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Por: Redacción Pares  Desde el pasado 3 de agosto, cuando se acabó el cese al fuego con el ELN y se empantanaron los diálogos de paz, han sido asesinados en el Catatumbo 15 soldados. Esta semana, en menos de 24 horas, fueron asesinados los uniformados Jean Carlos Giraldo Montes y Jorge Torres Sierra a manos de francotiradores del ELN. Ambos hechos se presentaron en la zona rural del histórico municipio de El Carmen. Además en la madrugada de este 7 de noviembre en el municipio de Convención, la policía fue alertada de que había una supuesta pelea en el parque. Todo se trataba de una trampa. Apenas los agentes llegaron al lugar fueron emboscados con un fuego cruzado. Uno de los agentes murió y otro quedó gravemente herido. Incluso el cadáver de este patrullero no pudo ser trasladado a Cúcuta por las condiciones climáticas y fue dejado en Ocaña.   Debido a su riqueza petrolera, a su posición geográfica, tan cerquita a Venezuela, tan lejos del Estado, el Catatumbo siempre ha estado en la mira de los grupos armados. En los años ochenta fue el ELN y las FARC quienes se disputaron estos territorios. En Tibú la llamada concesión Barco ha llevado desde la década del cincuenta, en pleno siglo XX, a multinacionales petroleras para que exploten ese recurso natural. Las guerrillas se opusieron a esto y, lejos de liberar a la población, trajeron más terror.   La confrontación se convertiría en pesadilla a partir de 1999. En ese año las AUC, con Mancuso a la cabeza, decidieron quitarle este territorio a las FARC y al ELN. Con matanzas como la de La Gabarra y Tibú dejaron claro que su estrategia era el terror. A las masacres se sumaban otros símbolos del horror paramilitar en la frontera, como sucedió con los hornos crematorios de Juan Frio en donde Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, incineró a más de trescientas personas en estos trapiches transformados en hornos. A comienzos del 2024 se exhumaron más de 4.000 cuerpos encontrados en el cementerio central de Cúcuta y que corresponderían a personas dadas como desaparecidas entre los años 1998 y 2005 en la frontera.   Lo que preocupa, más que Cúcuta, es Catatumbo. La comunidad en pleno le ha pedido al presidente Petro reactivar los diálogos con el ELN. Esta semana justamente y hasta hoy jueves 7 de noviembre se dieron cita en Caracas ambas delegaciones para ver la posibilidad de reanudar las conversaciones. Por el lado del gobierno está claro que no piensan ceder en puntos claves como exigirle al ELN que pare con el secuestro y el reclutamiento de menores mientras el COCE sigue exigiendo que no reconozcan al Frente Comuneros Sur como un grupo que tenga estatus negociador y que saquen al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados.   Durante la mesa de diálogo con el ELN y en torno a todo lo generado por el anuncio de Paz Total del presidente Petro, el Catatumbo respiraba un nuevo aire. Ahora las cosas se vuelven a complicar y los fantasmas del pasado reaparecen. Hay miedo. El Catatumbo está cansada de la guerra y necesita la paz ya.

Por: Paola Andrea Marín Molano Después de seis meses de congelamiento en la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional, el pasado 2 de noviembre llegó a Caracas, Venezuela, la delegación del ELN para retomar el diálogo y revisar los factores de crisis que han dejado a la mesa en "cuidados intensivos". El ELN, a través de un comunicado, afirmó su compromiso de continuar en el espacio de negociación. En dicho comunicado, manifestó que, atendiendo a los llamados de la sociedad civil, asiste a este encuentro con el fin de revisar y analizar la situación del país y, a su vez, buscar una salida a los factores de crisis que han afectado el proceso de diálogo. Por su parte, aunque el Gobierno Nacional ha sido reservado y aún no ha emitido comunicados oficiales, se sabe que ha enviado una delegación reducida, conformada por Vera Grabe, Iván Cepeda, Rodrigo Botero y el almirante Orlando Romero, con el objetivo de evaluar los puntos críticos y considerar la posibilidad de reactivar el séptimo ciclo de diálogos antes de finalizar el año. Gestoría de Paz del ELN en Caracas, Venezuela. Tomado de X @DelegacionELN ¿Cuáles son las tensiones? En mayo de 2024, el Gobierno y el ELN firmaron el primer acuerdo de la agenda de diálogos, enfocado en la participación de la sociedad civil, lo cual representó un avance significativo. No obstante, el proceso de paz entró nuevamente en crisis en septiembre de este año, luego de un atentado en Puerto Jordán, Arauca, atribuido al ELN, que dejó 25 personas heridas y resultó en la muerte de tres militares. Este acto llevó al Gobierno a suspender las conversaciones, exigiendo un "gesto de paz" por parte del ELN. Si bien el atentado en Arauca ha sido uno de los puntos más álgidos en el marco de la negociación, es importante recordar que no ha sido el único elemento de crisis. Hechos como el secuestro de Luis Manuel Díaz en noviembre de 2023, la confirmación de las negociaciones con exmiembros del ELN —ahora conocidos como los Comuneros del Sur en Nariño—, los diversos paros armados en el departamento del Chocó, los múltiples señalamientos del ELN sobre la presunta convivencia entre grupos paramilitares y el Ejército Nacional, y la no renovación del cese al fuego, que tenía vigencia hasta agosto de este año, han dejado varias heridas en el proceso de negociación. Las tensiones y las crisis son normales en los procesos de diálogo. En el caso de la negociación con el ELN, estos conflictos se han logrado resolver en ciclos y reuniones subsecuentes a los eventos críticos. Sin embargo, como era de esperarse, el atentado en Arauca ha marcado un posible "punto de no retorno", donde podría existir la posibilidad de trazar las llamadas “líneas rojas” que tanto se le han exigido al Gobierno Nacional.   La urgencia de avanzar   Existen varias razones para descongelar la mesa de negociación con el ELN. Es fundamental renovar el cese al fuego y cumplir con los acuerdos en los que se han involucrado diversos sectores de la sociedad civil a través del acuerdo de participación. No obstante, estos esfuerzos serán insuficientes si no se crean bases sólidas que permitan el avance de la negociación. Los eventos que han originado tensiones evidencian, principalmente, la desarmonía entre las necesidades regionales y las visiones de las partes sobre cómo debe desarrollarse el proceso de diálogo. Focalizar las negociaciones en las regiones más afectadas podría ser una salida viable que, además de permitir una revisión de los impactos directos de la guerra en zonas específicas, también fortalecería la institucionalidad y contribuiría a evitar la expansión de los grupos armados. Aunque el caso del departamento de Nariño es particularmente controvertido en lo que respecta al ELN, este intento articulado de avanzar en los diálogos podría arrojar luz sobre cómo implementar estrategias similares en regiones como el Catatumbo. Retomar las conversaciones en un contexto de tensión y desconfianza plantea desafíos concretos. En primer lugar, es necesario establecer mecanismos de verificación y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de los compromisos de ambas partes, especialmente en lo referente al cese al fuego, cubriendo los vacíos que dificultan la identificación de posibles violaciones, y en la participación ciudadana, atendiendo cuestiones relacionadas con los mecanismos que garanticen, por ejemplo, la no instrumentalización de la sociedad civil. Las dos delegaciones enfrentan hoy el reto de construir una narrativa de paz que sea creíble tanto para la sociedad colombiana como para los actores involucrados. La prolongación de la crisis ha generado desconfianza en la ciudadanía, que cuestiona la eficacia de las negociaciones y teme que las concesiones al ELN puedan llevar a un aumento de la violencia. Por ello, tanto el Gobierno como el ELN, además de comunicar sus compromisos y voluntades, deben crear estrategias de comunicación que permitan generar diálogos fluidos. Finalmente, han pasado dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, y uno de sus pilares, en lo que respecta a los procesos de Paz Total, se encuentra debilitado. Si bien es cierto que la mayoría de los procesos de paz no logran pactarse en períodos tan cortos como el de un gobierno presidencial, es urgente definir los tiempos y objetivos específicos para las próximas fases de la negociación. A las puertas del período electoral, existe una presión adicional para lograr avances significativos que puedan consolidar el proceso antes de un cambio de administración. Esto implica no solo continuar con el diálogo, sino también implementar políticas de paz que beneficien a las comunidades afectadas por el conflicto, garantizando que el proceso no se convierta en un símbolo de promesas incumplidas.

Por: Redacción Pares Mientras este jueves 7 de noviembre se daban las buenas noticias desde Caracas en donde se aseguraba haberse creado una hoja de ruta para seguir adelantando las conversaciones con este grupo guerrillero, se anunció súbitamente, en la noche de este día, un nuevo paro armado en el Chocó. Durante los últimos días, apesar que miembros de esta guerrilla se encuentran en Caracas e incluso redactaron un documento en donde se busca blindar la negociación con el gobierno, en el Chocó aparece otra vez el fantasma de la falta de cohesión del ELN, un mal que muchos han juzgado como histórico. Es como si en algunos lugares el mensaje del COCE no llegara. Se sabe que la reunión con el gobierno sólo dará frutos inmediatos en la reunión que sostendrán en 10 días en Caracas, pero esto, evidentemente no es una buena señal.   Sobre todo por el tono que se ha venido usando. El ELN anunció este paro armado concretamente para las regiones de San Juan, Sipí y Cajón. Presuntamente en las últimas semanas se ha visto al ejército patrullar la zona lo cual habría sido determinante para anunciar este paro armado. La manera como ha sido anunciado también preocupa ya que uno de los apartados del anuncio dice “esperamos que la población cumpla para evitar incidentes” Uno de los objetivos de la delegación de paz del gobierno es lograr acuerdos pronto para conseguir un cese al fuego que es lo que se implora desde territorio.   Por la zona donde se ha anunciado el paro armado se mueve dos frentes, el cacique Calarcá y el Manuel Hernández “El Boche”. Los panfletos, escritos en tonos amenazantesm se dejan ver en las paredes de los municipios mencionados. El ejército ya ha garantizado que se intentará mantener el orden. Es vital que se pueda hacer entender a la población que estos lugares tan apartados también tienen Estado. La nueva fase del proceso de paz debe empezar con pie derecho. Los paros armados en el Chocó suelen ser uno de los momentos en donde la población sufre más la guerra. Cada grupo familiar queda aislada, restringida en su casa viviendo los rigores de la guerra en forma de desabastecimiento, incomunicación, pasando las horas sin medicina, agua potable ni comida. No se puede concebir que exista alguien más afectado dentro de un paro armado que la misma población.   Una de las condiciones con las que llegó el gobierno para poder reiniciar diálogos con esta guerrilla era precisamente la que no se repitieran hechos como el secuestro, el reclutamiento de menores y, sobre todo, los paros armados en lugares como el Chocó, en donde se había recibido como una muy buena noticia la nueva chance a la paz que le dieron ambos bandos desde Caracas. Es en estas regiones, en el Ctatumbo y Arauca, donde la escalada de la violencia se ha visto con más fuerza desde que el pasado 3 de agosto no fue renovado el cese al fuego. Nada más en el Catatumbo, desde esa fecha, se ha registrado la muerte violenta de 15 uniformados. Ellos lo único que piden es paz.

Por: Redacción Pares En Ríosucio, Chocó, Yolanda Perea se crió. Fue niña en los ochenta, la década en donde todo empezó a corromperse. Igual, la niñez no fue un problema. En Rio Sucio se vive de la pesca, la agricultura y, como en toda actividad humana, la tala indicriminada de árboles es una de las peores amenazas que corre su pueblo. Estaba su mamá, su abuelo y sus cuatro hermanos. Y el monte, el lugar donde se esconden las fantasías de los niños. Pero todo terminó abruptamente a los 11 años.   Corría el año 1995 cuando se topó con su verdugo. Dormía con sus hermanos. Eran las 11 de la noche cuando el hombre entró al cuarto. Era un guerrillero del frente 57 de las FARC. Mientras la agredía sexualmente le puso una pistola en la cabeza. Al otro día le contó a su madre, María Ricardina Perea. Ella era más que su madre, fue su maestra, la persona que le enseñó a pelear por los demás. La propia Yolanda ha dicho que fue lo que le pasó a su madre lo que la impulsó a convertirse en la líder que es hoy en día. Ella hizo la denuncia. Las FARC regresaron una semana después. A María Ricardina la amarraron a un palo y la fusilaron delante de la familia.   A los hermanos Perea no les quedó de otra que irse para Medellín. El término madurar biche en Colombia hace referencia a todos los muchachos que deben empezar la vida adulta de manera abrupta. La violencia ha hecho madurar de manera salvaje a más de un muchacho. Yolanda Perea fue una de ellas. Tenía 26 años cuando empezó a liderar la Corporación Afrocolombianos El Puerto de Mi Tierra en donde ha escuchado las infamias de una guerra, como la colombiana, que no tiene fin. Sobre todo una guerra que se ha ensañado contra las mujeres.   Lo primero que tuvo que lavarse Yolanda Perea fue la culpa. Ella creía, como tantas otras víctimas de violencia sexual -donde hay 34 mil mujeres violentadas de las cuales el 22% son negras-, que ella tenía algo que ver con lo que le sucedió, independientemente de un contexto en donde fue su agresor el que entró a su cuarto, armado, mientras ella dormía. Yolanda vivió y estuvo de acuerdo con los acuerdos de paz de La Habana en donde volvió a mirar a la cara sus victimarios. Es un ejemplo de perdón, de resilencia y por eso su voz se hace escuchar en la mesa de negociación con el ELN. Yolanda ha sido reconocida en el 2018 como una de las más destacadas líderes de defensoras de derechos humanos por su apoyo a 300 familias y 500 niños de Riosucio.   Pero, a pesar de su compromiso con la paz, Yolanda no es ciega. Sabe que la violencia sexual de esos grupos armados debe ser puesta sobre la lupa. Su testimonio es clave en el capítulo que maneja la JEP contra miembros de las FARC por violencia sexual. Las amenazas han sido una constante en su vida. En su cumpleaños numero 36, en el 2020, le llegó a su casa un corazón de vaca lleno de clavos y una nota que le decía “el último cumpleaños es el mejor”.   Yolanda se ha repuesto a todo. Y sigue pensando que las mujeres no deben esperar que el gobierno les de un papel para asumir sino que ellas deben irrumpir, exigir, tomar los papeles y griten y denuncien que han sido tratadas como botín de guerra en un conflicto de más de sesenta años.

Por: Katerin Erazo, Periodista El fenómeno del reclutamiento de menores de edad en Colombia ha tomado un giro alarmante en las últimas décadas, especialmente en regiones rurales y urbanas donde la presencia estatal es mínima. Las estrategias de captación y convencimiento utilizadas por grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros actores criminales, van más allá de la mera propaganda: son tácticas diseñadas para aprovechar la vulnerabilidad de niños y adolescentes que, en ausencia de oportunidades de desarrollo, se convierten en objetivos fáciles para organizaciones que prometen "salidas" a su situación de pobreza. En el Bajo Putumayo, el frente Carolina Ramírez, una de las facciones disidentes más activas de las FARC, ha intensificado sus esfuerzos de reclutamiento con una oferta tentadora para los menores: dos millones de pesos, una motocicleta y un fusil. De esta manera, intentan captar a jóvenes y adolescentes, invitándolos a sumarse a sus filas en una supuesta misión de defensa de una "idea política de la revolución". Las denuncias de los habitantes locales apuntan a que los reclutadores han llegado incluso a las escuelas de la región, entregando panfletos y propaganda directamente a los estudiantes, con el objetivo de sembrar ideas revolucionarias y fomentar un sentido de pertenencia a su causa. Esta situación no es exclusiva de Putumayo; en por lo menos siete departamentos de Colombia se han reportado casos similares de reclutamiento en los últimos meses. Entre ellos destacan Tibú, La Gabarra y Sardinata en Norte de Santander; Yarumal y Campamento en Antioquia, así como municipios en el departamento de Huila. En estos territorios, el Estado Mayor Central (EMC) ha implementado una estrategia similar para captar menores, ofreciendo la posibilidad de "escapar de la pobreza" a través del ingreso a sus filas, una promesa atractiva en medio de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven estos jóvenes. La Defensoría del Pueblo ha registrado un incremento de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país, alcanzando un total de 282 casos reportados entre el 1° de enero y el 5 de noviembre de este año, de los cuales el 50 % corresponde a población indígena. Estas cifras revelan un fenómeno complejo y multifacético: en muchas zonas, el reclutamiento no solo es una práctica de convencimiento directo, sino que también se basa en la utilización de redes sociales, donde grupos como el Clan del Golfo han desplegado una estrategia digital dirigida a jóvenes, promoviendo imágenes de poder, dinero y estilo de vida para hacer de su estructura una opción deseable. En el sur de Bolívar, el Clan del Golfo ha dirigido su esfuerzo hacia los adolescentes a través de videos en redes sociales, en los cuales muestran armas, motos y fajos de billetes para atraer la atención de menores. Esta estrategia ha sido reforzada con kits escolares que incluyen imágenes de comandantes guerrilleros, convirtiendo estos recursos en anzuelo para que los jóvenes desarrollen una afinidad hacia estas organizaciones. La naturaleza de estos mensajes no solo tiene un impacto psicológico, sino que genera una percepción de éxito económico y poder que los menores no encuentran en sus comunidades, caracterizadas por la pobreza y la falta de oportunidades laborales y educativas. El departamento de Cauca encabeza las cifras de reclutamiento con 202 casos (72 % del total nacional). Las comunidades indígenas en esta región son de las más afectadas debido a la presencia de facciones disidentes de las FARC, lideradas por figuras como “Iván Mordisco”, quienes han consolidado su control territorial. Esta situación ha llevado a un estado de vulnerabilidad para los menores, quienes ven en la afiliación a estos grupos una opción de supervivencia en un contexto donde la violencia es cotidiana y las alternativas pacíficas escasean. En medio de este panorama, el gobierno de Gustavo Petro ha iniciado un esfuerzo por establecer mesas de diálogo con diferentes grupos armados, con el fin de abrir espacios de paz y reducir la violencia en el país. Sin embargo, el reclutamiento de menores sigue siendo un tema que no se ha abordado de forma específica y profunda en estos diálogos. Hasta la fecha, el proceso de negociación con el ELN ha sido el único en incluir el tema de la participación infantil en sus ciclos de paz, abriendo una pequeña puerta para la protección de los menores en zonas afectadas por el conflicto. No obstante, en otras mesas, como la de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el tema del reclutamiento forzado ha sido prácticamente ignorado, lo que deja a los menores de edad en una situación de riesgo continuo. Para algunos sectores, la falta de consenso sobre la desvinculación de menores representa un retroceso en los esfuerzos de paz del país. Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señala la importancia de ver a los niños y niñas como víctimas del conflicto y no como agentes de guerra. Desde el ICBF se reconoce la necesidad de llegar a las regiones más afectadas, pero también se enfrentan con barreras en algunos sectores, donde los grupos armados restringen el acceso de las autoridades y dificultan las labores de protección de menores. La discusión sobre el límite de edad para el ingreso de menores a grupos armados en Colombia ha sido un tema recurrente, especialmente a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que prohíbe el reclutamiento de niños menores de 15 años. A pesar de esta normativa, grupos armados como el ELN argumentan que el ingreso de adolescentes de 16 años es "voluntario" y una "decisión propia", lo cual plantea un desafío para las autoridades encargadas de proteger a estos jóvenes y evitar su involucramiento en actividades armadas. El abandono estatal y la falta de desarrollo en las regiones más afectadas son elementos que contribuyen a la perpetuación de esta problemática. Sin oportunidades reales de educación, empleo y crecimiento personal, los menores encuentran en el alistamiento armado una salida a la pobreza y a la falta de perspectivas en sus comunidades. En algunas zonas como Buenaventura, Valle de Aburrá y Chocó, los niños y adolescentes participan en las actividades de estos grupos, trabajando como "campaneros" o vigías a cambio de pequeñas sumas de dinero, integrándose en una estructura que, aunque peligrosa, les otorga cierta estabilidad económica que no encuentran en sus hogares. El panorama para los menores reclutados por grupos armados en Colombia continúa siendo desalentador. Aunque existen algunos avances en los diálogos de paz, aún queda mucho camino por recorrer para lograr una protección efectiva y una desvinculación real de los menores involucrados. En caso de que alguna de las negociaciones logre resultados tangibles, el desafío será crear políticas de reintegración y apoyo a estos niños y adolescentes, garantizando que puedan retomar sus vidas y evitar que sean revictimizados en el proceso.

Por: Paola Andrea Marín La reciente carta atribuida a Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, ha generado un nuevo punto de tensión en el proceso de paz con el Gobierno Nacional. La carta, dirigida a países y entidades garantes del proceso, desautoriza reuniones bilaterales realizadas en su nombre y cuestiona decisiones adoptadas sin su consulta. Además, plantea un aparente quiebre interno al prohibir el uso del nombre “Segunda Marquetalia” y califica las reuniones como iniciativas unilaterales de algunas estructuras armadas vinculadas al grupo. Este documento ha despertado incertidumbre, no solo por su contenido, sino por la falta de pruebas claras sobre la sobrevivencia de Márquez, quien ha estado envuelto en rumores de su muerte desde hace semanas.  Tomado de X: @UltimaHoraCR La delegación encabezada por Walter Mendoza, jefe negociador de la Segunda Marquetalia expresó sorpresa y desconcierto ante la carta, señalando que no llegó a través de los canales habituales. A pesar de la aparente ruptura interna, Mendoza ha reafirmado la continuidad de la mesa con las estructuras dispuestas a negociar, como los Comandos de la Frontera al mando de Andrés Rojas, alias “la Araña” y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico al mando de “Andrés Allende”.  Por su parte, el Gobierno, representado por el jefe negociador Armando Novoa, considera la carta un obstáculo inesperado. No obstante, el presidente Gustavo Petro ha interpretado la división dentro de la Segunda Marquetalia como un avance hacia la paz, destacando la voluntad de continuar el proceso con los grupos que opten por el diálogo. El Gobierno también evalúa exigir pruebas de vida de Márquez para garantizar la seriedad del proceso.  Frente a las exigencias de vida de Márquez, el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, comunico en una entrevista para la W, en la mañana del domingo, que por supuesto, la supuesta carta de ‘Iván Márquez’ pone en tensión los diálogos que hasta ahora iban por buen camino. Sin embargo, espera sigan avanzando los procesos con las facciones de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacifico, mientras hay una respuesta certera sobre el estado de Márquez. Frente a este punto, es importante recordar, que de las 20 subestructuras que pertenecen a la Segunda Marquetalia, en este nuevo escenario de ruptura, se estima que un aproximado de 8 subestructuras podría separarse del proceso de negociación, las cuales pertenecerían a la facción del Ala FARC-EP, que tienen presencia en departamentos como el Huila, Caquetá, Guainía y Vichada. Elaboración propia. Línea de Paz Territorial y DDHH. ¿Cuál es el escenario actual del proceso de negociación? Desde su inicio formal el 30 de junio de 2024, el proceso de paz con la Segunda Marquetalia ha estado marcado por intentos de construir una base sólida para el diálogo, intentando no caer en los mismos errores que han marcado las negociones que se vienen realizando en el marco de la llamada Paz Total.  El primer ciclo de negociaciones, realizado en Caracas, resultó en la firma de un acuerdo de nueve puntos que buscaba estructurar los cimientos del proceso de paz. Entre los compromisos más destacados se encontraba la creación de una subcomisión técnica encargada de georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas donde la Segunda Marquetalia tiene presencia activa. Este esfuerzo buscaba no solo mapear el control territorial del grupo, sino también identificar las zonas más afectadas por el conflicto y priorizar intervenciones humanitarias.  Además, se pactó un cese unilateral de fuego por parte de la Segunda Marquetalia, acompañado de la aclaración de que este no limitaría las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública. Este compromiso pretendía reducir las tensiones en los territorios mientras avanzaba el diálogo.  Otro punto clave fue la promesa de establecer medidas tempranas para la reparación de las víctimas del conflicto en las zonas bajo control del grupo armado. Esto incluía la identificación de proyectos sociales y económicos de impacto rápido, que se definirían en reuniones con las comunidades locales.  A pesar de estos acuerdos iniciales, su implementación ha sido lenta. Por ejemplo, el informe de georreferenciación, que debía ser entregado en julio, aún no está completo. Esto se debe, en parte, a la falta de claridad sobre la unidad interna de la Segunda Marquetalia y a las disputas entre sus facciones. Asimismo, aunque se acordó una reunión en Tumaco para coordinar con las comunidades y avanzar en la identificación de proyectos sociales, esta se retrasó debido a exigencias del grupo armado, incluyendo la solicitud de levantar las órdenes de captura con fines de extradición contra Iván Márquez. Finalmente, el encuentro se llevó a cabo el 22 de septiembre, pero no logró el impacto esperado debido a la incertidumbre sobre el liderazgo de Márquez.  De igual forma, los países y entidades garantes han jugado un papel crucial en mantener el proceso de negociación a flote. Han facilitado el diálogo y actuado como mediadores en momentos de tensión. Sin embargo, la falta de pruebas de vida de Márquez y los rumores de su muerte han puesto en duda la legitimidad del liderazgo del grupo, complicando aún más la situación.  La reciente reunión en Puerto Asís, Putumayo, tenía como objetivo resolver las tensiones internas y avanzar en la consolidación de una agenda común. Sin embargo, la carta atribuida a Márquez, que desautorizó el uso del nombre “Segunda Marquetalia” y rechazó las decisiones tomadas en su ausencia, generó una crisis de confianza tanto entre las facciones del grupo armado como en su relación con el Gobierno.  A pesar de esta situación, Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia en las negociaciones, reafirmó la voluntad de continuar el diálogo con las estructuras que estén dispuestas a participar, como los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Por su parte, el Gobierno también ha mostrado flexibilidad, al esperar hasta el 20 de noviembre para recibir una respuesta definitiva de Márquez o sus representantes.  Aunque la mesa de negociación sigue en pie, y el avance del proceso aun es confuso y depende de la respuesta a varios interrogantes como: ¿Hay unidad interna al interior del grupo armado? ¿Iván Márquez sigue con vida? ¿Si se encuentra con vida, cual es su rol al interior de la organización? Ante estas preguntas, que aún no tienen respuesta, planteamos tres escenarios hipotéticos, que podrían desarrollarse en el marco de esta situación de crisis, al interior de la mesa de negociación. Teniendo presente que la autenticidad de la carta atribuida a Iván Márquez es un punto crítico. Si se comprobara que Márquez no está vivo, y que la comunicación es apócrifa, podrían desarrollarse varios escenarios:  El primer escenario tiene que ver con la fragmentación total del grupo armado. La ausencia de un liderazgo centralizado como el de Márquez podría acelerar la división de la Segunda Marquetalia en facciones independientes, dificultando cualquier intento de negociación. Esto podría derivar en enfrentamientos internos por el control territorial y una mayor incertidumbre para las comunidades afectadas, tal como ocurrió con las facciones del EMC que terminaron dividas en el EMC- Liderado por Iván Mordisco y el EMB de los Bloques liderado por Alias Calarcá.  De ser estaríamos ante una posible Tercera Marquetalia. El segundo escenario, incluye una reconfiguración del proceso de paz. El Gobierno podría optar por formalizar acuerdos con los grupos dispuestos a negociar, dejando de lado a las estructuras que no ofrezcan garantías de liderazgo legítimo. Esto podría fortalecer la legitimidad del proceso, pero también limitar su alcance.  En el caso en que la fragmentación sea una realidad, podría ser el camino más cercano por seguir, teniendo en cuenta las comunicaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado de paz Otty Patiño. Finalmente, el tercer escenario, obedece a la interpretación literal de la carta.  En este sentido, entendiendo que Iván Márquez, siga vivo; podríamos enfrentarnos a un espacio de lucha interna por el control del grupo. Esta situación pondría al Gobierno en una posición compleja, al tener que decidir si continuar el proceso con facciones divididas o al igual que con EMC, identificar con quienes continuar el proceso de negociación. El Comisionado Otty Patiño a mencionado que las negociaciones se basan en un principio de realidad. Por ello, en este escenario podría priorizarse la negociación con aquellas subestructuras con las cuales se ha avanzado como son las pertenecientes a los Comandos de Frontera y las Coordinadora Guerrillera del pacifico.

Por:  Redacción Pares Conocí a Walter Mendoza a finales del 2016 en Popayán. Con resquemor veía los acuerdos que habían logrado aterrizar el 26 de noviembre de ese año Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos. Pertenecía a esa línea dura de las FARC a la que le parecía que los acuerdos no eran más que el reconocimiento, por parte del secretariado, de que la guerra con el gobierno se había perdido. Me impresionó lo directo que era, lo pragmático y su interés, que rayaba en la obsesión, por el fútbol. No era optimista. Además había quedado evidenciado su poca voluntad, su excepticismo había quedado plasmado en un video en donde aparecía alentando a su tropa a no entregar las armas. Y eso que, desde el 2014, había sido llevado a la mesa de negociación de La Habana.   En plena negociación fue uno de los responsables de atacar Pradera Valle con una motobomba, el saldo fue el de 56 personas heridas y una muerta.   Y la voz de Walter Mendoza era importante. Se llama José Vicente Lesmes y fue uno de los hombres que ayudó a forjar el Comando Central de las FARC. Pero no sólo eso, si le gustaba el fútbol era por su misma obsesión por la estrategia. Su bajo perfil lo hizo pasar desapercibido. Mientras los focos de las autoridades se concentraban en Jojoy, Manuel Marulanda, Joaquín Gómez y Raúl Reyes, Mendoza fue el creador de las columnas móviles, que cambiarían para siempre el curso de la guerra.   La huella de su bota quedó en los caminos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Una de sus frases más destacadas fue recordada por Insight Crime: “ Cuando hay más movilidad la guerrilla es más ofensiva […] un solo comando guerrillero puede atacar en el día hasta tres veces […] el ejército regular tiene que andar en unidades grandes”.   Aprovechando su ascendencia con la tropa las FARC, después de la firma de los acuerdos, le encargó la misión de hacer pedágogía de los acuerdos de paz entre los desmovilizados. Le metió el hombro a un proyecto productivo sobre café e incluso pensó en lograr hacer realidad uno de sus viejos sueños: crear equipos de fútbol dentro de las FARC.   En el 2018 fue capturado, según Insight Crime, por tráfico y fabricación de armas. Fue liberado al cabo de unos días y después huyó junto con Jesús Santrich, alias el Paisa, alias Romaña e Iván Márquez y formaron lo que se conoce como la Segunda Marquetalia. En un par de años comandantes como Romaña, Santrich y el Paisa fueron abatidos. Los dos que han resistido es Iván Márquez y Walter Mendoza.   Este último fin de semana algo sucedió: se hizo pública una carta supuestamente de Iván Márquez, en donde no se ha corroborado la autenticidad de la firma, en donde se desautoriza a Walter Mendoza como negociador con el gobierno. Mendoza afirmó públicamente que no le hará caso a ese designio e incluso puso en duda que Iván Márquez esté vivo. Esto sería muy grave para la negociación con el gobierno ya que, como sucede con el ELN y su escisión en Nariño, el Frente Comuneros Sur y las disputas internas que han fragmentando al EMC en los bandos de Calarcá y Andrey Avendaño, que estarían interesados en continuar hablando con el gobierno e Iván Mordisco que se mantiene en pie de guerra.   La seguridad y autoridad con la que ha hablado Mendoza no deja dudas que la Segunda Marquetalia está fragmentada en dos grandes bandos. Los días que vienen serán decisivos.

Por: Redacción Pares Gobierno Colombiano y el ELN, vuelven a reunirse en Caracas, entre el 19 y el 25 de noviembre con el propósito de retomar el proceso de dialogo y negociaciones, que está en receso desde el pasado mes de mayo, por dificultades que las dos partes tratan de superar y seguir el proceso de paz. De la última reunión en Caracas entre el 3 y el 7 de noviembre, las dos partes salieron a consultas, no sabemos detalles de los temas a consultar, si sabemos cuáles han sido las dificultades que el ELN ha expuesto de manera pública: las dinámicas de conflictos en territorios, donde el ELN, señala acciones coordinadas de la Fuerza Pública con lo que denomina “paramilitares”, estos casos los expone para: Magdalena Medio y Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Chocó, Arauca, este no es un tema menor, donde por supuesto hay que examinar lo que se hace y el desempeño de la Fuerza Pública, un tema ligado a la política de seguridad y el acatamiento pleno al estado de derecho por parte de las instituciones estatales de seguridad y defensa, igualmente el ELN, ha criticado la situación con el Frente Comuneros del Sur, asunto donde se abrió una agria controversia, que sigue como tema delicado del proceso. Otro par de temas controversiales ha sido el tema del “Fondo Financiero”, su sentido, objetivos, funcionamiento, que está ligado al difícil tema de la sostenibilidad del ELN, si se quiere que salgan de prácticas ilegales y vayan hacia una acción de paz y por último el tema de la consideración del ELN como Grupo Armado Organizado – GAO-, asunto que ha sido rechazado por el ELN. De la última reunión entre Gobierno y el ELN, salió el mensaje de que en el horizonte de este gobierno no se ve el cierre del proceso, lo cual ha generado reacciones encontradas: para unas voces es la constatación de la “poca seriedad” del ELN, voces que anhelan el fin del ELN, eso es pensar con el deseo y soslayar la realidad, se requiere un proceso donde se acuerde bilateralmente un acuerdo que hoy no existe, por supuesto que hay otras voces que se afincan en el propósito de avanzar en la construcción de un acuerdo y ver hasta donde se llega en agosto de 2026, lo más seguro es que no es viable el cierre de un acuerdo en este gobierno y que le corresponderá al nuevo gobierno valorar si lo continua o lo cierra, con todo lo que ello implica. Esperemos que, de la reunión en Caracas del 19 al 25 de noviembre, salga una ruta de reactivación del proceso y se aproveche al máximo el año 2025 para aplicar el acuerdo 28 sobre participación de la sociedad, firmado en mayo pasado y lo cual es un referente muy importante, para avanzar en la construcción de acuerdos que le vayan dando forma al acuerdo de paz y se logre volver al cese bilateral y ampliar los beneficios de una distensión a la población civil, que sigue sufriendo los estragos de las violencias que hoy se mantienen en las regiones. Iván Cepeda se refiere a la reactivación de los diálogos de paz del Gobierno con el ELN | 6AM Entrevista EXCLUSIVA al Jefe de la Delegación de Paz del ELN. 7/11/2024     El asalto a embajada dominicana en Bogotá permitió las negociaciones entre gobierno y la guerrilla. https://www.sur.org.co/proceso-con-el-eln-fracaso-exito-la-tarea-que-debe-hacerse/ Proceso con el ELN: ¿Fracaso? ¿Éxito? ¿La tarea que debe hacerse? Texto de Alejo Vargas. https://www.pares.com.co/post/eln-habr%C3%A1-soluci%C3%B3n-a-la-crisis ELN ¿Habrá solución a la crisis? Por: Paola Andrea Marín Molano https://www.elespectador.com/politica/la-paz-total-y-las-negociaciones-con-el-eln-un-proceso-con-multiples-desafios-analisis-de-razon-publica-noticias-hoy/ Paz Total y negociaciones con el ELN: un proceso con múltiples desafíos (análisis) https://razonpublica.com/la-paz-total-las-negociaciones-eln-proceso-multiples-desafios/ La Paz Total y las negociaciones con el ELN: un proceso con múltiples desafíos Por Camilo Echandía e Irene Cabrera https://www.researchgate.net/publication/385384355_Se_avanza_hacia_la_paz_con_el_ELN ¿Se avanza hacia la paz con el ELN? – Texto de Camilo Echandia e Irene Cabrera.  EN VIVO | HORA 20 - Diálogo con el ELN, obras de infraestructura y licencias ambientales Pido al ELN un gesto de coherencia: defensora del Pueblo por paro armado en el Chocó https://www.pares.com.co/post/las-contradicciones-del-eln-anuncia-paro-armado-en-el-choc%C3%B3 Las contradicciones del ELN: anuncia paro armado en el Chocó - Por: Redacción Pares No se puede negociar con ELN si cada frente actúa individualmente: gobernadora del Chocó | La W Así estos Cabecillas del ELN se Tomaron el Chocó y nadie los Para: ¡La Población ruega por Auxilio! OPERACIONES MILITARES EN ARAUCA PRODUCEN RESULTADOS CONTRA EL ELN Seis guerrilleros muertos dejó enfrentamiento entre el ELN y el Ejército en Arauca | El Espectador. #Anori/ enfrentamientos entre disidencias FARC, el ELN y el Clan del Golfo.

Por: Redacción Pares Maduro parece desahogar su rabia, su impotencia contras las ONG en Venezuela. La decisión del gobierno Biden, a dos meses de entregar presidencia, de reconocer a Edmundo González oficialmente como el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio y el silencio que sigue manteniendo Gustavo Petro y el gobierno de Lula Da Silva, quienes siguen exigiendo las actas para reconocerlo como ganador, le han agriado los últimos días a Maduro.   Entonces la respuesta al interior del país es atacar las ONG que de manera valiente intentan vigilar que en el vecino país exista el debido respeto a los derechos humanos. Una de esas ONG es Provea. Su director, Oscar Murillo, fue citado este miércoles 20 de noviembre por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, CICPC, por haber cometido, supuestamente, un delito contra la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, una ley que la propia Provea ha denunciado es una excusa para imputar a los críticos del régimen. Murillo es un reconocido periodista de la Universidad Católica Andrés Bello con sede en Guyana y defensor de Derechos Humanos desde el 2007. Es profesor, investigador y especialista en Derecho Laboral.  La citación no especifica detalles de su situación judicial. Además incumple con los más mínimos requisitos de forma.   En un país donde detienen a defensores de derechos humanos y los encierran sin dar demasiadas explicaciones la citación a Murillo nos conmueve y preocupa. La animadversión hacia Provea volvió a hacerse pública el pasado 30 de octubre cuando desde su programa televisivo, Con el mazo dando, el siempre belicoso Diosdado Cabello se refirió a esta ONG de la siguiente manera amenazante: Van a ser citados al CICPC los que dijeron que hay testigos  (del asesinato) , van a tener que llevar a los testigos para que no se cree que aquí perseguimos, yo sé de varias organizaciones y ONG, los vamos a llamar a todos y tienen que presentar sus testigos, unos dicen que fue el Sebin, la Dgcim, la Policía Nacional, pónganse de acuerdo (…) si Provea dijo que tiene testigos, Provea tiene que buscar los testigos, no se tiene que esconder que son una ONG, ustedes cruzaron la raya, el 28 de julio pasaron la raya, aquí se acabó la mamadera de gallo”.   La razón de la inquina del régimen contra Provea es su labor valiente de denunciar el asesinato del defensor de derechos humanos Edwin Santos ocurrida el pasado 25 de octubre del 2024. Provea es una más de las ONG que vienen siendo perseguidos por el gobierno chavista. La CIDH determinó a comienzos del 2024 que los miembros de Provea se encuentran en situación de riesgo en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos.   Se necesita denunciar esta persecusión y expresar públicamente la preocupación sobre la poca garantía que existen para defender los derechos humanos en la Venezuela de Maduro.

Por: Andrés Paternostro Céspedes En el transcurso de las semanas 46 y 47 del año 2024, el municipio de Anorí ha registrado diversos hechos de violencia, producto de los enfrentamientos entre los Grupos Armados Organizados (GAO): el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y el Estado Mayor Central (EMC). Los dos últimos han unido fuerzas para enfrentar y frenar el proceso de expansión territorial del EGC, que se intensificó a partir del año 2022. Esta expansión se dio luego de que el Gobierno Nacional cancelara todos los acercamientos con el EGC, como consecuencia de los actos de violencia ocurridos durante el paro minero en el municipio de Tarazá el 22 de marzo de 2022. En dicho paro, se vio afectado el sistema de acueducto de la población, además de otros hechos violentos registrados en la subregión del Bajo Cauca. Por estos acontecimientos, el Gobierno Nacional atribuyó la responsabilidad al EGC o Clan del Golfo (Línea de Paz Territorial y DDHH, 2024). El pasado sábado 16 de noviembre de 2024, en la vereda Los Trozos, se registraron enfrentamientos entre una comisión mixta de integrantes del EMC y el ELN contra miembros del Ejército Gaitanista de Colombia. Según declaraciones de prensa del secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, estos grupos también se enfrentaron con tropas del Ejército Nacional, adscritas al Batallón de Infantería Bomboná de la Séptima División, que llegaron a la zona para contrarrestar el accionar de estos grupos en el municipio de Anorí (Álvarez Correa, 2024). Estos hechos han generado el desplazamiento de aproximadamente 88 familias hacia el casco urbano de Anorí, así como el confinamiento de unas 20 personas. Esta información fue confirmada por María Patricia Giraldo, secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia de Antioquia, y por Yucelly Rincón, Defensora del Pueblo en Antioquia (El Colombiano, 2024). Otro hecho que conmocionó y generó múltiples reacciones por parte de diversas figuras del Gobierno Nacional y Departamental fue el ataque con explosivos ocurrido en la vereda La Plancha, en Anorí, la mañana del 21 de noviembre de 2024. Este ataque, perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tuvo como objetivo a miembros del Ejército Nacional que integraban el tercer anillo de seguridad encargado de la protección del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Este hecho dejo cinco militares muertos y cuatro personas heridas (tres militares y un civil). Entre los fallecidos están el cabo segundo Fredy Romero Robles y los soldados Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí, Fabián José Regino Mora y Yoiser David Redondo Arias. El Ejercito respondió a estos hechos con el apoyo aéreo y terrestres para realizar la extracción de personal afectado, el cual fue trasladados a centros médicos de la ciudad de Medellín. En un informe de presa el Ejercito Nacional atribuye estos hechos violentos al Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro a través de una unidad militar de la subestructura Frente Héroes y Mártires de Anorí (Séptima División, 2024). Autoridades como el Ejército Nacional, el gobernador de Antioquia, y el Ministerio de Defensa condenaron el ataque, el cual viola el Derecho Internacional Humanitario por utilizar estos artefactos cerca de la población civil. Desde la Fundación Paz y Reconciliación rechazamos este hecho y vemos como un obstáculo este accionar del ELN para las negociaciones de paz con el Estado. Análisis del contexto: ¿Hecho aislado o parte de las dinámicas del conflicto armado? El nordeste de Antioquia, particularmente municipios como Anorí, juega un rol crucial dentro de las dinámicas del conflicto armado debido a su ubicación geográfica y características económicas. Esta región conecta estratégicamente otras subregiones como el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Norte. Además, el Nordeste es un corredor esencial para actividades ilícitas como el tráfico de drogas, dado que en esta área se producen cultivos de coca y se cuenta con rutas para el transporte hacia otros departamentos y eventualmente hacia la costa. Asimismo, la presencia de minería ilegal representa una fuente adicional de financiación para los grupos armados, lo que incrementa el interés de estos en dominar el territorio. La coexistencia del ELN, el Clan del Golfo o EGC y el EMC de las disidencias de las FARC ha intensificado los niveles de violencia en la región por los procesos de control territorial. Cada uno de estos grupos busca consolidar su influencia, ya sea por motivos estratégicos o económicos, lo que genera constantes enfrentamientos entre ellos y con las fuerzas del Estado. Particularmente, la alianza entre el ELN y el EMC en algunos territorios, como se ha visto en Anorí, tiene como objetivo frenar la expansión del Clan del Golfo, que ha intentado tomar control de corredores clave desde 2022. Esta competencia directa por el dominio de territorios ricos en recursos y de importancia logística exacerba la situación de inseguridad y afecta gravemente a la población civil. Los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como el de La Plancha en Anorí, representan algo más que lugares destinados a la reincorporación de excombatientes. Desde un punto de vista político, son símbolos de los acuerdos de paz y de la presencia estatal en zonas históricamente marginadas. Por esta razón, se han convertido en objetivos estratégicos para los grupos armados organizados, que buscan desafiar al Estado y enviar un mensaje de poder territorial. Al atacar estos espacios, los grupos armados no solo socavan la seguridad de los excombatientes y sus familias, sino que también debilitan la confianza de las comunidades en los procesos de paz y en la capacidad del Estado para garantizar estabilidad en las regiones afectadas por el conflicto armado. Este ataque podría interpretarse como una acción estratégica del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, cuyo objetivo sería desestabilizar la zona y reafirmar su control territorial histórico en un área de alta importancia estratégica, tanto por su conexión geográfica como por sus recursos económicos ilícitos. Al golpear a la Fuerza Pública en un espacio simbólicamente vinculado al proceso de paz, el ELN envía un mensaje de desafío al Estado y busca posicionarse como un actor dominante frente a sus competidores, como el Clan del Golfo o EGC. Este hecho se enmarca en un patrón de ataques recurrentes contra las tropas militares desplegadas en la región. Según datos oficiales, en 2024 se han registrado 322 ataques contra la Fuerza Pública en todo el país, de los cuales 35 ocurrieron en Antioquia, lo que subraya la intensidad del conflicto en el departamento y la particular vulnerabilidad de esta región frente a los grupos armados (Bernal, 2024). La región enfrenta una reconfiguración del conflicto armado, donde los grupos ilegales intentan llenar vacíos de poder estatal y consolidar su presencia. Este proceso no solo se relaciona con el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, sino también con la lucha por dominar territorios estratégicos para la movilidad y las rutas del crimen organizado. La ausencia de un control estatal efectivo en varias áreas del nordeste antioqueño deja el terreno abierto para que estos actores armados expandan su influencia. Las acciones violentas del ELN, como este ataque, contrastan con su discurso de disposición hacia la paz, lo que genera tensiones que debilitan la confianza en los diálogos y cuestionan su verdadera voluntad de negociación. Estos actos no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también agravan la percepción de inseguridad en las comunidades, que ven cómo la violencia persiste a pesar de los intentos de implementar políticas de reconciliación en la región. Además, la alianza temporal del ELN con el EMC complica aún más el panorama, incrementando los riesgos de nuevas escaladas de violencia. Implicaciones para la paz y la seguridad en la región Impacto en los excombatientes: Este ataque representa una amenaza directa a la seguridad de los excombatientes que buscan reincorporarse a la vida civil, especialmente en espacios como el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de La Plancha, diseñados para facilitar su transición. La falta de garantías de seguridad no solo expone a estas personas y a sus familias a situaciones de vulnerabilidad, sino que también pone en jaque la implementación de los acuerdos de paz, dificultando la consolidación de estos procesos en las zonas rurales. Impactos en las comunidades: Los ataques violentos como este generan incertidumbre entre las comunidades locales, que perciben una debilidad en la capacidad del Estado para proteger a los habitantes y mantener el orden. Esto afecta la confianza en las instituciones estatales y en los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos de paz, incrementando el escepticismo respecto a su sostenibilidad en territorios históricamente marcados por el conflicto como el municipio de Anorí. Efecto en las negociaciones de paz con el ELN: Existe una clara contradicción entre el discurso del ELN, que insiste en su voluntad de paz, y sus acciones, como los ataques a la Fuerza Pública y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo reclutamientos forzados y otras agresiones. Este tipo de acciones minan la legitimidad del grupo en los procesos de negociación y dificultan los avances en las mesas de diálogo. La continuidad de las mesas de negociación dependerá de que se logren ceses reales de hostilidades, no solo contra la población civil, sino también contra las instituciones. Sin un cambio en las dinámicas de violencia, será cada vez más complejo alcanzar acuerdos que generen confianza tanto en las comunidades afectadas como en los actores del Gobierno Nacional. La complejidad del conflicto en el nordeste antioqueño exige la implementación de estrategias integrales que combinen seguridad, justicia y desarrollo socioeconómico. Estas medidas deben ir más allá de la respuesta militar, abordando las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y la débil presencia estatal en las zonas rurales. Las comunidades locales y sus liderazgos juegan un papel fundamental en la construcción de soluciones sostenibles. Sin embargo, esto requiere un compromiso decidido por parte del Estado y la sociedad civil para empoderar a estos actores, protegerlos frente a las amenazas de los grupos armados y garantizar que las políticas públicas sean diseñadas e implementadas con un enfoque territorial que reconozca las particularidades de cada región. Conclusiones Los ataques en la vereda La Plancha y Los Trozos pueden interpretarse como parte de una estrategia más amplia del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN para consolidar su control territorial en el nordeste antioqueño. Esta región, debido a su ubicación estratégica y a la presencia de economías ilícitas como los cultivos de coca y la minería ilegal, se ha convertido en un escenario clave en la reconfiguración del conflicto armado. Al atacar a la Fuerza Pública en un espacio asociado con los procesos de reincorporación, el ELN no solo busca desestabilizar el territorio, sino también demostrar su capacidad de influir en áreas vinculadas simbólicamente con los acuerdos de paz. Este hecho resalta la urgencia de diseñar e implementar un enfoque territorial más sólido dentro de las políticas de seguridad humana. Esto implica priorizar la protección de las comunidades locales, que a menudo quedan atrapadas en la violencia de los grupos armados, así como consolidar la presencia del Estado en zonas estratégicas como el nordeste antioqueño. Además, es crucial fortalecer los procesos de reincorporación, garantizando que los excombatientes cuenten con seguridad, oportunidades económicas y apoyo social, para evitar que estos espacios se conviertan en blancos de violencia o lugares de disputa entre los actores armados.   Bibliografía Álvarez Correa, M. (17 de Noviembre de 2024). Disputa entre disidencias, ELN y Clan del Golfo dejan 50 familias desplazadas en Antioquia . Obtenido de Bluradio: https://www.bluradio.com/regiones/antioquia/disputa-entre-disidencias-eln-y-clan-del-golfo-dejan-50-familias-desplazadas-en-antioquia-rg10 Bernal, J. (21 de Noviembre de 2024). Al menos cinco muertos y cuatro heridos dejó atentado con explosivos del ELN en Anorí, Antioquia . Obtenido de INFOBAE: https://www.infobae.com/colombia/2024/11/21/eln-ataco-con-explosivos-a-tropas-militares-en-anori-antioquia-tres-muertos-y-seis-heridos/ El Colombiano. (18 de Noviembre de 2024). En chiva y a pie huyen decenas de familias en Anorí por enfrentamientos entre ELN, disidencias y Clan del Golfo. El Colombiano . Obtenido de https://www.elcolombiano.com/antioquia/desplazamientos-en-anori-antioquia-por-combates-clan-del-golfo-eln-BI25872300 Línea de Paz Territorial y DDHH. (21 de Octubre de 2024). Paro minero en Bajo Cauca: una problemática sin resolver . Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación: https://www.pares.com.co/post/paro-minero-en-bajo-cauca-una-problem%C3%A1tica-sin-resolver Séptima División. (21 de Noviembre de 2024). Comunicado de prensa . Obtenido de Ejercito Nacional de Colombia: https://www.ejercito.mil.co/comunicado-de-prensa-629435/

Por: Anderson Salinas La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) que se acordó en el Acuerdo de paz (2016), continúa en la décimo quinta intervención forense al Cementerio Central de Cúcuta. Uno de los procesos más complejos en el país ante las dificultades operativas halladas a principios de 2024.   El Cementerio Central de Cúcuta, se ubica en el barrio San José de la capital de Norte de Santander. Entre sus pasillos, descansan cientos de miradas que se apagaron y esperan por leer entre líneas lo que el conflicto armado escribió en este Campo Santo. Justo aquí, ante el silencio de muchos, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) lo referenció como un sitio de interés forense.  Los sitios de interés de forense son aquellos lugares donde el ejercicio de investigación humanitaria y extrajudicial que adelanta la UBPD permite establecer que en ese lugar podrían encontrarse cadáveres de personas dadas pro desaparecidas en razón del conflicto armado: tanto cementerios como lugares a campo abierto, como fincas, potreros, ríos o hornos crematorios; como los que fueron encontrados en el corregimiento de Juan Frío en Villa del Rosario (Norte de Santander. “Es importante mencionar que cuando nos dimos cuenta de la magnitud fue necesaria redoblar esfuerzos y lograr trabajar armónicamente, con instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y entidades públicas, pero también fue importante la participación de las víctimas en lo que hoy se denomina como el Plan Integral de Intervención al Cementerio Central de Cúcuta que tiene como eje principal la construcción de paz y la posibilidad de entregar respuestas a las miles de familias en la búsqueda de sus seres queridos al interior del cementerio”, agrega Carlos Ariza, antropólogo forense de la UBPD.    El 18 de noviembre la UBPD inició en el Cementerio Central la décimo quinta intervención forense UBPD que finalizará el 1 de diciembre de 2024 y donde se identificó una línea de investigación en la que se está examinando el ingreso irregular de cadáveres entre 1999 y 2008. Especialmente porque se logró establecer que 707 personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto armado y que habrían pasado por el instituto de medicina legal y no lograron ser identificadas, fueron inhumadas en este cementerio. De acuerdo, al antropólogo, la intervención forense se orientó desde el Plan Regional de Búsqueda de Cúcuta, Área Metropolitana y Frontera, e inicio en el año 2019. La intervención forense se suma a la medida cautelar que dictó la Jurisdicción Especial para la Paz mediante el Auto 069 de noviembre de 2021  que prohibió cual  exhumación y reubicación de los cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR), la inhumación de nuevos cuerpos en áreas donde están estos restos, así como la manipulación de cuerpos o sus partes que estén en fosas comunes para salvaguardar lo que queda de las posibles víctimas de desaparición forzada.   Durante las catorce fases anteriores de la intervención forense se avanza en 28 de los 42 sitios de interés referenciado y donde se revisaron 9.244 cadáveres. Esta cifra es grande debido a que dentro del cementerio se buscan 707 cuerpos con interés en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sin embargo, estos cuerpos se mezclaron con miles de cadáveres que no son competencia de la UBPD a raíz de malos manejos de la administración al interior del Campo Santo. “De esos más de nueve mil cuerpos, que equivale a un universo de 2 millones de estructuras óseas, hemos enviado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 309 cadáveres, sin embargo 85 cadáveres se han quedado adentro del cementerio gracias al servicio de verificación de información y correspondencia post morte, que es una metodología diseñada por la UBPD para poder realizar análisis de cadáveres al interior del Campo Santo, y que una vez son finalizados los análisis no es necesario enviarlos a medicina legal”, agrega Ariza.  Ante esta realidad, el trabajo continúa y se avanza en la entrega digna a familiares de 15 cuerpos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Víctimas no solo de Norte de Santander sino de personas de otros departamentos, que por distintas dinámicas fueron asesinadas y sus cadáveres fueron enviados al Cementerio Central de Cúcuta.  Adicional a eso la UBPD avanza en el rastreo de cerca de veinte cadáveres que están en el proceso de identificación para entregar a sus familias.   A lo que muchos referenciaron como la fosa común más grande de Colombia, incluso hallazgos de la UBPD identificaron escenarios como “La piscina” al interior del Cementerio Central donde fueron arrojados miles de cadáveres sin ningún tipo de registro o control; o incluso la solicitud hecha por defensores de derechos humanos y que llegó a la JEP donde vecinos del sector se quejaban por el traslado indebido de cadáveres producto del desplome de un muro a los costados del Campo Santo. Hoy solo queda la esperanza que uno de los capítulos más tristes de la historia del conflicto armado en la frontera entre Colombia y Venezuela: Cúcuta, pueda seguir escribiendo una de sus páginas que centra su narrativa en la construcción de respuestas frente a una verdad que aún esperan más de cuatro mil víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado que registra Norte de Santander.

Por: Redacción Pares El 26 de enero del 2020 un juez de garantías de Bogotá sentenció que el asesinato del ex combatiente Dimar Torres fue un crimen de estado. El horror ocurrió el 22 de abril del 2019, en la vereda Carrizal, en Convención, Norte de Santander. Torres, que vivía tranquilamente en una zona de reserva campesina, fue asesinado a la vera del camino por soldados a cargo del coronel Jorge Armando Pérez Amezquita, quien habría ordenado su asesinato por creer que Torres era explosivista del ELN. Los cuatro disparos de fusil con los que murió el firmante de paz se los propinó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo. Sus compañeros lo secundaron y escondieron el cuerpo de Torres a quien pretendían enterrar y desaparecer. La comunidad donde vivía se alertó de la situación y descúbrió el asesinato.   Este es sólo uno más de los 432 ex combatientes que han sido asesinados desde el 24 de noviembre del 2016 cuando, en un hecho histórico, para algunos impensado, Rodrigo Londoño, comandante de las FARC y Juan Manuel Santos firmaron en el Teatro Colón el acuerdo de paz con el que terminaban 60 años de conflicto. Sin embargo, el haber perdido el referendo con el uribismo, puro y duro, en octubre del 2016 y la victoria de Iván Duque en el 2018, han frenado uno de los aspectos -sino el que más- más importante de los acuerdos que es el de la implementación. La inversión ha sido de 88 billones de pesos pero el aumento de cultivos ilícitos, el poco interés que se ha tenido en una reforma agraria real y el copamiento de otros grupos armados en lugares que dejó las FARC, le han traído muchos problemas a los habitantes de las regiones colombianas.   En algunos sectores del país, como El Plateado por ejemplo, la falta de Estado se ha traducido en el regreso del dominio absoluto de disidencias FARC como sucede en el Plateado, Cauca. A finales de octubre el presidente pobló de soldados el Plateado recuperando esta zona, de suma importancia estratégica. Ha sido precisamente disidencias como la de Iván Mordisco uno de los causantes de estas muertes en las que la impunidad campea: sólo 11 de los autores de estos crímenes han sido condenados.   Estos 8 años de paz han sido, en muchos casos, un baño de agua fría en el lago de la desilución. A esta cifra de firmantes asesinados -aunque el peor año fue el 2019 cuando la cifra sobrepasó los 80- se suma los datos de reclutamiento de menores que ha aumentado desde el 2022 en un 552% según datos de la Defensoría del Pueblo.   Es claro que los cuatro años de gobierno Duque fue un retroceso en la implementación, hay que recordar que uno de sus lemas de campaña era “Ni risas, ni trizas” con el acuerdo. Pero a este gobierno le ha falta celeridad a la hora de ejecutar recursos. En los últimos meses Petro se ha puesto la camiseta intentando, por ejemplo, agilizar la entrega de tierras a ex combatientes, pero esto aún se mantiene en cifras muy bajas.   Lo más importante es garantizar la vida de los ex combatientes. Aún hay un dato esperanzador: a 8 años de la firma en el teatro Colón 12.105 ex guerrilleros, el 87% de los firmantes, aún cree en el acuerdo.