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Por: Paola Marín Molano En los territorios históricamente afectados por el conflicto armado en Colombia, la ausencia del Estado ha permitido que grupos armados ilegales asuman roles tradicionalmente asociados a las instituciones gubernamentales. Estas dinámicas no solo han reforzado su presencia en las comunidades, sino que también han influido en las percepciones de legitimidad en dichos contextos. Acciones como la construcción de infraestructura, la provisión de bienes y servicios, y la organización de brigadas de salud evidencian cómo estas estructuras buscan consolidar su control territorial mientras intentan posicionarse como actores políticos en el marco de negociaciones con el Gobierno Nacional.  Este fenómeno, que no es nuevo, cobra relevancia en el contexto actual debido a la reconfiguración de grupos armados como la Segunda Marquetalia, que tras su división interna ha retomado estrategias de intervención territorial. En octubre de este año, los Comandos de Frontera, publicitaron la entrega de un puente vehicular en Ipiales, Nariño, anunciando además la construcción de otra obra en el río Sapo, en la vereda San José. Estas intervenciones se enmarcan en el impulso a los diálogos y las llamadas transformaciones territoriales. En el anuncio se observaban integrantes de las comunidades locales resaltando la importancia de generar condiciones estructurales y realizar intervenciones concretas en territorios afectados por la ausencia del Estado. Tras la reciente división interna en la Segunda Marquetalia, esta organización retoma las intervenciones territoriales, ahora a través de una brigada de salud llevada a cabo por la Columna Jesús Santrich. En esta ocasión, se distribuyeron insumos médicos a comunidades y realizaron actividades recreativas con niños, que, según la ubicación de la columna, podrían estar en la Serranía del Perijá, un área fronteriza entre Colombia y Venezuela en el Caribe Colombiano. Esta región, que abarca municipios como La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi en Colombia, fue ocupada mayoritariamente por el ELN tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Es conocida también por ser el lugar del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, Mane Díaz, y actualmente tiene presencia de disidencias de la Segunda Marquetalia, parte del ala FARC-EP. Acciones como estas, que incluyen la provisión de bienes y servicios, no son exclusivas de este grupo armado ni representan algo novedoso. De hecho, en departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo, la construcción de carreteras se atribuye en gran parte a las antiguas FARC-EP. En el contexto de la firma del Acuerdo de Paz, este grupo presentó a la ONU un inventario de bienes y activos que incluía inmuebles, equipos, enseres, medios de transporte y la construcción de 3.753 kilómetros de vías, evidenciando su impacto en infraestructura. Este tipo de acciones reabre el debate sobre las llamadas “gobernanzas armadas” y el poder que los grupos armados ejercen en territorios desatendidos por el Estado colombiano. Además, en el contexto actual de las negociaciones, algunos grupos armados han comenzado a publicitar sus intervenciones en redes sociales y otros medios, buscando posicionarse como actores políticos legítimos. Esto refuerza su imagen no solo como entidades que imponen normas y justicia mediante la violencia, sino también como suplidores de necesidades básicas en comunidades marginadas. Es claro, que las intervenciones sociales y de infraestructura se han convertido en una herramienta estratégica para los grupos armados, no solo para ganar aceptación en las comunidades, sino también para proyectarse como actores políticos legítimos en el marco de las negociaciones de paz. La visibilización de estas acciones a través de redes sociales y otros canales de difusión demuestra un interés en posicionarse más allá del ámbito militar, buscando legitimidad en escenarios de diálogo con el Gobierno.  Así, las estructuras de la Segunda Marquetalia buscan nuevamente visibilizarse como actores relevantes en los territorios donde tienen influencia, procurando legitimidad en los procesos de negociación. Esto es particularmente importante considerando que el Gobierno Nacional deberá decidir cómo y con quién continuará las conversaciones, especialmente con actores como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera. Finalmente, las Fuerzas Militares han declarado en diversas ocasiones que estas acciones constituyen una usurpación de funciones públicas, responsabilidades que recaen principalmente en las alcaldías y gobernaciones locales. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas administraciones carecen de la capacidad para cumplir con dichas tareas. Ante esta carencia, las comunidades, ya sea por temor o por reconocimiento de los grupos armados como actores legítimos, aceptan estas intervenciones debido a su necesidad en los territorios. Así, la falta de capacidad de las alcaldías y gobernaciones locales para atender las necesidades básicas de sus comunidades ha creado un espacio que los grupos armados han aprovechado para intervenir. Esto genera una dualidad en las respuestas comunitarias, donde algunas personas aceptan estas intervenciones por necesidad, mientras que otras lo hacen por temor o reconocimiento de estos actores como proveedores efectivos de soluciones.

Por: Redacción Pares En el año 2019 el entonces presidente Iván Duque estaba feriando al país al mejor postor. En esos doce meses anunció, según lo reseñó en su momento el diario El Espectador, cuatro proyectos de fracking a gran escala. Dos de ellos se harían en Puerto Wilches Santander. Ahí nació Yuvelis Natalia Morales Blanco. En ese momento tenía 19 años. Esta hija de un pescador del río Magdalena no tenía nada, ni siquiera miedo. Por eso no le importó oponerse ante los gigantes que amenazaban con destruir toda la belleza que la rodeaba.   El mejor testimonio que existe sobre ella lo publicó El Espectador quien la entrevistó cuando las amenazas de muerte caían sobre ella. Allí contó su vida. Se inició en el activismo ambiental porque empezó a ver en Facebook una campaña, promovida por universitarios, en donde se decía, de manera tajante, no al fracking. Convocaban reuniones en su pueblo un grupo que se llama Alianza Colombia Libre de Fracking. Su familia le dijo que no fuera, que eso era peligroso. Efictavemente lo era pero a ella no le importó. Sabía que era problema de todos lo que le sucediera a la tierra. A su tierra.   Tenía 19 años cuando recibió su primera amenaza de muerte. Encogió los hombros y siguió. Creó un movimiento contra el fraking al que le puso Aguawil. Por Wilches.   Puerto Wilches como tantos otros municipios del Magdalena Medio ha sido martirizado por la guerra. Según el portal Rutas del Conflicto este territorio fue dominado por el ELN en 1992, después llegarían las FARC y en 1998 entró el horror paramilitar. Ser líder social allí es un oficio de alto riesgo. Entre 1988 y el 2003 asesinaron allí a 23 líderes sociales. El Bloque Bolívar de las AUC terminó de teñir ese suelo con el rojo de la sangre.   El 12 de diciembre del 2020 fue la fecha que escogió Yuvelis para convocar a una marcha contra Ecopetrol, empresa que se encargaría del primer programa piloto. No esperaba nadie pero llegaron buses desde Bucaramanga. Creía que habían ganado la batalla pero el 23 de diciembre de ese año se firmó el permiso para hacer fracking en Puerto Wilches. Ella no se rindió y fue a una audiencia pública en el Congreso de la República, en esa ciudad tan grande que es Bogotá. Se le paró duro al fracking y al gobierno de Iván Duque pero ahí empezaron a lloverle las amenazas incluso le cayeron en su casa mientras veía televisor en una mecedora. Unos meses después, mientras iba al mercado del pueblo, una camioneta se le atravesó en el camino y le dejaron claro que la iban a matar y que los únicos que la iban a encontrar “eran los chulos”.   Se fue un tiempo para Bogotá, se escondió en una casa en el barrio La Perseverancia. Se enfermó de COVID y regresó en enero del 2022 y le gritó en la cara a Duque que su pueblo no quería su fracking. Las amenazas persistieron y se tuvo que ir a Francia. Duró doce meses, regresó, según el reportaje que le hizo El Espectador a su pueblo. Ha encontrado en este gobierno más apoyo para que se cancele el fracking pero sabe que en Colombia todo puede cambiar en cualquier momento.   En agosto de este año llegó una buena noticia: la Corte Constitucional ordenó que el gobierno haga consulta previa en proyectos de fracking en el Magdalena Medio. Al menos se ganaron el derecho a que les preguntaran y se lo ganó fue ella, la inquebrantable Yuvelis que ya tiene 23 años y ha vivido lo suficiente para saber que acá los poderosos siempre terminan ganando.   Por eso, jamás debe bajar la guardia.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Lo primero que encuentras al llegar a San Juan del Cesar es una pared que hace unos días era blanca pero ahora está manchada por tres letras rojas: AGC. Las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre que enfurece a Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliecer, quien cree que el nombre de su padre es mancillado, un memoricidio, ya que este es uno de los trajes que usa el Clan del Golfo.   Son las once de la noche y la lluvia con la suavidad del celofán baña las calles vacías de casas blancas. El hombre que nos da las llaves de los cuartos nos recomienda no salir. "Ayer mataron a tres" nos dice con indiferencia, sin especificar a quien mataron. Como si no importara, como si fuera el estado normal de las cosas. Antes de llegar a la habitación hay una serie de murales. En uno de ellos aparece Diomedes Diaz. Abajo hay una breve biografía. Me entero que Diomedes no nació en la Junta sino en este lugar del que apenas he escuchado nombrar.   A las cinco y media de la mañana el sol ya está estallado. La lluvia pasada atenúa el calor. A las siete caminamos desde el hotel hasta la casa de la cultura, a donde habrá un foro sobre periodismo ciudadano. Llegan más de cien personas. Un grupo de  firmantes de paz celebran haber podido concretar su sueño: han lanzado Corresponsalías, un medio alternativo que servirá para contarle a toda la Guajira los abusos y el olvido a los que han sido sistemáticamente sometidos. Entre el público veo a Joaquín Gómez, mítico ex comandante de las Farc quien se convirtió en un personaje nacional en los años de la zona de distención, donde era el responsable de la seguridad en San Vicente del Caguan. Gómez vive en Pondores, antigua ETCR en donde se ubicaron firmantes del acuerdo. Su llegada a San Juan del Cesar se convierte en un suceso. Su pasado ha quedado atrás. Una fila de personas esperan para tomarse una foto con el guerrero de 76 años. Algunas mujeres se acercan y le preguntan si se acuerda de Don Venacio Mendoza. Ella es su nieta. Joaquin, camisa de lino, gafas Lacoste, tenis Nike, hace que piensa, dice cualquier cosa y sigue avanzando. Me reconoce, me toma del brazo, nos escondemos del sol debajo de un palo de mango. Hablamos de algunos amigos en común y le pregunto por los ocho años de los acuerdos. "Esto ha sido un fracaso, nos están matando. Ha sido una desilusión" Joaquín recuerda los años en los que en Puerto Boyacá se le daba la bienvenida a los esporádicos visitantes recordándoles que estaban en "La capital antisubersiva de Colombia". "Siempre ha existido esa necesidad de acabar con las diferencias. Ni siquiera cuando entregamos las armas se detuvieron. Joaquin se acomoda las gafas y con energía dice que la culpa de lo que ha pasado con la implementación del acuerdo no es de Petro, que fue producto del afán y de la falta de compromiso con la implementación del gobierno de Ivan Duque. A Gómez lo escuchan algunas de los firmantes de otras regiones que llegaron al foro y empiezan a quejarse, a expresar su desilusión. Ya sea en La Uribe. En los Llanos, en la misma Guajira, la desazón es suprema. Se sienten traicionados. Se entregaron las armas y no se acabaron los problemas. La plata que necesitan las regiones en donde están los ex combatientes no está llegando. Como pasa en la mayoría de las regiones del país hay olvido y corrupción. Muchos se le acercan a Gómez. Empiezo a ver si los escoltas lo acompañan. Son 432 los firmantes que han sido asesinados desde noviembre del 2016. Le pregunto a Gómez si se siente seguro acá, le comento que vi el grafiti de las AGC y él dice que en La Guajira todo es distinto, que es tierra wayuu y que siempre han estado en contra del Estado. "Eso que viste de las AGC no es mas que un par de tipos en una moto, con ganas de sembrar terror" No le pregunto por los muertos de los que me hablaron la noche pasada, un grupo de señoras se le acerca, lo abrazan, le contaron que cuando eran niñas le tenían miedo, que creían que era el malo de la película. Joaquín suelta una carcajada, " Si te hubieramos llevado te habríamos llenado de sancocho de pollo" bromea. Las señoras sonríen con los ojos apagados.

Por: Redacción Pares Desde el 6 de octubre del 2023 investigadores de la fundación Pares han intentado hablar con Andrey Avendaño, uno de los tres hombres más importantes de lo que alguna vez se llamó Estado Mayor Central, que compone las disidencias de los ex miembros de las FARC que abjuraron del acuerdo de paz. Dos días después de esa fecha se haría en Tibú se instalaría la mesa de diálogo entre el gobierno y el EMC. Pares llegó el 6 porque, por la magnitud del evento, todos los hoteles estaban copados. Fue un suceso para este municipio del Catatumbo. Llegó gente hasta del Guaviare, de todo el espectro del conflicto colombiano. Se estima que asistieron a esa instalación de la mesa más de 10 mil personas.   Los miembros de Pares que fueron a ese evento recuerdan que el sol era tan abrasador que los niños se desmayaban, sobre todo los que habían llegado de otros municipios del departamento como Pamplona y Silos, cuya temperatura contrasta radicalmente con la sensación térmica que se siente en Tibú. Pero lo que iba a ser una fiesta terminó en un momento bochornoso. En una primera instancia el gobierno anunció que el cese al fuego no iba por 10 meses sino que apenas se extendería a los tres meses. Incluso los periodistas de Señal Colombia que cubrían en vivo el evento tuvieron que parar la transmisión. Ante las novedades del gobierno con el cese al fuego la delegación del EMC se paró de la mesa. En medio del rifi rafe que se armó la instalación de la mesa se pudo instalar hasta el 16 de octubre.   Ese 8 de octubre los enlaces de Pares intentaron ubicar a Andrey Avendaño. Se encontraron en una cancha de fútbol pero, coincidencialmente, Avendaño se hospedaba en el mismo hotel donde estábamos nosotros en Tibú. Sin embargo, por lo apretado de la agenda, fue imposible establecer contacto con él.   Para los despistados es bueno recordar quien es Andrey Avendaño.   El 13 de abril del 2024 Andrey Avendaño a sus 24 años dio un golpe fuerte sobre la mesa. Él, que se había dado a conocer ante la opinión pública por ser el vocero de Iván Mordisco en la mesa de negociación entre el gobierno y el Estado Mayor Central, anunciaba que su antiguo jefe ya no era el único que mandaba en esa estructura armada: “Hoy nos atreveremos a decir que no hay un mando único, hay coordinaciones de respeto. En esas coordinaciones, obviamente, tiene que haber un coordinador, y era Lozada (Mordisco) hasta el momento en que internamente tomamos la decisión de enviarle un documento y le planteamos que no veíamos condiciones para trabajar bajo esas coordinaciones por la misma dinámica que se vive en los territorios”. Atrincherado en la selva del Catatumbo Carlos Eduardo García Téllez desafiaba al poder dominante. La respuesta de Mordisco fue la de tratarlos de traidores. Eran cerca de 1.200 hombres los que se mantendrían dialogando con el gobierno de Gustavo Petro.   Mordisco mantendría su hegemonía en los departamentos de Amazonas, Arauca, Cauca y Nariño, teniendo a su haber 2.800 hombres aproximadamente.   Se llama Carlos Eduardo García Téllez y nació en el Catatumbo aunque nadie sabe con certeza en cual de sus municipios. Entró a las FARC a los once años. Afirma que lo hizo por convicción, que los campesinos maduran viche y a esa edad ya sabe un niño que es lo que quiere hacer en la vida. Igual, hay lugares en el campo colombiano en donde las opciones se cierran. Todo lo que aprendió se lo debe a las FARC. Jamás entró a un colegio, ni hizo primaria. Algunos medios, al ver su 1.80 de estatura, su pelo largo, su claridad a la hora de hablar -que contrasta con la de Iván Mordisco, por ejemplo- creyeron que era un ideólogo de universidad pero no. Era sólo un guerrero   En el año 2014, cuando tenía 19 años de edad, Andrey Avendaño era mando de escuadra de las antiguas FARC. A esa edad lo metieron preso. Salió en el 2017, gracias al indulto con el que el gobierno se comprometió en la firma del acuerdo. Al quedar libre se dio cuenta que no quería una vida metido en una ETCR y que se había acostumbrado al fragor del combate. Se alineó con John Mechas. Javier Alonso Velosa García, su nombre real, se dio a conocer en el país por el atentado que perpetró el frente 33 de las FARC donde destruyó un CAI en el barrio de Bogotá Arborizadora Alta que mató a dos niños. Al igual que Mechas, Avendaño ha amenazado a que, en caso tal de que el gobierno levantara el cese al fuego con el EMC, llevaría la guerra a las ciudades.   En mayo de este año Andrey Avendaño le dio una entrevista al programa Los Informantes en donde afirmó que se siente incómodo con el cese al fuego. Las treguas vuelven “más flojos” a los guerrilleros quienes necesitan el combate para mantenerse calientes. “Quien no pelea pierde la mística”. Este 16 de julio el ministro de defensa Iván Velásquez aseguró que se levantará el cese al fuego con las tropas de Iván Mordisco. Andrey Avendaño, quien está por los lados del Catatumbo, estaría entre los guerrilleros con los que se mantendría el cese al fuego. A pesar de que todavía está en la mesa de negociación Avendaño ha sostenido que ve improbable que con este gobierno se llegue a un acuerdo de paz. Al menos esto lo decía hasta hace muy pocos días. La Fundación Paz y Reconciliación lanzará en los próximos días, en exclusiva, una entrevista con el duro de las EMB, ahora se llama así por que son las siglas de como se llama ahora esta disidencia: Estado Mayor de los Bloques.   Pasó el tiempo para los investigadores de Pares que albergaban la esperanza de poder adentrarse al corazón de lo que alguna vez se llamó el EMC. El pasado mes de agosto, después de más de un año de espera, Andrey Avendaño volvió a aparecer en el horizonte. Accedió. Se tenían que cumplir ciertas normas de seguridad. Se insistió durante dos meses hasta que hace dos semanas Avendaño pudo concretar la cita. Se llegó a Cúcuta y desde ahí nos fuimos hasta Tibú. Cuatro horas y media de camino. El pasado sábado en la madrugada los recogieron y andaron durante horas por una carretera destapada en una camioneta. Llegaron a la cima de una montaña, ríspida, inaccesible, la niebla cubría el lugar. Se pasaron tres anillos de seguridad. Hubo un transbordo de camioneta. Media hora después se llegó una meseta. Allí tenían una mesa y en dos estacas sostenían la bandera del grupo. En una mesa estaban dos vasos de tinto. Sin descansar se empezó a realizar la entrevista. Alrededor de él habían 15 guerrilleros, dos de ellas eran mujeres, era su esquema personal. Tiene más de 1.200 hombres a su mando y que el número sigue subiendo. Tiene dos perros que no lo desamparan y que no dan un peso sin que él lo apruebe con una mirada, con un gesto.   La entrevista, que saldrá en los próximos días, estuvo enfocada en los avances de la Paz Total en el departamento, en Norte de Santander, cuales son los mayores logros de estos ciclos y la espinosa situación del ELN.   Deben estar al tanto de las novedades en la página de Paz y Reconciliación. Nos adentramos al corazón de lo que antes se llamó el EMC en Norte de Santander. Link de la crónica de instalación del EMC

Por: Redacción Pares En el próximo informe de la fundación Paz y Reconciliación se abordará como los grupos armados están interesados en operar desde las ciudades colombianas. Ya no le temen, por lo menos, a actuar con descaro desde Bogotá. En el informe se habla, no sólo de las intenciones del Clan del Golfo o el ELN de dejar que operen sus células urbanas sino de varias oficinas de sicarios, una de ellas la oficina del San Andresito de la 38 que es un residuo de lo que alguna vez se conoció como el Bloque Capital, liderado por el narcotraficante Miguel Arroyave y Mi Sangre, quienes mantenían vigentes y altas las cuotas cobradas a comerciantes de San Andresito. Desde hace dos décadas esta oficina actúa de manera independiente asociado con otro grupos criminal conocido como los Triana. Ahora, lejos de ser desmantelados, están más fuertes que nunca.   Aprovechamos el nuevo informe para recordar uno de los momentos en donde las AUC demostraron que podían golpear desde la capital y que tenían además poderosos políticos que podrían respaldar esta iniciativa. Según declaraciones libres que ha dado Salvatore Mancuso desde el 2007, Francisco Santos, reconocida figura política y social bogotana, sostuvo, desde 1997, varias reuniones con la cúpula de los paras. Estas se habrían hecho en Tierralta Córdoba y contó con la presencia del capo máximo de las AUC, Carlos Castaño. Incluso hubo otra reunión en donde Santos se mostró ladino y les comentó a los comandantes lo mucho que admiraba el accionar de los paras. En esa versión libre Mancuso dijo lo siguiente: “Santos alabó el modelo que le expusimos, de cómo funcionábamos en Córdoba, y nos manifestó (…) por qué las autodefensas algún día pudiera replicar ese modelo en Bogotá, pues se veía con preocupación en los círculos capitalinos el avance de la guerrilla”   Acá necesitamos un poco de contexto. Era 1997 y el país pasaba por uno de sus reconocidos periodos de zozobra. El gobierno Samper, salpicado por el escándalo del proceso 8000 había perdido legitimidad. Las guerrillas se hacían fuerte, sobre todo las FARC y su influencia ya era notoria en el páramo de Sumapaz. Así que Pachito Santos, preocupado por esto escribió una columna en El Tiempo -que ha sido citada varias veces en las audiencias libres por Mancuso- titulado Proyecto Contrainsurgente en donde decía, sin pena, que se necesitaba un bloque paramilitar en la capital del país: “La verdad, el país hoy se enfrenta a un movimiento político – militar con arraigo en distintas clases sociales incluso en las populares y que surge del vacío que dejó el Estado ante la ineficacia de sus Fuerzas Armadas y los abusos de la guerrilla contra la población civil. No nos equivoquemos. Aquí hay una nueva organización que si bien tuvo en su momento nexos en muchos casos más de complacencia y de voltear la cara que de ayuda efectiva con las Fuerzas Armadas, la semana pasada declaró su independencia al reivindicar la liberación de un secuestrado y la muerte de siete guerrilleros”.   Santos ha sido exonerado de cualquier señalamiento judicial sobre la creación del Bloque Capital e incluso no negó esas dos reuniones con los jefes paramilitares pero alega que lo hizo sólo con un interés periodísitico.   Lo que si sabe es que Carlos Castaño montó su bloque Capital gracias a la fusión de estas bandas: una que controlaba la Cárcel Modelo, otra la de Ciudad Bolívar, una en Kennedy, otra en Usme y la ya señalada banda de San Andresito de la 38 que se convirtió más bien en una suerte de oficina de sicarios controlado por Mario Arroyave.   De esta última sabemos que sigue existiendo. Otros grupos que disputan a la Oficina de San Andresito de la 38 el control del microtráfico y la extorsión en Bogotá son Los Paisas, Los Boyacos y Los Camilos. En los próximos días saldrá el último inventario de bandas criminales en Colombia en donde el dato es más que preocupante: los grupos armados se están trasteando a las grandes ciudades de Colombia, acá le explicaremos el por qué de esta decisión.

Por: Redacción Pares “Iván Mordisco nos planteó movilizar una guerrilla para combatir al ELN en Arauca, cuando el ELN allá y acá (en el Catatumbo) es una sola. Y nosotros nos negamos y empezaron a decirnos que éramos aliados del ELN”.   Cruzando ríos, selvas y montañas, un equipo de investigadores de la fundación Pares llegó al campamento de Andrey Avendaño, uno de los líderes del Estado Mayor de los Bloques, como se le llama a lo que alguna vez fue el EMC. Esta fracción de las disidencias que opera en la compleja zona del Catatumbo se mantiene firme en su convicción de hacer la paz con el gobierno Petro.   En poco más de noventa minutos Avendaño da opiniones claves sobre la ruptura con Iván Mordisco y da una razón de peso: la petición de movilizar tropas y ataque al ELN en Arauca, pero en el Catatumbo hay una tregua en esta fracción de las ex EMC y el ELN, que Avendaño no pensaba romper. Esa decisión de no combatir, porque él cree que las guerrillas no deben darse bala, y por eso, dice Avendaño, los empezaron a tratar como aliados no sólo del ELN sino como traidores de clase.   El grupo de investigadores de Pares le preguntó por cómo están las relaciones con ese grupo de guerrillero a lo que Avendaño contestó que están tensas e incluso hay alertas sobre posibles confrontaciones lo que afectaría aún más la cotidianidad de las personas que habitan el Catatumbo. Es que en Tibú y sus alrededores están las dos estructuras. Por eso hay que caminar como si se estuviera pisando huevos en estos momentos.   Acá veremos una visión diferente a la que veníamos viendo de la Mesa de Negociación con el EMC. Lejos de la intransigencia de Iván Mordisco, Andrey Avendaño sabe que se va a una mesa de diálogo a discutir los puntos. Por eso cuenta que la visión de Mordisco es concebir una mesa de negociación para complacer una lista de pedidos, algo que está completamente fuera de la lógica de una negociación.   También se habla acá sobre el desarme y sus posibilidades, recalcando que “Garantías no tenemos, por eso terminamos volviendo al monte, eso sí, el pueblo está pidiendo que no cometamos los errores del 2016”. Al final de la entrevista que verán a continuación, se habla sobre la construcción de infraestructura que hace esta guerrilla a los pueblos del Catatumbo “No queremos quitarle la responsabilidad al Estado pero si tenemos que hacerlo lo volveremos hacer”.

Por: Nathaly Paez y Catalina Neva Vivir en una sociedad dividida y que carece de respeto a su prójimo  fue lo que impulsó a Marlin a escribir sobre paz; pues desde joven se ha preocupado por los lazos sociales que se desvanecen con la violencia. Ella misma ha sido víctima del conflicto dentro su hogar y fuera de él. De hecho, debido a su liderazgo estas agresiones se han incrementado y, aun así, Marlin se ha negado a abandonar su labor. Por eso, lucha por la transformación de situaciones de injusticia de las mujeres negras, quienes han sido desplazadas, invisibilizadas y agredidas. Aquí la historia: Marlin Salas, con 28 años de experiencia como lideresa social, ha trabajado incansablemente por p osicionar a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) del Atlántico. Este año fue elegida como Consejera Consultiva ante el departamento, con el aval de Los Cimarrones representando a más de 150 organizaciones NARP con una propuesta diferencial basada en género [1] .  Desde allí, trabaja junto al gobierno en la ejecución de un plan de vida que contempla a  las comunidades NARP como protagonistas en la preservación y promoción de la cultura y la educación con enfoque étnico. Imagen 1. Marlin Salas (segunda de derecha a izquierda) en la toma de juramento de las representantes del Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico 2024-2027. Fuente: Diario La Libertad (2024). Tomado de: https://diariolalibertad.com/sitio/2024/11/27/instalado-consejo-consultivo-de-mujeres-del-atlantico-2024-2027/ En el 2023, Marlin se unió a la Red de Guardianes Ambientales en favor de la recuperación del ecosistema manglar en Puerto Colombia, Atlántico. Gracias a su labor, se restauraron aproximadamente 19.000 metros cuadrados del complejo natural afectados por ocupaciones ilegales, deforestación y contaminación en la zona. Hoy el Mangle renace como un ecoparque, gracias a lideresas como Marlin que, junto con delegados del Atlántico del programa “Parques para la Gente”, se opusieron a la pérdida del Manglar y desarrollaron acciones de reforestación a través de la siembra comunitaria de cerca de 1.100 individuos de mangles rojos, la especie del ecosistema que se encuentra amenazada frente a presiones sobre la Ciénaga de Balboa en Puerto Colombia. Marlin también ha inspirado la política social de Puerto Colombia desde las mesas de construcción de la política étnica, de salud, educación, de pobreza y género. Desde su liderazgo territorial desarrolla e impulsa diagnósticos y lineamientos que orienten a los tomadores de decisiones. También informa a las secretarías sobre deficiencias en protección de los derechos educativos, laborales, de vivienda y salud y diseña estrategias y metodologías para la implementación de políticas pensadas desde la gobernanza étnica. Como lideresa afro, Marlin promueve expresiones culturales autóctonas de las comunidades negras en Puerto Colombia. Entre las que destaca el festival del dulce, el festival del bollo, de la arepa e’ huevo, entre otras manifestaciones identitarias. También es presidenta del Festival del Mar y fundadora del Festival de Cometas y el Festival Reina Palenquerito Municipal Afrodescendiente de Puerto Colombia. Asimismo, Marlin organiza eventos y actividades para que las personas mayores sean reconocidas como sabedores por las generaciones más jóvenes, a quienes se les insta a valorar el legado ancestral etnolingüístico y el patrimonio material e inmaterial afrocolombianos; tales como, las lenguas criollas y palenqueras. Los niños y niñas ocupan una parte importante de la agenda de la lideresa como gestora de paz. Desde este rol -y del de madre y abuela- Marlin se resiste a la repetición de los ciclos de violencia a través de la difusión de prácticas ancestrales de convivencia la resolución de pacífica de conflictos internos y el respeto por la familia extendida. Igualmente, dirige esfuerzos solidarios por las mujeres y víctimas del conflicto del Atlántico para que vivan con dignidad, sobre todo quienes han sido violentadas en su propia casa. Marlin se autoafirma como madre de casa y reivindica las labores de las mujeres mayores que, detrás de los calderos, no tuvieron reconocimiento. Ella misma desde hace 26 años hace ollas comunitarias porque concibe el alimento y la nutrición como portadores del buen vivir. De hecho, en su libro “cocinando en paz con Marlin Salas” argumenta que las amas de casa llevan paz a los hogares, transformando una canasta familiar pequeña en un plato preparado con amor. Además, el libro enseña la importancia de compartir y enseñar a los más pequeños de la casa las prácticas gastronómicas y, con ello, la cultura indígena y afrodescendiente. Cocoemprender es un proyecto de sostenibilidad ambiental creado por Marlin, cuyo lema es “aprendes, emprendes y te sostienes”. Este surge desde la gastronomía, específicamente con la preparación de cocadas dulces, y luego involucra el hacer artesanal, agrícola y textil, promoviendo un uso integral del coco. Marlin concibe a Cocoemprender como una propuesta que fusiona la ancestralidad con la cotidianidad, buscando no solo la producción sostenible, sino también el fortalecimiento comunitario y la inclusión social, especialmente de mujeres. El proyecto plantea un modelo integral que involucra desde la siembra de cocoteros hasta la elaboración de productos artesanales y textiles, además de la transformación gastronómica. Su visión trasciende de un emprendimiento a un proyecto social que busca visibilizar liderazgos y empoderar a las mujeres, a la vez que fomenta la responsabilidad ambiental y social. Debido a sus labores como lideresa social, Marlin enfrenta a diario graves escenarios de riesgo, en donde ha sido víctima de diferentes tipos de agresiones como amenazas y atentados. En 2017 fue víctima de un atentado tras agenda r un encuentro con una persona que aparentemente quería comparar su casa, en medio de la reunión fue ingresada de manera forzosa a un vehículo, en donde fue hostigada con un arma de fuego. Un año más tarde, recibió una corona fúnebre en su hogar, y en 2019 su hija fue intoxicada con mercurio, pese a que se desconoce si esta última agresión es una represalia relacionada con su labor de liderazgo, si es cierto que existe una trayectoria de agresiones en su contra. Este año, durante el mes de marzo, nuevamente fue víctima de amenazas, por ello teme abrir las puertas de su hogar como generalmente lo hacía para organizar ollas comunitarias, este espacio se convirtió en un comedor comunitario, en donde ofrecía platos de sopa con arroz y otras variedades gastronómicas. Como consecuencia de las mencionadas agresiones, Marlin cuenta con custodia policial proporcionada por el departamento del Atlántico, pese a ello manifiesta que se siente vulnerable frente a los riesgos que enfrenta debido a su liderazgo en el territorio, y exige garantías de seguridad para el ejercicio su labor y la de otros liderazgos. Imagen 2. Marlin Salas (segunda fila, sexta de derecha a izquierda) en la toma de juramento de las representantes del Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico 2024-2027.   Fuente: Diario La Libertad (2024). Tomado de: https://diariolalibertad.com/sitio/2024/11/27/instalado-consejo-consultivo-de-mujeres-del-atlantico-2024-2027/ Marlin reconoce que, pese a que su labor enfrenta graves riesgos, pero también tiene grandes recompensas tanto para ella como para su comunidad, ya que a través de su trabajo como lideresa desempeñan un rol fundamental como interlocutora entre la comunidad y la institucionalidad, actuando como un puente clave para garantizar que las voces de su territorio sean escuchadas en espacios de toma de decisiones. Su labor le brinda voz a las necesidades, demandas y propuestas de grupos que, en muchos casos, carecen de acceso directo a las instituciones.   A través de su lide razgo posibilita que las c omunidades se involucren activamente en procesos sociales, políticos y ambientales, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social, impulsando el diálogo y la acción colectiva para enfrentar desafíos comunes, pues a través de la participación activa de Marlin en espacios como las mesas de políticas sociales del municipio de Puerto Colombia, y su participación en el Consejo Consultivo de Mujeres del departamento del Atlántico como representante de la mujer afrodescendiente, brinda insumos primordiales a los entes territoriales a través de la visibilización de las necesidades o demandas de la población para que posteriormente sean atendidas a través de diferentes instrumentos estatales.   Marlin afirma que un buen líder “es aquel que lleva a otra persona a mostrarse”, caracterizando de esta manera su liderazgo como un liderazgo transformador, el cual pone en el centro a los demás, contribuyendo a su desarrollo integral y fomentando una cultura de colaboración y crecimiento mutuo, en donde no se busca brillar como individuo, sino que por el contrario es más valioso el éxito colectivo que el logro individual, enfocando de esta forma su energía y propósito en ayudar a los demás a descubrir y potenciar sus habilidades, talentos y capacidades, para que se brille en conjunto.   Esta visión transformadora acompañada de su amplia trayectoria como lideresa social la han llevado a ser merecedora del reconocimiento Mujer lideresa afro internacional. El cual recibió con mucha alegría, entusiasmo y agradecimiento.   “Este premio no es mío, es de todos y todas, todas las personas por las que he trabajado […] Es como también retribuírselo, a quienes están y quienes se han ido de los territorios, los que no tienen voces y a los que también tienen voces y que de una u otra manera todavía no han reconocido nada en de su trabajo.   En definitiva, su trabajo y dedicación la han posicionado como una mujer cuya labor trasciende las fronteras de su comunidad, impactando a nivel local, nacional e incluso internacional. Marlin Salas no solo representa un ejemplo de resiliencia frente a los riesgos inherentes al liderazgo social, sino también un modelo de cómo la pasión, el compromiso y la visión transformadora pueden convertirse en agentes de cambio profundo. Su legado como lideresa afrodescendiente inspira a nuevas generaciones a soñar, trabajar y liderar con el mismo propósito de construir comunidades más fuertes, equitativas y conscientes de su riqueza cultural y ambiental.   [1]  La Federación de Organizaciones Sociales Del Departamento del Atlántico - Los Cimarrone representa a  las comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y palenquera (NARP).

Por: Catalina Neva Hace 39 años, un trágico 14 de noviembre, Colombia quedó de luto por la muerte de cerca de 25 000 personas del municipio de Armero, sepultadas bajo escombros y lodo. Ese día, una erupción volcánica aparentemente menor derritió el glaciar del Nevado del Ruiz, provocando una avalancha que arrasó este municipio del departamento del Tolima ubicado a 50 kilómetros del nevado (Servicio Geológico Colombiano, 2023). En 1985, el país carecía de sistemas de monitoreo volcánico en tiempo real que pudieran haber prevenido este desastre. Como consecuencia de esta calamidad, el Estado colombiano se vio obligado a crear el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) en 1988, que luego evolucionó en 2012 al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) (Servicio Geológico Colombiano, 2023). A raíz de la tragedia de Armero, los sistemas de monitoreo geológico se automatizaron, eliminando la necesidad de que expertos se trasladaran a las estaciones ubicadas en los volcanes para extraer datos. Desde la fatídica erupción del Nevado del Ruiz, el Estado colombiano asignó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) la responsabilidad de estudiar los fenómenos relacionados con desastres naturales de origen geológico y de divulgar información geológica actualizada. Además, se crearon la Red Sismológica Nacional y los observatorios vulcanológicos del país (Servicio Geológico Colombiano, 2023). Cabe destacar también la labor de la Defensoría del Pueblo, que, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), monitorea y advierte sobre riesgos ambientales en contextos de conflicto armado. Desde 2001, el SAT está al servicio de las comunidades y las instituciones del país, con el objetivo de “promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas” (Defensoría del Pueblo, 2024b). Según la Defensoría del Pueblo (2024a), en los últimos cinco años, el 72 % de los municipios colombianos han experimentado algún tipo de desastre natural relacionado con afectaciones por el agua (inundaciones, crecientes súbitas, avalanchas, deslizamientos, entre otros). En el mismo periodo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que el fenómeno de La Niña ha afectado al 52 % de los municipios del país, mientras que el del Niño ha impactado al 43 % (Defensoría del Pueblo, 2024a). En lo corrido de 2024, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que en Colombia aproximadamente 190.500 personas han sido afectadas por desastres derivados del cambio climático. Esta cifra es comparable a las 183.400 personas que han sufrido confinamiento y desplazamiento forzado interno como resultado de enfrentamientos armados entre grupos ilegales. Desde el 1 de enero de 2023, OCHA recopila datos sobre la situación humanitaria en Colombia a través de una plataforma de análisis visual, donde clasifica los fenómenos naturales en categorías como Temporada Seca, Temporada de Huracanes, Otros Eventos Naturales, Impactos Ambientales/Antrópicos y Alertas. Según un análisis al 18 de noviembre de 2024, se identificaron los siguientes patrones: Temporada de lluvias : Los departamentos de Chocó, La Guajira y Antioquia son los más afectados. Las inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales han destruido viviendas, obligando a muchas personas a buscar refugio en casas de familiares o amigos. Temporada seca : Los departamentos de Antioquia y Amazonas sufren con mayor intensidad desabastecimiento de agua, daños en los sistemas de producción agrícola y formación de incendios forestales. Vendavales : Los desplazamientos provocados por estos fenómenos ocurren con mayor frecuencia en el Chocó. Otros escenarios de crisis humanitaria : Se presentan principalmente por sismos, deslizamientos y desastres ambientales asociados con la minería ilegal y la expansión agrícola, especialmente en el Macizo Colombiano (Defensoría del Pueblo, 2024b). Estructuras civiles destruidas por inundaciones costeras. Fuente: Mongabay (2024) La Mojana Sucre es el segundo departamento con más personas afectadas por inundaciones entre los años 2023 y 2024 (a corte al 1 de noviembre) según el sistema de información de OCHA registrando 65.642 personas para ese periodo de tiempo. Un gran porcentaje de la población afectada vive en los municipios de Sucre y San Jacinto Abad (OCHA, 2024), dos municipios que pertenecen a la subregión de La Mojana. Mapa. Municipios afectados por la inundación en 2024 Fuente: Elaboración de OCHA con información PNUD (2024) Desde el 21 de abril de 2024, las comunidades de La Mojana resuelven una crisis humanitaria sin precedentes debido a los daños en viviendas, cultivos y otros medios de vida de las familias mojaneras (OCHA, 2024). Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de caños y ciénagas y la ruptura de jarillones, superando los niveles de agua registrados en eventos similares de años anteriores debido a la erosión de las orillas del río Cauca en el punto Cara de Gato (OCHA, 2024). La Mojana es un complejo hídrico de ríos, caños y ciénagas que se extiende por los departamentos de Bolívar (Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca), Antioquia (Nechí), Sucre (Guaranda, Sucre, Majagual, San Benito Abad, San Marcos y Caimito) y Córdoba (Ayapel). [FD1]  Durante el fenómeno de La Niña, los ríos Cauca y San Jorge se han desbordado inundando casas y cultivos. La comunidad mojanera en situación de indefensión ha sido identificada como la más vulnerable al paso del agua; por esto son objeto de atención prioritarias para organizaciones dedicadas a la ayuda humanitaria. Sin embargo, en la inundación de abril-mayo la destrucción de la estructura vial de La Mojana fue de tal tamaño que las comunidades que limitó el acceso de la ayuda [1] . Para el caso de este año respecto a años anteriores aumentó el número de casas damnificadas y cultivos arruinados debido a las actividades de extracción de oro en la zona que han dejado sedimentos en los cuerpos de agua. A pesar de ello, el evento dejó un registro menor de personas heridas: Un total de 38.854 personas y 12.995 familias damnificadas, la mayoría de ellas de los municipios de Ayapel, Córdoba y Guaranda, Sucre. (OCHA, 2024). La Guajira “El mar se puso bravo” fue una expresión que usó un integrante de la comunidad Wayúu que ha sido afectado por la crecida del mar en esta región de Colombia (Shihab Vergara, 2024a). Se trata de José María Benjumea Epiayú, un pescador que lleva 40 años en el oficio (Shihab Vergara, 2024b). [FD2]  Oficio amenazado por el cambio climático. El líder señala que la pesca es inviable porque es casi inexistente debido al avance del mar, lo que ha provocado el desplazamiento de muchas personas dedicadas a la pesca y la agricultura, como él. Cuando yo era joven la pesca era buenísima, se podía salir a cualquier hora, no había que ir tan lejos y cuando uno regresaba siempre traía toda clase de pescado (…) En las buenas faenas traíamos hasta 20 kilos de mojarra rayada, mojarra blanca, pargo platero, cojinúa, boca colorada, róbalo, sierra, bagre. Ahora si salgo no es seguro que regrese con algo, a veces vuelvo sólo con una libra y a veces sin nada (Benjumea Epiayú a Shihab Vergara, 2024a) [FD3]   En la Guajira, el océano ha ido erosionando el sector costero de La Cachaca III, habitada por la familia Twuliá de la comunidad Wayúu, ubicada al suroeste de La Guajira, a seis kilómetros del casco urbano de Riohacha. Allí, la cultura milenaria de estos hogares indígenas está en riesgo de desaparición porque cada vez más personas se han tenido que reasentar fuera de su territorio por la intensidad de las olas (Acción de Tutela, 2023). “Con los espolones [2] , el agua se nos vino con mucha más fuerza a nosotros” dice Clarena Fonseca en un reportaje periodístico  entre Mongabay Latam, VORÁGINE, Plaza Pública y el Centro de Periodismo Investigativo. Fonseca se refirió al inicio de los intensos efectos de la erosión para el año 2009, un año después de la culminación de la construcción de seis espolones instalados frente a Riohacha, capital de la Guajira (Acción de tutela, 2023). Fonseca, la lideresa de la comunidad Wayúu, es contundente al afirmar que los espolones “Mejoraron un problema para la ciudad, pero lo empeoraron para los pobres del campo” (Fonseca en Shihab Vergara, 2024) puesto que, durante las temporadas de lluvias, el mar en la Cachaca III penetra en la costa, como pasó en agosto de 2023 [3] , cuando pasó la tormenta tropical Franklin dejando enterrados 7 metros de playa en sólo dos días (Acción de tutela, 2023). Si bien la erosión e inundación costera se debe a una multiplicidad de factores naturales, como los huracanes y las tormentas eléctricas, también es cierto que la velocidad de los vientos y la energía de las olas se han acrecentado por algunas dinámicas locales como la tala de árboles y la explotación de dunas que [FD4]  se usan para la industria de transporte y vivienda . La interacción entre las fuerzas de la naturaleza y la actividad humana, tanto a escala global como local, contribuye a un incremento de la temperatura a nivel mundial [FD5]  asociado a un uso inapropiado de los recursos a nivel local [4] . Antecedentes de la Sentencia T-123 Las comunidades de La Cachaca III interpusieron una acción de tutela el 15 de diciembre de 2023 alegando la vulneración de derechos fundamentales, como al de la integridad cultural, el derecho a la vida digna, el acceso a una subsistencia adecuada y los de las mujeres, bajo un enfoque diferencial debido a su mayor vulnerabilidad por su estrecha relación con la tierra y sus recursos naturales. Las mujeres Twuliá han protegido el derecho a la integridad cultural enseñando la lengua Wayuunaiki a las generaciones más jóvenes; sin embargo, muchos de ellos han dejado la escuela para atender la emergencia climática y otros se han visto obligados a desplazarse, poniendo en riesgo la preservación de su lengua y cultura ancestral. Las mujeres, en cambio, tienen menos posibilidades de migrar o desplazarse, con lo cual permanecen en la región, quedando en riesgo ante la posibilidad de eventos extremos. La situación de las mujeres Wayúu se ha visto agravada debido a que los desastres ambientales han afectado sus actividades cotidianas en relación con sus roles de tejedoras, lideresas, proveedoras del agua y la leña, encargadas de los cultivos de pancoger y el cuidado de chivos, así como el de la pesca artesanal en las albercas de chipichipis y almejas (Acción de tutela, 2023). El emplazamiento forzado es la otra cara del desplazamiento forzado; sin embargo, ambas situaciones comparten similitudes debido a que son situaciones que tienen la(s) misma(s) causa(s). El emplazamiento, en el caso de las mujeres Wayúu se trata de un tipo de confinamiento en el lugar de riesgo debido a la falta de medios para salir de él, pero, también debido al especial arraigo con el territorio. Dentro de las poblaciones que generalmente no pueden salir debido a sus capacidades económicas son mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores y en condición de discapacidad. Por otro lado, las poblaciones que están en situación de emplazamiento por arraigo al territorio se encuentran los campesinos e indígenas. Decisión de la Corte La Corte, aplicando un enfoque diferencial, reconoció que el cambio climático no afecta a todas las poblaciones por igual, sino que los desastres vinculados a este impactan a ciertos grupos poblacionales según su condición social, económica o cultural. Se trata de la sentencia T-123 de 2024, donde l a Corte Constitucional reconoce por primera vez el desplazamiento por causas ambientales en el caso de José Noé Mendoza Bohórquez y Ana Librada Niño de Mendoza, una pareja de adultos mayores de Saravena Arauca, quienes interpusieron una acción de tutela para el restablecimiento de sus derechos fundamentales tras la inundación de su vivienda debido a los continuos desbordamientos del río Bojabá. En este sentido, la sentencia identifica que las poblaciones afrodescendientes , indígenas y campesinas, al estar estrechamente vinculados a la tierra se ven gravemente afectadas en calidad de desplazadas (Sentencia T-123, 2024). En cuanto a las mujeres, la Corte tiene en cuenta para su inclusión, la recepción de cargas adicionales cuando tienen que buscar el sustento de la familia en condiciones de escasez, además de otros trabajos de cuidado que ocupan, como el cuidado de personas adultas mayores. El tercer grupo, el de los adultos mayores tienen necesidades particulares para reponerse a un desarraigo físico, específicamente volver a encontrar sus medios de vida. El especial arraigo físico al territorio de las personas adultas mayores, campesinas y de las mujeres demanda medidas de adaptación que, por un lado, preparen a las comunidades en riesgo para enfrentar los desafíos climáticos de manera efectiva y, por otro lado, reduzcan la vulnerabilidad de los habitantes en zonas de riesgo. En ese sentido, la Corte reconoció dentro de las obligaciones del Estado la necesidad de adoptar medidas de prevención y adaptación (sentencia T-123) a través de planes de gestión de riesgos, acciones de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria e implementación de tecnología e infraestructuras adaptativas. Así las cosas, con esta sentencia se determinó un déficit de protección constitucional para las víctimas de desplazamientos por causas ambientales y resaltó la necesidad de implementar un marco integral que garantice los derechos humanos de las poblaciones desplazadas que están en contexto de riesgo por cambio climático. La Corte exhortó al Congreso a fortalecer el marco constitucional que protege el derecho al medio ambiente en sus artículos 79 y 80, mediante políticas públicas integrales que vayan más allá de medidas de acción de emergencia o paliativas para mejorar la situación de los desplazados (Uprimny, 2024). En medio de la discusión por resolver de manera duradera la situación de las personas en situación de desplazamiento y sus futuras generaciones, se hace pertinente estudiar casos como el de la pareja Mendoza Librada, la cual, aún después de ocho años, no ha podido retornar a su predio y sigue viviendo de la solidaridad de algunos conocidos en la zona urbana de Saravena [5] . Es importante señalar que la sentencia de la Corte contempla la obligación de proteger tanto a los desplazados por desastres repentinos como a aquellos afectados por procesos degenerativos más lentos y progresivos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i)  una persona o grupo de personas que haya huido o escapado de su hogar o de su lugar de residencia habitual, (ii) que dicha movilización sea forzada o involuntaria, y (iii) que ocurra dentro de las fronteras del país (Hurtado Mora, 2024). Propuestas Reconocer a las personas desplazadas forzadas por cuenta del cambio climático son fundamental, y para ello es necesario adoptar un registro único de desplazados internos, así como implementar sistemas de información satelital duraderos para monitorear los procesos de degeneración ambiental que, por su naturaleza, gradual, suelen pasar desapercibidos. “Este sistema debe incluir un Atlas de Biodiversidad respaldado por una base de datos digitalizada, con mapas actualizados e información estadística detallada Con dichas medidas se espera que los fenómenos climáticos se puedan identificar con claridad, así como su dimensión espacial o temporal” (Defensoría del Pueblo, 2024b). teniendo en cuenta que “el carácter forzado del desplazamiento por factores ambientales no siempre se da por un hecho que ocurre en un mismo momento o que se identifica con claridad como un evento unitario” (Sentencia t-123, 2024). Es necesaria una perspectiva holística que considere la interconexión natural de áreas biogeográficas, como la subregión de La Mojana, donde la intervención en un municipio para corregir problemas ambientales puede afectar a otros, como ocurrió con la construcción de los espolones en Riohacha, trasladando el problema de la erosión e inundación costera al territorio Wayúu de La Cachaca III. Por ello no sólo es necesaria la cartografía de todos los puntos críticos que estén vinculados con otros puntos geográficos, sino que también es pertinente la participación de actores locales para la toma de decisiones conjuntas con todas las comunidades y autoridades. Adicionalmente, es urgente que el modelo de contención de aguas que usa infraestructura dura transite a la implementación de un modelo integral de soluciones basadas en la naturaleza (Lara Ramos, 2024) . Adicionalmente, en el contexto colombiano, algunas de las personas víctimas de desplazamiento por causas ambientales también lo son por causas de conflicto armado.  Recordemos que La Mojana conecta el sur de Bolívar con el sur de Córdoba y los Montes de María, lo que la ubica en puntos estratégicos para el dominio territorial de grupos armados organizados. De hecho, este año, el paro armado liderado por el ELN en Chocó ha afectado el acceso humanitario para la atención de emergencias climáticas provocada por inundaciones (2024). https://cambiocolombia.com/pais/el-paro-armado-del-eln-impide-la-atencion-humanitaria-para-las-victimas-del-invierno . Para concluir, es pertinente insistir en que el desplazamiento por cambio climático no es sólo una crisis ambiental, sino también una crisis humanitaria que vulnera los derechos humanos y de la naturaleza. En este orden de ideas, desde PARES, hacemos un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres para que se articule al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y, desde allí, brinden respuestas de reparación y transformación al conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o naturales, catástrofes naturales y provocadas por el ser humano.   Referencias. Acción de tutela de Pedro Fonseca Epiayu, Carena Fonseca Uriana y Edwin Fonseca Redondo del Pueblo Indígena Wayúu, comunidad Twuliá, (2023). file:///E:/Users/ANGIE/Downloads/Accioi%CC%80n%20de%20Tutela%20Caso%20Clarena%2015%20dic%20233-2.pdf   Carrere, M. (2024, August 6). Comunidades bajo el agua: la crecida del mar amenaza con desaparecer tierras costeras del mapa. MonagabayLatam . https://es.mongabay.com/2024/08/comunidades-bajo-el-agua-crecida-del-mar-amenaza-con-desaparecer-tierras-costeras-del-mapa/   Defensoría del Pueblo. (2024a, April 25). Defensoría destaca reconocimiento de la Corte Constitucional al desplazamiento interno forzado por factores ambientales y climáticos. Defensoría Del Pueblo . https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-resalta-importancia-del-reconocimiento-de-la-corte-constitucional-al-desplazamiento-interno-forzado-por-factores-ambientales-y-clim%C3%A1ticos   Defensoría del Pueblo. (2024b). Informe de advertencia coyuntural por el riesgo de violaciones de derechos humanos sobre el estado de la biodiversidad en el Gran Macizo Colombiano . https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3015729/INFORME+DE+ADVERTENCIA+COYUNTURAL.pdf/4b09b368-818a-6cb3-e4a5-7ed6ea71d1ac?t=1731612407867   Duzán, M. J. (2024, July 1). ¿Qué hacer con los desplazados por cuenta de la crisis climática en Colombia?  Youtube.   Duzán, M. J. (2024, July 15). Robert Piper, Asesor Especial de la ONU para las soluciones al desplazamiento interno . Youtube. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6XOIFkOijgU   Hurtado Mora, J. I. (2024, May 7). Desplazamiento forzado por causas ambientales. Estándares de la Sentencia T- 123/2024. Uexternado . https://medioambiente.uexternado.edu.co/desplazamiento-forzado-por-causas-ambientales-estandares-de-la-sentencia-t-123-2024/   Lara Ramos, D. (2024, June 29). La Mojana: volver a escuchar la voz de las aguas. El Malpensante . https://elmalpensante.com/articulo/la-mojana-volver-escuchar-la-voz-de-las-aguas   OCHA. (2024). Nueva afectación por inundación a mayor escala en la subregión de La Mojana . file:///E:/Users/ANGIE/Downloads/Colombia%20-%20Nueva%20afectaci%C3%B3n%20por%20inundaci%C3%B3n%20a%20mayor%20escala%20en%20la%20subregi%C3%B3n%20de%20La%20Mojana%20-%20Flash%20Update%20No.%201%20(11-07-2024).pdf   Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA- . (2024). Monitor OCHA  (2.0). https://monitor.unocha.org/colombia   Sentencia T-123 de 2024, Pub. L. No. T-123, Corte Constitucional (2024).   Servicio Geológico Colombiano. (2023, November 13). 5 lecciones que la tragedia de Armero nos dejó. Servicio Geológico Colombiano . https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Cinco-lecciones-que-la-tragedia-de-Armero-nos-dejo.aspx     Shihab Vergara, L. A. (2024a, August 6). Colombia: los árboles, las viviendas y las lanchas que el mar se llevó en la tierra de los wayúu . MongyLatam . https://es.mongabay.com/2024/08/colombia-arboles-viviendas-lanchas-mar-se-llevo-tierra-wayuu/   Shihab Vergara, L. A. (2024b, August 6). Erosión costera en La Guajira: lo que el mar se lleva, nunca lo devuelve. Comunidades Bajo El Agua: La Crecida Del Mar Amenaza Con Desaparecer Tierras Costeras Del Mapa . https://voragine.co/historias/reportaje/erosion-costera-en-la-guajira-lo-que-el-mar-se-lleva-nunca-lo-devuelve/   Uprimny Yepes, R. (2024, July 21). Cambio climático, constitución y constituyente. Dejusticia . https://www.dejusticia.org/column/cambio-climatico-constitucion-y-constituyente/   [1]  Históricamente el río Cauca ha ocupado zonas inundables de esta región, sin embargo, hoy en día las redes hidrográficas de La Mojana durante las temporadas de lluvia tienen efectos cada vez más devastadores que se asocian a la intervención humana en áreas naturales y se conocen como impactos antrópicos (OCHA, 2024) [2]  Los espolones son barreras de piedra que la Gobernación de la Guajira instaló para mitigar la erosión costera allí.  Sin embargo, la obra sólo logró frenar el avance del mar justo frente a las playas donde se levantó porque la fuerza del oleaje se redirigió hacia las comunidades litorales ubicadas al suroeste de la capital (Shihab Vergara, 2024a). [3]  Para junio de 2023, las comunidades indígenas Wayúu de la Chachaca III ya habían perdido un cementerio ancestral, dos viviendas, una alberca, una caseta comunitaria y zonas de desembarco de lanchas pesqueras, según los registros de la comunidad. (Acción de tutela, 2023) [4]  La disminución de población de peces es sólo una consecuencia de la emergencia climática de las poblaciones de La Cachaca III, puesto que también el agua ha arremetido contra las siembras de frijol guajiro, auyama, maíz y yuca y contra las actividades ancestrales de pesca artesanal y crianza de chivos (Acción de tutela, 2023). Con la seguridad alimentaria de personas Wayúu en riesgo se ha hecho más frecuente el fenómeno de desplazamiento. [5]  En este sentido, la sentencia T-123 plantea la posibilidad de transformar las condiciones de las víctimas a través de la rehabilitación de infraestructuras y del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para que puedan retomar sus vidas tras un desastre.

Por: Redacción Pares El 27 de diciembre del 2024 el país no salía de su asombro ante los hallazgos que hacía la JEP en el sitio conocido como la Escombrera. Se habían encontrado tres cuerpos en este lugar. Durante más de veinte años, después de la Operación Orion, ocurrida durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, en donde las Fuerzas Militares, al mando de la entonces ministra de defensa Marta Lucía Ramírez, y paramilitares le quitaron el control a las guerrillas a la Comuna 13 de Medellín dejando decenas de muertos, torturados y desaparecidos entre la población civil, se ha denunciado que la Escombrera es una fosa común. Que allá fueron arrojados los cuerpos de muchos de los desaparecidos que dejó la Operación Orion. Veintidos años después la JEP ha podido comprobar que esto es cierto. A finales de diciembre, cuando se conoció que se encontraron restos de dos personas que posiblemente sean desaparecidos de esa Operación, el presidente Uribe, como es costumbre, reaccionó atacando.   Primero se inventó un nombre extrañísimo para desligitimar a la JEP y a la gente que apoya el esclarecimiento de la verdad histórica en el país: los llamó Petro-Santistas. En otra de sus esclarecedoras columnas, Cecilia Tascón se preguntaba ¿Qué tienen que ver Petro y Santos si ambos se desprecian? Sólo tienen en común el odio que les tiene Uribe. El expresidente en su comunicado a la JEP afirmó que antes de la Operación Orion -que aún sigue justificando- la Comuna 13 era un infierno en donde los guerrilleros mandaban y que si habían sido arrojados muertos en la Escombrera fue por culpa de la guerrilla y no por la Operación que realizó su gobierno. Sacó pecho afirmando que durante Orion se logró la captura de 23 cabecillas y 243 criminales. Incluso llegó a afirmar que Orión logró que la Comuna 13 se convirtiera en un sitio turístico dedicado al deporte y al arte.   Esta nueva patada de ahogado de Uribe ante lo que es la verdad contradice declaraciones de Don Berna, jefe máximo del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien afirmó en declaraciones públicas que el ejercía control desde la Escombrera y que allí interrogó a personas, torturó, ejecutó y arrojó en este lugar. Los cuerpos eran cubiertos por los deshechos que han acompañado el sitio. Estas declaraciones de paramilitares como Don Berna o Enrique Aguilar se dieron en el 2012, como bien recuerda en su columna Cecilia Tascón, mucho antes que el denominado “Petrosantismo” estuviera en el poder.   Según el Centro de Memoria Histórica la Operación Orión, en los cuatro días que duró, dejó un saldo de seiscientas víctimas directas entre desplazados, heridos, desaparecidos, heridos y muertos. Fueron 75 los muertos y 105 los desaparecidos en esa orgía de sangre perpetrada por los paramilitares. En los ocho años que duró Uribe en el poder se encargó de atacar con todo lo que tenía a la mano a los periodistas o a la sociedad civil que escuchaba las voces de las víctimas en la Comuna 13 quienes señalaban impotentes la fosa común que se había convertido, después de la Operación Orión, la Escombrera.   Es cierto que la violencia, desde los años ochenta, ha afectado a los cerca de los 280 barrios que conforman la Comuna 13. La ausencia del Estado permitió el surgimiento de grupos armados, pandillas y hasta grupos de lo que se denomina de manera perversa “limpieza social”. A finales de los años noventa ya se enfrentaban abiertamente grupos paramilitares contra células urbanas de las FARC y el ELN. Los paramilitares, en su paranoia, empezaron a asesinar a todo lo que les oliera a guerrilla, a comunista. Los cuerpos, como lo ha señalado Verdad Abierta, eran enterrados en tres lugares, La Escombrera, el barrio la Divisa, y el Alto de la Virgen. Dos meses después de que Uribe llegara a la presidencia se realizó la Operación Orión, que además del saldo de víctimas que relatamos anteriormente, provocó el desplazamientos de 1.200 personas. Así el expresidente siga tratándose como un Pacificador, hay que recordarle que los paramilitares mandaron en la Comuna 13 hasta bien entrado el 2003 cuando deciden acogerse a Justicia y Paz y mientras mandaron lo hicieron con impunidad, ellos se entronizaron gracias a una operación gestada por el gobierno Uribe.   Hasta el 2010 se recibieron 72 denuncias de desapariciones que habrían ocurrido en la Escombrera, durante los años en los que Don Berna era la ley. El pasado 10 de enero la JEP logró encontrar otros dos cuerpos más en el lugar. Lejos de algún tipo de autocrítica Uribe aplica uno de los mantras de Roy Cohn, el temible abogado que formó a Donald Trump: Ante la verdad nunca retrocede, así todo te incrimine niegalo hasta el final. La mejor defensa es un buen ataque.

Por: Sofía Petro Entre los días 16 y 17 de octubre del 2002, con el aval del gobierno de Alvaro Uribe Vélez y su entonces ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez, se llevó a cabo en plena Comuna 13 de Medellín lo que se conoce como la Operación Orión, una acción conjunta entre las fuerzas militares y paramilitares del Bloque Cacique Nutibara. La excusa de la Seguridad Democrática fue retomar este sector que según ellos estaba en pleno control de las FARC. El saldo fue aterrador: 71 personas asesinadas, 12 personas torturadas, y 92 desapariciones. Esto al menos dicen las cuentas oficiales porque las extraoficiales hablan de 502 cuerpos.    Muchos de estos cuerpos se escondían en la Escombrera. Para Uribe este lugar ubicado en la Comuna 13 -hoy convertido, gracias a Fico Gutiérrez, en un lugar de turismo, formaba parte de algún “delirio mamerto”. La Escombrera, para él, nunca existió. Sin embargo, a finales del 2024, se lograron sacar de allí cuerpos sin identificar que contradicen la versión de Alvaro Uribe y que él pretendía hacerla pasar como la versión oficial.   Para desentrañar un pasado que tiene encima 22 años de olvido, Sofía Petro entrevistó a Luz Helena Galeano, una sobreviviente de la Operación Orión. Al ver que en su entorno desaparecieron hijos, hijas, esposas, trabajadores, simples vecinos, decidió remangarse y crear una ONG llamada Mujeres caminando por la verdad que desde hace dos décadas está reclamando por los seres amados que desaparecieron. Pero todo fue oídos sordos por parte de las instituciones. Pero gracias a la JEP y su indagación en la Escombrera han podido encontrar restos humanos en lo que parece ser la punta del Iceberg de otro capítulo de horror cometido en tiempos de Uribe.   Esta es la sentida entrevista a Luz Helena Galeano.

Por: Redacción Pares El Dios de la historia está al final de una mesa, despedazando personajes. Ni siquiera Fidel Castro, quien alguna vez afirmó en uno de sus discursos “Sólo la historia me absolverá”, está a salvo. Más que el líder cubano Gamal Abdel Nasser, quien cuando murió en 1970 sólo tenía cincuenta dólares en su caja de seguridad, a pesar de haber manejado tesoros inimaginables cuando construyó para su país, Egipto, la presa de Asuán y nacionalizó el canal de Suéz, podría ser un ejemplo de presidente realmente limpio, íntegro. El y el gran José Mujica que se nos va irremediablemente.   El pasado 9 de enero del 2025 el líder uruguayo publicó un escueto comunicado en donde afirmó que ha perdido definitivamente la batalla contra el cáncer de esófago, este ha hecho metástasis y ha minado su cuerpo. Por eso afirmó lo siguiente: “Ya terminó mi ciclo, sinceramente me estoy muriendo, y el guerrero tiene derecho a su descanso”. El legado de Mujica es el de no haberse dejado tentar por los cantos de sirena que acompañan el ejercicio del poder. Nunca dejó de vivir en una chacra sencilla en las afueras de Montevideo. Cuando le han dicho que ha sido un presidente pobre él contesta de la siguiente manera:  “Yo no soy un presidente pobre. Pobres no son los que tienen poco, sino los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir bien”.   Sus enemigos, que son pocos y se encuentran dentro de la extrema derecha, le sacan en cara su lucha guerrillera. Incluso estuvo preso por el delito de rebelión mientras Uruguay soportaba una terrible dictadura. Abandonó la lucha armada y abrazó la democracia. Una vez ganó la presidencia decidió donar el 90% de su salario - unos 8.700 euros mensuales- para la construcción de viviendas para los más necesitados. No abandonó el carro que tiene desde hace cuarenta años, un Volkswagen escarabajo. Aunque es claramente un hombre de izquierda que es consecuente como un monje medieval en el tema económico jamás se ha radicalizado ni ha pretendido pasar a la historia como el hombre que combatió el capitalismo. Su prasmatismo le ayudó a entender ese sistema y no ha entrar en conflicto con los grandes banqueros internacionales.   Por eso logró hazañas como reducir el desempleo del 22%, digitos que manejaba el Uruguay en el año 2005, cuando tomó la presidencia, al 5% en unos cuantos años. Durante su mandato la desigualdad, uno de los males de América Latina, se redujo en su país. Una de las claves fue el aumento en el salario de los trabajadores uruguayos que fue del 12% en los años en los que fue presidente. Además les dio dignidad a los trabajadores del campo quienes antes de Mujica no conocían derechos como el trabajo con jornadas de ocho horas y seguridad social. El Producto Interno Bruto, además, llegó a crecer hasta el 9%.   Sin necesidad de cárceles como las que siembra el ampuloso Bukele en El Salvador, Mujica convirtió al Uruguay en el país más pacífico de América y tuvo tiempo además para cumplir con sus grandes reformar sociales. Despenalizó el aborto y convirtió a su país en el segundo en el continente en el de permitir que parejas del mismo sexo se casaran. Antes de que el fuera presidente se invertían en su país 13 mil millones de dólares en educación. Después el montó creció hasta los 55 mil millones.   Sus detractores podrán decir que si, que aunque rechazó el bienestar económico personal se dejó tentar por la fama que lo convirtió en casi una figura pop. A su chacra lo han visitado desde cineastas de culto como el serbio Emir Kusturica, hasta raperos que llenan estadios en todo el continente como Residente. Pero ¿Qué quieren? Estamos hablando de políticos y no de santos. Seguro, cuando al fin para a otras dimensiones, cuando Pepe Mujica se convierta en otra cosa, revisarán sus cuentas en los bancos y encontrarán una cifra tan magra como la que tenía Nasser cuando murió. A los grandes hombres el dinero es sólo papel que se comen las polillas.

Por: Redacción Pares Toda una vida dedicada a defender los valores que promueve la izquierda para terminar siendo amenazado de muerte por una guerrilla que se dice enarbolar esas banderas. En esa terrible paradoja se encuentra Alvaro Jiménez, la mano derecha de Otty Patiño en la mesa de negociación con el ELN. A unos días de reiniciar los diálogos en Caracas, el jefe negociador del gobierno denunció a través de una carta, el plan de esta organización armada para matar a su asesor. A mediados del 2023 una escisión de este grupo, el Frente Comuneros Sur, se sentó a negociar con el gobierno. Jiménez lideró desde el gobierno estas conversaciones. Esta fue una de las razones por las que el Comando Central del ELN decidió levantarse de la mesa y no renovar el cese al fuego. Desde el pasado 3 de agosto se reanudaron los enfrentamientos con las fuerzas militares.   La decisión de asesinar a Jiménez, de acuerdo con la carta escrita por Otty Patiño y enviada a Antonio García, Pablo Beltrán y otros miembros del COCE, surgió en junio del 2024 durante el Sexto Congreso del ELN. Lejos de proponer puentes que permitieran ponerle fin a una guerra con el estado que data desde mediados de los años sesenta, lo que propusieron en ese congreso fue ahondar aún más el conflicto. En ese Sexto Congreso, además de asesinar a Jiménez, se tomaron decisiones como las de asesinar a HH, el comandante del Frente Comuneros Sur y de vetar al propio Otty Patiño. Paralelo a la orden de asesinarlo por sicarios a sueldo, se desató el sicariato moral contra Jiménez.   Alvaro Jiménez tiene más de tres décadas buscando salidas a la paz en un país ahogado en su propia sangre. Su nombre ha aparecido en mesas de negociación desde 1984 cuando el gobierno de Belisario Betancur estaba interesado en buscarlo una salida pacífica al conflicto con el M-19. Fue el vocero de este movimiento con las iniciativas de diálogo de este gobierno. La conversación se rompería de manera dramática cuando un comando del M-19, en el que estaba al frente Alvaro Fayad, mítico dirigente de esta agrupación, irrumpió en el Palacio de Justicia desatando un infierno que perdura como una mancha imborrable en nuestra historia.   Estuvo sentado en otro momento en un momento crítico. Fue durante los años de la Seguridad Democrática. Mientras la democracia sufría el peor de sus atentados cuando los comandantes paramilitares Ramón Isaza, Ernesto Baez y Salvatore Mancuso entraron al congreso siendo aplaudidos por los padres de patria, el gobierno de Alvaro Uribe buscaba establecer puentes de diálogos con el ELN. De todos los grupos guerrilleros el que ha mostrado más dureza a la hora de negociar han sido los Elenos. En 1973 sufrieron su peor derrota, el desastre en la batalla de Anorí. Incluso el gobierno de Misael Pastraba alcanzó a dar como oficial la noticia de su desmantelamiento. Pero se levantaron de esa derrota, de la muerte de dirigentes históricos como Manuel “el cura” Pérez y hasta de divisiones dentro de su propio grupo, como sucedió a mediados de los noventa con la separación del Movimiento de Renovación Socialista quienes se integraron a la sociedad civil sin tener en cuenta lo que pensaba el Comando Central. Uribe, a pesar de su discurso belicista, buscó una salida negociada. El garante de esos diálogos fue Jiménez. Las conversaciones naufraron en el 2007.   Jiménez estuvo durante muchos años al frente de la campaña colombiana contra las minas antipersona y su trabajo ayudó a que practicamente desapareciera uno de los coletazos más horrorosos que ha dejado el conflicto: la muerte de colombianos por explosiones accidentales de minas.Ha sido además columnista del portal La silla vacía, fundador de la entidad Crudo Transparente quien vigila los impactos que tiene el fracking y todo tipo de explotación de petróleo en las comunidades y el medio ambiente y fue co-fundador del centro de análisis de riesgo político Colombia risk analysis.   La amenaza contra su vida no sólo provoca el rechazo de la sociedad civil y de todo el país sino que nos sumerge de nuevo en la sopa espesa de la desesperanza. Es difícil creer que los diálogos con el ELN podrán llegar a buen puerto si esta guerrilla no logra bajar sus históricos decibeles de violencia.