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Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Tiempo Desde hace más de un año, un grupo de mujeres indígenas pertenecientes a la comunidad Embera Chamí ha estado asentado en Bogotá en condiciones temporales, a la espera de que el Gobierno Nacional les ofrezca garantías para regresar de manera segura y digna a sus territorios en el Chocó. Este grupo, conformado por cerca de 170 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, ha enfrentado una serie de desafíos que han llevado a estas familias a interponer una tutela para exigir la atención del Estado, tras más de un año de diálogos fallidos y promesas incumplidas. El origen de la problemática se remonta a septiembre de 2023, cuando las familias Embera Chamí fueron desplazadas de un albergue conocido como La Rioja, ubicado en Bogotá, debido a un grave incidente de violencia protagonizado por otra comunidad indígena, los Embera Katío. Según los testimonios de las afectadas, durante su estancia en La Rioja fueron víctimas de amenazas, secuestro e incluso estuvieron al borde de ser sometidas a abusos sexuales masivos. Luz Mery Queragama, lideresa de las mujeres desplazadas, recuerda con dolor aquel episodio y les dijo a un medio de comunicación que: "Casi nos violan, nos secuestran. Cerraron un salón donde nos mantenían por dos días". A partir de ese momento, las condiciones de vida para las familias Embera Chamí se deterioraron considerablemente, obligándolas a abandonar La Rioja y buscar refugio en otro lugar. En medio de este contexto, el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo intervinieron, logrando rescatar a los miembros de la comunidad y reubicarlos temporalmente en la fundación Predicadores de la Misericordia, ubicada en el centro de Bogotá. La intervención fue crucial para proteger a las mujeres y niños de nuevos ataques, pero las soluciones planteadas por las autoridades fueron insuficientes. Inicialmente, se había estipulado que la estancia en la fundación sería por un periodo de solo ocho días. No obstante, tras más de un año, las familias continúan en el lugar, sin que las autoridades les ofrezcan una solución definitiva para su retorno o una alternativa viable para mejorar sus condiciones de vida en la capital. El padre Michel Daniel Cuevas, representante legal de la fundación y quien ha asumido la vocería de este grupo de mujeres, ha sido enfático en denunciar el abandono que estas familias han sufrido a manos del Gobierno Nacional y Distrital. En declaraciones a medios de comunicación, Cuevas señaló que la situación es insostenible, tanto para la comunidad indígena como para la fundación, que se ha visto sobrecargada por la falta de apoyo gubernamental: “Para nosotros fue una necesidad acudir a los tribunales de la república para exigir garantías al Gobierno nacional y distrital para estas 170 personas que viven aquí, ochenta niños y aproximadamente unas treinta mujeres. Ciertamente es muy grave la situación que vivió la UPI La Rioja. Después de un año de diálogos, un año de que el padre vaya y hable con las instituciones, no se nos escuchó”. La fundación Predicadores de la Misericordia, que acoge a las familias Embera Chamí, es una organización sin ánimo de lucro que subsiste gracias a las donaciones voluntarias y el diezmo que recibe de la comunidad. Sin embargo, esta ayuda resulta insuficiente para cubrir los gastos generados por el alojamiento y los servicios que demandan las 170 personas que residen allí. Las deudas por concepto de arriendo se han acumulado, y la fundación se encuentra en una situación económica crítica, al punto de que han solicitado el apoyo estatal para cubrir estos costos. A pesar de los intentos de la fundación por garantizar condiciones dignas para las familias, el padre Cuevas subraya que el Gobierno ha ignorado sus peticiones. “No les gusta escuchar familias autosostenibles, no les gusta el proyecto que hemos llevado con ellos, pero nosotros como fundación hemos abierto las puertas y ciertamente nos han abandonado y dejado solos”, afirmó. La autosostenibilidad ha sido un tema central en la defensa de la comunidad Embera Chamí, ya que las mujeres y sus familias han mostrado disposición para integrarse en la ciudad de Bogotá, siempre y cuando se les garantice acceso a servicios básicos y espacios adecuados para continuar su desarrollo. Sin embargo, a pesar de la disposición de estas familias para integrarse en la capital, el proceso ha estado marcado por la invisibilización y la falta de respuesta por parte del Estado. “Hoy más que nunca hemos pedido a los tribunales que intervengan y soliciten a las instituciones mejores garantías y mejores espacios para que ellos puedan vivir y seguir creciendo y formándose en Bogotá”, expresó Cuevas, quien además destacó que solo doce personas de las 170 quieren retornar a su territorio original, mientras que el resto busca establecerse en la ciudad bajo condiciones dignas. Una de las particularidades de la comunidad Embera Chamí es que, a diferencia de otros grupos indígenas desplazados en la ciudad, han optado por no recurrir a manifestaciones públicas o bloqueos que alteren el orden público y la movilidad en Bogotá. Este hecho, sin embargo, ha jugado en su contra, ya que su lucha ha pasado desapercibida para muchos. Las familias han permanecido en la fundación sin llamar la atención a través de protestas, lo que ha contribuido a que sus demandas no sean priorizadas por el Gobierno. La situación de estas mujeres indígenas y sus familias refleja una crisis más amplia de atención a las comunidades indígenas en Colombia, especialmente aquellas desplazadas hacia las grandes ciudades. En muchos casos, estos grupos son víctimas de violencia y abandono, sin que el Estado les garantice las condiciones necesarias para un retorno digno a sus territorios o para su integración en el tejido social y económico de las ciudades. En el caso de las familias Embera Chamí, su permanencia en Bogotá ha estado marcada por la espera y la incertidumbre. Mientras tanto, la tutela interpuesta por las mujeres indígenas sigue su curso en los tribunales, con la esperanza de que esta acción legal finalmente obligue al Estado a ofrecer las garantías necesarias para que puedan continuar su vida con dignidad, ya sea en Bogotá o en su tierra natal. Sin embargo, hasta el momento, la respuesta ha sido insuficiente y las familias siguen esperando una solución que parece estar cada vez más lejana. La lucha por el reconocimiento de sus derechos y la exigencia de soluciones dignas continúan siendo el motor de estas mujeres, quienes, junto a sus hijos, se aferran a la esperanza de que algún día su voz será escuchada.

Por: Redacción Pares Foto tomada por: Sergio Saavedra La guerra en Tumaco está por cumplir 30 años. Su posición geográfica la convierte en uno de los puertos más efectivos y estratégicos del Pacífico. Las guerrillas del ELN y de las FARC llegaron a este lugar de Nariño entre 1994 y 1997. Trajeron la coca. El frente 64 del Comando Conjunto Occidental de las FARC se posisionó en el negocio del narcotráfico. Ante los divididedos económicos que estaba surgiendo desde Tumaco lo hizo un blanco apetecido por los grupos armados. Por eso Carlos y Vicente Castaño envían a finales del siglo XX a hombres para apoderarse del negocio. Esto generó más de 170 mil víctimas de diferentes tipos de violencia que van desde el desplazamiento forzado, hasta la desaparición y el asesinato selectivo. Según el Registro Unico de Víctimas a marzo del 2020 se reconocían 95 mil familias víctimas de desplazamiento y 721 personas dadas por desaparecidas.   Foto tomada por: Sergio Saavedra En Tumaco no quieren más la guerra, están hartos. Por eso este fin de semana -sobre todo el domingo 22 de septiembre- fue la sede del primer ciclo de conversaciones entre el gobierno y la Segunda Marquetalia. La mesa de diálogo había estado congelada, entre otras razones, por la inconformidad de este grupo armado con el pedido de extradición que aún mantiene Estados Unidos contra su máximo jefe, Iván Márquez. Con un coliseo atestado 350 líderes de paz dialogaron acerca de las propuestas de paz que tienen para mejorar el territorio.   Foto tomada por: Sergio Saavedra Sergio Saavedra, periodista de la Fundación Pares, estuvo allí. Uno de los jefes negociadores del gobierno, Armando Novoa, habló con Pares y esto fue lo que dijo: “Hemos culminado el evento por las transformaciones territoriales en Tumaco, cumplimos con el cometido que nos trazamos de presentar los avances de las mesas de conversaciones y fijamos la fecha para el segundo ciclo que se llevará la segunda semana de octubre en Cuba”. Se han tenido algunos traspies pero se pudo realizar un evento acompañado por tres mil personas y se superaron algunos obstáculos que por problemas de comunicación se habían interpuesto en la agenda. Nuestro periodista le preguntó a Novoa porque se había escogido a Tumaco y la respuesta es porque la Segunda Marquetalia tiene una fuerte presencia y “porque así lo acordamos ambas partes y desde Tumaco mandamos un mensaje: se puede andar por este camino, el de la paz y el pueblo nos reiteró su interés con la presencia en este coliseo”. Foto tomada por: Sergio Saavedra   Alias Walter, uno de los delegados de La Segunda Marquetalia en la mesa de negociación le dijo a Sergio Saavedra que el encuentro había sido “muy positivo el encuentro” Los compromisos de la Segunda Marquetalia fueron los siguientes “Para nosotros desde la época de Marulanda, Alfonso Cano y Jacobo Arenas el gran objetivo de las FARC siempre ha sido la paz. Pero es el pueblo colombiano el que tiene que empoderar la paz, son los pueblos unidos, movilizados, no es la guerrilla o el gobierno sino el pueblo movilizado los que paran la guerra”. Saavedra preguntó por el desescalamiento de la violencia, Walter respondió “Hay que hacerlo más adelante, en los acuerdos hubo un plan de desminado pero estos acuerdos fueron traicionados”. Además confió en que con este gobierno se debe avanza y afirmó que se necesita la continuidad del gobierno Petro.   Edinson Obando, líder social de Tumaco afirmó que todo se depende de la comunidad. Lo que requieren por parte de las partes para que esa paz sea concretada, para Obando, se necesita “para que pueda haber una credibilidad es que los acuerdos se cumplan. Hay muchos factores para llegar a sentirnos otra vez sacudidos por los vientos de la paz es que haya inversión en territorio y que nos miren, nos protejan, se debe tener la libertad de movernos de expresernos y este espacio tiene sentido si se pueden cumplir”.   Foto tomada por: Sergio Saavedra Uno de los problemas que entraron a resolver en esta mesa de negociación fue la aparición de miembros de la Segunda Marquetalia en el Páramo de Sumapaz. Desde el coliseo se constató un clima especial para abordar estos temas, con gente desde las gradas emocionadas porque podían por fin palpar algo que parecía una utopía: la paz en Tumaco y en los territorios nacionales puede ser posible.

Por: Katerin Erazo, Periodista foto tomada de: Ronald Peña R/EFE El próximo ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia se realizará en La Habana, Cuba, durante la tercera semana de octubre. Esta nueva fase busca consolidar los avances en las negociaciones y establecer las bases para una reducción significativa del conflicto armado. Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en estas conversaciones, ha señalado la importancia de la participación de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, en este ciclo, considerándolo un "protagonista de primer orden" en el proceso. En una reciente entrevista, Novoa destacó que el Gobierno de Gustavo Petro está comprometido con facilitar la presencia de Márquez en la mesa de diálogos. Sin embargo, advirtió que esta decisión está sujeta a una serie de complejidades que involucran a instituciones clave del Estado, como la Cancillería, la Fiscalía General de la Nación y la Presidencia de la República. "El Gobierno está en disposición de contribuir para que esto ocurra", afirmó Novoa, dejando claro que todavía no puede adelantar los detalles de cómo se gestionará la participación de Márquez, pero que se está trabajando de manera conjunta con los países garantes para garantizar que el proceso avance de manera adecuada. Uno de los aspectos más delicados en torno a la posible participación de Márquez es la suspensión de las órdenes de captura en su contra. Otty Patiño, comisionado para la paz, ha explicado que, aunque esta medida depende de la Fiscalía General de la Nación y de la posible solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, el Gobierno está evaluando su viabilidad. No obstante, Patiño también subrayó que la suspensión de la orden de captura no garantiza plenamente la seguridad de Márquez, quien ha sobrevivido a varios atentados en el pasado. "Es algo más simbólico", comentó Patiño, enfatizando que, aunque esta suspensión permitiría la participación de Márquez en las negociaciones, no ofrece una protección completa a su vida. En este sentido, Novoa ha remarcado que se están tomando todas las medidas necesarias para que la mesa de diálogo avance de manera segura y eficaz. La presencia de Márquez, un actor clave en este conflicto, podría ser un paso decisivo para lograr acuerdos que permitan una salida negociada y pacífica con la Segunda Marquetalia. Para el Gobierno, es esencial que todos los involucrados contribuyan a la construcción de una paz duradera. Además de la posible participación de Márquez, el segundo ciclo de diálogos en La Habana abordará temas fundamentales para el desescalamiento del conflicto armado. Entre los puntos clave se encuentran la precisión de la agenda de negociaciones, el establecimiento de protocolos para el funcionamiento de la mesa de diálogo y la creación de mecanismos que permitan una reducción progresiva de la violencia. Según Novoa, tras superar algunas dificultades iniciales, ambas delegaciones han reafirmado su compromiso con el proceso de paz y han definido un horizonte claro para el desarrollo de las conversaciones. Este nuevo ciclo llega en un momento crucial para el país, donde diferentes sectores sociales, incluyendo comunidades afectadas por el conflicto, han manifestado su respaldo a las negociaciones. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal en las conversaciones, destacó la importancia de retomar los diálogos en este segundo ciclo, señalando que las comunidades han expresado su deseo de que la paz se construya con un enfoque territorial. "Fueron numerosas las comunidades que se hicieron presentes y marcharon hacia el coliseo donde se hace una gran concentración para expresar la necesidad de que la paz se base en las apuestas territoriales", afirmó Henao.   El primer ciclo de diálogos dejó resultados significativos en cuanto al desescalamiento del conflicto, y las expectativas para esta nueva etapa son altas. Las conversaciones en La Habana son vistas como una oportunidad para consolidar estos avances y establecer acuerdos concretos que permitan reducir la violencia y generar condiciones para una paz duradera en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos. La participación de Márquez, si bien es vista como una pieza clave para el éxito de los diálogos, está rodeada de tensiones, tanto a nivel interno como internacional, debido a los pendientes judiciales que tiene el líder de la Segunda Marquetalia. A pesar de estas dificultades, el Gobierno de Petro ha mantenido su apuesta por el diálogo como el principal mecanismo para poner fin a las hostilidades y avanzar hacia una reconciliación nacional. Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el Gobierno ha mostrado un interés en acelerar los trámites para levantar la orden de captura de quien sería el comandante de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez. Sin embargo, este proceso enfrenta múltiples dificultades. Marín menciona que en primer lugar, Márquez tiene un proceso pendiente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de estar vinculado a procedimientos judiciales por parte de la Fiscalía y órdenes de extradición. La investigadora explica que esto requiere una articulación institucional cuidadosa para definir el tratamiento jurídico que se le dará, garantizando que no haya conflictos de intereses y se respeten las garantías de seguridad para Márquez, quien ha sobrevivido a varios atentados, el más reciente en la frontera colombo-venezolana.   Marín también señala que tanto el gobierno como la Segunda Marquetalia son conscientes de los retos relacionados con el levantamiento de la orden de captura, lo que ha llevado a que los principales negociadores sean otros líderes históricos como Zarco Aldinever y Walter Mendoza. Los impases en el proceso de diálogo han estado vinculados al asesinato de un comandante de la Segunda Marquetalia durante un enfrentamiento en Nariño, incidente que complicó la instalación de la mesa de negociación. No obstante, Otty Patiño ha señalado que este obstáculo ha sido superado, lo que ha permitido avanzar hacia el segundo ciclo de negociaciones, programado para la tercera semana de octubre. Paola Marín destaca que este segundo ciclo será clave para abordar varios temas de la agenda trazada, entre ellos el desescalamiento del conflicto, que ya ha mostrado avances positivos según los comunicados del gobierno. Marín menciona que también será fundamental aclarar la agenda de diálogos y asegurar que el desescalamiento se asiente en los territorios donde la guerrilla tiene presencia, así como establecer los protocolos para el funcionamiento de la mesa. Además, se han iniciado diálogos territoriales donde la sociedad civil ha presentado propuestas, especialmente en relación con la participación de las víctimas. Un ejemplo reciente es el espacio de diálogo realizado en Tumaco, Nariño, donde se discutió la influencia de este grupo armado en la región. A pesar de los avances sociales que respaldan el proceso de negociación, Marín enfatiza que el mayor reto radica en resolver los temas jurídicos, especialmente para aquellos como Iván Márquez, que ya habían participado en el proceso de paz de La Habana en 2016. Esto plantea uno de los desafíos más significativos de la negociación, ya que será crucial medir la capacidad del gobierno para llevar a buen término este proceso, culminando con acuerdos positivos.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: France24 La directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, se comprometieron a hacer una investigación exhaustiva para averiguar qué sucedió con 398 bienes que Salvatore Mancuso entregó al gobierno Uribe cuando se sometió a Justicia y Paz a mediados de la primera década del siglo XXI.   En el 2007 Mancuso se acogió a la ley de Justicia y Paz con la que decidió entregar sus ejércitos y también sus bienes al gobierno de Alvaro Uribe. Casi veinte años después constató que, a pesar de que entregó más de quinientos para reparar a sus víctimas, sólo aparecen regostrados 102. Esto podría haber pasado con varios paramilitares que se comprometieron a entregar sus bienes. La Agencia Nacional de Tierras pensaba contar con un banco de tierras para entregar a victimas pero las cuentas no dan. Mancuso se comprometió con Solano en llegar hasta el final de la investigación para saber la verdad.   El 4 de marzo se definió la situaçión jurídica de Mancuso como gestor de paz. Una de sus decisiones para demostrar su compromiso con eso fue entregar 100 propiedades que aún estaban en su poder para reparar a víctimas. En ese momento se reconoció que el porcentaje de víctimas del paramilitarismo reparadas era muy bajo y que incluso muchos esperaban hasta su muerte a que les devolvieran las tierras que alguna vez les quitaron. Estas propiedades que Mancuso buscó entregar en marzo ascendían a cinco millones de dólares. Con los bienes del ex comandante paramilitar se busca reparar a 70 mil víctimas. En el año 2012 la Fiscalía logró establecer que en la ofensiva de las AUC entre 1997 y 2006 Mancuso logró conseguir de manera ilegal por lo menos 38 predios, dos sociedades y un famoso restaurante, cuyo valor llegó a los 1.200 millones de pesos, y una cooperativa llamada Incusol que, según Verdad Abierta, iba a administrar los proyectos productivos que iban a administrar los desmovilizados. En esa ofensiva paramilitar el comandante de las AUC se pudo haber robado más de 5 mil hectáreas a sus víctimas.   Se calcula que en su momento de auge Mancuso pudo llegar a tener un capital que superaría los 50 mil millones de pesos en el 2004. Vale la pena aclarar que la reunión que sostuvo Mancuso el pasado 23 de septiembre se reencontró cara a cara con Lilia Solano quien fue una de las manifestantes que se opuso en julio del 2004 a la visita que realizó el ex comandante de las AUC al Congreso. Mancuso fue invitado por dos de las congresistas que eran fichas de los paramilitares en la cámara, Rocío Arias, del Bajo Cauca Antioqueño y Eleonora Pineda de Tierralta Córdoba. No fue el único comandante de las Autodefensas que llegó a ser aplaudido por el congreso, lo acompañaban Ernesto Báez, amo y señor del Magdalena Medio y Ernesto Báez, uno de los ideológos políticos más fuertes que tuvo el paramilitarismo. Solano fue echada del congreso en ese momento por oponerse a ese homenaje que le hicieron a tres de los hombres que llevaban el terror al campo colombiano.   Solano y Harman se comprometieron a averiguar la verdad sobre los cuatrocientos bienes que entregó a sus víctimas en los tiempos de Uribe y que no aparecen.

Por: Paola Marín El pasado 12 de septiembre, se denuncio el secuestro de 5 indígenas Emberá, por parte del Clan del Golfo en el departamento del Choco, dentro de las cuales habría 3 menores de edad. Posterior a su retorno, se conoció que, las mujeres y niñas secuestradas, habían sido obligadas a bailar para miembros de esta organización, sin conocerse más detalles del caso. Sumado a estos hechos de violencia sistemática contra mujeres, se han conocido amenazas, por parte del Clan del Golfo en la ciudad de Quibdó, en el cual se comunica la ejecución del llamado “Plan feminicidio” contra mujeres que se encuentren relacionadas a miembros de otros grupos armados. En la región del Pacífico colombiano, el departamento de Chocó ha sido históricamente escenario de conflictividad armada y exclusión social. En la actualidad, la situación en Quibdó, su capital, se ha deteriorado significativamente debido a la escalada de violencia impulsada por la confrontación territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, grupo también conocido como Ejercito Gaitanistas de Colombia (EGC). La expansión de estos actores armados en la ciudad ha exacerbado la crisis de seguridad y ha traído consigo una nueva y alarmante amenaza: la utilización de la violencia de género como arma de guerra. Ya en recientes comunicaciones, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguro que el Clan del Golfo, se estaba expandiendo en la ciudad, el comisionado, en el debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, que el Clan del Golfo, estaría condenando a muerte a muchas mujeres, que no son parte de esas estructuras de las bandas, “sino que las publican en las páginas de ellos, diciendo que tienen que salir del territorio o irse”. El contexto de disputa territorial no solo afecta las dinámicas de control del territorio, sino que ha desatado un ciclo de violencia dirigido de manera particular hacia las mujeres. En las últimas semanas, diversos reportes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y colectivos feministas han advertido sobre un “plan feminicidio” que busca golpear de manera sistemática a mujeres relacionadas, directa o indirectamente, con los actores del conflicto. Este tipo de violencia de género, se emplea como una estrategia de retaliación, afectando a madres, hermanas, amigas y parejas de los integrantes de los grupos armados. Los mensajes de advertencia, que circulan ampliamente en redes sociales y medios locales, han creado un ambiente de terror en Quibdó. En uno de estos mensajes se lee claramente la amenaza: “Tienen 24 horas para abandonar la ciudad porque ya están en la lista de objetivos militares”. La amenaza de feminicidios, sumada a la creciente tasa de homicidios en la ciudad, ha convertido a Quibdó en un epicentro de la violencia urbana. Según de medicina legal, hasta julio del 2024, se han presentado 85 hechos de homicidio, 13 más en comparación con el mismo periodo en el año anterior. (Medicina Legal, 2024) Este incremento en los niveles de violencia se atribuye principalmente a los enfrentamientos entre los grupos criminales locales, como Los Mexicanos, Los Locos Yam, y Los RPS, en alianza o competencia con el Clan del Golfo. Elaborado por Fundación Paz & Reconciliación, Línea de convivencia y seguridad Ante estas alarmantes circunstancias, se han implementado medidas de militarización en la ciudad. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para contener la ola de violencia ni han logrado garantizar la protección efectiva de las mujeres. De hecho, los ciudadanos continúan cumpliendo con el toque de queda impuesto por las bandas criminales, mientras que las mujeres enfrentan restricciones aún más severas. Los mensajes intimidantes y los panfletos que circulan en la ciudad refuerzan el control de estos grupos armados sobre las actividades diarias de las mujeres, creando una atmósfera de miedo y represión. ONG’s como Corporación Humanas o la Ruta Pacífica de Mujeres, han sido enfáticas en señalar que la crisis actual está afectando de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes. A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo incluyó el compromiso de realizar un consejo de seguridad en Quibdó para abordar específicamente las violencias de género, este no se ha llevado a cabo. Frente a esto, el pasado 19 de septiembre, emitió la Alerta Temprana de inminencia N.º 024-24, para la ciudad de Quibdó, en la cual se advierte el riesgo de violaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en las seis comunas de la zona urbana del municipio de Quibdó, particularmente en las comunas Uno, Cuatro, Cinco y Seis, y un riesgo alto para las comunas 2 y 3.  (Defensoria del Pueblo, 2024). Aunque en la alerta temprana se hace la recomendación de activar y coordinar, desde el Comité intersectorial departamental para la prevención de la violencia por razones de sexo y de género, una estrategia de atención integral en Quibdó, organizaciones como la Ruta Pacífica de Mujeres, informa que no se ha emitido una “alerta específica sobre la violación de derechos de las mujeres en esta región, lo que evidencia una falta de atención a su grave situación de vulnerabilidad”. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2024) La gravedad de las amenazas y los asesinatos que se están registrando en Quibdó alertan sobre la necesidad de concretar medidas de desescalamiento de la violencia en el marco de las negociaciones de la Paz Total, y para el caso de Quibdó, de la Paz Urbana. Es claro que la respuesta de las autoridades locales y nacionales ha sido insuficiente, y las ONG que operan en la zona, como Médicos Sin Fronteras, han advertido sobre el impacto psicológico devastador que la violencia está teniendo sobre la población, especialmente las mujeres, quienes se enfrentan no solo al riesgo de agresiones físicas, sino también al profundo deterioro de su salud mental. Así, es fundamental que el Gobierno Nacional redoble sus esfuerzos para enfrentar la crisis de seguridad en Quibdó, priorizando la protección de las mujeres y niñas que están siendo utilizadas como blanco y objetivo en este conflicto. Se requiere una intervención integral que no solo garantice la presencia de la fuerza pública, sino que también incorpore políticas de protección específicas para las mujeres, acceso a la justicia, y un enfoque en el desmantelamiento de las redes criminales que promueven este tipo de violencia. La militarización por sí sola no resolverá el problema de fondo, y la vida de cientos de mujeres quibdoseñas sigue estando en juego. Referencias Defensoria del Pueblo. (2024). ALERTA TEMPRANA DE INMINENCIA N.º 024-24.   Medicina Legal. (2024). Boletines Estadísticos Mensuales . Obtenido de https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales Ruta Pacífica de las Mujeres. (2024). Aumentan las desapariciones de mujeres y niñas en Quibdó, Chocó . Obtenido de https://rutapacifica.org.co/wp/aumentan-las-desapariciones-de-mujeres-y-ninas-en-quibdo-choco/

Por: Redacción Pares Es un clamor en territorio, un clamor que se grita tan duro que ha llegado a los oídos del presidente Gustavo Petro: se tiene que parar la guerra. Desde el pasado 3 de agosto, cuando no se renovó el cese al fuego con el ELN, las confrontaciones han regresado a Arauca, Cauca y Catatumbo. En el medio siempre va a estar la gente. Es por ellos que se debe intentar mantener los diálogos, así, al frente, esté un contraincante tan caprichoso y difícil como el ELN. Una de las exigencias del gobierno central era que los sacaran de la lista de Grupos Armados Organizados, una gestión que ya comenzaba a realizar el gobierno. Pero, la astilla que más les molestó a Antonio García y sus hombres fue el haberle dado estatus negociador a la escisión de esa guerrilla en Nariño, el Frente Comuneros Sur. Esto habría sido el punto irreconciliable.   Después del ataque a una base militar en Arauca que dejó tres soldados muertos y 29 heridos, que se realizó a punta de cilindros de gas a pesar de que la base estaba muy cerca de una escuela rural en donde habían cientos de niños, el presidente Petro había anunciado que cerrarían los diálogos con esa mesa. Unas horas después, a través de los jefes negociadores designados por el gobierno, Vera Grave e Iván Cepeda, el anuncio era que los diálogos se suspendían. Las respuestas del ELN no eran las mejores e incluso en alguna se pudo percibir un tono soez. Pero la paciencia del gobierno es la que se debe tener en este tipo de negociaciones.   A través del ministro del interior Juan Fernando Cristo el gobierno reafirmó su intención de seguir con los diálogos, eso sí, con una condición: tiene que haber un verdadero compromiso de paz por parte de esta guerrilla. Aunque las confrontaciones arreciaron después del 3 de agosto, durante el cese al fuego fueron múltiples los incumplimientos de esta guerrilla, decretando paros armados en Chocó a pesar de lo que estaba convenido. Por eso Cristo dijo lo siguiente: "Para hablar de paz se necesitan dos, y hasta el momento solo hay uno hablando, que es el Gobierno Nacional. El ELN no parece interesado.  Ojalá rectifiquen para que, con un gesto inequívoco de paz , como lo dijo el señor presidente de la República, se puedan retomar las negociaciones".   Mientras tanto Antonio García afirmó que los diálogos deben continuar así no exista un acuerdo de cese al fuego. El frente occidental del ELN se atribuyó el ataque a la base militar de Puerto Jordán. La razón por la que habrían emprendido ese ataque habría sido el supuesto encubrimiento dentro de las instalaciones de una banda criminal llamada “Los pescaos”. Esta información aún no ha sido confirmada. García argumentó lo siguiente con respecto a la no renovación del cese al fuego del 3 de agosto: "no pudo prorrogarse y en el contexto de buscar soluciones, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares ordenaron reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN".   Se espera que en los próximos días se tenga una hoja de ruta clara sobre lo que vendrá. Lo único cierto es que el presidente está dispuesto a escuchar el clamor de la gente en territorio que pide y exige que llegue la ansiada paz total.

Por: Oscar A. Chala Padilla, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Paola Andrea Marín, investigadora de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Sin mayores incentivos para seguir participando en el proceso de paz por parte del ELN (al ser una guerrilla binacional, encontrarse en competencia por la disputa de las rentas ilegales en algunos territorios con otros grupos armados y tener un fuerte arraigo territorial y social) y con un borrador de un documento guía que salió en agosto, el gobierno se enfrenta a un escenario frágil frente a la posibilidad de lograr un acuerdo con una de las guerrillas más antiguas del mundo. El riesgo: que la Paz Total, una de las ‘patas’ que sostiene la mesa en la que el gobierno ha construido su programa de gobierno y su proyecto político progresista, se termine por desgastar y ceda, en un escenario donde las relaciones con el Congreso están en un momento crítico —lo que puede impactar su agenda legislativa de reformas sociales, en un último intento por lograr que el Legislativo las apruebe— y donde las cifras de ejecución del gobierno indican una fuerte desigualdad entre sectores que han ido cumpliendo con su agenda de cambios (como en agricultura, educación, trabajo y defensa) y con sectores rezagados, importantes para sus bases sociales (como en igualdad y equidad). La carta con la que el gobierno pretende jugársela para mantener su proyecto de paz vivo aterriza en forma de procesos de paz más territorializados, aprovechándose de la división y contención de los grupos armados en el país. No obstante, con el golpe de la suspensión de la mesa de diálogos con el ELN, el discurso de la oposición se ha venido oxigenando con un discurso de mano dura, que puede adelantar el debate sobre la paz en Colombia hacia las elecciones de 2026. De la ‘Paz Total’ a la ‘Paz Territorial’: la estrategia del gobierno para mantener vivas las mesas de negociación Han pasado varios días desde el atentado perpetrado por el ELN en Puerto Jordán, Arauca, que dejó dos soldados muertos y 26 heridos. Este ataque trajo serias repercusiones para la política de Paz Total y generó reacciones significativas, como la del presidente Gustavo Petro, quien declaró que lo sucedido era “una acción que cerraba el proceso de paz con sangre”. Posteriormente, esto llevó a la delegación del Gobierno a anunciar la suspensión de la mesa de diálogos. La suspensión del proceso de negociación con el ELN, ¿significa entonces el fin de la Paz Total? O, por el contrario, ¿es un hito que traerá transformaciones al proyecto de Paz Total, eje central del Gobierno Nacional? Los avances obtenidos en la mesa de diálogo entre el Gobierno de Colombia y el ELN han sido significativos, especialmente en dos áreas clave: la participación de la sociedad civil y la suspensión temporal de las retenciones con fines económicos. Además, los importantes alivios humanitarios derivados del cese al fuego, que tuvo una duración de un año, generaron una disminución considerable en los enfrentamientos con la fuerza pública y en los ataques a la población civil. Fuente:  Infovisible, registros de prensa, monitoreo de acciones. Uno de los logros más destacados de las negociaciones fue el acuerdo alcanzado en mayo de 2023 sobre un modelo para la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Este avance fue crucial, ya que permitió incluir a diversos sectores sociales en los diálogos, incorporando las voces y preocupaciones de las comunidades afectadas por el conflicto. La inclusión de la sociedad civil no solo legitima el proceso, sino que también garantiza que sus propuestas sean consideradas en la búsqueda de una paz duradera. Otro logro significativo fue la suspensión temporal de las retenciones con fines económicos, una práctica que había sido uno de los mayores obstáculos para generar confianza en las negociaciones. El secuestro extorsivo, utilizado históricamente por el ELN como una fuente de financiación, ha sido uno de los crímenes más repudiados por la sociedad colombiana. En este contexto, la disposición inicial del ELN a suspender esta práctica representó un gesto importante hacia la construcción de confianza y el compromiso con los acuerdos. Aunque en mayo de 2023 el ELN anunció su intención de retomar esta práctica brevemente, la suspensión inicial reflejó un avance en el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos (DDHH). Este hecho demostró que, a pesar de la desconfianza persistente, es posible llegar a acuerdos en temas históricamente difíciles de negociar. Fuente:  Tomado de Cuenta de X  de Delegación de Gobierno En este punto y de manera más global, uno de los pilares fundamentales de la política de Paz Total ha sido la diversificación de las mesas de diálogo, lo que ha permitido que, a pesar de los contratiempos con el ELN, el proceso de paz continúe con otros grupos armados. Actualmente, existen mesas de negociación activas con el Estado Mayor Central con el sector al mando de alias “Calarcá”, el Frente Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia. Asimismo, se han iniciado conversaciones con el Clan del Golfo—Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y se encuentran en fase exploratoria las negociaciones con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En cuanto a la Paz Urbana, los diálogos con grupos de delincuencia organizada del Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó continúan en curso. Este enfoque múltiple no solo previene que el fracaso de una mesa de diálogo paralice todo el proceso, sino que también refleja una apuesta clara del Gobierno por la territorialización de la paz. Esta implica una estrategia que reconoce las especificidades regionales y aborda las particularidades de los conflictos en cada territorio.  Las dinámicas de violencia en Colombia son principalmente locales; las estructuras armadas, las economías ilegales y las relaciones entre comunidades y actores armados varían significativamente de una región a otra, por lo que el Gobierno de Gustavo Petro ha comprendido que la construcción de la paz no puede ser un proceso homogéneo y centralizado, sino que debe adaptarse a las particularidades de cada territorio.    Esto explica por qué, a pesar de la suspensión de la mesa con el ELN, se siguen realizando avances en otros procesos de negociación, en otras regiones del país. En departamentos como Nariño, Cauca y Chocó, la paz no dependerá exclusivamente del diálogo con el ELN, sino también de cómo se gestionan las negociaciones con otros actores armados, de las inversiones sociales en las comunidades y del fortalecimiento de las instituciones estatales. Este enfoque territorializado también implica trabajar con las comunidades para garantizar su participación en la construcción de la paz, tal como se evidenció en los avances logrados con el ELN respecto a la inclusión de la sociedad civil en el proceso. La Paz Total parece estar ajustando su estrategia para proporcionar soluciones que vayan más allá de los acuerdos con los actores armados, enfocándose en la transformación de los territorios históricamente marginados y afectados por el conflicto. Aunque el proceso de diálogo con el ELN está suspendido, los avances en otras mesas de negociación indican que el Gobierno sigue apostándole por una salida al conflicto. La oposición se monta en el bus de un nuevo discurso de seguridad con más mano dura La reacción de la mayoría del establecimiento político del país frente a la decisión del gobierno de suspender la mesa de diálogos con el ELN fue de respaldo y apoyo, no tanto al gobierno, sino a la idea de que el proceso de paz con esta guerrilla debía terminarse. Desde hace bastante tiempo parte de los partidos independientes y de oposición han mostrado su desconfianza con un proceso que consideran que no es serio, y han llamado a una estrategia militar mucho más agresiva y fuerte contra un grupo al que consideran que no ha demostrado hechos de paz. Es claro que el reflujo que tendrá la suspensión del proceso de diálogo y el congelamiento de este (que, de facto, implica que la mesa podría estar caída) tendrá ecos en el proceso electoral de 2026, especialmente frente a las agendas políticas que señalan que la Paz Total solo ha servido para que los grupos armados crezcan y que debe primar la “protección de la vida de los colombianos” por encima de cualquier negociación, como lo afirmó María Fernanda Cabal en su cuenta de X (anteriormente Twitter) . A estas declaraciones secundaron también congresistas del Centro Democrático como Andrés Forero y Christian Garcés, del mismo modo que congresistas de Cambio Radical como Carlos Fernando Motoa, quienes echaron en cara al gobierno que la promesa de que habría una paz con el ELN en menos de 3 meses desde su posesión en 2022 jamás se cumplió. Las claridades para la Paz Total llegan un poco tarde Aunque la Paz Total está reglamentada en la Ley 2272 de 2022, uno de los primeros proyectos legislativos aprobados por el Congreso al entonces recién elegido gobierno Petro que extendía la Ley 418 de 1997 que reglamenta toda la política de paz en el país —como la autorización al gobierno para negociar con grupos armados—, esta ley carece de un marco normativo formal que también había debido pasar por el Congreso. En noviembre de 2023, la Corte Constitucional declaró que la ley 2272 era exequible (es decir, su contenido se ajusta a la Constitución) pero hizo observaciones, especialmente frente a la facultad del presidente de determinar los términos generales de cualquier proceso de sometimiento a la justicia de algún grupo, facultad que le corresponde al Congreso. Con estas declaraciones de la Corte, la capacidad que el gobierno esperaba tener frente al control de los principales factores de la Paz Total (como suspender órdenes de captura o reubicar o determinar espacios para ubicar a grupos armados) se vio mermado, lo que se tradujo en un menor margen de maniobra frente a lo que el ejecutivo podía hacer para negociar con grupos armados y otros actores delincuenciales. Ha sido esto, junto con la inexistencia de ese marco normativo que defina de manera concreta los alcances, límites y conceptos de una Ley de Sometimiento para negociar con bandas criminales, que la propuesta se ha vuelto etérea y, aunque ha tenido importantes avances, también se ha visto limitada en sus objetivos concretos y reales, lo que se ha interpretado en la opinión pública como falta de rumbo. El gobierno intentó resolver el tema de la Ley de Sometimiento presentando un proyecto de ley al respecto en marzo de 2023 , junto con los principales proyectos de reformas sociales y reforma política que el gobierno ya estaba moviendo en el Congreso. No obstante, con la ruptura de la coalición de gobierno y el remezón ministerial, el proyecto generó demasiado ruido y se hundió por falta de trámite al cierre de la primera legislatura, en junio de 2023. Desde allí, no se ha vuelto a hablar del tema en el Congreso, aunque se rumora la posibilidad de que el gobierno se la juegue por otro intento para presentar una nueva Ley de Sometimiento antes de diciembre de 2024, según fuentes en el Congreso que hablaron con la Fundación Paz & Reconciliación para este artículo, y que pidieron reservar su nombre para dar declaraciones con libertad. Sin embargo, y al igual que con el primer proyecto presentado en 2023, no parece estar entre las prioridades del gobierno sacar un proyecto de ley similar. A pesar de todo, el gobierno lanzó dos borradores de decreto en agosto de 2024 para aclarar la hoja de ruta de la Paz Total , consolidando un primer proyecto de documento que sistematizara cómo debía funcionar y cuáles eran sus límites. Aunque estos borradores no traen novedades frente a la Paz Total, sí terminan aterrizando sus facultades frente a los límites impuestos por la sentencia de la corte, como indicar precisiones frente a las suspensiones de órdenes de captura contra miembros de grupos armados, así como las facultades para designar gestores de paz. De igual modo, estos borradores de decreto también regulan la construcción de zonas de ubicación temporal para grupos armados, en una figura similar a la de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización utilizadas en el proceso de paz con las FARC-EP, así como también la necesidad de que las autoridades territoriales locales aporten recursos para las acciones que se desarrollen en sus regiones, lo que ha implicado un choque de frente con gobernadores y alcaldes de tendencia opositora. Otra novedad que incluye este borrador es que termina por definir los conceptos con los que se van a categorizar a los grupos armados , para saber en qué tipo de proceso ingresan y cuáles serían los instrumentos para establecer una mesa de diálogos con los mismos. Del mismo modo, el decreto establecería el conducto regular  con el que el Alto Comisionado para la Paz comunicaría estos reconocimientos ante la Policía, la Fiscalía General y las Cortes. Fuente:  Infobae, extraído del DAPRE. Por el momento, de estos borradores no se conoce si finalmente serán publicados y firmados por el gobierno, pues fueron compartidos a la opinión pública a través del portal del DAPRE de la Presidencia para su evaluación, comentarios y sugerencias por parte de funcionarios públicos y figuras relacionadas con procesos de negociación y temas de paz. A modo de cierre La construcción del borrador de decreto para clarificar la Paz Total llega en un momento donde al gobierno le queda poco tiempo para reencausar su política de paz con la mayoría de los grupos armados. Sin un horizonte visible que indique que las negociaciones con el ELN puedan retomarse antes de que acabe el año, queda como reto para el gobierno sentar bases tangibles y visibles de avance en los procesos activos que le quedan. Esto, especialmente hablando del proceso con la Segunda Marquetalia y con el Frente Comuneros Sur del ELN, con los que el diálogo ha ido avanzando y que, posiblemente, sean los procesos que logren llegar más lejos este y el otro año. Los delegados del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, junto con la Iglesia Católica , han hecho un llamado para retomar el proceso, aunque se esperan gestos y actos de paz del ELN que demuestren que están dispuestos a volver a sentarse a negociar. Queda por ver si el ELN responde, aun a pesar de que ha considerado que los últimos ataques que han realizado sobre la fuerza pública están amparados en el derecho internacional, e indicar que la guerra es contra el Estado, aun a pesar de que el poder lo tiene un gobierno progresista de centroizquierda.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El País La mayoría de medios del país, al informar que había caído Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el ex mayor de la policía a quien conocían con su alias de Zeus, hicieron referencia a su fortuna: 11.700 millones de pesos. Es imposible que un oficial del ejército pueda acumular tal cantidad de dinero. Zeus lo hizo por los servicios que le brindó al Clan del Golfo, con el que traficaba armas y droga. Fue condenado por su traición al ejército. Su fortuna estaba repartida en propiedades a lo largo y ancho del país. Según un informe de la Fiscalía sus bienes estaban, sobre todo, en estos tres lugares: Bogotá, Yondó y Puerto Boyacá. Tenía dos fincas ganaderas que superaban las 500 hectáreas.   Empezó en el crimen al lado de un histórico de las Autodefensas, el temible Carlos Mauricio García Fernández, mejor conocido como DobleCero, creador y comandante del Bloque Metro. Uno de sus grandes logros en la delincuencia fue lograr infiltrarse en el Batallón Vargas en Meta. Allí participó en siniestros episodios, el más terrible de todos fue el de falsos positivos. Allí conoció a quien sería su patrón, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, amo y señor de lo que después se conocería como el Clan del Golfo.   En el ejército participaría de otro hecho innombrable: la masacre de Cajamarca. En una pequeña vereda del Tolima el ejército asesinó a cinco campesinos el 10 de abril del 2004.  Uno de ellos tenía seis meses de nacido. La versión que entregaron los militares fue que, debido a la neblina, confundieron a los campesinos con guerrilleros de las FARC. Esta teoría fue repetida por el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez. Luego se comprobó que habían sido ejecutados de manera extrajudicial. Muchos años después, en el 2022, el propio expresidente Uribe reconoció su ligereza ante la versión de los hechos que él dio de manera oficial. A este crimen se suma el asesinato selectivo de miembros de la Unión Patriótica.   En el año 2005 el ejército lo sacó de sus filas y cinco años después caería con 190 kilos de cocaína. Lo condenarían a 15 años de prisión. Tras las rejas supo consolidar sus contactos con grupos como el Cartel del Norte del Valle. Nunca dejó de ser un delincuente. La JEP lo dejó libre en el 2021 y tres años después volvería a caer.   En abril del 2024, mientras transportaba armas y droga, fue detenido en norte de santander. Lo llevaron a una estación de policía de Cúcuta a donde escaparía. El plan lo habría orquestado apoyado en una banda llamada los AK-47. Según el diario La Opinión de esa ciudad pagó cerca de 100 millones de pesos para que lo ayudaran a escapar de esta forma: uno de los reclusos simuló una emergencia médica y así pudieron sorprender a los guardias. 45 reclusos escaparon esa noche, entre ellos se encontraba Zeus. Tiempo después envió una carta a la JEP en donde explicaba lo siguiente: “Sentí pavor, temor de ser asesinado y corrí. Realmente no sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon como en cinco oportunidades a la cabeza”   Desde entonces era uno de los objetivos de la Operación Agamenón. En la mañana del domingo 29 de septiembre todo terminó para él en la vereda Pocitos. La versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento pero, la verdad sea dicha, Zeus sabía mucho sobre capítulos oscuros del ejército como falsos positivos y asociación de oficiales de esa institución con bandas criminales. Tenía demasiado para decir. Valía más vivo que muerto. Aunque el ejército esté celebrando su caída lo único cierto es que sus declaraciones ante un tribunal para la JEP podrían valer más que el ruido de su caída. Al menos eso se pregunta uno de los medios que más ha investigado sobre sus andanzas criminales, el diario la Opinión de Cúcuta quien deja escapar esta pregunta, ¿alguién quería callar a Zeus?

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Colombiano Las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos por dar con los autores del ataque que dejó cuatro personas muertas en Yondó, pleno Magdalena Medio. Así lo aseveró el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. Los hechos ocurrieron en la vereda La Rompida. Cuatro de las personas asesinadas pertenecían a la organización comunal del municipio de Cantagallo. Las víctimas fueron obligadas a llevar en una camioneta a un miembro del Clan del Golfo asesinado. Los muertos eran: Lisímaco Samundio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanías, Johana Sepúlveda, secretaria, John Freddy Pérez, vicepresidente, y Luis Eduardo Pérez, padre del presidente de la Junta de Acción Comunal.   En Cantagallo la guerra nunca para. En una de las confrontaciones uno de los miembros del Clan del Golfo, grupo que hace presencia en la zona, cayó. Por lo que obligaron a autoridades de la vereda Lejanías a llevar el cuerpo hasta San Miguel de Tigre, corregimiento de Yondó, pero antes de llegar fueron atacadas. Aún no se sabe quienes fueron los autores de la masacre. Una de las pocas versiones oficiales ha estado a cargo del secretario de seguridad de Antioquia, el brigadier Luis Martínez quien le dijo lo siguiente al diario El Colombiano: “Solo conocemos que ahí hay un enfrentamiento permanente, del cual pues ya el Ministerio de la Defensa tiene conocimiento, en varias oportunidades se le ha dado a conocer al gobierno nacional la situación tan lamentable, la situación tan delicada que se presenta en el sur de Bolívar”.   El motivo del traslado del cuerpo era buscar cristiana sepultura. Los hombres del Clan del Golfo ejercieron presión contra el grupo de la vereda de Lejanías  a sabiendas del riesgo que se corría. Cuarenta y ocho horas después de los hechos todos los indicadores apuntan a que los autores de la masacre serían disidencias de las FARC, específicamente el frente 24, que sostienen un enfrentamiento por territorio y rentas con dos grupos, el Clan del Golfo y el ELN. Las autoridades están buscando a como de lugar a los autores de la masacre.   Por su posición geográfica, que colinda con el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, ha sido objeto constante del hostigamiento por parte de los grupos armados. La riqueza de sus tierras ha sido objeto de permanente disputa por parte de las guerrillas, fuerzas del estado y grupos paramilitares. Se han creado redes de paz por parte de la comunidad en Yondó pero nada parece mitigar los efectos de la guerra. El pasado 30 de septiembre lo que mataron fueron a los líderes de una comunidad, como la vereda Lejanías, que está luchando con todas sus fuerzas para poder vivir en paz.

Por: Katerin Erazo, Periodista La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia podría estar enfrentando serios retos que comprometen tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas a los responsables del conflicto armado, como la ejecución de un plan gubernamental para acelerar el desarrollo territorial y garantizar la seguridad en las regiones más afectadas por la violencia. En una carta enviada, el pasado 20 de septiembre, por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Vidal, al presidente Gustavo Petro, se advirtió que el presupuesto necesario para que militares y excomandantes de las extintas FARC puedan cumplir con las sanciones impuestas por el tribunal no está garantizado. Vidal enfatizó que, aunque la JEP tiene la responsabilidad de imponer las sanciones, el Gobierno Nacional es el encargado de asegurar los recursos para su ejecución. "La preocupación de la magistratura radica en que los fondos destinados a los planes y proyectos que buscan garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición, parecen estar siendo dirigidos a otras áreas del gobierno", señaló Vidal. Esta desviación de recursos afecta directamente la implementación de las medidas impuestas por la JEP y pone en riesgo el compromiso de Colombia con los principios fundamentales del Acuerdo de Paz. Vidal solicitó al presidente Petro que emita instrucciones claras para que los recursos del Fondo Colombia en Paz, el cual financia estos programas, se utilicen específicamente para cumplir con las sanciones y medidas reparadoras establecidas por la JEP. De no hacerlo, las sanciones, que buscan hacer justicia para las víctimas, podrían quedar en el aire, debilitando la legitimidad del sistema de justicia transicional en el país. Por otro lado, la administración de Gustavo Petro también enfrenta desafíos en la implementación integral del Acuerdo de Paz firmado en 2016. El presidente ha impulsado con fuerza una estrategia de choque para acelerar su ejecución, con un enfoque en la transformación territorial y la seguridad de excombatientes y líderes sociales. Un borrador que circula en las oficinas de alto nivel del gobierno detalla esta estrategia, la cual busca dinamizar la implementación del Acuerdo de Paz a través de seis pilares fundamentales. Entre los más destacados se encuentran la agilización del acceso a tierras, la actualización del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —clave para proteger a firmantes del acuerdo y defensores de derechos humanos— y la creación de un nuevo modelo de gobernanza territorial, basado en los pactos territoriales.   El acceso a tierras, uno de los compromisos más cruciales y difíciles del acuerdo, es una prioridad en este plan de choque. La redistribución de tierras y la titulación de 7 millones de hectáreas se han visto frenadas, con solo 112.000 hectáreas adquiridas desde el inicio del gobierno de Petro. Este retraso ha sido criticado, y el gobierno busca acelerar el proceso mediante un enfoque más eficiente de la Agencia Nacional de Tierras. Adicionalmente, el plan de choque aborda la necesidad de una mayor seguridad para los excombatientes y las comunidades vulnerables en las zonas afectadas por el conflicto. Se propone una reconceptualización del sistema de protección, centrándose no solo en esquemas tradicionales de seguridad, sino también en medidas que fortalezcan el desarrollo económico y social en esas regiones. El Sistema Integral de Seguridad, que ha sido poco eficaz por falta de recursos, está siendo revisado para mejorar su capacidad de respuesta. Tanto la carta del magistrado Vidal como el plan de choque del gobierno reflejan un desafío compartido: la falta de recursos y la urgencia de redirigirlos adecuadamente para cumplir con las promesas del Acuerdo de Paz. Mientras la JEP requiere de fondos para garantizar que los responsables del conflicto cumplan con las sanciones impuestas, el gobierno necesita acelerar la implementación del acuerdo para lograr un desarrollo territorial equitativo y garantizar la seguridad de excombatientes y comunidades afectadas. La coincidencia de estos dos desafíos pone en evidencia que la implementación del Acuerdo de Paz sigue siendo un proceso complejo que requiere coordinación entre las distintas ramas del gobierno. La falta de recursos puede generar serios retrocesos tanto en la reparación de las víctimas como en la consolidación de una paz duradera en Colombia. El presidente Petro, en su estrategia de aceleración del acuerdo, deberá enfrentar no solo las dificultades logísticas de su plan de choque, sino también garantizar que las instituciones, como la JEP, cuenten con los recursos necesarios para cumplir su misión de justicia. El éxito de ambos esfuerzos será decisivo para el futuro del proceso de paz en el país. Según Mauricio Valencia, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la situación actual en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) refleja varias tensiones dentro del Gobierno Nacional. Valencia señala que la carta enviada por Roberto Vidal, presidente de la JEP, evidencia inconsistencias en las políticas del Gobierno con respecto a la implementación de medidas para acelerar el proceso de paz. Mientras que se propone un plan de choque para avanzar en ciertos aspectos del Acuerdo de Paz, como la protección de líderes y lideresas y la restitución de tierras a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no se asignan los 450 mil millones de pesos que la JEP requiere para continuar su funcionamiento eficiente, recursos que además hacen parte de un acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional.   Valencia subraya que la falta de claridad en el respaldo financiero y político hacia la JEP ha generado críticas desde diversos sectores, incluidos excombatientes de las FARC y figuras como el expresidente Juan Manuel Santos. A inicios de año, los voceros de las FARC expresaron preocupación por la lentitud en el avance de la JEP y la inseguridad jurídica para los excombatientes, mientras que Santos ha advertido que la JEP se está volviendo maximalista y que debería limitarse su alcance para asegurar un cierre oportuno de su mandato. En esa misma línea, el Alto Comisionado para la Paz ha propuesto la creación de un tribunal de cierre que agilice los procesos judiciales y delimite las funciones de la JEP. Por otro lado, el plan de choque del Gobierno, que busca acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, pone un énfasis particular en áreas como la restitución de tierras y la protección de líderes y lideresas sociales, pero deja de lado aspectos cruciales relacionados con la justicia transicional, como el fortalecimiento de la JEP. La ausencia de medidas concretas para garantizar el funcionamiento de la JEP dentro del plan de choque refuerza las críticas hacia el manejo gubernamental, que parece desatender las obligaciones financieras y operativas adquiridas en el marco de los Acuerdos de Paz. Valencia concluye que, mientras no se garantice una mayor claridad sobre el futuro de la JEP y su capacidad para impartir justicia en los 11 macro casos que tiene en curso, seguirá habiendo incertidumbre sobre la consolidación de la paz en Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un nuevo hecho que refleja el control que busca ejercer el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el suroccidente del país, este grupo armado volvió a interrumpir el tránsito en la carretera Panamericana, afectando la conexión entre los departamentos de Chocó y Risaralda. Durante dos días consecutivos, la vereda Tabor, en el municipio de Tadó (Chocó), fue escenario de actos intimidatorios contra los transportadores que circulaban por esta importante vía. Camiones de carga fueron detenidos en un puesto de control ilegal, instalado por los guerrilleros del ELN. Los conductores fueron obligados a abandonar sus vehículos, los cuales luego fueron marcados con las siglas del grupo insurgente. Este acto, que se suma a una serie de incidentes recientes, evidencia el poder territorial que la guerrilla intenta consolidar en esta región estratégica. Uno de los transportadores afectados, aún impactado por lo ocurrido, lanzó una advertencia a sus colegas: "No circulen por la zona, la guerrilla está ahí y nos obligaron a detenernos. Nos pintaron los vehículos y la situación es peligrosa". Este mensaje, rápidamente difundido, generó preocupación entre quienes deben transitar regularmente por esta ruta, vital para el comercio y el transporte en la región. El ELN también ha hecho visible su presencia en otros puntos de Chocó. En las cercanías de Guarato, un pendón con un mensaje que alude a alias "Fabián", uno de los líderes históricos del grupo, fue encontrado a lo largo de la carretera. Este tipo de demostraciones públicas de poder buscan reafirmar el control territorial de la guerrilla en la región, generando temor entre los habitantes y transportadores. Ante la creciente preocupación por la seguridad en la carretera, las autoridades locales se reunieron en un consejo de seguridad que involucró a municipios de Chocó y Risaralda. Durante el encuentro, se reiteró el compromiso de las fuerzas militares y de policía para recuperar la tranquilidad en la zona y garantizar el libre tránsito por la Panamericana. Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, aseguró que si bien el ELN tiene una presencia consolidada en Chocó, el departamento de Risaralda se mantiene libre de una influencia directa de este grupo armado. Sin embargo, las operaciones militares se han intensificado en ambos departamentos, con el despliegue de tropas en puntos estratégicos para neutralizar cualquier intento de retomar el control de la vía. El bloqueo de la Panamericana por parte del ELN no solo afecta el flujo comercial y la economía local, sino que también incrementa la incertidumbre en una región ya marcada por la presencia de otros grupos armados. Se presume que en la zona también operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que eleva el riesgo de enfrentamientos entre estas organizaciones ilegales. A pesar de las promesas de las autoridades, los transportadores y las comunidades locales siguen viviendo bajo la sombra del conflicto armado, preocupados por la falta de garantías de seguridad en la carretera y temerosos de quedar atrapados en la violencia que se disputa el control de la región. Este reciente ataque del ELN es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los esfuerzos por mantener el orden y garantizar la seguridad en una de las zonas más estratégicas y conflictivas del país.

Por: Redacción Pares En Corinto y Cauca la guerra no cesa. Después de los acuerdos de Paz de noviembre del 2016 se vivieron momentos de tranquilidad. Pero el Estado jamás llegó a ocupar con su fuerza los territorios que abandonó las FARC. Al contrario, disidencias de ese grupo guerrillero, que abjuraron de los acuerdos, fueron quienes coparon el territorio. Columna móvil Dagoberto Ramos es una de esas estructuras.   Desde la línea de Paz Territorial se han identificado tres aspectos de por qué la guerra se ha volcado a este lugar de Colombia. La investigadora Paola Márín de la fundación Pares las explica de este modo: “la importancia del norte del Cauca, como corredor estratégico que conecta al Cauca con el Valle, además del Tolima, esto es fundamental ya que se encuentra en tránsito la ciudad de Cali, lo cual lo hace un espacio fundamental de disputa entre grupos armados, pero a partir de la pelea entre Mordisco y Calarcá por el EMC, ha habido un aumento de acciones armadas por parte del bloque Occidental Jacobo Arenas que es una de las más amplias a nivel militar y de control que tien Mordisco”.   Con lo que sucedió este 8 de octubre, la comunidad de Corinto denuncia la incursión de la Dagoberto Ramos tras el robo al Banco Agrario y el sostenimiento de combates que se vienen presentando contra tropas del ejército. Para Marín lo preocupantes “Es el estado de confinamiento y desplazamiento que podría ocurrir pronto y todo lo que supone esto como antesala para la COP 16”.   A dos semanas de empezar el evento las acciones de estos grupos armados van en aumento. Nestor Gregorio Vera Fernández lanzó su último comunicado el 30 de julio del 2024 anunciando la conformación de un nuevo Estado Mayor Central después de que este se hubiera dividido en las fraccíones de alias Calarcá y Andrey Avendaño quienes están alineados y se la juegan por la negociación del gobierno en el marco de la paz total. En esa última aparición Mordisco amenazó con atacar la COP 16 evento que llevará a Cali a más de 12 mil visitantes y que es considerado como la cumbre sobre biodiversidad más importante del mundo. Poco después matizó esta amenaza en esta declaración: “Hemos decidido como muestra y voluntad de paz ordenar nuestras unidades, no afectar la continuidad de la COP 16 que se va a realizar próximamente en la ciudad de Cali”.   Pero en la mañana del 8 de octubre, apenas a dos semanas del inicio de la cumbre, disidencias de las FARC, en la zona de influencia de Iván Mordisco, atacaron a Corinto y Caloto dejando a la comunidad en medio de las balas. A sangre y fuego asaltaron las sedes del Banco Agrario en ambos municipios. Los hombres armados ingresaron en camionetas, disparando contra la Fuerza Pública, llevandose una buena cantidad de dinero. Según el alcalde de Caloto, Oscar Cifuentes, los disidentes de la Dagoberto Ramos se llevaron 15 millones de pesos en efectivo. Horas antes, en un establecimiento comercial en el municipio de Toribío, este mismo grupo armado, en un ajuste de cuentas, vengándose de la muerte de uno de sus integrantes, asesinó a un grupo de personas. Aún no hay detalles de esta nueva masacre.   Al mediodía del 8 de octubre aún no se conoce si esta nueva incursión armada dejó heridos. Lo que se teme es que, acercándose la fecha de inicio de la COP 16, Iván Mordisco y sus hombres intensifiquen sus acciones armadas. En el territorio la gente lo único que pide es un cese al fuego.