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Por: Redacción Pares Foto tomada de: The New York Times Este 24 de junio la sala de amnistía o indulto de la JEP le otorgó el indulto al ex comandante de las FARC Ricardo Palmera, conocido por su alias Simón Trinidad. El hecho por el que se le indulta fue la masacre de Bojayá por haber ocurrido antes de los acuerdos de paz firmados en noviembre del 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. Bojayá resumió el horror de la guerra. Fue el 2 de mayo del 2002. Los Bloques José María Córdoba de las Farc y los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas se entrelazaron en un combate en las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y de Bojayá. La batalla había empezado dos semanas antes, el 20 de abril.  Ante el traqueteo de las metralletas, la población se escondió en la iglesia municipal. Eran más de 300 personas. Nadie dio la orden de esconderse allí. Fueron porque, como atestiguaron varios sobrevivientes “era la casa de Dios”, así que nada malo podría pasar si estaban amparados allí. Detrás de la iglesia se apostaron los paras. Las FARC no repararon en nada. Lanzaron una pipeta llena de metralla que erró en el cálculo, rompió el techo de la iglesia y cayó sobre el altar mayor. El saldo no pudo ser más devastador: la explosión mató en el acto a 79 personas. Según el portal Rutas del Conflicto 48 de ellas eran menores de edad. 13 personas morirían después de permanecer convalecientes y seis morirían de cáncer por los efectos causados por la explosión años después. El periodista Jesús Abad Colorado fue el primero que entró a ver el horror. Aún no se repone de lo que vio. Nadie lo haría. La iglesia, destruida, mostraba los pedazos de cuerpos. Lo que permanecía casi intacto fue el torso y el rostro del cristo de yeso que adornaba la nave central. Desde entonces este se transformó en uno de los símbolos de la tragedia. Cuando vino el papa Francisco en el 2017 a su visita en Colombia respaldando los diálogos de paz se refirió a este cristo e incluso hizo una homilía delante de él en el parque de las Malocas en Villavicencio. Lo de Bojayá fue una historia más que se pudo evitar si se hubieran tomado en cuenta las alertas tempranas que se habían hecho a la Defensoría del Pueblo. Desde 1997 la comunidad reportaba presencia del Bloque José María Córdoba de las FARC. Con el auge del paramilitarismo los enfrentamientos eran cada vez más constantes. Incluso en el 2015 el Estado colombiano fue condenado por omisión en los hechos que provocaron la masacre. Ese mismo año, en octubre, fue capturado Jairo Alirio Puerta Peña, uno de los cabecillas de esta acción. El 30 de septiembre del 2016, dos meses antes de que se firmara la paz en el teatro Colón de Bogotá, Iván Márquez y Pastor Alape pidieron perdón por la masacre de Bojayá en el territorio mismo. El evento se realizó en una iglesia de la vereda La Loma y frente al Cristo mutilado se agachó la cabeza ante la infamia. Además de las muertes Bojayá produjo el desplazamiento de 5.771 personas que fueron a parar en su momento a Quibdó. Varias reacciones han traído la decisión de la JEP con respecto a Simón Trinidad quien, a sus 73 años, paga una pena de sesenta años por el secuestro de tres estadounidenses en el año 2002. Esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz no traería cambios para las condiciones de reclusión de este hombre en un futuro próximo.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Noticas RCN Durante la instalación de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la Segunda Marquetalia realizada en Caracas, el jefe de la delegación colombiana, Otty Patiño, lamentó la muerte de miembros de la Segunda Marquetalia en Nariño. Hizo énfasis en uno de ellos, Hermes Guerrero. Sobre este hecho se refirió de la siguiente forma: “Lamentar profundamente los acontecimientos de ayer, acontecimientos que no pueden llamarse incidentes porque es volverlos leves e insignificantes. Es algo fatídico y hemos maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero con la Segunda Marquetalia”. Al alto comisionado de paz esto le trajo críticas muy fuertes del sector de la oposición. Hermes murió este domingo 23 de junio después de un enfrentamiento con miembros de la Fuerza Pública. Alias Hermes, como se le conocía, era el cuarto cabecilla del Bloque Alfonso Cano de las disidencias FARC. En esos hechos fue capturado un menor de edad que portaba un fusil y fueron heridos otros tres guerrilleros que se dieron a la fuga. “Hermes” tenía 50 años de edad, perteneció al frente 29 de las FARC durante ocho años. Creyó en algún momento en el proceso de paz que supo llevar a buen término el entonces presidente Juan Manuel Santos. Entregó sus armas y se integró a la zona veredal transitorial de Normalización de Betania. Según se conoció Hermes nunca dejó de delinquir y se le buscaba por varios delitos. En el 2019 tanto Jesús Santrich, como alias “El Paisa” “Romaña” “Walter” y el propio Iván Márquez abjuraron de los acuerdos de paz alegando que estos habían sido incumplidos y regresaron a la lucha armada. El 29 de agosto del 2019 en un video Iván Márquez, acompañado por Jesús Santrich, le contaba a través de un video al país que regresaban a la lucha armada. Poco a poco los líderes de la Segunda Marquetalia fueron siendo mermados. “El paisa” y “Romaña” quienes también firmaron el acuerdo de paz e incluso alcanzaron a liderar proyectos productivos. Pronto el desencanto y una supuesta persecución por parte del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, los hicieron regresar a las viejas consignas. Santrich fue asesinado en mayo del 2021. Por esa época Iván Márquez sufrió un atentado del que se había especulado sobre las secuelas que dejara en su aspecto físico. Por lo visto en Caracas el ex guerrillero se encuentra relativamente bien. La mesa de negociación con la Segunda Marquetalia forma parte del interés de este gobierno de hacer la Paz Total con los grupos armados que azotan al país. Los garantes en esta mesa de negociación son los gobiernos de Cuba, Venezuela y Noruega, además del representante especial del Secretario General de Naciones Unidas Carlos Ruiz Massieu. En una comunicación expresaron su “satisfacción por el inicio de la mesa”.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semana y El colombiano Ante la difícil situación en ese departamento, azotado por el EMC, Clan del Golfo y otros grupos armados, al presidente le tocó implementar un plan B. La misión Cauca tiene mucho de social pero también de estrategia contrainsurgencia. El pasado 21 de junio en Popayán, el presidente lanzó ante autoridades locales un plan para recuperar este pedazo de territorio tomado por completo por los violentos. El ejército hará presencia no sólo combatiendo sino construyendo carreteras, haciendo presencia activa. Los ataques constantes a poblaciones e incluso los atentados que se planeaban efectuar en Popayán hacen imperativa la acción del Estado. El principal enemigo de Petro en este lugar es Iván Mordisco. Las EMC controlan buena parte de los corredores por donde se saca la droga tanto a Ecuador como el Pacífico. Petro llamó las acciones del líder del Estado Mayor Central como un hacedor de “crímenes contra la humanidad” y, además, serán los propios soldados los encargados de construir carreteras o cualquier otra de obra vial. “Yo tengo una propuesta: las obras públicas en zona, vamos a llamar las zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar. Si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo, a través de sus instrumentos”. Serán los propios militares quienes administren la plata para hacer estas obras ya que, en palabras del presidente, ellos cuidan mejor la plata que los mismos políticos. Para algunos esto no es más que la aceptación por parte del presidente de que en el Cauca hay que pasar de los discursos de paz a los hechos, a las acciones militares. Para La Silla Vacía, por ejemplo, esta, la Misión Cauca, no es otra cosa que una reedición del Plan de Consolidación Integral de la Macarena. Con la finalización de la zona de distención en el año 2002, después de los intentos frustrados del gobierno Pastrana por llegar a un acuerdo de paz con las FARC, La Macarena pasó a ser un territorio completamente controlado por las FARC. El gobierno de Uribe pretendía cesar la influencia de este grupo guerrillero. La Macarena sufrió por esos años el desplazamiento de 3.900 personas. Lo que hizo Uribe fue estudiar entre el 2002 y 2007 como podía permear el duro Bloque Oriental de las FARC, ya que ahí tenía su nido. No sólo sería un ataque militar sino que venía acompañado de transformaciones sociales. Era una aceptación de que, ante la ausencia de Estado, las FARC habían creado una base social y a esta había que apoyarla. Dicen expertos que la Misión Cauca, en su proyecto, se parece mucho al Plan de Consolidación Integral de la Macarena creada por Petro. En su columna Petro encerrado en el laberinto de la seguridad, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, quisiera que estas misiones se extendieran a otras zonas en donde este momento los grupos armados imperan, como Catatumbo, Urabá o Caquetá, pero hace una advertencia: “Pero para eso se necesita primero entender que hoy no tenemos herramientas administrativas o diseños institucionales con los que podamos tener intervenciones coordinadas y de largo plazo, y no una serie de proyectitos y programitas – perdón por los diminutivos, pero es que en realidad son inanes – que sirven para contestar oficios y no para producir resultados. Necesitamos vehículos y mecanismos con los cuales el Estado pueda competir económica, política y militarmente con el crimen organizado y hacerlo a largo plazo. No nos sirve de nada abandonar en dos años lo que se ha podido avanzar”. La Misión Cauca es una especie de plan B del Gobierno ante una verdad de a puño: el diálogo y los acuerdos con los grupos que ponen en jaque la seguridad de estas regiones, está andando mucho más lento de lo esperado.

Por: Redacción Pares Más de cien años estuvieron en Colombia. Primero se llamaron la United fruit company. Se establecieron en el Magdalena, rodeando un pueblo llamado Aracataca donde nació un premio Nobel, Gabriel García Márquez, en su relato más afamado, narró la masacre de los sindicalistas que pedían salir de los salarios de hambre, jornadas justas, quitarse los grillos del esclavo. José Arcadio Segundo se salvó de milagro, escondido en un vagón lleno de muertos, haciéndose pasar por uno de ellos. La violencia siempre acompañó a Chiquita Brands, no sólo cuando estuvieron en lo que después sería conocido universalmente como Macondo, sino cuando se extendieron al Urabá. En realidad su perniciosa influencia se vio no sólo en el país sino en el continente entero. Así quedó estipulado con el fallo del pasado 10 de junio cuando un tribunal norteamericano determinó la responsabilidad de la empresa norteamericana en ocho asesinatos perpetrados por paramilitares. Ya, en el 2007, Chiquita Brands pagó una multa de 25 millones de dólares por reconocer haber financiado grupos de autodefensa en Colombia. En ese momento argumentaron que les había tocado pagarle a las AUC una suma cercana a los dos millones de dólares después de recibir amenazas por parte del líder máximo de esa organización, Carlos Castaño. Recientemente Ever Veloza, mejor conocido como HH, comandante de los paras en Urabá, afirmó que eran los propios empresarios de Chiquita quienes buscaban a los paras para contar con su ayuda. La noticia pintaba muy buena para las víctimas en Colombia. 16 demandantes habían obligado a pagar a la multinacional bananera 38 millones de dólares. Eso abría una puerta para que cientos de colombianos que habían sido víctima de despojo, desplazamiento y asesinato pudieran cobrar una jugosa tajada de indemnización. Una inyección económica que recibiría uno de los territorios más golpeados por la guerra en Colombia. El cálculo que se hizo en el Reporte Coronell del pasado 26 de junio era claro: si las víctimas de Chiquita en Colombia recibieran una indemnización parecida a la que recibieron los 16 demandantes del fallo de West Palm Beach llevarían a la empresa a la bancarrota. Tendrían que pagar 16 mil millones de dólares. Es acá donde aparece la figura del abogado Paul Wolf. Hace unos años este norteamericano logró ser el apoderado de 2.000 demandantes contra Chiquita Brands y les prometió hacerles justicia. Al parecer jugaba doble y se convirtió, según el Reporte Coronell en “el as bajo la manga” de la multinacional bananera. El pasado viernes 21 de junio apareció con un plan para resolver el problema de 2.500 demandas contra Chiquita. Según el abogado Pablo Rueda esto que presentó Wolf no es propiamente un acuerdo, para que sea, debe ser aceptado por las víctimas. En este plan las víctimas deberán aceptar, apenas, cinco millones y medio de pesos por persona asesinada.  Esta plata debe repartirse entre todos los dolientes del fallecido. Para esto realizó una compleja maniobra jurídica. Esto le permite a Chiquita Brands pasar de pagar una multa que sobrepasaría los 4.000 millones de dólares a poco más de tres millones. Esta es una verdadera infamia. Las víctimas podrían apelar pero el argumento que les dará el abogado Wolf es que es mejor aceptar esa plata a seguir esperando una indemnización que se tardaría años en llegar. Esta decisión sólo afectará a las 2.000 personas que le dieron el poder a Wolf para ser representadas. Las otras deberán seguir luchando por la justicia.

Por: Redacción Pares Semana del 24 al 30 de junio El lunes 24 y el martes 25 de junio, se adelantó en Bogotá una reunión de la mesa Gobierno – ELN, con víctimas, en desarrollo del acuerdo alcanzado para iniciar intercambios sobre el tratamiento que se debe adoptar ante los derechos de quienes han sufrido esta larga violencia.   En estos dos días la agenda estuvo centrada en la participación y las propuestas de las organizaciones, procesos sociales y personas que provenían de una importante diversidad de regiones y hechos victimizantes, en procura de articular a quienes han sufrido en la construcción de un acuerdo de paz, donde el punto de las víctimas, sus derechos y el tratamiento a desarrollar para que sus expectativas, criterios y formulaciones, sean parte de este proceso de paz.   Con este intercambio, se reafirma que este proceso de paz, integra a las victimas en su mayor diversidad y que seguirán siendo parte de los diálogos, con su plena autonomía y sus propuestas, para avanzar en la construcción de este acuerdo de paz.   No se sabe de fecha de continuidad de los diálogos, estamos en el punto en que la delegación de gobierno ha propuesto retomar los diálogos y negociaciones y el ELN ha formulado que el proceso está en crisis por responsabilidad del gobierno, sin duda hay temas por tratar y buscar un camino para avanzar.   Los hechos violentos en varias regiones involucran al ELN y la delegación de gobierno se ha pronunciado en el sentido de que hay situaciones que deben ser evaluadas en el mecanismo de seguimiento al cese bilateral, cese que finaliza el próximo 3 de agosto, lo cual debe ser evaluado, ajustado y prorrogado.   Esperemos que ahora que inicia julio tengamos noticias de la continuidad de la mesa, que debe trabajar sobre la evaluación y prorroga del cese bilateral y la dinámica de participación a desplegar para abordar el punto de democracia para la paz y transformaciones para la paz, puntos 2 y 3 de la agenda acordada por gobierno y ELN y que deben estar acordados en mayo del 2025, según han establecido las dos partes.   Como ya hemos insistido en anteriores bitácoras, hay que aprovechar al máximo el tiempo para trabajar y construir acuerdos e implementarlos. Delegación de Paz del Gobierno de Colombia @DelegacionGob #Atención. Comunicado a la opinión pública de la Delegación del Gobierno de la República de Colombia en la Mesa de Diálogos para la paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN.   https://www.diarioadn.co/noticias/el-gobierno-y-el-eln-escuchan-victimas-durante-dos-dias-plantearon-sus-ideas-sobre-el+articulo+61892   El Gobierno y el ELN escuchan a víctimas: durante dos días plantearon sus ideas sobre el proceso - En la reunión con las delegaciones del Gobierno y el ELN, las víctimas fueron escuchadas. Encuentro entre víctimas y el Eln en Bogotá | El Tiempo.   Víctimas del conflicto se reúnen en un evento con delegaciones del Gobierno colombiano y ELN. ¿De qué se habló en el encuentro de víctimas del ELN? | Seguridad.   https://vk.com/video845091730_456239063   Entrevista al Comandante Antonio García.   https://www.wradio.com.co/2024/06/26/un-asesinato-y-dos-reclutamientos-forzosos-empanan-el-cese-al-fuego-entre-gobierno-y-eln/   Un asesinato y dos reclutamientos forzosos empañan el cese al fuego entre Gobierno y ELN. La delegación del Ejecutivo prometió llevar al Mecanismo de Monitoreo el homicidio de un soldado y el reclutamiento de dos menores.   https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/alejo-vargas-velasquez-acerca-del-vi-congreso-del-eln-BN24836171   Acerca del VI Congreso del ELN – Columna de Alejo Vargas.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Caracol Radio y Portafolio La tranquilidad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Miravalle se ve amenazada por un reciente comunicado del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que ha declarado este enclave como una "zona más del conflicto". Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los firmantes del Acuerdo de Paz que han hecho de este lugar su hogar desde hace más de cinco años. Los AETCR fueron establecidos como parte del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, con el objetivo de facilitar la reintegración de los excombatientes a la vida civil. Estos espacios, ubicados estratégicamente en diferentes regiones del país, ofrecen condiciones de seguridad y acompañamiento para que los firmantes puedan desarrollar proyectos productivos y reincorporarse de manera integral a la sociedad. Sin embargo, la amenaza del bloque Jorge Briceño, liderado por alias Calarcá, un excomandante que abandonó el proceso de paz, ha puesto en riesgo la estabilidad y la seguridad de los residentes de Miravalle. Este grupo disidente ha emitido un ultimátum coercitivo, dando un plazo de 40 días para que los habitantes abandonen sus hogares, lo cual ha generado un clima de incertidumbre y zozobra en la comunidad. Ante esta situación, la comunidad internacional ha respondido con urgencia. Una Comisión Especial integrada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Misión de la ONU llegará este jueves para evaluar de cerca la crisis y buscar soluciones que garanticen la protección de los firmantes de paz en Miravalle. Esta intervención busca evitar el desplazamiento forzado y asegurar que el proceso de reincorporación continúe de manera segura y efectiva. "Es inadmisible que se ponga en riesgo la seguridad y la reincorporación de quienes han apostado por la paz", enfatizó Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor Central de las FARC. González subrayó que la sociedad colombiana en su conjunto ha hecho un llamado unánime para que se respete y proteja a los habitantes de Miravalle. En respuesta a esta crisis, las autoridades colombianas han anunciado la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el municipio, programado para este viernes 28 de junio. Este puesto reunirá a diversas instituciones gubernamentales con el propósito de coordinar esfuerzos para brindar acompañamiento y protección a la comunidad de firmantes de paz en Miravalle. La medida busca fortalecer la seguridad y salvaguardar los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que son fundamentales para la consolidación de la paz en Colombia. Los ETCR no solo son espacios físicos, sino también simbólicos, que representan la apuesta del país por superar décadas de conflicto armado. Estos lugares han sido concebidos para ser escenarios de transformación y reconciliación, donde los excombatientes pueden recibir formación, apoyo psicosocial y asistencia técnica para iniciar nuevos proyectos de vida. La comunidad internacional ha reconocido la importancia de proteger estos espacios como pilares fundamentales del proceso de paz en Colombia. Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del secretario general de la ONU en Colombia, expresó recientemente su preocupación por el aumento del desplazamiento forzado de los firmantes del Acuerdo de Paz, instando a todos los grupos armados a respetar la vida y la reincorporación de los excombatientes. Ruiz hizo énfasis en que "una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de la paz y reconciliación". En este contexto de crisis y desafíos, la comunidad internacional y los organismos de verificación de paz han reafirmado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la seguridad de los firmantes de paz en Colombia. La llegada de la Comisión Especial internacional a Miravalle representa un paso crucial para evaluar la situación sobre el terreno y adoptar medidas efectivas que mitiguen las amenazas y garanticen un entorno seguro para la reintegración y el desarrollo sostenible en las regiones afectadas. La comunidad colombiana y los líderes locales también han hecho un llamado urgente al gobierno para que provea medidas de protección efectivas y acciones contundentes que aseguren la sostenibilidad del proceso de reincorporación en Miravalle y otras áreas vulnerables del país. Según explicó Johanna Torres, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los AETCR fueron espacios diseñados para la reincorporación social y económica de los firmantes a la vida civil, es decir, allí recibirían educación, acceso a salud, a vivienda, a servicios públicos y participar de la creación de cooperativas o asociaciones para la elaboración y ejecución de proyectos productivos colectivos e individuales. Sin embargo, frente a los múltiples incumplimientos y atrasos que tuvieron los gobiernos de Santos y Duque, otros actores como la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y la autogestión de los reincorporados fueron quienes ayudaron a que los firmantes permanecieran en estos espacios. Los AETCR primero fueron denominados como Zonas veredales Transitorias de Normalización y Puntos transitorios de normalización. Estos espacios tuvieron un carácter transitorio y tuvieron el objetivo de garantizar el cese al fuego bilateral y dejación de armas. Durante la etapa de Zonas Veredales, el gobierno de Santos tenía la responsabilidad de proveer vivienda, plantas de energía, acueductos, y alcantarillado, entre otras infraestructuras, obligaciones que en muchos casos no fueron cumplidas, llevando a los excombatientes a tener que construir sus propias viviendas y servicios básicos. En cuanto a los proyectos productivos, los cuales podrían ser individuales o colectivos, durante el gobierno de Duque se observó una marcada preferencia por los proyectos individuales en detrimento de los colectivos. Esta situación generó críticas debido a que los proyectos individuales frecuentemente no resultaron sostenibles en el tiempo, mientras que los colectivos, fueron sistemáticamente rechazados a pesar de su potencial para fomentar la autosuficiencia y el éxito económico de los excombatientes. Esto generó desafíos grandes en la implementación, debido a que el espíritu del acuerdo en el punto 3, tiene la intención de fomentar una reincorporación colectiva que le permita a los firmantes construir un proyecto social y político. En resumen, la investigadora señala que la experiencia de los ETCR ha estado marcada por desafíos significativos, incluyendo la falta de cumplimiento estatal en la provisión de servicios básicos y la preferencia gubernamental por proyectos individuales sobre colectivos, obstaculizando así la efectividad de estos espacios como herramientas de reintegración y desarrollo territorial.

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Infobae En el departamento del Cauca , las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, continúan exhibiendo su influencia criminal y su capacidad para imponerse sobre las autoridades locales y la población civil. En esta ocasión, el frente Carlos Patiño, una facción de las disidencias, ha aportado fondos para la construcción de un puente vehicular en la vereda Honduras, sobre el río Micay, inaugurado recientemente. La inauguración del puente tuvo lugar el pasado lunes 1 de julio. En un evento que mezcló elementos comunitarios y criminales, la comunidad organizó un bingo para celebrar la apertura del puente, mientras los hombres armados de las disidencias rompían el listón de apertura. Este nuevo puente , que conectará a 12 veredas, supuestamente beneficiará a unos 30.000 habitantes del Cañón del Micay. Sin embargo, la construcción no estuvo exenta de polémica: las disidencias aportaron un 15% de los recursos, obtenidos presuntamente en parte del narcotráfico, y establecieron un peaje ilegal para el uso del puente. El puente no solo facilitará la movilidad de la comunidad, sino que también servirá como un nuevo punto de recaudación para las disidencias. Durante la inauguración, los hombres armados anunciaron las tarifas del "peaje comunitario": 2.000 pesos para motocicletas y 10.000 pesos para carros. La comunidad, en su desesperación por infraestructura, ha aceptado estas condiciones, alegando que los fondos de las disidencias representaron una parte significativa del costo total del puente, estimado en 600 millones de pesos. Eduard Rubiano Álvarez, secretario de la Asociación Campesina del Micay, declaró que la construcción del puente, que duró entre cinco y seis meses, se llevó a cabo con recursos obtenidos mediante actividades comunitarias y eventos organizados por las juntas de acción comunal del Cañón del Micay. Sin embargo, la presencia y el control de las disidencias sobre el proyecto subrayan la precaria situación en la región, donde la falta de presencia estatal permite que grupos criminales impongan sus propias reglas. El Cañón del Micay, escenario de constantes disputas entre las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, y el ELN, vive bajo un régimen de control impuesto por estos grupos. Existen “manuales de convivencia” que prohíben, entre otras cosas, la circulación de motociclistas con casco y de carros con vidrios arriba. La velocidad está limitada a 40 kilómetros por hora y transitar después de las ocho de la noche está vetado. Las violaciones de estas normas pueden resultar en multas de hasta cinco millones de pesos o en secuestros. Las comunidades del Cauca enfrentan un control social y económico severo. Los visitantes deben obtener permisos previos gestionados por la comunidad, y los habitantes viven bajo la constante amenaza de secuestro y extorsión. A diario, se reportan retenciones, asesinatos y desapariciones. Los comerciantes y finqueros son obligados a pagar sumas considerables de dinero para evitar represalias. En caso de no pagar, los disidentes recurren a la matanza de animales domésticos como vacas, pollos o marranos. Pese a la violencia y el control ejercido por las disidencias, la comunidad sigue mostrando resiliencia. La entrega de maquinaria amarilla para el mantenimiento de las vías y del puente, aunque provenga de fondos ilegales, refleja la necesidad de infraestructura en la región. Fuentes locales le indicaron al medio de comunicación El Colombiano que parte de los recursos utilizados provienen de un impuesto irregular cobrado a los cultivadores de hoja de coca, subrayando la compleja relación entre la economía ilícita y la vida cotidiana en estas áreas. La construcción del puente en la vereda Honduras no es un hecho aislado. Las disidencias de las Farc han entregado otras obras en diversas regiones del país, buscando legitimarse ante las comunidades locales. En mayo, entregaron el colegio agropecuario "Getil Duarte" en los límites entre el Meta y Caquetá, y más recientemente inauguraron un centro de salud en la zona rural de Tibú, Norte de Santander. Paola Marín, investigadora de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), destacó la importancia de contextualizar la situación antes de la ruptura del cese al fuego entre el Estado Mayor y el Gobierno Nacional. Según Marín, el Estado Mayor tenía influencia en el 99% de los municipios del Cauca, lo cual incluye presencia armada, control de economías e injerencia en las dinámicas del territorio. Tras la suspensión del cese al fuego, se ha observado una intensificación de las acciones del Estado Mayor, especialmente del grupo Carlos Patiño, en contra del Ejército, lo que ha resultado en numerosos hechos victimizantes. Marín subrayó la necesidad de que el Ejército tome el control de estas zonas, pero enfatizó que la solución no debe limitarse a la presencia militar. Según la investigadora, es fundamental que otras ramas del Estado estén presentes en el territorio para contrarrestar las infraestructuras establecidas por los grupos armados. Estos grupos, en ausencia del Estado, se legitiman construyendo puentes, carreteras y otras infraestructuras que también benefician a la población local. Además, Marín mencionó que el puente construido por el Estado Mayor se finalizó en aproximadamente cinco meses, evitando los procesos de veeduría típicos de una contratación estatal. Esta rapidez se debe a los fondos provenientes del control de las economías locales. El grupo Carlos Patiño, responsable de esta construcción, también impone un peaje de entre 2.000 y 10.000 pesos a quienes transitan por la carretera, lo cual no es un caso aislado. Marín recordó el escándalo del colegio Gentil Duarte en El Caguán y la ambulancia entregada en San Juan del Micay a comienzos de año. Finalmente, la investigadora de Pares hizo un llamado al Gobierno Nacional para que su presencia en los territorios sea integral y no se limite al control militar. La investigadora subrayó la importancia de garantizar derechos sociales, educación y vivienda para reducir la influencia de los grupos armados y mejorar la legitimidad del Estado en estas zonas.

Por: Redacción Pares Este municipio del Catatumbo ha tenido la condena de la riqueza. Su exuberancia natural, sus recursos, no le han dejado sino miseria y muerte. Hace casi un siglo llegaron las empresas norteamericanas cobijadas por la concesión Barco. Una sola familia, a la que pertenecía Virgilio, quien sería presidente de Colombia entre 1986 y 1990, decidió sobre la suerte de los hidrocarburos en el departamento y deparó la suerte de un municipio. La primera compañía que se asentó allí fue la Gulf oil company. Desde entonces los grupos armados han pululado en Tibú. En los noventa las guerrillas de las FARC y del ELN. La Gabarra, un caserío ubicado a orillas del rio y separado por cuarenta kilómetros de Tibú, a la extorsión petrolera se sumó el plantío de cultivos de Cúcuta y al narcotráfico. Su cercanía con Venezuela lo transformaba en un corredor de inigualable importancia. A finales del siglo XX la estela del paramitarismo llegó al Catatumbo. El Frente Fronteras de las AUC, comandada por Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”, tenía como objetivo desterrar a las guerrillas y quedarse con el negocio del narcotráfico. El resultado fue aterrados, masacres, desaparecidos, desolación. El cementerio de Tibú esconde varias fosas comunes. Algunos de los cráneos salen de la tierra. Nadie los reclama. Sigue habiendo un silencio temeroso. Ser alcalde de Tibú es un oficio de alto riesgo. Así lo supo Richar Claro este fin de semana. En junio del 2003 fue asesinado en las calles de Cúcuta Tirso Vélez, quien había sido alcalde de ese municipio en 1992. Ganó las elecciones bajo las toldas de la UP. La paz con las FARC, lograda en el gobierno de Juan Manuel Santos, trajo una paz relativa a ese municipio. Pero las sombras han regresado. El pasado 6 de julio del 2024, mientras se desplazaba con su familia por el kilómetro 45 vía La Gabarra, unos hombres armados cerraron la carretera. Según la versión del comandante de la policía de Norte de Santander, el coronel Néstor Arévalo, esto fue lo que sucedió: “Se presentó una situación donde, al parecer, sujetos armados pretendían hacer parar el vehículo que transportaba al señor alcalde y que conducía él mismo. Lamentablemente tenemos que indicar que el vehículo fue impactado en una oportunidad”. Pocas horas después se supo que el vehículo había recibido dos balazos. Lo angustioso es que, a pesar de las amenazas que había tenido por grupos armados, el alcalde se movilizaba sin escoltas, una falla de la UNP que pudo haber resultado en tragedia. Sobre esto dijo lo siguiente el coronel Arévalo: "Tiene una medida de protección de la UNP, no estaban con él los hombres de protección, el vehículo estaba fuera de servicio, tuvo una falla desde el 22 junio. A los alcaldes se les hace un estudio de nivel de riesgo, al alcalde le arrojó chaleco blindado, botón de apoyo, dos hombres de protección". Días antes el acalde, según reveló la policía, había recibido amenazas vía whatsapp. Con los antecedentes que ha tenido el municipio es una falla muy grande que su alcalde no tenga, durante 24 horas, protección de la UNP.

Por: Redacción Pares Hay varias razones por las que Chocó es el departamento más pobre de Colombia. Arrastra males desde hace siglos. El legado colonial se refleja en la debilidad de sus instituciones. La falta de infraestructura ha mantenido alejado a este lugar del resto del país. La baja dotación del recurso humano chocoano. La dependencia con la minería. Hay un muro que separa a este departamento del resto del mundo. Un muro racial, económico, de transporte. La incidencia de pobreza del Chocó es del 63.4%. A todo esto se suma la violencia. Según lo dijo el padre Jesús Albeiro Parra Solís al periódico UNAL “en el departamento hay una violación sistemática y permanente del Estado social de derecho hacia las comunidades afro e indígenas”. Y sin embargo hay resistencia, hay dignidad. Estas situaciones se estrechan hasta lo insostenible en el Bajo Baudó. Allí no existen carreteras. Se tiene que llegar a sus cabeceras municipales serpenteando ríos. Esquivando riquezas, jugándosela en medio del dominio de grupos armados ilegales. En el 2020 se presentó una situación inconcebible. Los niños de una comunidad que habitaba este lugar, llamado Wounaan, venía gritando en medio de la selva y olvido porque sus niños se estaban muriendo. La diarrea, producto de la falta de alcantarillado, de condiciones básicas para el desarrollo, se los estaban llevando. A todos estos problemas El Bajo Baudó tenía otro gran problema, el desplazamiento. El 8.9% de la población se tuvo que ir producto de la presión de los actores armados. En ese año Yaser Asprilla, un muchacho que había nacido en Bajo Baudó pero que había crecido en Palmira, gracias a sus habilidades, a su talento, debutaba a los 17 años en el Envigado. Cuatro años después Asprilla, que ha jugado apenas unos minutos en la Copa América, es una de las figuras de mayor proyección en la Premier League, la meca del fútbol mundial. Tuvo una temporada muy buena con el club Watford en donde está desde el 2022. Gracias a este desempeño el Arsenal, uno de los tres equipos más importantes de Inglaterra, planea desembolsar 16 millones de euros por el delantero. En 1784 la corona española, que eran los dueños de estas tierras, le dio a la señora doña María Rosalía Urrutia. Esos terrenos ella los bautizó como Minas de San Juan Evangelista. Estaban ubicadas a un costado del río San Juan. Allí estableció un campamento minero con más de doscientos esclavos africanos. Desde entonces la violencia y la corrupción han sido una constante en ese municipio, un reflejo de lo que pasa en todo el departamento. Entre los años 2010 y el 2017 fueron capturados 15 concejales de los municipios de Riosucio, Nuquí, Istmina, Juradó, Litoral de San Juan y Quibdó. A eso se suma la violencia de los grupos armados. En la década pasada, entre el 2011 y el 2020 en Chocó fueron desplazados 462.550 personas.  Istmina, con sus minas de oro, fue un objetivo inmediato de los violentos. Allí nació John Cordoba. A diferencia de sus amigos de infancia, el delantero que hoy es uno de los goleadores en su club en Rusia, John Córdoba tenía recursos. Su papá era el legendario delantero Manuel Acisclo Córdoba, quien fue uno de los jugadores más famosos de Colombia en la década del ochenta. También había nacido en este municipio dedicado, casi que en su totalidad, al sector de la minería de oro. A los 31 años John se ha convertido en una de las revelaciones -tardía- de la Copa América, marcando dos goles. Los índices de Quibdó son preocupantes. Así ha sido en los últimos cincuenta años. En el 2021 la pobreza monetaria llegaba al 64.8%. Según el medio Chocó 7 días Estos datos son espeluznantes: el 64,8% de la población quibdoseña gana al mes menos de $431.587 ($14.386 al día) y el 30,4% de la población quibdoseña gana al mes menos de $192.322 ($6.410 diarios). Hambre generalizada en Quibdó.  Sin oportunidades, con baja escolaridad, condiciones mínimas de movilidad, el fútbol puede ser un medio para surgir. Así lo afrontó John Arias. El 22 de abril del 2023 completó 100 partidos con Fluminense, club del que es ídolo y con quien ganó la Copa Libertadores ese año. En la Copa América es titular indiscutible en el equipo de Néstor Lorenzo. Chocó, a pesar de sus infinitos problemas, de su olvido, ha sido cuna de grandes jugadores como Carlos Sánchez, Jackson Martínez Hamilton Ricard, Tressor Moreno y una lista interminable de cracks que han vestido la camiseta amarilla.

Por: Redacción Pares El ELN cumplió seis décadas de existencia el pasado 4 de julio y desplego una iniciativa de propaganda en varias ciudades y en territorios de histórica presencia, a diferencia de años anteriores no hubo ataques, heridos y muertos, lo cual hay que valorar como un logro del proceso de paz en curso y el cese bilateral de fuego y hostilidades vigente desde el pasado 3 de agosto y que está pactado hasta el próximo 3 de agosto.   No se sabe de nueva convocatoria de la mesa, esperemos que pronto tengamos noticias de una nueva reunión del Gobierno colombiano y el ELN, para evaluar el cese pactado, ampliarlo, fortalecerlo y renovarlo, sin duda que es mejor hablar sin mutuas hostilidades y lograr nuevos acuerdos que beneficien a las poblaciones y territorios donde la violencia persiste.   El gobierno avanza en un proceso de dialogo y construcción de acuerdos con el Frente Comuneros del Sur, quines se han apartado del ELN, tema criticado por el ELN y que es uno de los temas a resolver para avanzar en una mesa “suspendida”, siendo un tema difícil de tratar, hay que encontrar salidas a una situación en curso: habrá proceso entre el gobierno Colombiano y el Frente Comuneros del Sur y se requiere funcionamiento y avances en la mesa Gobierno-ELN, seguro que las partes pueden construir un camino de acción eficaz.   Hay voces criticas a este proceso de paz, por ejemplo Rafael Pardo, una persona de amplia experiencia en procesos de paz, afirma que esta negociación no llegará a buen puerto y ve difícil su continuidad en el próximo gobierno, sin duda una dura afirmación que hay que valorar con tranquilidad, para un gobierno que aún tiene dos años para avanzar con el ELN.   El tiempo corre, esperemos noticias de la continuidad de la mesa Gobierno-ELN, las dificultades se pueden tramitar si la mesa funciona.   https://insurgenciaurbana-eln.net/60-anos-en-alzamiento-armado-revolucionario/   60 AÑOS EN ALZAMIENTO ARMADO REVOLUCIONARIO   https://vk.com/video845091730_456239064   ELN 60 años, entrevista con el comandante Antonio García https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/07/07/colombia-el-eln-recordo-su-60-aniversario-con-acciones-de-propaganda-en-varios-departamentos-y-ciudades/   Colombia. El ELN recordó su 60 aniversario con acciones de propaganda en varios departamentos y ciudades   https://elpilon.com.co/el-eln-y-su-amenazante-aparicion/   El ELN y su amenazante aparición   Miembros del ELN se pasearon por las calles de Pelaya, Cesar   Investigan bandera del Eln colgada en puente de Usme. https://x.com/LuisAlfonsoEsc/status/1810441358152454446   Estas son las voces de los territorios, aquellas que han sufrido la guerra por más de 30 años y que hoy tienen la esperanza de cerrar ese capítulo de su historia y empezar a escribir uno de paz para sus comunidades.   El Encuentro Amplio para el Desescalamiento de las Violencias y la Transformación Territorial es un gran paso en la construcción de paz desde los territorios porque esa ruta empieza con el diálogo y la escucha de las bases sociales, de la sociedad civil.   ¡En #Nariño estamos abriendo caminos a la reconciliación, el desarrollo y la vida digna de nuestro pueblo!   https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/gobierno-petro-y-eln-otty-patino-se-reunio-con-frente-comuneros-del-sur-en-medio-de-crisis/   Los acuerdos del Gobierno Petro con frente Comuneros del Sur, que se separó de ELN   https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/las-claves-de-la-reunion-entre-otty-patino-y-alias-hh-jefe-disidente-del-eln-en-narino-3359898   Las claves de la reunión entre Otty Patiño y alias HH, jefe disidente del ELN en Nariño   https://www.infobae.com/colombia/2024/07/08/otty-patino-se-reunio-con-alias-hh-comandante-del-frente-comuneros-del-sur-del-eln-en-las-montanas-de-narino/   Otty Patiño se reunió con alias ‘HH’, comandante del frente Comuneros del Sur del ELN, en las montañas de Nariño   https://www.swissinfo.ch/spa/gobierno-colombiano-hace-otro-encuentro-con-grupo-escindido-del-eln-que-enturbi%C3%B3-di%C3%A1logos/83134803 Gobierno colombiano hace otro encuentro con grupo escindido del ELN que enturbió diálogos.   https://www.contextoganadero.com/politica/lafaurie-plantea-el-escenario-en-el-que-se-retiraria-de-la-mesa-de-dialogo   Lafaurie plantea el escenario en el que se retiraría de la mesa de diálogo con el ELN   https://www.elsaltodiario.com/mapas/colombia-situacion-del-conflicto-regiones-propuestas-construccion-paz   Colombia: “Situación del conflicto en las regiones y propuestas de construcción de Paz”     Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la conferencia, habla sobre las mesas de paz.   Cuando Seas Grande | Rafael Pardo, negociador de la paz con… https://www.pares.com.co/post/la-influencia-de-la-iglesia-cat%C3%B3lica-en-el-eln La influencia de la iglesia católica en el ELN

Por: Redacción Pares A punto de cumplir dos años el gobierno Petro, la Fundación Paz y Reconciliación lanzará el próximo martes 16 de julio el gran informe sobre Paz Total, un análisis sobre un tema en el que el gobierno espera dejar legado. Mucho se ha hablado desde medios de comunicación sobre el crecimiento de grupos armados aprovechando negociaciones y ceses al fuego. Esto no es fáctico. Existen variables que no se han tenido en cuenta y que se abordarán en este gran informe. Lo cierto es que la propuesta de Paz Total también ha traído puntos positivos al país. Una de ellas es la liberación de las 33 personas que el ELN tenía en cautiverio. Y si, mientras el EMC viene incrementando su incidencia en el departamento del Cauca, en algunas regiones como el Catatumbo, Norte de Santander, se observa una disminución en secuestros, homicidios y extorsiones, junto con avances hacia la Paz Total gracias a la reducción de acciones armadas entre la Fuerza Pública y los grupos armados presentes. Existe una narrativa  de correlacionar la paz con el incremento de algunas violencias y con una situación preocupante de orden público, el crecimiento de bandas delincuenciales, estructuras criminales urbanas, un incremento de la capacidad de los mercados ilegales en zonas urbanas y una criminalidad organizada más sofisticada no es correcta. La oferta de paz no es causante de estos fenómenos, pero la narrativa de que sí lo es puede llevar a que la sociedad colombiana pierda el foco en lograr la paz y abandone los esfuerzos presentes, y la implementación necesaria del acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC-EP en 2016. Los indicadores de violencia vienen subiendo desde los años de Iván Duque. La pandemia y, sobre todo, la cuarentena, fue decisiva, por ejemplo, para que muchos grupos armados trasladaran su accionar a las ciudades. Esto podría explicar el incremento de delitos como la extorsión en ciudades. Es indudable que en regiones como Buenaventura, lograr crear una mesa de diálogo entre Shottas y Espartanos, con todos los inconvenientes que ésta ha tenido, ha resultado beneficioso para el puerto. Las muertes han disminuido en un 70%, y en a finales del 2022 se completaron 85 días sin que en este lugar hubiera un solo asesinato. Instalar tres mesas de diálogo y declarar cinco ceses al fuego, de los cuales sólo quedan vigentes dos, sólo puede verse como algo positivo teniendo en cuenta que la única salida lógica que existe para un conflicto es la negociada. De estos meses, que cada una además carga con sus crisis particular, han surgido 33 acuerdos. Uno de los más importantes es el de participación firmado entre la mesa negociadora del gobierno y el ELN, que podría significar el principio de esta organización guerrillera como un partido político. Un proceso que es lento pero que debe comenzar en algún momento. Los desafíos, los cuellos de botella, los balances y los mensajes que, como fundación, Pares podría dejarle al gobierno sobre Paz Total, saldrán en el informe del próximo 16 de julio al que estamos invitando desde ya a leerlo y discutirlo. No se pueden sacar conclusiones fáciles. La Paz Total debe ser pensada y analizada con la complejidad que tiene y que pretende.

Por: Redacción Pares Hace unos cinco años el Tren de Aragua dejó de ser algo parecido a una pandilla carcelaria para estirar sus tentáculos por el continente. Todo arrancó en la cárcel de Tocorón en Aragua. El líder de la organización es Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como “Niño guerrero” por quien se pide una recompensa de cinco millones de dólares.  Guerrero cometió su primer crimen al asesinar a un policía en Aragua. Se fugó dos veces pero su última reclusión, en el 2012, le sirvió para crear un círculo de confianza compuesto por: Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, y Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica” Desde una cárcel en el estado Aragua, el Tren, gracias también a la inoperancia del gobierno Maduro, ha logrado convertirse en una organización criminal transnacional, así lo sancionó el departamento de estado de EEUU. Según la comunicación:  “La designación de hoy del Tren de Aragua como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”, afirmó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Como parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris de perseguir a las organizaciones delictivas transnacionales, seguiremos utilizando todas las herramientas y facultades para perseguir a organizaciones como el Tren de Aragua, que se aprovechan de poblaciones vulnerables para lucrarse, participar en actividades criminales transnacionales y abusar del sistema financiero estadounidense”. El gobierno Maduro, quien ha recibido críticas en el continente por la incapacidad que ha tenido a la hora de enfrentar a estos criminales, realizó una redada en septiembre del 2023 en donde participaron entre 11 mil policías y militares venezolanos en la cárcel de Tocorón. Lo único que perdió el grupo fue su base de operaciones ya que sus líderes lograron escapar. Según Insight Crime “El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. El nombre del grupo puede tener su origen en un sindicato de una obra ferroviaria que nunca concluyó. Pero Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, convirtió el Tren de Aragua en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón”. El Tren de Aragua, el auge, su expansión, su poder, está sustentado en los huecos de forma del propio gobierno venezolano que le ha dado autonomía y control a jefes criminales dentro de las cárceles, esto se conoce como Pranes. Fue tanta la libertad que tuvieron los presos en Tocorón que se encontró en el penal un club nocturno, un zoológico y una pisicina. Además de juegos infantiles para los niños que van a visitar a los criminales. En Colombia, justamente en la frontera con Venezuela, en el barrio conocido como La Parada, el Tren de Aragua se disputa palmo a palmo las entradas y salidas por las trochas. Allí mueven personas, autos y armas. Fue en este lugar, en el 2018, cuando la pandilla comienza a volverse transnacional. En ese momento arrancaba el éxodo de venezolanos que, desesperados por la situación de su país, vieron como única oportunidad de prosperidad escapar de sus fronteras. Entre los años 18 y 23 se expanden a Perú y Chile en donde, por medio de préstamos ilegales, secuestros y extorsión, el Tren se consolida como un grupo criminal en buena parte de los países latinoamericanos. La decisión del Consejo de Estado comprende una recompensa de 12 millones de dólares por dar con los líderes de la organización. Con esta medida Estados Unidos le da prioridad máxima a una banda que en Colombia, sobre todo en sectores de frontera, ha creado un verdadero imperio y que desde cárceles colombianas son uno de los grupos que manejan la extorsión, el delito que más ha crecido en el país en el último año.