ciclo de negociaciones. Estos diálogos se suman a los esfuerzos continuos por alcanzar una paz duradera en Colombia, recordando los acuerdos previos como el compromiso de las disidencias de acatar el Derecho Internacional Humanitario y la evaluación de la situación de los miembros de este grupo armado que están detenidos. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), como parte crucial del cierre del cuarto ciclo de la mesa de negociación entre el Estado Mayor y el Gobierno, es esencial destacar, en primer lugar, el seguimiento que se está llevando a cabo respecto al mecanismo de veeduría y monitoreo. Esto cobra relevancia debido al incremento de acciones armadas entre el Estado Mayor y el Ejército. En este sentido, se está evaluando el cumplimiento de las reglas establecidas, así como la necesidad de tomar medidas, ya que persisten combates y enfrentamientos, además de ataques a la fuerza pública, que han aumentado en el último mes, con consecuente impacto en la población civil. Balance de acciones del cese con corte a febrero En consecuencia, se presenta el segundo informe del mecanismo para poner énfasis en estas situaciones que se han venido manifestando. Otro aspecto relevante mencionado por la investigadora se refiere al impulso de rutas de acción frente a zonas de influencia significativa del Estado Mayor, abarcando los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Meta y Caquetá. Esto se alinea con la agenda de territorialización de otras mesas, como la del ELN, que ha comenzado a desarrollar actividades en Nariño. Una cuestión importante mencionada en las conclusiones es el control y verificación de las acciones en la cuenca del río Micay, así como en el Cauca y el Plateado, que guarda relación con las acciones en el Valle del Cauca. Marín explicó que se han presentado siete documentos que establecen protocolos de acción y acuerdos en varios ejes. El primero se refiere a los incidentes en los que se han producido combates entre el Estado Mayor y la Fuerza Pública en el marco del cese al fuego, considerando también las afectaciones a la población civil. Además, se presentó un protocolo de pedagogía en diálogo de paz para contribuir a la consolidación del mecanismo de participación previsto por el Estado Mayor Central, así como un protocolo de comunicación para generar espacios de incidencia conjunta entre las partes. En el ámbito de los acuerdos respecto a las transformaciones, se han establecido dos acuerdos específicos, uno que abarca los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, y otro que incluye la región de Catatumbo. También se han realizado acercamientos en relación con las comisiones jurídicas y de garantías de seguridad, reiterando la importancia del mecanismo de veeduría y monitoreo. En cuanto a los próximos espacios de negociación, se espera que se cumpla rigurosamente el cese al fuego y que se realice una verificación más exhaustiva de las acciones en curso, dada la incompleta implementación del mismo. Asimismo, se espera que se avance en las agendas de actividades y seguimiento territorial en las regiones prioritarias, poniendo énfasis en el impacto en la sociedad civil, incluyendo la protección de líderes y lideresas sociales y el respeto a las comunidades y organizaciones que se encuentran en medio de disputas territoriales. En paralelo, se considera importante coordinar con las mesas de negociación con el ELN para abordar la territorialización en lugares como Nariño, Putumayo y Arauca, que son escenarios de disputa.

Por: Redacción Pares Semana 11 a 15 de marzo Lo más destacado de la semana es el proceso que se abre en Nariño, con la iniciativa de Pacto Regional, con el liderazgo del Gobernador Luis Alfonso Escobar, tiene la apuesta de transformación territorial, lo cual es central en la política de Paz Total y que generó preguntas y dudas sobre su pertinencia, ante las críticas del Comando Central del ELN, que al tener tensiones con el Frente Comuneros del Sur, ha criticado al gobierno nacional, por esta iniciativa. Nariño se convierte en un referente de acción para el propósito de transformar el territorio, como ha sido la insistencia del Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, veremos cómo evoluciona esta apuesta de participación social, de incidencia en el ejercicio de un gobierno regional, en alianza con el gobierno nacional y en coordinación con las mesas de paz con el ELN , el EMC y la Segunda Marquetalia, que hacen presencia en Nariño. El Comité Nacional de Participación tuvo un plenario en Bogotá y definió una agenda para los eventos regionales y sectoriales que hacen falta y que son escenarios para presentar aportes para el plan nacional de participación que se está en construcción. Con ese Plan formulado, iremos al esfuerzo de concretar las transformaciones que son centrales para construir el acuerdo de paz, el tiempo corre y hay que convertir en hechos las palabras, veremos que tanto se logra agilizar y aprovechar el tiempo, un horizonte de participación efectivo que solo iniciará en junio coloca la agenda de transformaciones con poco tiempo para llevarlas adelante, aquí el gobierno tiene una gran tensión a resolver, como agilizar la participación, la concertación de las transformaciones y aprovechar al máximo el tiempo, temas duros y urgentes a resolver.  La Jefa de la delegación del Gobierno, Vera Grabe, ha presentado importantes consideraciones sobre los retos de este proceso, en particular en una entrevista con María Jimena Duzan, en su podcast de A Fondo, hay que escucharla y ponderar sus consideraciones sobre las perspectivas de este proceso que ella lidera desde el equipo de gobierno. El gobierno ha pedido al ELN respeto por los integrantes de las delegaciones de gobierno, integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el conjunto de asesores ante peligrosos señalamientos de Antonio Garcia, tema realmente delicado, que genera preocupaciones reales, que seguramente será tema de diálogo por las dos delegaciones cuando inicien el VII Ciclo, el próximo 8 de abril en Caracas. Nariño, pionero en la territorialización de la paz Comisonado de Paz, Otty Patiño, en los Diálogos Regionales Intervención del Gobernador, Luis Escobar, en los Diálogos Regionales para la Paz  #Nariño . Instalación Diálogos Regionales para la Paz, Nariño Habitantes de Nariño tras el inicio de diálogos regionales de paz : "No más guerra; queremos paz" https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/proceso-con-el-eln-gobernador-de-narino-habla-sobre-dialogo-regional-en-samaniego-petro-paz-total/ “No hubo regaño del presidente, pero se deben coordinar los diálogos”: Gobernador de Nariño - Luis Alfonso Escobar habló sobre el diálogo regional que se realizó este sábado en Samaniego y que generó tensión en la mesa con el ELN. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/participacion-de-la-sociedad-en-proceso-de-paz-con-eln-donde-y-cuando-se-haran-los-encuentros/ Plan de participación de la sociedad en proceso de paz con ELN entró en su recta final -  Faltan 26 encuentros, entre regionales, sectoriales, territoriales y uno de carácter nacional, cuyo cronograma irá hasta el 29 de mayo A García no le gusta que se le meta el pueblo a las negociaciones: Otty Patiño sobre ELN

Por: Katia Rosero- Enlace regional de Nariño Paola Marin- Investigadora Nacional. Fotos tomada de : Caracol Radio y BBC En un esfuerzo por abordar la creciente crisis de violencia en la región de Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar lideró el primer encuentro regional el pasado sábado 9 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana. La iniciativa, en línea con el enfoque de territorialización de la paz del Gobierno Nacional, busca confrontar la presencia y disputa entre estructuras disidentes de las FARC y la guerrilla del ELN en la zona. El inicio de los Diálogos Regionales puso en evidencia la complejidad de la situación social y política en el departamento en relación con la superación de la violencia armada y la construcción de la Paz Total . El anuncio de la instalación de los diálogos, en un primer momento, contempló la presencia de actores armados; de hecho el Frente Comuneros del Sur emitió un comunicado pidiendo a la gobernación de Nariño participar en la mesa, sin embargo, frente el anuncio del ELN de congelar los diálogos con el Gobierno Nacional por la instalación de los Diálogos Regionales, que suponían, al menos aparentemente, conceder autonomía a una fracción del grupo armado que tradicionalmente ha tenido un mando unificado; la gobernación de Nariño se decantó por establecer una mesa de diálogos de paz con sectores sociales en la que, por ahora, no hay presencia de actores armados. La instalación de esta mesa de diálogos en el municipio de Samaniego, que ha sido epicentro de fuertes disputas armadas en los últimos treinta años por ser punto geográfico de conexión entre la cordillera, el piedemonte y la frontera con Ecuador, se enmarca en el despliegue, quizá sin precedentes, de presencia estatal en los territorios más apartados de Nariño. Las jornadas de Gobierno con el Pueblo, la visita del gobernador de Nariño a cada municipio después de su posesión y los Diálogos Regionales de Paz, se anunciaron como la avanzada de la fuerza política del cambio con la promesa de importantes inversiones para solventar necesidades básicas de poblaciones, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, que a día de hoy no tienen vías de acceso, escuelas rurales o agua potable y que además, han sido objeto del actuar violento de múltiples grupos armados que se disputan un territorio estratégico geográficamente por la salida al pacífico y al Ecuador, inmensamente rico en recursos naturales, con vastos territorios aptos para cultivos de uso ilícito y con una base social que, sin mayores oportunidades en el modelo de desarrollo nacional y con su modo de vida propio destruido por la misma violencia, se enfila en los grupos armados sin mayor resistencia. En el evento, que contó con la presencia de destacadas figuras como el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y representantes de entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz, se anunció la creación de una "maqueta de paz" con una inversión inicial significativa. Esta inversión se dirigirá a aspectos clave como la seguridad humana, la transformación productiva y la conectividad, con el objetivo de abordar las necesidades prioritarias de la población afectada. Sin embargo, el camino hacia la paz en Nariño no está exento de desafíos. Las críticas de algunos sectores y personas, como 'Antonio García', ha planteado obstáculos a estos diálogos regionales. A pesar de ello, las autoridades locales y nacionales se mantienen firmes en su compromiso con la construcción de la paz, enfocándose en la participación de la sociedad civil y la atención a las necesidades básicas de las comunidades. La propuesta de Paz Total apunta a quitarle a los grupos armados su base social llevando grandes inversiones destinadas a fortalecer los planes de vida de las poblaciones, la decisión del gobierno nacional de implementar enfáticamente esta estrategia en Nariño, en donde el Pacto Histórico tuvo un significativo apoyo popular en las elecciones nacionales y locales, implica la reconfiguración de fuerzas en la disputa por la gobernanza del territorio. En todo Nariño se escucha que “el negocio está caído” , muchos campesinos dedicados a raspar hoja han regresado a las zonas agrícolas, la economía campesina se ha visto afectada por el declive de los precios de la hoja de coca, que se supone ha sido el motor económico principal de la guerra, sin embargo, los grupos armados parecen fortalecidos, persiste el reclutamiento, aumentan las acciones extorsivas, se reporta nuevamente el minado de territorios y la gobernanza de los actores armados sigue vigente. De hecho, durante 2023, de acuerdo con los datos proporcionados con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV , hay almeno 34.509 víctimas por ocurrencia, especialmente en los municipios de San Andrés de Tumaco, Ricaurte, Maguí, Olaya Herrera y Samaniego, resultado de enfrentamientos entre el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el ELN, principalmente en las subregiones Pacífico Sur, Telembí, Sanquianga y Cordillera, sin embargo, y sumando complejidad a este panorama, entre enero y febrero de 2024 se anunciaron dos acuerdos de colaboración y respeto territorial entre el ELN y la SM, con la consolidación de la Coordinadora Guerrillera del Pacifico el primero en el triángulo del Telembí y el segundo en la zona norte del departamento. Este repentino cambio de postura entre el ELN y la SM, coincide con la reaparición de las Autodefensas Unidas de Nariño en octubre de 2023 y la divulgación de un video en marzo de 2024, justamente un día después de la instalación de la Mesa de Diálogos Regionales de Paz y desde un municipio vecino a San Pablo, en donde Petro estuvo el 7 de marzo firmando el decreto reglamentario de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, en el que anuncian la retoma de todo el territorio nariñense. Las Autodefensas Unidas de Nariño son el rezago de la presencia de las AUC en el departamento que, a través del Bloque Central Bolívar- BCB-, intentó replicar en el suroccidente la experiencia exitosa de control armado del territorio que inició en Bolívar y el Magdalena Medio. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH el BCB tenía como objetivo el control territorial para el desarrollo de actividades asociadas con el narcotráfico y el control político de “un movimiento social en ascenso fortalecido y dinámico”, se aliaron con grupos armados privados financiados por los grandes palmicultores que ocuparon los territorios colectivos en la costa pacífica y asesinaron de forma sistemática a líderes sociales, sindicalistas y estudiantes, después del proceso de Paz en San José de Ralito, el BCB se desmovilizó y parte de sus integrantes se reagruparon bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Nariño. La reaparición de las AUN en medio de la avanzada del Gobierno en el territorio y las alianzas entre disidencias de la SM y ELN recuerdan la vieja estructura del conflicto armado, que parecía haberse transformado hacia una multiplicidad de actores armados movilizados únicamente por el narcotráfico, y desempolva viejas lealtades ideológicas y económicas. La gran apuesta de la Paz Total, que encarna la perspectiva de un gobierno popular, se pone en marcha en Nariño, en donde reside una importante fuerza electoral del Pacto Histórico; avanzar en la Paz Total y hacer inversión social efectiva sería la demostración histórica de la capacidad del Estado de incidir en los territorios más apartados, generar transformaciones valiosas para las poblaciones y representaría un triunfo significativo para el actual gobierno. El recrudecimiento de la violencia armada mientras se sienta una Mesa de Diálogos Regionales de Paz se puede entender como una acción que busca deslegitimar la acción de un gobierno con alto apoyo popular, en medio de la disputa por la gobernanza de la región.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 12 de marzo, se llevó a cabo una sesión plenaria del Senado de la República, convocada para abordar una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los impulsores de esta propuesta de moción de censura incluyen a los senadores Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde; Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Miguel Uribe y Carlos Meisel, del Centro Democrático; y Antonio Zabaraín y David Luna, de Cambio Radical. Su propósito principal era llevar a evaluación la labor que Velásquez ha desempeñado en el Ministerio desde el 7 de agosto de 2022. Durante esta moción, el senador Jota Pe Hernández desató un escándalo al denunciar una preocupante situación en Tolima y Arauca: las disidencias de las FARC estarían exigiendo una carnetización a los habitantes, especialmente a los conductores, bajo amenazas. Según las revelaciones del congresista Hernández, los conductores están siendo citados mediante panfletos intimidatorios para acudir a puntos designados por las disidencias, su pena de inmovilización de sus vehículos en caso de incumplimiento. Al parecer, en estas reuniones, se les entrega un carnet que les permite transitar por ciertos corredores viales, pero a cambio se les exige una suma de dinero, como lo evidencia el caso de un ciudadano identificado como Camilo, quien tuvo que desembolsar $1.000.000 el pasado 28 de febrero. Además de esta grave situación, el senador Hernández también señaló otras actividades ilícitas realizadas por estas organizaciones criminales, como retenes ilegales, patrullajes, funerales en vías públicas e incluso la inauguración de obras de infraestructura. "ministro, que se estén inaugurando obras no es responsabilidad de las fuerzas militares; es consecuencia de la permisividad y los espacios que estos grupos guerrilleros han visto por parte de este Gobierno", enfatizó el congresista durante la sesión en el Senado. Incluso, se han documentado casos en los que los integrantes de estas organizaciones entregan útiles escolares a niños de escuelas rurales, como ocurrió recientemente en Norte de Santander, donde los menores fueron formados en filas para agradecer y aplaudir frente a la cámara. La gestión del ministro de Defensa también fue cuestionada debido a las alarmantes cifras de violencia en el país. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo, se han registrado 137 masacres en Colombia, dejando un saldo de 438 víctimas, además de 300 líderes y lideresas sociales asesinados. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha observado que Colombia está experimentando un cambio en su enfoque de seguridad. Históricamente, el país ha seguido una doctrina de seguridad que enfatizaba el control y la vigilancia, a menudo medida por la cantidad de operativos realizados. Sin embargo, el Gobierno actual ha adoptado un enfoque diferente, como lo evidencia su negativa a utilizar bombardeos como estrategia de control contra grupos armados. Aunque el Gobierno actual ha sido claro en su posición, se han presentado situaciones que no corresponden a su gestión. El ministro ha tenido que aclarar que ciertos eventos no ocurrieron durante su mandato, como lo planteado por el senador Jota Pe respecto a hechos pasados. Marín destaca que, a pesar de las políticas gubernamentales, el ELN sigue fortaleciéndose en áreas donde ha tenido presencia histórica. Esto se refleja en informes recientes que muestran el fortalecimiento de esta organización en ciertas regiones, como el norte del Cauca y el Valle del Cauca. Además, se observan conflictos en torno a las economías ilegales, como la minería en Antioquia y el Bajo Cauca, donde se enfrentan el ELN y el Clan del Golfo. Situaciones similares se presentan en el Chocó. A pesar de estos desafíos, se han llevado a cabo acciones contra grupos criminales, especialmente el Clan del Golfo. Se han realizado operativos y capturas de miembros de esta organización, lo que refleja una coordinación institucional entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Estas acciones no solo se traducen en combates o bajas militares, sino también en operativos y decomisos, lo que contribuye a la lucha contra la delincuencia y la percepción de seguridad en los territorios. Marín también subraya que el conflicto en Colombia no se limita a organizaciones conocidas como el ELN o el Clan del Golfo, sino que también implica a una serie de organizaciones criminales que operan en diversos territorios, exacerbando la inseguridad y los actos victimizantes en estas áreas. El senador Hernández reveló que en los 32 departamentos del país hay presencia de organizaciones armadas, con 17.600 integrantes desplegados por todo el territorio nacional. Estas revelaciones generaron un intenso debate en el Senado, donde se exigió una acción contundente por parte del Gobierno para enfrentar esta grave problemática que afecta la seguridad y el bienestar de los colombianos en diversas regiones del país. Según datos de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de Pares, en 2023 se registró la presencia de diferentes grupos armados en varios municipios: el Clan del Golfo estuvo presente en 269 municipios; el ELN en 215 municipios; el Estado Mayor Central en 166 municipios; la Segunda Marquetalia en 55 municipios; el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 10 municipios; y los Pachenca en 9 municipios.