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Por: Redacción Pares Foto tomada de: El País En el cañón en donde está ubicado El Plateado, corregimiento de Argelia, se concentra el 75% de los cultivos de coca en el Cauca. Son, según el informe de cultivos ilícitos de la ONU, unas 10 mil hectáreas cultivadas. Pero la gente en terreno sabe que pueden ser 30 mil. Uno de los primeros trinos de Gustavo Petro como presidente fue la promesa de que haría este lugar en el gran laboratorio de sustitución de cultivos. El Plateado está ubicado en lo que los argelinos llaman “la parte baja”. Está al norte, por donde desciende el río San Juan del Micay que forma un cañón en medio de la cordillera Occidental en su camino al Pacífico. Un cañón que se ha convertido en una de las regiones cocaleras más grandes del país, que concentra el 75 por ciento de los cultivos de coca en el Cauca. Acá quedan por lo menos 15 laboratorios de cocaína. Estratégicamente esta región montañosa es inmejorable: desde este lugar, navegando por los intrincados ríos Micay o Joaquín, se puede llegar directamente al Océano Pacífico y, en lanchas rápidas, dejar en mar abierto la coca que se consume en los Estados Unidos. Las Farc llegó acá en 1982. Pero la historia del Plateado arrancó en los años cincuenta. Su poblamiento se lo deben a un señor afro y evangélico llamado Miguel Zapata. Su posición geográfica, que lo convertía en un enclave, era una especie de cruce de caminos de mula en pleno corazón del Cañón del Micay. Hasta los años 70 era un pueblo común y corriente dedicado a los cultivos de arroz de secano, cacao y caña, pero empezaron a llegar los blancos de departamentos que lo colindaban como Nariño, Cauca, Valle y el Eje Cafetero. Poco a poco la población empezó a crecer hasta tener cerca de 12 mil habitantes. Según el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Juan Manuel Torres, en los años ochenta El Plateado era un caserío de unas 100 casas, hoy en día tiene 2.000. Buena parte de su infraestructura, que contiene una escuela para 1.200 estudiantes, se hizo al margen del Estado, por iniciativa de la misma comunidad. Hay un dato relevante, según el sociólogo José María Rojas, su planificación urbana, de calles anchas, parece hecha por los rusos. Con la llegada de los blancos aparecieron las primeras plantas de coca. Desde entonces diversas especies de la planta se han dado en este lugar. La riqueza de su tierra ha sido su maldición, como en tantas otras partes de nuestra geografía. En 1982 aparecen las FARC. Se da, según Juan Manuel Torres, después de la Octava Conferencia de esta guerrilla. Su poder creció todavía más a mediados de la década del noventa, cuando se conformó el frente 60. Hasta el 2007, con la ofensiva desplegada por la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, se vino a instalar un primer puesto de policía. Sin embargo la policía estuvo hasta el año 2015. La llegada de la policía al Plateado vino de la mano con el arribo de grupos armados como Los Rastrojos, que entraron en el municipio de Argelia y se apoderaron de la parte alta, después de una fuerte confrontación con el 60 Frente de las FARC-EP. Salieron derrotados y murieron cientos de paramilitares. Otro grupo armado, el ELN, empezaría a tener influencia en la zona desde el 2011, a través del frente José María Becerra. Los sucesivos ataques de la guerrilla terminaron sacándola, acaso para siempre. El exitoso proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos hizo que en este corregimiento se vivieran unos meses tranquilas entre el año 2016 y 2017. Sería una calma chicha. A pesar de que se ha desplegado la Operación Trueno de las Fuerzas Armadas para diezmar su influencia,  ahora el que manda es el frente Carlos Patiño de las EMC. El 1 de noviembre del 2023 se conoció que el cabecilla de este frente, Oscar Eduardo Sandoval, alias “El Mocho”, dio la orden a la comunidad de escupirle a los uniformados que vieran. Los acercamientos del gobierno de Gustavo Petro, en el contexto de los diálogos de paz, permitió que hubiera algo de presencia estatal a raíz de las elecciones de octubre del 2023. Periodistas de medios como La Silla Vacía o El Espectador constataron que en esta parte del país mandan las disidencias. Es común ver afiches en la calle de Manuel Marulanda Vélez, el mítico comandante de las FARC. Según un reportaje publicado por el diario El Espectador este domingo 17 de marzo, el control de las EMC es tan absoluto que le exigen a los pobladores cédulas comunitarias expedidas por la misma organización armada. Ellos son los que controlan el impuesto de la gasolina, “de cultivos y hasta el de carreteras, que pagan casi todos para mejorar esa trocha; además, regula los más de quince laboratorios de procesamiento de pasta base y las cuatro estaciones de gasolina que se alcanzan a contar en los casi 150 kilómetros de camino que recorrimos. Es el custodio, amo y señor” se asegura en el reportaje de El Espectador. El gobierno Petro sabía de la influencia de la estructura comandada por Iván Mordisco en el Plateado y lo había tolerado. Además parecía tener la certeza que se estaban fortaleciendo sobre todo en zonas vedadas para el ejército como el Plateado. Pero el pasado sábado 16 de marzo un ataque de las EMC rebozó la paciencia. El presidente había estado reunido en Cali con la Minga Indígena. De regreso, la Minga se dirigió hacia Toribío, y allí, en el sector de la Bodega, la organización indígena quiso interceder para rescatar a un adolescente reclutado por la Dagoberto Ramos. La respuesta de la disidencia fue a puro fuego. En el ataque murió la mayora  Carmelina Tenorio de Ascué, exautoridad del resguardo de Toribío. La respuesta del gobierno fue levantarse de la mesa. En el Plateado no hay espacio para ningún otro uniforme que sea el de los hombres de Iván Mordisco. El control se nota por los grafitis en las paredes de las casas, alusivas a las FARC, las cédulas y los impuestos que pasan por las EMC. El gobierno sabe del abandono en el que está el Plateado y todo el Cañón del Micay. El control del Estado sobre este territorio no lo perdió Petro, como lo explica el investigador Torres en su artículo 10 puntos para entender lo que pasa en el Plateado, “el Estado está cediendo territorio de la nación al control de un grupo armado; pero ese control ya se había perdido, se lo habían ganado de facto, con muchas violaciones de derechos humanos. Pero, además, son estos grupos quienes gobiernan esos territorios, además ganaron control de toda la dinámica económica y social que se da desde este centro poblado hacia la parte baja en el Cañón del Micay”. Recuperar esta zona es un objetivo que le ha quedado grande a los últimos gobiernos desde 1982. No es un problema nuevo.

Por: Redacción Pares Semana 11 a 15 de marzo Arauca ha estado al centro de la interlocución del Presidente Gustavo Petro, quien estuvo en Arauquita el jueves 14 de marzo y de la delegación de diálogo del gobierno para el proceso de paz, quienes hicieron presencia en Arauca capital el sábado 16. El mensaje del Presidente durante su presencia en Arauquita, estuvo enfocado en la importancia de transformar Arauca en un sentido democratico, tramitando los conflictos y los desafíos presentes, no mencionó el proceso de paz con el ELN, fue enfático en que el camino del protagonismo popular debe asumir las tareas pendientes en Arauca, sin violencia y asumiendo que solo el camino de las transformaciones, hará viable una paz democrática, como dice el adagio: "a buen entendedor pocas palabras" . La sesión en Arauca de la delegación de gobierno presidida por Vera Grabe, Iván Cepeda y un nutrido grupo de integrantes, junto al Gobernador Renzo Martinez y una delegación del gabinete departamental, líderes políticos, entre ellos del Centro Democratico, líderes gremiales y líderes sociales, tuvieron la oportunidad de presentar valoraciones y propuestas frente a este importante proceso de diálogos y negociaciones para un departamento donde tiene un importante arraigo el ELN, donde algunos analistas consideran que se encuentra la principal fuerza de esta organización agrupada en el Frente de Guerra oriental. Continúa el proceso de deliberaciones regionales para construir el Plan Nacional de Participación, acordado entre gobierno colombiano y el ELN, se dio el encuentro regional del sur occidente y vendrán más escenarios similares las próximas semanas. Al parecer la situación con el Frente Comuneros del Sur del ELN, que ha manifestado su interés en participar de un proceso de desminado y de unos futuros diálogos en Nariño, ha entrado en una situación que por ahora no va a colocar en un congelamiento la dinámica de la mesa como se  había pensado por algunas voces, veremos cómo evoluciona esta situación en las próximas semanas y meses. El senador Iván Cepeda ha participado de manera activa en los intercambios mediáticos sobre lo que ha significado el cese bilateral y el estado del proceso de paz. Hay que escuchar la intervención del Ministro de la Defensa, Ivan Velasquez en la sesión en el Congreso, donde rinde un informe sobre la situación de seguridad y hace referencia a la situación del ELN. Antonio Garcia sigue criticando abiertamente lo que considera son situaciones "irregulares" en Nariño y acusa al gobierno de torpedear y jugar sucio en el proceso de paz, cosa que el gobierno no admite. Seguimos en un proceso dinámico y con liderazgo por parte del gobierno en cabeza de Vera Grabe y de la delegación del ELN, coordinada por Pablo Beltrán. Lanzamiento de la Política de Industrialización Solidaria con productores de cacao en Arauca Lanzamiento de la Política de Industrialización Solidaria con productores de cacao en Arauca Nota de prensa: En Arauca, la Delegación de Gobierno con el ELN escucha las propuestas de las comunidades que quieren aportar al proceso de paz que se adelanta con este grupo. Conozca toda la información aquí: AraucaLoTieneTodo para ser un territorio de PAZ. https://lavozdelcinaruco.com/36818-la-voz-de-arauca-fue-escuchada-por-delegacion-del-gobierno-que-dialoga-con-el-eln La voz de Arauca fue escuchada por delegación del Gobierno que dialoga con el ELN https://meridiano70.co/jornada-dialogo-arauca-negociaciones-eln/ Arauca fue epicentro de jornada de diálogo previa a las negociaciones con el ELN Atención |  Declaración pública del Consejero Comisionado, Otty Patiño, sobre las declaraciones del Frente Comuneros del Sur. Moción de Censura: intervención del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez Inician diálogos con el ELN en Arauca - Teleantioquia Noticias #AlAireNoticias  | Las peticiones del Centro Democrático en Arauca para los diálogos de paz con ELN Hemos pedido que haya un cese al fuego entre los grupos armados: Miguel Bastos, alcalde de Tame. Este fin de semana se realizó en Buga, Valle del Cauca, el Pre-Encuentro del Suroccidente. Espacio que si hace parte de la Primera Fase de Participación de la Mesa de Diálogos. Continuaremos desarrollando nuestra agenda de encuentros. #PazConParticipación LAS TRAMPAS DE LA GUERRA Y DE LA PAZ "Ese plan lo asumió Petro y lo mantuvo paralelo al plan de diálogos, grave error, pues eso en el Derecho de la Guerra se llama perfidia. Más grave aún, las operaciones de inteligencia, estando prohibidas por el acuerdo de cese el fuego". COMUNICADO SIN IRRESPETOS El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional se permite hacer claridad sobre lo acontecido con la publicación de unos mensajes de parte del Comandante Antonio García en su Cuenta X. @AntonioGaELN ¿Por qué cambiaron los parámetros del reclutamiento de menores del ELN? | Caracol Radio Hay leve crecimiento del ELN en hombres, pero un grave problema territorial: Iván Cepeda Viaje al corazón del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN) | CAMBIO

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Cablenoticias En noviembre del 2023 el observatorio para la defensa de la vida, ODEVIDA, junto con la Fundación Paz y Reconciliación, presentaron el informe Colombia y las paradojas de la Paz Total. A pesar de la buena intención del presidente de intentar presentar un plan macro de negociación con la totalidad de los actores armados en el país, el camino no es fácil. En la última semana, el ataque de las EMC en Toribío Cauca a la Minga Indígena, que dejó, entre otras, a una Mayora asesinada y la posterior decisión del gobierno de levantarse de la mesa con este grupo armado, deja ver las costuras del proceso. Hay zonas del país en donde el Estado no ha tenido control ni incidencia alguna en los últimos cuarenta años, como es el caso de Argelia Cauca. En su zona rural, que incluye el corregimiento de Plateado, los que mandan son las tropas de Iván Mordisco, quien, incluso, ha tomado medidas como ordenarle a la misma población que sean ellos los que expulsen de la zona al ejército. A pesar de las medidas que ha intentado el gobierno para proteger a los líderes como un plan de emergencia o la ratificación del acuerdo de Escazú, estas medidas no alcanzan a frenar los asesinatos, amenazas e intimidaciones que sufren estas personas. Los números son fríos y hablan por sí mismos: en el 2022, en el último año de Iván Duque como presidente, se registraron 189 asesinatos de líderes. En el 2023, en donde Petro estuvo los 12 meses, la cifra sólo se pudo bajar a 188. La cifra de Odevida es aún más grave, entre el 7 de agosto del 2022, fecha en la que Petro se puso la banda presidencial, y noviembre del 2023 se habían registrado 213 asesinatos. La situación es tan grave que la Corte Suprema, a finales de febrero del 2024, mediante un fallo, declaró la existencia de un estado de cosas institucional debido a la violación generalizada y sistemática de derechos que está sufriendo esta población. En el fallo queda claro que este gobierno no ha podido cumplir con una de sus metas fundamentales: frenar el asesinato de líderes. “Las fallas estructurales en el cumplimiento de los deberes estatales se subsumen en la ausencia de capacidad que permita la adecuada articulación entre diferentes entidades públicas para enfrentar y prevenir la violencia contra dicha población y las limitaciones presupuestales para garantizar la oferta de la totalidad de medidas de protección de la población afectada”. Este informe le pone la lupa y hace un llamado a intensificar los esfuerzos para consolidar un mecanismo que garantice la vida y, sobre todo, el trabajo en campo de las personas que deciden dar todo, hasta la vida, para proteger el territorio y su población de los desmanes de los grupos armados que imperan en Colombia.

Por: Laura Bonilla Foto tomada de : El Espectador Las carreteras del Catatumbo están sólo un poco mejor que hace algunos años. Entre tres a cuatro horas de Cúcuta a Sardinata, de una a dos horas de ahí a Ocaña y otro tanto a Teorama. Tres horas de Tibú a Ocaña, aproximadamente 4 horas de Tibú a Cúcuta. Es tan apartada que en medio de la nada la gente habla de Ocaña como la metrópoli más cercana. Ni hablar de la capital del departamento, Cúcuta, que se siente tan lejana como viajar en automóvil de Bogotá a Bucaramanga. Se siente la crisis. La gente reacciona de la misma manera que cualquiera reacciona a una crisis económica. Busca salidas. Teorama quiere convertirse en capital del Girasol y el sector cacaotero pide que lo dejen renacer. Es verdad que el precio de la coca ha caído y que el mercado del narcotráfico, tristemente el más estable de la zona, hoy no es lo que fue. El verde brillantísimo que se veía a cada lado de la carretera es menos frecuente. El aire es pesado y denso. Se respira calma y también angustia. No iba a la región hace muchos años. Hay cosas que evidentemente han cambiado. Hay otras que permanecen estancadas en el tiempo. Los alcaldes se eligen con las mismas eternas promesas y dejan el cargo con la sensación de no haber podido cumplir prácticamente nada. Ganar una alcaldía de un municipio de categoría 6, en una de las subregiones más golpeadas por la violencia y prácticamente dependiente de la economía cocalera parece más una condena que un triunfo. Y aún así, la mayoría de ellos coincide con el presidente Petro en que se necesita un relevo de economías. Que la coca no está dando para mantener a todos los campesinos que vivían de ello. Y la coca tampoco está dando para mantener a dos grupos armados con presencia en la región: el Frente 33 del EMC y el ELN. Por el momento hay calma. No hay combates activos. El día a día de los grupos se ocupa en otras cosas. Al igual que en todo el país, la baja del precio del producto que más los financiaba los llevó a optar por salidas rápidas para garantizar el mantenimiento de la tropa y los diferentes pagos que hay que hacer para mantener el control territorial. Los agricultores se quejan de la cantidad de “vacuna” que hay que pagarles a los grupos armados, y los precios van al alza porque es el cliente quién en últimas termina pagando la extorsión. El reclutamiento es un pacto triste y silencioso. En el momento en que uno de los dos grupos ceda, nadie sabe que puede pasar.  Por eso el día a día de los grupos cambia. Se dedican a extraer rentas de la economía – la que sea, la que haya – tratando de poner a funcionar políticas de “todos pagan”. Mantienen activas redes que informan movimientos. Quién llega, quién sale y para qué. Deciden en muchos casos que se siembra y en dónde. Hacen propaganda. Confinan a partir del control de la movilidad. Varias personas atribuyen la calma parcial a la paz total como política. Esto es parcialmente cierto. Es verdad que la existencia de las mesas ha producido una tregua regional y parcial entre los grupos, lo que ha impactado en menos desplazamientos.   Pero no se pierde el miedo al otro. Es más, ese miedo a soltar el control para que el otro bando se adueñe es lo que tiene más embotelladas las mesas. La reciente ruptura del cese al fuego entre el gobierno y el Estado Mayor central se vivirá distinto en el Catatumbo. Allí el cese al fuego continúa, pero tambalea con cualquier decisión que tome o el gobierno, o los grupos. Mientras tanto, la gente ha aprendido a vivir confinándose cuando debe y pidiendo permiso cuando toca. A la final lo que hoy se vive no es nada significativamente distinto al pasado. Un círculo donde se alternan períodos de tranquilidad en los que surge la ilusión, con períodos de barbarie, desplazamiento y violencia. Y así, en medio de todo eso, me contaron que la comunidad catatumbera fue capaz de organizar una jornada deportiva de todo un día para presionar que la paz ocurra. Me hubiera gustado enormemente presenciar ese partido de fútbol, ver a su gente reírse y entre un gol y otro volver a poner sus ilusiones en primer plano. Una muestra de una región con un corazón tan recio que todavía no lo gana la violencia.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Centrodememoriahistórica En horas de la noche del pasado lunes, 18 de marzo, un nuevo episodio de violencia sacudió a la comunidad indígena Nasa en Toribío, Cauca. La caravana que transportaba el cuerpo de la lideres indígena Carmelina Yule hacia su lugar de descanso fue atacada por lo que al parecer sería el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, así lo denunció la Asociación de Cabildos Indígenas. El ataque armado , reportado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca a través de sus redes sociales, representa un grave riesgo para la vida de los comuneros. Según relató Jhoe Sauca, consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, los disparos se produjeron mientras la caravana se encontraba en La Despensa. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, y el cuerpo de la lideresa fue trasladado al casco urbano de Toribío para su velación. Este acto violento se enmarca en un contexto de emergencia humanitaria y territorial declarada por las comunidades indígenas del norte del Cauca. La Jurisdicción Especial Indígena ha ordenado la captura de los principales cabecillas de la columna Dagoberto Ramos, a quienes se atribuyen estos hechos. El ataque contra la comunidad de Toribío se produce días después de que el presidente Gustavo Petro suspendiera el cese al fuego con las Disidencias de las FARC. Cabe recordar, que el sábado 16 de marzo, este grupo armado perpetró otro ataque contra la comunidad indígena de Toribío, dejando herida a la lideresa Carmelina Yule Pavi, quien lamentablemente falleció posteriormente en un centro médico de Cali. La lideresa indígena formaba parte de un grupo que intentaba rescatar a un estudiante retenido por las disidencias en la vereda La Bodega en Toribío. Este acto heroico desencadenó una serie de ataques por parte de grupos armados, poniendo en peligro la vida de los comuneros. Estos incidentes violentos evidencian el desprecio de los grupos armados hacia las comunidades indígenas, que luchan por la defensa de sus territorios y la protección de sus líderes. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, han condenado enérgicamente estos ataques, que representan una clara violación al cese al fuego pactado. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia. En medio de este clima de violencia, la comunidad indígena de Toribío se mantiene firme en su lucha por la paz y la justicia, resistiendo los embates de quienes intentan someterlos mediante la fuerza y la intimidación. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es fundamental destacar el contexto que rodea la suspensión del Cese al Fuego. Varias organizaciones indígenas han estado denunciando el reclutamiento llevado a cabo por el Estado Mayor. Específicamente, las organizaciones nasa en Toribío denunciaron que en el año 2023 se reclutaron 153 menores de edad. El incidente del fin de semana está relacionado con la recuperación de uno de los niños que estaba siendo reclutado. Marín subrayó que la suspensión del cese al fuego también está vinculada con un aumento de los enfrentamientos en los departamentos del Cauca, Antioquia y Nariño. Aunque no se ha observado un incremento similar en acciones en el Valle del Cauca, se ha generado una situación de control territorial bastante compleja. Es crucial reconocer que la falta de unificación en los mandos con respecto a la voluntad de participar en los diálogos de paz frente al Estado Mayor es un problema. No se puede permitir que este espacio se convierta en un lugar para fortalecerse y cometer más crímenes contra las comunidades que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, los dos picos de noviembre y febrero, que marcaron un aumento en los enfrentamientos y acciones armadas del Estado Mayor, se relacionan con conflictos territoriales, como los ocurridos en el cañón del Micaí. En febrero, hubo confrontaciones con organizaciones indígenas que están resistiendo las violencias del Estado Mayor. Esta diferencia entre los picos resalta la evolución de la situación. Hasta ese momento, la violencia no se había manifestado con la misma intensidad que en el asesinato de líderes indígenas. Registro de acciones hasta el 29 de febrero Finalmente, Marín destacó la importancia de considerar qué sucederá después del cese al fuego y la necesidad de involucrar a las comunidades en los diálogos, especialmente en lugares problemáticos como Toribío en el Cauca. Allí, las organizaciones indígenas han denunciado actividades de reclutamiento, persecución y asesinato de líderes sociales, lo que refleja la violencia sistemática hacia estos líderes, en particular los indígenas.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: BNamericas y El País Además de controlar toda la cadena de producción de la cocaína, el Clan del Golfo maneja iglesias evangélicas  en las regiones de Urabá, Chocó y Córdoba que pueden servir además de informantes, mandan sobre pequeñas estructuras criminales al menos en tres departamentos, se codean desde hace años con  importantes figuras del empresariado, la política y hasta fuerza pública -aún no se tienen nombres sobre quienes podrían participar del entramado-, abogados que, solícitos, tienen sus puertas abiertas las 24 horas para ellos y, además, resultan “ayudando” a la población ofreciendo empleos a los jóvenes que han perdido toda esperanza. El Clan tiene arraigo en algunos municipios porque esta estructura no se creó de la noche a la mañana y si se sigue una línea de tiempo quedará claro que es el último reducto del complejo entramado paramilitar que el gobierno Uribe no supo cerrar. Sobre el origen del Clan del Golfo el investigador de la Fundación Mauricio Valencia dice: “ Este grupo nace en la región de Chocó y Antioquia, también en el Bajo Cauca. El origen del Clan del Golfo tiene mucho que ver con el bloque Elmer Cárdenas del Alemán. Sin embargo, su hermano, Don Mario, que operaba en los Llanos con el Bloque Centauros, se devuelve a Antioquia y después que el Alemán se somete a Justicia y Paz, llega Don Mario al territorio y con ese capital militar que quedaba empieza a llamar algunos hombres para reagruparlos en ese territorio. Así empezaron a llamarse los urabeños, pero después de la captura de Don Mario y queda a cargo de los urabeños los hermanos Úsuga que eran de rango medio, hasta que matan a Giovanny, en el 2012 y queda como líder Dairo Antonio Úsuga. Por eso pasan de ser urabeños, héroes de Castaño y luego Clan Úsuga y fue en el gobierno de Juan Manuel Santos les dan el nombre del Clan del Golfo, lo que hizo Santos fue jugar con la retórica y quitarle ese estatus político que querían endilgarle en su momento. En el 2017 se denominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Intentando recuperar algún tipo de ideología, esta vez cobijada por el líder liberal asesinado. Por eso celebran el nacimiento de Jorge Eliecer Gaitán haciendo escaladas de violencia en Córdoba, la Guajira, César”. El Clan del Golfo es el grupo armado, por encima del ELN y el EMC, que más presencia tiene en todo el territorio colombiano. Isaac Morales, coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, “Su influencia con político y militares se debe empezar a dilucidar, sobre todo después de lo que dijo Otoniel luego de ser capturado, en donde incluso se habla de nexos con la Fiscalía, pero a Otoniel lo extraditan y no se puede saber la verdad. Con el Clan del Golfo resurgen las dinámicas paramilitares, porque es una nueva generación de ellos. Esos nexos con el poder deben ser investigados con rigor”. Empezaron a llamarse urabeños porque se mueven en esa zona estratégica, cercana a Panamá y con salidas rápidas al océano Pacífico y el Caribe. Hay un nombre fundacional de las AUC que está ligado a los orígenes del Clan del Golfo, Vicente Castaño. En el 2006 la negociación entre el gobierno Uribe y los comandantes paramilitares hacía agua y se le empezaban a ver las costuras al proceso, Vicente Castaño olió que iban a terminar traicionándolos a todos y decidió reclutar a dos de sus hombres de confianza, Ever Veloza, alias H.H, temible comandante que se adueñó prácticamente del puerto de Buenaventura y de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, jefe de finanzas del Bloque Centauros. A Vicente, el último de los hermanos Castaños, lo asesinaron ese año y la estructura que estaban montado quedó en manos de Don Mario. Don Mario era básicamente un traqueto duro, creador de grupos de violencia demencial como las Águilas Negras. Nació en Amalfi, el mismo pueblo de donde eran los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño. Sus hermanos Freddy, mejor conocido como el Alemán, y Jairo de Jesús, terminaron también de paracos. Se juntaron con los Castaño en lo que ellos llamaron la lucha antisubversiva, que, en muchos casos, no fue más que una excusa para traficar droga, a comienzos de los noventa y se hizo fuerte en el Chocó y Urabá. Cuando a Don Mario lo detienen en el 2009 la estructura que montó ya tiene 80 hombres y al mando quedan los hermanos Juan de Dios Úsuga, alias Giovanny y Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Eran dos de los nueve hermanos que tuvieron los campesinos Juan de Dios y Ana Celsa. Se establecieron en zona rural de Turbo y vivían del banano y la pesca. No tenían nada y como tantos otros muchachos la guerra no fue una opción, tan sólo era el camino. Juan de Dios, a los 17, ya tenía encima el uniforme del EPL. Dairo Antonio, que seguía las decisiones de su hermano a pie juntillas, lo siguió. Cuando se desmovilizó ese grupo guerrillero Juan de Dios y Dairo ya habían arrastrado a la mitad de sus hermanos a la guerra. Dicen que su mamá, quien fue una de las víctimas de la pandemia, jamás se los perdonó. En 1991 ya trabajan para el entonces incipiente ejército de Carlos Castaño. Su zona era Urabá y Córdoba, pero también se movieron hasta los Llanos en donde conocieron al otro de los hermanos, Vicente, el más callado, el que tenía más poder. La historia de los paras en Colombia es una historia de hermanos. En los Llanos conocieron a otro narco duro, Henry de Jesús Pérez, alias Mi Sangre. Crearon el Bloque Centauros. Los Usuga eran eficientes, pulso firme, gatillo fácil. Regresan a Urabá y se convierten en los amos del Pacífico cuando todos los comandantes deciden negociar con el gobierno Uribe. Pero ellos no. Ellos se quedan en el monte. Se hacen llamar primero como los Usuga, en honor a su apellido, luego pasan a ser los Gaitanistas y ahora se les conoce como el Clan del Golfo. No tienen ideológica conocida más que el de ser cada vez más ricos, cada vez más poderosos. Dairo era más reservado y Juan de Dios más bullanguero. Cada vez que coronaba un embarque la fiesta duraba varios días. Además estaba obsesionado con las niñas. El ejército conocía sus demonios. En una operación hecha el 31 de diciembre del 2012 lo infiltran y le caen con todo en la fiesta de fin de año. A Juan de Dios lo asesinan delante de sus hijos. Dairo de Jesús escapa. Jura venganza y despliega con todo su poder un temible plan pistola contra la policía que hizo recordar los peores años de Pablo Escobar. Desde entonces se desplegó un operativo para capturar a Otoniel pero él se valía de todo tipo de ardid para escapar. Se llamaba la Operación Agamenón. Uno de ellos fueron las iglesias cristianas. Además de esto están las conexiones con las iglesias cristianas. A través de un conglomerado de iglesias en el año 2015 la Fiscalia pudo determinar que el Clan del Golfo lavó, por lo menos, USD 1.000 millones de dólares. El hombre que recibió buena parte del dinero -720 millones- fue un pastor que vivía en República Dominicana. La mujer que administraba esta operación era la propia esposa de Otoniel. A este sólo lo pudieron atrapar en octubre del 2021. Cuando iba a empezar a contar sus verdades lo extraditaron a Estados Unidos. Al mando de la organización quedó Chiquito Malo. En noviembre del 2023 se anunció que este cabecilla estaba haciendo una purga dentro de la misma organización. Desconfiado, paranoico, sigue lejos de las autoridades. Mientras tanto el Clan se hace cada vez más fuerte, tiene presencia en 20 departamentos del país. Has establecido alianzas con Los Rastrojos para luchar contra el ELN en Norte de Santander. Aunque su gran enemigo es el EMC en Antioquia y los Pachenca en la Sierra Nevada. Son los grandes aliados en Colombia del Cartel de Sinaloa. Este martes 19 de marzo, a través de un comunicado, la organización decidió aceptar la propuesta del gobierno de iniciar una negociación. No va a ser fácil. Por ahora el Clan aceptó que, aunque no crearon los impuestos ilegales en sus zonas de influencia, si cobran un impuesto por la coca. Desde Apartadó el presidente dijo sobre esta decisión del Clan del Golfo: “tiene que pensar qué se negociaría, llamémoslo así, jurídicamente, qué caminos podría abrir la justicia colombiana y el Gobierno, de tal manera que ese tipo de organización deje de ser delictiva. Yo lo pongo sobre la mesa: ¿están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo? Hablamos. Si están dispuestos, hablamos, pero no para vernos cara de bobos. Es para hablar seriamente de eso”. Lo único cierto es que sin el Clan del Golfo, negociando con el gobierno, no se puede hablar de Paz Total.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Vanguardia y RTVCNoticias El pasado 19 de marzo fue un día agitado para Salvatore Mancuso. El anuncio del presidente Petro de que estaría dispuesto a recibirlo en Palacio para tener una audiencia privada sacudió el avispero. Además, la entrevista con Hollman Morris para RTVC causó impacto sobre el final del día. Las respuestas a las preguntas de Morris daban para grandes titulares. Afirmó, entre otras cosas, que si bien el ideólogo de ultra derecha José Miguel Narváez fue el que azuzó para que Carlos Castaño tomara la determinación de asesinar a Jaime Garzón, habría nombres de más peso, de poder, detrás. Se trataría de un crimen de Estado. Se despachó largo contra el expresidente Uribe a quien llamó “perpetuador del conflicto”, criticó los falsos positivos durante su gobierno  y afirmó que el Clan del Golfo “es un hijo ilegítimo” de los incumplimientos del gobierno Uribe con los comandantes paramilitares. Pero la almendra salió cuando se refirió al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo a quien señaló de ser uno de los instigadores del asesinato del comandante de las AUC Vicente Castaño cuando éste empezó a ser un estorbo para los acuerdos de paz con Uribe. “Hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretelt, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado las Autodefensas, lo que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno”. Cuando Álvaro Uribe nombró al doctor Luis Carlos Restrepo como el comisionado de paz que lideraría la desmovilización de las huestes paramilitares, pocos en Colombia pusieron algún reparo. Siquiatra de la Universidad Nacional, defensor de la nueva Constitución, autor del libro El derecho a la ternura, que fue uno de los libros más vendidos en 1994, su nombramiento en un cargo tan importante en el conservador gobierno de Uribe era una bocanada de aire fresco. Restrepo era conocido por su posición de apertura a repensar la guerra contra las drogas y durante toda su carrera dio visos de ser un defensor a ultranza de las libertades personales. Llegó al gobierno Uribe por su cercanía con Francisco Santos, entonces vicepresidente. Todo parecía ir viento en popa. En julio del 2003 se firma el Pacto de Ralito y empiezan las desmovilizaciones de los bloques más importantes. Según la Agencia Colombia de Reintegración, 30 mil paramilitares habían dejado las armas para el año 2006. Pero las críticas de los contradictores de Uribe arreciaban. Se quejaban de lo laxas que eran las penas concedidas a los comandantes de las AUC. No había ninguna posibilidad de que los paras contaran la verdad y lo más grave es que se estaban colando narcos en esas listas para poder conseguir la impunidad. Por esos años también se desmovilizó un presunto bloque de las FARC llamado Cacique La Gaitana. Su desmovilización fue televisada en cadena nacional y tratada por los medios adeptos al entonces presidente Uribe como si fuera un suceso histórico. En el 2009 Restrepo renunció a cargo. Se creía victorioso. El camino de la política parecía allanado. En su paso fugaz como presidente del Partido de la U defendió a brazo partido la reelección de Uribe, renunció para presentarse al senado en donde sus aspiraciones naufragaron. Pronto vendría la tormenta que lo borraría del mapa político. El 25 de febrero del 2011 La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ordenó la investigación a Restrepo por la falsa desmovilización del frente de las FARC Cacique la Gaitana. Se basaron en el testimonio de tres desmovilizados que sostuvieron que todo se trató de un montaje orquestado por el Ejército y Restrepo. Un año después la Fiscalía de Viviane Morales emitía la orden de captura contra Restrepo. Era acusado de los siguientes delitos: delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Unos días antes de que se ordenara su captura Restrepo huyó del país hacia los Estados Unidos. Además de la desmovilización de los 62 falsos guerrilleros que constituyeron el Bloque Cacique La Gaitana, Restrepo tenía otro lío: haber dado instrucciones al comandante del Bloque Catatumbo de las AUC de no entregar al ICBF a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado, al momento de la desmovilización que se realizó de diciembre de 2004 en la vereda Campo Dos en Tibú (Norte de Santander), sino que, por el contrario, fueron entregados directamente a las familias. El otro proceso que se le sigue es por la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas. Entre los años 2012 y 2014 Restrepo estuvo en las siguientes ciudades de Estados Unidos intentando estar lo más lejos posible de la justicia colombiana: Washington, Texas, Nueva York, esperando a que Canadá le diera un asilo político que se lo otorgó en el 2015. En el 2022 la Fiscalía de Francisco Barbosa logró que el “Doctor Ternura” como fue conocido por su libro, tuviera circular roja de Interpol. Lo buscaban en 168 países. Escurridizo, ha sabido mantenerse en la clandestinidad, aunque se afirma que su lugar de residencia en este momento es Panamá. Junto a otros seis implicados en la falsa movilización, en donde se incluye a los oficiales del Ejército el coronel Jaime Joaquín Ariza, Restrepo presentó una tutela a la Corte Suprema de Justicia en donde ante los fracasos en los estrados, aducen que les están vulnerando derechos fundamentales y que –luego de 10 años de litigio– se debe dar por terminado el proceso. Porque entre los ires y venires de una justicia ineficiente, se cumplieron en el 2022 diez años de haber sido abierto ese caso y los sindicados no pasaron de la imputación. Por lo que pidieron la preclusión del caso. Las hábiles defensas de Restrepo y los oficiales del ejército lo que hicieron fue dilatar lo que más pudieron la imputación. La táctica que ya se hace común entre los hábiles abogados colombianos. A algunos de los sindicados esta pataleta les sirvió, pero a Restrepo no. Un juez de Bogotá determinó que por haber sido servidor público a Restrepo le quedaba vivo el delito de peculado por apropiación, un yugo que le caía también a otros dos oficiales. Restrepo tenía que seguir huyendo de la justicia, lejos de Colombia. La denuncia de Mancuso en la entrevista a Hollman Morris deja en claro la necesidad de que se juzgue como se debe al ex comisionado de paz de Uribe. La gran pregunta que nos hacemos es ¿Dónde está?

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador El día martes 19 de marzo se llevó a cabo la esperada votación de la moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Este evento fue precedido por un intenso debate la semana anterior, en el que diversos sectores expresaron sus críticas hacia la gestión del ministro, especialmente en relación con la Reforma a la Salud y su actuación en el sector. El resultado de la votación reveló que la moción de censura fue rechazada con un total de 96 votos en contra, mientras que 36 congresistas respaldaron la destitución del ministro. A pesar de las serias denuncias planteadas durante el debate, como la acusación de la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical sobre un presunto contrato millonario para disponer de un avión, la idea de remover al ministro no logró prosperar. La convocatoria a la votación fue impulsada por congresistas de diferentes partidos, incluyendo Cambio Radical, Centro Democrático y algunos representantes de la Alianza Verde. Sin embargo, el Gobierno demostró contar con suficientes votos para mantener a Jaramillo en su cargo, al menos en la Cámara de Representantes. Esta decisión marca un triunfo para el Gobierno y supone un respaldo a la gestión del ministro Jaramillo. Sin embargo, es importante destacar que la votación en la Cámara no afecta directamente el estado de la Reforma a la Salud, la cual sigue enfrentando obstáculos en el Senado. En medio de este escenario político, varios representantes del Pacto Histórico celebraron el resultado de la votación y lo interpretaron como un respaldo a la Reforma a la Salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, es evidente que el debate sobre el sistema de salud y otras cuestiones relacionadas seguirá siendo tema de discusión en el ámbito legislativo. Es importante recordar que las razones detrás de la moción de censura incluyeron cuestionamientos sobre la situación del sistema de salud, presuntas irregularidades en contratación y posturas frente a la reforma sanitaria. A pesar de los esfuerzos del ministro por desvirtuar estas acusaciones, el debate se mantuvo intenso. Además, durante el debate surgieron denuncias adicionales, como la presentada por el representante Andrés Forero, quien señaló presuntos sobrecostos en un convenio entre el Ministerio de Salud y RTVC, involucrando a los hermanos Hollman y Juan Pablo Morris. A pesar de la negativa de la moción de censura, el ambiente político sigue tenso, con intercambios acalorados entre miembros de diferentes partidos. Aunque Jaramillo permanece en su cargo por ahora, la reforma a la salud que lidera enfrenta una situación complicada en el Senado, con señales de que podría ser archivada. Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Reforma de Salud en la comisión séptima del Senado parece carecer de posibilidades reales de ser aprobada. Esta reforma social, especialmente tras la propuesta de una constituyente, parece estar destinada a un fracaso aún mayor. La ponencia de archivo radicada la semana pasada ha consolidado las mayorías en su contra, evidenciando que su hundimiento es inminente. Pérez explicó que en términos de impacto político sobre el rechazo de la moción de censura del ministro, hasta el momento ha sido mínimo, sin afectar significativamente al Gobierno ni generando un debate relevante en la opinión pública. La aprobación de una moción de censura habría sido un escenario diferente. Sin embargo, el Gobierno parece haber resuelto este problema como un pequeño incendio que ha logrado apagar, al menos temporalmente. A pesar de ello, las acusaciones contra el ministro de Salud persisten, provenientes de diversos sectores como gremios de EPS, pacientes y médicos, así como congresistas preocupados por los pagos a empresas de salud, el déficit del sistema y la escasez de medicamentos. Es claro que estas tensiones no han dejado indemne a la Reforma de Salud, que ya se encuentra en una situación precaria según las estimaciones y opiniones de varios sectores. La propuesta de archivo cuenta con un sólido respaldo y el apoyo de un significativo grupo de congresistas, lo que sugiere que la Reforma está parcialmente hundida. En el ámbito político, el investigador de Pares mencionó que es probable que las discusiones entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los congresistas opositores, independientes y los diversos gremios de la salud se intensifiquen en el futuro cercano.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Caracol Noticias En Colombia hay más territorio que Estado. Durante el siglo XX lugares como Marquetalia en el Tolima o el Sarare en Arauca se organizaron y ante la ausencia de cualquier ayuda en Bogotá crearon sus propias leyes, sus escuelas, sus formas de defenderse. En Plateado, en el Cauca, hace cuarenta años no existe un cuarte de la policía. Cuando intentaron montar uno, la misma comunidad decidió sacarlo. En el Plateado, en toda Argelia, Cauca, el que manda es Iván Mordisco. El sábado 16 de marzo del 2024, después del ataque en Toribío a una minga que venía de hablar en Cali con el mismo presidente y que dejó a una mayora asesinada, Petro dio el golpe sobre la mesa y decidió decirlo no más a la negociación con el EMC. En uno de sus encendidos discursos en Tierralta Córdoba Petro se despachó contra Mordisco que le recordó su pasado en las FARC, donde, según él, no era más que un “chofer” además, siguió “de Las FARC hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución (...) Es un traqueto vestido de revolucionario". Mordisco, en los breves momentos en los que se ha dejado entrevistar y enfocar por las cámaras de los medios tradicionales se ha mostrado altivo, inmaculado en su uniforme, en lujosas camionetas 4x4 y, sobre todo, arrogante. No se le quedó callado a la afirmación de Petro "Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las FARC). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo". La verdad es que Mordisco, cuyo nombre verdadero es Néstor Gregorio Vera Fernandez, en las Farc era mucho más que un chofer. En el 2016, poco antes de que Timochenko y Petro se reunieran en el teatro Colón para refrendar los acuerdos con una firma en el Teatro Colón, Mordisco era el comandante del frente Primero llamado “Armando Ríos”. Se dedicaba de cosas terribles como reclutamiento forzados de menores, extorsiones y minería ilegal. Sobre ideología sabía muy poco. Tenía ya en su mando 400 miembros. Comenzó en el 2003. Era francotirador y explosivista. Después de que el La Operación Jaque capturara a alias César, Mordisco se quedó como comandante del Frente Primero. En el 2015 fue capturado pero unas semanas después lo dejaron en libertad. Nunca creyó en el proceso de paz. A mediados de 2016, cuando ya estaba cantado que FARC y gobierno Santos llegarían a un acuerdo, Mordisco envió una carta donde explicó las razones por las que no se acogería a la Paz. En la carta invitaba a todo a aquel que quisiera seguir “con la lucha insurgente”. Sólo hasta ese momento Mordisco había sido un segundón. Incluso dentro de la misma disidencia no le alcanzaba para ser un jefe máximo. Gentil Duarte estaba por encima suyo. En mayo del 2022, en Venezuela, Gentil Duarte fue asesinado. Mordisco entonces se entronizaba en el EMC. La fama y liderazgo del guerrillero se vio fortalecida después de que en agosto del 2022 el gobierno afirmó que en un bombardeo lo había matado. En octubre salió muerto de la risa. Ninguna bala lo había tocado. Bajo el reinado de Mordisco territorios como Argelia, en Cauca, han multiplicado sus hectáreas de coca. Según el portal InSight Crime Mordisco sabe moverse muy bien por los grandes corredores por donde se transporta la coca Mordisco controla y ha incrementado los cultivos ilícitos de coca y la producción de cocaína bajo el control del EMC, beneficiándose de los corredores de la droga por el Guaviare, Vaupés, Vichada y el sur del Meta. El Frente 1 también ha abierto rutas de narcotráfico a través del norte del Amazonas, alrededor de Puerto Córdoba y La Pedrera, donde los ríos Apaporis y Caquetá proporcionan una ruta hacia Brasil. Mordisco se mueve en los departamentos del Vaupés, Vichada y Guaviare, pero también sabe como actual en departamentos como el Cauca. La base de los hombres con lo que cuenta Mordisco los heredó de Gentil Duarte, su comandante. No le vendría mal una alianza con grupos como La Nueva Marquetalia, quien también alguna vez formaron parte de las FARC. Pero eso es imposible, Mordisco está en franca confrontación con ellos. Incluso se ha llegado a pensar que Mordisco estaría detrás del asesinato de uno de los líderes de esa disidencia, Jesús Santrich y que habría sido el hombre que ordenó el atentado que hoy tiene postrado a Iván Márquez. Su carácter explosivo, no da ninguna posibilidad para que sea él la persona que unifique a las ya fragmentadas disidencias. Por lo pronto se seguirá consolidando cono el guerrillero-narco, más poderoso del sur de Colombia.

Por Katerin Erazo Foto tomada de: Infobae En el complejo escenario político colombiano, la tensión entre el Gobierno Nacional y las disidencias guerrilleras ha alcanzado un punto crítico, desencadenando una serie de acusaciones y confrontaciones públicas que han sacudido el país. El presidente Gustavo Petro, en un mensaje contundente, caracterizó a alias Iván Mordisco, comandante del autodenominado Estado Mayor Central, como "un traqueto vestido de revolucionario". Estas palabras resonaron fuertemente en un contexto marcado por el reciente rompimiento del cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias en varias regiones, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, debido a los persistentes incumplimientos de acuerdos por parte de las disidencias. La respuesta de las disidencias no se hizo esperar. Desde una cuenta de redes sociales supuestamente vinculada a Iván Mordisco, se lanzó una dura acusación contra el presidente Petro. Se le reprochó por traicionar tanto a las disidencias como al pueblo que alguna vez lo respaldó por su discurso de paz y progresismo. Más aún, se le señaló de impulsar la guerra y el capitalismo, lo que representa un giro radical respecto a sus promesas anteriores. Este intercambio de acusaciones ha exacerbado una situación ya de por sí volátil en Colombia. El conflicto ha escalado con la revelación de que las disidencias están preparando ataques con drones, según informes de inteligencia del Ejército. Ante esta amenaza, el Gobierno ha respondido con un despliegue masivo de soldados en las áreas afectadas, intensificando las operaciones militares y policiales para contener cualquier posible embate. Sin embargo, el conflicto no se limita a la confrontación armada. Se ha convertido en una batalla de narrativas y reclamos políticos. En medio de este escenario, las comunidades indígenas han emergido como las principales víctimas de la violencia. Los recientes ataques perpetrados por las disidencias en lugares como Toribío, Cauca, han cobrado vidas inocentes, como la de la dirigente indígena Carmelina Yule Paví. El dolor y la angustia de estas comunidades se agravan aún más por el hostigamiento constante al que se ven sometidas, incluso en momentos de luto y duelo. Esta situación ha suscitado un clamor urgente por parte de las comunidades indígenas y de la sociedad civil en general, exigiendo un cese inmediato de la violencia y una solución pacífica al conflicto. Ver: (Continúa la violencia contra la comunidad Nasa: ataque armado contra Caravana indígena en Toribío)

Por: Anderson Salinas Foto tomada de: France24 Siete días después de finalizado el IV ciclo de diálogos, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de suspender el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC) que incluía no generar afectaciones contra la población civil. Una situación que se presentó producto del asesinato de tres líderes indígenas en Toribio, Cauca. Esta determinación, direccionada por el Gobierno Nacional para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca (donde hace presencia dicha estructura ilegal) se toma luego de escuchar la petición de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyo y San Francisco; quienes, además, pidieron a la Corte Penal Internacional investigar estos crímenes. Este hecho mantiene en riesgo el desarrollo del Quinto Ciclo de la mesa de diálogos de paz a desarrollarse en Ocaña.   Un encuentro que las organizaciones, comunidades campesinas, indígenas, víctimas, mujeres, jóvenes y comunidad LGTBIQ+, esperan con la expectativa de poner fin a las confrontaciones armadas que se presentan no solo en la región sino en todo el país, y que la búsqueda de la paz sea el camino para la transformación del territorio.   Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, y, presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, indica que frente a la situación que se presenta en la mesa de diálogos uno de los principales desafíos es la generación de confianza por parte del EMC con la población civil. Los diálogos deben tener la participación de la sociedad civil, para que no suceda lo que paso con el Acuerdo de paz de 2016, que se firmaron, pero no ha sido posible su implementación de una manera integral. “A pesar de los avances en los ciclos, la población civil no conoce el estado de los acuerdos que se han alcanzado y con ese panorama es difícil que sean rodeados por las comunidades… una confianza que debe llegar de la mano del gobierno nacional, con inversión social, hay regiones con deudas sociales, económicas y políticas históricas que deben aterrizadas en los territorios afectados por el conflicto” agrega Pertuz.   Una situación que se vive a nivel nacional pero que la región del Catatumbo, como una de las zonas priorizadas de los diálogos, no es ajena (a pesar que se viva una cierta calma en la región). En lo corrido de 2024 se presentaron una serie de hechos que no son indiferentes a la búsqueda de la paz total que se desarrolla desde el Gobierno Nacional. Entre los hechos a destacar debemos mencionar la situación que se presentó con la retención (por hombres armados) de la directora regional de la Unidad para las Victimas Judith Maldonado el 20 de febrero. Días después, la ex directora de la Agencia de Renovación del Territorio también fue retenida y despojada de su camioneta y del armamento de su esquema de protección. Así mismo, a comienzos de año las extorsiones y amenazas de grupos armados en Sardinata imposibilitaron reinicio de labores del sector minero. Gremios del sector en su momento elevaron un llamado urgente a buscar soluciones, debido al riesgo de miles de familias que viven de esta actividad. De igual forma, la situación de orden público en la región del Catatumbo no mejora en lo corrido del año, a mediados del mes de marzo la vía que conduce a Ocaña con el Catatumbo Medio fue bloqueada por la presencia de un carro bomba. Por otro lado, en zona rural del municipio de la Playa de Belén, dos personas fueron víctimas de un campo minado que dejo una persona fallecida.   Frente a esta situación, y en el camino de la búsqueda de la paz total, defensores de derechos humanos piden que el Catatumbo sea una región priorizada como una zona de crisis, y así, esperan que sea escuchada de una manera diferencial y excepcional para que el Gobierno Nacional llegue con inversión social en salud, educación, vías, sustitución de cultivos de uso ilícito y superar las barreras que afectan a la región.

Por: Susana Vesga Foto tomada de: Caracol Radio El puerto de Buenaventura mueve alrededor del 44% del comercio exterior del país y para nadie es un secreto que la ciudad está sumida en la pobreza y un sinnúmero de violencias tanto en la zona urbana como la rural. Probablemente si el distrito tuviera mayor autonomía política y financiera, abordar dichos fenómenos sería al menos de manera más expedita y tal vez más eficiente. Lo mismo se podría decir para otros casos de la periferia como en la Guajira, el Choco, Arauca, etc., donde a pesar de extraer recursos, la provisión de bienes y servicios públicos siempre se ha quedado corta.     Desde la Constitución del 91 se ha avanzado en un proceso de descentralización y el gran logro ha sido que la elección de alcaldes y gobernadores sea de elección popular; sin embargo, siendo Colombia un país altamente presidencialista y aún con un poder político concentrado en unas pocas familias, aquellos alcaldes y gobernadores electos no cuentan con la esperada autonomía.   Por otro lado, en promedio, el 40% de los recursos municipales proviene del Sistema General de Participaciones (SGP), en algunos casos otro tanto proviene del Sistema General de Regalías (SGR), es decir, del gobierno central, y otro poco de recursos propios, cooperación internacional, entre otros. Del SGP se destinan los recursos a educación, salud, propósito general y agua potable y saneamiento básico. En el caso del SGR se asignan recursos a proyectos de desarrollo económico, social y ambiental, inversiones en ciencia, tecnología e innovación y en proyectos para aumentar la competitividad económica. De manera tal que el margen de maniobra para ejecutar lo planeado por los gobernantes es bastante limitado.   No sobra decir que el acceso a los recursos de SGR depende de la capacidad de los municipios de formulación de proyectos y, por tanto, aquellos que presenten más proyectos son los cuales adquieren más recursos. Adicionalmente en muchos casos dicho acceso está mediado por congresistas que orientan los recursos a sus propias campañas y/o beneficios.   Teóricamente los objetivos de la descentralización son el federalismo fiscal y el pluralismo político. En el primer caso se habla de tres componentes: estabilidad macroeconómica, la cual le compete al nivel central; redistribución, podría ser responsabilidad tanto del nivel central como del territorial; y la asignación de los recursos que debería ser competencia del nivel territorial. En el segundo caso se espera que a partir de la descentralización se democratice el poder político y se abran espacios de participación a la ciudadanía. Es decir, la descentralización en Colombia es una ficción.   Ahora bien, si no fuera una ficción, la relación de centro y periferia podría transformarse en una relación virtuosa en la que los políticos trabajen por el bienestar de la mayoría de sus regiones y los recursos provenientes de cada zona se redistribuyan como tiene que ser. En la medida que el gobierno central se encargue de mantener la inflación, el desempleo, la tasa de cambio, etc. estable, los gobernadores y alcaldes se deben encargar de adelantar las políticas públicas locales para atender las necesidades específicas de sus regiones.   Es de resaltar la iniciativa que cursa actualmente en el congreso de la federalización del país. Sería una alternativa de convertir en realidad lo que hoy es una ficción y de redistribuir poder político y económico a los que no lo han tenido.