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Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador/ Iván Muñoz A Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, no le gustaba gastar balas para cometer sus masacres. Era como si los campesinos no se merecieran una muerte rápida. Tenían que sufrir. Además era meticuloso. Sus masacres duraban varios días. Una de las más atroces, la de Macayepo, en Sucre se perpetró entre el 9 y el 16 de octubre del 2000. Cadena había nacido en ese corregimiento, en septiembre de 1965. Se crio en una finca de cincuenta hectáreas, estudió hasta séptimo de bachillerato, ayudaba a una tía en una tienda, le gustaban las armas y las peleas de gallo. Conocía la zona, por eso duró tanto tiempo en ese lugar. Con los 80 hombres con los que entró recorrieron los corregimientos de La Palma, El Limón, El Floral y Cañas Frías buscando más enemigos, más cómplices de la guerrilla. En Macayepo ya habían asesinado a 15 personas. En la otra incursión mataron a otras 11 más. No usaron balas. A las víctimas las reventaron a punta de garrote y grandes piedras. Los cuerpos, despedazados, los dejaron podrirse así, en el suelo, una táctica del terror que practicaban Atila o Iván el Terrible. Tuvo tiempo para peinar los alrededores de Macayepo porque sabía que, gracias a la intervención de Álvaro García, la Fuerza Pública no iban a intervenir. Estaban de su lado. Incluso uno de los policías que con más ahínco hacía operaciones contra los paras, Rodolfo Palomino, había sido trasladado en los días previos. El senador fue condenado a 40 años de prisión por esta masacre. Tan sólo pagó la mitad del tiempo. El pasado 9 de julio fue puesto en libertad. La de Macayepo fue una de sus masacres más conocidas pero no fue la peor ni la más sangrienta. Ni la primera. Sus hombres, llamados el Bloque Montes de María, habían actuado, entre los días 16 y el 21 de febrero, asesinando a una cifra indeterminada de campesinos -el número va entre 60 y 100 víctimas, en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar. Lo que si es seguro, y sabemos gracias a la crónica de Alberto Salcedo Ramos titulada El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas  es que la primera víctima fue un campesino llamado Eduardo Novoa Alvis. Lo pusieron en la mitad de la cancha de microfútbol -y todo el pueblo obligado a ver- “le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal. Lo apuñalaron en el vientre, le descerrajaron un tiro de fusil en la nuca. Al final, para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y gaitas que habían sustraído de la Casa de la Cultura”. Lo del Salado fue el regreso de las invasiones bárbaras. La operación tuvo dos responsables, Mancuso y Cadena. Una explicación a la saña con la que Cadena mataba a las personas fue la manera como murió su familia. Desde pequeño él se acostumbró a ser un informante del ejército. Siempre les comentaba por donde se movían los frentes que azotaban Macayepo. La guerrilla se vengó matando a parte de su familia. Esa fue su justificación para tanta sangre vertida. Tantas vidas arrebatadas. Según Verdad Abierta sus primeras masacres fueron la de Pichilin y Colosó. En ambas mató a 13 personas. Pero en el Salado le daría toda la libertad a su maldad. Poco después de la carnicería en el Salado visitaron Ovejas, también en Sucre, y mató a 24 campesinos. También a punta de mazazos. Le gustaba el mazo. Cadena había pactado con varios políticos poderosos de esa región. Ya mencionamos al “Gordo” García, pero también se reunía con Salvador Arana, el ex gobernador condenado por la muerte de el alcalde de el Roble, Jorge Eliecer Anaya, ex gobernador condenado por parapolítica y Eric Morris, también uno de los barones de la parapolítica en Colombia. Cadena además tuvo influencia en la elección de alcaldes de los siguientes municipios: an Onofre, Tolú, Toluviejo, Coveñas, Arjona, Sincé, Colosó. Desde el 2005 no se volvió a saber nada de Alias Cadena. Desapareció y algunos lo dieron por muerto. En el año 2021, en declaración ante la JEP, Arana afirmó: “A Cadena lo asesinaron los Paramilitares, lo sacaron con engaños de Ralito (Santa Fe de Ralito Córdoba) y lo asesinaron en una finca más adelante. Cadenas lo asesinaron porque amenazó con declarar contra todos los políticos, ganaderos, Empresarios y comerciantes de Sucre”. La única versión que existe sobre su muerte es la que contó Arana. Jamás se encontró su cuerpo. Sus víctimas no han podido ser reparadas.

Por: Redacción Pares Todos los gobiernos le apuntan a un legado. Conscientes del papel que les dará la historia, los presidentes saben que no pueden conformarse con que su paso por el Palacio de Nariño se limite a un retrato colgado en uno de sus salones. Desde su paso por el M-19 y por el senado Petro siempre fue un impulsor de las salidas negociadas a los conflictos.  Su promesa de campaña principal fue la de buscar sentarse a dialogar con la totalidad de grupos armados del país, un esfuerzo ambicioso que desató varios escándalos y que levantó críticas dentro de la oposición. La visita de Juan Fernando Petro, su hermano, y de Danilo Rueda, quien sería su primer comisionado de paz, a la Picota, a hablar con parapolíticos condenados, levantó suspicacia en un sector de la prensa que aún tilda estos encuentros como “El Pacto de la Picota”. La Ley 2272, o Ley de Paz Total se empezó a tramitar después del 7 de agosto del 2022, cuando Petro, por sus coaliciones, tenía la mayoría en el Congreso, por eso pudo tramitarse con celeridad. En noviembre del 2022 ya estaba lista. Sin embargo, en el informe que se lanzará este 16 de julio titulado ¿Plomo es lo que viene? Dos años de balance y retos de la Paz Total, “no se conoce otro documento que le dé forma. No hay una hoja de ruta y, en definitiva, no es fácil percibir un plan claro”. La paz ha tenido ya dos comisionados, primero Danilo Rueda y desde noviembre del 2023 Otty Patiño. Se han efectuado cuatro ceses al fuego de los que sólo sobreviven dos y se ha dialogado con siete grupos armados. Uno de los cuellos de botella que ha traído la instalación de mesas, pactar ceses al fuego, llegar a acuerdo es lo organizativo. Donde el avance ha sido más lento es en la provisión de agenda, capacidad, apoyo y recurso humano a los diálogos socio-jurídicos que es el nombre con el cual se conoce a los esfuerzos de diálogo para el sometimiento de grupos delincuenciales o estructuras del crimen organizado de alto impacto (ECOAI). Hoy en día se encuentran activos, pero en cuidados intensivos los diálogos entre Shottas y Espartanos en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), en Quibdó (Chocó) y en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia). Por otra parte, los acercamientos con el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) y grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han utilizado varias formas de presión, incluyendo presión violenta a comunidades para ser incluidas en el proceso de Paz Total. Hasta el momento no se han presentado avances. Pero este informe en concreto identifica cuatro grandes retos de la Paz Total. 1.     Primer reto: el “politicómetro” y los incentivos no buscados de la ley de Paz Total para los grupos armados. Que tiene que ver con los cambios que se produce en el tipo de violencia organizada 2.     Segundo reto: información insuficiente sobre las estructuras criminales de alto impacto (EACAI), especialmente sobre el Clan del Golfo/EGC. 3.     Tercer reto: Negociar en un momento de expansión y crecimiento de grupos armados. Desde la sociedad civil informes como el que presentará la fundación Paz y Reconciliación el próximo martes 16 de agosto sirven para ir mandándole mensajes al gobierno del camino a seguir en la intrincada negociación. 4. Cuarto reto: La comunicación alrededor de los avances de la Paz Total. Desde el principio, la Paz Total ha sido percibida en la opinión pública como un objetivo inconmensurable o ambicioso en su consecución. Los avances en las negociaciones con los grupos que tienen mesas activas y la disminución de los indicadores de violencia, que forman parte de esta apuesta gubernamental, no han sido visibilizados de manera clara o suficiente por las diversas vocerías que la abanderan. A esto se suma la evidente escalada de violencia liderada por grupos como el EMC y el EGC, que opacan cualquier tipo de avances obtenidos por el gobierno en términos de resultados operacionales o acuerdos en las diferentes mesas de negociación. Ante esta situación, se hace necesaria una estrategia de comunicación más asertiva, enfocada en la pedagogización de la política de Paz Total, especialmente para su ejercicio de territorialización. Es fundamental que se proporcionen claridades sobre su ruta de implementación y los logros alcanzados hasta el momento.

Por: Redacción Pares Semana del 15 al 19 de julio 2024 La mesa de diálogos y negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, sigue en pausa, la delegación de gobierno se ha pronunciado de manera pública, pidiendo la reactivación de la mesa y solicitan enmarcar los diálogos con el Frente Comuneros, estructura que se ha apartado del ELN, para que estos diálogos estén enmarcados “dentro del dialogo social regional”, haciendo referencia a lo que eventualmente se establezca entre el gobierno colombiano y esta estructura, tema que sigue siendo fuente de discordia con el ELN, tema no resuelto.   Igualmente la delegación de gobierno para los diálogos con el ELN, han titulado su pronunciamiento público, de una manera categórica: “Se agota el tiempo para la renovación del cese al fuego”, haciendo referencia a que el próximo 3 de agosto, se cumple la fecha del cese bilateral, que ha sido efectivo desde el pasado 3 de agosto y que ha disminuido de manera significativa los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, un cese bilateral no exento de dificultades, pero que sin duda ha sido importante para generar un ambiente de distensión, que a ahorrado vidas de militares, policías y guerrilleros.   Por supuesto que el cese bilateral tiene dificultades, que se siguen presentando múltiples hechos que afectan a las comunidades, que el gobierno tiene observaciones a lo pactado, al igual que los tiene el ELN, de ahí la importancia de evaluar lo recorrido y buscar nuevos acuerdos que le den más fortaleza y amplitud a un necesario cese bilateral, que debe generar mayores logros y compromisos de las dos partes, para seguir adelantando este proceso de paz.   La paz con el ELN, sigue contando con un amplio respaldo internacional, lo cual se reafirmó en la ultima sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se mencionó por varias voces la importancia de continuar este proceso de paz.   Seguimos a la expectativa por la reanudación de los trabajos de la mesa y asumir que solo en la mesa se pueden buscar soluciones a los temas que las partes consideren pertinentes. Delegación de Paz del Gobierno de Colombia @DelegacionGob COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 𝗦𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗲𝘀𝗲 𝗮𝗹 𝗳𝘂𝗲𝗴𝗼   La Delegación de Paz del Gobierno Nacional en la Mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional - ELN:   https://eln-voces.net/?p=11865   HAY QUE ALZAR LA VOZ – Coce del ELN.   https://eln-voces.net/?p=11871   EL DISCURSO MILITAR DEL COMANDO SUR ESTÁ PINTADO DE VERDE – Columna de Antonio García.   https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/denuncian-amenazas-del-eln-contra-negociador-del-gobierno-en-mesa-con-emc/ https://lavozdelcinaruco.com/gobierno-busca-reunion-con-eln-para-reactivar-dialogos-y-prorrogar-cese-al-fuego/   Gobierno busca reunión con ELN para reactivar diálogos y prorrogar cese al fuego.   https://eldoradoradio.cundinamarca.gov.co/noticias/nacion/consejo-de-seguridad-de-la-onu-respalda-politica-de-paz-del-gobierno- Consejo de Seguridad de la ONU respalda política de paz del Gobierno Los países miembros destacaron los puntos presentados por el presidente sobre diálogos con el ELN, reforma agraria e implementación del acuerdo de paz de 2016.   Delegación de Gobierno con EMC denuncia amenazas del ELN contra uno de los negociadores.   Se agota el tiempo para prorrogar cese con ELN y los diálogos no avanzan.   https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/informe-cerac-senala-presunto-aumento-de-violaciones-al-cese-al-fuego-por-el-eln/   Informe del Cerac señala presunto aumento de violaciones del cese al fuego del ELN

Por: Redacción Pares En el último informe de la fundación Paz y Reconciliación titulada ¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de paz total 2022-2024 , se hace una radiografía de cómo el que se espera sea el gran legado de Gustavo Petro. En las últimas horas se anunció, a través del ministro de defensa de Iván Velásquez, el fin del cese al fuego con Iván Mordisco y sus tropas. Con esto cabe preguntarse aún más si la Paz Total está funcionando o no. Colombia es tan grande que acá hay más territorio de Estado. Por eso hay municipios en donde la única autoridad que existe son los grupos armados. Cada vez son más frecuentes las inauguraciones de puentes, de centros de salud y de ambulancias por parte de las EMC o el Clan del Golfo. Lo que no está haciendo el gobierno lo hacen los grupos armados. El orden también lo imponen ellos. Esto se ha desbordado no por la Paz Total sino desde el 2018. En el 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firmaron un acuerdo de paz en el teatro Colón de Bogotá. Las Farc se retiraron de las zonas donde estaban y lo normal era que el Estado las hubiera ocupado. Pero no. Disidencias, que terminarían conformando el Estado Mayor Central, Clan del Golfo, ELN y después la Segunda Marquetalia, entrarían a disputarse estos lugares. La expansión de estos grupos se vino a dar en el periodo 2018-2022, durante la presidencia de Iván Duque. Sectores contrarios al gobierno Petro han vendido la narrativa que los cese al fuego con diferentes grupos armados es lo que ha permitido la expansión de estos. En el informe que presentaremos a continuación titulado ¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de paz total 2022-2024 recalca en sus mensajes finales lo siguiente: “Una suspensión nacional del cese al fuego de forma abrupta puede llevar a un escalamiento violento sin capacidad de contención por parte del Estado, que incluso lleve a la población a optar por apoyar medidas que suspendan el estado de derecho local – ya de por sí frágil – a cambio de una protección básica en seguridad”. El incentivo del cese al fuego no se puede convertir en lo único que mueva un grupo armado para firmar la paz. Si hay dos grupos en disputa por un territorio y ambos firman un cese al fuego con el Estado, la población no se salvará de los continuos conflictos de ambos por controlar el territorio. El informe recuerda que en medio del conflicto está la gente. Los continuos combates entre grupos armados en zona como el Cauca ponen en riesgo siempre a la población civil. La Paz no puede estar centrada solamente en los actores armados, se ha demostrado históricamente que la sociedad civil ha sido la mejor aliada para construir la paz y este gobierno no la ha tenido entre sus prioridades. El ciclo de violencia que está viviendo Colombia surge -con excepción del ELN- de ciclos de violencia en Colombia que no han tenido cierres definitivos o cuyos procesos finales de paz no tuvieron la implementación deseada. Es fácil ver los vasos comunicantes que hay entre las antiguas AUC con el Clan del Golfo, más obvias aún son lo que une al EMC con las antiguas FARC o las razones por las que los miembros de la Segunda Marquetalia se volvieron a alzar en armas. Pero el siguiente informe se ocupa, además, de las complejidades de la Paz Urbana. Analiza por qué se han conseguido resultados en el Valle de Aburrá, llevando a los grupos a las mesas de negociación y obteniendo cifras bastante alentadoras, contrastando con lo que sucede en el Valle del Cauca donde grupos como la Inmaculada han puesto contra la pared a municipios como Tuluá y cómo han llegado a controlar las cárceles más emblemáticas del país desde donde realizan el crimen que más ha subido en los últimos años: la extorsión. El informa aborda el intrincado proceso de paz que se lleva en Buenaventura en donde, al inicio del gobierno Petro, completó el puerto casi tres meses sin homicidios gracias a los diálogos que sostuvieron Shottas y Espartanos y cómo, después de la salida del ex comisionado de Paz Danilo Rueda, esta Paz Urbana, en Buenaventura y otras ciudades del país, se ha estancado. Esta es una radiografía de dos años de luchas, pequeñas victorias y derrotas en busca de un objetivo ambicioso: conseguir la Paz Total en un país que se acostumbró a la guerra. Es imposible resumir el informe en unas cuantas palabras. Resumir cómo el Clan del Golfo ha permeado la política en las regiones donde ejercen influencia como alguna vez hicieron los paramilitares a comienzos de este siglo y cómo el EMC ha intentado hacer pasar la desmesura de su violencia con ideología. Lo que sí puede servir este breve resumen es resaltar la importancia de leer en toda su extensión este informe para ponerle la lupa a lo que intenta convertir este gobierno en su mayor legado: La Paz Total. Dar clic para ver la interfaz: https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene

Por: Redacción Pares En la mañana de este 16 de julio el ministro de Defensa Iván Velásquez anunció que irán por todo contra Iván Mordisco, comandante del EMC. Sin embargo, se mantendrá el cese al fuego con los dos frentes que están al mando de “Calarcá” estos son: ‘Gentil Duarte’ y ‘Jorge Suárez Briceño’. Este cese al fuego durará al menos tres frentes. Los continuos ataques a las poblaciones de Iván Mordisco y la poca intención de una negociación seria con el gobierno, habrían colmado la paciencia del presidente. Pero, ¿Quién es Iván Mordisco? Cuando Nestor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco supo en el 2016 que los acuerdos de La Habana llegarían a buen puerto supo cuál era su destino: seguir en la lucha armada. Tenía ascendencia sobre la guerrillerada. Desde el 2011 le había encomendado el frente “Armando Ríos”. Por eso, cuando decidió seguir en armas pudo tener a su mando 400 hombres. Como buen bandolero su nombre poco a poco se convierte en leyenda, sobre todo por la torpeza de algunos mandatarios de turno. En julio del 2022 Iván Duque anunció su muerte. En los grandes periódicos, confiando en la palabra de un presidente, se hicieron grandes perfiles sobre un hombre dedicado a la guerra. Todo era mentira. En ese momento su cabeza costaba 3.000 millones de pesos. El ejército realizó cuarenta bombardeos sobre su campamento. No encontraron más que una boina con una estrella roja. Eso fue suficiente para que el gobierno Duque diera su parte de victoria. Pero estaba vivo. A comienzos de este siglo Vera se unió a las FARC. La zona donde se movía era San Vicente del Caguan. Tenía una virtud, era un francotirador implacable. Tenía dos responsabilidades bastante desagradables dentro de la guerrilla, cuidar los cultivos ilícitos y encargarse del reclutamiento forzado. Eso le dio ascendencia sobre la tropa. Por eso en el 2016, cuando se anuncian los acuerdos de paz con el gobierno Santos, Iván Mordisco escribe un comunicado dirigido a los guerrilleros de las FARC en donde se les invitaba a seguir “la lucha insurgente” Esto era una excusa para seguir devengando carretadas de dólares a costa del narcotráfico y la extorsión. Desde el 2012, cuando estaba en la comandancia del Frente I de las FARC, se dedicaba a extorsionar comerciantes y agricultores. Su desprecio hacia el pueblo raso es más que evidente. La zona donde se mueve y lleva el terror son Guaviare, Vaupés y Vichada. Hay dos municipios en donde su influencia es absoluta, Miraflores y San José del Guaviare. Además ha convertido a municipios del occidente del país, como El Plateado, en el Cauca, en un fortín inexpugnable de las EMC. Se financia no sólo de la extorsión sino también a punta de coca. Según Insight Crime a abierto corredores de coca en Guaviare, Vichada, Vaupés y el sur del Meta, departamento desde el que se conecta con Venezuela. Lo paradójico es que uno de los criminales más buscados del país estuvo preso en el 2015. La Brigada Especial contra el narcotráfico lo detuvo en ese año. Según El Espectador fue liberado “En circunstancias que siguen siendo un misterio”. En el 2016 se alió con Gentil Duarte, cinco años después, en el 2021 se afirmaba que esta disidencia tenía presencia en 133 municipios del país, tenían dos comandos coordinados y 28 frentes. Mordisco, feroz, empezó a amenazar a firmantes de paz. Es conocido que se acercaba a los firmantes y les ofrecía un sueldo a cambio de retomar las armas y si se negaban los mataban. Después de la muerte de Gentil Duarte, Mordisco se convirtió en el duro de las EMC.   Cuando anunciaron su muerte el general Vargas, entonces comandante de la policía, no pudo explicar dónde estaba su cuerpo. El cuerpo aparecería vivo en octubre del 2022, en un video, donde anunciaba, casi que con sorna, que los objetivos de las ex FARC se mantenían encolumnes. A mediados del 2023 aceptaron entrar en un proceso de negociación con el gobierno Petro. Pero sus continuos actos de violencia, que incluyen el asesinato de autoridades indígenas en Cauca, han puesto en entredicho estos diálogos. Sus grandes enemigos son la Segunda Marquetalia. Según Insight Crime Mordisco fue quien pudo estar detrás del asesinato de Jesús Santrich y hasta del atentado contra Iván Márquez. La negociación con el gobierno está en suspenso. Los dichos de Mordisco contra Petro no invitan a una reconciliación. En marzo del 2024 dijo esto sobre el presidente: "Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las FARC). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo". Los continuos ataques a la población civil en departamentos como el Cauca dejan ver a las claras las pocas intenciones de paz que tienen Mordisco y sus hombres. https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene

Por: Redacción Pares El 13 de abril del 2024 Andrey Avendaño a sus 24 años dio un golpe fuerte sobre la mesa. Él, que se había dado a conocer ante la opinión pública por ser el vocero de Iván Mordisco en la mesa de negociación entre el gobierno y el Estado Mayor Central, anunciaba que su antiguo jefe ya no era el único que mandaba en esa estructura armada: “Hoy nos atreveremos a decir que no hay un mando único, hay coordinaciones de respeto. En esas coordinaciones, obviamente, tiene que haber un coordinador, y era Lozada (Mordisco) hasta el momento en que internamente tomamos la decisión de enviarle un documento y le planteamos que no veíamos condiciones para trabajar bajo esas coordinaciones por la misma dinámica que se vive en los territorios”. Atrincherado en la selva del Catatumbo Carlos Eduardo García Téllez desafiaba al poder dominante. La respuesta de Mordisco fue la de tratarlos de traidores. Eran cerca de 1.200 hombres los que se mantendrían dialogando con el gobierno de Gustavo Petro. Mordisco mantendría su hegemonía en los departamentos de Amazonas, Arauca, Cauca y Nariño, teniendo a su haber 2.800 hombres aproximadamente. Se llama Carlos Eduardo García Téllez y nació en el Catatumbo aunque nadie sabe con certeza en cual de sus municipios. Entró a las FARC a los once años. Afirma que lo hizo por convicción, que los campesinos maduran viche y a esa edad ya sabe un niño que es lo que quiere hacer en la vida. Igual, hay lugares en el campo colombiano en donde las opciones se cierran. Todo lo que aprendió se lo debe a las FARC. Jamás entró a un colegio, ni hizo primaria. Algunos medios, al ver su 1.80 de estatura, su pelo largo, su claridad a la hora de hablar -que contrasta con la de Iván Mordisco, por ejemplo- creyeron que era un ideólogo de universidad pero no. Ya detallándolo bien, con sus cadenas y manillas gruesas, de oro puro, sus camionetas 4x4, que el Estado Mayor Central le ha robado en el Catatumbo a contratistas, se nota que la ideología de Avendaño es algo limitada. Incluso critica abiertamente a los antiguos ideólogos de las Farc, a gente como Timoleón Jiménez o el mismo Iván Márquez que negociaron durante cuatro años con el gobierno de Juan Manuel Santos. En el año 2014, cuando tenía 19 años de edad, Andrey Avendaño era mando de escuadra de las antiguas FARC. A esa edad lo metieron preso. Salió en el 2017, gracias al indulto con el que el gobierno se comprometió en la firma del acuerdo. Al quedar libre se dio cuenta que no quería una vida metido en una ETZR y que se había acostumbrado al fragor del combate. Se alineó con John Mechas. Javier Alonso Velosa García, su nombre real, se dio a conocer en el país por el atentado que perpetró el frente 33 de las FARC donde destruyó un CAI en el barrio de Bogotá Arborizadora Alta que mató a dos niños. Al igual que Mechas, Avendaño ha amenazado a que, en caso tal de que el gobierno levantara el cese al fuego con el EMC, llevaría la guerra a las ciudades. En mayo de este año Andrey Avendaño le dio una entrevista al programa Los Informantes en donde afirmó que se siente incómodo con el cese al fuego. Las treguas vuelven “más flojos” a los guerrilleros quienes necesitan el combate para mantenerse calientes. “Quien no pelea pierde la mística”. Este 16 de julio el ministro de defensa Iván Velásquez aseguró que se levantará el cese al fuego con las tropas de Iván Mordisco. Andrey Avendaño, quien está por los lados del Catatumbo, estaría entre los guerrilleros con los que se mantendría el cese al fuego. A pesar de que todavía está en la mesa de negociación Avendaño ha sostenido que ve improbable que con este gobierno se llegue a un acuerdo de paz. El detalle de cómo se ha desarrollado la mesa de negociación con el EMC, los contratiempos que éste ha tenido se verán en el informe que acaba de entregar la fundación Paz y Reconciliación titulado ¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de Paz Total 2022-2024. Este es el informe: https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene

Por: Redacción Pares El pasado 25 de junio del 2024, en audiencia a la Corte Suprema de Justicia, en audiencias que se adelantan contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, el ex director de la UNGRD, hizo una grave acusación: aseguró que miembros del alto gobierno ordenaron financiar al ELN y salvar el proceso de paz con ese grupo. La única prueba que afirma tener Olmedo López fue una libreta que, en caso de ser cierta, pondría en riesgo a la Paz Total. El 17 de diciembre del 2023 la negociación de paz con el ELN, a través de uno de los miembros del COCE, Antonio García, aseguró que el gobierno nacional, si pretendían que ese grupo no volviera a secuestrar, tenía que ser financiado por el Estado ya que para ellos eran fundamentales financiarse a través de lo que ellos llaman “Retenciones”. Unas semanas después, en enero del 2024, la situación se destrabó. En su confesión ante la Corte Olmedo dio el nombre de Karen Manrique, quien ocupa una de las curules de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP). Al parecer Manrique habría tenido reuniones el 14 de diciembre del 2023 con quien era el subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla y unas semanas después, el 22 de enero del 2024 con Olmedo López para desviar contratos hacia esa congresista. En el entramado también aparece el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director del DNI, Carlos Ramón González y quien era el ministro del interior hasta hace dos semanas, Luis Fernando Velasco. De Manrique se sabe que nació en Tame, en 1990, uno de los municipios que ha sido más golpeado y donde más ejerce influencia el ELN en Arauca. Desde su niñez, en la primera década de este siglo, fue víctima del conflicto. En medio de los combates por apoderarse del territorio que sostenían las FARC, el EPL y luego Autodefensas Unidas de Colombia, en donde asesinaron a miembros de su familia. Ella tuvo que salir corriendo de ese municipio y formó parte de los cientos de miles de desplazados que ha dejado el conflicto armado colombiano. En Arauca hizo política de la mano de Nervado Rincón, Representa a la Cámara del Partido Liberal quien perdió su investidura hace tres años por celebración indebida de contratos. Llegó a ser Representante a la Cámara gracias a obtener 1.600 votos. Olmedo López aseguró que en una libreta tiene todas las pruebas. Afirmó que tiene miedo por su integridad física ya que el ELN podría hacerle daño a él y a su familia. “Hay células del ELN en Medellín y en Bogotá buscando hacerme daño a mí y a mi familia”. El ministro Bonilla, según Olmedo López le habría dado la orden a la congresista de Arauca para desviar contratos por valor de 208 mil millones de pesos que habrían terminado en las arcas del ELN. “Este es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo del que era el director, y otros que están por encima de quien recibía órdenes”, aseguró López. El presidente Gustavo Petro negó la veracidad de la confesión de Olmedo López desde su cuenta de Twitter: Revelas una declaración falsa solo para tapar la noticia del éxito social del gobierno al reducir la pobreza en millones de personas y en firmar la reforma pensional.   La declaración del 25 de junio no se presentó en su momento sino ahora por una maniobra manipuladora. A la fiscalía si le hemos entregado las pruebas de cómo el ELN de Arauca ha lavado dinero a través de lavadores profesionales en el gobierno, pero no en el mio, sino en el Duque. La falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados, pero la UNGRD debe solicitar, como víctima, la devolución hasta el último peso de lo hurtado La reparación de la víctima y la verdad son la base del principio de oportunidad”. Sólo hasta el 25 de julio la Fiscalía conocerá si le dará principio de oportunidad a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Todo depende de la calidad de las pruebas que tenga el ex director y el ex subdirector de la UNGRD. Mientras tanto la delegación de paz del gobierno con el ELN negó en este comunicado la declaración de Olmedo López. Alegaron que, tanto la ONU como los países garantes, así como de la Iglesia Católica, sobre la transparencia de los diálogos. Esta es la declaración: DECLARACION DE DELEGACIÓN DE PAZ GOBIERNO.

Por: Redacción Pares Cuando Gustavo Petro, el 14 de marzo del 2023, le concedió el estatus político a las disidencias de las FARC, agrupadas en el Estado Mayor Central, creyó que existía un criterio de grupo consolidado y, a pesar de lo que decían los expertos, no era una hidra de varias cabezas. Siempre se puso en duda la ascendencia que tenía sobre los 4.000 hombres que conformaban las disidencias FARC el liderazgo de Iván Mordisco. En octubre de ese año lograron sentarse, aún con el resquemor que se generaba en el Bloque Occidental Jacobo Arenas, en donde Iván Mordisco tenía verdadera ascendencia, la presencia de militaron en el Cañón del Micay. Históricamente las Farc han constituido una especie de para-estado en lugares como el Plateado. A pesar del Cese al Fuego acordado con el EMC los continuos ataques a la población civil en el occidente del país y el asesinato de la mayora Carmelina  Yulé Paví y el posterior ataque a la caravana donde llevaban sus restos, desencadenaron la terminante decisión del gobierno Petro de suspender al cese al fuego con el EMC en los frentes que estaban en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle. El ataque continuo a las comunidades indígenas y algunos municipios en el occidente del país terminó de fragmentar la unidad del Estado Mayor Central. Tanto Andrey Avendaño, quien es el hombre fuerte de esta estructura en el Catatumbo y siempre fue la cara del EMC en las negociaciones con el gobierno, y Calarcá Cordoba, asentado en los Llanos Orientales, entraron en conflicto de ideas con Iván Mordisco. Ellos le apostaron a la paz y reprocharon la actividad militar que mantenían al occidente del país. En el último informe de la fundación Paz y Reconciliación, titulado ¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de Paz Total 2022-2024, se pone la lupa sobre cómo van las negociaciones con los grupos armados con los que se han sentado a hablar de paz. En uno de los apartados del informe, Estado Mayor Central, disidencias 2.0, se habla sobre las complejidades de negociar con un grupo en donde los hilos del remiendo se notan. A la hora de analizar se proponen tres escenarios posibles del EMC en el marco de la Paz Total. El primer escenario tiene que ver con las fracciones al interior de los bloques. Había frentes que quisieron negociar, como los de Avendaño y Calarcá, y los que no quisieron hacerlo como Mordisco. Esto generó una reorganización de los bloques haciendo aún más espinosa la negociación. Basta con ver qué es lo que piensa Avendaño de las treguas para saber que su posición, con respecto a una salida negociada, es frágil. El segundo escenario tiene que ver con las disputas entre grupos que comparten presencia en el mismo departamento, como es el caso del frente que está en el departamento del Huila y región del Yarí, hombres que le tienen lealtad a Mordisco o a Calarcá. En el informe resaltábamos la posibilidad de un enfrentamiento resultado del escalamiento de las disputas. Este parece ser el escenario que se dará. En este video, divulgado por Blu Radio, se ve a Calarcá, alias John Mechas y el propio Andrey Avendaño, afirmándole al gobierno que el desarme y la entrega son “inamovibles”. Pero, lo que más se destaca, y preocupa, es que aseguran que Iván Mordisco lanzó una ofensiva con los bloques que aún quieren seguir en la mesa de negociación con el gobierno. Este es el peor escenario que podría tener Petro en su búsqueda de lograr acuerdos definitivos con el EMC. El tercer escenario del que hablaba el informe es el de una reunificación en torno al proceso de paz, pensar en que Mordisco recapacitaría y volvería a integrar un solo bloque unido con Calarcá y Andrey Avendaño, una posibilidad que era la más favorable para el gobierno. Lamentablemente se dio el segundo de los escenarios presentados en este informe que presentamos en su totalidad en este enlace: https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Sólo hasta 16 de julio se dio a conocer públicamente lo que Olmedo López le dijo a la Corte Suprema de Justicia en la audiencia que tuvo el pasado 25 de junio. Entre sus declaraciones se destacan la acusación que hizo el ex director de la UNGRD de haber recibido la orden por parte del ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, de redireccionar tres contratos que suman 92 mil millones de pesos para financiar al ELN. Este grupo guerrillero había afirmado que sólo dejarían el secuestro si el gobierno se comprometía a pagar lo que devengaban de este delito. La intermediaria, según declaraciones de Olmedo -quien tendrá que demostrar todas estas acusaciones el próximo 25 de julio ante la Fiscalía- es la Representante a la Cámara Manrique, quien llegó al congreso a través de una de las curules de paz y es del departamento de Arauca. Este departamento ha sido azotado por el ELN desde hace, por lo menos sesenta años. A continuación, presentaremos un breve repaso de cual ha sido la historia del ELN y Arauca. En lo que va corrido del siglo XXI el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 70 documentos en donde se advertía sobre los riesgos que podría correr la comunidad araucana ante la presencia de grupos armados como el ELN, las FARC y los paramilitares. Pocas veces se hizo algo. Impotentes se tuvo que aceptar masacres como la ocurrida en el 2019 donde fueron asesinadas 27 personas en una de las disputas entre grupos guerrilleros en este departamento. El olvido ha sido una constante en estos llanos. En 1963 el entonces presidente Guillermo León Valencia, quien pasaría a la historia no sólo por sus poemas sino por decisiones discutidas como bombardear a mansalva a las guerrillas liberales asentadas en Marquetalia, ordena, a través del INCORA y financiado por el Banco Mundial, ubicar a 5 mil familias de varios departamentos en cien mil hectáreas del Sarare. Esta es una zona selvática que unió a los llanos con Norte de Santander. El Estado volvió a brillar por su ausencia. La reubicación no estuvo sostenida por una adecuada infraestructura. Los campesinos venían de Norte de Santander, sobre todo, y de otros departamentos como el Valle, Tolima y Cundinamarca y fueron dejados en este lugar a su propio arbitrio. Eran campesinos que venían huyendo de la violencia bipartidista, tal y como lo explican en su libro Los retos del posconflicto: justicia, seguridad y mercados ilegales, los investigadores León Valencia y Ariel Ávila. Con el tiempo el gobierno sólo les aseguraría la reubicación y poco a poco los fue soltando de la cuerda. “Entre los colonos se encontraban los hombres que crearían el Frente Domingo Laín Sáenz, del Eln”. Los campesinos esperaban rehacer sus vidas. Recibieron préstamos de la Caja Agraria y herramientas para defenderse y levantar sus casas en este lugar inhóspito. Eran préstamos leoninos, en donde les descontaban plata a los campesinos de entrada. Las familias tenían que abrirse paso en esas tierras a punta de machete, incluso, como narra el artículo Fronteras calientes, Arauca y el frente Domingo Laín escrito por la fundación Nuevo Arco Iris, estas familias tenían que pagarle a los Cadeneros, baquianos expertos en abrir trocha quienes los guiaban 80, 90 kilómetros selva adentro, desafiando ríos crecidos, derrumbes que cobraron la vida de muchos colonos, para poder disfrutar de los que el Estado “les había regalado”. Cuando llegaban al lugar sentían la desazón de los campesinos del cuento de Rulfo Nos han dado la tierra. Tanto desgaste, tanto esfuerzo para nada. La cercanía con la frontera y la riqueza de esta tierra han hecho que las guerrillas de las FARC y el ELN pasten en Arauca desde la década del setenta. Sin embargo fue la presencia del Domingo Laín la que afincaría y aseguraría el terreno para el Ejercito de Liberación Nacional en este departamento. La primera vez que se escuchó sobre las acciones de este frente fue en 1980 cuando hicieron la toma en el corregimiento de Beyotes, en zona rural de Tame. Mataron en esa acción armada a cinco policías. El Domingo Laín estaba integrado por campesinos como Raymundo Cruz, quien llegó al Sarare en 1965 con la experiencia de estar durante dos años en Cuba, allí conoció a los líderes que después conformarían el ELN. Les fue fácil organizarse en ese lugar a donde los envió un gobierno que buscaba olvidarse de ellos.   Sesenta años después el ELN y las FARC azotan al departamento de Arauca valiéndose de sus corredores fronterizos por donde pasan coca, fusiles y contrabando, además de gasolina.     Ninguna de las respuestas que ha tenido gobierno alguno han sido efectivas. Uno de los periodistas con más experiencia en ese departamento, Nelson Freddy Padilla, cuenta que en 1989, mientras era corresponsal de Colprensa, cuenta el vacuo entusiasmo de un coronel del Ejército Nacional llamado Fernando González Muñoz, mostrando los “resultados operacionales” que indicaban, según el oficial, una intendencia “que ha sido garantía de estabilidad y seguridad gracias al respaldo de la comunidad araucana”. Este optimismo no se reflejaba en la realidad. En las ciudades podría mandar el ejército pero los elenos eran los dueños de las zonas rurales.     Arauca es uno de los lugares más ricos del país. Según la revista Cambio Arauca ha recibido, entre los años 1986 y el 2021, 4.2 billones de pesos sólo en renta petrolera. Pero la corrupción no puede ser más galopante. Las calles de pueblos como Tame y Saravena están destapadas. No hay esperanza entre sus habitantes. La clase dirigente ha saqueado hasta eso.   El 8 de noviembre del 2023 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal a una pena de seis años de cárcel por la mala ejecución de un contrato. También en el 2023 la Fiscalía acusó por presunta corrupción a otro ex gobernador, José Facundo Castillo Cisneros. Según la W Radio el mandatario “al parecer influyó para beneficiar a una sola empresa con un contrato de 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era hacer la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19”.   A pesar de las regalías del petróleo Arauca no ha contado con servicios públicos de calidad, educación de alto nivel, protección para las comunidades indígenas que viven en la zona, una justicia fortalecida y garantías mínimas de seguridad para todos. El saqueo del Programa de Alimentación Escolar ha atentado directamente contra los niños de Arauca.   El ELN ha sido un tormento. Entre sus crímenes se encuentran el asesinato el 2 de octubre de 1989 del obispo de Arauca Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, arrojado en una zanja en el camino que comunica al municipio de Arauquita. Sus continuos atentados al oleoducto Cañó Limón Coveñas -descubierto en 1983- , ha dejado incalculables daños ambientales. El ELN ha sido un tormento, pero por supuesto que no ha sido el único.   Tal y como lo cuenta Nelson Freddy Padilla en un artículo publicado en El Espectador “Aparte de los crímenes de las guerrillas, incluidos permanentes asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados de pobladores, estos teatros de guerra han causado catástrofes como la ocurrida el 13 de diciembre de 1998 a raíz de combates entre las Farc y las Fuerzas Militares en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, que causaron la muerte de 17 personas, incluidos seis niños, por acción de seis bombas que cayeron sobre la población civil. El resultado de una operación aerotransportada en la que participaron militares estadounidenses con el respaldo de la Fuerza Aérea Colombiana y tropas del Ejército Nacional, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano ante violaciones al derecho internacional humanitario”.   La llegada de los paramilitares a comienzos de este siglo disparó aún más la violencia. Las masacres se cuentan por racimos. La situación es más compleja con la cercanía de Venezuela. Sus fronteras difusas se han prestado para que las guerrillas se replieguen a esta zona, sin que necesariamente haya contado con apoyo explícito de un gobierno en particular.   El olvido en que el estado colombiano ha sumergido a Arauca es una de las razones por las que la guerra en ese departamento sea eterna. Por eso se hace tan imperioso una salida negociada, una paz total que garantice los principales derechos a esta martirizada población.   A mediados de febrero la Fundación Paz y reconciliación, a través de su línea de Paz Territorial y Derechos Humanos publicará un informe sobre este departamento.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado 14 de julio, la delegación del Gobierno Nacional, actualmente involucrada en las negociaciones de paz con el Estado Mayor Central (EMC), envió una carta al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresando su profunda preocupación por las amenazas recibidas por uno de sus miembros, Carlos Murgas Dávila. Estas amenazas, que han causado considerable inquietud, se atribuyen a frentes insurgentes activos en Norte de Santander. Carlos Murgas Dávila, representante del empresariado en las negociaciones e hijo del influyente empresario de la palma de cera, Carlos Murgas Guerrero, ha sido blanco de intimidaciones severas. Presuntamente las amenazas provienen de estructuras disidentes de las FARC, supuestamente aliadas con el ELN, y han tenido un impacto significativo en su vida personal y profesional. La carta subraya la gravedad de las amenazas, detallando que estas fuerzas irregulares han solicitado sumas de dinero a las plantas extractoras de palma de Murgas, causando perjuicios graves tanto a él como a las familias campesinas que dependen de este sector. "Además de generar graves perjuicios a todas las familias campesinas que dependen del sector de la palma en esta región y que son sus socios en esa planta", se lee en la comunicación, alertando sobre el impacto social y económico de estas acciones delictivas. El contexto de estas amenazas es especialmente complejo, dado que se producen en medio del séptimo ciclo de negociaciones, un proceso que ya enfrenta múltiples desafíos. La delegación ha condenado enérgicamente estas conductas, considerándolas inaceptables y preocupantes, ya que están dirigidas contra miembros de las mesas de paz y la población civil. Esta situación se suma a las críticas que ha enfrentado Otty Patiño por sus declaraciones en apoyo a ciertos grupos armados, como durante la instalación de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia el 24 de junio, cuando lamentó la muerte de alias Hermes. En el documento se solicita una respuesta pronta y efectiva por parte del Estado colombiano. "Solicitamos una respuesta pronta y efectiva por parte del Estado colombiano, a través de la Oficina del consejero comisionado para la Paz, para que gestione con la delegación del proceso de paz con el ELN que se detengan de manera inmediata este tipo de conductas que vulneran el Derecho Internacional Humanitario", se puntualiza en la misiva. El jefe negociador del proceso, Camilo González Posso, exdirector del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha resaltado en ocasiones anteriores las dificultades internas dentro del EMC, caracterizadas por la división entre los seguidores de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y los de alias Calarcá, actual jefe del bloque Jorge Suárez. Esta situación se agrava debido a la retirada de la facción comandada por Iván Mordisco de los diálogos, tras la suspensión del cese al fuego bilateral en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño el pasado 20 de marzo. La suspensión se produjo luego del asesinato de la líder social Carmelina Yule Paví, lo que llevó a una intensificación de las acciones ofensivas de este grupo en dichas regiones, como método de presión para reanudar el cese al fuego. La actual administración solo mantiene negociaciones con la facción liderada por Calarcá, mientras que la comandada por Iván Mordisco ha intensificado su ofensiva. Esta dinámica añade una capa adicional de complejidad al proceso de paz, evidenciando las tensiones y desafíos inherentes a las negociaciones con grupos armados en Colombia. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), informó sobre la presencia de grupos armados en el Norte de Santander. Según Marín, el Estado Mayor tiene presencia en siete municipios, mientras que el ELN está en 24 municipios. El Catatumbo es una región interesante debido a la tensa calma que prevalece entre ambos grupos, sin confrontaciones directas. El año pasado, ambas organizaciones inauguraron una vía conjunta, evidenciando una articulación o alianza basada en la no agresión. Marín subrayó que, aunque aún no se ha confirmado si las amenazas recientes provienen del ELN, Carlos Murgas y la delegación de negociación del Estado Mayor han afirmado ser los responsables. Si esto resulta ser cierto, representaría un grave problema para ambas delegaciones, ya que implica amenazas a civiles y una violación del cese al fuego. En el informe "¿Plomo es lo que viene?" realizado por Pares, Marín destacó una tendencia a la baja en la violencia en el Catatumbo, posiblemente relacionada con el cese al fuego entre el ELN y el Estado Mayor. No obstante, persiste la disputa y la presencia de otras organizaciones armadas como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua en la región. Ver: (¿Plomo Es Lo Que Viene? dos años de balance y retos de la Paz Total) Por parte del Estado Mayor, están presentes el Frente 41 y el Frente 33, mientras que el ELN cuenta con el Frente de Guerra Nororiental, el Frente Efraín Pabón y el Frente Manuel Pérez, este último en la ciudad de Cúcuta. Además, el Frente de Guerra Urbana del ELN tiene estructuras activas en áreas urbanas.

Por: Redacción Pares En el último informe de la fundación Paz y Reconciliación, ¿ Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de Paz Total 2022-2024 , se hace un balance de cómo están los grupos armados en los dos años de mandato de Petro, en donde su principal bandera ha sido la Paz Total. En uno de los apartes habla de lo intrincado que ha sido sentar en la mesa al Clan del Golfo. Desde la academia se han tendido puentes explicando que, aunque no tienen una ideología clara, el Clan del Golfo representa el remanente de los antiguos grupos paramilitares con los que el Estado colombiano hizo, en los años de la Seguridad Democrática, un acuerdo de paz. La premura con la que fue presentado, la falta de claridad jurídica en los compromisos de verdad y reparación, y el incumplimiento del propio gobierno, derivó en una paz mal hecha que atomizó a las AUC en grupos como el Clan del Golfo. Como sucedió con los paramilitares en la primera década de este siglo, el Clan del Golfo ha contado con políticos que los han ayudado a establecerse en territorio. Políticos que han contado con ayuda financiera y de constreñimiento al electorado para ocupar cargos púbicos. Esto lo recuerda el último informe de Pares. El 1 de mayo del 2022 el máximo líder de la organización, Dairo Antonio Usuga, mejor conocido como Otoniel, dio a conocer, desde la cárcel de los Estados Unidos donde se encuentra esperando su condena, una lista de funcionarios y políticos que, presuntamente y según su versión,  han ayudado a consolidar al Clan del Golfo como la estructura armada y narcotraficante más temible del país. Entregó 63 nombres entre los que se encuentran los siguientes políticos. Miguel Ángel Pinto: senador liberal, nacido en Bucaramanga, en el 2018 saltó de la cámara al senado y obtuvo 85 mil votos. En el 2023 la Corte le abrió una investigación después de que Otoniel dijera sobre él lo siguiente: “Miguel Ángel Pinto era uno de los se les colaboraba con que la gente votaba por ellos para que salieran elegidos y apoyaran las regiones donde operaba el Bloque Centauros”. Otoniel señaló en tres ocasiones a Pinto como uno de sus aliados. A pesar de eso su defensa afirma que se trata de un caso de homonimia y que lo están confundiendo con un señor llamado Miguel Angel Pinto Barón. Milton Rodríguez Sarmiento: Ex senador de la república por el partido de la U entre los años 2008 y 2018. En las elecciones legislativas de 2002, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Colombia con un total de 46.021 votos, la mayor votación en Cundinamarca. Posteriormente, en las elecciones legislativas de 2010, fue elegido senador con un total de 46.130 votos. Jorge Noguera: Uno de los consentidos de Alvaro Uribe. Fue condenado por el asesinato del profesor de la Universidad del Magdalena Alfredo Correa de Andreis ocurrido en el 2002 en Barranquilla. Fue el artífice, además, mientras estuvo al frente del DAS, de las chuzadas durante el gobierno de Alvaro Uribe. Está condenado a 25 años de prisión. Sabas Pretelt de la Vega: El cartagenero dejó una vida de éxito en el mundo empresarial seducido por los cantos de sirena que le llegaban desde el Palacio de Nariño, cuando Uribe era el presidente más amado. Fue su ministro del Interior y, por puro fervor hacia su líder, cometió errores, delitos que lo llevaron a ser destituido e inhabilitado por 12 años en el año 2010, después de comprobarse que le ofreció dádivas -exactamente una notaría- al congresista Teodolindo Avendaño a cambio de favorecer la reelección de Uribe. Fue quien tuvo que darle la cara a los paramilitares en el accidentado proceso de paz con ellos y sigue siendo objeto de acusaciones: en mayo del 2023 Salvatore Mancuso, ante la JEP, manifestó que Sabas le pidió a los paramilitares la creación de un bloque de las AUC para contener a la guerrilla. Luis Pérez Gutierrez: Ex alcalde de Medellín y ex gobernador. En la última campaña presidencial sorprendió su viraje hacia las toldas petristas. Entre los otros políticos, funcionarios y entidades que salpicó Otoniel y que están siendo investigados por la Corte aparecen: Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador de la República, Jorge Camilo Abril Tarache, exrepresentante a la Cámara por el Departamento de Casanare, Orlando Rivas Tovar, exsubdirector del DAS, Alan Edmundo Jara Urzola, exgobernador del Meta, William Hernán Pérez Espinel, exgobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez Suárez, exgobernador de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, exgobernador de Casanare, Heli Cala López, exgobernador (e) de Casanare, Héctor Orlando Piragauta Rodríguez, exdirector Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), Universidad Sergio Arboleda, a quien corresponda, Universidad de Cartagena, a quien corresponda, Ecopetrol, a quien corresponda,  Nelson Ricardo Mariño Velandia, exconcejal de Yopal, Narda Consuelo Perilla, exsecretaria de hacienda del departamento de Casanare, Jacobo Rivera, exsecretario de agricultura del departamento de Casanare, Luis García, exconcejal de Yopal, Alirio Castañeda, exdiputado a la asamblea de Casanare, Milton Álvarez, exdiputado a la asamblea de Casanare, Alcibíades Salamanca, exdiputado a la asamblea de Casanare, entre otros. En abril del 2024 Otoniel reafirmó sus vínculos con políticos y militares en audiencia ante la JEP. En este informe sobre la Paz Total se pone la lupa sobre como está la gran apuesta del gobierno Petro: https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene

Por: Redacción Pares Este 17 de julio se supo que la Fiscalía adelanta una audiencia de imputación de cárcel contra 25 militares implicada en el bombardeo a civiles en la población del Alto Remanso en Putumayo ocurrida durante el gobierno de Iván Duque. Se intentaba “neutralizar” a miembros de las disidencias FARC lo que sucedió fue la muerte de civiles. Estos son los hechos que están incriminando a 25 militares. El 26 de abril del 2022 Diego Molano, entonces altivo ministro de defensa, se presentó ante el Congreso después de ser citado a una moción de censura por el bombardeo a la vereda Alto Remanso, en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Tenía que responder por un operativo al que le habría faltado rigor a la hora de investigar y actuar y cuyos resultados afectaron directamente a la población civil tan sólo unas semanas atrás. El ejército quería dar de baja a dos de las cabezas de los Comando Frontera, conocido también como “Los Sinaloa”, llamado así por el alias de uno de sus líderes. Es un remanente de disidencias FARC con miembros de las antiguas AUC que intentan controlar el tráfico de cocaína hacia Ecuador y se han extendido por el Putumayo. El ejército tenía información sobre los alias “Bruno” y “Managua”. Sabían que el 11 de marzo del 2022 estarían en un bazar organizado por el líder de la Junta de Acción comunal de este caserío, habitado por 200 personas, Divier Hernández Rojas. El objetivo del bazar era conseguir fondos para construir una placa huella que necesitaban. Llevaban tres semanas haciendo constantemente este tipo de bazares para conseguir fondos que les ayudaran  a construir la escuela, vías. A falta de Estado lo que toca es meterle imaginación. Los estaban ayudando organizaciones como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y habían podido recaudar 11 millones de pesos. Como eran tan pocos los habitantes de esta vereda inevitablemente necesitaban la ayuda de vecinos de otras partes para que participaran en esa actividad. Hay que recordar que en este lugar el casco urbano más cercano está a seis horas. La comunidad no podía tener un control riguroso sobre las personas que entraban o salían de esa actividad.  Molano, en su argumentación ante la moción de censura, mostró en diapositivas el prontuario de las personas asesinadas. Se refirió a la actividad como un “Narco-bazar” y que alias “Bruno” había estado en ese lugar para reunir a la población civil y recibir de parte de ellos pasta de coca, en una gravísima acusación y estigmatización hacia uno de los lugares más golpeados por el olvido y el conflicto.  Insistió que las 11 personas asesinadas en el operativo tenían antecedentes judiciales. Una de ellas era el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. A este hombre nacido en Puerto Leguízamo su familia y los que lo querían, que eran muchos, lo llamaban “Pantalones”. Panduro había sido elegido gobernador apenas en enero de ese año. Llevaba tres meses. Los amigos que conocieron a “Pantalones” afirman que uno de sus intereses principales era la conservación del medio ambiente. La vereda Alto Remanso está al lado de un río y la protección de este era vital para que sus condiciones de vida no desmejoraran. Antes de ser gobernador Panduro había ocupado todos los cargos que había en la escala, secretario, tesorero, alguacil mayor, además tenía una tradición familiar de liderazgo, según un perfil que sacó El Espectador sobre él, pertenecía a una familia que había estado comprometido a guardias indígenas y otros procesos étnicos en la región. Panduro, quien jamás había tomado un arma para alzarse contra autoridad alguna, cayó ese 11 de marzo del 2022 abaleado junto a otros inocentes, como el presidente de la junta de acción comunal Divier Hernández Rojas, una mujer embarazada, y una menor de edad, entre otras víctimas. Este hecho además produjo un masivo desplazamiento ya que las personas de esta vereda no encontraban garantías para seguir allí.   Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio constataron que, como había sucedido en otros casos parecidos, a los que les han llamado Falsos Postivos, los cuerpos fueron manipulados para tergiversar la escena del crimen. Una vez se efectúa el operativo se procede con el ocultamiento. Todo para hacerlos pasar como guerrilleros. El error lleva al crimen, en vez de reconocerlo lo que hacen es incriminar. Y el entonces ministro de Defensa incluso salió a defender la tesis ante las acusaciones de congresistas como Katherine Miranda quien le preguntó en su momento a Molano: “El Ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se idenficaran como miembros de disidencias? ¿Por qué se cambiaron de uniforme?”. Otra congresista, María José Pizarro, afirmó que se trataba de “Crímenes de guerra”: Otros congresistas afines al gobierno de ese momento, como José Jaime Uscátegi, defendieron a Molano. El entonces ministro no estaba solo.   Iván Duque afirmó que todos los caídos en esa operación tenían vínculos con el grupo criminal "La operaciones militares y, en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previa". Sin embargo José Guarnizo, director del medio Vorágine y quien estuvo investigando la masacre, afirma lo siguiente: "Hay versiones del Ejército que no coinciden", dice Guarnizo: "Una dice que antes de entrar, se dieron cuenta que Bruno ya no estaba en la vereda. Entonces, ¿por qué realizaron un operativo de estos en medio población civil, sabiendo que su objetivo principal no estaba?".   Pero el presidente jamás cedió. Unos días después de el operativo seguía justificándolo: “El Ejército ha venido explicando punto por punto. Primero, la planeación de la operación.   Segundo, ya salió evidencia del personal armado, de la droga, y fuera de eso, están las incautaciones y tenemos algunos de nuestros hombres heridos”. El entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, también salió a defender a sus hombres y a justificar la barbarie: “Su actuar delictivo es así, vestidos de civil, con armamento, pretendiendo evitar las acciones de la Fuerza Pública. Enseñamos las armas largas, cortas, municiones, granadas, brazaletes, equipos de comunicación, chalecos y dinero en efectivo incautados en la operación”   Poco a poco empieza a hacerse justicia. Molano, una vez salió del gobierno y se lanzó a la alcladía de Bogotá en 2023 cambió un poco su versión y admitió que ese bombardeo pudo haber sido un error fatídico del ejército. Este viernes 9 de mayo se conoció que el próximo 25 de junio serán imputados por la justicia ordinaria 25 militares por esta masacre. Según el informe de la Fiscalía General de la Nación entre ellos estarán un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados. A los mencionados se les acusará de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida.   Algunos de los familiares de las víctimas celebraron la decisión. Esperan además que sea el inicio de la reparación por parte del Estado. Después de que les mataron a los que más querían tuvieron que dejar todo lo que tenían por miedo a lo que podría suceder. En la investigación de la Fiscalía quedó ratificado lo que en su momento denunciaron medios como Vorágine, El Espectador y Cambio: “los militares procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.   La pregunta que también se hacen es si el ex mandatario Iván Duque pedirá disculpas públicamente al igual que el general Zapateiro. Sus declaraciones no sólo justificaron una masacre sino que ayudaron a estigmatizar una población a la que lo único que le ha tocado es sufrir.