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Por: Nataly Páez, investigadora de Odevida La lucha por la preservación ecosistémica, la sostenibilidad, la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales en Colombia, ha sido asumida con compromiso y determinación por líderes y lideresas ambientales, pese a enfrentar graves escenarios de riesgo y vulnerabilidad debido a su labor de defensa y protección del territorio, han perseverado con resiliencia y valentía y han continuado ejerciendo su liderazgo.Jani Silva es un ejemplo destacado de esta resiliencia y perseverancia, es una de las tantas lideresas que a pesar de las adversidades, continúa con su incansable labor de defensa medioambiental.    Jani nació en Leticia en 1963, migró a los 7 años hacia Bogotá, y a los 12 años hacia el municipio de Puerto Asís (Putumayo), en donde comenzó a forjar su liderazgo. Su trayectoria inició en la Junta de Acción Comunal de su comunidad, redactando actas sobre las reuniones, tiempo después, asumió un papel más activo como secretaria, desarrollando diversos proyectos comunitarios. Posteriormente, se capacitó en temas sobre soberanía alimentaria y economía solidaria. En 1991 fue nombrada inspectora rural, y entre 1994 y 1996 trabajó en un proyecto para recuperar la identidad campesina, como resultado de este proceso, impulsó en 2001 junto con su comunidad, la creación de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica (ZRCPA).   Esta Zona de Reserva Campesina se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Asís, abarca alrededor de 22 mil hectáreas ricas en biodiversidad y fuentes hídricas, se encuentra conformada por 23 veredas: Agualongo, Alea, Angostura, Bajo Cuembí, Bajo Mansoyá, Bajo Lorenzó, Baldío, Belén, Bocana del Cuembí, Buen Samaritano, Camios, Comandante, Chufiyá, Guadalupe, Juvenil, La Española, La Frontera, La Piña, La Rosa, Puerto Playa, San Salvador, Sevilla y Toayá.   Debido a los nuevos escenarios de riesgo generados por la llegada de empresas petroleras y la incursión de nuevos actores armados ilegales en el territorio, el proceso de consolidación de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica (ZRCPA) tuvo que suspenderse durante 10 años. Pese a ello, Jani continuó ejerciendo su liderazgo a través de la creación de pequeñas asociaciones campesinas, un ejemplo de ello fue la asociación Juventud Raíces de Dignidad (JURADIPA), una organización campesina de carácter ambiental enfocada hacia la concientización de la población sobre el impacto medioambiental de los cultivos ilícitos en el territorio, años más tarde, esta organización adquirirá un enfoque más cultural.   En 2011 se reactivó la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica (ZRCPA)  con la creación oficial de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), la cual “surgió como resultado de un proceso autónomo de organización campesina, derivado de la movilización local por la defensa del territorio y la identidad campesina de la población de la ZRCPA” (Banco Mundial,2022).   Desde aquel entonces Jani ha luchado de manera interrumpida por la justicia ambiental en el piedemonte amazónico, ha trabajado por la construcción de paz desde la defensa del tejido socio ambiental del territorio a través de procesos de reforestación, pedagogía y concientización sobre la riqueza biodiversa del Putumayo. Desde hace aproximadamente 13 años es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) y desde allí ha trabajado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) .   Por medio de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), Jani ha luchado por la reivindicación de los derechos de los campesinos y campesinas del departamento de Putumayo con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, de la misma manera, ha promovido la participación de mujeres con vocación de cuidado, protección y restauración medioambiental del territorio en procesos organizativos comunitarios, reconociendo el rol de la mujer como como elemento trascendental en la preservación y cuidado del territorio.   Bajo su liderazgo, ADISPA se ha destacado por su acción y respuesta frente a las diferentes amenazas que han puesto en riesgo el bienestar socioeconómico y ambiental de la región, varias de estas acciones han sido respaldadas por el proyecto Conectividad y Conservación de la Biodiversidad en la Amazonía en Colombia (Amazonía Sostenible para la Paz), bajo la supervisión del PNUD en el marco del Programa ASL, el cual tiene como objetivo mejorar la conectividad y conservar la biodiversidad mediante el fortalecimiento de instituciones y organizaciones locales, para asegurar el manejo integral bajo en carbono y la construcción de paz.   ADISPA ha sido una organización caracterizada por su amplio activismo, y  planificación, de acuerdo con el Informe Soluciones de Mujeres: Lecciones para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonia del Banco Mundial (2022), ADISPA cuenta con cuatro comités de trabajo: 1. Comité de mujeres Mi Nombre es Mujer Perla Amazónica (MEMPA): el cual tiene como eje de trabajo el empoderamiento de la mujer campesina. 2. Comité de jóvenes Juventud Raíces de Dignidad Perla Amazónica (JURADIPA): el cual busca el fortalecimiento de la cultura campesina a través de la danza y el arte. 3. Comité de comunicación: el cual se encarga de visibilizar los procesos y las actividades llevadas a cabo por los distintos comités, así como de la difusión de las necesidades de las comunidades de la ZRCPA. 4. Comité agroambiental: el cual da cumplimiento a las líneas productivas definidas en la ZRCPA, desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental, a partir de los lineamientos de su plan de desarrollo sostenible autónomo. Estos comités han impulsado la participación multiactor de mujeres, jóvenes y niños, y han logrado integrar de manera holística las dimensiones ambientales, económicas, culturales y sociales que coexisten en la región. Por otra parte, la agenda de acción sostenible llevada a cabo por esta asociación ha apoyado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las FARC. En conclusión, es evidente el activismo comunitario y ambiental llevado a cabo por Jani Silva e impulsado por las organizaciones a las cuales pertenece, esta larga trayectoria de más de 40 años de liderazgo y defensa del territorio, la han convertido en una figura nacional e internacional relevante para el activismo comunitario y ambiental. En 2023, su labor fue reconocida con una nominación al Premio Nobel de Paz, un honor que se concede a quienes destacan en la lucha por los derechos humanos, la promoción de la paz, el desarme y la resolución de conflictos. A través de una llamada telefónica Jani se enteró de la mencionada nominación y expresó ante los medios de comunicación lo siguiente:  “Me siento emocionada y miro esto como una oportunidad para nosotros como proceso pero también como una posibilidad de que se empiece a destacar el trabajo de las mujeres campesinas del Putumayo, porque aquí han habido procesos que han sido acallados por la violencia. Hay mujeres muy luchadoras que no han podido seguir con ese trabajo porque la violencia, las amenazas y la discriminación son fuertes” (El Espectador,2023). El liderazgo de Jani, al igual que él de muchos otros líderes y lideresas en el país, no se encuentra exento de riesgos, sus labores a menudo enfrentan graves amenazas, pese a ello, la valentía y compromiso de estos líderes y lideresas aún continúan vigentes, y son fundamentales en la lucha por la sostenibilidad, la justicia ambiental y la protección de biodiversidad nacional. A través de su trabajo no solo protegen el medio ambiente, también promueven la equidad social, económica, y aseguran que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta saludable y habitable. Por esta razón, es crucial establecer medidas de protección y autoprotección eficientes, de manera que estos líderes cuenten con garantías para salvaguardar su vida, y defender el territorio sin miedo y zozobra. Jani Silva representa el rostro de varios líderes y lideresas que hoy continúan defendiendo el territorio, Jani representa la voz de la vida ,la naturaleza y el campesinado:  “El territorio es todo lo que tenemos y todo lo que somos, es donde desarrollamos nuestro proyecto de vida, donde criamos a nuestros hijos y donde vemos crecer a nuestros nietos. Estamos luchando por seguir aquí. Defendemos la vida, defendemos un ecosistema, defendemos toda una historia, toda una cultura campesina” (Jani Silva,2020). Referencias -Revista Raya. (2023). Jani Silva: Una perla en la Amazonía, nominada al premio Nobel de Paz. Revista Raya. Recuperado de https://revistaraya.com/jani-silva-una-perla-en-la-amazonia-nominada-al-premio-nobel-de-paz.html -El Espectador. (2023).Lideresa ambiental del Putumayo nominada al premio Nobel de Paz: Jani Silva. El Espectador. R ecuperado de https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/lideresa-ambiental-del-putumayo-nominada-al-premio-nobel-de-paz-janis-silva/ -Infobae. (2023). Ella es Jani Silva, la lideresa del Putumayo que fue nominada al premio Nobel de Paz. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/colombia/2023/03/24/ella-es-jani-silva-la-lideresa-del-putumayo-que-fue-nominada-al-premio-nobel-de-paz/ -Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). Jani Silva: Defensora de la paz y cuidadora de la Amazonía. PNUD. Recuperado de https://pnudcolombia.exposure.co/jani-silva-defensora-de-la-paz-y-cuidadora-de-la-a -Mi Putumayo. (2024).Jani Silva y su incansable lucha para defender el medio ambiente a toda costa. Mi Putumayo. Recuperado de https://miputumayo.com.co/2024/02/05/jani-silva-y-su-incansable-lucha-para-defender-el-medio-ambiente-a-toda-costa/ -World Bank. (2022). Soluciones de Mujeres: Lecciones para la Conservación y el Desarrollo Sostenible . Estudio de caso 3.Superando el conflicto: ADISPA y los liderazgos de mujeres en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, Colombia. World Bank. Recupe rado de https://documents1.worldbank.org/curated/en/099300106282274044/pdf/P15923304e346d0d30bf840ce32655ee8af.pdf -Vice. (2020).Defender la Amazonía es defender la vida de las generaciones presentes y futuras. Vice. Recuperado de https://www.vice.com/es/article/defender-la-amazonia-es-defender-la-vida-de-las-generaciones-presentes-y-futuras/

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El País El gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho del diálogo con los grupos armados ilegales una de sus principales apuestas para alcanzar la paz en Colombia, buscando poner fin a décadas de conflicto armado. Aunque los esfuerzos por negociar con organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Estado Mayor Central (EMC) han sido complejos y llenos de tensiones, las conversaciones con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han mostrado, en teoría, un mayor margen de avance. Sin embargo, las expectativas de un acuerdo rápido se han visto frenadas por una serie de exigencias por parte del grupo armado, liderado por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien permanece en el centro de las discusiones. La Segunda Marquetalia es uno de los grupos armados con los que el gobierno colombiano ha establecido una mesa de negociación. Esta facción fue creada por disidentes de las FARC que no aceptaron el Acuerdo de Paz de 2016, encabezada por figuras emblemáticas de la antigua guerrilla como Iván Márquez. A diferencia de otros grupos insurgentes, la Segunda Marquetalia ha señalado estar dispuesta a avanzar hacia un acuerdo, siempre que el gobierno cumpla con los compromisos pactados en el marco de las negociaciones. Walter Mendoza, jefe de la delegación de este grupo, ha sido claro en sus declaraciones: el grupo está "listo para avanzar a la velocidad que quiera el Gobierno", pero solo si se respetan los acuerdos previamente alcanzados en las negociaciones celebradas en Caracas, Venezuela. Entre las demandas de la Segunda Marquetalia, destacan temas estructurales que afectan a los territorios más vulnerables de Colombia, como la construcción de infraestructura, el acceso a la educación, la mejora de los servicios de salud y la vivienda. Mendoza ha subrayado que resolver un conflicto que lleva más de seis décadas no puede hacerse de manera apresurada, y que un periodo de dos años, como el que ha proyectado el gobierno, es insuficiente para abordar los problemas históricos de las regiones afectadas. Uno de los mayores retos en el actual proceso de paz con la Segunda Marquetalia es la insistencia del grupo armado en que su líder, Iván Márquez, sea parte activa de la mesa de negociaciones. Sin embargo, Márquez enfrenta una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos, lo que ha complicado su participación. Según Walter Mendoza, "la mesa está coja" sin la presencia de Márquez, ya que él es no solo el líder del grupo, sino también el jefe de la Comisión Política de la organización. Esta exigencia ha generado un punto de quiebre en las negociaciones. Mientras que el grupo armado insiste en que el gobierno de Petro tiene las herramientas políticas y jurídicas para gestionar la suspensión de la orden de captura, el Ejecutivo ha reconocido que cumplir con esta solicitud es una tarea sumamente difícil. Otty Patiño, alto comisionado para la paz, mencionó en un debate de control político que las conversaciones se han complicado debido a esta exigencia inesperada. "Es una echada para atrás y pone en crisis al proceso", afirmó, destacando que este obstáculo pone en riesgo la continuidad del diálogo. Patiño también advirtió que, para que esta petición avance, sería necesario un nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, lo que implicaría complejas negociaciones bilaterales. Además, recordó que miembros de la Segunda Marquetalia están solicitados en extradición por cargos relacionados con el narcotráfico, lo que añade una capa adicional de dificultad a las conversaciones. La posibilidad de suspender o levantar las órdenes de captura dependerá en gran medida de si el grupo accede a medidas concretas, como la georreferenciación de sus frentes y un compromiso firme de poner fin al conflicto. Otro factor clave en las negociaciones es el papel que juega Venezuela como garante del proceso de paz. Walter Mendoza ha defendido abiertamente la continuidad del régimen de Nicolás Maduro en este rol, asegurando que su permanencia en el poder es vital para el éxito de las conversaciones. El jefe negociador de la Segunda Marquetalia expresó su preocupación por la influencia de sectores de la extrema derecha en Venezuela, que, según él, podrían intentar desestabilizar el proceso iniciado por Hugo Chávez y continuar con los esfuerzos por boicotear las negociaciones de paz en Colombia. A pesar de las tensiones políticas en Venezuela, el grupo insurgente confía en que el gobierno de Maduro seguirá comprometido como garante, destacando su importancia para la estabilidad de las conversaciones. Sin embargo, este respaldo a Maduro también puede generar divisiones dentro de Colombia y en la comunidad internacional, lo que añade otro reto a un proceso ya complicado. Aunque aún no se ha fijado una fecha para la reanudación de las negociaciones, se espera que el próximo ciclo de diálogos entre el gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia tenga lugar en La Habana, Cuba. Sin embargo, las expectativas sobre el éxito de este nuevo ciclo son mixtas. Mientras que algunos ven en la disposición del grupo armado una oportunidad para avanzar hacia la paz, otros consideran que las demandas en torno a Iván Márquez y las complejidades legales internacionales podrían estancar el proceso. A medida que se aproxima el segundo ciclo de negociaciones, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el desafío de equilibrar sus compromisos con la justicia internacional, la presión de la opinión pública y su intención de alcanzar un acuerdo de paz que sea sostenible a largo plazo. La Segunda Marquetalia, por su parte, seguirá presionando para que se cumplan sus demandas, especialmente en lo que respecta a la inclusión de su líder en la mesa de diálogo. El proceso de paz con la Segunda Marquetalia está lleno de incertidumbre, con avances y retrocesos que podrían definir el futuro de la seguridad y la estabilidad en Colombia. Si bien las intenciones del gobierno de Gustavo Petro son claras, el camino hacia la reconciliación está lleno de obstáculos que no pueden ser ignorados. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si es posible encontrar un equilibrio entre las demandas de la guerrilla y las limitaciones del Estado colombiano, en un esfuerzo por poner fin a más de 60 años de conflicto armado en el país.

Por: Paola Marín Entre el 6 y 8 de septiembre, tres personas fueron asesinadas en el municipio de Caucasia. Aunque los hechos fueron aislados y aún no se ha esclarecido la responsabilidad ni la autoría, las autoridades han encendido las alarmas ante el incremento de actividades sicariales en la zona. Además, el pasado 3 de septiembre, la comunidad del barrio El Poblado, en el mismo municipio, amaneció con grafitis alusivos a Los Caparros en varias de sus viviendas. Aunque estos sucesos aparentemente no están relacionados, existe zozobra entre la población ante la posibilidad de una confrontación entre esta organización y el EGC-Clan del Golfo. Fuente: @NPNoticias1 , vía X. ¿Qué ocurrió con Los Caparros?   Luego de la muerte de Emiliano Alcides Osorio, alias ‘Caín’, máximo jefe de Los Caparros, y de una violenta disputa por el dominio del Bajo Cauca Antioqueño contra el Clan del Golfo, que se agudizó especialmente en el año 2020, la estructura de Los Caparros quedó casi extinta. Para esa época, la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 004-20, ya advertía sobre el avance constante del Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño, desde Tarazá hasta el municipio de Peque, en el Occidente de Antioquia, lo que debilitaba la capacidad de control territorial de Los Caparros.   A esto se sumaron los duros golpes propinados por la Fuerza Pública durante 2020 y 2021, lo que evidenció la gradual limitación de las capacidades militares de Los Caparros. En 2018, se estimaba que el grupo contaba con aproximadamente 450 integrantes; sin embargo, fuentes de inteligencia indicaron que para ese momento la cifra rondaba los 150 miembros (El Nuevo Siglo, 2023).   En 2021, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, anunció al país que la estructura de Los Caparros había sido desmantelada por completo. No obstante, varios sectores de la sociedad civil cuestionaron estas afirmaciones, basándose en el conocimiento de las comunidades sobre cómo los remanentes de este grupo se habían reencauchado bajo otras estructuras (Escobar, 2021).   Durante 2023, Los Caparros solo se enfrentaron con el Clan del Golfo en dos ocasiones, en agosto y septiembre, en los municipios de El Bagre y Caucasia. Aunque esta disminución en los combates estuvo relacionada con una merma militar, también evidenció su reactivación en la zona y su capacidad para continuar efectuando operaciones militares sostenidas.   Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), se documentó la ausencia de Los Caparros en el sur de Córdoba, especialmente en municipios donde anteriormente tenían control territorial, como Montelíbano y Puerto Libertador. Para 2023, se estimaba su presencia en al menos 11 municipios de Antioquia, cubriendo la región del nordeste antioqueño desde los municipios de Vegachí y Remedios, hasta el Bajo Cauca, en Cáceres y Tarazá. Sin embargo, de acuerdo con el informe “¿Plomo es lo que viene?”, su presencia se redujo, y para 2024 solo se les ha registrado en los municipios de Caucasia, Amalfi y Tarazá.   La posible reactivación del grupo armado Los Caparros en el Bajo Cauca Antioqueño representa una amenaza significativa para la estabilidad y la seguridad en esta subregión estratégica del noroccidente del país. Esta área ha sido históricamente un corredor clave para el control de economías ilegales vinculadas al oro y la coca, y su ubicación geográfica facilita la conexión con otras zonas críticas, como el Norte y Nordeste de Antioquia, y el sur del departamento de Córdoba. A pesar del dominio hegemónico que el Clan del Golfo ha consolidado tras violentos enfrentamientos con Los Caparros, el ELN y las disidencias de las FARC, la posible reaparición de Los Caparros podría reavivar las disputas por el control territorial, lo que implicaría un aumento en la violencia y la reconfiguración de las dinámicas criminales en la región. Obtenido de Pares: Informe ¿Plomo es lo que viene? (2024) Así, el escenario actual parece indican un potencial resurgimiento del grupo en la zona. Estas señales, aunque aparentemente desconectadas, generan zozobra entre la población local y sugieren que remanentes de Los Caparros podrían estar intentando recuperar presencia territorial y simbólica. Finalmente, desde Pares,  ante la creciente incertidumbre y los indicios de una posible reactivación de Los Caparros en el Bajo Cauca, es imperativo que el Gobierno Nacional y las instituciones pongan la lupa sobre este territorio estratégico. El incremento de las actividades sicariales, la presencia de símbolos asociados a grupos armados ilegales y los recientes enfrentamientos evidencian que la seguridad en la región está en riesgo. El Bajo Cauca, un corredor clave para las economías ilícitas de la coca y el oro, no puede ser desatendido. Es necesario reforzar la presencia institucional, promover estrategias de prevención del conflicto, e intensificar las acciones de seguridad humana para evitar una nueva escalada de violencia que afecte a las comunidades locales. Bibliografía. Defensoría del Pueblo. (2020). ALERTA TEMPRANA N° 044–20 A.I. Obtenido de https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/045-18.pdf El Nuevo Siglo. (22 de Abril de 2023). Guerrillas y grupos multicrimen suman 12 mil hombres. Obtenido de El Nuevo Siglo: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-22-2023-guerrillas-y-grupos-multicrimen-suman-mas-de-12-mil-hombres-en-todo-el-pais Escobar, D. (1 de Junio de 2021). Las dudas sobre el fin de Los Caparros en el Bajo Cauca antioqueño. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/judicial/las-dudas-sobre-el-fin-de-los-caparros/ Fundación Paz & Reconciliación (2024) Informe ¿Plomo es lo que viene? Obtenido de Pares https://www.pares.com.co/post/plomo-es-lo-que-viene-dos-a%C3%B1os-de-balance-y-retos-de-la-paz-total

Por Paola Andrea Marin Molano Foto tomada de: Nueva Sociedad La actual situación de violencia entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) debe considerar tanto los factores históricos de la negociación con esta guerrilla, como las recientes dinámicas de escalada tras el rompimiento del cese al fuego y las acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos. El proceso de negociación entre el Gobierno de Colombia y el ELN ha estado marcado por una serie de altibajos, donde las tensiones han aumentado debido a la falta de acuerdos concretos y a las diferentes posturas que ambas partes han adoptado. La reciente declaración del senador Iván Cepeda, subraya la negativa del Ejecutivo a aceptar ultimátums y presiones impuestas por el ELN. La posición gubernamental busca mantener el control del proceso, estableciendo límites a las demandas del grupo insurgente. Por su parte, Antonio García, comandante del ELN, ha acusado al Gobierno de incumplir varios acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, específicamente en relación con la creación del Fondo Multidonante que financiaría la guerrilla a cambio de dejar prácticas como las retenciones económicas. La suspensión de las negociaciones ha sido interpretada por el ELN como una imposición de condiciones unilaterales que vulneran los principios básicos de una negociación bilateral, según García. Esta dinámica refleja la desconfianza mutua que ha caracterizado gran parte del proceso. (ELN Voces, 2024). Tomado de X: https://x.com/DelegacionEln/status/1816815863971942535 En este contexto, la falta de acuerdo no solo ha congelado el diálogo, sino que ha creado un ambiente propicio para la escalada de la violencia. El incumplimiento percibido por parte del ELN ha llevado a una reactivación de operaciones militares por parte del grupo insurgente, como se ha visto tras la suspensión del cese al fuego. Escalada de violencia tras el fin del cese al fuego. La suspensión del cese al fuego en agosto de 2024, y la posterior reanudación de las hostilidades, han intensificado la violencia en las regiones donde opera el ELN. La situación es particularmente preocupante en zonas como el Catatumbo, Norte de Santander, Cauca y Arauca, donde los combates entre el Ejército Nacional y el ELN han dejado un saldo de muertos y heridos en ambos bandos. Los ejemplos recientes de ataques, como el combate entre tropas del Ejército y el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN en Catatumbo, los atentados contra patrullas policiales en Salazar de Las Palmas (Norte de Santander) y en Cauca, y el asesinato de soldados en Arauca, son indicativos de un retorno a las hostilidades más intensas. Estos incidentes no solo reflejan un patrón de ataques dirigidos principalmente a la Fuerza Pública, sino que también revelan la capacidad del ELN para llevar a cabo operaciones coordinadas en múltiples regiones del país, desafiando la capacidad del Estado para contener la amenaza. (Resumen Latinoamericano, 2024). Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación, 2024. Fuente: Infovisible, registros de prensa, monitoreo de acciones. Antes de la suspensión del cese al fuego en agosto de 2024, se observa una relativa disminución en los combates o enfrentamientos. En marzo, el número de enfrentamientos fue alto (7), pero luego mostró una tendencia decreciente hasta llegar a un mínimo de un enfrentamiento en junio y julio.  A partir de agosto de 2024, coincidiendo con la suspensión del cese al fuego, se evidencia un aumento nuevamente, alcanzando 7 enfrentamientos en agosto, lo que sugiere un incremento considerable en la actividad armada. Acciones como ataques a la fuerza pública se mantuvieron prácticamente nulas entre octubre de 2023 y abril de 2024. Sin embargo, se registra un aumento significativo en junio y agosto de 2024, alcanzando 3 ataques en agosto. Esto podría estar directamente relacionado con la reanudación de operaciones militares del ELN, en el marco del congelamiento de la mesa de negociación. Ahora, aunque los ataques a la población civil son menores, se observa un repunte en febrero, julio y agosto de 2024, con 3 incidentes reportados en agosto, relacionados principalmente con las afectaciones en el marco de los paros armados, que han tenido lugar en zonas como el departamento de Choco. Este tipo de acciones se alinea con la escalada de violencia por parte del ELN, que usualmente ejerce presión sobre las comunidades para mantener el control territorial y generar desestabilización en las regiones donde opera, como se evidencia en los ataques en departamentos como Choco, Norte de Santander y Arauca. Sin lugar a duda, el incremento de la violencia se refleja particularmente en agosto de 2024, tanto en los combates como en los ataques a la Fuerza Pública y la población civil, consolidando la hipótesis de que la suspensión del cese al fuego ha marcado el inicio de un ciclo de violencia más intenso. La urgencia de plantear soluciones. Uno de los factores clave en la actual crisis es la crítica hacia las Fuerzas Militares por no haber anticipado ni evitado los recientes ataques del ELN. La falta de mecanismos de inteligencia efectivos ha sido un tema recurrente en los análisis de seguridad nacional. Dado el historial del ELN, que en el pasado ha llevado a cabo ataques en grandes ciudades tras el rompimiento de treguas, como el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander en 2019 y el ataque en Barranquilla en 2018, existe una creciente preocupación de que este grupo insurgente pueda volver a perpetrar ataques en zonas urbanas. El ELN tiene una capacidad operativa que le permite realizar ataques estratégicos que no solo buscan infligir daños físicos, sino también enviar un mensaje político. En el pasado, los atentados en ciudades importantes han generado una gran repercusión mediática y han sido utilizados como herramientas de presión política en las negociaciones con el Gobierno. Es razonable suponer que, ante la falta de avances en las conversaciones, el ELN podría recurrir nuevamente a este tipo de ataques para incrementar la presión sobre el Estado. Ahora, la narrativa de ambas partes —el Gobierno y el ELN— está profundamente influenciada por la desconfianza y las expectativas incumplidas. Por un lado, el ELN percibe que el Gobierno está utilizando las negociaciones como un medio para desgastar a la guerrilla sin comprometerse realmente con acuerdos sustanciales, como señala García en su crítica a la visión gubernamental de buscar la desmovilización de la guerrilla "al menor costo posible". Esta percepción es un elemento central para entender la violencia que se ha desatado tras el rompimiento del cese al fuego. (ELN Voces, 2024). Por otro lado, el Gobierno, a través de figuras como Iván Cepeda, ha dejado claro que no aceptará imposiciones ni ultimátums por parte del ELN. Esta postura refleja la dificultad del Ejecutivo para conciliar las demandas insurgentes con las limitaciones políticas internas, especialmente en un contexto donde cualquier concesión significativa a la guerrilla puede ser vista como una debilidad por sectores más conservadores de la sociedad y del propio aparato estatal. (El Espectador, 2024). Finalmente, parece que el Gobierno Nacional, esta intentando dar solución de forma técnica a discusiones que hasta ahora han sido controversiales, tanto para los equipos negociadores, como para la sociedad en general. El Gobierno de Gustavo Petro trabaja en un borrador que reformaría la política de Paz Total en Colombia, estableciendo un marco operativo para distinguir entre grupos armados con fines políticos y aquellos que serán sometidos a la justicia. Punto que ha sido polémico y que se ha convertido en una de las exigencias del ELN, de ser sacado de las listas de GAO.  (La W Radio, 2024). El borrador agrega y modifica capítulos y artículos, específicamente en el Título 6 del Libro 2, para incluir disposiciones sobre negociaciones, diálogos y acercamientos dentro de la política de paz, que se encontrarían en el Decreto 1081 de 2015. El documento plantearía una diferenciación crucial sobre los grupos armados. · Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML): Rebeldes con mando responsable y capacidad operativa sostenida, con quienes se entablarán diálogos políticos. Dentro de la cual estaría el ELN · Grupos Armados Organizados (GAO): Grupos con estructura y control territorial, referenciados en la Ley 1908 de 2018. ·  Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI): Organizaciones criminales jerárquicas dedicadas a actividades ilícitas que incluyen violencia contra la población civil. Aunque el borrador puede dar solución a las discordias, hay dudas frente a si el ELN aceptaría la nueva caracterización, dado que han manifestado en varias ocasiones, que su razón de ser es la de ser un Grupo Insurgente, con presentaciones de Rebelión. Así, el contexto de violencia y negociación entre el Gobierno colombiano y el ELN es complejo y refleja las dificultades inherentes a los procesos de paz en contextos de conflicto prolongado. El actual impasse en las negociaciones, exacerbado por la percepción de incumplimiento de ambos lados, ha llevado a una escalada de violencia que afecta tanto a las regiones rurales como a potenciales zonas urbanas. Los recientes ataques demuestran la capacidad operativa del ELN para responder militarmente a la falta de acuerdos, lo que plantea grandes desafíos para la estabilidad del país. Ante este panorama, la reactivación del diálogo dependerá de la capacidad de ambas partes para superar la desconfianza y establecer una agenda de negociación más equilibrada y menos sujeta a imposiciones unilaterales.   Bibliografía El Espectador. (2024). "El proceso con ELN está agonizando”: comisionado de Paz habla de crisis en diálogos.  Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/petro-y-eln-otty-patino-dice-que-proceso-esta-agonizando-como-entender-la-crisis/ ELN Voces. (2024). Resolver las causas de la crisis del Dialogo. .  Obtenido de https://eln-voces.net/?p=11989 La W Radio. (2024). Gobierno prepara decreto para dejar claras las reglas operativas en la Paz Total. Obtenido de https://www.wradio.com.co/2024/09/10/gobierno-prepara-decreto-para-dejar-claras-las-reglas-operativas-en-la-paz-total/ Resumen Latinoamericano. (2024). Colombia. Gobierno reanuda guerra contra el ELN. Obtenido de https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/09/07/colombia-gobierno-reanuda-guerra-contra-el-eln/

Por: Katerin Erazo, Periodista La situación de orden público en el suroccidente de Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos, con un aumento significativo en las actividades de grupos armados que buscan consolidar su poder territorial. Recientemente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) protagonizó un preocupante episodio en el municipio de Santa Rosa, Cauca, una localidad que ha vivido bajo la sombra de la violencia durante décadas. Este incidente no solo refleja la capacidad de maniobra de este grupo insurgente, sino también la impotencia de las autoridades locales para garantizar la seguridad de los habitantes. De acuerdo con testimonios de comerciantes y líderes sociales, un grupo de más de 20 guerrilleros del ELN se movilizó en dos camionetas por las calles de Santa Rosa, tomando el control del municipio durante varias horas. Los insurgentes no solo se pasearon libremente por las vías principales, sino que además obligaron a algunos transeúntes a participar en una reunión en el parque central del pueblo. Durante este encuentro, los miembros del ELN anunciaron la implementación de una serie de “normas” que regirán en el casco urbano como parte de las “celebraciones” por los 60 años de existencia de esta guerrilla. Entre las restricciones impuestas por el grupo armado, se prohíbe el uso de carros con vidrios polarizados y cascos para los motociclistas, y se exige que cualquier persona que desee ingresar al municipio lo notifique previamente al ELN para evitar “inconvenientes”. La situación fue aún más alarmante debido a la actitud de la fuerza pública. Mientras los guerrilleros llevaban a cabo su jornada de proselitismo, los agentes de la Policía Nacional se atrincheraron en la estación policial, respondiendo a una solicitud de los mismos habitantes, quienes temían que un enfrentamiento armado pudiera derivar en una tragedia mayor. Este episodio pone en evidencia no solo el control territorial que ha logrado el ELN en esta zona del Cauca, sino también la vulnerabilidad de la población civil y la incapacidad de las instituciones para contrarrestar la influencia de estos grupos ilegales. Además de tomar el parque principal, los guerrilleros del ELN pintaron grafitis en las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales, marcando su territorio y recordando a los habitantes su presencia. “Ellos tomaron el control del pueblo por varias horas y dejaron claro que son la autoridad aquí”, comentó un líder social que prefirió mantenerse para un medio de comunicación en el anonimato por temor a represalias. Estas acciones se enmarcan en una estrategia de control social que busca someter a la población mediante el miedo, restringiendo la movilidad y las actividades cotidianas de los habitantes de Santa Rosa. La presencia del ELN en esta región no es nueva, pero en los últimos meses su accionar ha sido más visible y agresivo. El sur del Cauca ha sido históricamente una zona de disputa entre diferentes grupos armados, y en la actualidad, las disidencias de las FARC, particularmente el frente Carlos Patiño, también ejercen control sobre varios municipios cercanos, como Sucre y Mercaderes. Estas facciones criminales mantienen enfrentamientos constantes con el ELN por el dominio del territorio, lo que ha agudizado la crisis de seguridad en la región y ha puesto a la población civil en medio de una guerra sin cuartel. Este último acto de proselitismo armado por parte del ELN se suma a una serie de hechos violentos que han azotado al suroccidente colombiano en las últimas semanas. Los ataques contra la infraestructura vial, los atentados contra civiles y el asesinato de líderes sociales son solo algunos de los hechos que han mantenido en vilo a los habitantes de esta región. Las autoridades, por su parte, parecen estar desbordadas por la magnitud del conflicto, y aunque se han realizado esfuerzos para combatir a estos grupos, los resultados han sido limitados. La captura reciente de alias "Mediometro", un presunto integrante del ELN acusado de haber asesinado a dos líderes sociales en Bolívar, es una de las pocas victorias de las fuerzas de seguridad en esta lucha desigual. Según el Ejército Nacional, este criminal fue el responsable de la instalación de artefactos explosivos y extorsiones en el sur de Bolívar, además de estar implicado en enfrentamientos con el Clan del Golfo en esa región. Sin embargo, su captura no ha logrado disminuir la actividad del ELN en otras zonas del país, como el Cauca, donde siguen ejerciendo su poder con impunidad. El panorama para el suroccidente colombiano sigue siendo sombrío. El control de los grupos armados sobre los territorios más apartados del país se mantiene, mientras que la población civil enfrenta una realidad de miedo, violencia y abandono estatal. Municipios como Santa Rosa, Sucre y Mercaderes continúan siendo el epicentro de una guerra silenciosa, donde las balas y las amenazas son la única ley que prevalece. Ante esta situación, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un llamado al gobierno colombiano para que fortalezca su presencia institucional en estas zonas y proteja a los ciudadanos que han sido víctimas del conflicto durante tantos años. No obstante, la realidad en terreno sugiere que el camino hacia la paz y la estabilidad sigue siendo largo y difícil, mientras los grupos armados continúan avanzando en su agenda de violencia y control social.

Por: Redacción Pares El proceso de dialogo y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, sigue en un momento crítico, desafortunadamente han vuelto los tiros, los muertos de la fuerza pública, la policía y la guerrilla del ELN, las voladuras de la infraestructura petrolera y el sabotaje sobre la movilidad, en este escenario critico en curso, hay que ver alternativas para que el ELN vuelva a la mesa como ha insistido la delegación de gobierno y se puedan ver de manera conjunta las dificultades y buscar caminos de actuación conjuntos. Se han levantado multiples voces pidiendo al ELN, que vuelva a la mesa, veremos que tanta receptividad tienen esas exhortaciones en una organización que ha mantenido un formato inflexible ante las demandas ciudadanas, lo cual va en contravía con su planteamiento de promover la participación social en la construcción de la paz. Vamos a ver si se logra destrabar esta situación que tiene la mesa en el congelador por decisión del ELN. Hay una pregunta a dilucidar sobre la estrategia de actuación del ELN: ¿porque ese formato de tensionar y desaprovechar el tiempo y no trabajar de manera coordinada con el gobierno del presidente Petro?. Por ahora mesa en el congelador y continuidad del conflicto, con todas sus tristezas. “El ELN ha matado la mesa de diálogos”: Otty Patiño sobre incumplimientos del grupo armado | La W https://www.wradio.com.co/2024/09/12/organizaciones-sociales-pidieron-al-gobierno-y-al-eln-retomar-dialogos-y-cese-al-fuego/ Intervención Consejero Comisionado de Paz Otty Patiño Conversatorio conferencia Episcopal - 11 Sept. Organizaciones sociales pidieron al Gobierno y al ELN retomar diálogos y cese al fuego. https://www.pares.com.co/post/la-crisis-humanitaria-que-vivimos-es-aterradora-organizaciones-piden-al-eln-y-gobierno-retomar-di%C3%A1 Mensaje de los Obispos al Pueblo Colombiano: Uniendo voces construimos país. “La crisis humanitaria que vivimos es aterradora” organizaciones piden al ELN y gobierno retomar diálogos - Por: Redacción Pares. 700 organizaciones sociales piden al ELN retomar los diálogos. https://www.defensoria.gov.co/-/eln-y-disidencias-ponen-en-riesgo-a-comunidades-de-cauca-y-valle-dice-defensor%C3%ADa ELN y disidencias ponen en riesgo a comunidades de Cauca y Valle, dice Defensoría.

Por: Redacción Pares Desde su posesión el 7 de agosto del 2022 Gustavo Petro quiso posicionarse como un líder global, que liderara preocupaciones que le atañen no sólo al país sino al mundo contemporáneo. La protección del medio ambiente es una de sus banderas. La preocupación le ha traído críticas descarnadas. La necesidad de ir hacia la Transición energética, su posición vehemente contra el fracking, le granjearon enemigos pero también lo ubicaron como un referente continental de defensa al medio ambiente. Uno de los grandes logros fue conseguir que Colombia fuera sede de la COP 16.   En un país sin tradición de defensa al medio ambiente pocos sabían la importancia de este logro. No se conocía que COP significa Conferencia de las Partes y que tuvo su orígen en la Cumbre de Rio en 1992, la misma que sembró la semilla del Acuerdo de Escazú, la gran defensa que tienen los cada vez más acorralados líderes ambientales en el mundo. En esa cumbre se consigue otro acuerdo histórico, la Agenda 21, firmada por 133 países y era un Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para asegurar ese cumplimiento se crea la COP. Esta junta se reúne cada dos años para hacer balance de los logros conseguidos por los países suscritos. Para hacer efectivos estos cambios es necesario cambiar las leyes de cada país. Por eso a una parte de los poderosos de Colombia esta posición tan tajante de un gobierno empecinado en cambiar las costumbres ambientales, les molesta profundamente este encuentro que se realizará en Cali.   El 14 de diciembre del 2023, gracias a la gestión de una de las funcionarias en las que más confía el presidente, la ministra Susana Muhammad, se hizo oficial que Colombia sería sede del evento. Dos ciudades se disputaron ese honor. El 20 de febrero del 2024 Cali se impuso a Bogotá tras una extensa deliberación. Colombia ya había sido sede de eventos globales muy importantes. Uno de ellos fue en 1995 cuando el gobierno Samper fue anfitrión de la Cumbre de los no alineados en donde se contó, entre otros líderes, al icónico Yasser Arafat, además del comandante Fidel Castro. Pero jamás había sido la anfitriona de un evento que aglutina a representantes de más de 190 países. Se espera que sean 12 mil las personas que visitarán Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre.   Una de las razones por las que se escogió a Cali fue su clima privilegiado, sus ríos suntuosos, su flora y su fauna. Cali cuenta con diez ecoparques que suman 1.681 hectáreas. Posee además 521 especies de aves. El departamento donde está ubicado, el Valle del Cauca, cuenta con 35 ecosistemas, 500 especies de peces, 163 de anfibios, 135 especies de reptiles, 210 especies de mamíferos y 5.000 especies de plantas. No fue un capricho que esta ciudad fuera la sede del evento ecológico más relevante del mundo.   El gobierno Petro supo hacer relevancia en las virtudes geográficas que tiene un país que cuenta con páramos que forman ríos y con una parte muy importante del Amazonas en el sur de su territorio. En la última COP los países suscritos a este acuerdo se comprometieron a cuidar el 30% del planeta. En esta COP se revisará en que estado se encuentra el marco mundial de biodiversidad Global Kunming-Montreal y si los países están cumpliendo los compromisos asumidos. También “deberá finalizar y operacionalizar el mecanismo multilateral sobre la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización a través de la información secuencial digital sobre los recursos genéticos”.     Colombia y su capital Bogotá están a punto de sufrir una crisis energética debido a una sequía que se ha extendido más tiempo del que se presupuestaba y que es el reflejo de la irresponsabilidad con la que se ha manejado la minería y la tala de árboles en lugares claves como la Orinoquía o el Amazonas. La COP 16 es la confirmación que el gobierno Petro se ha consolidado como uno de los referentes de la conservación del medio ambiente en el continente.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El País y Semana Intentamos ser positivos entre la oleada de noticias negativas que ha traído el congelamiento de los diálogos entre el gobierno Petro y el ELN. Los ataques a la fuerza pública en Arauca, granadas en la capital, oleoductos explotando en Saravena, hostigamiento a la población civil en Tame. Ni hablar de lo que sucede en el Pacífico. La tensión en Norte de Santander y el riesgo latente de que en cualquier momento el Comando Central decida levantarse definitvamente de la mesa de negociación. Antonio Garcia y el COCE fueron enfáticos con el Comisionado de Paz Otty Patiño en pedir dos requisitos para continuar hablando de paz: pedir que los sacara de la lista de los GAO, Grupos Armados Organizados y no reconocer a la escisión del Frente Comuneros del Sur como un grupo independiente con el que se podría negociar. El pasado lunes 16 de agosto el presidente ordenó un decreto en donde se deja instalada definitivamente la mesa de negociación con ellos. Se espera en las próximas horas un comunicado oficial del ELN en donde se asome su postura definitiva.   Hablamos con el coordinador del área de Paz y Postconflicto de nuestra fundación PARES Francisco Daza quien se centró en las cosas buenas y las malas que traía esta decisión: “Lo bueno es que se consolida la paz territorial en el departamento de Nariño, se constituye una agenda de trabajo con ellos y a partir de ahí se definen los acuerdos programáticos para ponerla a funcionar. Se define el primer ciclo de negociación. El Frente Comuneros del Sur ha expresado su voluntad de entregar las armas. Esto podría traer un alivio para la población. Otro aspecto positivo que trae el decreto es la consolidación de la participación civil con esta negociación. Se podría incluso consolidar un cese al fuego no sólo con este grupo en Nariño sino con la Segunda Marquetalia”.   Las negociaciones con el Frente Comuneros del Sur han traído beneficios para la gente en Nariño. En junio, por ejemplo, 8.000 familias de la subregión de Abades que habían salido desplazadas de sus hogares durante nueve meses debido a las confrontaciones que sostenían el Frente Comuneros del Sur contra las disidencias del Bloque Occidental de las FARC, pudieron regresar a su territorio gracias a los diálogos con este frente. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lideró el proceso de retorno, además de adelantar un proceso de desminado humanitario gracias a los acercamientos con este grupo. La instalación de la mesa de negociación podría ayudar a que se ejecuten más hechos palpables que beneficien a la gente. El representante del gobierno Nacional será Carlos Augusto Erazo Murcia, y también harán parte la ex representante Angela María Robledo, Andrei Giovani Gómez, la exconsejera Clemencia Carabalí y Pablo Francisco Pardo.   Pero, por otro lado, es innegable que esto traerá un coletazo con el ELN. El cese al fuego se rompió el 3 de agosto y es el territorio el que ha tenido que soportar el terror. Francisco Daza señala cuáles serían estos efectos negativos: “Esto no le caerá bien a Antonio García, +el había indicado que un condicional de seguir con la mesa de negociación era no continuar con este decreto, otro efecto es que otros frentes del ELN quisiera emular lo que hizo el Frente Comuneros del Sur y abre esta ventana. El ELN habla de cohesión pero esto podría fragmentarlos aún más. Lo más crítico de todo esto es que el ELN se levante definitivamente de la mesa”.   Se espera que sea cuestión de horas la respuesta del ELN sobre esta decisión del gobierno. Existe resquemor por lo que pueda suceder.

Por: Redacción Pares Foto tomada de:Utopia Urbana Uno de los grandes titulares del pasado domingo en El Tiempo se destacó uno por encima de todos: La guerra mafiosa que estalló en Medellín que implica a poderosos voceros de paz con decreto presidencial. Alarmados por esta investigación la fundación Paz y Reconciliación le preguntó a los investigadores de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana sobre la situación. Estas fueron las conclusiones.   Todos los grupos delincuenciales de Medellín y su área metropolitana son ramas de un gran tronco que se llama la Oficina del Valle de Aburrá, quienes manejan la extorsión, el microtráfico, los robos y hasta las fronteras invisibles en Medellín, Envigado e Itagui. Es uno de los grupos más antiguos del país. Empezó hace cuarenta años cuando Pablo Escobar decidió declararle la guerra al Estado y a todo aquel mafioso que quisiera poner en entredicho su poder. A punta de sicariato Escobar cobraba sus deudas. El poder rebazó cualquier estanque y la Oficina terminó obteniendo incluso el control de los pases de conducir e influyendo en la política local.   En 1991 Pablo Escobar consigue doblegar al gobierno de César Gaviria, bajo sus condiciones se entrega, ordena la construcción de una cárcel que se amoldaba a sus necesidades y exigencias. Desde allí sigue delinquiendo. Incluso ejecuta en sus instalaciones a dos de sus socios, Kiko Moncada y Fernando “El Negro” Galeano. Diego Murillo, alias Don Berna, trabajaba para ellos y terminó uniéndose a ex socios del capo, como Carlos y Fidel Castaño creando los PEPES, el grupo que terminó debilitando al jefe del Cartel de Medellín. Una vez es asesinado, el 2 de diciembre de 1993, Don Berna, quien sería el comandante del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, se apodera de la Oficina dándole un tinte paramilitar. A principios de este siglo era tal la influencia, el poder de este comandante que se hablaba que en Medellin había era una “Donbernabilidad”. En el 2004 se somete a Justicia y Paz y luego es extraditado en el 2008 a los Estados Unidos.   Ante el vacío que deja Don Berna los que entran a mandar en La Oficina -nombre con el que se lo conoce desde el 2010- son Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom y José Leonardo Muñoz, alias Douglas. Tom, desde el año 2018, cuando celebraba su cumpleaños número 50 en una finca en Guatapé, está en la cárcel pero desde ahí sigue mandando. Sólo encuentra resistencia en alias Douglas. Pero, al parecer, las disputas territoriales que dejaron muertos y atentados son cosas del pasado. La gestión de paz con el gobierno nacional la arrancó Edinson Rodolfo Rojas, mejor conocido como “Pichi Gordo”, jefe histórico de la banda la Terraza y hombre cercano a Don Berna. Cuando La Oficina se parte en los dos bandos él se alinea con Douglas. Es extraditado y regresa a Colombia en el 2022. El es quien lleva la idea de negociar la paz con el gobierno Petro. Fue muy importante para esos primeras exploraciones al diálogo. A comienzos de marzo del 2024 es asesinado. Este hecho, según la investigación de El Tiempo del pasado domingo, ha sido uno de los desencadenantes de una posible guerra mafiosa. Su asesinato se dio no por una guerra entre los bandos que manda en la Oficina, sino por un ajuste de cuentas entre los mismos hombres al mando de Douglas. Esa es la hipótesis que se maneja incluso desde la policía. En julio es caputado un miembro de la Terraza que da la versión sobre la muerte de Pichi Gordo y que tendría que ver con una orden dada desde las toldas del mismo Douglas.   Por eso es improbable que exista una confrontación entre las dos bandas que dominan La Oficina. Según el investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Nicolás León. “actualmente hay un clima de paz en donde los dos cabecillas están sentados en la mesa de negociación”.   La Paz Urbana en el Valle de Aburrá es donde más se han visto avances de negociación. Las organizaciones han optado por renovar sus compromisos de paz a través, dediversas acciones como lo confirma el monitoreo que se ha hecho desde Pares sobre esta situación: “Han cesado las extorsiones y la venta de droga, se ha renovado el compromiso con la Paz Urbana y se ha desescalado la violencia. Se tiene la voluntad de llegar a una serie de acuerdos y a una metodología de negociación con puntos temáticos y que puedan haber avances tan significativos que lo acordado no lo desbarate otro gobierno sino que perdure en el tiempo”.   Sin embargo nada es tan fácil y, sobre todo, en el empedrado camino hacia la paz. Alias Tom ha dejado claro que la Oficina no quiere sometimiento sino un reconocimiento político. El control que ejercer sobre ciertas zonas creen que les da el derecho de que les reconozcan un trabajo social, con la gente. Por el tema del marco jurídico y de sometimiento se podría llegar a un acuerdo.   La otra complejidad tiene que ver con el mapa criminal de Medellín y lo explica de esta manera Nicolás León: “la Oficina conglomera a gran cantidad de estructuras, que han terminado con un pacto de no agresión. Por ese lado el mapa criminal es estable, los desafiíos pueden llegar en que organizaciones extranjeras de origen transnacional entren a disputarle las rentas a la oficina, por eso hay alertas con la llegada del Tren de Aragua que vendría a disputar los espacios a la organización. Esto si podría derivar en una guerra abierta entre organizaciones criminales por la disputa de los espacios”.   Por ahora se podría afirmar que a pesar de las dificultades y los contratiempos, que también podrían derivarse de la salida de Danilo Rueda como Comisionado de Paz en octubre del 2023 y que ha derivado en un estancamiento de la Paz Urbana en lugares como Buenaventura, la paz en el Valle de Aburrá avanza.

Por: Redacción Pares El proceso de paz con el ELN estaba, hasta el mediodía de este 17 de septiembre, en cuidados intensivos. Los más optimistas hablaban de congelamiento. Desde el 3 de agosto, fecha en la que se venció -sin renovarse- el cese al fuego, Arauca entró una vez más en una de sus estelas de violencia a las que viene siendo sometida desde 1983, cuando se creó allí el frente Domingo Laín del ELN. Otra vez aparecían en los medios de todo el país voladuras a oleoductos, desplazamientos forzosos, asesinatos de líderes sociales, ataques a estaciones de policía y un largo etcétera. Pero la confrontación cobró niveles que no se veían desde hacía dos décadas cuando, al mediodía del 17 de septiembre del 2024, una lluvia de explosivos cayó sobre la base militar de Puerto Jordán. El hombre que perpetró una operación que se desarrolló con una volqueta y dos motocicletas, corresponde al alias de Raúl, tiene 45 años y pertenece al frente Domingo Laín. Su verdadero nombres es el de Arturo Archila Rincón y recibe ordenes directas de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.   Lo que hasta el momento se sabe es que, por órdenes de Raúl, se estacionó la volqueta a unos novecientos metros de una escuela rural en donde en ese momento más de trescientos niños recibían clase. Cualquier error de cálculo hubiera hecho que alguno de estos menores recibieran -una vez más- el horror de la guerra. Desde ahí lanzaron, usando rampas artesanales, 17 cilindros bombas que cayeron sobre la base militar dejando un saldo -hasta la mañana del 18 de septiembre- de 25 soldados heridos y dos muertos ellos son Julián Patiño Arango y Bayron Andrés Correa. Muchos de estos uniformados eran jóvenes que prestaban su servicio militar. Debido a la gravedad de los heridos han sido trasladado en las últimas horas al Hospital Militar en Bogotá.   En las horas de la noche del mismo 17 de septiembre el presidente Petro declaró prácticamente cerrado el ciclo de negociación con el ELN y recordó el terrible ataque de la escuela de cadetes General Santander en enero del 2019 que dejó un saldo de 25 jóvenes uniformados asesinados. El ataque a la base militar en Puerto Jordán tiene un agravante: el haber sido realizado cerca a una escuela donde más de trescientos niños recibían clase. Esta es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Aún no se ha hecho oficial la ruptura definitiva de las negociaciones pero todo apuntaría a que en las próximas horas se haría oficial. Han sido repetidos los incumplimientos del ELN con los compromisos asumidos en la negociación. Después del 3 de agosto, fecha en la que no se renovó el cese al fuego, han arreciado los ataques a la infraestructura petrolera, estaciones de policia y la población civil. Desde Arauca han reclamado presencia más activa del gobierno y esperan que el ministro de defensa, el presidente o el propio Otty Patiño visiten el departamento.   Lo cierto es que desde la madrugada del 18 de septiembre se ha desplegado un operativo que busca dar con Raúl y sus hombres. El ataque en Arauca y la reacción del presidente ha despertado preguntas sobre la Paz Total, una de las banderas de este gobierno que sufriría un golpe casi que letal en caso de que se haga oficial el rompimiento de cualquier tipo de negociación con el ELN.

Por. Katia María Rosero  Foto tomada de: Pagina 10 Una de las principales apuestas del Gobernador de Nariño, en concordancia con las apuestas políticas del Gobierno del Pacto Histórico, fue la “territorialización” de la Paz, un enfoque novedoso, que busca desescalar el conflicto armado a partir del establecimiento de pequeños Procesos de Diálogo con los distintos Grupos Armados Organizados que ocupan los territorios, teniendo en cuenta las particularidades históricas, sociales y políticas de cada contexto.   Ante el anuncio realizado en febrero por el Gobierno Nacional, en el que dio vía libre al Gobierno Departamental para empezar los Diálogos Regional de Paz, el Frente Comuneros del Sur ( FCS, un grupo armado de unos 200 hombres con presencia en Nariño desde hace tres décadas que fue parte del ELN hasta mayo de 2024), emitió un comunicado en el que mostraron su interés para participar de este escenario, el espaldarazo del Gobierno Petro a la inclusión del FCS en el proceso de diálogo social desencadenó el congelamiento de los Diálogos en La Habana entre el Estado colombiano y la comandancia del ELN porque, según el grupo armado, desconocía el mando político y militar unificado de la organización. Tras la respuesta del ELN, la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y el FCS como estructura autónoma, quedó en el tintero. Aunque el FCS no estuvo en la instalación de la Mesa de Diálogos Regionales de Paz, posteriormente firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno para avanzar en el proceso de desminado humanitario, y en mayo anunció su ruptura con la Comandancia del ELN.   Con el Frente Comuneros del Sur actuando en autonomía militar y política, a principios de julio se realizó el “Encuentro Amplio para el desescalamiento de la violencia y la transformación territorial para la Paz” en el municipio de Samaniego, zona que ha estado bajo el control del FCS por varios años, en el que participaron el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, diversos sectores sociales y representantes del grupo armado.  En este espacio se consolidó la “Instancia para la co – construcción de Paz Territorial en Nariño” y se logró acordar una agenda de trabajo entre el FCS y el Gobierno Nacional que se articula en torno a tres ejes: la disminución de la violencia, que incluye la construcción de equipos encargados de la eliminación de minas, el retorno de personas desplazadas y la localización de desaparecidos; la transformación territorial, que busca fortalecer la presencia estatal a partir de infraestructura como puestos de salud, escuelas, carreteras, y centros digitales, y finalmente, la reintegración de los combatientes de Comuneros del Sur a la vida civil por medio del diseño de soluciones jurídicas, justicia restaurativa, desmantelamiento de armas, reincorporación a la vida ciudadana y garantías de seguridad para los excombatientes.  El 15 de agosto, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, categorizó formalmente al Frente Comuneros del Sur como una estructura armada independiente del ELN y el Comisionado de Paz Otty Patiño afirmó en medios que así mismo el Gobierno Nacional reconoce el origen político y las reivindicaciones sociales del grupo armado.   Todo este proceso de acercamiento al FCS, en el que ha habido claras demostraciones de las intenciones del grupo armado de avanzar en la Construcción de Paz, ha llevado a que finalmente, el Gobierno Nacional autorice la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz con tal organización, cuya agenda todavía no está del todo establecida.   Aunque construir acuerdos con un actor armado al margen de la ley implica un sinfín de retos, para los campesinos de la zona de influencia del Frente Comuneros del Sur es importante que se consoliden procesos prioritarios con miras al cumplimiento de los DDHH, como el desminado humanitario y el retorno de quienes fueron desplazados: para quienes viven en medio de las balas los acuerdos que parecen mínimos son fundamentales, y la sociedad civil, así como las instituciones deben acompañar con firmeza, incluso desde el ejercicio crítico, las iniciativas que buscan proteger y resguardar, así como promover y acompañar el reordenamiento social, orientado al establecimiento de una vida libre de violencias, en territorios y poblaciones que han estado inmersos en el conflicto armado.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: La W Una de las jefas negociadoras del gobierno en la mesa con el ELN, Vera Grabe, fue entrevistada por Julio Sánchez Cristo en W Radio. El periodista, previo a la entrevista, había afirmado que la negociación con este grupo guerrillero había concluído. Vera Grabe lo corrigió al aire “los diálogos no se han cancelado” y afirmó que los medios de comunicación siempre está detrás “de la tragedia” lo que generó un pequeño contrapunto entre el periodista y la negociadora. “La gente en el territorio no quiere la guerra” afirmó Grabe quien recalcó que la última palabra sobre la continuación del diálogo la tiene el ELN. La iniciativa del gobierno fue la de suspender la negociación “estamos poniendo las condiciones” dijo Vera después de que se hubiera insinuado que el ELN tenía acorralado al gobierno Petro. El presidente en una alocución emitida el pasado martes 17 de septiembre, insinuó el cierre de las negociaciones después del atentado a punta de tatucos a una base militar en Arauca que ha dejado más de treinta heridos. Sólo hasta en la noche del 18 de septiembre se emitió un comunicado oficial en donde se afirmaba que los diálogos no quedaban cancelados sino suspendidos.   “Estamos a la espera de lo que diga Beltrán, hemos insistido en el diálogo porque nos importa en la paz. Para acabar un proceso es muy fácil, mantener una mesa es muy compleja, nosotros estamos empeñados en la paz, persevaremos en ella porque nos comprometimos a cumplir a la gente en territorio, tenemos que presionar e insistir, se que esto es poco popular, porque todos piden ir a la guerra, el país ha ensayado esto mucho tiempo y tampoco ha dado resultado”  La mesa de negociación con el ELN, encabezada por Vera Grabe e Iván Cepeda, logró hitos importantes, como el acuerdo de participación política que sería el inicio del desarme, a largo plazo, de esta, la guerrilla más vieja del continente.   El ELN lleva cuarenta años negociando con diversos gobiernos sin que se hayan conseguido avances significativos. Existe una dificultad endémica en la negociación con esta organización. Ciertas decisiones tomadas por el gobierno, como aceptar negociar con el Frente Comuneros Sur de Nariño, escisión del ELN, desató la ira del Comando Central. Lo otro que pedía el ELN era salir de la lista de Grupos Armados Organizados.   Después de la entrevista en W Radio con Vera Grabe queda claro que la posición de la jefe del equipo negociador del gobierno en el diálogo con el ELN es de espera. El compromiso con territorios como Arauca, que llevan cuarenta años atrapados en un loop de violencia, es el de llegar a acuerdos que permitan ponerle fin al conflicto. El camino de la guerra se ha intentado una y otra vez y, queda claro, no nos ha llevado a ninguna parte.