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Por: Katerin Erazo, Periodista La reciente distribución de panfletos firmados por alias Matamba, miembro de las disidencias de las Farc, ha generado alarma en varios municipios del departamento del Cauca. En los documentos, que llegaron a viviendas y negocios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto, Miranda y Corinto, se convoca a comerciantes y líderes comunitarios a una reunión el 25 de noviembre de 2024. El objetivo declarado de este encuentro es gestionar una entrega de regalos navideños para los niños de las familias más vulnerables de la región. La iniciativa ha despertado el rechazo de los comerciantes y habitantes, quienes ven con preocupación la intención detrás de la citación. Los rumores indican que la reunión no solo busca la organización del evento, sino también imponer a los comerciantes la obligación de proveer los regalos que serían distribuidos por esta estructura armada. Esto ha encendido las alarmas en los organismos de seguridad, que han recibido múltiples denuncias sobre la circulación de los volantes. Indígenas de la región también han sido convocados, y algunos líderes recibieron la citación directamente en sus hogares o negocios. El miedo a represalias por no asistir a la reunión es una constante entre los convocados. Aunque el panfleto menciona un evento navideño, las autoridades temen que se trate de una estrategia de extorsión camuflada bajo una fachada de caridad. El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, denunció públicamente lo que calificó como una extorsión velada. “Estamos viendo el descaro donde requieren regalos de parte del comercio para poder celebrar este evento que beneficia a las estructuras ilegales del Bloque Occidental Jacobo Arenas”, afirmó Mejía, haciendo un llamado a la ciudadanía para que no se deje intimidar por estas acciones. Por su parte, la senadora Paloma Valencia expresó su preocupación a través de sus redes sociales, donde criticó la impunidad con la que actúan los grupos armados en la región. "Esto es un regreso al pasado más oscuro y violento del departamento. Las cifras muestran que tenemos todos los municipios importantes del Cauca en máximos históricos de asesinatos y extorsión", señaló la senadora, reflejando el sentimiento de desprotección que embarga a los habitantes de esta zona del país. Mientras tanto, en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, la situación de seguridad también es preocupante. Enfrentamientos entre la columna Adán Izquierdo del Estado Mayor Central (EMC) y el frente 57 Yair Bermúdez han alterado la vida de los habitantes de Santa Lucía y sus alrededores, quienes sufren el impacto de la disputa territorial entre estos grupos armados.   A pesar de la presencia de tropas del Ejército Nacional en la zona, el clima de miedo y tensión persiste. Los campesinos, atrapados en el conflicto, demandan una intervención efectiva que ponga fin a la violencia y les permita vivir en paz. Aunque no se han reportado heridos civiles, las amenazas constantes y la incertidumbre agravan la crisis humanitaria en esta región rural. El secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, manifestó su indignación por los recientes hechos y pidió al Gobierno Nacional que implemente medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población. La situación exige una intervención gubernamental decidida que no solo restablezca el orden, sino que también promueva un diálogo que conduzca a soluciones pacíficas y duraderas. Estos hechos en Cauca y Valle del Cauca reflejan la compleja realidad de varias regiones del país, donde los habitantes siguen enfrentando la amenaza de los grupos armados y la falta de soluciones efectivas para alcanzar una paz verdadera. Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que el Cauca, especialmente su región norte, ha enfrentado un aumento significativo de la violencia, impulsado por la división entre el Estado Mayor Central y el rompimiento del cese al fuego con la facción liderada por Iván Mordisco. A comienzos de este año, se observó un incremento en las acciones armadas por parte del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, que tiene presencia en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Aunque Iván Mordisco había anunciado recientemente, en el marco de la COP16, que no se llevarían a cabo acciones que afectaran el desarrollo de dicho evento, los hechos ocurridos en la mañana de hoy contradicen esta declaración, encendiendo las alarmas, pese a que las instituciones aseguran que las condiciones de seguridad están garantizadas. Marín también señaló que las actividades de grupos armados, como la entrega de regalos navideños o útiles escolares, no son exclusivas del Cauca, sino que ocurren en todas las regiones donde estos actores ejercen control, ya sea el Estado Mayor Central, las Disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN o incluso el Clan del Golfo. Estas acciones forman parte de un esfuerzo por legitimar su presencia en los territorios, y es importante recordar que muchos de los integrantes de estos grupos son originarios de las mismas comunidades, lo que les permite insertarse fácilmente en las dinámicas sociales locales. Además de buscar legitimación, estas actividades reflejan el control territorial que ejercen estos grupos armados, invitando a las comunidades a contribuir a sus propias necesidades bajo su supervisión. Este fenómeno no es nuevo según la investigadora de Pares y está profundamente arraigado en las estrategias de poder territorial que despliegan estas organizaciones. Actualmente, Pares está elaborando un informe sobre este tipo de ejercicios de control, los cuales, en algunos casos, benefician las economías locales mediante la construcción de infraestructura, como carreteras y vías, o con la entrega de ayuda durante crisis como la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, el Clan del Golfo ha proporcionado puestos de salud, ambulancias e insumos médicos en algunas regiones, mostrando que estas acciones de los grupos armados no son exclusivas de un solo territorio, sino que son parte de una estrategia más amplia.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un hito significativo para la política agraria del país, la vereda de Tarazá, en Antioquia, se convertirá en la 18ª Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Colombia, y la undécima constituida bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta nueva ZRC abarca un área de 42.973 hectáreas y tiene como objetivo fundamental la protección y fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria y la preservación del territorio frente a las amenazas de la violencia y la minería ilegal, que han afectado gravemente la región. El proceso de delimitación y constitución de la ZRC de Tarazá fue liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo director, Juan Felipe Harman, ha sido un fuerte defensor de la implementación de estas áreas protegidas como mecanismos para el desarrollo rural y la paz. Durante la audiencia pública para la socialización del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, Harman destacó la relevancia histórica de esta zona y los desafíos que enfrenta su población. “Tarazá ha sido escenario de múltiples hechos de violencia, minería ilegal y disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes son personas que anhelan vivir en paz y apoyan formas de organización social como la Zona de Reserva Campesina, defendiendo su derecho a permanecer en el territorio”, afirmó. El Plan de Desarrollo Sostenible es el documento clave que guía las acciones de la ZRC, y su socialización es el último paso antes de que sea aprobado por el Consejo Directivo de la ANT. Este plan busca no solo fortalecer la economía campesina, sino también garantizar la equidad social en la región, enfocándose especialmente en el empoderamiento de las mujeres rurales. A través del PDS, se proyecta una planificación participativa que involucra a la comunidad, las organizaciones sociales y las autoridades locales, con el fin de definir programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible del territorio. La región de Tarazá es reconocida por su alta biodiversidad, que incluye importantes corredores de fauna silvestre, como el hábitat del jaguar. Las veredas que componen la ZRC—Agualinda, Anaparci, Cañón de Iglesias, Curumaná, Doradas Altas, Doradas Bajas, El Guaimaro, La Primavera, Nerí, Popales, Potrero Largo, Tahami y Tesorito—son testimonio de un territorio con un profundo valor ecológico y agrícola. En estas zonas, la comunidad campesina ha desarrollado prácticas de manejo ambiental, conservación comunitaria y proyectos agroforestales, promoviendo un equilibrio entre la producción agrícola y la sostenibilidad ambiental. Entre los cultivos más representativos de la región se encuentran el cacao, la caña panelera, el plátano y el café orgánico. Además, se han implementado proyectos innovadores, como sistemas silvopastoriles para la producción de ganado lechero, iniciativas piscícolas, apícolas y la construcción de galpones para gallinas de engorde y ponedoras. Todo ello dentro de un modelo de desarrollo que combina el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la protección del medio ambiente. El establecimiento de la ZRC no solo garantiza la protección del territorio frente a la expansión de actividades extractivas ilegales, sino que también fortalece la capacidad organizativa de los campesinos, promoviendo su autonomía y su papel como actores fundamentales en la defensa de los recursos naturales. Este modelo de reserva es una respuesta efectiva a las necesidades históricas de acceso a la tierra y de dignificación del trabajo campesino. La historia de Tarazá ha estado marcada por la violencia, especialmente por la presencia de grupos armados ilegales que han disputado el control territorial debido a la riqueza minera de la región. La minería ilegal ha devastado el medio ambiente y ha generado altos niveles de conflicto, intimidación y desplazamiento forzado en la población local. Sin embargo, la creación de la Zona de Reserva Campesina representa una oportunidad para transformar esta realidad. Según Juan Felipe Harman, la constitución de la ZRC de Tarazá es una respuesta a la demanda de las comunidades rurales por un territorio donde puedan vivir en paz, defender su cultura y garantizar su soberanía alimentaria. El PDS establece mecanismos claros para promover la seguridad en la región, protegiendo a los habitantes de las amenazas externas y generando condiciones para que puedan mantenerse en sus tierras sin temor a ser desplazados nuevamente. El empoderamiento de las comunidades campesinas, especialmente de las mujeres rurales, es uno de los pilares fundamentales del Plan. La ZRC busca asegurar que todos los miembros de la comunidad sean reconocidos como sujetos de derecho y que se garantice la participación equitativa en los procesos de toma de decisiones. Este enfoque integral no solo mejora la calidad de vida de las familias campesinas, sino que también promueve la equidad de género y la justicia social. El establecimiento de la ZRC de Tarazá se enmarca en un contexto más amplio de políticas agrarias impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro. En los dos primeros años de su mandato, la Agencia Nacional de Tierras ha adquirido 166.000 hectáreas de tierras para la Reforma Agraria, superando las cifras obtenidas por las administraciones anteriores. Entre 2016 y 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos adquirió 17.882 hectáreas, mientras que entre 2018 y 2022, el gobierno de Iván Duque adquirió 18.159 hectáreas. En términos de tierras formalizadas, el gobierno actual ha logrado formalizar 1.208.400 hectáreas, superando significativamente las 265.088 hectáreas formalizadas durante el gobierno de Santos y las 1.072.519 hectáreas formalizadas bajo la administración de Duque. Además, el gobierno de Petro ha creado siete ZRC adicionales, y otras cinco están pendientes de aprobación, lo que evidencia un compromiso decidido con la redistribución de tierras y la justicia social en el campo. Este impulso a la Reforma Agraria se ha materializado en la reciente entrega de 50.000 hectáreas de tierras a campesinos de diferentes municipios del país. En San Sebastián de Buenavista, en el departamento del Magdalena, se entregaron 3.280 hectáreas, mientras que en Montería, Córdoba, se adjudicaron otras 8.430 hectáreas, de las cuales 7.916 hectáreas fueron adquiridas del Fondo de Reparación de Víctimas. La constitución de la Zona de Reserva Campesina de Tarazá no es solo un logro en términos de redistribución de tierras, sino también un símbolo de resistencia y de esperanza para las comunidades rurales que han enfrentado años de violencia y abandono estatal. La implementación de esta ZRC ofrece un camino hacia la reconciliación y la construcción de una paz duradera, basada en la justicia social y el reconocimiento de los derechos del campesinado. Con esta nueva ZRC, se espera que las comunidades campesinas de Tarazá puedan consolidar su permanencia en el territorio, preservando su cultura, su economía y su entorno natural, y demostrando que el desarrollo rural puede ser una herramienta poderosa para construir un futuro más justo y sostenible para todos.

Por: Redacción Pares En el próximo informe del observatorio para la defensa de la vida de la Fundación Paz & Reconciliación titulado Venezuela 2024: se profundizó el cierre del Espacio cívico y la criminalización y represión al movimiento de derechos humanos  que se publicará el próximo 15 de octubre, se dan unos datos escalofriantes. Según el Centro para los Defensores de la Justicia en su informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela” se reportaron 592 ataques a defensores de derechos humanos, lo que repersenta un incremento del 92% si se compara con el 2023.   Este fue un año de extrema agitación política. Como hemos venido reportando desde la línea de democracia la violencia electoral por parte del oficialismo hacia la oposición fue una constante. La campaña electoral que, en resultados que aún se discuten, dio como ganador a Nicolás Maduro, estuvo marcada por el hostigamiento, los señalamientos y la violencia contra los que estaban en las toldas de la Plataforma Unitaria Democrática, el partido que encabezan María Corina Machado y Edmundo González.   Entre las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos victimizadas durante 2024 se encuentran el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Acceso a la Justicia, Foro Penal, Transparencia Venezuela, Amnistía Internacional, Control Ciudadano, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) y Un Mundo Sin Mordaza, entre otras, las cuales fueron objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación y estigmatización.   En este informe queda claro que en Venezuela es un oficio de alto riesgo intentar hacer valer los derechos civiles. Si el periodo se amplía desde enero del 2021 hasta marzo del 2024 el número de agresiones llega a 2098 casos de presecusión y criminalización. Entre las formas de violencia están las detenciones arbitrarias, típicas de una dictadura. En el informe que presentaremos veremos como fueron víctimas de detención arbitraria Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en el 2021 durante un año hasta que Amnistía Internacional adoptó su caso por ser considerado un hombre que había cometido un único crímen: defender los derechos de los demás. Uno de los casos a los que se le dio más despliegue mediático fue el de Rocio Sanmiguel, quien en febrero del 2024 fue detenida cuando estaba a punto de salir del país en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Duro incluso un tiempo desaparecida hasta el fiscal Tarek William Saab confirmó que su detención se había dado bajo los cargos de “traición a la patria”. Ya cumple nueve meses detenida sin que se le sea asignado siquiera un abogado.   En el informe de ODEVIDA, que constituye una prueba que no hay garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos en la Venezuela de Maduro, también se abordan casos de amenazas, hostigamientos y violencia contra miembros de ONG. Incluso Amnistía Internacional le hizo llegar a Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, una carta denunciando estos hechos de extrema gravedad.   ODEVIDA, con valentía, es una de las voces que con más decisión ha enfrentado y denunciado los abusos del régimen de Nicolás Maduro reflejados, sobre todo, en el hostigamiento y violencia hacia la sociedad civil.

Por: Redacción Pares En un comunicado esta guerrilla afirmó estar dispuesto a continuar o al menos a hablar sobre la continuación de la negociación con el gobierno. Eso sí aprovecharon para desmarcarse de toda culpa y echarle la culpa a Petro por los presuntos incumplimientos con esa guerilla. En la publicación el ELN  aseguró que la crisis que vive el proceso de paz es culpa del gobierno y su incapacidad para cumplirle lo pactado “ llamamos de manera recurrente a la Delegación de Diálogos del Gobierno en la Mesa para que rectificara, pero optaron por la mentira a través de su matriz mediática sin respetar los acuerdos establecidos”. El COCE, según su perspectiva, es la fuerza pública la principal responsable del escalamiento del conflicto y principal responsable de que se haya roto en varias oportunidades el cese al fuego. Este no fue renovado el pasado 3 de agosto. Los principales perjudicados por esta decisión son los territorios. En lugares como Arauca y Norte de Santander se ha sentido con todo el rigor el recrudecimiento de la guerra.   Uno de los incumplimientos que reclama el ELN es el de que los sacara de la lista de Grupos Armados Organizados, algo que habían pactado desde diciembre del 2022 con el gobierno pero que nunca se concretó. Se sabe que, gracias a la gestión de Iván Cepeda y Vera Grave, jefes negociadores por parte del gobierno, se estaban adelantando gestiones para que esto se hiciera realidad. Incluso ya se tenía casi listo un decreto para considerar al ELN como un Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley, específicamente como una Organización Armada Rebelde, algo con lo que el COCE no estaría de acuerdo.   El gobierno no ha bajado los brazos y jamás ha cerrado la puerta a la reanudación de esta negociación. En territorios le están exigiendo que regrese la mesa, con mayor participación eso sí del pueblo. Vera Grave en varias oportunidades ha intercambiado duras palabras con periodistas que han puesto en entredicho la continuación de los díalogos. Ella siempre se ha sostenido en que la voluntad de paz existe y que el único camino que queda al final de un conflicto es el de sentarse a hablar con su oponente.Hay que recordar que una de las banderas de este gobierno es el concepto de la Paz Total y que la columna vertebral de esta política es precisamente llegar a un acuerdo con el ELN.   Mientras tanto en lugares como Norte de Santander han vuelto las masacres. En zonas en donde históricamente el ELN ha tenido control, como Abrego y Playa de Belén, se han presentado masacres. Se reporta en las últimas horas que en lugares como Teorama se han vuelto a convertir en verdaderos campos de batalla. Si bien la mesa de negociación ha mantenido la puerta abierta, el presidente no ha perdido oportunidad para criticar al COCE. El pasado 3 de octubre en un evento de entrega de tierras en el coliseo Miguel “Happy” Lora de Montería, el mandatario, que estuvo al lado del ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, aseguró que esa guerrilla ya no persigue los ideales que alguna vez esgrimió el admirado sacerdote Camilo Torres sino que la única bandera que esgrime es la de “la codicia”.   Todas esas pullas deben dejarse atrás si en realidad hay voluntad de paz. Los territorios lo necesitan.

Por: Redacción Pares En el próximo informe del Observatorio para la Defensa de la Vida , de la Fundación Paz y Reconciliación, se abordará la violencia que está usando el gobierno de Nicolás Maduro no sólo contra opositores sino contra la sociedad civil. Los ataques se han incrementado en un 96%. Algunos de ellos se traducen en detenciones arbitrarias. Como en su momento lo denuncíó el observatorio para la Protección de los Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a todas las infamias de este gobierno se sumó la abusiva e injustificada detención de Rocío San Miguel.   El fiscal del régimen, Tarek William Saa, se refirió a ella como una “traidora de la patria” que había cometido delitos como “terrorismo” y “asociación para delinquir”. Durante varios días Rocío San Miguel estuvo desaparecida, ante la angustia de sus familiares y de Amnistía Internacional que se quejó ante este atropello en un comunicado que decía lo siguiente:   “Rocío San Miguel es una reconocida defensora de derechos humanos, (…) Sus abogados han requerido información en centros de detención en Caracas y hasta la fecha no han recibido respuesta. (…) Ella está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela. Amnistía Internacional exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad persona”   Esta es la historia de su arbitraria detención.   Hasta el 12 de marzo del 2004 Rocío San Miguel trabajó para el gobierno de Hugo Chávez. El haber firmado, un año antes, el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, le costó su salida del Consejo Nacional de Fronteras. En ese momento el chavismo apretaba clavijas después de lo que se conocería como el golpe petrolero, el paro de abril del 2002 en donde Hugo Chávez salió por 48 horas de la presidencia, siendo reemplazado por la cabeza de Fedecamaras Pedro Carmona. En el 2003 se realizó un referendo revocatorio contra Chávez. Luis Tascón, diputado chavista, hizo pública una lista donde aparecían lo funcionarios que habían votado a favor de la salida de Chávez. El castigo fue despedirlos inmediatamente de sus cargos. San Miguel fue una de ellas.   Desde entonces se ha dedicado a luchar contra el régimen a través de Control Ciudadano, la ONG que fundó. Le ha ganado varios pulsos a Maduro, algo que él no olvida. En el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en la demanda que interpuso por su despido injustificado.  El Estado venezolano tenía hasta el 6 de mayo del 2024 para presentar el informe donde constatara que le había cumplido a San Miguel su reparación. Pasó esta fecha y nunca llegó la reparación.   A sus 57 años Rocío San Miguel ya sentía el cerco. Por eso, el pasado 9 de febrero, decidió irse al extranjero. Estaba lista para partir en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas cuando fue apresada. Se le acusaba de pertenecer a la operación Brazalete Blanco. Según la narrativa del gobierno bolivariano, el plan era organizar un ataque a una base militar en Táchira, estado limítrofe con Colombia, tomar armas y asesinar a dirigentes chavistas. Su objetivo principal era asesinar a Nicolás Maduro. En las últimas horas el gobierno de Maduro ya ha detenido a 36 personas, implicadas en su magnicidio, 12 de ellas supuestamente implicadas en dicha operación que lideraría San Miguel. La paranoia es una de las características del régimen.   Ella es experta en temas militares y de seguridad nacional por eso el régimen le colgó el letrero de conspiradora sin tener pruebas. Fueron muchos días en los que no se supo nada de su paradero, lo que ha causó la denuncia de Amnistía Internacional que publicamos más arriba.   Lo último que se supo de ella fue a través de su abogado, Juan Gonzalo Taguaruco, quien dio esta versión sobre cómo y donde se encuentra:   la mantienen en vigilancia permanente en una celda que comparte con otras tres mujeres en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicada en la parroquia San Pedro de Caracas. El espacio donde duerme no tiene ventanas, y solo puede salir al patio del recinto tres veces a la semana para que camine una hora.   Más detalles sobre otros líderes se leerán en el próximo informe que se publicará en PARES.

Por: Redacción Pares El sábado al mediodía el país se enteró de las buenas noticias. El país recuperaba un lugar en el que hace medio siglo el que mandan son las FARC. No había Estado. Esa ausencia de instituciones hizo que, después de la firma de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, otros grupos armados, disidencias de ese grupo guerrillero, se asentaran sobre el Cañón del Micay y el Plateado en el Cauca. 1.400 soldajdos entraron en la población de El Plateado, en donde viven cerca de 8.000 personas. El presidente, mostrando su cara más dura e intransigente, le levantó el dedo a Iván Mordisco y sus disidencias: la operación Perseo, nombre con el que bautizó el movimiento militar, incluiría bombardeos contra las disidencias. La población tenía que estar tranquila. Parte del gabinete iría hasta ese lugar del Cauca para reafirmar que el Plateado y el Cañón del Micay eran parte del Estado. Como resultado de la operación fueron detenidos dos miembros de la estructura criminal de Mordisco y 17 civiles resultaron heridos. Incluso en un trino el presidente le ordenó a los 8.000 pobladores de El Plateado desobedecer a Mordisco. El trino trajo sus tormentas: “Le solicito a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del Micay dejar de atender órdenes impuestas del MC. La región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean con mafias mexicanas y extranjeras (sic)”. La Defensora del Pueblo Iris Marin Ortiz no estuvo de acuerdo con este pedido del presidente y reaccionó de la siguiente manera a través de esa misma red social: “Solicito al presidente de la República abstenerse de pedir a la población civil que adopte posición alguna frente a los grupos armados que operan en esa región del departamento, pues puede incrementar el riesgo de dicha población (sic)”. Iván Velásquez ministro de defensa, aseguró que aunque hace seis años el Estado no hace presencia en este territorio, desde el pasado sábado 12 de octubre se hará presencia permanente en el Plateado. Esta es la historia de un territorio que ha sido territorio de nadie desde hace sesenta años. En el cañón en donde está ubicado El Plateado, corregimiento de Argelia, se concentra el 75% de los cultivos de coca en el Cauca. Son, según el informe de cultivos ilícitos de la ONU, unas 10 mil hectáreas cultivadas. Pero la gente en terreno sabe que pueden ser 30 mil. Uno de los primeros trinos de Gustavo Petro como presidente fue la promesa de que haría este lugar en el gran laboratorio de sustitución de cultivos. El Plateado está ubicado en lo que los argelinos llaman “la parte baja”. Está al norte, por donde desciende el río San Juan del Micay que forma un cañón en medio de la cordillera Occidental en su camino al Pacífico. Un cañón que se ha convertido en una de las regiones cocaleras más grandes del país, que concentra el 75 por ciento de los cultivos de coca en el Cauca. Acá quedan por lo menos 15 laboratorios de cocaína. Estratégicamente esta región montañosa es inmejorable: desde este lugar, navegando por los intrincados ríos Micay o Joaquín, se puede llegar directamente al Océano Pacífico y, en lanchas rápidas, dejar en mar abierto la coca que se consume en los Estados Unidos. El Plateado está ubicado en lo que los argelinos llaman “la parte baja”. Está al norte, por donde desciende el río San Juan del Micay que forma un cañón en medio de la cordillera Occidental en su camino al Pacífico. Un cañón que se ha convertido en una de las regiones cocaleras más grandes del país, que concentra el 75 por ciento de los cultivos de coca en el Cauca. Acá quedan por lo menos 15 laboratorios de cocaína. Estratégicamente esta región montañosa es inmejorable: desde este lugar, navegando por los intrincados ríos Micay o Joaquín, se puede llegar directamente al Océano Pacífico y, en lanchas rápidas, dejar en mar abierto la coca que se consume en los Estados Unidos.   Las Farc llegó acá en 1982. Pero la historia del Plateado arrancó en los años cincuenta. Su poblamiento se lo deben a un señor afro y evangélico llamado Miguel Zapata. Su posición geográfica, que lo convertía en un enclave, era una especie de cruce de caminos de mula en pleno corazón del Cañón del Micay. Hasta los años 70 era un pueblo común y corriente dedicado a los cultivos de arroz de secano, cacao y caña, pero empezaron a llegar los blancos de departamentos que lo colindaban como Nariño, Cauca, Valle y el Eje Cafetero. Poco a poco la población empezó a crecer hasta tener cerca de 12 mil habitantes. Según el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Juan Manuel Torres, en los años ochenta El Plateado era un caserío de unas 100 casas, hoy en día tiene 2.000. Buena parte de su infraestructura, que contiene una escuela para 1.200 estudiantes, se hizo al margen del Estado, por iniciativa de la misma comunidad. Hay un dato relevante, según el sociólogo José María Rojas, su planificación urbana, de calles anchas, parece hecha por los rusos. Con la llegada de los blancos aparecieron las primeras plantas de coca. Desde entonces diversas especies de la planta se han dado en este lugar. La riqueza de su tierra ha sido su maldición, como en tantas otras partes de nuestra geografía. En 1982 aparecen las FARC. Se da, según Juan Manuel Torres, después de la Octava Conferencia de esta guerrilla. Su poder creció todavía más a mediados de la década del noventa, cuando se conformó el frente 60. Hasta el 2007, con la ofensiva desplegada por la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, se vino a instalar un primer puesto de policía. Sin embargo la policía estuvo hasta el año 2015. La llegada de la policía al Plateado vino de la mano con el arribo de grupos armados como Los Rastrojos, que entraron en el municipio de Argelia y se apoderaron de la parte alta, después de una fuerte confrontación con el 60 Frente de las FARC-EP. Salieron derrotados y murieron cientos de paramilitares. Otro grupo armado, el ELN, empezaría a tener influencia en la zona desde el 2011, a través del frente José María Becerra. Los sucesivos ataques de la guerrilla terminaron sacándola, acaso para siempre. El exitoso proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos hizo que en este corregimiento se vivieran unos meses tranquilas entre el año 2016 y 2017. Sería una calma chicha. A pesar de que se ha desplegado la Operación Trueno de las Fuerzas Armadas para diezmar su influencia,  ahora el que manda es el frente Carlos Patiño de las EMC. El 1 de noviembre del 2023 se conoció que el cabecilla de este frente, Oscar Eduardo Sandoval, alias “El Mocho”, dio la orden a la comunidad de escupirle a los uniformados que vieran. Los acercamientos del gobierno de Gustavo Petro, en el contexto de los diálogos de paz, permitió que hubiera algo de presencia estatal a raíz de las elecciones de octubre del 2023. Periodistas de medios como La Silla Vacía o El Espectador constataron que en esta parte del país mandan las disidencias. Es común ver afiches en la calle de Manuel Marulanda Vélez, el mítico comandante de las FARC. Pero esta operación, la de Perseo, parece será el golpe definitivo a cualquier rastro de las FARC en la zona. La respuesta de Iván Mordisco no deja de ser inquietante, a pesar de haber dicho que no se metería con la COP 16 amenazó con las redes sociales que irá contra la cumbre y aconsejará “No ir a la cumbre en Cali”.

Por: Redacción Pares Gobierno Colombiano y el ELN, llevan 18 semanas en una crisis de la mesa, crisis agravada desde el 24 de agosto donde han vuelto a iniciar las acciones violentas entre ELN y gobierno, con su saldo de muertos, heridos y destrucción. El miércoles 8 de octubre el ELN envío una carta pública al gobierno colombiano, en la que propone la realización de una reunión : “nos disponemos a realizar una reunión con la Delegación de Diálogos del Gobierno para examinar la crisis en que se encuentra el proceso, con presencia de los países Garantes y acompañantes permanentes.” , propuesta que fue aceptada por la delegación de gobierno, lo cual es una buena noticia. Los temas que siguen estando en la base de esta crisis son: la exigencia del ELN, de ser sacados de la lista de los GAO, el supuesto incumplimiento de compromisos por parte del gobierno, la continuidad de la violencia en varios territorios, donde el ELN acusa la participación de la Fuerza Publica, actuando con otros irregulares, lo que el ELN, denomina paramilitares, estos son algunos de los temas que ELN y Gobierno Colombiano, deben tratar. Esperemos buenos resultados de ese encuentro que se dará en los próximos días. Las dificultades se pueden resolver, en el marco de una mesa que funcione. https://eln-voces.net/?p=12756 CARTA ABIERTA AL GOBIERNO COLOMBIANO – ELN. Delegacón de gobierno acepta la reunión propuesta por el ELN. https://172.16.1.20:15871/cgi-bin/blockpage.cgi?ws-session=18446744073690012536 Gobierno aceptó invitación del Eln para reanudar diálogos de paz | Pulzo   ELN y Gobierno se volverán a reunir luego de más de cuatro meses con diálogos de paz congelados COLOMBIA | El gobierno reanudará los diálogos por la paz. Iglesia Católica pidió retomar diálogos de paz entre el Gobierno y el Eln | El Tiempo ELN quiere reunirse con Gobierno y examinar crisis en proceso de paz, Soldado muerto y otro herid... “Siempre hay que insistir en la paz una y otra vez”: Gustavo Petro | El Espectador Antonio García', líder del Eln, se pronuncia tras suspensión de diálogos de paz | El Tiempo ¿Cuál es el futuro de los diálogos del Gobierno con el ELN? Vera Grabe, habló al respecto ¿Cuál será el futuro de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN? | Caracol Radio

Por: Katerin Erazo, Periodista En la madrugada de hoy, 15 de octubre, un nuevo episodio de violencia azotó la vereda Cerro Bravo, ubicada en el municipio de Aguachica, departamento del César. En este enfrentamiento, dos soldados del Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte fueron víctimas de un ataque perpetrado por el Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Uno de los militares, el soldado Ramón David Pacheco Regino, resultó gravemente herido y falleció tras ser trasladado a un centro médico en Aguachica. Otro soldado, Jhaesi José Teherán Arrollo, fue también herido, pero se encuentra estable, bajo observación médica. El ataque, que ocurrió mientras las tropas realizaban operaciones de control territorial, ha sido calificado por el Comando de la Quinta Brigada del Ejército como un acto terrorista, ejecutado presuntamente por un francotirador del ELN. Las fuerzas militares han respondido intensificando su presencia en la región, con el objetivo de capturar a los responsables de este ataque y llevarlos ante la justicia. El Comando de la Quinta Brigada expresó su categórico rechazo a esta emboscada, reafirmando su compromiso de salvaguardar la seguridad de la población civil. En un comunicado, señalaron que, además de reforzar las operaciones militares en la zona, un equipo interdisciplinario ha sido asignado para brindar apoyo integral a la familia del soldado fallecido, incluyendo asistencia psicológica, social y logística. El alto mando militar también extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Ramón David Pacheco, subrayando que su sacrificio no será en vano. "Este acto violento es una prueba más de los desafíos que enfrentan nuestras tropas en su misión de proteger al país de los grupos armados ilegales", se afirmó en el comunicado. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer los detalles del ataque y tomar medidas preventivas para evitar futuros incidentes de este tipo. Este ataque presuntamente podría estar relacionado con la reciente operación militar conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional en la vereda El Salado, en Ocaña, un municipio cercano a Aguachica. El pasado 11 de octubre, las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino de producción de cocaína que pertenecía al Frente Camilo Torres del ELN. Según los informes oficiales, el laboratorio tenía capacidad para producir hasta tres toneladas de cocaína mensuales, y su valor se estimaba en más de 7.000 millones de pesos. Durante el operativo, las fuerzas del orden incautaron más de 100 galones de clorhidrato de cocaína en solución, 25 kilos del estupefaciente ya procesado, y aproximadamente 30 kilos de pasta base de coca, además de diversos insumos utilizados en la producción de estas sustancias ilícitas. Este golpe representa un duro revés financiero para el ELN, que ha recurrido al narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiación. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, las autoridades no descartan que el ataque en Cerro Bravo haya sido una represalia del grupo guerrillero por la pérdida de este importante activo en su estructura criminal. En lo que va de 2024, la Trigésima Brigada del Ejército ha logrado incautar más de seis toneladas de clorhidrato de cocaína en el departamento de Norte de Santander, debilitando significativamente las finanzas de los grupos armados ilegales en la región. Este incidente ocurre en un contexto de estancamiento en los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, los cuales están suspendidos desde mediados de septiembre. Las negociaciones se vieron interrumpidas tras un ataque perpetrado por el ELN contra una base militar en Puerto Jordán, Arauca. Desde entonces, las conversaciones han permanecido congeladas debido a desacuerdos clave entre las partes. El 15 de agosto, el ELN rechazó una propuesta confidencial presentada por el gobierno para reanudar las conversaciones. Además, el grupo guerrillero ha insistido en su demanda de ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), una condición que el gobierno aún no ha cumplido. A pesar de esto, el ELN ha expresado su disposición a retomar el diálogo, pero culpa al gobierno por lo que consideran un incumplimiento de acuerdos previos. Por su parte, el gobierno ha reafirmado su compromiso con la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado, pero ha subrayado que la eliminación del ELN de la lista de GAO debe estar acompañada de garantías concretas por parte del grupo guerrillero, incluyendo la suspensión de ataques contra las Fuerzas Militares y la población civil. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó recientemente su frustración con la falta de avances en las conversaciones, calificando el momento actual como una etapa crítica para el proceso de paz. "El gobierno ha actuado con generosidad, pero parece que al ELN los dejó el tren de la historia", declaró Cristo, reflejando la impaciencia de la administración ante la negativa del ELN a aceptar las condiciones propuestas. El ataque en Cerro Bravo es un recordatorio de los desafíos de seguridad que enfrentan las comunidades del sur de César y del norte de Santander, regiones que han sido históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. A pesar de los esfuerzos del Ejército y la Policía por desmantelar las estructuras criminales del ELN y otras organizaciones, la violencia sigue siendo una constante en la vida diaria de estas comunidades, que permanecen atrapadas en el fuego cruzado entre las fuerzas del Estado y los grupos insurgentes. Con la reactivación de operaciones militares en la zona y el endurecimiento de las medidas de seguridad, las autoridades esperan no solo capturar a los responsables de este ataque, sino también garantizar la tranquilidad de la población civil. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto mientras el ELN continúe oponiéndose a los esfuerzos del gobierno para alcanzar una paz negociada.

Por: Redacción Pares Iván Mordisco había sido enfático la semana pasada al afirmar que la COP 16 no tendría ningún riesgo. Incluso estableció un rango de tiempo en el que se comprometía a que en Cali no hubiesen ataques ni actividades armadas del EMC. Pero la determinación con la que el presidente Gustavo Petro decidió retomar el Plateado, después de que este permaneciera 35 años en poder de las FARC cambió todo el panorama. Iván Mordisco afirmó que sus operaciones se centrarían en sabotear el evento de biodiversidad más importante a nivel global que se realizará en Cali.   Es que del 21 de octubre al 1 de noviembre los ojos estarán puestos en la Sultana. Por eso la gobernadora del Valle, DIllian Francisco Toro, aseguró que ya se había creado una estrategia para articular con el ministerio de defensa, la policía, el ejército, la alcaldía y la gobernación. En una entrevista con la W Radio fue más específica y habló de cómo se blindaría a Cali de una posible retaliación de Iván Mordisco: “ Los anti-drones ya fueron instalados, la Fuerza Aérea va a proteger el espacio, todo ya comenzó y yo estoy tranquila,  confío en la Fuerza Pública y las estrategias”.   Pero se debe mantener la guardia arriba. La zona de influencia de las fuerzas de Iván Mordisco son el norte del Cauca y, por ende, corredores que tienen que ver directamente con Cali, como Jamundí y Buenaventura. Este año, en este primer municipio, los atentados se han sucedido uno tras otro. Si se escogió a la ciudad de Cali fue por su alto equilibrio en su biodiversidad, y su cercanía precisamente a paraísos naturales como Jamundí y Buenaventura quienes se presentarán al mundo por su riqueza natura. Por eso la gobernadora del Valle afirmó que se crearán lo que ella denominó como “corredores seguros”para esto se cuentan con 1.500 uniformados. Uno de los sitios que estarán más custodiados será San Cipriano. Esta es una de las joyas que le presentarán a los turistas que vendrán a Cali de todas partes del mundo, queda a unas dos horas y media de la capital del Valle del Cauca en un punto llamado Zaragoza, en los margenes del rio Cauca. Una mezcla entre proyecto turístico y científico que será mostrado durante la COP 16. Por su posición geográfica hay cierto resquemor de qué planes tendría Iván Mordisco con él.   Para el coordinador de la línea de Paz de la Fundación Paz y Reconciliación y que tendrá una ponencia durante la COP 16 sobre el riesgo que corren los líderes ambientales en Colombia Francisco Daza, ninguna medida es garantía de nada teniendo en cuenta el poder que ostenta las EMC en esta parte del país: “Siempre va a ver un riesgo latente, el EMC ya tiene una permanencia permanente en el Cauca. Ya las autoridades afirmaron que triplicaron esfuerzos pero hay que hacer un llamado de atención con lo que pasó en el Plateado y una posible retalación”.   Igual en Cali hay confianza de que todo saldrá bien y que el evento más importante del año que se realizará en Colombia no tendrá ningún riesgo.

Por: Redacción Pares Sucedió en Colombia, a comienzos de este siglo. A Dabeiba se lo disputaban, palmo a palmo, las FARC y el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas. Todos eran sospechosos. Todos tenían miedo. Las AUC, a punto de terror, se impusieron. Las historias que circulaban no podían ser más terroríficas. Decían que alias 21, uno de los paracos más poderosos en ese lugar de Urabá, tenía una finca a la que llamaban La última lágrima. Allí había un pozo y en él estaban cuatro cocodrilos hambrientos. Ahí tiraban a personas vivas sospechosas de pertenecer a la guerrilla, gente que no quería hablar ni delatar al vecino, al hermano. La última lágrima es un nombre que se repite en la historia del paramilitarismo en Colombia. Así llamaban a la camioneta en donde echaban gente que nadie volvería a ver en el Catatumbo, sur de Bolívar, Bajo Cauca.  Los cocodrilos era sólo una parte del horror.   En ese lugar funcionaba el Batallón 79 de la Contraguerrilla, al mando del general Luis Alfonso Zapata.Fue investigado no sólo por falsos positivos y por su presunta relación con los paramilitares sino por la masacre de San José de Apartadó ocurrida entre el 21 y el 25 de febrero del 2005. Las ordenes de Zapata convirtieron a Dabeiba en lo que describió un abogado de víctimas como “un tapete de muertos”. Paramilitares, guerrilleros y soldados acostumbraban a arrojar a sus muertos en lugares como la quebrada La Llorona que es la fosa más grande. Pero el hecho que más impresiona de Dabeiba fueron los 25 años en los que la desaparición forzada se instaló en ese municipio. Desde 1992 se vienen presentando denuncias sobre estos crímenes. Las Farc ejercieron control en este territorio desde la década del noventa. Establecieron redes de comunicación desde ahí para movilizarse con facilidad por los municipios de Uramita, Peque, Frontino y Mutatá. Desde allí las FARC podrían tener influencia en tres departamentos, Antioquia, Chocó y Córdoba.   El horror  arrancó por una venganza. En ese año trece uniformados fueron asesinados y el ejército decidió cebarse contra la población civil. En este municipio olvidado a veces el único control lo ejercía la guerriila. El que no se convertía en colaborador terminaba asesinado o desaparecido. Fue el ejército el que impuso esa práctica que se convertiría casi que en ley durante los primeros años del siglo XXI. Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre los años 2000 y 2007. Las declaraciones entregadas a la JEP por miembros del batallón de contraguerrilla anteriormente mencionado pudieron hacernos entender cómo funcionaron los falsos positivos en este lugar.   La arremetida paramilitar empezó a planearse en 1997. Según “El Alemán” se plenaba liberar a como fuera lugar este territorio de cualquier vestigio de insurgencia. La operación se llamó “Operación Conjunta a Dabeiba”. Para la instalación de la hegemonía paramilitar no sólo contaron con el apoyo del ejército sino de empresarios. Uno de los que ha nombrado el ex comandante paramilitar en sus versiones libres es el de Jaime Henríquez Gallo, empresario del banano. Uno de los primeros reportes de incursión paramilitar data del 2001. El hombre que lideró esta incursión fue el paramilitar Elkin Jorge Castañeda, mejor conocido como “Hermógenes Masa”.   Alejandro Ramelli, quien acaba de ser nombrado como presidente de la JEP, lideró, desde la Sección de Ausencia de Reconocimiento, una investigación que le quitó el velo a uno de los episodios de falsos positivos más escalofriantes del país. En el Cementerio de las Mercedes, entre los años 2000 y 2004 fueron enterradas más de 80 personas, una sobre otra, como pedazos de carne, sin ningún orden ni respeto en fosas comunes. En las declaraciones de miembros del ejército se señala que el general Luis Alfonso Zapata recibía 2 millones de pesos, de parte de paramilitares, para entregar muertos en combate. Los soldados apenas recibían 250 mil pesos por baja. El mayor Guzmán escogió a 15 uniformados, pertenecientes a la Brigada Móvil 11, para que les trajeran “rateros y mariguaneros que vean por ahí en la calle” dejando claro que, si a un miembro del ejército, no le gustaba esa determinación “me dicen y los matamos”. En la región estos hombres patrullaban al lado de paramilitares como el ya mencionado alias “21” y “Chiquito Malo”, quien, después de la extradición de Otoniel, sería el hombre más fuerte del Clan del Golfo.   El escuadrón funcionaba así: mandaban adelante a tres hombres vestidos de civil para que fueran indentificado a “los novillos”- así llamaban a sus vícitmas- A veces también los llamaban “racimos para la sopa”. Los atrapaban en grupos de a cinco, los ejecutaban en áreas rurales y luego los llevaban al Cementerio de las Mercedes en Dabeiba. Para esto contaban con el apoyo de un mototaxista llamado “Banana”, el sepulturero del cementerio y la directora de la morga a quienes les pagaban 150 mil pesos por muerto. Todos estos testigos fueron asesinados porque la orden era no dejar rastro de este accionar. Cuando la situación se convertía en algo completamente repulsivo un teniente, de apellido Suárez, fue asesinado por la espalda cuando amenazó con contar todo lo que estaba sucediendo. “El que no le guste que vaya afinando” Decía el mayor Guzmán.   Los entierros se hacían de noche. A veces tenían que hacer las perforaciones de los camuflados después de las ejecuciones. No había demasiado método y la disciplina era relajada. El único interés era repartirse los 250 mil pesos que les daban por muerto mientras el general Zapata, quien no alcanzó a declarar ante la JEP porque murió antes de que se instaurara este tribunal, se quedaba con resto. Al general Zapata los paras le daban dos millones de pesos por muertos y al apenas daba 250 mil pesos a sus soldados. Es decir, los miembros del ejército recibían plata de los mismos paramilitares.   Gracias a la investigación liderada por Ramelli se conoció a profundidad el episodio del cementerio de Las Mercedes y se han venido haciendo exhumaciones en otras partes del país, como el cementerio central de Cúcuta, en donde se han descubierto miles de cuerpos enterrados en fosas comunes. Al parecer del horror paramilitar apenas conocemos la punta del iceberg.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: BBC En el último informe publicado por Provea en la página de la fundación Pares, titulado Democracia cero: Maduro le declara la guerra a las organizaciones sociales en Venezuela, se cuenta el caso concreto de Rocío San Miguel defensora de derechos humanos quien, de manera arbitraria, fue detenida en febrero del 2024 y desde esa fecha permanece en el Helicoide, la infame cárcel donde Maduro arroja a sus opositores. Se llama el Helicoide.   Si hay una construcción que refleja la decadencia de Venezuela es esta. En los años setenta Venezuela vivía una época de prosperidad. Obviamente la corrupción campeaba y esa ola de indignación que generaron, por ejemplo, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue lo que terminó de despertar la ola de izquierda que terminaría cristalizándose en noviembre de 1999 con la entronización de Hugo Chávez Frías. Pero en los setenta el despilfarro los llevó a gastarse ingentes cantidades de dinero en obras como el centro comercial llamado el Helicoide.   Parecía el escenario de uan película de ciencia ficción. El visionario artista Salvador Dalí dijo sobre ella que era “el delirio de un genio” y Pablo Neruda afirmó que era una “creación exquisita” como bien lo recordó en el 2019 la BBC.   Sobre una roca gigante se han empezado las religiones más poderosas de la humanidad. Allí Pedro edificó su iglesia y los mayas hicieron sus pirámides. Lo mismo sucedió con la Venezuela de la década del setenta, cuyo máximo ídolo era el dinero. Nada podría reflejar el poderío económico que este monumento al gasto. Fueron sesenta mil metros cuadrados. Cuando se empezó a construir en 1972 sólo los casinos más lujosos de Las Vegas podrían aspirar a tenerlos. Era un lugar pensado para que el Sha de Irán fuera de compras. Los ascensores los mandaron a hacer en Viena. Los acabados en mármol abrigaban a las 300 tiendas que funcionarían amparados por un gran Domo que sólo uno de los emperadores de Duna podría tenerlos.   La obra estuvo a cargo del arquitecto venezolano Jorge Romero Gutiérrez. Con la meticulosidad de un viejo ingeniero egipcio haciendo una cámara mortuoria deshechó 12 mil planos antes de conseguir el tipo de edificio que quería, uno que echaba por la borda a ley de la gravedad, que desafiaba toda la arquitectura moderna y que perduraría para siempre. Pero la fragilidad del mercado petrolero en los años ochenta echó por la borda este sueño y el Bolívar pasó de la noche a la mañana de estar a la par del dólar y las monedas más poderosas del mundo a desplomarse de manera inmisericorde.   El proyecto que empezó, al menos en proyecto, en 1958, durante los meses finales de la ostentosa dictadura de Pérez Jiménez, se desplomó a comienzos de los ochenta. Sus formas, su manera de pirámide quería representar la supuesta movilidad que había en Venezuela. Duró mucho tiempo abandonado y tomado de refugio temporal para las víctimas que los continuos desastres naturales azotan a Caracas.   Poco a poco se fue transformando en una cárcel. En su momento albergo a 3.000 detenidos hoy según información de PROVEA hay al rededor de 210 prisioneros. Organizaciones sociales como Provea han hecho hasta lo imposible por denunciar los desafueros que ocurren dentro de sus paredes. Otras organizaciones que han denunciado los abusos que suceden dentro del Helicoide han sido la OEA, Amnistía Internacional, Human Right Watch, Una ventana a la libertad y Foro Penal.   En el informe sobre abusos del régimen de Maduro a los defensores de derechos humanos en Venezuela se resume lo que ha sucedido en este país en lo que va corrido del 2024. Los incidentes contra ellos son más de 500 en el primer semestre del 2024 y aumentaron un 93% con respecto al 2023.   Este es el informe: https://www.pares.com.co/post/democracia-cero-maduro-le-declara-la-guerra-a-las-organizaciones-sociales-en-venezuela

Por: Redacción Pares La historia la cuenta el periodista de El Espectador Nelson Fredy Padilla. La primera señal de que la guerra se había instalado en Arauca data del 3 de junio de 1964. En esa fecha Silvano Novoa Bonilla, quien era en ese momento alcalde de Tame, le escribía al entonces ministro de Justicia, Alfredo Araujo Grau, una carta informándole que habían descubierto unos plantíos de marihuana y que habían cinco detenidos. El presidente era Guillermo León Valencia y dos años atrás había dado la orden de colonizar estas tierras. La región era el Sarare. Cuando los campesinos llegaron a la tierra que les habían dado se sentían dentro de un cuento de Juan Rulfo. La tierra era un desierto en medio de la nada del llano. No había como comerciar con nadie. Tenían que aprender a sobrevivir. Por eso, desde que les dieron la tierra, fue una lucha constante en donde jamás tuvieron el apoyo del Estado.   Desde 1983 las condiciones se agravaron aún más. En ese momento se instaló el ELN en ese territorio. El frente Domingo Laín empezó a suplir el espacio que debía llenar el Estado. Desde ese instante el departamento quedó condenado a la estigmatización y a la eterna disputa de los grupos armados de 300 kilómetros de frontera con Venezuela que se han convertido en corredores para traficar droga, armas, combustible. La guerra ha dejado sus catástrofes, masacres como la del caserío de Santo Domingo que ocurrió el 13 de diciembre de 1998 en donde en un enfrentamiento entre las FARC y el ejército murieron 17 personas entre las que se incluyen seis niños. Entre el 2004 y el 2010 una guerra entre el ELN y las FARC por intereses sobre el narcotráfico regional dejó una estela de muertos y desplazados.   Pero a todos estos males hay que sumar el flagelo del reclutamiento forzado. En el próximo informe de la línea de Paz de la Fundación PARES titulado Cuerpos para la guerra, violencia basada en género y reclutamiento en la frontera colombo-venezolana se trata uno de los temas más escabrosos de la guerra. durante el año 2024, la defensoría del pueblo informó que en el primer semestre del año se registraron 159 casos de reclutamiento de NNA, de los cuales el 51% pertenecen a pueblos indígenas, el 31% a ningún grupo étnico, el 5% a comunidades afrocolombianas y un 13% del cual no se cuenta con información. En el caso del departamento de Arauca y la zona fronteriza del alto Apure venezolano, la información que proporciona la Defensoría, indica que es el segundo departamento con más casos de reclutamiento con un total de ocho casos reportados en lo que va del año solo después del Cauca con 125, el cual lidera las estadísticas con amplio margen sobre el resto del país.   Como veremos en el informe los casos de reclutamiento no son fiables ya que presentan un subregistro. En una zona totalmente golpeada por la guerra y la presencia de grupos armados, es normal que los padres sean completamente intimidados por ellos y les de miedo denunciar.   PARES cuenta con información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, en la que se evidencia el fenómeno de reclutamiento en el departamento de Arauca desde 2022 hasta el primer trimestre de 2024 (grafica No 4), en la cual se registran un total de 37 casos y 39 víctimas, uno de ellos ocurrió en el municipio de Fortul y está relacionado con el accionar del ELN [1] . Así mismo Tame al igual que en otras estadísticas lidera las cifras de reclutamiento forzado de NNA en el departamento, concentrando el 48% de los casos y la mitad de las víctimas, es decir, el 51% desde enero de 2022, hasta abril de 2024.   Todos los detalles sobre la situación en Arauca sobre Violencia Basada en Género y Reclutamiento forzado de menores, se verá en el informe que saldrá este 18 de octubre.   Ver informe: https://www.pares.com.co/post/cuerpos-para-la-guerra-informe-de-violencia-sobre-violencia-basada-en-g%C3%A9nero-y-reclutamiento-forzad [1]  Información obtenida a través de la Fiscalía General de la Nación por medio de un derecho de petición solicitado por Pares.