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Por: Katerin Erazo, Periodista En el complejo entramado de la búsqueda de la paz en Colombia, cada paso hacia delante parece acompañado de retrocesos y obstáculos que ponen en tela de juicio la viabilidad misma de un acuerdo duradero. En este escenario, el diálogo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se erige como una pieza fundamental, pero también como un reflejo de las dificultades inherentes a la construcción de consensos en un país marcado por décadas de conflicto armado. El reciente comunicado del ELN, en el que reafirma el congelamiento de las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, arroja luz sobre las tensiones persistentes que impiden avanzar hacia una solución definitiva. La guerrilla, en su declaración, acusa al Gobierno de incumplir una serie de compromisos previamente establecidos, lo que ha llevado al estancamiento del proceso. Uno de los puntos más álgidos señalados por el ELN es el no retiro de la lista de Grupos Armados Organizados (GAOs), una medida que la guerrilla considera crucial para su legitimación como actor en el escenario político colombiano. Este punto, aunque puede parecer meramente simbólico, tiene profundas implicaciones para el ELN en términos de su reconocimiento como interlocutor válido en las negociaciones de paz y su transición hacia la vida civil. Además, la falta de un mecanismo efectivo de monitoreo y verificación del cese al fuego ha generado desconfianza en ambas partes, socavando los esfuerzos por mantener una tregua duradera. El ELN denuncia operaciones ofensivas por parte de las Fuerzas Armadas, así como presuntos vínculos entre el Gobierno y grupos paramilitares, lo que agrava la situación y dificulta la construcción de un clima de confianza mutua. En el ámbito humanitario, la situación no es menos preocupante. La ausencia de avances concretos en la materialización del fondo multidonante y los alivios para los prisioneros del ELN ha generado frustración y descontento en las filas guerrilleras. En este contexto, la reactivación de la mesa de diálogos parece cada vez más distante. A pesar de un intento reciente por parte de ambas delegaciones de firmar un acuerdo sobre la participación ciudadana en la construcción de los acuerdos de paz, las discrepancias persisten y la voluntad política para superarlas parece menguar. El estancamiento prolongado de las negociaciones no solo alimenta la desesperanza entre la población colombiana, sino que también abre la puerta a la escalada de la violencia y el recrudecimiento del conflicto armado. La respuesta del Gobierno a las acusaciones del ELN ha sido ambigua y cautelosa. Si bien ha expresado su preocupación por la decisión de la guerrilla de retomar los secuestros, también ha reconocido la necesidad de abordar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones políticas inclusivas. Sin embargo, las acciones concretas para cumplir con estos objetivos siguen siendo esquivas, lo que genera incertidumbre y desconfianza en el proceso de paz. El ELN, por su parte, ha destacado la firma reciente del acuerdo referido al diseño de la participación ciudadana como un paso positivo hacia la construcción de una paz inclusiva y participativa. Sin embargo, este avance se ve empañado por la falta de claridad sobre su alcance y su impacto real en la resolución de las causas estructurales del conflicto. Además, la reticencia del Gobierno a abordar temas sensibles como el modelo económico o el régimen político añade una capa adicional de complejidad a las negociaciones. En última instancia, la búsqueda de la paz en Colombia requiere un compromiso genuino y sostenido por parte de todas las partes involucradas. Esto implica no solo la voluntad política para superar las diferencias y llegar a acuerdos mutuamente aceptables, sino también la capacidad de abordar las causas profundas del conflicto y construir una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos. En este sentido, el ELN y el Gobierno Nacional tienen una responsabilidad compartida en garantizar que el proceso de paz avance de manera significativa y efectiva. Esto significa no solo cumplir con los compromisos adquiridos, sino también estar dispuestos a ceder en ciertos puntos y buscar soluciones creativas a los desafíos que se presenten en el camino hacia la reconciliación y la paz duradera. A pesar de los obstáculos y las dificultades, la esperanza de una Colombia en paz sigue viva en los corazones de millones de colombianos que anhelan un futuro mejor para las generaciones venideras. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para hacer realidad este sueño compartido y construir un país donde reine la justicia, la igualdad y la fraternidad.

Por: Redacción Pares En los últimos años los indígenas de Venezuela han tenido que ver como la incursión de grupos armados en el territorio, algunos como el ELN quienes han acaparado la explotación del coltán, o de las propias disidencias FARC que se mueven con holgura a través de sus redes del narcotráfico. Hay voces que se han elevado no sólo ante esto sino al abandono, al silencio que existe por parte de Nicolás Maduro y del gobierno ante plagas que sufren las tribus indígenas venezolanas como el paludismo, la contaminación de sus ríos por culpa de la minería ilegal y la falta de escolaridad. Uno de esos líderes se llamaba Virgilio Trujillo Arana y lo mataron. Pertenecía a los Piora, que han poblado este territorio desde antes que los blancos construyeran a su Dios. En su comunidad era conocido por su defensa del ambiente y el territorio que tenían en el Amazonas. Era el coordinador de los guardianes Uwottüja del municipio de Autana. Se habían organizado para frenar la tala de bosques, la contaminación de los ríos, la desidia del Estado. La llegada constante de extraños a sacar la riqueza de sus tierras. Pero el 30 de junio del 2022 lo mataron en Puerto Ayacucho. Fue un crimen de odio. Le propinaron varios disparos en la cara. Era un crimen que traía un mensaje: los indígenas habían perdido la guerra contra los mineros ilegales, contra la maquinaria estatal, contra la vida y el medio ambiente. Habían asesinado a su guardián mayor. Antes de asesinarlo a Virgilio lo obligaron a subirse en un vehículo. Sobre el crimen no hay mayores detalles. La impunidad reina en el gobierno de Maduro. Según el portal Justicia-Verdad Venezuela, las acciones que se tomaron después del crimen no se caracterizaron por su efectividad. El director del cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y de Criminalísticas, anunció en un escueto mensaje en Twitter que enviarían, desde Caracas, a expertos para investigar el tema. Han pasado dos años y no hay nada sobre el crimen. Líderes y organizaciones indígenas han hecho plantones y han presionado para que den respuesta sobre el tema. El silencio es lo que contestan. Según los registros de Provea, al menos 47 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales. Este abandono se muestra en el informe que presentaremos a continuación. La valiente denuncia de ODEVIDA muestra la hipocresía del régimen de Maduro con respecto al medioambiente y al cuidado de los pueblos indígenas. El discurso y los hechos son completamente contradictorios. Mientras condena al capitalismo por su afán de acaparamiento y su deshumanización, vemos a un gobierno que ha sido incapaz -o acaso cómplice- con los grupos armados que han acumulado montañas de dinero explotando los recursos naturales venezolanos destruyendo buena parte de sus ríos, de sus selvas frondosos y pasando por encima de líderes como Virgilio Trujillo. Recomendamos, para un conocimiento a profundidad sobre este tema, la lectura del siguiente:

Por: Redacción Pares El asesinato de Josué Castellanos prendió las alarmas en Arauca, que realmente nunca se han silenciado del todo. Fue el 4 de marzo de 2024. Castellanos había sido amenazado previamente por el Frente 10 de las disidencias de las FARC, conocido en el país como Estado Mayor Central y cuyo hombre fuerte en el departamento es Antonio Medina. También es el principal sospechoso de la bomba que estalló frente a la oficina de Centro Oriente en enero de 2022, mientras se realizaba una reunión con líderes sociales de ese departamento. Castellanos cultivaba plátano. Líder innato, acompañó varios procesos sobre este cultivo en Tame. El día de su muerte, estaba en el sector de Santa Helena. Allí se había reunido con directivos y docentes de la zona para discutir temas como el Plan de Alimentación Escolar, que había sido saqueado por políticos locales, y hacer una evaluación de la Mesa de Crisis Escolar instalada desde 2023. Al terminar la reunión, salió del lugar en su camioneta cuando fue interceptado por desconocidos. Lo obligaron a bajar del automóvil mientras desarmaban a su esquema de seguridad. A Castellanos se lo llevaron y luego apareció muerto muy cerca del lugar donde se había efectuado la reunión. En su momento, el hijo del líder asesinado, Jaider Castellanos González, dio estas declaraciones al periódico El Espectador: "Apagan la historia y una propuesta de desarrollo del departamento... seguiré su legado y, como él bien decía, no se le llamará muerto al que muere por la vida". Josué Castellanos Pérez era importante por su valentía al denunciar violaciones a los derechos humanos y actos violentos contra civiles perpetrados por las disidencias. Nunca le tembló la voz. El asesinato de Castellanos Pérez, ocurrido frente a autoridades, fue un mensaje claro a la población civil: si podían matarlo a él, podrían hacer lo mismo con cualquiera que hablara contra el EMC. Aunque, en honor a la verdad, hoy en Arauca cualquiera puede ser asesinado únicamente por no someterse a la disciplina social y la expansión del control territorial de grupos armados cada vez más agresivos contra los civiles. Esta característica del ciclo de violencia hoy no ocurre únicamente en este departamento, donde confluyen más de cinco décadas de presencia armada de la guerrilla del ELN con un grupo armado reciente, pero influido por las disputas previas con la guerrilla de las FARC. Graves fallas en la reincorporación y en la implementación del acuerdo con las FARC, que suman tanto errores de diseño como de ejecución en los últimos ocho años, hicieron que la paz vivida entre 2015 y 2018 se viera frustrada poco a poco, sin que nadie interviniera. Hoy hay muchas denuncias en Arauca contra el EMC, pero cero investigaciones. Hubo un atisbo de ilusión con el proceso de Paz Total en sus inicios, pero hoy únicamente uno de los grupos armados, el ELN, está sentado en una mesa de diálogo, que si bien tiene un cese al fuego activo, carece de un mecanismo de verificación que permita a las personas en el departamento simplemente contar lo que les sucede y encontrar ayuda y apoyo. De la otra parte, el Frente 10 de las disidencias forma parte de las estructuras que rompieron con la mesa de negociación y, junto con el resto de la facción liderada por alias Iván Mordisco, está en confrontación tanto con el ELN como con el gobierno nacional.   Pero la expansión de estos grupos y la guerra de hoy no se desarrollan como antes. No es una población atrapada entre dos combates con personas uniformadas que se identifican en uno u otro bando. Es una violencia selectiva contra liderazgos sociales, comunales y de derechos humanos, y la imposición violenta sobre la población que consideran afín a su contraparte. Es como si tres ejércitos distintos dispararan a civiles al mismo tiempo. La pérdida total del principio de distinción que, según el DIH, tendría que humanizar la guerra, al menos en sus mínimos. Desde la sociedad civil se ha pedido acompañamiento al gobierno para proteger la labor de los líderes y crear espacios para profundizar más en esas denuncias que se presentan en el departamento, y el análisis geopolítico de lo que ya se considera una masacre a cuentagotas de la población más vulnerable. Desafortunadamente, la velocidad a la que operan los grupos armados triplica la burocracia estatal, que no ha logrado poner en marcha políticas de prevención de violación de derechos humanos ni de protección colectiva de las comunidades. Aún como sociedad no pasamos del "¿por qué los matan?" al "¿cómo los protegemos efectivamente?". Después del asesinato de Castellanos, el EMC se pasea por el casco urbano de Tame. No son pocos los casos en que se oyen voces que acusan a uno u otro bando de paramilitares por considerar que existe connivencia con la fuerza pública. Una de las pocas voces que hoy se atreve a denunciar los desafueros del Estado Mayor Central y otros grupos armados es Juan Carlos Villate. A través del programa 6 AM de Caracol Radio, advirtió al gobierno sobre el tema de reclutamiento de menores: "El tema del reclutamiento está tan crítico que hemos identificado nuevas formas de reclutamiento. Están trayendo niños de otras regiones y los están desarraigando, del Cauca, de Nariño, Caquetá, y los están trayendo a Arauca para que este conflicto continúe en el territorio. Es un escenario que por supuesto rechazamos y que le hemos pedido al Gobierno que ponga sobre la mesa de una manera prioritaria". Alertó, además, sobre los enfrentamientos cada vez más constantes entre el ELN y el EMC en el departamento. Las alarmas están encendidas y el gobierno está obligado a actuar con firmeza para detener la violencia organizada. En este caso, a las disidencias del EMC, que tampoco han tenido empacho en violentar sistemáticamente la generosidad de los colombianos para recibirlos en la paz. La vida de los líderes y lideresas sigue en peligro. La respuesta no debe seguir siendo el silencio.

Paola Andrea Marín Molano Investigadora Nacional- Línea de Paz territorial y DDHH Por parte del Gob Nacional, aparece el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para asuntos de paz, junto a representantes del gobierno. Del lado de la Segunda Marquetalia, estuvieron presentes Iván Márquez y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, líder de la delegación de paz. Por medio de una fotografía divulgada por la delegación de Paz del Gobierno Nacional en la que aparecen el líder de la autodenominada Segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias Iván Márquez y el comisionado de Paz Otty Patiño, se confirma el inicio de la instalación de la Mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia, la cual será instalada el próximo 24 de junio y donde se espera dar inicio al  primer ciclo de negociación, que se realizaría entre 25 y el 29 de este mes, en la Ciudad de Caracas, Venezuela. A través de un comunicado de nueve puntos, las dos delegaciones, trazaron los ejes principales de lo que sería el proceso de negociación. Dentro de este se resalta de manera positiva, la iniciativa de la Segunda Marquetalia sobre la no realización de retenciones con fines económicos, frente a lo cual el Gobierno Nacional, se compromete a “adoptar medidas para fortalecer el desescalamiento del conflicto en zonas de presencia ” de esta estructura. Bajo el principio de “Acuerdo pactado, acuerdo cumplido”, que incluye la fase de deseño, implementación y verificación de cumplimiento, también se acordaron los puntos básicos de la Agenda de Diálogos y Negociación, dentro de los cuales se resalta: 1)    Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de la Paz 2)    Construcción de territorios de Paz. 3)    Victimas como sujeto social transformador. 4)    Condiciones para la convivencia pacifica 5)    Implementación y Verificación. En el comunicado, se mencionan las razones para el alzamiento en armas, por parte de la Segunda Marquetalia. Aludiendo al entrampamiento y el incumplimiento del Acuerdo de Paz 2016.  Frente a este punto, es importante resaltar, el papel que tuvo la publicación del informe de investigación [1] de la experta internacional en Derechos Humanos: Antonia Urrejola, sobre los obstáculos de la implementación el Acuerdo de Paz, donde se confirmó que se habría usado un “agente provocador” en caso de entrampamiento a Santrich y se confirmó como la Fiscalía en cabeza de Nestor Humberto Martínez cometió diversas irregularidades, autorizando “dos técnicas especiales de investigación: un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína”, lo cual tuvo como consecuencias el rearme de esta organización.  (Urrejola, 2024) ¿Cómo se encuentra la Segunda Marquetalia?   Actualmente, de acuerdo, con el monitoreo de presencia de Estructuras Armadas Ilegales, realizado desde la Fundación Paz & Reconciliación, para el 2024 la Segunda Marquetalia, registra presencia en 65 municipios del país (11 más que en el 2023) en 12 departamentos, especialmente en el sur y el oriente del país. Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2024. Fuente: Fuente: Infovisible, registros de prensa, monitoreo de acciones La Segunda Marquetalia cuenta con 3 estructuras: El “Ala FARC-EP” [1] , la Coordinadora Guerrillera del Pacifico y Comandos de Frontera, que se consolidan como uno de los actores dominantes en el pacífico nariñense y los Comandos de Frontera, que tienen influencia en departamentos de la región Amazónica, especialmente en Putumayo.   Aunque la actividad armada y la presencia de la Segunda Marquetalia ha sido baja si se le compara a la de otros grupos armados, un posible Cese al Fuego con este grupo, podría generar importantes impactos humanitarios en zonas de disputa y presencia. Departamentos como Nariño (en los municipios como Roberto Payán, Olaya Herrera, Magüí Payan, Mosquera y Tumaco), Putumayo (en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán), podrían ser laboratorios y ejes principales en la construcción de los llamados Territorios de Paz.   Por ahora, es importante destacar, que la Segunda Marquetalia a logrado fortalecer su presencia en territorios como el Pacifico Nariñense, gracias a las alianzas y articulaciones, que ha generado la Coordinadora Guerrillera del Pacifico con el Frente Comuneros del Sur (recientemente desvinculado del ELN), es por ello, que el Gobierno Nacional, tendrá que pensar en nuevas estrategias en lo que respecta a un posible Cese al Fuego, que se pueda realizar en paralelo con otras estructuras.   ¿Qué sigue para la Paz Total?   Tras un periodo de crisis en las mesas del Ejército Nacional de Liberación Nacional- ELN y Estado Mayor Central -EMC, que se encuentran negociando en el marco de la Paz Total, la instalación de la Mesa de Dialogo y el inicio de los ciclos de negociación entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno Nacional, generan un nuevo aire y un avance significativo para lo que supone el proceso de Paz Total.   Sin embargo, a pesar de que los acercamientos con esta organización se han generado, aparentemente de forma armónica, esta nueva mesa, supone diversos retos para el Gobierno Nacional, especialmente en lo que respecta a la planeación metodológica y el cubrimiento legal y jurídico que se le pueda dar a este proceso de negociación.   El Gobierno Nacional, en primer lugar, deberá conformar un equipo integro con capacidad técnica que respalde la negociación, pero que a su vez pueda trazar y tener claridad frente aquellas “líneas rojas”, que han sido tan controversiales en las otras mesas de dialogo. Así, puntos como el seguimiento y monitoreo de cese al fuego, el proceso de dejación de armas, y tratamiento socio jurídico para integrantes de esta organización, serán cruciales para la construcción de un nuevo Acuerdo de Paz.   Hoy, con dos frentes de negociación, no hay cabida para el error, más aún cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro, se encuentra atravesando la mitad de su periodo de gobernó. Es por esto, que esta nueva negación se tendrá que realizar de forma ágil, poniendo el foco, en zonas donde esta estructura se ha fortalecido y en donde más allá de generar alivios humanitarios, se tienen dar fin a las causas generadoras de violencia y conflicto.   [1] Urrejola, A. (2024). Informe de la Experta Internacional en Derechos Humanos. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session55/advance-versions/A-HRC-55-18-sp-AdvanceUneditedVersion.pdf [2]  El ala “FARC-EP” de la SM, recibe este nombre, porque se encuentra conformada principalmente por miembros que hacían parte del antiguo Secretariado de las FARC-EP. Entre ellos se reconocen a “Jesús Santrich”, “El Paisa” y “Romaña”

Por: Katerin Erazo, Periodista Un escenario de diálogo y negociación ha emergido como un faro de esperanza en medio de la agitación y la discordia. Después de días de bloqueos que paralizaron carreteras y generaron tensiones en todo el país, representantes del Congreso de los Pueblos y del Gobierno Nacional han anunciado un acuerdo histórico para poner fin a estas medidas de protesta. Este pacto, alcanzado tras arduas negociaciones y la mediación de diversos organismos humanitarios, marca un hito en el camino hacia la reconciliación y la búsqueda de soluciones pacíficas para los desafíos que enfrenta Colombia. Las intensas negociaciones, encabezadas por el portavoz del Congreso de los Pueblos, Adelso Gallo, y la viceministra para el Diálogo Social, Lilia Solano, representaron un esfuerzo concertado por parte de ambas partes para encontrar puntos de acuerdo y resolver las demandas planteadas por los manifestantes. Durante horas, se discutieron detalladamente las preocupaciones y las propuestas de los diferentes grupos involucrados en las protestas, en un ambiente de respeto mutuo y búsqueda de entendimiento. El proceso de diálogo contó con la presencia y la observación de destacadas organizaciones humanitarias, entre las que se incluyen la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la ONU, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo. La participación de estos organismos fue fundamental para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso, así como para proporcionar un marco ético que orientara las discusiones hacia la consecución de acuerdos justos y equitativos. Uno de los logros más significativos de estas negociaciones fue el compromiso del Ministerio del Interior para dar seguimiento al pliego de peticiones presentado por los pueblos indígenas de diferentes regiones del país. Este compromiso representa un paso importante hacia la atención de las demandas históricas de estas comunidades, que durante mucho tiempo han luchado por el reconocimiento de sus derechos y la protección de sus territorios. El levantamiento de los bloqueos, anunciado oficialmente a través de las redes sociales del Congreso de los Pueblos, marca el inicio de un proceso gradual de normalización de la vida en las áreas afectadas. Se espera que esta medida permita restablecer la movilidad de las personas y la circulación de bienes y servicios, facilitando así el retorno a la normalidad y el restablecimiento del orden público. Es importante destacar que los bloqueos, que se extendieron por diversas regiones del país, tuvieron un impacto significativo en la vida cotidiana de miles de personas. Desde la sede del Ministerio del Interior hasta puntos estratégicos como la vía Quibdó-Pereira, la carretera entre Aguachica y Pailitas, la entrada a la refinería de Barrancabermeja en Santander, y la vía Panamericana en Toribío, Cauca, las manifestaciones afectaron a comunidades enteras y generaron preocupación en todo el país. En un mensaje difundido por Adelso Gallo a través de un video, se expresó la satisfacción por el acuerdo alcanzado: "Acabamos de firmar un acta de acuerdo en torno a las construcciones de la propuesta del pliego. Reconocemos que el diálogo fue rápido y efectivo, y agradecemos el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo y la iglesia, así como las entidades del gobierno que estuvieron presentes." Por su parte, Lilia Solano, ministra de Interior para el Diálogo Social, destacó la disposición tanto de los pueblos como del gobierno para alcanzar una conciliación: "Hemos logrado encontrar el camino para un acuerdo e instalar una mesa de diálogo permanente. Después de estos acuerdos, las comunidades y los territorios podrán movilizarse nuevamente, garantizando el derecho a la movilidad y reafirmando el compromiso del gobierno con la vida." El anuncio oficial del levantamiento de los bloqueos se realizó a través de la cuenta oficial del Congreso de los Pueblos en las redes sociales, donde se informó que se iniciará un proceso gradual de apertura de las carreteras y el desmantelamiento de los refugios humanitarios instalados en diferentes partes del país, asegurando las garantías necesarias para el retorno seguro de la población a sus hogares. Es importante recordar que desde el martes, varios puntos del país han sido escenario de protestas, tomas y bloqueos en los cuales los manifestantes han denunciado una degradación de los derechos humanos debido a lo que llaman "expansión del paramilitarismo". El Congreso de los Pueblos, una organización que históricamente ha tenido coincidencias con sectores cercanos al presidente Gustavo Petro, ha sido el promotor de estas acciones, exigiendo el desmonte del paramilitarismo como política estatal. Aunque estas manifestaciones no han mencionado la violencia perpetrada por el ELN ni por las disidencias de las FARC, analistas señalan que estas últimas representan un desafío importante para la seguridad nacional en algunas regiones del país. El acuerdo alcanzado entre el Congreso de los Pueblos y el Gobierno Nacional representa un paso crucial hacia la reconciliación y la búsqueda de soluciones a las tensiones sociales que han afectado al país. Este proceso de negociación ha demostrado la importancia del diálogo y la concertación como herramientas fundamentales para la construcción de la paz y la convivencia en Colombia. Aunque quedan muchos desafíos por delante, este acuerdo nos recuerda que, con voluntad política y compromiso social, es posible superar las diferencias y trabajar juntos por un futuro más justo y próspero para todos los colombianos.

Por: Redacción Pares Los días previos al inicio del nuevo ciclo que se realizó en Caracas venían cargados de tensión. Al Comando Central del ELN le molestaba los acercamientos que había tenido el Frente Comuneros Sur con el gobernador de Nariño e incluso con el mismo gobierno en donde estuvo a punto de convertirse en una agenda aparte. El ELN dejó claro su disgusto y declaró que regresarían a la práctica del secuestro.  Pero el VIII ciclo de negociación con el ELN ha traído las mejores noticias: la firma de un primer acuerdo que puede ser el inicio de un proceso de dejación de armas por parte de esta guerrilla. Sin embargo, el acuerdo de participación no ha tenido la relevancia que se merece por parte de medios de comunicación que no han dimensionado su importancia. Incluso algunos han afirmado que este acuerdo constituye un intento de legitimación por parte del ELN para tener una vocería desde la sociedad civil, algo que no corresponde a la realidad. La sociedad civil siempre ha sido crítica con el ELN y la violencia. Todo lo contrario, lo que se consiguió fue el inicio del camino de esta guerrilla para que en un futuro próximo tenga una vocería propia dentro de la sociedad colombiana. Es el comienzo de lo que podría ser un partido político. A esta guerrilla siempre le ha interesado la participación aunque no la representación, y aunque ese había sido uno de los puntos complejos del acuerdo, parece que se está resolviendo. En este último encuentro sostenido en Caracas aparecieron temas que no son tan visibles pero que son importantes, el tema de la educación y la cultura de paz, el tema de superar el patriarcado, los enfoques de género y poblacional. Y sin duda, uno de los puntos más destacados fue poder reunirse con las víctimas, fue la primera vez que se hizo esto con el ELN. Sus delegados se mostraron dispuestos a abordar el tema. La mesa de Caracas cada vez se fortalece más tomando nota de lo que quieren sectores que históricamente se han resistido a la salida negociada con el ELN. Además las víctimas cumplen un papel fundamental. Sus inquietudes han sido tenidas en cuenta en la mesa de negociación. Lo que se está intentando hacer es un acuerdo transparente, que no guarda intenciones ocultas como se ha intentado sugerir. La firma del acuerdo sobre participación se hace en una fecha clave: los días previos al VI Congreso del ELN. Entre las voces que se han expresado sobre los diálogos con el ELN está la del director de nuestra fundación León Valencia quien siempre ha agradecido la imaginación y la paciencia de los negociadores para sostener el diálogo con ELN y afirmó que “Se va a necesitar de mucha imaginación para desarmar al ELN” y dejó claro que, cuando una guerrilla se desmoviliza, lo que va a buscar siempre es conformar un partido político. Valencia pidió paciencia y resaltó que este es un proceso de transformación y que este periodo podría durar unos 15 años. El país debe estar preparado para una negociación e implementación de estos acuerdos a largo plazo. A pesar del clima adverso que se ha respirado en las últimas semanas, con anuncios por parte del ELN de regresar a la práctica del secuestro, la negociación va en los tiempos trazados teniendo en cuenta la dureza histórica que ha significado sentarse a hablar de paz con el ELN.

Por: Redacción Pares Luego de la firma del acuerdo 28 sobre participación de la sociedad, que desarrolla el primer punto de la agenda firmada entre el gobierno colombiano y el ELN, tema significativo para unas negociaciones que siempre han sido difíciles, hay expectativa por la puesta en marcha de este proceso de participación, que ha tenido críticas y reparos de sectores empresariales, temas que la delegación de gobierno ha dicho públicamente que están dispuestos a dialogar y despejar dudas sobre lo que considera son supuestos e interpretaciones de un proceso que se enmarca plenamente en el ordenamiento constitucional y legal y no por fuera de este como han sido algunas de las criticas presentadas.   El Senador Iván Cepeda y Vera Grabe como jefa de la delegación de gobierno han venido presentando ante la opinión pública los fundamentos de lo firmado y como el acuerdo es para promover la más amplia participación y lograr acuerdos sobre las transformaciones pertinentes y necesarias que hagan viable una visión compartida de paz y la construcción de un acuerdo nacional que le de soporte a este proceso de paz, todos objetivos ambiciosos que van a requerir de muchos diálogos y concertaciones entre diferentes.   Hay manifestaciones publicas tanto del ELN hacia el gobierno como del gobierno hacia el  ELN en que se señalan mutuamente de criticas sobre sus actuaciones, el gobierno le pide al ELN que no agreda al presidente de la Republica ni a integrantes del equipo de paz del gobierno y considera infundados los reclamos que hace el ELN, de supuestos incumplimientos de compromisos por parte del gobierno, estas mutuas recriminaciones evidencian que los temas no resueltos y que son “factores de crisis”, siguen pendientes de resolver: suspensión del secuestro por parte del ELN, financiación del proceso de paz, la situación del Frente Comuneros del Sur, por lo menos tres temas que han sido polémicos en los últimos meses y que las dos partes deben resolver.   Se espera que la realización del VI Congreso del ELN, muestre un mayor ritmo para este proceso de paz, ya veremos si en ese sentido van las conclusiones de este importante evento. Delegación de Paz del Gobierno de Colombia @DelegacionGob #Atención. Comunicado a la opinión pública de la Delegación del Gobierno de la República de Colombia en la Mesa de Diálogos para la paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN   https://www.lafm.com.co/politica/gobierno-critica-agresiones-del-eln-no-aporta-al-proceso-de-paz Gobierno critica agresiones del ELN: "No aporta al proceso de paz" - El Gobierno Nacional reiteró su solicitud para que el ELN detenga el secuestro de colombianos. Iván Cepeda habla sobre el punto firmado con el Eln y sobre la idea de la Constituyente   Valor y humildad para rectificar y cumplir acuerdos – Antonio García https://www.hsbnoticias.com/ojo-el-mensaje-del-eln-al-gobierno-por-la-paz-total/   https://eln-voces.net/?p=11507   ¡NO SE METAN CON LOS NEGOCIOS! – Pronunciamiento del Coce del ELN.   ¡Ojo! El mensaje del ELN al Gobierno por la paz total     https://www.semana.com/politica/articulo/la-advertencia-de-hernan-cadavid-sobre-la-negociacion-entre-gobierno-y-eln-es-una-constituyente-disfrazada-de-proceso-de-paz/202452/   La advertencia de Hernán Cadavid sobre la negociación entre gobierno y ELN: “Es una constituyente disfrazada de proceso de paz” - El representante a la Cámara del Centro Democrático explicó dentro de los puntos en discusión está el modelo político y económico del país.   https://kaosenlared.net/colombia-eln-afirma-que-reformas-que-no-puede-hacer-gobierno-por-sabotaje-del-viejo-orden-son-tarea-de-la-lucha-popular/   Colombia. ELN: reformas que no puede hacer gobierno por sabotaje del viejo orden, “son tarea de la lucha popular”   https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/rodrigo-londo%C3%B1o-rechaza-acusaci%C3%B3n-de-comandante-de-eln-sobre-supuesto-contrato-de-desminado/ar-BB1nPNwd?ocid=weather-verthp-feeds&apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1   Rodrigo Londoño rechaza acusación de comandante de ELN sobre supuesto contrato de desminado.

Por: Pares En el Cauca, la guerra no ha terminado, basta con dar un repaso por diarios nacionales para darse cuenta de una gravedad que aumenta cada día. En lugares como Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló y Santander de Quilichao, en donde las violaciones a los derechos humanos no cesan, el Programa InspiraPaz de USAID estará al lado de la comunidad. También lo hará en Antioquia, en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá, en pleno Bajo Cauca Antioqueño en donde la minería ilegal ha desatado la crudeza de los grupos armados. En el Carmen, Sardinata, Teorama y Tibú, corazón del Catatumbo, territorio minado desde hace 30 años por las guerrillas y los grupos paramilitares. Así como en el Caquetá en los municipios de Cartagena del Chairá, Florencia y San Vicente del Caguán, escenario de los frustrados diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. En el Pacífico, será en Barbacoas y Tumaco, de Nariño; Quibdó en Chocó; y Buenaventura en el Valle del Cauca. Esta convocatoria dirigida a las comunidades estará abierta en estos 21 municipios donde InspiraPaz esta. ¿En qué consiste? En Buenaventura, el jueves 6 de junio, el Programa InspiraPaz de USAID y del que Pares es socio, realizó el lanzamiento de su convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecerlas en sus capacidades para la prevención de violaciones a los derechos humanos, protección, autoprotección de personas defensoras de derechos humanos y/o colectivos, comunidades en riesgo, en especial étnicas, e incidencia en políticas públicas de DDHH. Las iniciativas o proyectos deben ser para implementarse en una o varias de las 7 subregiones y 21 municipios priorizados por el Programa y deben tener una vigencia o tiempo de ejecución entre 6 y 12 meses. La convocatoria estará abierta desde la fecha hasta el 28 de noviembre de este año a las 17:00 hora colombiana. Para mayor información descargar los términos de referencia en este enlace: https://sharena11.springcm.com/Public/Folder/22197/ec1bf9ad-3e1d-ef11-b822-9440c9ae2c4d/cf9545e4-3e1d-ef11-b822-9440c9ae2c4d   Para postular su propuesta ingresar al enlace de la convocatoria del Programa InspiraPaz: https://tetratech.my.site.com/ard/s/solicitation/a0MUP000000jucL2AQ/hr4paps001?language=en_US

Por: Redacción Pares Foto tomadas de: Semana y Verdad Abierta El 22 de octubre de 1997 el gobernador de Antioquia se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Ese día el Bloque Mineros de las AUC irrumpió en el corregimiento del Aro en el municipio de Ituango y asesinó a 17 campesinos que estaban indefensos, desarmados. Semanas antes de los hechos defensores de derechos humanos como Jesús María Valle le había advertido al entonces gobernador Álvaro Uribe que la masacre iba a suceder. Pero no se tomó ninguna medida. Valle sería asesinado meses después. Desde entonces se han venido tejiendo versiones sobre la participación de la gobernación de Antioquia en la masacre ya que siempre se habló del sobrevuelo de un helicóptero de esa entidad. Este 12 de junio en entrevista con Daniel Coronell en W Radio, Mancuso dio detalles sobre esta masacre. Primero habló sobre la influencia de las FARC en la zona. “Tenían un armamento impresionante, allá se movía el bloque José María Córdoba que tenía capacidad para armar a 2.000 hombres en unas cuantas horas. Hacían por allá pescas milagrosas e incluso decían que en la zona del Aro y la Granja y allí decían que tenían campos de concentración”. Según Mancuso Pedro Juan Moreno, quien era la mano derecha de Uribe en la gobernación, se reunió con él y con el comandante Carlos Castaño y les pide que expulse a la guerrilla de esa zona, expulsarlos de la población urbana “De esa manera organizamos la operación y efectivamente fue una barbaridad”. Los paras llegaron a la zona y el ejército les entregó una lista en donde estaban los nombres de las personas que supuestamente pertenecían o colaboraban con las FARC “Así dimos de baja a estas personas configurando crimen de estado”. En esa entrevista Mancuso afirmó que, en el momento de la masacre, sobrevolaba la zona un helicóptero perteneciente a la gobernación de Antioquia. Incluso él afirma haber estado en un helicóptero y en él entró varias veces “a llevar municiones, atender heridos, recoger muertos” El ex comandante paramilitar no especificó si estos helicópteros en los que se movilizó pertenecían a la institucionalidad. Mancuso se quejó de seguir preso en la cárcel La Picota, y, entre otras afirmaciones en la entrevista, afirmó que existió una conspiración del gobierno de Álvaro Uribe para asesinar a Vicente Castaño, quien fue uno de los comandantes de las AUC que fue más crítico con los cambios que hubo por parte del gobierno en las negociaciones con los paramilitares. Luis Carlos Restrepo incluso habría estado en el operativo donde muere Vicente Castaño y habría dado la orden para asesinarlo. Según Mancuso el propio Castaño fue quien decide dispararse al verse acorralado.

Por: Redacción Pares Unos meses después de que Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos firmaran la paz en el teatro Colón de Bogotá el 26 de noviembre del 2016, Jamundí tenía 61 hectáreas sembradas de coca. En el 2018 se duplicó a 118, en el 2019 ya estaba en 1319 y desde ahí se ha mantenido en número que puede bajar hasta las 1.200 hectáreas. Para que no lo saben Jamundí está a 15 minutos de Cali. Jamundí es un corredor al Naya, la autopista desde donde los grupos armados sacan la coca hasta el Pacífico. Allí están confluyendo grupos como el frente Jaime Martínez que alguna vez perteneció al Bloque Occidental de las Farc. Se asentaron en la zona montañosa de Jamundí y desde ahí empezaron a tener control absoluto desde que se firmó la paz, desde que se convirtieron en una disidencia de la disidencia. Porque hoy es difícil creer que la Jaime Martínez pertenece al EMC. Desde que el gobierno Petro les declaró la guerra han tenido pérdidas importantes. Hace apenas una semana cayeron cuatro de sus integrantes que servían de enlace en Cali. A finales de mayo en Cauca capturaron a Mono Picho, reconocido explosivista y extorsionista de la organización en ese departamento. El frente Jaime Martínez es muy diferente a la Dagoberto Ramos y otras disidencias. Han dejado circular rumores extraños, uno de ellos es la práctica de la santería. Según publicó El Tiempo esta organización tenía entre sus integrantes a un venezolano al que le decían El Santero, quien practicaba rituales para proteger a los líderes de la Jaime Martínez. Así se fue ganando un lugar de importancia en el grupo. La Jaime Martínez ha hecho atentados en Cali. En abril del 2024 Pares advirtió sobre la ola de atentados que venía protagonizando esta estructura criminal: La ciudad de Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, no ha escapado a esta ola de violencia. En el Batallón Militar Pichincha, se registró una explosión provocada por la detonación de varios cilindros cargados con explosivos desde un camión. Estos cilindros cayeron cerca de las viviendas de militares y sus familias, generando pánico y desasosiego en la comunidad. La violencia indiscriminada y la falta de consideración por la vida humana son características preocupantes de estos ataques”. Ese mes también atacaron una estación de policía en Cajibío. Según un enlace territorial de la Fundación Paz y Reconciliación, cada vez son más comunes la explosión de petardos en Jamundí. La Jaime Martínez usaría este método para obligar a comerciantes a pagar las extorsiones que exigen. El método de este grupo es el terror y la intimidación. Este miércoles 12 de junio el objetivo fue el corregimiento de Potrerito, justo a la salida de Jamundí, en la vía que conduce a Suarez. Una zona de fincas y de zonas de recreo. Este fue el lugar donde explotó una moto cuando apenas arrancaba el día. El atentado dejó varios heridos entre los que se cuenta un sargento de la policía, una patrullera y un cuidador de carros. Ante lo que es una evidente crisis de seguridad que vive el municipio y sus alrededores por el auge de la coca y la disputa que vienen sosteniendo grupos como la Jaime Martínez para tener el control, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, le pidió al gobierno nacional mayor atención ya que los hechos ocurridos están “desbordando las capacidades” que tiene el municipio.

Por: Katerin Erazo, Periodista Este lunes 10 de junio, la delegación del Gobierno en las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un contundente comunicado en el que solicita a la guerrilla cesar las agresiones verbales hacia el presidente Gustavo Petro y los miembros del equipo de paz. En el documento, los negociadores expresaron su preocupación por la estrategia de confrontación mediática empleada por el ELN. “Hemos guardado pacientemente silencio para no seguir en la lógica de la confrontación mediática. Entendemos que, en desarrollo del Sexto Congreso del ELN, se estén realizando discusiones para definir posiciones. Pero esto no justifica la estrategia de agresión al Presidente de la República e integrantes del equipo de paz del gobierno, ni reclamos infundados de incumplimientos. No aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, manifestaron los negociadores. El pasado martes 11 de junio, un nuevo comunicado fue emitido en respuesta a los recientes señalamientos del comandante del ELN, Antonio García, quien en publicaciones en redes sociales acusó sin pruebas contra figuras clave del proceso de reincorporación de excombatientes y de desminado humanitario. Entre los señalados se encuentran Álvaro Jiménez, asesor de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de las antiguas FARC. García afirmó que Jiménez y Londoño estarían involucrados en contratos de desminado con el Gobierno, y además acusó al partido Comunes de colaborar con bandas paramilitares en el Chocó. Estas declaraciones han generado una fuerte respuesta del Gobierno y de los mismos implicados, quienes niegan categóricamente las acusaciones y las consideran un intento de desestabilizar el proceso de paz. Aunque García no lo mencionó explícitamente, sus acusaciones parecen estar relacionadas con los esfuerzos de desminado humanitario llevados a cabo en Nariño. En esta región, el grupo Comuneros del Sur, una facción que se separó del ELN en mayo del año pasado, ha estado trabajando en labores de desminado. Desde su escisión, el Gobierno ha tratado a esta estructura como una entidad distinta del ELN, lo que ha permitido un enfoque más directo y especializado en las tareas de desminado. El equipo de paz del Gobierno rechazó enfáticamente estas acusaciones y pidió evitar lanzar imputaciones contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 y los proyectos que desarrollan en su proceso de reincorporación. La delegación también destacó la firma del primer punto de la agenda de diálogos sobre la participación de la sociedad civil, a pesar de los desafíos, como el retorno del ELN a los secuestros extorsivos. “Acabamos de firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación -Acuerdo No. 28- para cumplirle a las comunidades y a los sectores que depositaron su confianza en el diseño de la intervención democrática en este proceso, aun en medio del rechazo que la no renuncia del ELN al secuestro por razones económicas ha generado en la sociedad colombiana”, señalaron. A pesar de las dificultades, el Gobierno ha mantenido su compromiso con el cese al fuego y la búsqueda de soluciones a las crisis, incluso ante el "congelamiento" de las negociaciones anunciado por el ELN el pasado 30 de mayo. En su comunicado, el equipo de paz instó a Antonio García a abandonar la estrategia de ataque y difamación personal. García ha acusado al Gobierno de esquivar e incumplir acuerdos, afirmando que la "Paz Total se está virando a la total incertidumbre" y sugiriendo que algunos actores se benefician económicamente de la paz. Finalmente, la delegación gubernamental reiteró su invitación a la guerrilla a trabajar sin dilaciones en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, incluyendo la participación de la sociedad civil, el cese al fuego, la suspensión de secuestros por razones económicas y las dinámicas humanitarias que demandan las comunidades. “Invitamos al conjunto de la organización a trabajar, sin perder tiempo, en el cumplimiento del acuerdo de la participación, el cese al fuego, la suspensión del secuestro por razones económicas, y las dinámicas humanitarias que reclaman hoy las comunidades y el país. Y sobre todo, a tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz”, concluyeron. Cabe recordar que después de 18 meses de negociaciones formales, el Gobierno y el ELN lograron un hito significativo con la firma del acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Este acuerdo, firmado en Caracas, aborda transformaciones en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental, y la educación y cultura. El documento establece iniciativas clave como la creación de una "democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano", y reformas en la doctrina de seguridad, el sistema de justicia, y el desmantelamiento del paramilitarismo y el narcotráfico. También se contempla una revisión del modelo económico, incluyendo la propiedad y uso de la tierra, y la transición energética, alineada con las políticas del presidente Petro y las demandas globales contra el cambio climático. El acuerdo también subraya la importancia de frenar la contaminación ambiental y la implementación del Acuerdo de Escazú, garantizando la protección de líderes y defensores ambientales. Aunque estas propuestas aún requieren desarrollo, representan un avance crucial en el largo camino hacia la paz en Colombia. Expertos señalan que el verdadero reto será la implementación de estos cambios a través del Congreso, en lugar de depender únicamente de las negociaciones con un grupo armado.

Por: Redacción Pares Semana de 17 al 21 de Junio Se ha realizado el VI Congreso del ELN y como en todo hecho político transcendente, hay múltiples lecturas: unas valoraciones que resaltan que en su declaración final no hablen de luchas armadas y llamados insurreccionales hasta opiniones que se muestran decepcionadas por el tono y las formulaciones contenidas en los mensajes expresados por el ELN, al final de su evento democrático más importante, donde se traza el rumbo de una organización próxima a cumplir sesenta años de existencia.   De resaltar, el valor positivo que le dan al acuerdo firmado sobre participación, junto al gobierno colombiano el pasado 25 de mayo, lo cual reafirma que al centro de este esfuerzo de paz negociada está la más amplia y diversa participación social que sea posible llevar adelante.   Nuevamente el ELN hace referencia a que el proceso de diálogos y negociaciones pasa por “una profunda crisis” y que la mesa con el gobierno “está congelada”, ambas afirmaciones que por supuesto no son compartidas por el gobierno, cuya delegación se ha pronunciado sobre la realización del VI Congreso, llamando al “dialogo constructivo” y a “reanudar a la mayor brevedad los ciclos de dialogo de la Mesa”, veremos si esto es posible en las próximas semanas, para un gobierno, que próximamente en el mes de agosto, arribará a los dos años de su mandato y entra cuesta abajo en la finalización de sus cuatro años de gobierno.   Para los que creían que el ELN saldría de su VI Congreso con una declaración en tono de entrar en la recta final de su “Resistencia armada”, puede ser decepcionante los mensajes políticos que han salido de la máxima instancia de esta organización, para quienes tienen la convicción de que el ELN es una organización intratable y muy lejos de la paz, con lo  formulado por el VI Congreso, tendrán más motivos para reafirmarse en sus convicciones y quienes creen que es posible avanzar en un acuerdo de paz negociado, igualmente el ELN, ha ratificado su compromiso con este camino, bien se puede decir que lo formulado por el VI Congreso tiene para todos los gustos.   Esperemos que se reanuden los ciclos de diálogos y negociaciones, único escenario donde se puede avanzar, lo demás es debates, conjeturas, crispación y la continuidad de un viejo conflicto a superar.   Durante la visita del Presidente Gustavo Petro a Europa, se volvió a hablar de la salida del ELN, de la “Lista de organizaciones terroristas” de la Unión Europea, y que España, el país que promovió su inclusión por solicitud del Presidente Andrés Pastrana en 2002, igualmente sea el país, bajo otro gobierno, el de Pedro Sánchez, el que logre este gesto político que sin duda ayudaría a aclimatar el entendimiento político que se requiere para avanzar.     https://vk.com/video845091730_456239062   Declaración política del VI Congreso del ELN Delegación de Paz del Gobierno de Colombia @DelegacionGob #Atención. Comunicado a la opinión pública. La Delegación del Gobierno de Colombia en la Mesa de Diálogos con el ELN saluda la culminación del Sexto Congreso de esta organización rebelde.  León Valencia @LeonVaLenciaA El ELN ha realizado su VI Congreso, el centro de su declaración política es la paz, no hay un llamamiento a la confrontación y a la guerra, lo cual es una buena noticia;  hablan también de que Petro y su gobierno están intentando las reformas que requiere el país, pero la oposición las tiene bloqueadas, apreciación muy similar a la que se le oye al gobierno nacional; señalan que la paz con el ELN y el proceso de participación de la sociedad civil puede desembocar en un proceso constituyente,  idea que coincide en mucho con las declaraciones de Petro de los últimos meses; hablan de la unidad del ELN de la ratificación del mando y destacan como tres principales comandantes a Antonio Garcia, a Pablo Beltran y a alias Pablito o Gustavo Anibal Giraldo, lo que quiere decir que la representación del frente de Guerra Oriental y del Domingo Laín están garantizadas en el máximo órgano de dirección de esta guerrilla; hay en todo caso un airado reclamo al gobierno por lo que el ELN llama incumplimiento en la mesa de conversaciones y reclaman un cambio en la actitud del gobierno para superar la crisis en la negociación. @carlosvelandiaj La sociedad en general y la izquierda democrática, esperaba que el VI Congreso del ELN se pronunciara sobre la urgencia de cerrar el prolongado conflicto armado interno en este gobierno, para sumarse a la causa de construir paz y país en los territorios, pero sin violencia.   https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/sexto-congreso-del-eln-lo-que-viene-para-el-proceso-de-paz-con-el-gobierno/   Diálogo con ELN: los avances, dudas y sinsabores que deja el cierre de VI congreso.   https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/eln-termina-vi-congreso-habla-de-constituyente-y-reelige-como-maximo-comandante-a-antonio-garcia/   ELN termina VI Congreso: habla de Constituyente y reelige a García como comandante.   https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/congreso-del-eln-ratifica-la-inflexibilidad-de-una-guerrilla-de-60-anos/   CONGRESO DEL ELN RATIFICA LA INFLEXIBILIDAD DE UNA GUERRILLA DE 60 AÑOS https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/petro-y-eln-quien-es-pablito-comandante-guerrillero-dado-por-muerto-vi-congreso-eln/   La reaparición de ‘Pablito’, el comandante militar del ELN dado por muerto en 2021. Paz total: las similitudes entre el discurso del ELN y las propuestas del gobierno Petro. Carlos Caicedo @carlosecaicedo El ELN ha tomado una decisión acertada al anunciar que continuarán los diálogos con el Gobierno y envían  un mensaje esperanzador sobre su voluntad de construir con toda la sociedad colombiana un acuerdo de paz ampliamente respaldado por el pueblo, que permita tener un país soberano, con democracia y justicia social incluyente. ELN ha solicitado la exclusión de la lista de terrorismo: embajador de Colombia en España. Debate: ¿Posible salida del ELN de lista de terrorismo de UE facilitaría paz en Colombia?   Así busca Colombia que España apoye salida de ELN de lista de organizaciones terroristas.