Search this site

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Semana En el tranquilo escenario de La Argentina y La Plata, dos municipios pintorescos del departamento de Huila en Colombia, la calma ha sido abruptamente interrumpida por una serie de amenazas provenientes de las disidencias de las FARC. Estos grupos armados, liderados por alias Jhonier Martínez del bloque Jaime Martínez del Estado Mayor Central, han impuesto un toque de queda que ha sembrado el temor y la inquietud entre los habitantes de estas comunidades. Con una población combinada de aproximadamente 94.000 personas, estos municipios solían ser conocidos por su apacible vida rural y su cercanía con la naturaleza. Sin embargo, en los últimos tiempos, la presencia de grupos disidentes ha cambiado drásticamente esta dinámica, imponiendo restricciones que limitan la libertad de movilidad y generan un clima de incertidumbre. Las advertencias de toque de queda, transmitidas principalmente a través de mensajes de audio, han sido recibidas por campesinos, amas de casa y comerciantes, quienes ven restringida su capacidad para moverse libremente después de las 7:00 p. m. Estos mensajes, cuidadosamente diseñados para infundir miedo, también contienen órdenes específicas que afectan las actividades cotidianas y comerciales en estas localidades. Belén Gallego y Villa Losada, así como varias veredas y corregimientos de la región, han sido señalados como áreas donde se aplicarán estas restricciones de manera más estricta. Los residentes se enfrentan a la perspectiva de ver limitada su capacidad para llevar a cabo sus actividades diarias y mantener su forma de vida habitual. Además del toque de queda, las disidencias han impuesto otras medidas restrictivas, como el cierre obligatorio de discotecas antes de la medianoche y la participación forzada de adolescentes de 15 años en labores comunitarias bajo la supervisión de las Juntas de Acción Comunal. Estas acciones no solo afectan la libertad individual, sino que también interfieren en la vida económica y social de estas comunidades. La situación se agrava por la presencia de extorsiones y homicidios, según informes de medios locales. Los residentes se encuentran atrapados en un ciclo de violencia e intimidación, donde el miedo a represalias impide que muchos denuncien estos actos delictivos. La sensación de vulnerabilidad se extiende incluso a otras áreas cercanas, como Neiva, donde también se han registrado ataques a comercios y a la población civil. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el toque de queda en Argentina y La Plata ha sido decretado por Jaime Martínez, miembro del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Marín explicó que esto forma parte de una estrategia de expansión territorial en regiones como Huila, Departamento del Cauca, Caquetá y Tolima, especialmente para ejercer control sobre economías vinculadas a la extorsión, la cual ha sido su principal actividad. Esta medida también implica dinámicas de control territorial que abarcan aspectos como homicidios y restricciones de movilidad, incluyendo limitaciones dirigidas a la juventud y sus prácticas. Ante esta escalada de violencia, las autoridades locales han tomado medidas para garantizar la seguridad de los residentes. La Sexta Brigada del ejército ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes con Cauca, Caquetá y Tolima, con el objetivo de frenar el accionar violento y las extorsiones de estos grupos armados irregulares. El secretario de gobierno del Huila, Edgar Martín Lara, ha confirmado la presencia activa de fuerzas militares y policiales en La Plata y La Argentina para contrarrestar las intimidaciones. Sin embargo, la comunidad aún espera medidas más contundentes por parte del Gobierno Nacional para abordar esta crisis de seguridad. Estos acontecimientos ponen de manifiesto los persistentes desafíos de seguridad y convivencia en la región, donde la presencia de grupos armados irregulares y estructuras criminales complica aún más la situación. La comunidad local se encuentra en un estado de alerta constante, mientras las autoridades luchan por restaurar la paz y la tranquilidad en estas áreas afectadas por el conflicto armado interno. Es importante reconocer que estas amenazas no solo afectan la seguridad física de los habitantes, sino que también socavan la cohesión social y el desarrollo económico de la región. La incertidumbre y el miedo obstaculizan el progreso y perpetúan un ciclo de violencia que impide el florecimiento de estas comunidades. En medio de esta difícil situación, es crucial que las autoridades locales, regionales y nacionales trabajen juntas para abordar las causas subyacentes de la violencia y proporcionar soluciones efectivas que restauren la confianza y la seguridad en estas comunidades. La colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y las instituciones gubernamentales es fundamental para superar estos desafíos y construir un futuro más pacífico y próspero para todos los habitantes de Huila y Colombia en su conjunto.

Por: Redacción Pares El director de la Fundación Paz y Reconciliación le contestó a Antonio García el escrito titulado Unidad en el ELN para rato que el miembro del COCE publicó este 6 de mayo a través de Telegraph. El comandante de esa guerrilla afirma que, a pesar de la voluntad del Frente Comuneros del Sur, de hacer una negociación lejos de las órdenes de García y otros miembros del Comando Central, el ELN está unido. Valencia, en sus análisis, ha recordado los momentos, en los últimos cincuenta años, en los que las negociaciones del ELN con los gobiernos de turno se han empantanado por no estar completamente unificados. Estas declaraciones del analista político provocaron la reacción de García León Valencia le recuerda a García, en la siguiente carta, la importancia histórica que tendría para el ELN darse cuenta de que es el momento de la paz. Sobre la unidad del ELN, respuesta a Antonio García Antonio, en el escrito de hoy 6 de mayo de 2024 en el que usted alude a una entrevista que me hicieron en Blue Radio, señala lo siguiente: “lo que dice león Valencia no es objetivo”. Quisiera hablarle un poco de la situación del país y de cómo veo desde afuera al ELN. Estamos en una transición del país, por primera vez hay un gobierno de izquierdas que quiere hacer grandes reformas, pero no tiene mayorías en el Congreso, tampoco tiene un respaldo en las élites empresariales y en las regiones donde cincuenta y cinco clanes políticos controlan buena parte de los gobiernos departamentales y locales; tiene, en todo caso, una parte de la opinión -las últimas encuestas le dan a Petro el 34% por ciento de favorabilidad- y un lazo importante con las organizaciones sociales, con los jóvenes y con algunas regiones como el pacífico. No es posible entonces poner en marcha, de inmediato, un ambicioso plan de reformas, primero es imprescindible conseguir un mayor respaldo en la sociedad. Estoy seguro de que un acuerdo de paz con la guerrilla que usted dirige contribuiría enormemente a que los renuentes a las reformas tengan una actitud más positiva, contribuiría a ampliar el apoyo de la sociedad a las opciones de izquierda.  Eso le daría un nuevo sentido al ELN y a la lucha que ha librado durante décadas. Percibo que esta transición que irrita tanto a sectores de las élites tradicionales, que ha generado una polarización política complicada en el país, también ha implicado debates al interior del el ELN, no tengo elementos para hablar de las características de esas discusiones, ni de la magnitud de esas diferencias, pero acá en las ciudades a veces tropiezo con personas que reciben influencia de su organización y sienten que sería muy importante llegar a la paz de la mano de un gobierno de izquierdas. El Comando Central del ELN está ante un gran reto y una gran oportunidad y el VI Congreso del ELN es seguramente el escenario para definir un camino y sería un gran acontecimiento que el camino escogido fuera el de la firma de un acuerdo de paz para contribuir a la transición política y social del país. Dice usted, en una aparte de su comunicación, que no fue cierto que acudimos a Caracas en el año 1992 para pedir participación en la mesa de conversaciones a la que estaban sentados el gobierno nacional y la coordinadora guerrillera, no es tan importante el hecho y ha pasado mucho tiempo, allá enviamos a un compañero de la dirección nacional que tenía por nombre Daniel Blanco y que era conocido por diversos miembros de la coordinadora, para que solicitaría la participación de la CRS en esa mesa y si no estoy mal el informe que recibimos decía que había hablado con Francisco Galán, con Alfonso Cano y con Asdrubal Salazar y Cano le aseguró que el ELN estaba en desacuerdo con nuestra participación y debido a que las decisiones se tomaban por consenso no había forma de que esto ocurriera. Atentamente León Valencia

Por: Redacción Pares La Dagoberto Ramos se ha especializado en hacerle daño a la fuerza pública. Nunca se acogieron plenamente a los acuerdos de la Habana. La Dagoberto ha escogido las mismas tácticas de guerra que usaron las FARC en los años de guerra. Según el centro de investigación Insight Crime, “El grupo está compuesto por antiguos miembros del Frente 6, la Columna Móvil Gabriel Galvis y la Columna Móvil Jacobo Arenas que operaban en el norte del Cauca y que desertaron del proceso de paz”. El centro de operaciones de la Dagoberto Ramos funciona en los siguientes municipios del Cauca: Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Toribío, Miranda, Páez, Jambaló e Inzá. Además de que tiene influencias en Tolima y Huila. En el 2022 la Dagoberto Ramos asesinó a siete policías en Huila, dos policías en Santander de Quilichao, o lo más terrorífico de todo el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García y cinco de sus miembros de su comitiva. Hay zonas del Cauca donde la Dagoberto se ha convertido en invencibles, como el Plateado desde donde controlan el negocio de la coca y la marihuana cripy. La EMC, a la que pertenece la Dagoberto Ramos, han intentado sentarse a negociar con el gobierno. Pero una cosa son las intenciones y otras las acciones. Silvia, el territorio de los Misak, de los Guambianos, fue el epicentro una vez más del horror. El fin de semana la Dagoberto Ramos atacó con tatucos el batallón José Hilario López de la Brigada 29, ubicada en la vereda Golondrinas, del municipio de Silvia. El resultado fue de dos soldados asesinados. Existió un contrataque y una nueva respuesta de los disidentes. Lo más desgarrador es que en medio de la guerra está otra vez la gente. Silvia otra vez el escenario. Desde 1999 la vida de los habitantes de Silvia se partió para siempre. Fue el 19 de mayo de ese año en la que, por primera vez se usaron pipetas de gas para bombardear a la estación de la policía del pueblo. Por las cinco vías de acceso de Silvia entró la guerrilla de las FARC y aunque su objetivo era la fuerza pública la población fue la que vivió los estragos. Para atacar a la policía los guerrilleros entraron a las casas de los barrios San Agustín y los Sauces. El ataque duró todo el día, hasta las 5:30 de la mañana. Tres uniformados y un civil fue el saldo trágico. Dos de los policías murieron despedazados por las pipetas de gas. Dinamitada también fue la oficina de la Caja Agraria. Saquearon también el dispensario del hospital y se llevaron toda la droga. Cabe aclarar algo, durante años esta población ha sido estigmatizada con un cálculo fácil, si ellos pertenecen a zona en donde hay una alta influencia de las FARC por ende ellos también son guerrilleros. Nada más lejos que eso. Cuando las FARC intentó llevarse por la fuerza a uno de los policías que sobrevivió al ataque, la población se cerró e impidió que este secuestra sucediera. Durante tres años la población de Silvia vivió sin una estación de policía. Las Farc se tomó literalmente este pueblo. La población vivía con el miedo clavado en la garganta. Silvia parecía volver a ser un lugar tranquilo después de los acuerdos de paz. Y parecía que esto se mantendría así. El año pasado incluso fue el que menos miembros de la fuerza pública tuvo incluso desde el 2017. Pero la guerra ha vuelto a cobrar vidas. Hay que recordar que en los últimos días otros cuatro agentes fueron asesinados en la zona rural de Argelia, Cauca. La alcaldesa de Silvia, Mercedes Tunubalá, pidió ayuda del gobierno para proteger a la población. En aquella ocasión, cuando se presentó el desplazamiento de 250 personas, la alcaldesa dijo: “Estamos pidiendo ayudas humanitarias porque nos tocó tras la población a otro corregimiento vecino, necesitamos víveres, útiles de aseo, tenemos adultos mayores, niños. Institucionalmente, uno se siente impotente en este momento, es difícil la situación que está pasando”. El panorama, por lo visto, está empeorando. Con el correr de las horas se ha sabido de enfrentamientos entre la Dagoberto Ramos y el ejército en los resguardos de Quichaya y Pitayo. Ya se lanzó una alerta humanitaria recomendándole a la población resguardarse.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia Después de un fin de semana marcado por intensos combates en la zona rural del municipio de Argelia, en el occidente del departamento del Cauca, el país se estremece ante la revelación de actos atroces perpetrados por integrantes del Estado Mayor Central (EMC) contra cuatro soldados caídos en acción. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha ordenado operativos de máxima contundencia contra lo que se considera la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. La orden presidencial, emitida desde sus redes sociales en la noche del domingo 5 de mayo, denota una postura firme y decidida del mandatario colombiano ante estos hechos repudiables. "La ofensiva contra el EMC en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes. Si el presidente tiene que ir, el presidente irá", expresó Petro. La indignación nacional se incrementó tras la divulgación de un trino por parte del Ministerio de Defensa, que dio cuenta de la profanación de los cuerpos de los soldados caídos, constituyendo un flagrante acto contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH). "Los integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, por orden de alias ‘Dumar’ y de manera cobarde, profanan los cuerpos de los soldados, los ultrajan e irrespetan", denunciaron las autoridades. En medio de la confrontación, los miembros del EMC intentaron camuflar los cuerpos sin vida de los uniformados para poder retirarse de la zona ante el asedio de las fuerzas militares. Sin embargo, sus intentos fueron frustrados cuando los cuerpos fueron descubiertos y despojados de su equipamiento militar por orden del jefe insurgente, alias 'Dumar', quien ha sido identificado como el cabecilla de la Compañía Alberto Poño de la estructura Carlos Patiño. La voz de 'Dumar' resonó en un macabro audio en el que se escucha instruir a sus subalternos a no tomar prisioneros y a decapitar a los integrantes del Ejército. Esta evidencia, que ha conmocionado al país, ha sido compartida con organismos internacionales y con las unidades militares para informarles sobre las intenciones de la disidencia. El general Helder Giraldo, líder de las Fuerzas Militares, ha liderado el proceso para recuperar los restos de los caídos y ha dado la bienvenida a los soldados lesionados, que fueron recibidos con un aplauso generalizado por parte de sus colegas. En una conferencia de prensa, el comandante reveló que la unidad atacada estaba llevando a cabo una misión humanitaria para facilitar el regreso de una comunidad desplazada en Argelia. Estos acontecimientos han sepultado cualquier iniciativa de cese al fuego en el Cauca, donde la violencia perpetrada por las FARC ha dejado una estela de destrucción y dolor. Los constantes ataques con explosivos, tanto a la población civil como a la Fuerza Pública, han sumido a la región en un estado de inestabilidad y terror. Ante esta situación, el presidente Petro ha reafirmado su compromiso con la seguridad y la paz en Colombia, prometiendo una respuesta firme y decidida contra aquellos que amenazan la estabilidad del país. Con operativos intensivos y acciones contundentes, el Gobierno busca restaurar la paz y la seguridad en el departamento del Cauca y en todo el territorio nacional. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la activación de acciones ofensivas contra el Estado Mayor en el Cauca está directamente relacionada con los recientes combates en Argelia y el recrudecimiento del bloque occidental, que tiene una presencia abrumadora en el 98% del departamento del Cauca, dejando apenas dos municipios sin su influencia. Este cambio en la estrategia del Gobierno Nacional, que podría interpretarse como una muestra de firmeza, responde también a la falta de voluntad mostrada por el bloque occidental liderado por Jacobo Arenas. Además de la grave situación que aqueja al Cauca, el departamento de Arauca, situado en la frontera de Colombia, también enfrenta una escalada de violencia que ha sumido a sus habitantes en un estado de terror constante. En medio de la expansión de guerrillas y grupos disidentes, la población civil se ve atrapada en una guerra sin tregua por el control de territorios y recursos ilegales, como la siembra de cultivos ilícitos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Arauca se ha transformado en un escenario donde la población civil está sumida en un continuo ambiente de terror. La presencia de guerrilleros, específicamente del ELN en este departamento, ha agudizado la crisis humanitaria, evidenciándose un alarmante aumento en desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, asesinatos y restricciones severas a la libre movilidad. Ante esta situación alarmante, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha emitido un llamado urgente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, solicitando la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. El objetivo es tomar medidas inmediatas para contener la vulneración de los derechos de los habitantes de Arauca. "Es imperativo que las autoridades nacionales y territoriales refuercen su presencia en los distintos municipios del departamento y continúen brindando la atención necesaria a sus habitantes", afirmó Camargo Assis. Además, instó a la formulación y aplicación de estrategias de prevención y protección para mitigar las afectaciones generadas por el conflicto armado. La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas está analizando detenidamente las situaciones adviertas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Entre ellas se encuentran el riesgo de desplazamientos y confinamientos, así como la implementación de acciones para proteger a las comunidades vulnerables. Según datos oficiales, en el primer trimestre del año se han registrado 41 homicidios en Arauca, junto con 59 personas desaparecidas, presuntamente en manos de grupos armados ilegales. Sin embargo, la Defensoría advierte que el subregistro de casos podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian por temor a represalias. Además de la violencia directa contra la población civil, persisten las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región. También se reportan restricciones a la movilidad en zonas rurales, con horarios específicos que limitan la libertad de movimiento de los habitantes. Paola Marín, investigadora de Pares, destacó que en Arauca la presencia del ELN se extiende a todos los municipios, y los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central y el ELN se han agudizado. Marín explicó que lo que está sucediendo con ellos es que, históricamente, han logrado llegar a acuerdos de no agresión, pero recientemente la situación ha empeorado notablemente. Esto también coincide con el reconocimiento de los líderes históricos del departamento. Un ejemplo que la investigadora menciona es que el Estado Mayor Central ha perpetrado ataques contra destacados líderes sociales, algunos de los cuales han sido víctimas de homicidio. Asimismo, tanto el Estado como el ELN han generado situaciones humanitarias en torno a estos líderes sociales. Ante esta situación desesperada, es urgente que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a la población civil y garantizar su seguridad en Arauca, así como en el Cauca. La paz y la estabilidad en estas regiones dependen del compromiso y la acción decidida de todos los actores involucrados en el conflicto.

Por: Redación Pares Semana de 6 al 10 de mayo 2024 Nuevamente hay que recordar que todo lo relacionado con la solución dialogada y negociada de un conflicto armado es difícil, máxima que vuelve a cobrar relevancia cuando el ELN anuncia que suspende su compromiso de no secuestrar por motivos económicos, compromiso que había adquirido de manera unilateral y que ahora argumenta que su decisión está ligada al no funcionamiento de un fondo acordado para financiar el conjunto del proceso de paz, a lo cual la delegación de gobierno ha respondido, argumentando que el no funcionamiento aún del fondo, responde a la suspensión del proceso por parte del ELN, es una crisis sin duda y una mala noticia que el ELN regrese a tan condenable práctica tan repudiada con toda razón, en la sociedad colombiana. Ante la crítica situación en el sur de Bolívar, donde las AGC, tienen el propósito de apropiarse de las minas de oro y toda la economía importante de la región, operación que lleva tres años y donde hay avances impresionantes en esa dirección, con las graves afectaciones a los derechos humanos de las comunidades de esta importante región, las delegaciones de gobierno y ELN, sostuvieron una reunión con organizaciones sociales para escuchar de viva voz sobre esta delicada situación, que cobró la vida de Narciso Beleño, destacado dirigente de Fedeagromisbol e integrante del Comité Nacional de Participación, hechos de la mayor gravedad que ameritaron un pronunciamiento conjunto de gobierno y ELN. Vamos a ver si el gobierno colombiano puede contener a las AGC y defender a las comunidades, tema crucial, donde se juega su credibilidad. Continúan los encuentros regionales para la construcción del Plan Nacional de Participación. No hay noticias públicas, del tratamiento a las discrepancias dentro del gobierno frente a un proceso en Nariño y la mesa nacional, muy seguramente el nefasto pronunciamiento de suspensión del compromiso de no secuestrar por razones económicas que ha hecho el ELN, vuelva a cohesionar al gobierno, veremos cómo evoluciona el desempeño del gobierno, que se ha mostrado con sus debates internos y lecturas matizadas frente a cómo tratar con el ELN. (4) Delegación de Paz del Gobierno de Colombia en X: "#Atención. Comunicado a la opinión pública de la Delegación del Gobierno de la República de Colombia en la mesa de diálogos para la paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN https://t.co/MDNcK7sopq " / X ( twitter.com ) Comunicado a la opinión pública de la Delegación del Gobierno de la República de Colombia en la mesa de diálogos para la paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN EL ELN CUMPLIÓ EL COMPROMISO DE SUSPENCIÓN TEMPORAL DE RETENCIONES ECONÓMICAS – Telegraph EL ELN CUMPLIÓ EL COMPROMISO DE SUSPENCIÓN TEMPORAL DE RETENCIONES ECONÓMICAS -  Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional May 06, 2024 UNIDAD EN EL ELN PARA RATO – ELN VOCES ( eln-voces.net ) Unidad del ELN para rato - Antonio Garcia Sobre la unidad del ELN, respuesta a Antonio García - León Valencia Señor Antonio Garcia, en el escrito de hoy 6 de mayo de 2024 en el que usted alude a una entrevista que me hicieron en Blue Radio, señala lo siguiente: “lo que dice león Valencia no es objetivo”. “Un acuerdo de paz le daría un nuevo sentido al ELN”: carta de León Valencia a Antonio García ( pares.com.co ) “Un acuerdo de paz le daría un nuevo sentido al ELN”: carta de León Valencia a Antonio García -  Por: Redacción Pares Encuentro Suroccidente. Sobre su participación para aportar al proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN, las comunidades enfatizaron en las perspectivas interétnicas como alternativas para tramitar conflictos y construir acuerdos en los territorios. #CNP Comunidades de Colombia aportan a proceso de paz entre Gobierno y ELN - Noticias Prensa Latina ( prensa-latina.cu ) Comunidades de Colombia aportan a proceso de paz entre Gobierno y ELN Comunicado a la opinión pública de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN sobre la visita al Sur de Bolívar. 'Fondo multidonante no es contraprestación a suspensión del secuestro': Gobierno le responde al Eln ( eltiempo.com ) ' Fondo multidonante no es contraprestación a suspensión del secuestro': Gobierno le responde al Eln El ELN "da por terminada" la suspensión de los secuestros ( rtve.es ) El ELN "da por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos en Colombia (3) "Estamos dispuestos a la paz regional": Frente Comuneros del Sur del ELN - YouTube "Estamos dispuestos a la paz regional": Frente Comuneros del Sur del ELN (3) ¿Y el ELN qué? - YouTube ¿Y el ELN qué? - Maestra Socorro Ramirez Negociador del ELN se queja del gobierno, asegura que el dialogo está a punto de romperse - DNews ¿La Paz Total de Petro está ahogando el Acuerdo con FARC? Hablan exnegociadores | El Espectador 20240506_Cuarto_Informe_Seguimiento_Dialogos_ELN.pdf ( cinep.org.co ) INFORME DE NEGOCIACIÓN CON EL ELN Avances y regionalización de la mesa  Proceso de paz con el ELN: Más allá de la crisis | Razón Pública ( razonpublica.com ) Proceso de paz con el ELN: Más allá de la crisis -   Paloma Bayona   Defensoría alerta por crisis humanitaria en Arauca por el ELN y disidencias de las Farc ( asuntoslegales.com.co ) Defensoría alerta por crisis humanitaria en Arauca por el ELN y disidencias de las Farc ELN ASEGURA QUE EXISTE UN NUEVO PLAN INTEGRAL PARA FACILITAR LA INCURSIÓN PARAMILITAR EN ARAUCA.

Por: Katerin Erazo, Periodista En el complejo entramado de las disidencias de las FARC, el frente Dagoberto Ramos emerge como una fuerza desafiante y despiadada. Conocidos por su violencia desmedida, este grupo ha sido la pesadilla de las comunidades en varios municipios clave del país. Desde los primeros intentos de alcanzar la paz, el frente Dagoberto Ramos se ha negado obstinadamente a poner fin a sus acciones terroristas contra la población civil. Compuesto por exmiembros del antiguo sexto frente de las FARC, junto con las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas. Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el frente Dagoberto Ramos ha consolidado su presencia principalmente en el departamento del Huila. Se ha observado un aumento significativo en su capacidad de acción, como indica el registro de incidentes en los municipios de Neiva, Campo Alegre, La Argentina, La Plata, Natagá y Tesalia. Su modus operandi es tan brutal como efectivo: ráfagas de fusil, secuestros, asesinatos públicos y torturas son moneda corriente en su accionar. En palabras de un habitante local, las conversaciones con ellos giran exclusivamente en torno a la violencia, mientras que las palabras de conciliación o negociación son ajenas a su vocabulario. El frente Dagoberto Ramos ha dejado una estela de violencia a su paso. A pesar de los intentos por establecer ceses al fuego, sus acciones solo se han intensificado. Tras la muerte de cuatro menores en Putumayo en mayo de 2023, se desató una ola de violencia que incluyó secuestros, asesinatos y la instalación de carros bomba en varios municipios. ¿Cuál es su objetivo principal?: Proteger y controlar los vastos campos de cultivos ilícitos, así como supervisar la producción de drogas en laboratorios clandestinos. Además, reclutan a menores en los resguardos indígenas bajo su control, perpetuando así su ciclo de violencia y reclutamiento forzado. La reciente muerte de la líder indígena Carmelina Yule en Toribío, Cauca, quien intentaba rescatar a un menor reclutado por el grupo, fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro levantara el cese al fuego en varias regiones clave. En cuanto a su liderazgo, las autoridades identifican a Wilmar Pazu Rivera, alias Cholinga, como el principal cabecilla, quien está implicado en delitos como extorsión, porte de armas y reclutamiento de menores, seguido de cerca por alias Fito y alias Maicol, quienes controlan zonas específicas y son responsables del reclutamiento y la seguridad de los cargamentos. Con más de 245 miembros armados y una red de apoyo que supera los 100 colaboradores, el frente Dagoberto Ramos se ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades. El ministro de Defensa ha ofrecido una recompensa sustancial para quien brinde información que conduzca a la captura de estos delincuentes, en un esfuerzo por poner fin a su reinado de terror. El frente Dagoberto Ramos ha estado involucrado en disputas no solo con otros actores armados, como el ELN, sino también con fuerzas estatales. Como parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, la estructura opera en el suroccidente del país, abarcando regiones como Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima y Nariño. Los enfrentamientos históricos con el ELN han tenido lugar principalmente en los municipios de Florida y Pradera en el Valle, así como en el norte del Cauca, incluyendo localidades como Silvia, Toribío, Miranda, Caloto, Calondo y Corinto. Sin embargo, el Estado Mayor Central ha emergido como un actor hegemónico en el norte del Cauca, lo que ha desencadenado una serie de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras la ruptura del cese al fuego. El accionar del frente Dagoberto Ramos se caracteriza por su extrema violencia, especialmente en el Cauca, donde se han reportado homicidios y amenazas dirigidas a organizaciones sociales, particularmente comunidades indígenas y afrocolombianas. Ver: (Silvia, Cauca, una población condenada al horror de la guerra) En términos económicos, el frente ejerce un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico en el Cauca, imponiendo impuestos a las transacciones de pasta de coca y cocaína, e incluso comprando directamente estos productos. Este control económico se extiende a través de los territorios donde operan, destacando lugares como el Cañón del Micay.

Por: Jacob Garzón Guevara, línea de Paz Territorial y derechos humanos Foto tomada de: El Tiempo El pasado 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro manifestó su interés en negociar con el Clan del Golfo, o recientemente autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), para la construcción de la Paz Total en nuestro país. El Clan aceptó la invitación del presidente, con la anotación que se les denomine grupo armado organizado con estatus político, contrario a la argumentación de Petro, de tacharlos como “traquetos”. [1] Esta posible negociación conlleva un desafío gigante para el gobierno, en vista que el Clan del Golfo no acepta negociar si se utiliza el mecanismo de sometimiento a la justicia, a pesar de que el gobierno no cataloga al Clan como un grupo armado con estatus político. Por lo cual, el gobierno tendrá que reflexionar entre el dilema de seguirles la cuerda y otorgarles estatus político para dialogar sobre la base de una negociación política, o seguir con la misma argumentación, en tanto son una estructura criminal que se financia del crimen organizado transnacional y por ende negociar desde el sometimiento a la justicia. Las implicaciones de una posible negociación política entre el Clan y el gobierno son bastante relevantes, ya que, si se utiliza el mecanismo de sometimiento a la justicia los beneficios son menores que en una negociación política, debido a que desde un eventual sometimiento a la justicia existen penas de entre 6 hasta 8 años de cárcel y 4 años de libertad condicional para aquellos cabecillas de alto rango responsables de delitos de lesa humanidad, adicional a esto, el Clan se sometería a entregar casi la totalidad de los bienes, quedándose con nada más que el 6%. En cambio, en una posible negociación política las penas, exigencias y beneficios se negociarían entre las dos partes, por medio de consensos y acuerdos. La decisión de otorgarle estatus político el Clan del Golfo es de suma delicadeza, por las grandes diferencias que supone la elección de un mecanismo de negociación en específico. Frente a este debate, los profesores Reynell Badillo Sarmiento y Luis Fernando Trejos Rosero argumentan que al Clan del Golfo se le debería catalogar como un grupo armado politizado. Aun cuando la organización armada no nació con una clara intención política, con el tiempo se ha construido una ideología política que se caracteriza por justificar su existencia como una respuesta al sistema político. [2] Esto se argumenta a partir que desde el 2013 se han distanciado de su influencia de las AUC, a nivel discursivo cambiaron el carácter anti insurgente y se proclaman como “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo” [3] , así mismo, el Clan habla de “combatir a grupos generadores de violencia y minimizar o neutralizar las acciones violentas de los grupos armados contra la población civil” [4] . Inclusive argumentan que se comprometen a respetar el DIH y no desplazar a la población civil. [5] Sin embargo, distintas acciones armadas y sus métodos de financiamiento no corresponden con sus banderas políticas, el Clan del Golfo se ha consolidado como la estructura armada más poderosa del país, en la que cuentan con 9000 integrantes [6] y se le considera la organización criminal más rica de Colombia, debido a que, controlan gran parte de las zonas rurales en el golfo de Urabá, bajo cauca antioqueño y el caribe colombiano. La Defensoría del Pueblo estima que tienen presencia en más de 350 municipios, [7] también se deduce que manejan la mayor parte del narcotráfico, minería ilegal y supervisan un extenso tráfico de migrantes [8] . Es más, el Clan de Golfo implica un riesgo a la Paz Total, ya que sus constantes enfrentamientos con los distintos grupos armados como el ELN y el EMC acarrean una dificultad para la dejación de armas. [9] Con base en esto, se puede inferir que el Clan ha instrumentalizado la discursividad política para conseguir reconocimiento y legitimidad que le otorgue un estatus político que pueda serle beneficioso ante eventuales negociaciones de paz, a pesar de que sus prácticas criminales contradicen constantemente los valores que afirman defender. [10] En aras de la Paz Total, el gobierno tiene que actuar rápido, ya que este grupo armado supone una  gran amenaza para varios sectores de la población y al propio Estado por su amplia presencia armada en el país, además que comprometen las políticas de paz con sus constantes enfrentamientos con otros grupos armado, en consecuencia el gobierno tendrá que resolver la encrucijada: ¿Será mejor ser pragmático y realizar una negociación política, o no otorgarle legitimidad al Clan del Golfo y seguir con el sometimiento a la justicia, a pesar de lo difícil que esto ha supuesto en el gobierno actual? [1] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/clan-del-golfo-o-agc-acepta-invitacion-de-presidente-petro-para-sentarse-a-una-negociacion-de-paz/ https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/el-clan-del-golfo-acepta-invitacion-del-presidente-gustavo-petro-para-negociar-3325867 [2] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 329) [3] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 335) [4] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 336) [5] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 337) [6] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4 [7] https://www.defensoria.gov.co/-/la-expansión-y-consolidación-de-los-grupos-armados-ilegales-son-la-principal-amenaza-para-el-país [8] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4 [9] “La incógnita de la “paz total”: qué hacer con los gaitanistas”, p. 4 [10] (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023, p. 330-331)

Por: Iván Gallo Fotos tomadas por: Sergio Saavedra y Nwe York Times El primer libro sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia que relacionó este fenómeno y la oposición a las negociaciones de paz con las guerrillas fue publicado en el 2003 y se tituló Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. El autor fue el profesor Mauricio Romero Vidal. La investigación fue valiente y reveladora. Le dedicó un capítulo al funesto paso del general Rito Alejo del Río por Urabá. Al papel de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en la formación de las CONVIVIR y su posterior evolución en los frentes de las AUC. Mostró la llegada de los paramilitares al Magdalena medio y la complicidad de las fuerzas militares y de policía de la región. Y mostró la radicalización de las fuerzas armadas en contra de las negociaciones de paz.  El libro señaló cómo el secuestro, un flagelo, un delito, cometido por las guerrillas en Colombia había sido politizado y alimentado el odio paramilitar. La página de las AUC incluso subió su investigación a internet, entre otros libros sobre el conflicto armado, hecho que trajo más lectores y también sospechas. Pocos sabían que había dejado la piel en terreno. En 1989 uno de los leños prendidos de la guerra en el país era Tierralta, en Córdoba, donde Fidel Castaño era el amo y señor. Uno de los sacerdotes que más resistencia le hacía a los paras, Sergio Restrepo, fue asesinado al pie de su iglesia. En ese año Mauricio Romero trabajaba para el CINEP y lo enviaron a Tierralta a que investigara lo que estaba sucediendo. Allí conoció a Mario Calderón, quien todavía era sacerdote y una década después caería en las balas de la extrema derecha junto a su compañera, Elsa Alvarado, y el padre de esta. A través de Calderón se contactó con Isabel Bolaños, reconocida promotora de organizaciones campesinas que terminaría siendo informante del ejército y luego miembro de las AUC. Realizó varias entrevistas a personajes que defendían abiertamente el derecho a la autodefensa y la creación de las Autodefensas de Córdoba y Urabá como Rodrigo García Caicedo, gerente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, GANACOR. Esta entrevista sería clave porque le permitió conocer al investigador la adoración que empezaban a sentir miembros pudientes de la sociedad a un ejército que afirmaba defender sus intereses frente a los constantes ataques de la guerrilla. En esa investigación hecha por el CINEP Romero develó antes que nadie el contubernio entre militares y paras. En 1987 el gobierno Barco creó la Brigada XI, justo antes de las primeras elecciones populares de alcaldes. Lo hizo para contrarrestar la violencia guerrillera pero, lo que hizo, fue alborotar más el avispero. Empiezan a pulular las masacres, los ataques a líderes sociales, las persecuciones a partidos de izquierda. Justamente en esa primera elección popular de alcaldes el ganador en Tierralta fue Adonay Jaramillo, uno de los descendientes de los fundadores de este municipio quien, para derrotar a los políticos tradicionales, decidió asociarse con la UP. Los militares de la región escasamente lo dejaron posesionarse, bajo la condición de que rompiera con la UP. Así que en terreno Mauricio Romero Vidal construye ese primer gran estudio sobre el paramilitarismo cuando este era un monstruo que echaba a andar. También estuvo allí cuando, en pleno gobierno de Uribe, los paras deciden acogerse a Justicia y Paz, se desmovilizan, se sienten traicionados y luego regresan, en un amplio porcentaje, a las armas. Conoció a sus protagonistas y escuchó de boca Salvatore Mancuso una de las frases más contundentes sobre la desmovilización de los paras y lo que ellos consideraron una traición de ese gobierno “Nosotros pecamos de exceso de uribismo”. La modestia de Mauricio Romero es tan amplia que se siente incómodo cuando alguien tan exigente como el senador Ariel Ávila dice que su libro fue el paradigma de los estudios sobre el paramilitarismo. Junto a León Valencia, Claudia López y Laura Bonilla crearon la investigación Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos que creó un nuevo concepto en el amplio diccionario de la infamia en Colombia. Ni siquiera reconoce que fue amenazado en el 2008, cuando empezó a ver, con sus propios ojos, que barrios enteros de Medellín eran paraestados gobernados por bandas criminales. En esa época era profesor de la Universidad Javeriana y también trabajaba en el área de Desmovilización, desarme y reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En agosto del 2007 publicó un informe vital para entender el fracaso de Justicia y paz: Disidentes, rearmados y emergentes:¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? En él revelaba 32 grupos armados, que habían nacido muchos de ellos después del desarme paramilitar, que conformaban, por separado, un ejército de 4.000 hombres armados. Indagó tanto que un día le apareció en su oficina de la Universidad Javierana un enviado de alias Job. Este se llamaba Pedro Antonio López Jiménez y era reconocido por ser la mano derecha de Don Berna. Job había salido de las filas del ELN directo a la oficina de Envigado. Poco después de que ocurrió la desmovilización paramilitar Job se convirtió en el vocero político de los desmovilizados, como él acostumbraba a presentarse. Por la época en la que su enviado se le presentó a Mauricio Romero en su oficina en la Javeriana, había protagonizado un escándalo: la reunión en pleno palacio de Nariño con el entonces secretario de prensa de presidencia, César Mauricio Velásquez y el secretario jurídico Edmundo del Castillo. Así que llega el enviado de alias Job a hablar con Romero. Tienen una reunión de 30 minutos, nadie alza la voz. El mensajero le cuenta la preocupación de Job: se está viendo con malos ojos la información que está entregando a Arco Iris sobre el poder que estaba adquiriendo en Medellín el frente Cacique Nutibara después de la supuesta desmovilización del grupo. La información la había recolectado Romero por su trabajo en la CNRR. Job le dejó en claro que eso que estaba haciendo no era correcto. “Lo más chistoso- me cuenta Romero- es que al despedirse el mensajero me dijo que si no podía darle plata para el pasaje de regreso a Medellín. Yo esculqué mis bolsillos y sólo encontré 30 mil pesos. Se los di”. Mauricio, días después, coincidió en una reunión con León Valencia y le comentó la situación. Entonces le hicieron caer en cuenta de la gravedad de la situación. Se trataba de una inminente intimidación. Romero siguió dando clases en la Javeriana hasta que la vida le indicó que su destino era Finlandia, país de donde es su pareja. No pierde contacto con Colombia ni con los problemas que tiene el país. Su nombre acaba de aparecer en el libro que dirigió León Valencia titulado Parapolítica, el mayor asalto a la democracia en Colombia, lanzado en la última FILBO bajo el sello de Planeta. A sus 70 años, con su mochila terciada y su pelo negro, Romero irradia juventud y vitalidad. Es como si el frío de la Escandinavia lo mantuviera ajeno a las penurias del tiempo. Actualmente participa en proyectos de investigación con la Universidad de Helsinki y en consultorías con organizaciones internacionales. Por su modestia y juventud eterna, cuesta trabajo creer que fue el primer académico que le vio los ojos al horror del paramilitarismo. Y vivió para contarlo.

Por: Redacción Pares Semana 14 al 17 de mayo 2024 Se ha conocido la decisión de la Dirección del Frente Comuneros del Sur del ELN, de declararse por fuera de las orientaciones del Coce y de la Dirección Nacional del ELN, han anunciado que han realizado su asamblea de Frente Guerrillero y que se colocan por fuera de las orientaciones de lo que catalogan como una "Dirección en el exilio", esta sigue siendo una situación delicada y que crea choques entre la Dirección del ELN y el gobierno colombiano, el ELN se mantiene en que esta es una situación creada por el gobierno y señala operaciones de infiltración e inteligencia, a lo cual el gobierno responde que son asuntos internos del ELN y que asuman sus situaciones, vamos a ver cómo sigue esta situación que puede tener consecuencias delicadas en el curso de la negociación. La delegación de gobierno para los diálogos con el ELN, sostuvo una reunión con el Consejero Comisionado Otty Patiño y sacaron un pronunciamiento público, que podría volver a alinear una actuación compartida entre una mesa nacional y un proceso con el Frente Comuneros del Sur que se supone ahora está por fuera del ELN, pero sigue habiendo un margen de incertidumbre por cuál será la respuesta del ELN, ante esta situación.   Esperemos que la disidencia del Frente Comuneros del Sur y su separación de la órbita del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN, no coloque este proceso en el "congelador" o peor aún, sea motivo de ruptura por parte del ELN, quien siempre se ha mantenido en la mesa en medio de las crisis vividas con los anteriores procesos, sería la primera vez que la iniciativa de ruptura está del lado del ELN. El proceso de participación se ha mantenido y ya son pocos los encuentros que están pendientes para cerrar esta etapa de formulación del Plan Nacional de Participación, que concrete el punto uno de la agenda que debe ser firmado en el ciclo pactado entre el 20 y el 26 de mayo en la ciudad de Caracas. Desafortunadamente el tono de los pronunciamientos de Antonio Garcia, primer comandante del ELN, no ayudan a un clima de entendimiento y hay una pugnacidad en curso, que para nada contribuye a construir fórmulas de entendimiento. Vamos a ver como evoluciona la dinámica de la mesa. Comunicado de prensa | El Consejero Comisionado para la Paz y la Delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, informan a la opinión pública: LA «SUPUESTA DISIDENCIA» DE NARIÑO CREADA POR EL ESTADO Y SUS FUERZAS MILITARES – ELN VOCES ( eln-voces.net ) #ATENCION #ELN Ahora, activando la supuesta "disidencia", el gobierno le ha dado prioridad a dicho montaje, relegando la Mesa oficial con el ELN y por tanto confirmando que su prioridad es hacer el diálogo de paz con sus propios agentes de inteligencia. #Atención . Comunicado a la opinión pública de la Delegación del Gobierno de la República de Colombia en la mesa de diálogos para la paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN. ‘Es un anuncio que afecta gravemente la credibilidad del proceso’: Vera Grabe al Eln por volver a secuestrar ( eltiempo.com ) ‘Es un anuncio que afecta gravemente la credibilidad del proceso’: Vera Grabe al Eln por volver a secuestrar. Vera Grabe les responde a los gobernadores: 'Sería un error el levantar el cese del fuego con el Eln' ( eltiempo.com ) Vera Grabe les responde a los gobernadores: 'Sería un error el levantar el cese del fuego con el Eln' ElCeseSalvaVidas |El seguimiento realizado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, destaca la importancia del Cese Al Fuego para prevenir incidentes y salvaguardar la vida de la población civil, Vicealmirante (r) Orlando Romero, Delegado de paz del Gobierno nacional. Crisis con el ELN: reactivación de secuestros disminuye la confianza en el proceso de paz | EL ESPECTADOR No es solo el secuestro: cinco claves para entender la crisis en diálogos con el ELN Vera Grabe, jefe negociadora, habla sobre decisión del ELN de reactivar secuestros | EL ESPECTADOR ¿Gobierno se levantará de la mesa si ELN no suspende secuestros? Vera Grabe responde “No podemos permitir que el ELN siga secuestrando”: presidenta de Acopi ¿Qué dice José Félix Lafaurie sobre las negociaciones con el ELN?. Frente Comuneros del Sur se separa del ELN, anuncia ruptura del Comando Central ¿Se acabará el cese al fuego contra grupos armados ante incidencia de la violencia? | Caracol Radio. Alto Comisionado para la Paz habla de mesas de diálogo con grupos armados y sobre la paz total

Por: Katerin Erazo, Periodista Hoy dio inicio en la ciudad de Arauca el esperado 11° Encuentro Regional convocado por el Comité Nacional de Participación, un evento de vital importancia en el contexto del proceso de paz en Colombia. Con la participación de alrededor de 170 delegados representantes de organizaciones sociales de base de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, este encuentro se erige como un espacio fundamental para la construcción de una Paz Total y transformadora en la región. Bajo el lema "Por una Paz Total desde la diversidad", el evento busca integrar las voces de sectores históricamente excluidos en el proceso de paz, incluyendo a la comunidad LGTBIQ+, mujeres, jóvenes, migrantes y víctimas de violencia sexual. Se hace énfasis en la necesidad de garantizar la participación plena y representativa de toda la diversidad del territorio, con un enfoque fronterizo especialmente relevante dada la extensa frontera de Vichada y Arauca con Venezuela. En la presentación de las organizaciones sociales, ONG, organismos de cooperación y entidades públicas, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) tuvo una destacada participación. Como actor del territorio que contribuye en la construcción de paz, Pares presentó un balance superejecutivo del proyecto Fronteras de Paz, así como las acciones comunitarias desarrolladas, los talleres regionales y la juntanza en Bucaramanga. Durante la primera jornada, las delegaciones presentaron propuestas y consideraciones que serán fundamentales para la elaboración de un plan de participación transformativa. Este plan será presentado en la mesa de diálogos de paz con el ELN, contribuyendo así a la construcción de una hoja de ruta propuesta por la sociedad civil para la mesa nacional de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN. Entre las principales demandas expresadas por los líderes sociales se encuentra un llamado urgente a los actores armados para que cesen sus hostilidades y respeten el derecho internacional humanitario, así como al gobierno para que garantice la seguridad de los líderes sociales y cumpla con los acuerdos del proceso anterior con las FARC. Se denuncia además el modelo extractivista minero-energético, los monocultivos industriales y la deforestación, identificados como las principales causas del conflicto armado en la región. Es importante destacar que, según los líderes presentes en el encuentro, el estado colombiano ha adoptado políticas de seguridad que estigmatizan y persiguen ilegalmente a los líderes sociales, considerándolos como "extensiones civiles de los actores armados". Esta situación representa un obstáculo significativo para la construcción de una paz duradera y justa en la Orinoquía. El evento, organizado por el Comité Nacional de Participación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Consejo Departamental de Paz y la Gobernación de Arauca, continuará mañana con mesas de trabajo y discusiones profundas sobre los desafíos y oportunidades para la paz en la región. Fotos tomadas por Pares

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de:Radio Nacional de Colombia Cuando se anunció que Salvatore Mancuso regresaría al país a ser gestor de paz, sin embargo esta figura quedó en entredicho una vez pisó suelo colombiano. Después de haber cumplido con su pena en los Estados Unidos, se levantaron en el país 58 órdenes de captura contra el ex jefe paramilitar. No sólo era el peligro físico que podía correr por los nombres y detalles que iba a contar ante la JEP, sino las armas jurídicas para dejarlo preso y aislado y en silencio. Se lograron levantar esas detenciones a cambio de que entregara información sobre bienes, arrebatados a sus víctimas y lo más importante, que indicara en qué lugar estaban enterrados cuerpos en fosas comunes. El pasado viernes 10 de mayo ocurrió algo relevante: se le notificó que su boleta de libertad ya había sido emitida. Las órdenes de captura habían quedado atrás. José Manuel Parra, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, pudo determinar que Mancuso no había incumplido con la ley. La voluntad de Mancuso por contar la verdad pareciera que trascendiera lo legal y se le hubiera convertido en un compromiso moral. Es probable que Mancuso salga a finales de esta semana. Lo cierto es que ya tiene pactado un encuentro con otros jefes paramilitares para iniciar la búsqueda de cuerpos enterrados en la frontera en Venezuela y en Córdoba. Así lo anunció el abogado de Mancuso, Nelson Menjura, a RCN radio: “Es una actividad titánica. Mancuso ha mencionado que alrededor de 200 a 400 fosas comunes se están tratando de ubicar en la zona de frontera con el vecino país de Venezuela, en regiones donde los paramilitares arrojaban los cuerpos o los enterraban en fosas comunes”. En la frontera Mancuso se movió a sus anchas a comienzos de este siglo. En un lugar como Rumichaca, un prostíbulo que quedaba a diez minutos de San Antonio del Táchira, se planeó la toma del Catatumbo. Los horrores que produjo la máquina paramilitar en La Gabarra y Tibú aún estar por contar. Pero en Cúcuta, en lugares como Juan Frío, vereda de Villa del Rosario que colinda con Venezuela, se adaptaron trapiches para quemar allí cuerpos humanos. Fue el capítulo de los hornos crematorios. Esta idea surgió de Jorge Iván Laverde, mejor conocido como El Iguano. Sobre este capítulo se han escrito libros y artículos y muchos han emparejado el accionar de los paras con el de los nazis durante el Holocausto. Este capítulo que revelará Mancuso va mucho más allá ya que habla es de fosas comunes. El año pasado, en julio, Mancuso se refirió al tema y mostró su voluntad de verdad al darle las coordenadas a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que encontrara una fosa común en el corregimiento de Juan Frío. Un equipo técnico de la entidad se acercó al lugar indicado y encontró la verdad buscada desde hace más de veinte años. No se podía excavar en la zona a profundidad porque estaba ubicada en territorio venezolano, pero una primera inspección logró determinar que habían restos óseos. Según un informe de la Comisión de la Verdad en Colombia hay 121.768 personas desaparecidas a riesgo de que exista un sub registro y este número podría ascender a 200 mil. La mayoría de estos hechos se dieron entre los años 1986 y el 2016. Los paramilitares implementaron métodos para desmembrar personas y asegurarse de que estas se hundieran en los ríos. En una conversación con el periodista Steven Dudley, el temible Negro Vladimir, ex Farc que terminó volteándose a favor de los paramilitares, contaba cómo era su trabajo, más parecido al que podría tener un matarife en un matadero que a otra cosa. A diario congregaban sus presas, las llevaban a áreas designadas, y luego las masacraban. En seguida desmembraban a sus víctimas: primero las manos, luego los pies y por último la cabeza; les sacaban los intestinos en un proceso llamado La picalesca. Así se aseguraban que los cuerpos no volvieran a flotar más. Se estima que pueden ser doscientos los cuerpos que podrían encontrar en la frontera con Venezuela. Ya se adelantan diligencias con la cancillería de ese país para poder hacer las diligencias respectivas. En Córdoba el excomandante paramilitar ya se encuentra listo también para develar donde están enterradas un número que podía superar los doscientos cuerpos. La verdad, por más dura y demorada, siempre es necesaria que llegue. Esta semana víctimas de Mancuso en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, recuperaron un predio que habían perdido hace 23 años, en plena ocupación paramilitar. La Unidad de Restitución de Tierras se los devolvió a Jaqueline Campos Rincón, a quien le asesinaron a sus dos hijos que estudiaban criminalística y estaban trabajando en el DAS en el momento de la muerte. El padre de los dos muchachos recordó el momento más horrible de su vida: “Mis dos hijos estudiaban Criminalística y ya estaban trabajando con el DAS. Entonces, acá a la casa, vinieron varias veces hombres armados en motos y encapuchados, con armas largas. Nos dijeron que los muchachos tenían que irse con ellos para que hicieran parte de ese grupo, pero la idea era que sacaran información del DAS, y como no aceptamos, ellos siguieron con muchas intimidaciones”. Estos desplazamientos fueron atribuidos en su momento a Mancuso. Decir donde están ubicadas estas fosas comunes son sólo un paso más que debe cumplir el comandante paramilitar en su compromiso con la verdad y la reparación.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Tiempo En medio de una compleja coyuntura política y social en Colombia, las recientes acusaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre supuestas negociaciones entre el Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, una facción disidente de la guerrilla, han desatado un torbellino de controversias que amenaza con posiblemente desestabilizar el ya frágil proceso de paz en el país. El Gobierno colombiano, a través de un comunicado oficial, ha respondido de manera contundente a estas alegaciones, rechazando categóricamente las acusaciones del ELN y reafirmando su compromiso con la mesa de negociación oficial. La Dirección Nacional del ELN, por su parte, insiste en que el Estado estaría relegando la mesa de diálogo para centrarse en conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, al que califican de "infiltrados". Esta confrontación dialéctica entre las partes involucradas en el proceso de paz refleja una profunda división y desconfianza que ha marcado las relaciones entre el Gobierno y el ELN durante años. Desde el inicio de las negociaciones, han sido recurrentes los desencuentros y las acusaciones mutuas, lo que ha obstaculizado el avance hacia una paz duradera y estable en Colombia. Es relevante señalar que el Gobierno emitió un comunicado oficial el pasado 8 de mayo, anunciando la viabilidad de iniciar un diálogo con la organización del Frente Comunero del Sur, siempre y cuando se la reconozca como una entidad independiente del ELN. Esta crisis se agrava es por la situación interna del ELN, especialmente en el Frente Comuneros del Sur, que ha evidenciado tensiones y divisiones internas durante años. Este grupo disidente, surgido hace más de dos décadas y geográficamente apartado de los frentes mejor consolidados, ha mantenido acercamientos con delegados gubernamentales desde el año pasado, buscando iniciar un proceso de diálogo independiente de la dirección principal del ELN. La iniciativa del comandante Yepes Mejía de entablar conversaciones con el Gobierno sin el respaldo de la Dirección Nacional del ELN ha generado controversia dentro de la guerrilla, con algunos observadores del proceso especulando sobre posibles motivaciones y consecuencias de esta decisión. La falta de consenso interno en el ELN respecto a la estrategia a seguir en las negociaciones de paz ha contribuido a la incertidumbre y la inestabilidad en el proceso. En este contexto tenso y desafiante, el Gobierno colombiano se enfrenta a la difícil tarea de mantener la cohesión y el rumbo de las negociaciones de paz, mientras responde a las acusaciones del ELN y busca superar los obstáculos que amenazan con descarrilar el proceso. El rechazo del Gobierno a las acusaciones de priorizar negociaciones con el Frente Comuneros del Sur y su llamado a respetar el proceso de diálogo oficial son señales de su determinación de no ceder ante presiones externas y de seguir adelante en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado en Colombia. Sin embargo, la situación se complica aún más con la reciente decisión del ELN de reactivar el secuestro como forma de presión sobre el Gobierno, alegando incumplimientos por parte del Estado en el financiamiento de proyectos de paz. Esta medida ha generado rechazo tanto dentro como fuera del grupo guerrillero, evidenciando las divergencias internas y la falta de consenso sobre la estrategia a seguir en las negociaciones. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha señalado que la reciente decisión del ELN de retomar las retenciones con fines económicos es lamentable. Esta acción socava los avances logrados en el proceso de negociación, donde la suspensión de estas prácticas había sido un punto de fortalecimiento y credibilidad. Marín explica que, en respuesta a este tipo de acciones, se había concebido la propuesta del Fondo Multidonante. Este fondo no se planteaba como un incentivo para que el ELN cesara en sus secuestros, sino como un mecanismo para financiar los procesos territoriales que acompañaban las negociaciones, incluyendo la participación de la sociedad civil en la mesa. El retorno a estas prácticas no solo genera tensiones dentro de la delegación gubernamental, como lo evidencian las declaraciones de Lafaurie, sino que también afecta negativamente la percepción de la sociedad civil sobre el proceso de negociación de paz. Marín también destaca que el ELN ha enfrentado históricamente divisiones internas, con grupos que son considerados como infiltrados. Este es el caso del reciente rompimiento en Nariño y los encuentros territoriales con el gobernador, donde se acusó de infiltración a ciertos actores. La falta de respuesta por parte del comando central del ELN a estas discrepancias ha contribuido al rompimiento y la decisión del Frente Comuneros de cortar lazos con la dirección nacional. La investigadora de Pares subraya que estas divisiones internas no son nuevas, dado el carácter federado de la guerrilla, con frentes operando de manera independiente. Esto ha generado ideas divergentes y falta de cohesión, a pesar de los congresos periódicos que buscan unificar criterios. Con el rompimiento del Frente Comuneros del Sur, surge la necesidad de definir quién representará al ELN en Nariño, donde este frente tenía una presencia destacada. Marín sugiere que la creación de un espacio de diálogo territorial podría ser un enfoque interesante para el Gobierno Nacional, especialmente considerando las alianzas que han fortalecido la presencia del Frente Comuneros del Sur, como su colaboración con la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia, que ha expresado su disposición al diálogo. Esto podría ser una oportunidad para fortalecer el diálogo territorial en Nariño, siempre y cuando el gobierno logre establecer una presencia efectiva en la región. Finalmente, resaltó que se aguarda con expectación la próxima reunión entre el Gobierno y el ELN programada entre el 20 y el 25 de mayo en Caracas. En esta ocasión, que se busque dar cumplimiento al primer punto de la agenda de diálogo, previamente acordado en México, el cual se centra en la inclusión de la sociedad civil en el proceso de construcción de paz liderado por el Comité Nacional de Participación. Se espera que esta reunión propicie avances significativos, ya que este punto ha sido relativamente consensuado, en parte gracias al trabajo conjunto del Comité Nacional de Participación, que aglutina diversas organizaciones y ha promovido diálogos regionales en todo el país. Asimismo, se aspira a que tanto el Gobierno Nacional como la comandancia del ELN utilicen este espacio para sostener un diálogo constructivo, buscando la resolución de conflictos. Es deseable que se puedan superar las diferencias que han sido persistentes, especialmente por parte de la delegación del ELN, y que se pueda consolidar un canal de comunicación oficial que contribuya a la solución de las crisis y problemáticas en curso.