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Por: Redacción Pares Agosto arrancó complicado para el gobierno. No sólo estará bajo la lupa de los medios de comunicación por que llega a sus dos años de mandato, se sacarán balances de una de las banderas de gobierno, la Paz Total. El pasado sábado 3 de agosto terminó el cese al fuego con el ELN. Los comentarios que han dejado circular esta guerrilla no son los mejores para la mesa de negociación. Se está pidiendo, desde el Comando Central, que se le reconozca al ELN no como un Grupo Armado Organizado sino como un grupo político. Además hay molestias por la negociación que entablaron con el Frente Comuneros Sur que opera en Nariño ya que es considerada dentro de la misma organización como una disidencia. En este complejo panorama Jovani de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, quien reemplazó en la comandancia del Clan del Golfo a Otoniel, después de su captura en el 2021, anunció que están dadas las condiciones para sentarse a hablar de paz con el gobierno. Ávila conoce la intrincada geografía de Urabá como la palma de su mano. Está en la guerra hace más de dos décadas cuando hizo parte del Bloque Bananero, estructura de las AUC en la que su líder era Evert Veloza. Se desmovilizó en el año 2004 pero dos años después regresaría a las armas y sobre todo al negocio. Su conocimiento de la zona le sirvió para ascender dentro de la organización hasta el punto que en el 2015 era el comandante del bloque Urabá Central, responsable de enviar toneladas de droga a Estados Unidos y el Caribe. Sus principales crímenes están ligados, a diferencia de Otoniel, con el narcotráfico. Tiene muy buenas relaciones con carteles internacionales, uno de ellos es el Cartel de Sinaloa, el otro es la famosa Ndrangheta que funciona al sur de Italia y a la que pertenece, por ejemplo, la familia de Salvatore Mancuso y con la mafia de los Balcanes, temible por su crueldad. Más que con el ejército Chiquito Malo, según el portal Insight Crime, se trenza en constantes combates con el ELN disputándose palmo a palmo el Urabá. Una guerra que nació incluso a finales del siglo XXI cuando apareció el Bloque Bananeros de las AUC en esa región del país. Según el mismo portal otro de los grupos que más disputa territorio con los hombres de Chiquito Malo son los Pachenca, reducto de las AUC. Estos combates se presentan en Magdalena. Sobre Chiquito Malo pesa una recompensa de 5 mil millones de pesos por dar con su captura. Desde que Gustavo Petro se puso la banda presidencial, el grupo ha intentado sentarse en la mesa de la Paz Total. Este 5 de agosto el diario El Espectador publicó, en exclusiva, una resolución en donde se confirmaba que el gobierno entraría en una fase de negociación con el Clan del Golfo y que se sentaría en la mesa Chiquito Malo. Esto ha traído críticas y también comentarios positivos. Desde que el hoy presidente Gustavo Petro empezó a hablar en campaña de una “Paz Integral” que después se conoció como “Paz Total” El Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas, ha estado en el centro de, la que espera ser, el gran legado de este gobierno.

Por: Redacción Pares En Arauca y el Catatumbo existe una estigmatización a los movimientos sociales. Es como si se creyera, en el interior del país, que guerrillas y defensores de derechos humanos en territorio son lo mismo. Así quedó estipulado en la Juntanza Fronteriza por la Paz, una iniciativa creada, con el apoyo de la embajada de Canadá, y la Fundación Paz y Reconciliación. Líderes de departamentos fronterizos de Arauca y Catatumbo dieron su opinión, por ejemplo, sobre los avances de las mesas de diálogos de paz. En ambos lugares el conflicto a azotado con toda su fuerza. La presencia del ELN en Arauca data de 1981 con la fundación del frente Domingo Laín. Han establecido dinámicas de gobernanza que, a pesar de haber convertido el departamento en un corredor de contrabando y mercancías ilícitas con Venezuela, han impedido el cultivo de coca o marihuana en la región. Desde el 2022 el EMC y el ELN han roto su cese al fuego entrando en una confrontación que ha afectado directamente a la población. Según el último informe de la fundación Paz y Reconciliación, han sido asesinados ocho líderes sociales en lo que va corrido del 2024. En el Catatumbo existe una tensa calma entre el Estado Mayor Central, comandado en esa zona por Andrey Avendaño y el ELN. Igual los líderes expresaron su preocupación por un conflicto que lleva más de cincuenta años. En el encuentro participó, entre otros, el líder de la Organización diversa campesina Theylor Villegas quien señaló uno de las conclusiones más interesantes del espacio: la apertura que han tenido los grupos armados con respecto a la diversidad sexual. Hace unos años la comunidad LGBTIQ+ eran víctimas de lo que alguna vez se mal llamó “limpieza social”. Villegas aseguró que incluso hay guerrilleros abiertamente homosexuales: “hay comandantes que apoyan a la comunidad”. Lo que si sigue habiendo falencias es en la atención oportuna del Estado. Estas son algunas de las conclusiones que dejaron la Juntanza: Conclusión: 1.El éxito del proceso de incidencia de las organizaciones de mujeres y jóvenes en la paz total no pasa necesariamente por el desmantelamiento de las estructuras armadas sino en los procesos de pedagogía frente a los actores armados haciéndoles frente a esos procesos de resistencia. Ahí radica el éxito que tiene la construcción de paz, más que enfocarse en actores institucionales que si bien son importante no es lo único. 2. Como se ha incorporado estas identidades de género en estos contextos de conflictividad en los actores armados. Uno de esos casos fue el que vimos con Theylor Villegas en el Catatumbo. Ese tema de la diversidad sexual ha cambiado dentro de las estructuras armadas. 3. La necesidad de hacer más hincapié en los procesos agroindustrilaes, agropecuarios en Arauca donde hay gran proyección, capacidad agroindustrial que no es aprovechado por el gobierno nacional. 4. Es importante el tema de la migración que juega un papel fundamental, además del de el cuerpo de la mujer como botín de guerra, el cuerpo femenino como un instrumento de sometimiento del rival. 5. La necesidad de dejar de estigmatizar a las organizaciones sociales, que no ha sido una labor fácil 6. Existe un desencanto con el gobierno Petro, sobre todo en la negociación con estos actores armados. 7. Hay procesos de violencia diferenciados en cada territorio, entre el Catatumbo y Arauca. En eso hay matices, no hay cultivo de uso ilícitos en Arauca porque el ELN no lo permite. Además allí ha estallado la confrontación entre el ELN y el EMC. En cambio, en el Catatumbo hay una connivencia en el ELN y el EMC en el Catatumbo, eso sí, la paz no es completo, hay una tensa calma.

Por: Redacción Pares Desde mayo del 2023, cuando el comisionado de paz era Danilo Rueda, el gobierno Petro había expresado su intención de sentarse a hablar con el grupo Conquistadores de la Sierra Nevada. Las condiciones se vinieron a dar hasta comienzos de agosto. Las ACSN también son conocidas como Los Pachenca. Son el remanente del grupo paramilitar que alguna vez azotó el Magdalena y Santa Marta, los hombres que estaban al mando de Hernán Giraldo, el temible Taladro, un violador serial acusado de haber abusado de más de 200 mujeres en la Sierra Nevada. El presidente Petro firmó en los últimos días una resolución en donde ordena la instalación de una mesa de diálogos con este grupo. Lo que deja entrever la resolución es que se trataría no de una negociación de paz tradicional sino de un proceso de sometimiento a la justicia. A principios de este siglo los Pachenca se llamaban El Bloque de Resistencia Tayrona y pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia. Se dedicaron a la extorsión, los asesinatos, y sobretodo al narcotráfico. Giraldo, su máximo jefe, adoptó la actitud de gran patriarca, muchos de sus hijos estaban adentro de la estructura. Participó en las negociaciones con el gobierno Uribe y en la desmovilización del 2006. Dos años después sería extraditado a los Estados Unidos. Pagó cárcel, regresó en el 2020, pero acá lo esperaban otros delitos. Fue confinado en la cárcel de Itagui y este año, el 2 de marzo, un juez ordenó su traslado, por motivos de salud, a Barranquilla. Desde el 2012, después de una guerra encarnizada por el control del territorio con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, pasaron a llamarse el Clan Giraldo o los Pachenca. En ese momento el máximo jefe era Jesús María Aguirre Gallego, alias Chucho Mercancía. En los seis años que duró su reinado hasta su muerte en el 2019 Jesús María Aguirre, como se llamaba de verdad, manejó una red de hasta 300 hombres dedicados al delito de la extorsión. Logró, además, ser un puente entre los Pachenca y el propio Plan del Golfo. Una unión que causó devastación en Magdalena. Poco a poco los golpes contra su estructura los fueron debilitando. Un sobrino de Giraldo, Deiver Patiño, conocido como “80” asumió el control del grupo que desde entonces se conocería como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. En el 2020 su nombre se hizo conocido en toda la Costa cuando decidió hacer retenes en toda la Troncal del Caribe. Alli la población recibió panfletos que decían lo siguiente: “No queremos restaurantes, tiendas ni nada abierto, no queremos mototaxis, vendedores ambulantes, absolutamente a nadie. Todo aquel que no cumpla será objetivo militar”. Era una retaliación al asesinato de Deiver Patiño. Desde entonces el poder del grupo ha venido declinando sobre todo por peleas internas.   Alejandro Restrepo, entonces investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que en las zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta, se formaba una pelea entre el Clan del Golfo y los Pachenca por el control de las rutas. El Clan del Golfo podrá tener presencia en más de 100 municipios en toda Colombia, pero, como dijo en su momento Restrepo, nadie parece disputarles el control a los Pachenca de la Sierra Nevada: “Los Pachencas son herederos del Bloque Resistencia Tayrona de las autodefensas, lideradas por Hernán Giraldo Serna, incluso alias 80 era sobrino de Giraldo”. Para el ex gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, los Pachenca llegaron a tener tanto poder que estuvieron asociados a medios de comunicación y a líderes de la región: “Gracias a los narcoclanes político-empresariales, los herederos de Hernán Giraldo han logrado instalar de nuevo un régimen de miedo, afectando la actividad turística y empresarial por cuenta de la extorsión”. Con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro intentaron meterse en la Paz Total. A pesar de que estuvieron dentro de los grupos que hicieron cese al fuego con el gobierno, las conversaciones nunca prosperaron y hoy están lejos de sentarse en una mesa de negociación. El control de los Pachenca se hace sentir en el puerto de Santa Marta y en Ciénaga, además de las inmediaciones de la Sierra. Informes de la policía señalan que controlan el 70% de la cocaína que se consume en la ciudad. La extorsión es otra de sus fuentes de ingreso. En junio de este año uno de sus líderes, Danilo Castillo Castillo, conocido por su alias de “El Menor” fue capturado por la policía en Barranquilla. La serie de golpes indudablemente que ha mermado su poder. Por eso, la mano que les tiende el presidente con la posibilidad de llevar a cabo una mesa de negociación, la tomaron sin pensarlo demasiado.

Por: Katerin Erazo, Periodista En el corazón del sur del departamento del Chocó , un nuevo episodio de violencia ha encendido las alarmas en los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan, donde aproximadamente 50.000 personas se enfrentan a un confinamiento forzado debido a la reciente declaración de paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este anuncio, realizado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, es el resultado directo de la creciente disputa territorial entre esta guerrilla y el Clan del Golfo, un conflicto que ha sumido a la región en una crisis humanitaria sin precedentes. El anuncio del paro armado, que inició a partir de la medianoche del domingo, fue difundido rápidamente por las redes sociales, generando pánico entre los habitantes de estos municipios, los cuales se encuentran en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, así como en la carretera que conecta a Nóvita con Torrá. En su pronunciamiento, el ELN justificó la medida como una acción de defensa de las comunidades y el territorio, argumentando su compromiso revolucionario y la necesidad de prevenir que la población civil se vea afectada en el desarrollo de las operaciones defensivas contra el Clan del Golfo. El ELN también aprovechó su comunicado para denunciar supuestas complicidades entre el Clan del Golfo y las fuerzas armadas del Estado. Según la guerrilla, los paramilitares del Clan del Golfo estarían utilizando embarcaciones de la población civil en el río San Juan, con la connivencia de las Fuerzas Militares y de Policía, poniendo en riesgo la vida y los bienes de los habitantes de la región. Esta acusación refuerza la narrativa del ELN de que su intervención es necesaria para proteger a las comunidades, aunque en la práctica, esta decisión ha confinado a miles de personas en sus hogares, incrementando la ya precaria situación de seguridad y acceso a servicios básicos. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha expresado su preocupación por el agravamiento de la crisis humanitaria en la subregión del San Juan. En declaraciones recientes, Córdoba advirtió que la situación se ha vuelto insostenible debido a la disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo, la cual ha dejado a las comunidades en un estado de vulnerabilidad extrema. "Se ha anunciado un nuevo paro armado por parte del ELN en la subregión San Juan, apelando a los combates con el Clan del Golfo, recrudeciendo la crisis humanitaria en la que se ha mantenido el Chocó por la disputa del territorio", expresó la mandataria, haciendo un llamado urgente a una solución que tenga en cuenta las voces y necesidades de los habitantes del Chocó.   La crisis actual no es un hecho aislado, sino el reflejo de un conflicto más amplio que ha afectado al departamento del Chocó durante años. La falta de presencia estatal efectiva, combinada con la fuerte influencia de grupos armados ilegales, ha convertido a esta región en un escenario de constante violencia y violaciones de derechos humanos. La gobernadora Córdoba subrayó que, mientras no se atiendan las particularidades del territorio y no se escuchen las demandas de sus comunidades, el ciclo de violencia y precariedad continuará cobrando un alto costo en la vida de los chocoanos. En respuesta al anuncio del paro armado, el Ejército Nacional ha desplegado 5.000 tropas en los municipios afectados, con el objetivo de prevenir cualquier acción armada del ELN que pueda poner en peligro a la población civil. Este despliegue incluye la implementación de puestos de control terrestres y fluviales, así como patrullajes aéreos en todo el departamento. Las autoridades también han intensificado los consejos de seguridad en la región para coordinar estrategias que eviten la propagación del terror y el miedo entre los habitantes, especialmente ante las amenazas recientes del ELN. El conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo se desarrolla en un contexto de estancamiento en las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno Nacional. Estas conversaciones, que han estado congeladas desde hace cinco meses, sufrieron un duro revés el pasado 3 de agosto, cuando se suspendió el cese al fuego que había estado vigente durante un año. La suspensión del cese al fuego dejó a las comunidades afectadas en una situación de total desprotección, agravando su vulnerabilidad frente a la violencia que azota la región. En medio de la incertidumbre, las comunidades del Chocó continúan clamando por una solución al conflicto que ha marcado sus vidas durante décadas. La situación en el Chocó es un recordatorio doloroso de las profundas desigualdades y carencias que persisten en algunas regiones de Colombia, donde la ausencia del Estado y la presencia de grupos armados siguen determinando el destino de miles de personas. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en el Chocó, instando al Gobierno Nacional a retomar el diálogo con el ELN y a implementar medidas efectivas que garanticen la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el conflicto entre el Clan del Golfo y el ELN tiene raíces profundas y se ha prolongado en el tiempo. En el contexto del proceso de Paz Total, el ELN ha denunciado una presunta alianza entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo, lo cual se refleja en la ausencia de operaciones militares en áreas controladas por el Clan del Golfo, entre otras dinámicas.   Marín señaló que, según los informes realizados por Pares sobre los enfrentamientos entre el Clan y el ELN, estas confrontaciones no suelen considerarse violaciones directas al cese al fuego de Ética del Conflicto (CEC), siempre y cuando no afecten a civiles. Sin embargo, el reciente paro armado ha generado serias dificultades, como la interrupción de la comercialización de bienes y servicios, restricciones a la movilidad fluvial y el confinamiento de comunidades civiles. Mapa realizado por Sipares La investigadora subrayó que estas problemáticas se suman a las denuncias continuas del ELN en regiones como El sur de Bolívar y Arauca. Estas áreas, que también figuran en los pliegos de peticiones del grupo armado, son escenarios de disputa no solo por el control territorial, sino también por la actividad minera y la importancia estratégica como salida al Pacífico para la comercialización. A medida que el paro armado del ELN avanza, la situación en el sur del Chocó seguirá siendo un foco de atención para las autoridades y la sociedad civil, quienes deben trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones que permitan poner fin a la violencia y restaurar la paz en esta región del país.

Por: Katerin Erazo, Periodista En medio de las t ensiones que han surgido por la implementación de la política de 'Paz Total' del presidente Gustavo Petro, los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y de Santander, Juvenal Díaz, han alzado la voz en señal de alerta. Ambos mandatarios han expresado públicamente su preocupación y rechazo hacia los acercamientos que el Ejecutivo ha entablado con organizaciones criminales como el 'Clan del Golfo' y las disidencias de las FARC, que continúan siendo actores violentos en sus respectivas regiones. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido particularmente enfático en su oposición a las conversaciones que el Gobierno Nacional ha iniciado con el 'Clan del Golfo', una organización que, según Rendón, no ha demostrado voluntad real de desmovilización o de contribuir a la paz en el territorio. En una reciente declaración, Rendón calificó estos diálogos como una "cachetada a los antioqueños", subrayando que la presencia de este grupo en regiones como el nordeste, Bajo Cauca y el oriente del departamento ha exacerbado la violencia y la inseguridad. El 'Clan del Golfo', conocido por su control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, ha sido señalado por Rendón como una de las principales fuentes de violencia en Antioquia. El gobernador destacó que, bajo el pretexto de ser un grupo insurgente, esta organización ha generado una profunda crisis humanitaria en más de 80 municipios, afectando a comunidades que sufren a diario por homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y confinamientos. Además, el drama de los migrantes que intentan cruzar el Darién, siendo víctimas de extorsiones y violaciones de sus derechos por parte del 'Clan del Golfo', fue otro punto crítico mencionado por Rendón. El mandatario departamental insistió en que la visión del Gobierno Nacional de entablar un diálogo con este grupo es errónea, ya que considera que no se puede hablar de paz con quienes no han mostrado ningún interés en abandonar sus actividades delictivas. "La paz es seguridad, la paz es justicia, la paz son oportunidades sociales", afirmó Rendón, enfatizando que cualquier proceso de paz debe estar basado en el respeto a la ley y en la protección de las comunidades afectadas. En Santander, el panorama no es menos preocupante. El gobernador Juvenal Díaz ha lanzado duras críticas contra las disidencias de las FARC, quienes, a pesar de los diálogos con el Gobierno Nacional, han continuado con sus actividades criminales, poniendo en jaque la seguridad del departamento. Díaz, visiblemente molesto, denunció que las disidencias han violado el cese de hostilidades acordado con el Gobierno, desplegando acciones violentas como el "plan pistola" que ha generado una alerta roja en la región. El gobernador Díaz hizo un llamado urgente para que se active el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, mencionando que ha enviado varias cartas al Gobierno Nacional sin obtener una respuesta contundente. Según Díaz, las amenazas y los actos de intimidación por parte de las disidencias no solo representan un desafío a la autoridad del Estado, sino que también ponen en peligro la vida y la tranquilidad de los ciudadanos de Santander. Díaz fue claro en su posición de que la paz no debe ser confundida con impunidad. "No vamos a permitir que estos bandidos de las disidencias de las Farc, que hoy negocian con el Gobierno Nacional, vengan impunemente a Santander a amedrentar a nuestros ciudadanos", afirmó el gobernador, quien además insistió en la necesidad de una respuesta firme por parte del Ejecutivo ante estas violaciones al acuerdo de cese de hostilidades. Las críticas de los gobernadores de Antioquia y Santander se suman a una creciente preocupación a nivel nacional sobre la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro en su política de 'Paz Total'. Si bien el objetivo del presidente ha sido poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia a través del diálogo y la negociación con diversos grupos al margen de la ley, las recientes denuncias sobre violaciones a los acuerdos de cese al fuego y la continuidad de actividades criminales han generado dudas sobre la efectividad y los riesgos de este enfoque. El Gobierno ha defendido su postura argumentando que el diálogo es un camino necesario para lograr una paz duradera en el país, y que los acercamientos con grupos como el 'Clan del Golfo' y las disidencias de las Farc buscan desescalar el conflicto y encontrar soluciones negociadas. Sin embargo, los mandatarios regionales, como Rendón y Díaz, han señalado que estos intentos podrían estar enviando un mensaje equivocado, incentivando a los grupos armados a mantener su capacidad de violencia mientras negocian desde una posición de fuerza. El reciente anuncio del Gobierno sobre el inicio de conversaciones con el 'Clan del Golfo' ha sido particularmente polémico, ya que este grupo ha sido uno de los principales actores en el incremento de la violencia en varias regiones del país. Para los gobernadores como Rendón, cualquier diálogo con este tipo de organizaciones debería estar condicionado a un cese completo de sus actividades ilegales y a la rendición de cuentas ante las comunidades afectadas. Por su parte, en Santander, la situación es igualmente tensa. Las disidencias de las FARC, que han estado en conversaciones con el Gobierno, podrías estar siendo una amenaza activa para la seguridad del departamento, lo que ha llevado a Díaz a exigir una revisión y fortalecimiento de los mecanismos de verificación del cese al fuego. Las críticas de los gobernadores de Antioquia y Santander reflejan una creciente desconfianza hacia la política de 'Paz Total' del Gobierno Petro, subrayando la necesidad de un enfoque más riguroso que garantice la seguridad de las comunidades afectadas y el cumplimiento de los acuerdos por parte de los grupos armados. La paz en Colombia, según los mandatarios, no puede ser alcanzada a costa de la justicia y la protección de los ciudadanos que han sufrido las consecuencias del conflicto durante tantos años.

Por: Redacción Pares El jueves 27 de mayo del 2021, en pleno estallido social, en Arauca se presentó uno de los casos más aberrantes de falsos positivos judiciales. En hora y media, entre las 4:30 y las 6:00 de la mañana, en un operativo conjunto entre el ejército, el CTI y la policía, en cinco municipios cercanos a Bogotá y a Arauca, detuvieron a 11 miembro de la Asociación Campesina de Arauca, ACA. La Fiscalía de Francisco Barbosa presentó esta acción con el siguiente nombre: “Ofensiva contra las disidencias del frente Décimo de las Farc que delinquen en zona de frontera con Venezuela”. La acusación ante ellos era la de pertenecer al frente de la disidencia de las FARC de Gentil Duarte. El diario El Espectador en su momento, presentó este listado explicando la función que cumplía cada uno de ellos “Alexander Botía, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la gobernación; Nini Johana Cardozo, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas e integrante del Consejo Nacional de Paz; Anderson Rodríguez, presidente de la ACA; Jhon Alexander Romero, vicepresidente de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal de Saravena; Ruth Pita, concejal de Fortul; Fredy Leonar Camargo, secretario de Planeación e Infraestructura de Fortul; Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena; Danilo Huertas, representante de víctimas de Saravena; Diana Molina, dirigente sindical y enfermera del hospital de Saravena; y Helber Ramírez, empleado del Banco Agrario. Ante la detención la sociedad civil se pronunció. ACA fue creada en el año 2000. Cuenta con más de 3.700 miembros. Uno de sus miembros fundadores fue Luz Perly Córdoba Mosquera, líder campesina, ex candidata a la asamblea de su pueblo, Arauquita, el mismo donde sufrió el aparatoso y extraño accidente que acabó con su vida. El ataque a los miembros de la Asociación de Campesinos de Arauca es constante. Tres años después de la detención de sus 11 miembros hay uno que sigue detenido, Alexander Botía, sobre el que aún no hay respuestas claras. Y la estigmatización contra las organizaciones sociales en Arauca continúa. En el último informe publicado por la fundación Paz y Reconciliación con el apoyo de la FOIDHE, se denuncia el asesinato de 8 líderes sociales en lo que va corrido del 2024. La situación ha empeorado desde el 2022 cuando el ELN y el EMC entraron en un conflicto en donde, como siempre sucede, los que pagan es la población. El informe, titulado Arauca, un reto de frontera para la paz , es un intento de quitar el estigma sobre las más grandes organizaciones sociales que han funcionado históricamente en el departamento. Otra de ellas es Centro Oriente, tal vez la más antigua de las organizaciones sociales en Arauca. Después de la fallida reforma agraria de 1962, campesinos de todas partes del país llegaron al Sarare, y allí fueron olvidados sistemáticamente por un Estado que se había comprometido a protegerlos. Según la página de Centro Oriente los antecedentes en los que se formaron fueron “el destierro, la violencia y la negación que ejercen los poderosos de la patria, sobre los humildes trabajadores que verdaderamente han forjado nuestra región. Pero lo son también las históricas y constantes luchas por defender los derechos, ese sueño imborrable de una patria: justa, digna, sin divisiones sociales, en donde nuestro trabajo permita realizarnos plenamente como personas, y no se nos condene a la violencia social”. Además de la estigmatización Centro Oriente ha sufrido durísimos atentados. Uno de ellos ocurrió en enero del 2022 cuando un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, en Saravena, donde funciona la sede principal de esta organización. En ese lugar también opera el medio de comunicación Trochando sin frontera. Marcha Patriótica es otra organización social que se ha plantado contra la injusticia y el olvido en Arauca y han sido perseguidos como sucedió en el año 2017 cuando atentaron contra uno de sus líderes en el departamento, Francisco Gómez, quien defendía a cuarenta familias que habían sido despojadas de tierra por parte de la empresa petrolera occidental de Colombia en Arauquita. Allí, en ese municipio, sicarios entraron a su casa y dispararon contra él. En el informe de la Fundación Paz y Reconciliación se identifican estos grupos operando en Arauca: el Frente de Guerra Oriental (FGO) del ELN, una evolución del histórico Frente Domingo Laín Sáenz y el Comando Conjunto de Oriente (CCOr) del EMC, integrado por los Frentes 10°, 28° y 45° delas antiguas FARC-EP. Estos dos bloques se encuentran en una guerra regional, desde el 2 de enero de 2022. Desde el año 2021 la Defensoría del Pueblo ya venía alertando sobre una posible confrontación en las alertas tempranas 06 – 21 y 023 – 21, sin embargo, se terminó de evidenciar en la AT011 – 231. Después de un período de relativa calma en el primer semestrede 2023, se han reportado altos riesgos en el aumento del conflicto y confrontación militar entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP. Esto se debe al incremento de tensiones entre los grupos armados debido a los movimientos en sus posiciones territoriales y a la reducción de la distancia geográfica entre ellos”. En este informe se podrá ver al detalle el peligro que corren en el departamento las organizaciones que defiende los derechos humanos:

Por: Katerin Erazo, Periodista 66 militares que habían sido secuestrados desde el 9 de agosto en una zona rural de San José del Guaviare, finalmente recuperaron su libertad. Este suceso, que ha generado un intenso debate a nivel nacional, pone de relieve las tensiones persistentes en las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia y las fracturas dentro del gobierno en la interpretación de los hechos. Todo comenzó cuando un grupo de 98 militares, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, fue interceptado por personas que se identificaron como miembros de guardias campesinas de las veredas Chuapal y Bocas de Caño Cafra, en San José del Guaviare. Estas personas, alegando la defensa de sus territorios, impidieron que los soldados continuaran con sus operaciones en la zona, reteniéndolos contra su voluntad. Las Fuerzas Militares informaron que los soldados estaban desplegados en la región en respuesta a amenazas y extorsiones atribuidas a Alexis Guerra, alias Cancharino, un conocido integrante de la estructura Jorge Suárez Briceño. Este grupo armado había emitido panfletos en los que obligaba a los comerciantes del sur del Meta y San José del Guaviare a cerrar sus negocios durante varios días en julio. La presencia militar, por tanto, tenía como objetivo contener la expansión de las actividades criminales y proteger a la población civil de posibles represalias. Sin embargo, la retención de los soldados se extendió por más de 72 horas. Fue solo el 10 de agosto cuando un primer grupo de aproximadamente 40 militares fue liberado, quedando aún 66 soldados en cautiverio. La liberación completa se logró el 12 de agosto, cuando estos últimos soldados fueron dejados en libertad, según informaron las Fuerzas Militares en un comunicado oficial. El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó la liberación de los uniformados y atribuyó el secuestro a comunidades "instrumentalizadas" por el bloque "Jorge Suárez Briceño". La reacción oficial fue contundente, subrayando que las tropas permanecerían desplegadas en la zona para garantizar la seguridad y combatir todos los fenómenos de criminalidad. El general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3, también se pronunció sobre la situación, alertando a las comunidades locales sobre los riesgos de permitir la retirada de las fuerzas militares. Según Vargas, esto dejaría a la población a merced de grupos armados ilegales que podrían actuar con total impunidad. El general enfatizó que, por ley, no existe ningún territorio en Colombia donde las instituciones del Estado no puedan actuar, rechazando cualquier intento de limitar la presencia estatal en las regiones más conflictivas. El incidente también expuso profundas divisiones dentro del gobierno. Mientras los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Juan Fernando Cristo, atribuyeron las retenciones a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias Calarcá, otras voces dentro del Ejecutivo negaron esta versión. Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno en los diálogos con el EMC, desmintió cualquier vinculación de las disidencias con el secuestro, respaldando la versión del alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, quien aseguró que fueron las guardias campesinas, y no la guerrilla, las responsables de la retención de los soldados. Diomedes Torres, un destacado líder campesino de Guaviare, también cuestionó la narrativa oficial. En una entrevista con W Radio, Torres rechazó la idea de que lo ocurrido fuera un secuestro, argumentando que se trató de una retención, la cual describió como "el único medio de manifestación pacífica" que tenían las comunidades en ese contexto. Según Torres, los soldados no estaban privados de su libertad en el sentido tradicional y podían moverse dentro del área. "No podemos llamarlo secuestro porque en ninguna parte del mundo ningún civil ha secuestrado a ningún armado, una cosa es un sometimiento, distinto a un secuestro y una retención", afirmó. El líder campesino también criticó lo que describió como "atropellos del Ejército" en la región, mencionando que la presencia militar había generado un creciente descontento entre los campesinos, quienes acusan a las tropas de quemar casas y de actuar con un exceso de fuerza. Este episodio refleja la complejidad de la situación en las regiones donde el conflicto armado sigue siendo una realidad laten. La controversia generada por este incidente pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y concertado en la relación entre el Estado y las comunidades afectadas por el conflicto. Mientras algunos sectores insisten en la necesidad de una presencia militar robusta para combatir a los grupos ilegales, otros abogan por soluciones más dialogadas y respetuosas de los derechos de las comunidades rurales.

Por: Redacción Pares En lugares como Sipí en el Chocó, por sus calles, desde el pasado domingo no circula un alma. Tiene la desolación de esos pueblos descritos en sus cuentos por Juan Rulfo en donde lo único que se ven los fantasmas de los que se fueron. El paro armado decretado por el Frente Occidental de esta organización armada es producto de las confrontaciones con el Clan del Golfo -con quienes el gobierno además ya abrió mesa de negociación-por el control del territorio y tiene afectadas a 50 mil personas que en este momento están confinadas. Han sido reiterados los pedidos del obispo de Quibdó de que se abran canales comunitarios para que ancianos que necesitan de sus medicinas puedan acceder a los puestos de salud. Con el correr de los días la situación se agrava en incluso, como afirmó el defensor del pueblo Julio Balanta Mina, se tema que existan en los próximos días desabastecimiento alimentario “La limitación del acceso a los servicios esenciales como alimentación, salud, educación agravan el lamentable panorama. Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento”. Mientras tanto el ELN se pronunció el pasado miércoles 14 de agosto. En una comunicación que había sido clasificada de confidencial, y que el gobierno nacional hizo pública, el grupo guerrillero le pide a Vera Grave y a Iván Cepeda, jefes negociadores del gobierno en la mesa, “franqueza y claridad al país”. El ELN alega que la culpa de las congelaciones en la mesa, de la no renovación del cese al fuego, se debe a que, primero, se decidió reconocer al Frente Comuneros Sur, que es considerado por el Comando Central una escisión del ELN, como un grupo con el que se puede negociar y lo otro es que no haya sido considerado al pedido del COCE de sacarlos de la lista de grupos armados organizados. En otro de los apartes los comandantes guerrilleros le reprochan al gobierno Petro una supuesta y constante falta de palabra con lo pactado. “Mientras el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares daban por culminado el cese del fuego y orientaban reanudar las operaciones ofensivas contra el Eln, el comando central hace una extensión técnica del cese hasta el 23 de agosto para que se cumpla el acuerdo de sacar al Eln de la lista de los Gao". Como se ve y tal como lo describió el Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño, este si puede ser la peor crisis vivida en los diálogos. El comunicado del ELN deja claro que existe incluso un ultimátum: si de acá al 23 de agosto el gobierno no publica que el ELN ha dejado de estar en la lista de los GAO, la mesa de negociación no sólo se congelará sino que, es posible, que se levanten, fracturando el tronco central de la Paz Total.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Minga Indígena del Cauca ha llegado a Bogotá, trayendo consigo no solo una marcha masiva sino un mensaje contundente al Gobierno Nacional. Desde la noche del 19 de agosto, cuando los primeros miembros de la Minga arribaron a la capital, se ha puesto en marcha un proceso de movilización y diálogo que busca hacer frente a la situación de violencia que azota los territorios indígenas en el suroccidente del país. hoy, la minga indígena toma las calles de Bogotá en defensa de la vida, la paz y la dignidad de sus comunidades. Los pueblos Nasa, Yanakuna, Kokonuko, Misak, Ambaló, Kisgo, Polindaras, Totoróez, Eperâara Siapidâara e Inga, representados por 139 autoridades indígenas, han decidido emprender esta movilización como una respuesta a la creciente violencia en el departamento del Cauca. Desde marzo de 2024, esta región ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas por alias Iván Mordisco. La disputa territorial por parte de actores armados ilegales ha puesto en riesgo no solo la vida de los habitantes, sino también la gobernabilidad y el control social ejercido por las comunidades indígenas. Uno de los numerosos actos de violencia en estos territorios ocurrió el pasado domingo 18 de agosto, cuando un guardia indígena fue asesinado por hombres armados en el municipio de Toribío. Según un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en este municipio se han registrado al menos 15 homicidios en las últimas tres semanas. Según Yesid Conda, Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la situación es insostenible: "Hay violencia en nuestros territorios. Actores armados ilegales se disputan nuestros territorios, poniendo en riesgo la vida de nuestros pueblos indígenas y nuestra gobernabilidad interna". Ante este panorama, la Minga exige una atención inmediata y una ruta de acción por parte de las instituciones del Estado, que permita frenar la escalada de violencia y proteger a las comunidades. El Parque El Renacimiento, ubicado en el centro de Bogotá, se ha convertido en el epicentro de la Minga. En este espacio, las comunidades recibirán asistencia humanitaria por parte de la Alcaldía Distrital y el Ministerio del Interior, mientras se llevan a cabo mesas de diálogo con diferentes delegados del Gobierno Nacional. Aunque se espera una conversación directa con el presidente Gustavo Petro, aún no se ha confirmado si este accederá a reunirse personalmente con los líderes indígenas. Más allá de la seguridad en sus territorios, la Minga ha planteado otras demandas claves. Las comunidades indígenas exigen mayor participación en los procesos de paz y en los diálogos que el gobierno ha promovido con distintos actores armados. Para ellos, es crucial que las poblaciones afectadas tengan voz en la construcción de consensos sobre las estrategias que buscan transformar su realidad territorial, social y económica. Una de las preocupaciones centrales de la Minga es la amenaza que representan algunas multinacionales para los territorios indígenas. Las comunidades denuncian que las operaciones productivas de estas empresas están afectando gravemente sus ecosistemas y modos de vida. Además, han manifestado su descontento con recientes decisiones judiciales que han otorgado títulos de tierra a terceros en áreas que, históricamente, han pertenecido a los pueblos indígenas. En este contexto, los líderes han reiterado la importancia de respetar la Ley de Origen y el Derecho Propio, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.   Los y las indígenas también han hecho un llamado urgente para que el Estado reconozca el agua como un sujeto de derechos, con el fin de garantizar su protección y la supervivencia de las comunidades. Asimismo, han solicitado que se fortalezcan los mecanismos de salud intercultural, respetando las prácticas médicas tradicionales que cada una de las agrupaciones ha implementado para sus afiliados. Esta no es la primera vez que los pueblos indígenas del Cauca se desplazan hasta Bogotá para exigir cambios en las políticas del gobierno. En septiembre y diciembre de 2023, realizaron movilizaciones similares para protestar contra decisiones que consideraban perjudiciales para sus territorios y su autonomía. Sin embargo, en esta ocasión, el contexto de violencia y las crecientes tensiones han hecho que sus exigencias sean aún más urgentes. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha hecho un llamado al Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) para que no recurran a bloqueos de vías, especialmente la Panamericana, como medida de presión. Según el ministro, “el Gobierno nacional mantiene un canal de conversaciones con todas las comunidades y está dispuesto a continuar con oídos abiertos, pero sin que tengan que recurrir a las vías de hecho para recibir atención". Sin embargo, los líderes indígenas insisten en la necesidad de hacerse escuchar y han reiterado que la movilización en Bogotá es parte de su estrategia para visibilizar las problemáticas que enfrentan. Durante los próximos días, se espera que la Minga adelante una agenda de reuniones con distintos actores gubernamentales, donde se abordarán temas relacionados con la seguridad en los territorios, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la participación en los procesos de paz. Aunque aún no se ha confirmado la participación directa del presidente Petro en estas mesas de diálogo, la expectativa de las comunidades es que el mandatario escuche sus propuestas y actúe con prontitud para responder a sus demandas. El Ministerio del Interior se ha comprometido a coordinar la logística para la Minga, incluyendo la instalación de unidades sanitarias, carpas y otros servicios necesarios para garantizar la estancia digna de los indígenas en Bogotá. Por su parte, la administración distrital, a través del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, ha asegurado que se cumplirán todos los requisitos para una movilización pacífica y ordenada. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la situación en el Cauca se enmarca dentro de diversas acciones implementadas por el Gobierno Nacional. Por un lado, se ha intensificado la respuesta militar frente a la presencia y fuerza del Estado Mayor Central en el territorio. Esta estrategia está acompañada por planes de intervención territorial que buscan un trabajo conjunto entre diversas entidades. La presencia militar en la región responde, en parte, a los hechos de violencia protagonizados por el Estado Mayor Central. De acuerdo con un reporte reciente, en los últimos meses se han registrado 109 combates entre las Fuerzas Militares y este grupo, 133 ataques a la fuerza pública y 60 hostigamientos. Además, las Fuerzas Militares han logrado recuperar a 76 menores de edad que estaban siendo reclutados por el Estado Mayor Central. Este contexto de movilización y conflicto también se agrava con la reciente muerte de Víctor Alfonso Yule, integrante de la Guardia Indígena, quien falleció en Toribío, Cauca. A este hecho se suma el asesinato de líderes sociales, especialmente indígenas, que han denunciado la disputa territorial y los enfrentamientos provocados por el Estado Mayor Central. La llegada de la Minga Indígena a Bogotá resalta la necesidad de un enfoque integral para abordar los desafíos de seguridad y desarrollo en las regiones más afectadas por la violencia en Colombia. La movilización no solo busca soluciones inmediatas, sino también una transformación estructural que permita construir una paz duradera en los territorios indígenas. Los líderes han insistido en que esta lucha no es solo por ellos, sino por el bienestar de todo el país, pues consideran que la protección de la vida y el territorio es un deber colectivo. En los próximos días, la atención estará puesta en el desarrollo de las conversaciones entre la Minga y el Gobierno Nacional, así como en las acciones que se tomen para responder a las demandas de las comunidades indígenas. Mientras tanto, la movilización continúa, recordándole al país que la paz, la justicia y la dignidad son principios que deben ser defendidos, incluso a través de la resistencia pacífica y la lucha organizada.

Por: Redacción Pares Este 21 de agosto el Bloque Amazonas de lo que hasta hace poco se conocía como el Estado Mayor Central, cuyo máximo comandante es Iván Mordisco, anunció en un comunicado el inicio de confrontaciones militares contra los miembros del EMC que continúan en la mesa de negociación con el gobierno. Estos frentes, que aún creen en la Paz Total, son comandados por Alexander Díaz, mejor conocido por su alias, el de Calarcá Córdoba. Hace un mes, en un video difundido a través de sus redes sociales, Calarcá y Andrey Avendaño, quien se mueve en el Catatumbo, habían anunciado una ofensiva que planeaba Mordisco y sus hombres contra ellos. “Fraccionalista” así llama Mordisco en el siguiente comunicado a Calarcá. También se le acusa a este hombre de iniciar la guerra ya que en los últimos días habría asesinado a cuatro miembros del Bloque Amazonas. Para entender lo que está sucediendo es necesario saber cómo surgió el EMC y por qué deciden primero levantarse de la mesa de negociación en el 2016 con Juan Manuel Santos. En junio del 2016 el Frente Primero de las FARC, al mando de Gentil Duarte, se levantó de las negociaciones de La Habana y declaró la continuación de la lucha armada. Siete años después esta disidencia se conoce como Estado Mayor Central y es la segunda estructura armada más grande del país detrás del ELN. El 16 de octubre del 2023 el gobierno Petro estableció formalmente una mesa de negociación y un cese al fuego con el Estado Mayor Central. Aunque se tenían dudas sobre la cohesión que podría tener esta estructura y el nivel de mando que podría tener Iván Mordisco, su máximo comandante, para mantenerlas unidas, la negociación con los que alguna vez traicionaron el acuerdo continuó. Aunque hay comandantes como Andrey Avendaño en el Catatumbo y Calarcá en los Llanos Orientales que han hecho respetar este cese al fuego, las 24 estructuras al mando de Iván Mordisco y que se mueven en la zona amazónica, en el oriente, el centro y el suroccidente del país, generaron ataques armados, tomas guerrilleras e incluso mataron a líderes sociales. El sábado 16 de marzo del 2024, después del ataque en Toribío a una minga que venía de hablar en Cali con el mismo presidente y que dejó a una mayora asesinada, Petro dio el golpe sobre la mesa y decidió decirlo no más a la negociación con el EMC que comanda Mordisco. En uno de sus encendidos discursos en Tierralta Córdoba Petro se despachó contra Mordisco que le recordó su pasado en las FARC, donde, según él, no era más que un “chofer” además, siguió “de Las FARC hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución (...) Es un traqueto vestido de revolucionario". Mordisco, en los breves momentos en los que se ha dejado entrevistar y enfocar por las cámaras de los medios tradicionales se ha mostrado altivo, inmaculado en su uniforme, en lujosas camionetas 4x4 y, sobre todo, arrogante. No se le quedó callado a la afirmación de Petro "Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las FARC). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo". La verdad es que Mordisco, cuyo nombre verdadero es Néstor Gregorio Vera Fernandez, en las Farc era mucho más que un chofer. En el 2016, poco antes de que Timochenko y Petro se reunieran en el teatro Colón para refrendar los acuerdos con una firma en el Teatro Colón, Mordisco era el comandante del frente Primero llamado “Armando Ríos”. Se dedicaba de cosas terribles como reclutamiento forzados de menores, extorsiones y minería ilegal. Sobre ideología sabía muy poco. Tenía ya en su mando 400 miembros. Comenzó en el 2003. Era francotirador y explosivista. Después de que el La Operación Jaque capturara a alias César, Mordisco se quedó como comandante del Frente Primero. En el 2015 fue capturado pero unas semanas después lo dejaron en libertad. Nunca creyó en el proceso de paz. A mediados de 2016, cuando ya estaba cantado que FARC y gobierno Santos llegarían a un acuerdo, Mordisco envió una carta donde explicó las razones por las que no se acogería a la Paz. En la carta invitaba a todo a aquel que quisiera seguir “con la lucha insurgente”. Sólo hasta ese momento Mordisco había sido un segundón. Incluso dentro de la misma disidencia no le alcanzaba para ser un jefe máximo. Gentil Duarte estaba por encima suyo. En mayo del 2022, en Venezuela, Gentil Duarte fue asesinado. Mordisco entonces se entronizaba en el EMC. La fama y liderazgo del guerrillero se vio fortalecida después de que en agosto del 2022 el gobierno afirmó que en un bombardeo lo había matado. En octubre salió muerto de la risa. Ninguna bala lo había tocado. Bajo el reinado de Mordisco territorios como Argelia, en Cauca, han multiplicado sus hectáreas de coca. Según el portal InSight Crime Mordisco sabe moverse muy bien por los grandes corredores por donde se transporta la coca Mordisco controla y ha incrementado los cultivos ilícitos de coca y la producción de cocaína bajo el control del EMC, beneficiándose de los corredores de la droga por el Guaviare, Vaupés, Vichada y el sur del Meta. El Frente 1 también ha abierto rutas de narcotráfico a través del norte del Amazonas, alrededor de Puerto Córdoba y La Pedrera, donde los ríos Apaporis y Caquetá proporcionan una ruta hacia Brasil. Mordisco se mueve en los departamentos del Vaupés, Vichada y Guaviare, pero también sabe como actual en departamentos como el Cauca. La base de los hombres con lo que cuenta Mordisco los heredó de Gentil Duarte, su comandante. No le vendría mal una alianza con grupos como La Nueva Marquetalia, quien también alguna vez formaron parte de las FARC. Pero eso es imposible, Mordisco está en franca confrontación con ellos. Incluso se ha llegado a pensar que Mordisco estaría detrás del asesinato de uno de los líderes de esa disidencia, Jesús Santrich y que habría sido el hombre que ordenó el atentado que hoy tiene postrado a Iván Márquez. El 16 de julio del 2024 el ministro Iván Velásquez anunció una avanzada contra Iván Mordisco en sus hombres. Plomo es lo que les llovería. Unos cuantos días después tanto Calarcá como Avendaño anunciaron una guerra interna entre el EMC: Mordisco jamás les perdonaría que lo dejaran solo en su guerra contra el gobierno. El estado de la negociación no puede estar más empantanada. Aunque ahora, con este comunicado, lo que se vendrá es una confrontación armada, justificada por Mordisco con estas razones en el comunicado “Es doloroso que siempre nos busquen arrinconar con la guerra, y en esas condiciones no nos queda más que el honor y el valor para enfrentarlos hasta derrotarlos, por tal razón se ha ordenado a las unidades en el área entrar en combate con cualquier fuerza que se encuentre en el avance de retoma del área”. Lo que más preocupa es a la gente. Este es el comunicado que ha desatado el terror.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno continúa avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, esta vez mediante la firma de un decreto que establece nuevas áreas de reincorporación para los excombatientes. El Decreto 1048 del 14 de agosto de 2024, suscrito por el presidente Gustavo Petro, reglamenta la creación de Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC) como un mecanismo para fortalecer la integración social y económica de aquellos que optaron por dejar las armas y reiniciar su vida en la legalidad. Esta normativa se inscribe dentro del punto del acuerdo relacionado con la reincorporación de los excombatientes a la sociedad civil, una de las piedras angulares del proceso de paz. El decreto busca transformar los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en territorios con condiciones adecuadas para garantizar la estabilidad de las comunidades allí asentadas. Según la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, esta medida representa un “enorme avance para el proceso de reincorporación” y subraya el respaldo del gobierno de Gustavo Petro al acuerdo firmado en La Habana. Para Miller, la creación de las AERC constituye un esfuerzo clave para saldar una deuda pendiente con los excombatientes, quienes durante siete años han esperado mejores condiciones para su reincorporación. El decreto establece criterios específicos para la creación de estas áreas de reincorporación, considerando tanto las características de los grupos que accederán a ellas como la geografía del territorio. En zonas rurales, se requiere un mínimo de 15 personas para formar una AERC, mientras que en áreas urbanas dispersas el número asciende a 70. Esta normativa también establece que la dispersión del grupo no debe exceder los límites de un corregimiento, localidad o vereda, lo que busca asegurar la cohesión territorial y comunitaria dentro del proceso. Además de definir la cantidad de personas y la delimitación geográfica, el decreto señala que los reincorporados deberán especificar el uso que darán a las tierras asignadas, ya sea para proyectos productivos, espacios comunitarios o actividades políticas. Este enfoque integral pretende crear entornos donde los excombatientes puedan desarrollarse de manera autónoma y sostenible, contribuyendo tanto a su bienestar como al de las comunidades donde residen. En cuanto al proceso de transición de los ETCR a AERC, el decreto detalla que aquellos espacios que cumplan con los requisitos establecidos podrán ser reconocidos oficialmente bajo esta nueva figura. La resolución para tal reconocimiento será emitida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la cual también determinará el procedimiento para la consolidación y cierre definitivo de los ETCR. Este procedimiento incluye la adjudicación de tierras y la creación de soluciones habitacionales, un aspecto que busca brindar estabilidad tanto temporal como permanente a los excombatientes, en línea con los programas gubernamentales de vivienda. La creación de las AERC no sólo responde a la necesidad de consolidar los avances en el proceso de reincorporación, sino también a una demanda constante de los firmantes del acuerdo: contar con condiciones dignas para rehacer sus vidas y contribuir activamente a la construcción de paz en sus territorios. Al establecer estas áreas, el gobierno busca garantizar que los procesos colectivos de reincorporación no queden a merced de la precariedad, sino que se desarrollen en entornos propicios para la inclusión social, el acceso a servicios públicos y la generación de oportunidades económicas. Por otra parte, es importante destacar que, si bien las AERC no implican una figura jurídica dentro del ordenamiento territorial, su reconocimiento permitirá la formulación de planes específicos para cada proceso colectivo, ajustados a las realidades y necesidades de los excombatientes y las comunidades locales. En este sentido, el Programa de Reincorporación Integral juega un papel central, asegurando que la transición desde la vida armada hacia la vida civil se realice con garantías y apoyo institucional. Finalmente, el decreto resalta que quienes continúen residiendo en las zonas donde se encontraban ubicados los ETCR que sean objeto de cierre, seguirán recibiendo apoyo en el marco de las acciones del Programa de Reincorporación Integral. Esto es crucial para evitar la desarticulación de comunidades que han logrado cierto nivel de organización y estabilidad a lo largo del proceso. En resumen, la creación de estas Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva es una apuesta por dar continuidad y solidez a uno de los componentes más sensibles del Acuerdo de Paz, garantizando que quienes dejaron las armas puedan construir una nueva vida en condiciones de dignidad y seguridad, contribuyendo así a una paz duradera en Colombia.

Por: Redacción Pares Desde 1971 el CRIC ha sido sinónimo de dignidad. Ese año siete cabildos e igual número de resguardos crear el primer Comité. Desde entonces han venido luchando por mejorar las condiciones de vida. La guerra ha sido particularmente dura con ellos. La guerra no pasa. En el Cauca los indígenas son los que peor la han pasado en estos últimos meses. Cuando las FARC se desintegran por la firma del acuerdo de paz, El Estado no copó esos territorios, los que sí lo hicieron fueron las disidencias más grandes, la de Gentil Duarte y otros grupos armados que se pelean ese territorio, privilegiado por su posición estratégica, ideal para cultivar coca y luego sacarla hasta el Pacífico. El EMC de Iván Mordisco ha sido cruel con las autoridades indígenas. En marzo del 2024 el presidente rompió el cese al fuego con este grupo armado después de que fuera asesinada una de sus mayoras. Desde entonces el CRIC ha escuchado las quejas de sus miembros en territorio y una de sus quejas más repetidas es saber qué está pasando con la Paz Total, con los procesos de negociación con los grupos que azotan su zona de influencia. Al agotarse los canales de comunicación con el gobierno cuatro mil indígenas llegaron el miércoles de la semana pasada y se apostaron en predios cercanos al museo de la memoria, por la calle 26. Tienen reclamos concretos. Jhoe Sauca, consejero mayor del CRIC, le contó a El Espectador cuales son sus exigencias: “El respeto por las autoridades ancestrales de las comunidades indígenas, la situación de paz,el conflicto y la ruta para desescalar la violencia; las garantías normativas a las que el Gobierno se comprometió a trabajar con el DAPRE, y por último la transformación real de las regiones, en donde hay varios cuellos de botella”: Los indígenas creen que existe una actitud diferente de Petro como presidente a Petro como candidato. En campaña apareció en territorio, habló con los líderes indígenas, se comprometió personalmente a mejorar las condiciones de estos pueblos del Cauca. Ahora no existen vasos comunicantes y al no ser escuchados no les quedó de otra que llegar a la capital. Hasta el pasado domingo 24 de agosto el funcionario delegado para hablar con ellos era el ministro del interior Juan Fernando Cristo pero esta medida no la quiere el CRIC. Ellos exigen, para regresar al territorio, una conversación y compromisos firmados con el propio presidente Gustavo Petro. Estos 4.000 indígenas apoyaron a Petro en su campaña presidencial y quieren no dejar ninguna duda de que siguen apoyando sus ideas y su plan de gobierno, sólo que necesitan ser escuchados. Lo más importante para ellos es hacer tomar consciencia que aunque la Paz Total es el camino, están sufriendo las embestidas del EMC y otros grupos armados en sus disputas y que necesitan tener la garantía de la vida. Semana a semana la paz a la que aspiran se va convirtiendo otra vez en una entelequia, la pesadilla de la guerra de la que no pueden despertar.