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Por: Katerin Erazo, Periodista Las tensiones en el suroeste de Colombia han alcanzado niveles alarmantes, con una escalada de violencia que ha sacudido los municipios de Morales en Cauca y Jamundí en el Valle del Cauca. En la mañana del pasado lunes 20 de mayo, nuevas explosiones sacudieron estas áreas, marcando la presencia y la acción de las disidencias de las FARC. Trágicamente , estas explosiones han cobrado la vida de dos valientes oficiales de policía, recordando el peligro constante que enfrentan quienes luchan por mantener la paz en estas comunidades. Sin embargo, la amenaza no se limita a estos dos municipios. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que abarca un espectro más amplio, señalando la preocupante inseguridad en varias comunidades en Argelia, Cauca. Esta alerta resalta la presencia del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y una reactivación del ELN en la región. La situación descrita por la Defensoría es sombría, advirtiendo sobre violaciones continuas a los derechos humanos debido a la presencia de estos grupos armados. La consolidación del Frente Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, plantea un riesgo significativo para la población civil. Además, se señala una posible reactivación de facciones del ELN en el sur del Cauca, con el objetivo de retomar el control de áreas estratégicas y fortalecer lazos con la Segunda Marquetalia. Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ha subrayado la importancia de abordar esta crisis con urgencia. Los recientes informes de presencia armada del Frente José María Becerra del ELN en varios corregimientos subrayan la necesidad de medidas preventivas para proteger a la población civil. La alerta también destaca un aumento en los casos de amenazas, estigmatización y homicidios dirigidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región. Estos actos son denunciados como represalias por supuestos vínculos con los grupos armados en conflicto. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro ha solicitado la instalación de un consejo de seguridad permanente en el departamento del Cauca. Este llamado a la acción busca evaluar la situación de orden público en la región y coordinar esfuerzos para proteger a las comunidades afectadas. Con la presencia de las Fuerzas Militares y funcionarios del Ministerio de Defensa, encabezados por Iván Velásquez, se espera que se tomen medidas concretas para abordar esta crisis y restaurar la paz en estas áreas vulnerables. En los últimos días, esta ola de violencia desatada por las disidencias de las FARC ha sacudido los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, sumiendo a diversas poblaciones en un estado de intranquilidad y zozobra. La escalada de agresiones ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de estas regiones frente a los embates de grupos armados ilegales. Además, recientemente, un video circula en las redes sociales ofreciendo recomendaciones a la ciudadanía sobre cómo actuar en situaciones de orden público, reflejando el temor latente que se vive en estos territorios. Los ataques perpetrados por estos grupos armados han puesto en jaque la seguridad y la estabilidad de los municipios del sur del país. Entre los episodios más lamentables se encuentra el ataque al cabildo indígena en Toribío, donde la líder Carmelina Yule Paví perdió la vida hace aproximadamente un mes. Además, en los últimos días, las disidencias han perpetrado ataques con explosivos y ráfagas de fusil contra la estación de policía en Morales, Cauca, así como contra el Banco Agrario, evidenciando una estrategia de hostigamiento hacia la Fuerza Pública y la población civil en general. Ante esta alarmante situación, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su voluntad de continuar el diálogo de paz con la mayor disidencia de las FARC. Sin embargo, ha suspendido el cese al fuego con los militantes en tres departamentos gravemente afectados: Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Esta decisión ha generado un deterioro en las conversaciones con los grupos armados, desencadenando un recrudecimiento de la violencia que ha cobrado vidas y ha dejado graves daños materiales en el Cauca y otras regiones del país. La respuesta del Gobierno frente a esta situación ha sido contundente. El presidente, en un comunicado oficial, expresó: "No hay que jugar con la paz, si es guerra es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz". Sin embargo, la realidad muestra la persistencia de los ataques violentos, como lo evidencia el reciente atentado que cobró la vida de cuatro soldados en el Cauca. En este contexto de violencia creciente, la población civil se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. La presencia y el accionar de las disidencias de las FARC continúan representando un desafío para la seguridad y la paz en Colombia, exigiendo respuestas urgentes y coordinadas por parte de las autoridades gubernamentales y la sociedad en su conjunto.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia En las últimas semanas el país ha seguido atentamente la reanudación de los diálogos de paz entre los Shottas y Espartanos, los dos grupos que, al menos en apariencia, dominan el microtráfico y la delincuencia en Buenaventura. Sin embargo la alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo da un dato que corta el aliento: el 82% de los barrios de Buenaventura tiene presencia de grupos armados o de delincuencia. A las dos bandas que surgieron después de que se disolviera La Local, la temible organización que estuvo capitaneada por Diego Optra hasta su detención en el 2019, se suman, según se verá en la infografía que aparecerá al final de este artículo, la presencia del ELN con su Frente de Guerra Occidental y el Frente Ernesto Che Guevara. Estos disputan palmo a palmo territorios con las Facciones disidentes de las antiguas FARC, como el Bloque Occidental Jacobo Arenas, por medio de su columna móvil Jaime Martínez. En el último año apareció también la Segunda Marquetalia. El Clan del Golfo, a través de las Autodefensas Gaitanistas, también es otro factor de violencia en esta ciudad del Pacífico. Desde 1999, cuando las FARC aparecieron en el puerto haciendo el secuestro masivo en la represa de Anchicayá, llevándose a más de cien personas, la tensión de la guerra no ha desaparecido. A comienzos del siglo XXI, según el relato de la Comisión de la Verdad, Buenaventura era una zona de guerra en donde se usaban de armas hasta bombas pitadoras. La violencia de las guerrillas fue ripostada por el horror de los paramilitares. Tristemente célebre es la reunión que sostuvo Vicente Castaño con empresarios de Buenaventura para tomarse el puerto. Entre los años 2000 y 2003 se cometen 19 masacres que dejan un saldo de 118 víctimas. Se desplazan más de 36 mil personas.  Detrás de este horror estaba el frente Calima de las AUC. La desmovilización paramilitar no significó otra cosa que la fragmentación en otros grupos que derivaron en estos, los Shottas y los Espertanos, que en medio de una desconfianza mutua intentan cumplir sus treguas. La alerta temprana de la Defensoría, que hemos transformado en la siguiente infografía, arroja datos escalofriantes. Entre el 2018 y el 2023 han sido víctimas de desaparición forzada 206 personas, números que dejan claro que acá el leño de la guerra sigue encendido. 19.340 personas han sido desplazadas, y se han cometido 787 homicidios selectivos en donde los principales blancos son los líderes sociales. Como hemos visto en el último informe de la línea de Seguridad y convivencia ciudadana, la extorsión, como en todo el país, se ha disparado en los últimos años. En Buenaventura, entre el 2018 y el 2023 se presentaron 951 casos de este delito. Intentar sentar en una mesa de negociación a los Shottas y Espartanos es importante, y significó que durante unos meses el ruido de los fusiles no retumbara tanto en el puerto, pero hay otros factores, como la presencia de los grupos armados que están reactivando la guerra en Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista La región del nordeste antioqueño se sumerge cada vez más en una espiral de violencia y terror, donde la población civil se encuentra atrapada en medio de un conflicto armado que amenaza con desencadenar una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Las últimas noticias sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos criminales como el Clan del Golfo y una alianza conformada por disidencias de las FARC y el ELN han sembrado el temor y la incertidumbre en la zona. El gobernador Andrés Julián Rendón, consciente de la gravedad de la situación, encabeza una comisión destinada a desplazarse hacia la región este jueves, con el objetivo de evaluar la magnitud del conflicto y coordinar acciones para proteger a la población civil y evitar una catástrofe humanitaria. Los informes preliminares, aunque aún no confirmados por autoridades oficiales, señalan que entre 10 y 19 personas perdieron la vida el pasado miércoles en el área rural de Remedios, como resultado de los enfrentamientos armados. Estos combates, según relatos de la comunidad, habrían ocurrido cerca de la vereda Plaza Nueva, ubicada a varias horas de distancia del casco urbano de Remedios. Los enfrentamientos armados, además de cobrar vidas humanas, pueden resultar en desplazamientos forzados, confinamientos y otras afectaciones graves a las comunidades locales. La presencia de grupos armados en la región no es nueva, pero ha tomado un cariz preocupante desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016. El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha buscado expandir su influencia en el nordeste antioqueño, una zona estratégica por su riqueza en recursos naturales como el oro, así como por su importancia en rutas de narcotráfico y tráfico de armas. Este afán de expansión ha desencadenado una competencia feroz por el control territorial entre distintos grupos armados ilegales, exacerbando la violencia y el sufrimiento de la población local. Además, la disputa por el dominio de corredores de movilidad para actividades ilícitas ha agudizado aún más los enfrentamientos en la región. La comunidad del nordeste antioqueño ha vivido con el peso de la violencia durante décadas, siendo testigo de desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado y otras formas de violencia indiscriminada perpetradas por grupos armados al margen de la ley. A pesar de los esfuerzos de organizaciones locales y nacionales por garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos, la situación persiste y se agrava con el tiempo. La falta de una respuesta efectiva y oportuna por parte de las autoridades gubernamentales para hacer frente a esta crisis ha generado frustración y desesperanza en la población afectada. A pesar de las denuncias y alertas tempranas emitidas por organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, la violencia continúa cobrando vidas y sembrando el terror en la región. La llegada de la comisión encabezada por el gobernador Rendón es un paso en la dirección correcta, pero se requiere un compromiso firme y sostenido por parte del Estado colombiano para abordar las causas subyacentes de la violencia y garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil en el nordeste antioqueño. Además de la presencia del Clan del Golfo, se han identificado nuevas subestructuras dentro de esta organización criminal, como la denominada "Carlos Mauricio García Fernández", que busca expandir su influencia en municipios clave del departamento. Estas subestructuras, lideradas por individuos con antecedentes delictivos y vínculos con el crimen organizado, representan una amenaza aún mayor para la estabilidad y seguridad de la región. La explotación de recursos naturales como el oro ha sido uno de los principales motores de la violencia en el nordeste antioqueño. La competencia por el control de minas y rutas de contrabando ha alimentado el conflicto y ha dejado a las comunidades locales atrapadas en medio de intereses criminales y económicos. La comunidad internacional también debe desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones a esta crisis humanitaria. La cooperación internacional y la asistencia humanitaria son fundamentales para apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano en la protección de los derechos humanos y la promoción de la paz y la reconciliación en la región. El recrudecimiento del conflicto armado en el nordeste antioqueño exige una respuesta urgente y coordinada por parte de todas las partes involucradas. La protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos deben ser las prioridades fundamentales en cualquier estrategia para abordar esta crisis y construir un futuro de paz y prosperidad para la región.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano En julio del 2021 Nicolás Rodríguez Bautista, con 71 años a cuestas, decidió renunciar a la guerra. Pocos han sido los alzados en armas que han podido jubilarse con el cuerpo entero. En marzo del 2018 el entonces presidente Juan Manuel Santos le concedió un permiso especial para que viajara a Cuba para someterse a un tratamiento médico. Gabino, como se le conoció en combate, vive desde ese año en Cuba. Durante el gobierno Duque se le pidió en extradición por su prontuario: se le señala de haber puesto la bomba en el año 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander en enero del 2019 que dejó 22 personas muertas y 66 heridas. En Colombia pesan 50 órdenes de captura contra él, uno de los peores crímenes por los que está sentenciado es por la masacre de Machuca en 1998. Un atentado a un oleoducto desató lenguas de fuego que mataron a 84 personas. Gabino coordinó golpes mediáticos como el secuestro de la iglesia de La María en Cali en donde se llevaron a 194 personas que salían de una misa. Por eso, en julio del 2021 sorprendió al afirmar que ya no se encontraba con la fuerza necesaria para seguir en una guerra. Un año después reapareció en un video, vestido de guayabera, en donde aparecía cantando unas coplas dedicadas a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Duque. Desde siempre tuvo esa intención de dedicarse a la música. En sus años de guerrillero duro sorprendía a sus compañeros entonando canciones viejas. La guerra siempre estuvo en el camino de este campesino nacido en San Vicente del Chucurí en 1950. A los 14 años, en 1964, cuando apenas se formaba este ejército, se vinculó al ELN. El nombre de su pueblo resonaría en todo el mundo tres años después cuando un comando del ejército mató en una fallida emboscada a Camilo Torres. Rodríguez Bautista se acercaría a la comandancia gracias a que se ganó la confianza de Fabio Vásquez Castaño, uno de los fundadores de este grupo. En esos años conoció a Manuel Pérez, uno de los sobrevivientes del combate en Anorí, en 1974, en donde el ELN estuvo a punto de desaparecer. Pérez era un sacerdote español recio, convencido de la lucha armada. Alguna vez fue separado del grupo guerrillero. Abandonado en el monte, despreciado. Pérez se salvó de ser fusilado en un consejo de guerra. Aún así, al cabo de los días, volvió a encontrar el campamento central y suplicó, magullado por la selva y sus espinas, porque lo dejaran regresar a esa guerrilla. Pérez revitalizó al ELN y Gabino aprendió todo lo que supo a su lado. Cuando éste murió, en 1998, asumió la comandancia de esa grupo. El ELN operó con más holgura en el departamento de Arauca de donde se han lucrado de la extracción de petróleo de compañías norteamericanas. El daño que le han hecho al medioambiente con sus continuos ataques a oleoductos y posteriores derramamientos del crudo son incalculables. Se ha sentado varias veces a conversar de paz con el gobierno pero estas conversaciones nunca han prosperado. En el 2018 se fue a vivir a Cuba en donde está, lejos de cualquier peligro personal. Después de su retiro Antonio García quedó convertido en el máximo comandante de esta guerrilla. A pesar de su retiro Gabino ha aparecido por la mesa de negociación. Lo hizo en el 2023 iniciando el III ciclo. Ahora reaparece en un video cantando una canción llamada A la bella diosa, grabada en Cuba y que tiene el logo del ELN. Gabino tiene 74 años. Este es el video.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Tiempo El respeto que siente Petro por Luis Gilberto Murillo se dejó ver no ahora, cuando decidió que fuera el reemplazo de Álvaro Leyva en el ministerio de Asuntos Exteriores. En plena campaña electoral lanzó varios puentes para que se uniera al Pacto Histórico. No le importaba al hoy presidente que su carrera política estuviera cimentada en sus antípodas, cercano en su momento a César Gaviria y luego a Juan Manuel Santos, Murillo le daría al Pacto Histórico un acercamiento más pronunciando al centro. Murillo escogió ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Una vez ganó las elecciones Petro, Luis Gilberto fue el escogido para ser el hombre de Petro en Washington. La labor como embajador no fue fácil. El ex gobernador del Chocó tuvo que calmar los ánimos en ese país quienes veían con desconfianza las políticas de un presidente que había sido guerrillero. Como canciller ha tenido que aguantar varios cimbronazos. Uno de ellos fue el cruce de trinos entre Petro y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la postura del gobierno con respecto a la guerra anti-drogas y la migración de personas hacia Estados Unidos que han tenido a Colombia y su tapón del Darién como uno de sus puestos de lanzamiento. Murillo, hace veinticuatro años vivió uno de los momentos más duros de su vida, se fue a los Estados Unidos como migrante. Nada es fácil para alguien que nace en Andagoya. Allí nació en 1967, una población condenada al olvido y a la violencia descarnada. Murillo sacó un ICFES impresionante por el que lo becaron y se pudo ir a estudiar ingeniería de minas En la Universidad Estatal de Prospección Geológica de Moscú. Era el final de la URSS. En medio de una sociedad que se caía a pedazos Murillo pudo ver como la idea del comunismo se rompía para siempre. La caída del muro de Berlín en 1989 fue el inicio del fin de la cortina de hierro. Cuando regresa al país el presidente es César Gaviria y se pone a trabajar desde la Corporación para el desarrollo del Chocó. En ese departamento se lanzó a ser gobernador en 1997 y lo consiguió. Fueron años duros. Primero vino una acusación que tuvo que capotear un problema mayúsculo que salió después de ejecutar una plata en un proyecto ambiental. Eso fue parte del problema, el otro fue el que le proporcionaron los paramilitares. Las AUC llegan y se asientan en el Chocó entre 1996 y el 2005. Era el Bloque Pacífico y se movieron, sobre todo, en el sur de ese departamento. A este bloque se unieron otros grupos como  los frentes Mineros, Pacífico y Héroes del Chocó. El comandante máximo era Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo. Lo que les molestó a los paramilitares fue la determinación de Murillo. Fue el primer gobernador en cancelar las personerías jurídicas de las Convivir en 1998 cuando eran legales. Murillo las canceló todas. Lo intentaron secuestrar. Era la manera que tenían los paramilitares de entablar un diálogo. Un secuestro extorsivo, amenazarlo de muerte para que los gobernantes hicieran lo que ellos ordenaran. Así que se fue con Barno, su esposa rusa, primero para Chapinero y luego, antes de que se acabara el siglo, para Detroit, Estados Unidos, como uno de los millones de colombianos que deben probar suerte en ese país. De Detroit saltaron a Washington y desde ahí pudieron cimentar las relaciones que le serían tan útiles con el congreso de los Estados Unidos. Su historia de resiliencia, valentía, lo convirtió en una figura ampliamente respetable. En los dos años en los que fue embajador en Washington fueron plenamente exitosos. Ahora, como canciller, debe capitanear un barco que se ha movido en varias tormentas. Espera salir avante de todas ellas.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Colombiano El Gobierno Nacional confirmó el inicio del quinto ciclo de diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a partir del 20 de junio de 2024. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión y violencia, especialmente en el departamento del Cauca, generando tanto expectativas como preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad. Desde la instalación de la mesa de negociación en octubre de 2023, el proceso ha enfrentado múltiples desafíos. En marzo de 2024, una significativa fragmentación dentro del EMC complicó aún más las negociaciones. Mientras una parte del grupo permanece en la mesa de diálogos, otras facciones, especialmente en el Cauca, han continuado con actividades violentas, siendo combatidas por el Estado. El jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, subrayó las dificultades del proceso de paz. “Es un contraste entre lo que va en la mesa -con observancia de cese al fuego, transformaciones territoriales como apuesta, una construcción de agenda- y lo que está sucediendo en el Cauca y en esta zona del sur de Colombia con acontecimientos de escalamientos de conflicto y acciones violentas que perturban a la población y le restan credibilidad a un propósito de paz. Pero la paz, a pesar de todos estos retos, es una tarea impostergable”, afirmó González Posso. En el departamento de Caquetá, donde se desarrollan algunas de las negociaciones, el Gobierno ha llevado a cabo reuniones con más de 3.000 delegados de Juntas de Acción Comunal. Estos encuentros buscan construir una agenda de paz inclusiva y avanzar en la observancia del cese al fuego. Similares eventos están programados en los departamentos de Meta y Antioquia a principios de junio, demostrando un esfuerzo continuo por mantener el diálogo y buscar soluciones pacíficas. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para aplacar todas las inquietudes. En la cuenta oficial del EMC en la red social X, se publicó un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, expresando descontento con las negociaciones. El grupo insurgente afirmó que los delegados presentes en la mesa de diálogos no representan sus intereses ni cuentan con el respaldo del Estado Mayor Central. “No son ni el 5% de las FARC-EP. Conclusión: No existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP”, declararon en la publicación. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este anuncio del EMC refleja las divisiones internas tras el inicio del quinto ciclo de diálogos. Marín explica que las facciones que negocian con el Gobierno contrastan notablemente con los enfrentamientos recientes en el Cauca y el sur del país, liderados por el bloque Jacobo Arenas, que ha declarado no estar en la mesa de negociación. Marín destaca que, según el seguimiento de la Fundación Pares, actualmente hay dos bloques que continúan en el proceso de negociación: el bloque Jorge Suárez Briseño y el bloque Magdalena Medio, con presencia en aproximadamente ocho departamentos. Por otro lado, el bloque Amazonas, el bloque Occidental Jacob Arenas, el bloque Centraliza, Aspardo y el Comando Conjunto de Oriente no participan en la negociación y tienen presencia en aproximadamente 13 departamentos. En efecto, la mayoría de los bloques del Estado Mayor no están negociando, y solo alrededor del 30% de la estructura participa en las negociaciones. Ante la ruptura del Estado Mayor Central, el Gobierno ha implementado una estrategia contundente contra los bloques que no participan en la mesa de negociación. Esta estrategia incluye capturas de cabecillas en el Cauca, incautaciones y combates. El Gobierno ha adoptado una postura firme contra estos bloques, motivados principalmente por economías ilegales. Simultáneamente, el Gobierno sigue comprometido con los bloques interesados en el proceso de negociación, como lo demuestran las actividades en Caquetá, donde se llevan a cabo acciones con juntas de acción comunal, así como en el norte de Santander. La posición del EMC ha generado una respuesta contundente por parte de González Posso, quien expresó preocupación por las acciones violentas que las estructuras del EMC han cometido en varias regiones del país, incluyendo el Cauca. Según el jefe negociador, estas acciones no solo dificultan el avance en las negociaciones, sino que también perturban a la población local y socavan la credibilidad del proceso de paz. El EMC también ha acusado al Gobierno de no cumplir con sus compromisos, especialmente en relación con la erradicación de cultivos de coca en el Cañón del Micay. El grupo insurgente sostiene que la falta de asistencia a las reuniones con los campesinos involucrados en esta actividad ilícita ha impedido avanzar en soluciones efectivas. Además, el EMC ha destacado sus supuestas “acciones humanitarias” en el suroccidente del país, mencionando la liberación de más de veinte militares y policías como prueba de su “compromiso” inicial con el Gobierno Nacional. El conflicto en el Cauca se ha intensificado desde marzo, cuando el presidente Gustavo Petro anunció el fin del alto el fuego en esta región en respuesta a los ataques del EMC. El 4 y 5 de mayo, las partes retomaron las negociaciones en un contexto de profundas dudas y desconfianza mutua. Uno de los principales escenarios de confrontación es el Cañón del Micay, una de las mayores zonas de cultivo de coca en Colombia, que alberga el 70% de la producción del departamento del Cauca. La situación en el Cañón del Micay es particularmente tensa. El EMC sostiene que la persistencia de los cultivos ilícitos no se debe a una falta de voluntad por su parte, sino a la inacción del Gobierno, que, según ellos, no ha ofrecido alternativas reales a los campesinos que dependen de esta actividad para su subsistencia. “Hambre o guerra. Nada estructural, lo mismo que los gobiernos anteriores”, criticó el EMC, señalando la falta de políticas efectivas y sostenibles para la erradicación de los cultivos de coca.   El EMC es una de las disidencias más significativas de las FARC surgidas tras los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016, en los que la histórica guerrilla renunció a la lucha armada. Esta disidencia, que se considera la FARC original y no una escisión, se ha consolidado como un grupo de gran relevancia tanto por el número de efectivos como por su presencia en varias regiones del país. Las tensiones dentro del EMC se han hecho evidentes durante los ciclos de negociaciones. En el cuarto ciclo de diálogos en Guaviare, Sebastián Martínez, vocero del Bloque Occidental, mostró desacuerdo con varios puntos aprobados por otros líderes del EMC. Su principal objeción fue la entrada de la Policía a la región del Cañón del Micay. Martínez se retiró del ciclo sin firmar los acuerdos, alegando un procedimiento médico, lo que evidenció aún más la fragmentación del grupo. La crisis se intensificó cuando el presidente Petro suspendió el cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, tras el asesinato de tres líderes indígenas en Toribio, Cauca. Esta decisión fue un punto de inflexión en las negociaciones, generando mayor desconfianza y recrudeciendo la violencia en estas regiones. En una reunión de emergencia en San Vicente del Caguán el 5 de abril, solo participaron los Bloques Magdalena Medio y Jorge Suárez, quienes acordaron seguir en diálogos sin representar al EMC como una colectividad. A medida que se acerca el quinto ciclo de diálogos en Bogotá, del 20 al 26 de junio, el Gobierno enfrenta el reto de un proceso de paz en medio de una profunda fragmentación del EMC y una escalada de violencia en varias regiones del país. Las negociaciones se llevan a cabo en un ambiente de incertidumbre, con un sector del EMC participando activamente mientras otros continúan las hostilidades. Finalmente, Paola Marín menciona que se espera que en junio se realicen actividades relacionadas con espacios de diálogo en Meta y Antioquia. De cara al quinto ciclo, esto sugiere que lo que podría ocurrir con el Estado Mayor Central es más bien un enfoque hacia el diálogo territorial, donde los bloques tienen influencia, con el fin de continuar con un proceso de paz y una agenda de construcción de paz en estas regiones.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: La X Tras un año y medio de intensos diálogos, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzaron un acuerdo histórico al firmar el primer punto de la agenda del proceso de paz el pasado sábado 25 de mayo en Caracas. Este importante avance se centra en la participación de la sociedad en la implementación de los acuerdos finales. Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en las negociaciones, subrayó la complejidad y el esfuerzo detrás de este logro. “Nadie dijo que iba a ser fácil”, afirmó, destacando el trabajo conjunto y meticuloso realizado “página por página” para concretar este acuerdo. El acuerdo enfatiza la inclusión y participación activa de la sociedad civil en la construcción de la paz, definiendo claramente quiénes estarán involucrados en los diálogos y de qué manera podrán contribuir. Grabe explicó que el texto acordado “recoge el espíritu” del proceso y establece las bases para la colaboración ciudadana en la ejecución de las transformaciones necesarias. Aunque el documento completo aún no se ha hecho público, Grabe adelantó que los principales ejes del acuerdo abarcan temas económicos, políticos, ambientales, educativos y culturales. Este enfoque integral busca abordar diversas dimensiones de la realidad colombiana para cimentar una paz duradera. En un contexto de polémicas y desafíos, ambas delegaciones reafirmaron su compromiso de no abandonar la mesa de diálogo. Esta decisión se mantiene firme a pesar de recientes controversias, como el anuncio del ELN sobre la posible reanudación de secuestros con fines extorsivos. Grabe señaló que el acuerdo contempla “enfoques diferenciales de género, étnico y para personas con discapacidades”, y destacó la importancia de promover una “cultura de paz” y enfrentar la “cultura patriarcal”. El acto de firma contó con la presencia del expresidente Ernesto Samper, quien ha sido un ferviente defensor del proceso de paz. “Estamos aquí por la paz y con el pueblo colombiano”, reafirmó Grabe. Desde la delegación del ELN, Pablo Beltrán describió el acuerdo como “una propuesta de paz a las buenas” y exhortó a aquellos que se oponen a los cambios a reconsiderar su postura. “El ELN está dispuesto a cambiar. Necesitamos más gente participando en este proceso, que haya un gran acuerdo, que la gente participe y se comprometa con los cambios”, expresó Beltrán, subrayando la importancia de la inclusión social en el camino hacia la paz. Este primer acuerdo marca un paso significativo en el complejo camino hacia la reconciliación en Colombia, abriendo la puerta a una mayor participación ciudadana y un compromiso renovado con la paz.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Centro de Memoria Historica- fotografía Ayda María Martínez. El número es un golpetazo en la boca del estómago. Según el Registro Único de Víctimas, entre 1984 y el 2018, en el Magdalena Medio, han sido víctimas de desaparición forzada más de 12 mil personas. Estas fechas coinciden con el auge de los grupos paramilitares en la zona a cargo de feroces campesinos como Ramón Isaza y Henry Pérez. En Puerto Boyacá, hasta hace muy poco tiempo, había un letrero en la entrada del municipio: Bienvenidos a la capital antinsurgente de Colombia. Incluso tenían un político al que querían hacerle una estatua, el Representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín, quien apoyó abiertamente la creación de las Autodefensas y que tuvo entre los discípulos más aventajados a Ernesto Baez, futuro ideólogo del paramilitarismo. Hubo un sector de esta región que fue particularmente golpeado: el magdalena caldense quien tuvo que soportar la pérdida, entre los años 1998 y el año 2000, 2.500 desaparecidos. La gran mayoría de ellos fueron jóvenes campesinos entre 18 y 25 años. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de las 59.203 víctimas de este delito el 87.8% son hombres y el 12.2% son mujeres. Esto quiere decir que la búsqueda ha recaído sobre las mujeres. Colombia es un país de madres, hermanas, esposas buscadoras. El drama de una buscadora en Colombia arranca desde el mismo anuncio de la desaparición del ser querido. Cuando lo hacen lo más común es que se burlen de ellas. Tienen que vivir en carne propia la humillación de ser mujer y pobre en Colombia. Los costos de esa investigación, ante el desinterés estatal, lo asumen ellas mismas. Sin embargo se organizaron, se conocieron entre ellas, sabían que unidas podrían aspirar a la verdad. En el 2010 consiguieran que se aprobara la ley 1408 que constituye el Plan Nacional de Búsqueda. En el 2016 lograron que en los Acuerdos de Paz entre el gobierno Santos y las FARC se creara la Unidad de Búsqueda. Así como en la Argentina existen las Madres de Plaza de Mayo, en Colombia el colectivo de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, MAFAPO. Desde el 2008 llevan denunciando la muerte de 19 de sus hijos quienes fueron asesinados en Soacha y aparecieron en una Fosa Común en Ocaña, Norte de Santander. Gracias a la lucha de estas mujeres se ha logrado condenar a los siguientes miembros de la Fuerza Pública: el teniente coronel Wilson Javier Castro Muñoz, comandante del Batallón Rafael Reyes; el teniente Villani Realpe, el sargento José Eduardo Ñiámpira Benavides y los soldados Guillermo Pacheco Anzola, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tavarel, Venancio Puente Guapacha y Germán Augusto Oliveros. Los delitos imputados fueron homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Además, los dos oficiales y el suboficial, por falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, por haber reportado ante sus superiores como legal un falso positivo. Además condenaron a  Mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, Sargento Medardo Ríos Díaz, Cabo Tercero Juan Gabriel Espinoza Restrepo, Cabo Segundo Richard Jojoa Bastidas, SLP: José González Ceballos, SLP Nixon Cubides Cuesta, SLP Kevis Jiménez Escalante, SLP Luis Alirio López, SLP Mauricio Cuniche Delgadillo, SLP José Fernández Ramírez, Cabo Manuel Zorrilla Gámez, SLP Ricardo Eliud Gónzalez Gómez, SLP Ferney Gijalba Flor, SLP Eider Guerrero Andrade, SLP Geiner Fuertes Billermo, SLP Pedro Hernández Malagón, SLP Juan Ramón Marín Ramírez, Sargento Segundo Janer Ediel Duque Marín, SLP John Anderson Díaz, Cabo Ricardo Coronado Martínez. Sin embargo su labor no ha terminado con la justicia que han recibido por la muerte de sus hijos sino que buscan a otros colectivos de madre que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Las investigaciones que han obtenido las madres en el Magdalena caldense han establecido que los grupos paramilitares que operaban en la zona para generar más terror y, sobre todo, para que no se encontrara nada de las personas, desmembraban a punta de moto sierra. Así fue en 100 de los 187 casos documentados y entregados a la Comisión de la Verdad. En Samaná, Caldas, las FARC también estuvieron implicadas en desapariciones de niños. Los MASETOS, creados por los carteles de la droga a principios de los años ochenta, después de que fuera secuestrada Martha Nieves Ochoa, hermana menor del clan Ochoa también tiene una gran cantidad de víctimas en el Magdalena Medio. Como lo cuenta la Comisión de la Verdad, las madres buscadores se han encontrado en el camino, entrelazando sus vínculos y han ayudado a la justicia a esclarecer y encontrar a desaparecidos que estaban condenados a ser humo para siempre. En Colombia, según la UBPD hay 111.640 personas desaparecidas desde que inició el conflicto. Esa red de madres, creada a partir de la desesperación, ha ayudado a desentrañar casos en los que la justicia se ha visto impotente.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: encolombia y Portafolio En un violento enfrentamiento entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor Central de las FARC, once cuerpos de combatientes fueron encontrados el pasado domingo 26 de mayo, según informaron las autoridades. Los fallecidos pertenecían a los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia y a la Estructura Carolina Ramírez del Estado Mayor Central. El Ejército confirmó que habría desplegado personal militar en la zona para salvaguardar la seguridad de los habitantes locales y continuar con las operaciones ofensivas contra estos grupos armados ilegales que han causado un gran daño a la población de Caquetá. En palabras de un portavoz militar, estas acciones buscan "brindar seguridad en el sector y continuar con las operaciones militares ofensivas en contra de estas estructuras armadas ilegales." La situación ha generado una grave crisis humanitaria, con 500 familias de la vereda Palmeiras, en el municipio de San José del Fragua, confinadas en sus hogares por temor a quedar atrapadas en el fuego cruzado. Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, señaló que "las comunidades reportaron que no han podido salir de sus viviendas por temor a la agudización de las acciones armadas y por la presencia de cuerpos sin vida en las vías rurales". Las autoridades locales han respondido convocando un consejo de seguridad con la participación de figuras clave como el comandante del Batallón de Infantería Número 34, el alcalde de San José del Fragua, la Defensoría del Pueblo, el comandante de la Estación de Policía y el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Ruiz. La violencia en la región escaló después de que miembros del frente Carolina Ramírez del EMC capturaran a varios integrantes de los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, nueve de los cuales fueron encontrados muertos al costado de una carretera. Los enfrentamientos, algunos de los cuales fueron capturados en video por la comunidad, han continuado en esta zona limítrofe con el Cauca, otro departamento afectado por la violencia entre la Fuerza Pública y los disidentes del EMC. La Defensoría del Pueblo ha advertido que de continuar estos enfrentamientos, es probable que se produzca un desplazamiento masivo de las comunidades atrapadas en medio de la disputa. "En nuestro oficio del pasado 13 de febrero, enviado al Ministerio del Interior, dimos cuenta de los riesgos para líderes sociales, comunales y campesinos, debido al reacomodamiento y recuperación de los territorios por parte de los grupos armados ilegales en el sur del Caquetá", agregó Camargo. Mientras tanto, la población de San José del Fragua espera con incertidumbre el desarrollo de los acontecimientos, esperando que las medidas de seguridad y las operaciones militares logren restablecer la paz y la seguridad en la región.

Por: Maritza Acuña. Coordinadora de Educación.  Observatorio en Defensa de la Vida (ODEVIDA) En el año 2018, el 4 de marzo exactamente, América Latina y el Caribe hacían historia cuando adoptaron, en Escazú (Costa Rica), un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero que también es un tratado de derechos humanos; siendo sus principales beneficiarios la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables, como es el caso de los Pueblos Indígenas. Este Acuerdo Regional con el cual se pretende luchar en contra la desigualdad y la discriminación, garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano, atender en especial a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y poner la igualdad como el foco del desarrollo sostenible, ha ido sumando logros en tan solo 5 años. La necesidad de emprender acciones que frenen la acción humana en desmejora del ambiente y los derechos fundamentales, ha puesto en acción a los estados del continente suramericano. “La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella… Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene en la noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha conquistado sigue adelante.” [1] Estas sabias palabra del jefe Indio de Seattle al Presidente de EEUU en 1854 cada día cobran más vigencia. Esta carta es catalogada en los años 70 como la mejor explicación de lo que significa cada pedazo de tierra a los pueblos indígenas, hoy la analizamos y es una declaración a la defensa de los DDHH de los pueblos originarios. En el ánimo de esta carta, consideramos que el Acuerdo de Escazú, enaltece estos principios y es deber de los gobiernos de los Estados Latinoamericanos, hacer su mejor esfuerzo por prevalecer la defensa de estos derechos. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Desde que se iniciaron las discusiones sobre la necesidad de concretar este acuerdo, en el cual se daba  continuidad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)  donde se firmó el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, la participación de Venezuela no se hizo presente, vulnerando los derechos de la nación a ser parte protagónica de estas acciones histórica. Los pueblos indígenas venezolanos se sienten cada día más vulnerables.  La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO) [2] , nombrado así por el gobierno de Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016 como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», es un área de explotación irregular y trabajos precarios de recursos minerales y personas en Venezuela desde 2017, gestionado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, el declarado Patrimonio de la Humanidad Parque Nacional Canaima y, en menor proporción, el noreste del estado Amazonas. Venezuela cuenta con gran cantidad de toneladas en reservas de riquezas mineras, la cuales se encuentran ubicadas principalmente en las zonas donde habitan la población indígena: Amazonas, Bolívar, Monagas, Anzoátegui,  Zulia, Apure, entre otros. Minerales tales como cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita, aluminio, torio etc. 3 Ante la crisis de la industria petrolera nacional, en 2016, el Gobierno venezolano estableció el Arco Minero del Orinoco como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional» para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar. Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones. [4] En este sentido, la periodista y ambientalista Minerva Vitti, señala al respecto que: “La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco viene a profundizar el modelo extractivista y acentuar la lógica rentista en Venezuela. Con la incorporación de transnacionales. Esto responde a una lógica regional donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y habitantes de la zona.”   En 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet [5] , denunció que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.​ La investigación, expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia" por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como "sindicatos" . "A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería", subrayó Bachelet. Por su parte Provea señala en su último Informe de la Situación de los DDHH en Venezuela año 2023 [6]   “Las condiciones de vida de los 52 pueblos indígenas de Venezuela continuaron deteriorándose durante 2023, principalmente por la falta de políticas públicas, la presión de las actividades extractivas y la presencia de gobernanzas híbridas criminales en los territorios ancestrales. Lo anterior se evidencia en la deforestación acelerada, la contaminación de los ríos, el colapso de los servicios públicos, el aumento de la pobreza, la invasión de territorios, la consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados y el asesinato y persecución de líderes y defensores indígenas o de la causa indígena”. Es evidente que los pueblos más vulnerables necesitan las acciones que se enmarcan en el Acuerdo de Escazú. En la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- realizada en Santiago, Chile, del 22 al 24 de abril de 2024, en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reforzó el compromiso de reconocer, proteger y promover todos los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En la reunión de tres días, los Estados Partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una inédita hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú. ¿Y Venezuela para cuándo? Durante el año 2023 y primer trimestre de 2024 ODEVIDA [7]  como parte del Proyecto “Rostros y luchas de la Venezuela Profunda” realizó visita a los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, en los cuales se comprobó la afectación de los pueblos indígenas asentados en estas zonas por la explotación mineras, del deterioro de la salud, la educación, la persecución a los líderes y lideresas indígenas [8] , los cuales adhirieron sus firmas a un pronunciamiento al Estado venezolano exigiendo su adhesión al Acuerdo de Escazú. Durante el primer día de la conferencia, Dominica se convirtió oficialmente en el 16 Estado Parte del Acuerdo de Escazú, al confirmar el depósito de su ratificación ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por el momento, este acuerdo  ha sido firmado por 24 países  de América Latina y el Caribe, de los 33 de la región. Y son ahora 16 los Estados parte que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y Dominica. Venezuela no ha firmado siquiera el Acuerdo de Escazú. Desde Provea, a través del Observatorio de la Vida (ODEVIDA) en el marco de este Día Mundial del Ambiente, exhortamos a gobierno de Nicolás Maduro Moros, que  asuma la responsabilidad de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, para garantizar y preservar los territorios habitados por nuestros pueblos originarios y se respete la totalidad de sus derechos, así como para garantizar un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, y que adoptar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones, como lo establece el Artículo 9 del Tratado. [1] https://culturainquieta.com/estimulante/la-carta-que-el-jefe-indio-seattle-envio-al-presidente-de-estados-unidos/#:~:text=%22La%20Tierra%20no%20nos%20pertenece,nosotros%20pertenecemos%20a%20la%20Tierra.%22&text=Nosotros%20tal%20vez%20lo%20entender%C3%ADamos,ellos%20puedan%20desear%20el%20ma%C3%B1ana . [2] http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/febrero/2422016/2422016-4514.pdf#page=4   [3] https://mapa-venezuela.blogspot.com/2013/04/mapa-de-grupos-indigenas-en-venezuela.html#gsc.tab=0 [4] https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/justicia/venezuela-nuevo-informe-de-la-onu-detalla-las-responsabilidades-por-crimenes-de-lesa-humanidad-para-reprimir-a-la-disidencia-y-pone-la-lupa-en-la-situacion-en-las-zonas-mineras-remotas/ [5] https://www.dw.com/es/la-onu-denuncia-explotaci%C3%B3n-y-abusos-en-el-arco-minero-de-venezuela/a-54185782 [6] https://provea.org/wp-content/uploads/2024/04/08-Pueblos-Indigenas-Provea-2023.pdf [7] Observatorio para la defensa de la vida, cuyo objetivo es promover el derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, Perú y Venezuela por medio de la investigación y la comunicación estratégica, para aumentar los costos políticos y sociales frente a actos violentos que atenten contra la vida de líderes y lideresas sociales. [8] https://acsinergia.org/category/boletin/

Por: Redaccion Pares Semana del 27 al 31 de mayo Ha culminado la reunión de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, que transcurrió en Caracas entre el lunes 20 y el sábado 26 de mayo con la buena noticia de la firma del punto 1 de la agenda, que hace referencia a la "participación para  la paz", este punto fue construido en el proceso de diálogos y consultas liderado por el Comité Nacional de Participación, que desplegó una importante iniciativa de consulta que abarcó una importante diversidad de sectores sociales, organizaciones y regiones, todo este trabajo de consulta fue sistematizado por una secretaría técnica que consolidó una propuesta que fue acogida por gobierno colombiano y el ELN, lo cual abre ahora un proceso para desarrollar el punto 2 de la agenda que hace referencia a una democracia para la paz y el punto tres, denominado transformaciones para la paz. Aprobado el punto 1, se inicia un proceso de participación diverso, con garantías para quienes participen y con un sentido de acordar transformaciones, tanto en el régimen político, como  en el modelo de desarrollo, al igual que en las políticas de protección de la naturaleza, este sentido de transformaciones y alcances de está acción de participación y su carácter vinculante y decisorio que ha causado críticas y preocupaciones en sectores empresariales que estaban en el comité nacional de participación, serán objeto de nuevos diálogos de la delegación del gobierno colombiano, para escuchar estas preocupaciones y ver cómo tramitar  estas inquietudes y críticas frente a un proceso que requiere la mayor amplitud de valoraciones y propuestas y una concertación entre una diversidad social, gremial e institucional, para lograr una visión compartida de paz y un acuerdo nacional, que sustente este acuerdo, esos son los fundamentos de la agenda pactada entre el gobierno colombiano y el ELN, veremos como evolucionan estos diálogos con quienes han criticado este proceso. Hay una sombra que hay que despejar, luego del pronunciamiento público del Consejero Comisionado Otty Patiño, quien en comunicado público fue enfático en que el gobierno colombiano no firmara nada con un ELN que no cumple sus compromisos  haciendo referencia al desmarque que esta guerrilla ha hecho a su compromiso de abandonar el secuestro, lo cual por supuesto es una situación que genera repudio en un país cansado de está atroz práctica, igualmente veremos cómo evoluciona este diálogo al interior del gobierno, donde se han evidenciado criterios diferentes entre el Comisionado de Paz y la delegación de gobierno. No hay datos de cómo se implementará el punto uno sobre participación de la sociedad, las partes no han comunicado detalles de este proceso que debe iniciarse a la mayor brevedad para un gobierno que está arribando a la mitad de su periodo y donde urge acordar las transformaciones de corto, mediano y largo plazo, proceso que en su fase de diseño debe culminar según lo acordado desde el año pasado en mayo de 2025. Hay expectativa por el inicio de una fase de participación para concertar transformaciones, luego de una fase de diseño que inició en agosto de 2023 y ha finalizado en este mayo de 2024, la firma del punto de participación es un importante logro que hay que valorar y sin duda este es el proceso de diálogos y negociaciones entre un gobierno colombiano y el ELN, que más ha avanzado. Es crítica la situación de violencia en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar, donde se siguen presentando fuertes combates entre el ELN y el Clan del Golfo. #Histórico "En la #participación nunca se había llegado tan lejos y esto es fundamental, hay que destacarlo porque es la posibilidad de que la sociedad participe en la construcción de la #paz. Hay que darle el lugar que merece" Vera Grabe, Jefa de la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia en los diálogos con el ELN   Por primera vez en estos diálogos de paz, las delegaciones del Gobierno y del ELN nos reunimos con algunas de las principales plataformas de víctimas: Como país garante en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, celebramos que las partes hayan firmado el acuerdo para el desarrollo del proceso de la participación, atendiendo el compromiso pactado en el primer punto en el Acuerdo de México. Comunicado completo. Acuerdo Histórico en 30 años de procesos de paz con el ELN.  El punto de fondo, el de participación trasversal en la agenda se ha logrado en el gobierno del Cambio @petrogustavo  A pesar de de presiones y tergiversaciones que desconocen lo fundamental un asunto sustancial avanzó. Iván Cepeda explica primer acuerdo con ELN: “No impondrán ningún modelo” Gobierno y ELN firman el primer punto del acuerdo de paz en proceso de negociaciones   Juan Camilo Restrepo habla del acuerdo firmado entre el Gobierno y el Eln en Caracas | El Tiempo “La delegación del ELN no tiene pleno poder”: Otty Patiño Eln y Gobierno Nacional firmaron primer punto del acuerdo de paz en Venezuela | El Tiempo Nueva mesa de diálogo podría darse con sector del ELN gracias al gobernador de Nariño. Excomandante del ELN habla sobre la dificultad de realizar un proceso de paz con el Gobierno Petro

Por: ODEVIDA Está claro, después de presentar el informe sobre Derechos Humanos en Venezuela el pasado 30 de abril, que el estado venezolano ha venido incumpliendo en sus políticas de medio ambiente y de protección a los pueblos indígenas. La minería lega o ilegal, están acabando con la naturaleza en Venezuela. El gobierno de Maduro ha permitido extracción de recursos incluso en áreas de reserva o parques nacionales. Uno de los lugares más maltratados en Venezuela es el parque nacional Yapacana en pleno Amazonas. Acá circula, impunemente, la guerrilla colombiana. Según este informe de Provea, el derrame de petróleo y otras alteraciones al medio ambiente siguen siendo una constante en los últimos siete años. Otro de los aspectos que preocupa en este informe es que el acceso al agua siga siendo muy deficiente en todo el territorio venezolano, siendo el estado Lara uno de los lugares donde este problema es más profundo. En Barquisimeto se cuentan por miles las familias que deben abastecerse del líquido usando el río Turbio. La falta de información por parte del Estado venezolano con respecto a niveles de contaminación preocupa y este informe es una alerta a este descuido deliberado. La deforestación es otro de los males que azotan el país. Se desforesta para obtener carbón vegetal. Estas acciones ilegales ponen en riesgo la existencia de ecosistemas vulnerables, sin que exista una respuesta institucional a la altura del problema y poniendo en duda los compromisos internacionales de velar por la biodiversidad y evitar la desertificación. El Arco Minero del Orinoco, que es una de las iniciativas que ha llamado el gobierno Maduro la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, ha sido una debacle para los indígenas del Amazonas. En el Informe se advierte y señala que “La mayoría de las zonas donde se practica minería son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), como reservas de biósfera, monumentos naturales y parques nacionales; además de poseer las mayores reservas de agua dulce del país”. En todas las formas el gobierno de Maduro ha traicionado a los pueblos indígenas que dijo defender. La entrega de tierras a estos pueblos es apenas del 13%. A la lucha contra grupos ilegales, algunos venidos desde Colombia, los indígenas venezolanos deben enfrentarse también ante la probada incompetencia estatal. Los datos son escalofriantes, entre el 2019 y el 2023 fueron asesinados veinte indígenas. Todos los homicidios tuvieron que ver con actividades de minería ilegal. ODEVIDA registró entre el año 2013 y 2022 un total de 40 líderes representantes indígenas víctimas de homicidios, de los cuales 15 fallecieron en manos de efectivos militares venezolanos y 25 fueron asesinados por grupos guerrilleros de Colombia y sicarios pertenecientes a organizaciones de minería ilegal. Este informe que leerán a continuación además denuncia las actividades de explotación de coltán del ELN y de narcotráfico por parte de disidencias FARC dentro del territorio venezolano sin que sean combatidos seriamente por el ejército venezolano. La situación de los pueblos indígenas se agrava cuando se miden otros indicadores de bienestar como la alimentación, la salud o el derecho a la educación, ambos están en números rojos. El paludismo, a estas alturas del siglo XXI, sigue causando estragos. Provea, en este informe, le exige al estado venezolano una serie de puntos que deben resueltos a la mayor brevedad. Las necesidades de los pueblos indígenas no dan espera.